Radicación: 11001-03-06-000-2026-00203-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Consejero de Estado ponente: Juan Manuel Laverde Alvarez
Bogotá D.C., 23 de julio de 2026.
Número único: 11001-03-06-000-2026-00203-00
Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.
Partes: Superintendencia Nacional de Salud - Coordinación de Instrucción Disciplinaria y Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá.
Asunto: autoridad competente para conocer de un proceso disciplinario contra un gerente general de un gestor farmacéutico. Reiteración.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011,1 modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 20212, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.
- ANTECEDENTES
- ACTUACIÓN PROCESAL
- ARGUMENTOS DE LAS PARTES
- CONSIDERACIONES
Mediante fallo de tutela del 30 de agosto de 20103, el Juzgado 60 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá resolvió lo siguiente:
[…].
“PRIMERO: TUTELAR los derechos a la salud, vida, dignidad humana y seguridad social de […], por las razones expuestas en su parte motiva.
SEGUNDO: ORDENAR a Famisanar EPS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, si aún no lo ha hecho, expida las autorizaciones requeridas y suministre al señor […] el medicamento “Eculizumab (Soliris) Amp x 300 mg” y en general el tratamiento integral
1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
2 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción».
3 004ED_04202695001007413010.pdf. Folio 11.
aludido en relación con el padecimiento de “Emoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)”.
El 20 de mayo de 20254, el Juzgado 60 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá abrió incidente de cumplimiento, como quiera que «a la fecha la accionada y la vinculada no han acreditado el cumplimiento del fallo de tutela, pues la primera se limitó a señalar que se encuentran adelantando los trámites de pago por anticipo con la farmacia y que allegarían el soporte de la entrega del medicamento». Al respecto, el mencionado incidente resolvió lo siguiente:
PRIMERO: ABRIR incidente de Cumplimiento en contra de […], en calidad de agente interventor de FAMISANAR EPS y contra […], en calidad de gerente general de AUDIFARMA S.A.
Para lo anterior se les concede el término de TRES (3) DÍAS.
SEGUNDO: Se ORDENA oficiar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN para los efectos del artículo 277 numeral 1º de la Constitución Política, ante la negligencia de […], en calidad de agente interventor de FAMISANAR EPS y de […], en calidad de gerente general de AUDIFARMA S.A., toda vez que, a la fecha no han acreditado el cumplimiento del fallo de tutela emitido el 30 de agosto de 2010.
El 5 de enero de 20265, con ocasión de la compulsa de copias realizada por el Juzgado 60 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá determinó su falta de competencia para adelantar la actuación disciplinaria a la que haya lugar en contra del señor D.F.D.G., en calidad de gerente general de Audifarma S.A., como quiera que, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 93 de la Ley 1952 de 2019, modificados por los artículos 1.° y 14 de la Ley 2094 de 2021, respectivamente, la competencia está asignada a las oficinas de control disciplinario interno y, en consecuencia, remitió el asunto a la Superintendencia Nacional de Salud.
Mediante auto núm. 20269300400500392 del 25 de febrero de 20266, la Superintendencia Nacional de Salud – Coordinación de Instrucción Disciplinaria declaró su falta de competencia para conocer de las actuaciones
4 004ED_04202695001007413010.pdf. Folio 11.
5 004ED_04202695001007413010.pdf. Folio 7.
6 Expediente digital, Samai 004ED_04120269500101316351.pdf. p. 13
disciplinarias en contra del señor D.F.D.G., en calidad de gerente general de Audifarma S.A., debido a que su competencia disciplinaria es, exclusivamente, respecto de los servidores públicos vinculados a la Superintendencia y que en el presente caso se trata de un particular que podría ser sujeto disciplinable por parte de la Procuraduría. En consecuencia, solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado entre dicha entidad y la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá.
Mediante auto del 26 de mayo de 20267, dentro del expediente núm. 11001-03-06-000-2026-00086-00, el despacho al que correspondió originalmente resolver el presunto conflicto dispuso su individualización. Como consecuencia de lo anterior, se conformaron dos expedientes.
El 3 de junio de 2026, la Secretaría de la Sala procedió a dar cumplimiento a lo ordenado y por reparto le correspondió al doctor Juan Manuel Laverde Alvarez el expediente con el número de radicación 11001-03-06-000-2026-00203-00, que corresponde al estudio de la actuación administrativa en contra del señor D.F.D.G., en su calidad de gerente general de Audifarma S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto número 1638 en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, desde el 4 hasta el 11 de junio de 2026, para que las autoridades involucradas y los sujetos interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.
Consta que la Secretaría de la Sala comunicó el presente asunto a la Superintendencia Nacional de Salud - Coordinación de Instrucción Disciplinaria, a la Procuraduría General de la Nación y a la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá.
De acuerdo con el informe secretarial del 12 de junio de 2026, que obra en el expediente, durante la fijación del edicto, tanto las autoridades en conflicto como los particulares interesados guardaron silencio.
Frente al presunto investigado D.F.D.G., la Secretaría de la Sala informó que no le comunicó el presente asunto, en virtud de la reserva de la actuación disciplinaria
7 Expediente digital, Samai 6ED_06AUTO2026086.pdf.
8 Expediente digital, Samai 10POREDICTO_08Edicto.pdf.
prevista en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019; dejando a consideración del despacho ponente la comunicación o vinculación de aquella.
Al revisar la totalidad de los documentos que integran el expediente, el despacho ponente no encontró auto de apertura de investigación ni orden de vinculación del señor D.F.D.G. que acreditara su calidad de investigado, en los términos dispuestos por el artículo 111 de la Ley 1952 de 20199. Tampoco encontró prueba de la citación a audiencia ni el pliego de cargos o la providencia que ordenara el archivo definitivo de la investigación10, etapas del procedimiento disciplinario en las que se levanta la reserva de este.
Así pues, con el fin de salvaguardar la «reserva e imparcialidad del funcionario encargado de ejercer el control disciplinario»11, la Sala determinó que la comunicación del presente asunto habrá de realizarse a través de la autoridad que se declare competente para conocer de la actuación disciplinaria que debe adelantarse en contra el señor D.F.D.G., en la etapa procesal disciplinaria que corresponda. Cabe reiterar que lo anterior tiene por objeto garantizar la reserva del procedimiento disciplinario.
Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá
Esta autoridad no presentó consideraciones. Sin embargo, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en el oficio núm. 012 del 5 de enero de 2026, mediante el cual manifestó que carece de competencia y ordenó la remisión de las diligencias a la Superintendencia Nacional de Salud.
Indicó que, una vez revisados los documentos que obran en el expediente, encontró que lo que se busca es determinar si existió alguna conducta presuntamente irregular por parte de funcionarios pertenecientes a la Superintendencia Nacional de Salud.
Agregó que, en virtud de lo previsto en los artículos 2 y 93 de la Ley 1952 de 2019, modificados por los artículos 1. ° y 14 de la Ley 2094 de 2021, respectivamente, la titularidad de la potestad disciplinaria está a cargo de las oficinas de control
9 Artículo 111. CALIDAD DE DISCIPLINADO. La calidad de disciplinado se adquiere a partir del momento del auto de apertura de investigación o la orden de vinculación.
10 Artículo 115, Ley 1952 de 2019.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-499 de 2013.
disciplinario interno de las entidades públicas y aseguró que, en el presente caso, no se evidencia ninguna razón de hecho o de derecho que conlleve a desplazar del conocimiento de las diligencias de su «juez natural». Por tal motivo, ordenó su remisión a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia Nacional de Salud para que se investiguen las presuntas irregularidades.
Finalmente, advirtió que cuenta con la potestad de ejercer el poder preferente disciplinario, el cual sería ejecutado de manera excepcional ante circunstancias que puedan alterar el debido proceso de la investigación.
Superintendencia Nacional de Salud -Oficina de Control Disciplinario Interno.
Esta autoridad no presentó escrito de alegatos; no obstante, sus argumentos se extraen del escrito del 25 de febrero de 202612, mediante el cual propuso el presunto conflicto de competencias administrativas ante esta Sala.
En primer lugar, resaltó que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 92 y 93 de la Ley 1952 de 2019, modificados respectivamente por los artículos 13 y 14 de la Ley 2094 de 2021, le corresponde a todas las entidades y órganos del Estado el ejercicio de la acción disciplinaria en contra de sus servidores, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación. Explicó que la entidad cuenta con su Oficina de Control Disciplinario Interno, pero dentro de sus funciones solo está la de conocer de las diligencias disciplinarias en contra de los servidores públicos de la propia entidad, con excepción de aquellos funcionarios cuyo juzgamiento corresponde directamente a la Procuraduría General de la Nación, como lo son el superintendente nacional de salud, los superintendentes delegados, los jefes de oficina asesora y el secretario general.
Precisó que, frente al caso concreto carece de competencia para conocer el asunto, toda vez que, del estudio del fallo de tutela, cuyo incumplimiento originó el incidente de desacato, es posible evidenciar que el señor D.F.D.G, en su calidad de gerente general de Audifarma SA, es un particular que podría estar llamado a responder disciplinariamente por la aparente negligencia en la que incurrió. Sin embargo, es precisamente esa naturaleza de particular lo que le impide a su Oficina de Control Disciplinario Interno avocar el conocimiento.
Señaló que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley 1952 de 201913, la competencia para conocer de los procesos en donde el disciplinable sea un
12 Valga la pena resaltar que el conflicto de competencias del cual se desprende el presente asunto fue sometido a individualización, y en consecuencia fue repartido y asignado a este despacho para su sustanciación el 5 de junio de 2026.
13 Modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021.
particular es de la Procuraduría General de la Nación y las personerías14, e hizo especial énfasis en lo establecido por el inciso cuarto del citado artículo, donde el legislador optó por otorgar a dicha autoridad, de manera exclusiva, el conocimiento de las actuaciones disciplinarias, cuando existan faltas conexas que involucren particulares y servidores públicos.
Así, entonces, concluyó que no cabe duda respecto a la competencia que tiene la Procuraduría General de la Nación para disciplinar a los particulares, y que dicho proceso debe hacerse de conformidad con las reglas de competencia interna que ostenta dicho ente de control, especialmente lo establecido en el artículo 25 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto 1851 de 2021.
Competencia
Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019
El artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, regula el procedimiento aplicable ante un conflicto de competencias suscitado entre autoridades que tengan un superior común, cuando estas rechazan o reclaman la facultad para conocer de una actuación disciplinaria. Esta situación no es aplicable en el caso bajo estudio debido a que las partes de este proceso, a saber, la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá y la Superintendencia Nacional de Salud – Coordinación de Instrucción Disciplinaria, no tienen un superior común.
En consecuencia, la Sala procede a estudiar si resulta aplicable la regla general de resolución de conflictos de competencia prevista en el CPACA, y en caso afirmativo, emitirá un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.
Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa
De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto
14 Con excepción por lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1952 de 2019.
de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.
En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) las autoridades en conflicto, esto es, la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá y la Superintendencia Nacional de Salud – Coordinación de Instrucción Disciplinaria, son del orden nacional; ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, en razón de la actuación disciplinaria a que haya lugar por el presunto incumplimiento, por parte del señor D.F.D.G., en calidad de gerente general de Audifarma S.A., a lo ordenado en el fallo de tutela con radicado núm. 2010-0049, proferido por el Juzgado 60 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y iii) ambas autoridades negaron la competencia sucesivamente para adelantar la actuación correspondiente.
Términos legales
El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva15.
Aclaración previa
La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia.
Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto. Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho, para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia.
Síntesis del conflicto y problema jurídico
La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer y adelantar la actuación disciplinaria a que haya lugar en contra del señor D.F.D.G., en calidad de
15 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.
gerente general de Audifarma S.A., por el incumplimiento al fallo de tutela con radicado núm. 2010-0049, proferido por el Juzgado 60 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Cauca manifestó que, en virtud de lo previsto en los artículos 2 y 93 de la Ley 1952 de 2019, modificados por los artículos
1.° y 14 de la Ley 2094 de 2021, respectivamente, la titularidad de la potestad disciplinaria está a cargo de las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas y aseguró que, en el presente caso, no se evidencia ninguna razón de hecho o de derecho que conlleve a desplazar del conocimiento de las diligencias de su «juez natural».
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud -Coordinación de Instrucción Disciplinaria manifestó que su competencia disciplinaria es, exclusivamente, respecto de los servidores públicos vinculados a la entidad y que en el presente caso se trata de un particular que podría ser sujeto disciplinable por parte de la Procuraduría.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:
La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración
Factores que determinan la competencia. Reiteración
Naturaleza jurídica de Audifarma SA.
Gestores farmacéuticos. Sujetos disciplinables
La función pública como presupuesto de responsabilidad disciplinaria
Caso concreto
Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado.
La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración16
De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa17.
16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 7 de febrero de 2023, radicación 11001-03-06-000-2022-00270-00; Decisión del 13 de diciembre de 2022, radicación 11001-03-06-
000-2022-00257-00, entre otras.
17 «En el campo del derecho disciplinario esta finalidad se concreta en la posibilidad de regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar que en el ejercicio de sus funciones se preserven los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, para lo cual la ley describe una serie de conductas
En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública18, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades19.
Es así como la Ley 1952 de 201920, modificada por la Ley 2094 de 2021, reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria21. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial -a través de sus seccionales-22.
Factores que determinan la competencia. Reiteración23
En materia disciplinaria, la competencia es entendida como la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento y decisión de un asunto. Esta se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en los siguientes factores o criterios: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o
que estima contrarias a esos cometidos, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). Véase también el artículo 16 de la Ley 734 de 2002: «La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública».
18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787).
19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046).
20 La Sala, en decisiones anteriores, ha considerado que la vigencia de la Ley 1952 de 2019 es a partir del 29 de marzo de 2021. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 15 de octubre de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00518-00; y Decisión del 18 de septiembre
de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00470-00; Decisión del 10 de julio de 2024, radicación
11001-03-06-000-2024-00168-00.
21 Ley 1952 de 2019, artículo 2°.
22 Ley 1952 de 2019, artículo 2. «El Estado es el titular de la potestad disciplinaria», «Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias».
22 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 7 de junio de 2023, radicación núm. 11001-03-06-000-2023-00040-00; decisión del 5 de marzo de 2025, radicación núm. 11001-03-06-000-2024-00709-00 y decisión del 29 de junio de 2022, radicación núm. 11001-03-06-000-2022-00070-00.
23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 28 de junio de 2022, Radicado núm. 11001-03-06-000-202026-00118-00.
subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo o material), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial), la instancia en la cual actúa el operador disciplinario (factor funcional) y el factor de conexidad.
El artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, desarrolla la competencia por la calidad del sujeto disciplinable o el factor subjetivo, así:
Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos de elección popular y las de sus propios servidores.
El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.
Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente de la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia para los primeros.
Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con todas las garantías del proceso disciplinario, para lo cual deberán contar con la infraestructura necesaria para su observancia.
En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable.
Como se aprecia, los criterios que tiene en cuenta el Código General Disciplinario para atribuir la competencia, por el factor subjetivo, son: i) la calidad de servidor público o el particular en ejercicio de funciones públicas que tenga el presunto infractor; ii) el cargo que ocupa u ocupó el servidor público, o la función que cumple o cumplió el particular investido de funciones públicas, y iii) la rama, el órgano, la entidad o el organismo para la cual trabaja o trabajó el servidor, o para el cual presta o prestó sus servicios el particular.
En este orden, el factor subjetivo o personal atiende a la calidad del sujeto disciplinable, esto es, a su condición de servidor público o de particular en ejercicio
de funciones públicas, así como al cargo que ocupa o desempeñó y a la entidad a la cual se encuentra vinculado. En tal sentido, el artículo 92 del Código General Disciplinario, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, dispone que corresponde, en principio, a las entidades y órganos del Estado disciplinar a sus propios servidores, salvo que la competencia esté atribuida a otra autoridad.
Naturaleza jurídica de Audifarma S.A.
Mediante Escritura Pública núm. 3055 del 26 de agosto de 1996, de la Notaría Quinta de Pereira se constituyó Audifarma Ltda. como una persona jurídica de naturaleza comercial. Mas adelante, mediante Escritura Pública núm. 2510 del 18 de septiembre de 2001, inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira el 17 de octubre de 2001, se transformó en Sociedad Anónima, Audifarma S.A.
De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, expedido el 8 de julio de 2026, por la Cámara de Comercio de Pereira, el objeto social de Audifarma
S.A. es, entre otros, la dispensación de medicamentos, insumos médico quirúrgicos, prótesis, ortesis y otras tecnologías de la salud a las entidades promotoras de salud (EPS), a las instituciones prestadoras del servicio de salud (IPS), a otras entidades que por su carácter sean afines al objeto social y a usuarios del sistema de salud.
Así las cosas, es claro que se trata de una Sociedad Anónima de naturaleza comercial que hace las veces de gestor farmacéutico para la dispensación de medicamentos a EPS y usuarios del sistema.
Ahora bien, de acuerdo con el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, la empresa contará, por lo menos, con un representante legal con sus respectivos suplentes, designados por la Junta Directiva. El gerente general de Audifarma S.A. es el representante legal de la sociedad y le corresponde el gobierno y administración directa de la mencionada compañía. Dentro de las facultades del gerente general se destacan las siguientes:
Designar y remover a los empleados de la compañía, excepto los nombrados por la Asamblea General.
Escoger el personal de trabajadores, fijar las remuneraciones, y hacer los despidos que considere necesarios.
Contratar o contraer obligaciones hasta por 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin autorización de la junta directiva.
Si el gerente general ostenta, además, la calidad de accionista puede obligarse, sin autorización previa de la Junta Directiva, hasta por 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad.
Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social.
En este orden, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 1. ° del artículo 2. ° de la Ley 1966 de 201924, como quiera que su función principal es la dispensación de medicamentos e insumos médicos, Audifarma es un gestor farmacéutico. Al respecto, la mencionada norma señala lo siguiente:
ARTÍCULO 2o. EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL SECTOR SALUD.
[…].
PARÁGRAFO 1o. Se entiende por gestores farmacéuticos los operadores logísticos, cadenas de droguerías, cajas de compensación y/o establecimientos de comercio, entre otros, cuando realicen la dispensación ambulatoria en establecimientos farmacéuticos a los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud por encargo contractual de las EPS, IPS y de otros actores del sistema.
[…].
Finalmente, el artículo 243 de la Ley 1955 de 2019 adicionó el artículo 155 de la Ley 100 de 1993 e incluyó a los gestores farmacéuticos como integrantes del sistema general de seguridad social en salud.
Gestores farmacéuticos. Sujetos disciplinables
Frente a los gestores farmacéuticos, la Corte Constitucional ha reconocido expresamente que deben contar con una estructura financiera robusta, como quiera que se debe garantizar la sostenibilidad financiera de las entidades que operan dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud; no obstante, «todo este equilibrio financiero resulta difícil de mantenerse no se les cancelan oportunamente los valores derivados de sus gestiones, lo cual puede ocasionar fallas sistémicas en la prestación de servicios esenciales para la población».
De acuerdo con lo expresado por la Corte, es claro que, por el servicio de dispensación de medicamentos a las EPS y a las IPS para satisfacer la demanda
24 Ley 1966 de 2019. Por medio de la cual se adoptan medidas para la gestión y transparencia en el Sistema de Seguridad Social en salud y se dictan otras disposiciones.
25 Corte Constitucional, Auto 1282 de 2025.
de los usuarios del sistema de salud, los gestores farmacéuticos reciben dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por lo anterior, aun cuando sus empleados son particulares, debe analizarse en cada caso si ejercen o no funciones públicas.
En este punto, la Sala de Consulta26 ha advertido que el criterio relevante para efectos disciplinarios no es exclusivamente orgánico o formal, sino, primordialmente, el material. Precisó, con fundamento en la sentencia C-338 de 2011 de la Corte Constitucional, que «la aplicación del derecho disciplinario surge a partir del ejercicio de la función y no del vínculo». Ello refuerza lo dicho, en el sentido de que el hecho de que una persona preste sus servicios en una sociedad privada no implica automáticamente que se descarte su calidad de sujeto disciplinable, pues esto solo ocurre cuando dicho particular no ejerce funciones públicas.
Finalmente, en esa misma línea, reiteró que el solo hecho de que un particular esté a cargo de la prestación de un servicio público no lo hace sujeto del derecho disciplinario.
La función pública como presupuesto de responsabilidad disciplinaria. Reiteración27
Precisada la naturaleza jurídica de Audifarma S.A., resulta necesario determinar cuáles empleados desarrollan funciones públicas en los términos del artículo 70 de la Ley 1952 de 2019.
En relación con la función pública, la Corte Constitucional ha indicado que esta hace referencia al conjunto de actividades inherentes al Estado encaminadas al cumplimiento de sus fines esenciales28. Concretamente, en la sentencia C-037 de 2003 señaló que dicha categoría implica el ejercicio de autoridad estatal: «La función pública se manifiesta a través de mecanismos que requieren de las potestades públicas y que significan, en general, ejercicio de la autoridad inherente del Estado».
En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha identificado como manifestaciones típicas de función pública la expedición de actos administrativos, el ejercicio de coerción, la imposición de sanciones, la adopción de decisiones
26 Consejo de Estado, Sala de consulta y servicio Civil, radicado 2025-313 del 25 de febrero de 2026; Corte Constitucional, Sentencia C-338 de 2011.
27 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 25 de junio de 2026. Radicación núm. 11001030600020260016900.
28 En igual sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, radicado ACU-1016-del 18 de noviembre de 1999, indicó que «[l]a función pública es toda actividad ejercida por los órganos del Estado para la realización de sus fines».
unilaterales obligatorias, el ejercicio de potestades de policía, el señalamiento obligatorio de conductas, entre otras. De acuerdo con esta línea jurisprudencial, además del desarrollo de prerrogativas exclusivas de órganos del Estado, el ejercicio de función pública exige una habilitación legal expresa.
De lo anterior, se sigue que el ejercicio de la función pública corresponde al conjunto de actividades de naturaleza jurídica que expresan autoridad estatal y que son desarrolladas por los órganos del Estado o, excepcionalmente, por particulares expresamente habilitados por la Constitución o la ley para ejercerla. En consecuencia, no cualquier actividad de interés general ni la mera participación de particulares en la prestación de servicios públicos conlleva el ejercicio de función pública, pues para que ello sea así resulta indispensable la existencia de potestades inherentes al Estado, tales como la capacidad de expedir actos obligatorios, ejercer coerción, imponer sanciones o adoptar decisiones unilaterales con efectos jurídicos frente a los administrados.
Este planteamiento es plenamente congruente con el artículo 365 de la Constitución, mediante el cual se establece que «los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado» y que «podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares». Según se observa, la norma en modo alguno prevé que la prestación de un servicio público implique necesariamente el ejercicio de función pública.
Esta clara frontera entre los conceptos de función pública y servicio público ha sido objeto de un amplio desarrollo en la jurisprudencia constitucional, de la cual interesa destacar la sentencia C-037 de 2003, en la que la Corte precisó:
[…].
La Constitución Política, ha reservado para el Estado las funciones de regulación, control y vigilancia de los servicios públicos, que en s[í] mismas corresponden cabalmente al ejercicio de funciones públicas, mientras que la prestación de los mismos, en la medida en que no implica per ser dicho ejercicio, ha determinado que puede ser adelantada por el [E]stado, por particulares o por comunidades organizadas (art.365C.P).
[…].
En consecuencia, la prestación de un servicio público constituye una actividad material orientada a la satisfacción de necesidades colectivas y al cumplimiento de los fines sociales del Estado, mientras que la función pública supone el ejercicio de competencias jurídicas que expresan autoridad estatal y que involucran prerrogativas exclusivas del poder público. Por ello, la participación de servidores públicos o particulares en la prestación de servicios públicos, incluso cuando se trate de servicios como la salud, no implica por sí misma el ejercicio de función
pública ni habilita automáticamente la aplicación del régimen disciplinario previsto para los particulares que la desarrollan.
Esta distinción adquiere especial relevancia en sectores como el de la salud, en el cual los gestores farmacéuticos, aun cuando desarrollen actividades administrativas, técnicas u operativas como la dispensación de medicamentos, insumos médico quirúrgicos, prótesis, ortesis y otras tecnologías de la salud, coordinación administrativa, entre otras, no ejercen función pública en sentido estricto. Ello obedece a que dichas actividades no implican el desarrollo de prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado, tales como la expedición de actos administrativos, el ejercicio de coerción estatal, la aplicación de potestad sancionatoria pública, el ejercicio de función de policía o la facultad de imponer unilateralmente decisiones revestidas de autoridad pública.
Sin embargo, existen particulares en el sector salud cuyas actividades sí configuran un claro ejercicio de función pública, como lo son los representantes legales y los miembros de las juntas directivas de las EPS. La Sección Segunda, Subsección B29, del Consejo de Estado, señaló al respecto:
[…].
Reitera la Sala que el ejercicio de estas funciones administrativas por los particulares, también se deben desarrollar con observancia de los principios constitucionales, en particular los de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Precisamente con la finalidad de que tales principios sean respetados por los particulares es que la Ley 734 de 2002 establece la responsabilidad disciplinaria de los representantes legales de las personas jurídicas privadas y de los miembros de sus juntas directivas, dado que, de no ser así, habría conductas que, si bien son disciplinables, no se les podría atribuir a ninguna persona, claro está, bajo el entendido que la falta le sea imputable por el incumplimiento de esos deberes funcionales. […].
El control y la vigilancia de una EPS lo ejerce la Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Social, ente de control al cual debe rendir la información que sobre el manejo de administración de los recursos parafiscales tiene a su cargo, y en materia disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación se encarga de ejercer la potestad sobre las
E.P.S. cuyo capital corresponde a capital privado, lo que está señalado por el Título I «Régimen de los Particulares» de la Ley 734 de 2002 y exclusivamente bajo la tipología de faltas, sanciones y sujetos disciplinables allí referidos. Para el caso que nos ocupa el título de imputación jurídica que legitima el control disciplinario estaría referido a la administración de recursos públicos por parte de tales Empresas Promotoras de Salud.
29 25000-23-42-000-2014-00161-01 (3921-2022)
[…].
Lo anterior se debe a que, en cumplimiento de sus funciones, dichos empleados administran recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Ahora bien, aunque la decisión transcrita hace referencia a EPS, lo cierto es que el ejercicio de esas funciones públicas por parte de los representantes legales se configura con ocasión de la administración de los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Al respecto, es necesario señalar que los gestores farmacéuticos reciben pagos de las EPS por los medicamentos dispensados a los usuarios del POS, los cuales provienen del Sistema y no pierden su naturaleza de públicos cuando pasan de las EPS a los gestores farmacéuticos. Al respecto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado30 se pronunció en los siguientes términos:
En esas condiciones, a partir de lo previsto en los artículos 48 de la Constitución Política, 879 (numeral 10) del Estatuto Tributario y 1.4.2.2.11 (numeral 2) del DUR, y la jurisprudencia constitucional emitida en la materia, la Sala encuentra que la exención legal analizada debe entenderse prevista sobre todas las transacciones financieras realizadas por las EPS para cubrir los servicios del POS hoy Plan de Beneficios.
Como fue expuesto, las demandantes sostienen que las transferencias de las EPS a los gestores farmacéuticos deben estar exentos del GMF en aplicación del artículo 48 constitucional porque la provisión de medicamentos, dispositivos y productos similares, hacen parte del cumplimiento de los servicios del POS.
Para verificar esta afirmación, se pone de presente que los gestores farmacéuticos son integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y por éstos se entienden «los operadores logísticos, cadenas de droguerías, cajas de compensación y/o establecimientos de comercio, entre otros, cuando realicen la dispensación ambulatoria en establecimientos farmacéuticos a los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud por encargo contractual de las EPS, IPS y de otros actores del sistema» (Resaltado de la Sala).
Ahora bien, el literal c) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993 establece que el Sistema General de Seguridad Social en Salud se caracterizará porque todos los afiliados «recibirán un Plan Integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales, que será denominado el Plan Obligatorio de Salud» (subraya la Sala).
30 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 15 de junio de 2023. Radicado núm. 110010327000202200045002500 (26729)
En concordancia, el artículo 162 ibidem dispone que dentro de los servicios del POS para los afiliados cotizantes se encuentra «la provisión de medicamentos esenciales en su presentación genérica» (subraya la Sala), prestación que también es aplicable a los beneficiarios y a los afiliados al régimen subsidiado de salud.
Con base en las normas expuestas, la Sala concluye que el legislador habilitó a las EPS para encargar contractualmente a los operadores farmacéuticos, para que suministren de forma ambulatoria los medicamentos que hacen parte del POS.
Así las cosas, con base en los artículos 48 de la Constitución Política, 879 del Estatuto Tributario, la norma reglamentaria, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, deben considerarse exentas del GMF las transferencias que realizan las EPS a los gestores farmacéuticos, siempre y cuando se realicen para el cumplimiento de los servicios POS y que no tengan origen en recursos propios (como, por ejemplo, el cumplimiento de planes complementarios de salud).
[…].
Ahora, frente al argumento expuesto por el Oficio Nro. 100208221-1270 de 2021 referido a que los recursos del Sistema de las EPS que son trasladados a los gestores farmacéuticos «dejan de ser recursos del sistema de seguridad social en salud y pasan a ser recursos propios de los gestores farmacéuticos», se precisa que no es correcto en los casos en que las EPS contratan a los gestores farmacéuticos para prestar los servicios del POS, concretamente para dispensa ambulatoria de medicamentos a sus afiliados, para lo cual fueron habilitados por el legislador. [Resalta la Sala].
De acuerdo con lo anterior, cuando las EPS contratan con los gestores farmacéuticos la entrega de medicamentos para la debida prestación del servicio del Plan Obligatorio de Salud, los dineros transferidos son públicos y no pierden su naturaleza, como quiera que tanto los recursos como los gestores mencionados, pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Ahora bien, vale recalcar que la Corte Constitucional precisó en la sentencia C-338 de 2011 que:
[…].
la aplicación del derecho disciplinario surge a partir del ejercicio de la función y no del vínculo.
[…].
el criterio esencial para determinar si un particular puede ser sujeto o no del control disciplinario, lo constituye el hecho de que este cumpla o no funciones públicas.
[…].
Así, para que un sujeto pueda ser considerado disciplinable en los términos del artículo 70 de la Ley 1952 de 2019 no basta acreditar la prestación de un servicio público, sino que resulta indispensable demostrar que ejerce competencias que impliquen autoridad estatal, potestad de decisión pública, facultad sancionatoria, expedición de actos administrativos, ejercicio de coerción o cualquier otra prerrogativa exclusiva de los órganos del Estado.
Caso concreto
Revisados los antecedentes normativos y los documentos que obran en el expediente, la Sala encuentra que la Procuraduría General de la Nación es la autoridad competente para conocer y adelantar la actuación disciplinaria a que haya lugar en contra del señor D.F.D.G., en calidad de gerente general de Audifarma S.A., por el presunto incumplimiento al fallo de tutela con radicado núm. 2010-0049, proferido por el Juzgado 60 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
Lo anterior, por las siguientes razones:
El presente conflicto de competencias tiene su origen en la compulsa de copias contenida en el incidente de cumplimiento abierto por el Juzgado 60 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en contra, entre otros, del señor D.F.D.G., en calidad de gerente general de Audifarma S.A.
Como se ha señalado, la naturaleza jurídica de Audifarma S.A. es la de una sociedad anónima de naturaleza comercial que hace las veces de gestor farmacéutico para la dispensación de medicamentos a EPS y usuarios del sistema. En esa medida, al tratarse de una sociedad de origen privado sus empleados son particulares a los cuales les aplica, en materia laboral, las normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo.
Ahora bien, respecto al régimen disciplinario aplicable para esta clase de empleados, es decir, particulares vinculados mediante las normas del Código Sustantivo del Trabajo, su determinación depende de si la persona ejerce función pública.
Como lo indicó la jurisprudencia de la Corte Constitucional referida, la función pública hace referencia al conjunto de actividades inherentes al Estado encaminadas al cumplimiento de los fines esenciales, conlleva el ejercicio de autoridad estatal y se manifiesta mediante la expedición de actos administrativos, el ejercicio de coerción, la imposición de sanciones, la adopción de decisiones
unilaterales obligatorias, el ejercicio de potestades de policía, el señalamiento obligatorio de conductas, entre otras.
En ese orden, Audifarma S.A. es un gestor farmacéutico de naturaleza privada, cuyo gerente general, para el caso objeto de estudio, ejerce funciones públicas, por las siguientes razones:
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado los representantes legales de las EPS desempeñan función pública, pues son dichos servidores quienes tienen la potestad de administrar los recursos públicos, como los de la salud. Su administración comprende la facultad de determinar la oportunidad de contratar, comprometer los recursos públicos y, en general, conducir la gestión financiera. El ejercicio de esta potestad propende por el cumplimiento del fin esencial del Estado consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política (artículo 2º).
Ahora bien, aunque la citada jurisprudencia del Consejo de Estado hace referencia a EPS, lo cierto es que el ejercicio de esas funciones públicas por parte de los representantes legales, se configura con ocasión de la administración de los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Por lo anterior, es importante señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, cuando las EPS contratan con los gestores farmacéuticos la entrega de medicamentos para la debida prestación del servicio del Plan Obligatorio de Salud, los dineros transferidos son públicos y no pierden su naturaleza, como quiera que tanto los recursos como los gestores mencionados pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En el caso objeto de estudio, la compulsa de copias es en contra del gerente general de Audifarma S.A. quien ejerce la representación legal de Audifarma
S.A. y tiene dentro de sus funciones, entre otras, las de designar y remover a los empleados de la compañía, excepto los nombrados por la Asamblea General; escoger el personal de trabajadores, fijar las remuneraciones, y hacer los despidos que considere necesarios; contratar o contraer obligaciones hasta por 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin autorización de la junta directiva, si el gerente general ostenta, además, la calidad de accionista puede obligarse, sin autorización previa de la Junta Directiva, hasta por 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes; constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad y ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social.
En ese orden, como quiera que el presente caso trata del incumplimiento del gerente general de Audifarma S.A. a una orden judicial por la no entrega al usuario de los medicamentos requeridos, este se enmarca en el supuesto analizado por la jurisprudencia de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en atención a que dicho gerente general ostenta la calidad de representante legal y, en consecuencia, administra recursos del sistema de salud y tiene dentro de sus funciones la de ejecutar los actos y celebrar los contratos para el cumplimiento del objeto social.
Esta atribución conlleva el ejercicio de función pública, al fungir como administrador de los recursos públicos de la salud, con lo cual se le da cumplimiento a uno de los fines esenciales del Estado, consistente en garantizar la efectividad del derecho a la salud y a la vida de las personas. Además, el ejercicio de tal atribución ubica al gerente general en una posición cualificada dentro de la estructura organizacional, al tener la capacidad legal para adoptar decisiones institucionales.
Por consiguiente, resulta jurídicamente válido extender la condición de sujeto disciplinable al señor D.F.D.G., en calidad de gerente general de Audifarma S.A., por evidenciarse el ejercicio material de funciones públicas, de conformidad con el criterio funcional previsto en el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019 y desarrollado por la jurisprudencia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR COMPETENTE a la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá para conocer y adelantar la actuación disciplinaria a que haya lugar en contra del señor D.F.D.G., en calidad de gerente general de Audifarma S.A., por el incumplimiento del fallo de tutela con radicado núm. 2010-0049, proferido por el Juzgado 60 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
SEGUNDO. ENVIAR, por intermedio de la Secretaría de la Sala, el expediente a la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá.
TERCERO. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá comunicar el presente asunto al señor D.F.D.G., gerente general de Audifarma S.A., en su calidad de presunto investigado y al Juzgado 60 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá,
en la etapa procesal disciplinaria que corresponda, en atención a la reserva de las actuaciones disciplinarias.
CUARTO. COMUNICAR el presente asunto a la Superintendencia Nacional de Salud - Coordinación de Instrucción Disciplinaria, a la Procuraduría General de la Nación y a la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá.
QUINTO. REMITIR copia de la presente decisión al despacho del procurador general de la Nación.
SEXTO. ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno, como lo dispone expresamente el inciso 3.º del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021.
SÉPTIMO. ADVERTIR que los términos legales se reanudarán o empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en el cual se comunique la presente decisión.
La anterior decisión se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
JOHN JAIRO MORALES ALZATE MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA
Presidente de la Sala Consejera de Estado
ANA MARÍA CHARRY GAITÁN JUAN MANUEL LAVERDE ALVAREZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
REINA CAROLINA SOLÓRZANO HERNÁNDEZ
Secretaria de la Sala
CONSTANCIA: La presente decisión fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021.
