Radicado: 41001 23 33 000 2024 00208 02
Demandante: Efraín Puentes Fernández
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Magistrado Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 41001 23 33 000 2024 00208 02
Actor: Efraín Puentes Fernández
Demandado: Luis Humberto Alvarado Guzmán
SOLICITUD DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN.
Corresponde a la Sala resolver la solicitud de aclaración y/o adición presentada por el apoderado del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán respecto de la providencia emitida por esta Sección el 26 de febrero de 2026, por la cual se negó la recusación presentada en contra de los Consejeros de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes y Nubia Margoth Peña Garzón.
El señor Efraín Puentes Fernández en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437, solicitó la pérdida de la investidura del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán, concejal del municipio de Rivera (Huila) para el período 2020-2023.
El Tribunal Administrativo del Huila rechazó la demanda por medio de auto del 11 de julio de 2024, decisión que fue apelada y luego revocada por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante proveído del 26 de septiembre de 2024.
Devuelto el expediente al Tribunal de origen y surtido el trámite correspondiente, el mencionado Tribunal mediante sentencia de 19 de diciembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda.
Radicado: 41001 23 33 000 2024 00208 02
Demandante: Efraín Puentes Fernández
El accionante interpuso recurso de apelación, que fue concedido en auto de 7 de febrero de 2025.
En proveído de 13 de marzo de 2025 se admitió el recurso de apelación y se ordenó que se surtieran los trámites de ley.
La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 27 de noviembre de 2025 revocó el fallo de primera instancia decretando la pérdida de investidura.
El 13 de enero de 2026, el apoderado judicial del accionado presentó solicitud de aclaración y de adición de la sentencia de 27 de noviembre de 2025.
El 3 de febrero de 2026 se registró proyecto de auto para la Sala de Decisión de la Sección Primera de la Corporación de 5 de febrero de 2026.
En memorial del 4 de febrero de 2026, el demandado en el proceso de la referencia, actuando a través de apoderado, presentó escrito de recusación en contra del Consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes y la Consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón, sosteniendo que los citados Magistrados conformaron la Sala y decidieron la sentencia de segunda instancia pese a haber conocido del proceso y resuelto el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda.
En proveído del 26 de febrero de 2026, la Sala de Decisión de la Sección Primera conformada por los consejeros de Estado Carlos Fernando Mantilla Navarro y Pablo Andrés Córdoba Acosta así como el conjuez José Gregorio Hernández Galindo negaron la anotada recusación.
Mediante memorial del 16 de marzo de 2026 el convocado pidió la aclaración y/o adición de la última decisión bajo las siguientes consideraciones:
Indicó que en la mencionada providencia no se tuvo en cuenta que de conformidad con el inciso final del artículo 132 del CPACA cuando el trámite de una
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Demandante: Efraín Puentes Fernández
recusación afecte el quórum decisorio de una de las secciones del Consejo de Estado, la Sala debe integrarse con magistrados de otras secciones o subsecciones según lo disponga el reglamento y solo procederá el sorteo de conjueces cuando ello no sea posible. Agregó que en este asunto ese trámite no se agotó y se ordenó el sorteo de conjuez mediante auto.
De otro lado, señaló que la decisión sobre el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda implicó un análisis del caso concreto. En ese sentido, indicó que los consejeros recusados habrían emitido un pronunciamiento anticipado sobre aspectos que debían resolverse en la sentencia, razón por la cual debieron apartarse de su conocimiento.
Alegó que en el auto «hay varios asuntos que generan gran motivo de duda que se solicitan sean aclarados, como, el descarte de plano de desatar recursos de apelación, independientemente del análisis que este requiera, de la causal de recusación alegada; la forma en la que se valoró o no la sustancialidad de la admisión de la demanda y como esto no se enmarca en la causal de recusación lejos de identificar si los magistrados conformaban o no la primera instancia
Por último, efectuó las siguientes peticiones:
« PETICIONES
De manera comedida, se le solicita a la Sala aclarar lo siguiente:
Aclarar por qué no se aplicó de forma exacta el artículo 132.3 del CPACA, agotando la recomposición de la sala en primer lugar con magistrados de otras subsecciones y secciones del propio Consejo de Estado.
Aclarar si la afirmación “el conocimiento (…) lo fue para desatar recursos de apelación” implica que, para la Sala, ninguna decisión que resuelva un recurso de apelación sobre un auto interlocutorio puede configurar la causal del numeral 2 del artículo 141 del CGP, independientemente del análisis material que dicha decisión conlleve.
Aclarar de qué manera el Despacho evaluó el argumento del recusante, según el cual los magistrados valoraron aspectos sustanciales del caso al decidir sobre la admisión de la demanda, y su respectivo rechazo, que comportan temáticas afines, conexas y vinculadas con la “primera de las instancias” de cualquier proceso de pérdida de investidura, lo que debía llevar a entender que un
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Demandante: Efraín Puentes Fernández
pronunciamiento en la materia, es un pronunciamiento efectuado en el contexto de esa primera fase del juicio de desinvestidura seguido contra mi prohijado.
Por qué dicha actuación no se enmarca en el supuesto de “haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior”, más allá de la simple constatación de que no fungían formalmente como jueces de primera instancia
Finalmente, se afirmó que el auto presentaba varios aspectos que generaban dudas, tales como el descarte de plano de los recursos de apelación, sin el análisis correspondiente, así como la forma en que se valoró la admisión de la demanda, aspectos que, según se indicó, no se enmarcaban adecuadamente dentro de la causal de recusación alegada
Al respecto, los artículos 285 y 287 del CGP, aplicables por la remisión que autorizan los artículos 21 de la Ley 1881 de 201y 306 del CPAC establecen que las solicitudes de aclaración y adición deben cumplir con los siguientes requisitos:
«Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.
En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.
La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración”. (Subrayas del Despacho).
«Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de
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Demandante: Efraín Puentes Fernández
resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal» (Subrayas de la Sala).
De acuerdo con las normas transcritas, para que sea procedente la aclaración de una sentencia o un auto, la providencia debe contener conceptos o frases que ofrezcan motivo de duda contenidos en su parte resolutiva o que influyan en aquella.
A su vez, la adición opera únicamente cuando se omite resolver cualquiera de los extremos de la litis o cualquier punto que debía ser objeto de pronunciamiento, de oficio o a solicitud de parte. Ahora, tanto la aclaración como la adición deben ser formuladas dentro del término de ejecutoria.
Vistas así las cosas, en el asunto sub examine se advierte que las solicitudes de adición y/o aclaraciones formuladas por el accionado se radicaron oportunamente, habida cuenta que el auto del 26 de febrero de 2026, que resolvió la recusación en contra de los consejeros de Estado Osorio Cifuentes y Peña Garzón, se notificó por estado el 17 de marzo de 202y la solicitud que ocupa la atención de la Sala fue presentada el 16 de ese mes y añ
Ahora bien, lo que la Sala evidencia es que las argumentaciones del accionado no hacen referencia a concepto o frase alguna que ofrezca motivo de duda y que se encuentre contenida en la parte resolutiva o en la parte motiva con incidencia en la decisión adoptada en el proveído. Tampoco se observa que esta Corporación haya dejado de resolver un punto de derecho respecto del cual estuviera obligada a emitir un pronunciamiento en la providencia censurada.
Por el contrario, se advierte que el accionado pretende reabrir el debate procesal en torno al alcance de la causal de recusación alegada, asunto que ya fue abordado y desarrollado en la providencia recurrida. Además, reprocha una supuesta
Radicado: 41001 23 33 000 2024 00208 02
Demandante: Efraín Puentes Fernández
falta de aplicación del artículo 132 del CPACA en la conformación de la Sala en este asunto, sin que dicho planteamiento se enmarque en alguna de las causales de aclaración o adición de una providencia.
En consecuencia, la Sala negará las solicitudes de aclaración y adición del auto presentadas por el concejal, al no cumplirse las exigencias previstas en los artículos 285 y 287 de la Ley 1564 de 2012, por cuanto lo planteado corresponde a diferencias de criterio respecto de los fundamentos del auto que resolvió la anotada recusación.
En mérito de lo expuesto, la Sala
NEGAR la solicitud de aclaración y adición del auto del 26 de febrero de 2026, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Conjuez
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
