Providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente 4613 de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 68001-23-33-000-2014-00997-02 (4613-2022)

Demandante: GLR

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Tema: Control judicial de la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general impuesta a un miembro de la Policía Nacional por la comisión de una conducta constitutiva de violencia contra servidor público. Subtema 1. Legalidad de la imputación disciplinaria en las faltas gravísimas que remiten a descripciones de la ley penal. Subtema 2. Valoración probatoria y acreditación de la responsabilidad disciplinaria. Subtema 3. Incidencia de las afecciones psiquiátricas del disciplinado en la imputación subjetiva. Subtema 4. Estabilidad laboral reforzada frente a la ejecución de sanciones disciplinarias.

Nota inicial: Como en el presente asunto se estudiará la situación de una persona diagnosticada con una condición de afección a su salud mental, y que se hará referencia a su historia clínica, como medida de protección a su intimidad, en la versión pública de esta providencia, la Sala suprimirá los datos que permitan su identificación, remplazando el nombre por convenciones a las que se hará referencia en el relato de los hechos y en el análisis de fondo.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de primera instancia proferida el 26 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron sus pretensiones.

Síntesis del caso

GLR demandó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Policía Nacional lo declaró disciplinariamente responsable y lo sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 15 años, así como del acto administrativo mediante el cual se ejecutó dicha sanción y se ordenó su retiro del servicio activo. Sostuvo que dentro de la actuación disciplinaria se vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y presunción de inocencia, principalmente por la indebida tipificación de la conducta, la ausencia de prueba suficiente sobre la configuración del delito de violencia contra servidor público, la indebida valoración de las declaraciones recaudadas y las inconsistencias existentes entre estas y el informe médico legal de lesiones no fatales. Asimismo, afirmó que no se acreditó que hubiera actuado dolosamente, y alegó que la ejecución de la sanción desconoció su garantía de estabilidad laboral reforzada, debido

a que padecía trastorno de estrés postraumático y se encontraba incapacitado para el momento de su retiro.

El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda al concluir que los actos disciplinarios demandados se ajustaron al ordenamiento jurídico, que la investigación y la sanción tuvieron fundamento en la falta gravísima prevista en el artículo

34.10 de la Ley 1015 de 2006, integrada con el artículo 429 del Código Penal, y que no se vulneraron las garantías del debido proceso ni del derecho de defensa. Igualmente, consideró acreditado que GLR incurrió en la conducta reprochada, al agredir al subteniente durante el procedimiento policial del 31 de marzo de 2013, y estimó que las diferencias advertidas entre las declaraciones de los uniformados y el informe médico legal no tenían la entidad suficiente para desvirtuar la responsabilidad disciplinaria. Frente a la estabilidad laboral reforzada, sostuvo que, aunque la historia clínica daba cuenta de afecciones psiquiátricas y tratamiento médico, no se acreditó una situación que impidiera la ejecución de la sanción disciplinaria de destitución.

El Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia, al concluir que los actos administrativos acusados se ajustan al ordenamiento jurídico, en tanto la autoridad disciplinaria formuló el cargo con base en una norma previa y aplicable, identificó el referente penal de la conducta imputada, calificó la falta como gravísima y dolosa, y sustentó la responsabilidad disciplinaria en pruebas legalmente incorporadas y valoradas en conjunto. Asimismo, encuentra acreditado que la historia clínica demostraba antecedentes de salud mental, diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, tratamiento psiquiátrico e incapacidades médicas; sin embargo, dichos elementos no desvirtúan la legalidad de los actos demandados, porque el retiro del servicio tuvo como causa la ejecución de una sanción disciplinaria y no la condición médica del demandante. En consecuencia, al no demostrarse vulneración del principio de legalidad, del debido proceso, de la presunción de inocencia, indebida valoración probatoria ni desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada, se mantiene la decisión del Tribunal.

Antecedentes

1. La demanda

GLR presentó¹ demanda² de nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se exponen.

1. Pretensiones

Solicitó que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) fallo disciplinario de primera instancia del 22 de noviembre de 2013, proferido por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Bucaramanga,

¹ Según el «acta individual de reparto» visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip «ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «03. CDNO PAL FLS 132 A

133.PDF».

² Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF», folios 159 a 184.

mediante el cual fue sancionado con destitución e inhabilidad de 15 años; (ii) fallo disciplinario de segunda instancia del 27 de febrero de 2014, expedido por el inspector delegado Región 5 de Policía, por medio del cual se confirmó en todas sus partes la decisión sancionatoria; y (iii) Resolución 02225 del 6 de junio de 2014, expedida por el director general de la Policía Nacional, mediante la cual fue separado del servicio.

A título de restablecimiento del derecho solicitó lo siguiente: (i) que se ordene su reintegro al servicio activo de la Policía Nacional, así como el pago de la totalidad de los sueldos, primas, bonificaciones, subsidios, prestaciones legales y extralegales dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación, hasta cuando se produzca su reintegro efectivo; (ii) que se declare, que para todos los efectos legales y prestacionales, no existió solución de continuidad en la prestación del servicio; (iii) dejar la respectiva constancia en su hoja de vida; (iv) que las sumas reconocidas fueran actualizadas conforme al índice de precios al consumidor, IPC, o al mayor interés certificado por la autoridad competente; y (v) que se oficie a la Procuraduría General de la Nación, PGN, para que elimine la sanción de sus bases de datos.

2. Hechos

Expuso que ingresó a la Policía Nacional el 5 de junio de 2006 como auxiliar de policía para prestar el servicio militar obligatorio y que posteriormente se desempeñó en distintas unidades de la institución, entre ellas el Departamento de Policía del Magdalena Medio, el Escuadrón Móvil de Carabineros núm. 22 en Santander, la compañía EMCAR Antinarcóticos núm. 20 y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.

Señaló que durante su permanencia en la institución registró múltiples anotaciones positivas, conceptos favorables, felicitaciones individuales y colectivas y reconocimientos relacionados con su desempeño operacional y profesional.

Indicó que el 9 de abril de 2013 se abrió en su contra la indagación preliminar P-MEBUC-2013-92, con fundamento en el informe suscrito por el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, relacionado con los hechos ocurridos el 31 de marzo de 2013 durante un procedimiento policial adelantado en el «sector norte bajo, vía al mar», frente al barrio 13 de junio, de Bucaramanga.

Explicó que, según la versión consignada por los uniformados intervinientes, al llegar al lugar del procedimiento policial se conoció una situación familiar relacionada con Ana Sofía Gamboa Gamboa y la hija menor que esta tenía con el demandante; que, en desarrollo del procedimiento, él se encontraba alterado y en aparente estado de embriaguez, y que, al ser reducido e ingresado al vehículo policial, habría golpeado con los pies al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, motivo por el cual fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, FGN, por el delito de violencia contra servidor público.

Precisó que, con fundamento en esos hechos, la autoridad disciplinaria le formuló pliego de cargos por la falta gravísima prevista en el artículo 34.10 de la Ley 1015 de

2006, a título de dolo, tomando como referente típico el delito de violencia contra servidor público previsto en el artículo 429 del Código Penal.

Señaló que, desde julio de 2012, presentaba alteraciones de salud mental derivadas de su experiencia operacional como integrante del grupo EMCAR, relacionadas con síntomas de estrés postraumático, episodios de ansiedad, alteraciones del sueño, temor asociado a situaciones de combate, alucinaciones y episodios de reacción defensiva, circunstancias que, según afirmó, motivaron múltiples valoraciones médicas y psiquiátricas, incapacidades laborales sucesivas y tratamiento especializado por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

Agregó que en la historia clínica institucional se registraron antecedentes de psicosis, alucinaciones auditivas, escoriaciones y edema cervical, así como incapacidades médicas continuas, incluso para la fecha en que le fue notificada la resolución de retiro del servicio.

3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas invocó los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 21, 25, 26, 29, 53, 83, 90,

93, 123, 125, 209, 211, 218 y 222 de la Constitución; 3, 5, 11, 13, 15, 17, 18, 20 y 34.10

de la Ley 1015 de 2006; y el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Asimismo, citó como sustento jurisprudencial varias decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con estabilidad laboral reforzada y protección de personas en situación de debilidad manifiesta.

Vulneración del principio de legalidad e indebida adecuación típica. Sostuvo que los actos demandados vulneraron el principio de legalidad y el debido proceso, porque la autoridad disciplinaria habría realizado una indebida adecuación típica de la conducta atribuida, la cual fue encuadrada en el artículo 34.10 de la Ley 1015 de 2006, sin demostrar suficientemente la configuración del delito de violencia contra servidor público que sirvió de referente a la imputación disciplinaria. Señaló que, aunque para estructurar la falta disciplinaria no era necesaria una condena penal previa, sí resultaba indispensable acreditar con suficiencia la materialidad de la conducta y la configuración de los elementos constitutivos del ilícito penal tomado como referente típico.

Defecto en la valoración probatoria y desconocimiento de la presunción de inocencia. Afirmó que las pruebas fueron valoradas de manera arbitraria y fragmentada, pues, en su criterio, existían inconsistencias relevantes entre las declaraciones rendidas por el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres y los demás uniformados que participaron en el procedimiento, frente a lo consignado en el informe pericial médico legal de lesiones no fatales practicado al referido oficial. Señaló que, mientras algunos testimonios indicaban que el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres recibió golpes en la cabeza y en el hombro izquierdo, el informe de medicina legal registró una equimosis en la región posterior del hemitórax derecho y consignó que el examinado refirió haber sido lesionado por una persona desconocida, circunstancias que, a su juicio, generaban dudas sobre la materialidad de la agresión atribuida.

Añadió que tales inconsistencias impedían alcanzar el estándar de certeza requerido para imponer una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general, en tanto subsistían dudas sobre la forma en que ocurrieron los hechos, la identidad de quien produjo las lesiones y la real configuración del delito de violencia contra servidor público.

Ausencia de dolo en la conducta atribuida. Sostuvo, además, que el eventual contacto físico ocurrido durante el procedimiento policial no obedeció a una conducta dolosa orientada a lesionar al oficial, sino a una reacción instintiva producida mientras se encontraba reducido y esposado, en un contexto de alteración emocional y afectación psiquiátrica previamente diagnosticada. Manifestó que desde julio de 2012 presentaba alteraciones de salud mental derivadas de su experiencia operacional como integrante del grupo EMCAR, relacionadas con síntomas de estrés postraumático, episodios de ansiedad, alteraciones del sueño, temor asociado a situaciones de combate, alucinaciones y episodios de reacción defensiva, circunstancias que, según afirmó, motivaron múltiples valoraciones médicas y psiquiátricas, incapacidades laborales sucesivas y tratamiento especializado por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

Agregó que en la historia clínica institucional se registraron antecedentes de psicosis, alucinaciones auditivas, escoriaciones y edema cervical, así como incapacidades médicas continuas, incluso para la fecha en que le fue notificada la resolución de retiro del servicio.

A partir de tales circunstancias, sostuvo que la autoridad disciplinaria no valoró adecuadamente el contexto emocional y psiquiátrico en el que ocurrieron los hechos ni demostró suficientemente la intención consciente de agredir al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres.

Desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada. Finalmente, alegó que la Policía Nacional desconoció su derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues, pese a conocer sus antecedentes psiquiátricos, incapacidades médicas y tratamiento especializado por trastorno de estrés postraumático, ejecutó la sanción disciplinaria y dispuso su retiro del servicio sin autorización previa de la autoridad laboral competente, en contravía de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Sostuvo que para el momento de su desvinculación se encontraba incapacitado y en tratamiento psiquiátrico, circunstancia que lo ubicaba en situación de debilidad manifiesta y obligaba a la administración a otorgarle una protección reforzada antes de disponer su retiro definitivo del servicio.

4. Inadmisión y subsanación de la demanda³

Mediante auto del 18 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander inadmitió la demanda y concedió a la parte actora el término de 10 días para subsanarla, de conformidad con lo previsto en el CPACA. En dicha providencia precisó que era competente para conocer del asunto, en razón de la naturaleza sancionatoria de los

³ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf « 06. CDNO PAL FLS 136 A 139.PDF».

actos acusados y de que estos concernían al retiro del servicio de un integrante de la Policía Nacional.

No obstante, advirtió que las pretensiones de restablecimiento del derecho no satisfacían las exigencias de claridad, precisión y estimación razonada previstas en los artículos 162.2 y 163 del CPACA, toda vez que el demandante solicitaba el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir, sin concretar ni discriminar el monto económico correspondiente. Por esa razón, ordenó corregir la demanda en ese aspecto y allegar el comprobante de pago del arancel judicial.

Dentro del término concedido, GLR, por conducto de apoderado judicial, presentó escrito de subsanación el 3 de marzo de 2015, en el que reiteró la solicitud de nulidad del fallo disciplinario de primera instancia del 22 de noviembre de 2013, del fallo disciplinario de segunda instancia del 27 de febrero de 2014 y de la Resolución 02225 del 6 de junio de 2014.

Asimismo, precisó y complementó las pretensiones de restablecimiento del derecho. En particular, solicitó su reintegro al servicio activo de la Policía Nacional, sin solución de continuidad, al cargo que venía desempeñando o a otro compatible con su estado de salud, con respeto de los ascensos institucionales correspondientes al nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Igualmente, pidió el reconocimiento y pago de salarios, primas, bonificaciones, subsidios, prestaciones legales y extralegales dejadas de percibir desde el 18 de junio de 2014 hasta el momento del reintegro efectivo, así como el reembolso de los gastos médicos, odontológicos, hospitalarios y asistenciales que hubiera debido asumir durante el periodo de desvinculación.

También solicitó que se declarara que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio, que tal circunstancia se registrara en su hoja de vida, que las condenas económicas fueran indexadas conforme al IPC certificado por el Dane o la entidad que hiciera sus veces, que se ordenara el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA, y que se oficiara a la PGN para levantar la inhabilidad impuesta.

En cumplimiento de lo ordenado en el auto inadmisorio, discriminó los factores salariales que devengaba al momento de su retiro, correspondientes a asignación básica, subsidio de alimentación, prima de orden público, subsidio familiar, bonificación de seguro de vida y prima de nivel ejecutivo, para un total mensual de $1.700.321,05.

Con fundamento en esos factores, estimó la cuantía de la demanda en $11.094.534, suma integrada por los salarios reclamados, cesantías, prima de navidad y prima vacacional causadas hasta la fecha de presentación de la demanda.

Finalmente, frente al requerimiento relacionado con el arancel judicial, manifestó que no allegaba comprobante de pago, por considerar que dicho arancel había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-169 de 2014.

2. Contestación de la demanda

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional contestó la demanda para oponerse a la prosperidad de las pretensiones⁴.

Sostuvo que los actos administrativos acusados se encuentran amparados por la presunción de legalidad, en tanto fueron expedidos por autoridades competentes y con fundamento en las disposiciones constitucionales, la Ley 734 de 2002, la Ley 1015 de 2006, y las demás normas que regulaban el régimen y el procedimiento disciplinario aplicable a los miembros de la Policía Nacional.

Señaló que la actuación disciplinaria se adelantó con estricta observancia del debido proceso, el derecho de defensa y contradicción, pues GLR tuvo acceso al expediente desde la etapa preliminar hasta el fallo de segunda instancia, estuvo asistido por apoderado de confianza, ejerció actuaciones procesales, presentó recursos, controvirtió pruebas, formuló nulidades y propuso excepciones. Añadió que, pese a haber sido debidamente notificado, no presentó alegatos de conclusión en segunda instancia.

Frente a los argumentos relacionados con las anotaciones positivas y reconocimientos obtenidos por el demandante durante su permanencia en la institución, sostuvo que el adecuado comportamiento funcional constituye un deber inherente al servicio policial y a la misión constitucional asignada a la Policía Nacional por el artículo 218 de la Constitución.

Agregó que GLR registraba antecedentes disciplinarios previos a la sanción aquí controvertida, consistentes en una multa de 10 días y dos sanciones de suspensión impuestas en actuaciones disciplinarias anteriores, circunstancias que, en criterio de la entidad, desvirtuaban la tesis según la cual el actor mantenía una trayectoria funcional ejemplar.

Expuso que el proceso disciplinario tuvo origen en el informe suscrito por el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres mediante oficio S-2013-0053 CAI Girardot del 1 de abril de 2013, en el que se puso en conocimiento que el 31 de marzo de 2013, aproximadamente a las 23:25 horas, acudió a apoyar una patrulla policial y conoció una situación relacionada con GLR, quien presuntamente habría retirado sin autorización a la hija menor de edad que tenía con Ana Sofía Gamboa Gamboa.

Indicó que, según lo consignado en dicho informe y en las demás pruebas recaudadas, GLR se encontraba en alto grado de exaltación y, aparentemente, en estado de alicoramiento, que profirió expresiones ofensivas contra los uniformados, que debió ser reducido y trasladado al vehículo policial, y que, en ese momento, golpeó con los pies al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres en el hombro izquierdo y en la cabeza, motivo por el cual fue judicializado por el delito de violencia contra servidor público.

⁴ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «13. CDNO PAL FLS 153 A 182.PDF».

Señaló que la oficina de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana de Bucaramanga abrió indagación preliminar el 9 de abril de 2013 y ordenó la práctica de pruebas testimoniales y documentales, además de recibir versión libre al disciplinado.

Afirmó que la autoridad disciplinaria identificó adecuadamente la falta imputada, prevista en el artículo 34.10 de la Ley 1015 de 2006, calificó la conducta a título de dolo conforme al artículo 11 ibídem y aplicó la sanción prevista en el artículo 39 de la misma normativa para las faltas gravísimas dolosas, consistente en destitución e inhabilidad general entre 10 y 20 años.

En relación con la valoración probatoria, sostuvo que las pruebas fueron recaudadas, practicadas e incorporadas en debida forma, con plena posibilidad de contradicción, y valoradas conforme a las reglas de la sana crítica. A partir de ellas, la autoridad disciplinaria concluyó que GLR incurrió en una conducta disciplinable que afectó gravemente el deber funcional y justificó su desvinculación del servicio activo.

Agregó que la defensa del disciplinado no logró desvirtuar el cargo disciplinario formulado ni acreditar causal alguna de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

La entidad demandada sostuvo que la jurisdicción de lo contencioso–administrativo no puede convertirse en una tercera instancia disciplinaria destinada a reabrir el debate probatorio surtido en sede administrativa, salvo que se demuestre una vulneración del debido proceso o una valoración probatoria abiertamente irrazonable, hipótesis que, a su juicio, no se configuraban en este caso.

Frente a los argumentos relacionados con el estado de salud mental del demandante, la Policía Nacional sostuvo que la circunstancia de encontrarse en tratamiento psiquiátrico o incapacitado no impedía la ejecución de la sanción disciplinaria ni afectaba la validez de los actos demandados.

Añadió que, con el propósito de garantizar plenamente los derechos del disciplinado, la institución solicitó concepto médico a la Clínica Regional del Oriente acerca de la capacidad de GLR para recibir notificaciones relacionadas con la actuación administrativa. Indicó que, mediante oficio del 24 de junio de 2014, el médico psiquiatra tratante informó que el actor se encontraba en capacidad de recibir y atender cualquier notificación que requiriera efectuar la Policía Nacional.

En consecuencia, afirmó que la administración actuó conforme a la Constitución y la ley, garantizó los derechos fundamentales del disciplinado y ejecutó válidamente una sanción disciplinaria previamente impuesta y ejecutoriada, razón por la cual no se configuró vulneración alguna de la estabilidad laboral reforzada.

Finalmente, propuso la excepción de caducidad del medio de control, al sostener que el término para demandar debía contabilizarse desde la notificación del fallo disciplinario definitivo y no desde la notificación del acto de ejecución de la sanción. Sobre el particular, sostuvo que la Resolución 02225 del 6 de junio de 2014 tenía naturaleza meramente ejecutiva y no definía de fondo la situación jurídica del disciplinado, razón por

la cual no podía servir como punto de partida para contabilizar el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander⁵, mediante sentencia del 26 de abril de 2022⁶, negó las pretensiones de la demanda, con condena en costas, en los siguientes términos:

El tribunal precisó que el problema jurídico consistía en determinar si había lugar a declarar la nulidad de los fallos disciplinarios mediante los cuales GLR fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de 15 años, así como del acto administrativo que ejecutó dicha sanción y dispuso su retiro del servicio activo.

Como marco normativo aplicable, examinó la Ley 1015 de 2006, por medio de la cual se expidió el régimen disciplinario para la Policía Nacional, y recordó que dicha normativa regula el aspecto sustancial de las faltas y sanciones disciplinarias aplicables a los miembros de la institución, mientras que el procedimiento disciplinario se rige por las disposiciones del Código Disciplinario Único, conforme a la remisión prevista en el artículo 58 ibídem.

Asimismo, destacó que la potestad disciplinaria tiene como finalidad garantizar el correcto ejercicio de la función pública y el cumplimiento de los deberes funcionales de los servidores públicos, particularmente tratándose de integrantes de la Policía Nacional, cuya actividad se encuentra directamente vinculada con la preservación del orden público, la convivencia y la vigencia del Estado Social de Derecho.

El tribunal concluyó que no se configuró vulneración del principio de legalidad ni indebida adecuación típica de la conducta imputada al demandante.

Señaló que la autoridad disciplinaria formuló el cargo con fundamento en el artículo

34.10 de la Ley 1015 de 2006, disposición que sanciona la realización de conductas descritas en la ley penal que afecten el decoro, la dignidad, la imagen o el prestigio institucional de la Policía Nacional, aun cuando el servidor se encuentre en determinadas situaciones administrativas, entre ellas incapacidad médica o excusa del servicio.

Indicó que el referente típico utilizado por la autoridad disciplinaria correspondió al delito de violencia contra servidor público previsto en el artículo 429 del Código Penal y que, para efectos disciplinarios, no era indispensable la existencia de condena penal previa, pues bastaba acreditar suficientemente la conducta constitutiva del ilícito tomado como referencia normativa.

⁵ En Sala integrada por los magistrados Julio Edisson Ramos Salazar (ponente), Miliciades Rodríguez Quintero y Solange Blanco Villamizar.

⁶  Visible  a  índice  37  de  Samai  Tribunales,  expediente  68001-23-33-000-2014-00997-00,  archivo  pdf

«2_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 37».

En ese contexto, estimó que los actos administrativos demandados identificaron de manera clara la conducta atribuida, la norma presuntamente infringida, el referente penal aplicable y la modalidad subjetiva dolosa bajo la cual se formuló el reproche disciplinario.

Frente a los cuestionamientos relacionados con las supuestas inconsistencias probatorias, el tribunal concluyó que las diferencias advertidas entre algunas declaraciones y el informe médico legal no tenían entidad suficiente para desvirtuar la responsabilidad disciplinaria del demandante.

Señaló que las declaraciones rendidas por los uniformados que participaron en el procedimiento policial del 31 de marzo de 2013 coincidían en aspectos esenciales relacionados con el comportamiento agresivo de GLR, la necesidad de reducirlo físicamente y la agresión propinada al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres cuando era conducido hacia el vehículo policial.

Indicó que, aunque existían diferencias menores respecto del lugar exacto de los golpes o de la forma específica en que ocurrieron los hechos, tales variaciones no afectaban el núcleo central de los testimonios ni desvirtuaban la ocurrencia de la agresión física atribuida al disciplinado.

Agregó que el informe pericial médico legal no descartaba la existencia de la agresión, pues únicamente registraba las lesiones observadas al momento del examen clínico, circunstancia que no impedía valorar integralmente las demás pruebas allegadas al expediente disciplinario.

Con fundamento en la valoración conjunta del material probatorio, el tribunal concluyó que se encontraba acreditado que GLR agredió con los pies al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres durante el procedimiento policial adelantado el 31 de marzo de 2013 y que dicha conducta afectó el deber funcional y el prestigio institucional de la Policía Nacional.

El tribunal descartó los argumentos relacionados con la ausencia de dolo y con la supuesta reacción instintiva derivada del estado emocional y psiquiátrico del demandante.

Sobre el particular, consideró que el material probatorio permitía concluir que GLR actuó conscientemente durante el procedimiento policial y que no se acreditó una alteración mental de tal entidad que eliminara su capacidad de comprensión o autodeterminación al momento de los hechos.

Añadió que las incapacidades médicas y antecedentes psiquiátricos allegados al proceso no desvirtuaban la intencionalidad de la conducta atribuida ni excluían la responsabilidad disciplinaria.

En relación con la alegada estabilidad laboral reforzada, el tribunal sostuvo que, aunque en la historia clínica del demandante figuraban antecedentes psiquiátricos, incapacidades  médicas  y  tratamiento  especializado  por  trastorno  de  estrés

postraumático, ello no impedía la ejecución de una sanción disciplinaria válidamente impuesta.

Precisó que el retiro del servicio no obedeció a la condición médica del actor, sino a la ejecución de una sanción disciplinaria de destitución impuesta dentro de un procedimiento ajustado al ordenamiento jurídico.

En consecuencia, concluyó que no se configuró vulneración del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 ni desconocimiento de la garantía de estabilidad laboral reforzada.

4. Recurso de apelación

GLR interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia⁷.

Como presentación general del disenso, sostuvo que el tribunal concluyó erradamente que la actuación disciplinaria se ajustó a la legalidad y que la prueba testimonial permitía acreditar suficientemente la conducta atribuida al demandante, pese a que –en criterio del recurrente– persistían inconsistencias relevantes entre las declaraciones rendidas por los uniformados y el informe médico legal de lesiones no fatales.

Asimismo, afirmó que la sentencia apelada abordó de manera insuficiente el cargo de la demanda relacionado con la estabilidad laboral reforzada, pues se limitó a señalar que no existía una situación de discapacidad debidamente certificada o pérdida de capacidad laboral que otorgara fuero de estabilidad, sin valorar integralmente las incapacidades médicas, antecedentes psiquiátricos y tratamientos especializados acreditados dentro del expediente.

El apelante insistió en que la autoridad disciplinaria vulneró el principio de legalidad al adecuar indebidamente en el artículo 34.10 de la Ley 1015 de 2006, la conducta atribuida, tomando como referente típico el delito de violencia contra servidor público previsto en el artículo 429 del Código Penal, sin demostrar suficientemente la configuración material de dicha conducta punible.

Señaló que, aunque para estructurar la falta disciplinaria no era necesaria una condena penal previa, sí resultaba indispensable acreditar con suficiencia los elementos constitutivos del ilícito penal utilizado como referente normativo.

En ese sentido, sostuvo que la jurisdicción penal no adelantó investigación efectiva por los hechos atribuidos al demandante, circunstancia que –a su juicio– evidenciaba la debilidad probatoria de la imputación disciplinaria.

Añadió que la autoridad disciplinaria vulneró igualmente el principio de integración normativa al realizar una valoración «caprichosa y sesgada» del material probatorio recaudado, especialmente de la prueba trasladada del proceso penal.

⁷  Visible  a  índice  42  de  Samai  Tribunales,  expediente  68001-23-33-000-2014-00997-00,  archivo  pdf

«6_RECEPCIONDEMEMORIAL_RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 42».

El recurrente cuestionó la valoración efectuada respecto de las declaraciones rendidas por el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres y por los patrulleros Roin Yamith Fonseca Melgarejo, Armando Caballero Camargo y Julio César Monsalve Quintero, integrantes de la patrulla que intervino en el procedimiento policial del 31 de marzo de 2013.

Sostuvo que tales testimonios presentaban inconsistencias relacionadas con la forma en que ocurrieron los hechos, el lugar exacto de la agresión y la manera en que el demandante habría golpeado al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres.

Particularmente, señaló que mientras algunos testimonios afirmaban que el subteniente recibió golpes en la cabeza y en el hombro izquierdo, el informe pericial médico legal de lesiones no fatales registró únicamente una equimosis en la región posterior del hemitórax derecho y consignó que el examinado refirió haber sido lesionado por una persona desconocida.

A partir de dichas inconsistencias, sostuvo que subsistía una duda razonable sobre la materialidad de la agresión atribuida y sobre la real configuración del delito de violencia contra servidor público.

Agregó que las declaraciones rendidas por los uniformados tendían a respaldar la actuación de su superior jerárquico y no reflejaban de manera objetiva lo ocurrido durante el procedimiento policial.

También cuestionó la conclusión según la cual el demandante actuó agresivamente contra los policías, pues afirmó que, de acuerdo con algunos testimonios, este se encontraba reducido, esposado y sentado en el borde del vehículo policial, circunstancia que –en criterio del apelante– hacía físicamente dudosa la forma en que presuntamente ocurrieron los golpes.

El apelante sostuvo que el eventual contacto físico ocurrido durante el procedimiento policial no obedeció a una conducta dolosa orientada a agredir al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, sino a una reacción instintiva producida mientras el demandante se encontraba reducido y esposado.

Señaló que los propios testimonios daban cuenta de que el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres sujetó al demandante por los pies mientras este era conducido hacia el vehículo policial, situación que –según afirmó– pudo generar una reacción defensiva involuntaria dirigida a evitar una caída.

En apoyo de dicha tesis, reiteró que desde julio de 2012 presentaba alteraciones de salud mental derivadas de su experiencia operacional como integrante del grupo EMCAR, asociadas con síntomas de estrés postraumático, ansiedad, alteraciones del sueño, alucinaciones y episodios de reacción defensiva.

Añadió que tales circunstancias se encontraban acreditadas con las valoraciones médicas, incapacidades y tratamientos psiquiátricos obrantes en la historia clínica

institucional, los cuales –en su criterio– no fueron adecuadamente valorados ni por la autoridad disciplinaria ni por el tribunal.

Con fundamento en ello, sostuvo que no se encontraba demostrada la intención consciente de agredir al oficial ni el elemento subjetivo doloso requerido para estructurar la falta gravísima imputada.

Finalmente, el apelante reiteró que la Policía Nacional desconoció su derecho a la estabilidad laboral reforzada, pese a conocer sus antecedentes psiquiátricos, incapacidades médicas y tratamiento especializado por trastorno de estrés postraumático.

Señaló que para el momento de ejecución de la sanción disciplinaria se encontraba incapacitado y bajo tratamiento psiquiátrico, circunstancia que, en su criterio, lo ubicaba en situación de debilidad manifiesta y obligaba a la administración a otorgarle una protección reforzada antes de disponer su retiro definitivo del servicio. En consecuencia, sostuvo que la administración no podía ejecutar válidamente el retiro del servicio sin autorización previa de la autoridad laboral competente, conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

5. Intervenciones en segunda instancia

Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

6. Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto el 28 de agosto de 2023, en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

El Ministerio Público reseñó que GLR demandó la nulidad del fallo disciplinario de primera instancia del 22 de noviembre de 2013, proferido por la Oficina de Control Disciplinario interno de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, del fallo disciplinario de segunda instancia del 27 de febrero de 2014, expedido por el inspector delegado Región 5 de Policía, y de la Resolución 02225 del 6 de junio de 2014, mediante la cual se ejecutó la sanción de destitución e inhabilidad general por 15 años.

Al sintetizar los fundamentos de la demanda, indicó que el demandante alegó vulneración del principio de legalidad, indebida tipificación de la conducta, valoración caprichosa y sesgada del material probatorio, e inconsistencias entre las declaraciones de los uniformados y el informe médico legal de lesiones no fatales. También reseñó que el actor invocó la estabilidad laboral reforzada, al afirmar que para el momento de su destitución padecía estrés postraumático, enfermedad diagnosticada desde julio de 2012.

En relación con la contestación de la demanda, señaló que la Policía Nacional defendió la legalidad de los actos acusados, con fundamento en que el proceso disciplinario se adelantó con respeto del debido proceso, el derecho de defensa y

contradicción, y que el demandante estuvo asistido por apoderado, pudo controvertir y aportar pruebas, presentar recursos, formular nulidades y ejercer sus derechos procesales.

También destacó que, frente al estado de salud de GLR, la entidad demandada sostuvo que la autoridad disciplinaria solicitó concepto a la Clínica Regional del Oriente para establecer si aquel se encontraba en condiciones de notificarse del fallo disciplinario, y que la respuesta fue positiva mediante oficio del 24 de junio de 2014.

Al referirse a la sentencia de primera instancia, el Ministerio Público recordó que el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se vulneró el principio de legalidad, porque la investigación y la sanción tuvieron fundamento normativo, y porque la falta de investigación por parte de la justicia ordinaria no impedía que la autoridad disciplinaria estudiara la posible comisión de la falta.

Asimismo, reseñó que el tribunal descartó los argumentos relacionados con la falta de experiencia del subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, la supuesta reacción instintiva de GLR y la estabilidad laboral reforzada, al considerar, frente a esta última, que aunque la historia clínica daba cuenta de afecciones psiquiátricas y tratamiento, no se acreditó una situación de discapacidad debidamente certificada ni una merma en la capacidad laboral que generara fuero de estabilidad.

En cuanto al recurso de apelación, el Ministerio Público señaló que el demandante insistió en la violación del principio de legalidad, al considerar que la autoridad disciplinaria adecuó la presunta conducta de violencia contra servidor público a la falta prevista en el artículo 34.10 de la Ley 1015 de 2006, sin probar el delito imputado y pese a las inconsistencias existentes en las declaraciones recaudadas.

También indicó que el apelante reiteró el cargo de estabilidad laboral reforzada, con fundamento en que no era necesario acreditar una discapacidad o una pérdida de capacidad laboral, sino una afectación grave de salud, y que GLR padecía trastorno de estrés postraumático y se encontraba incapacitado para el momento de su retiro.

Al plantear el problema jurídico y desarrollar su tesis, el concepto presentó inconsistencias internas, pues hizo referencia a una sanción de suspensión por 2 meses impuesta a una demandante por posesionarse como superintendente delegada sin el lleno de requisitos del manual de funciones, y en varios apartes mencionó a María Claudia Muñoz Zambrano y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, datos que no corresponden al proceso de GLR.

Pese a lo anterior, la Procuraduría sostuvo como tesis general que la declaratoria de responsabilidad disciplinaria y la sanción impuesta se ajustaban al ordenamiento jurídico, porque la responsabilidad disciplinaria no exige la producción de un daño al Estado, sino el incumplimiento de los deberes funcionales del servicio público. En ese contexto, afirmó que la entidad demandada analizó las pruebas en conjunto, valoró los cargos, descargos y alegaciones, relacionó las normas aplicables, fundamentó la calificación de la falta y la culpabilidad, y expuso las razones de la sanción con base en la sana crítica.

La Procuraduría también desarrolló consideraciones generales sobre la ilicitud sustancial y el deber funcional, para señalar que el derecho disciplinario protege el cumplimiento de los deberes, prohibiciones e incompatibilidades propios de la función pública, y que la responsabilidad disciplinaria se estructura por la infracción de tales deberes, sin que resulte indispensable acreditar un perjuicio patrimonial o un daño concreto al Estado.

Finalmente, concluyó que la parte demandada soportó probatoriamente el desarrollo del proceso disciplinario con garantía del debido proceso y de los principios que rigen la materia, incluido el de tipicidad, sin que se demostrara un atenuante de responsabilidad. Con fundamento en ello, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Consideraciones

Competencia

El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problemas jurídicos y metodología de su resolución

De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de los siguientes problemas jurídicos:

Primer problema jurídico. Corresponde establecer si los actos administrativos disciplinarios demandados vulneraron el principio de legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia del demandante, por indebida adecuación típica de la conducta reprochada, imputada al artículo 34.10 de la Ley 1015 de 2006, insuficiencia probatoria para tener por acreditada la configuración del delito de violencia contra servidor público tomado como referente normativo, y valoración presuntamente arbitraria o fragmentada del material probatorio recaudado dentro de la actuación disciplinaria.

En desarrollo de ese análisis, la Sala deberá determinar si las inconsistencias advertidas por el apelante entre las declaraciones rendidas por los uniformados que participaron en el procedimiento policial del 31 de marzo de 2013 y el informe médico legal de lesiones no fatales practicado al subteniente que participó en el operativo tienen entidad suficiente para desvirtuar la responsabilidad disciplinaria atribuida al demandante o para generar duda razonable incompatible con el estándar de certeza requerido para imponer una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general.

Segundo problema jurídico. La Sala deberá determinar si las autoridades disciplinarias y el tribunal de primera instancia valoraron adecuadamente las circunstancias emocionales, psiquiátricas y clínicas acreditadas en el expediente, particularmente las relacionadas con el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático,

incapacidades médicas, antecedentes psiquiátricos y tratamientos especializados registrados en la historia clínica institucional del demandante. Definido lo anterior, corresponderá establecer si tales elementos tenían entidad suficiente para desvirtuar la imputación subjetiva dolosa formulada dentro de la actuación disciplinaria, bajo la tesis según la cual el eventual contacto físico con el subteniente que participó en el operativo obedeció a una reacción instintiva ocurrida mientras el demandante se encontraba reducido y esposado.

Tercer problema jurídico. Finalmente, la Sala examinará si la Policía Nacional vulneró el derecho a la estabilidad laboral reforzada al ejecutar la sanción disciplinaria y disponer el retiro del servicio sin autorización previa de la autoridad laboral competente, pese a la situación de salud mental alegada por el actor.

Estudio y resolución del primer problema jurídico

Debido proceso en el procedimiento disciplinario

Los artículos 29 de la Constitución y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse, designar defensor, presentar y controvertir pruebas e impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso administrativo en demanda de nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia una violación del debido proceso.

El control de legalidad que la jurisdicción contencioso–administrativo ejerce sobre los fallos disciplinarios es pleno e integral

En el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala Plena de esta corporación en sentencia del 9 de agosto de 2016, proferida en el expediente 2011-316 (1210), unificó los criterios interpretativos en torno a la competencia del juez de lo contencioso–administrativo en materia del control de legalidad sobre los actos administrativos disciplinarios, para definir que es integral, pleno y positivo, porque

«la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales».

En ese sentido, la Sala Plena estableció en la referida sentencia del 9 de agosto de 2016, que en ejercicio del denominado juicio integral, el juez contencioso tiene competencia para examinar todas las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA, porque aunque el juicio de legalidad se guía por las causales de nulidad invocadas en la demanda, también es cierto, que en virtud de la primacía del derecho sustancial, el juez puede y debe examinar aquellas causales conexas con derechos fundamentales, con el fin de optimizar la tutela judicial efectiva, de máxima importancia

al tratarse del ejercicio de la función pública disciplinaria que puede afectar de manera especialmente grave derechos fundamentales.

De igual manera, la referida sentencia precisó que el juicio integral permite al juez contencioso estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan la imposición de la sanción disciplinaria, así como controlar la valoración de la prueba porque sólo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.

El control judicial integral también permite que el juez contencioso examine en la actuación sancionatoria, el estricto cumplimiento de todos los principios rectores de la ley disciplinaria, esto es, la legalidad (tipicidad), culpabilidad, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad, favorabilidad, igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Finalmente, la Sala Plena señaló que el juez contencioso, en virtud del principio de proporcionalidad, está facultado para realizar un control positivo, capaz de sustituir la decisión adoptada por la administración, ya que la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida y la graduación prevista en la ley.

Tipicidad de la falta disciplinaria

En materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de la conducta del sujeto disciplinable desde tres factores: la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, los cuales, por el diseño y estructura del derecho disciplinario, adquieren connotaciones propias que los diferencian de otras manifestaciones del ius puniendi estatal.

La tipicidad, como categoría dogmática del derecho disciplinario, encuentra su fundamento en el principio de legalidad, entendido como expresión del debido proceso, conforme al cual «nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio» (artículo 29 de la Constitución). Dicho principio cumple la función de garantizar la libertad y seguridad individuales, al establecer de forma previa y clara qué comportamientos son sancionables, y a la vez, preservar la seguridad jurídica⁸.

A diferencia del derecho penal, el régimen disciplinario se caracteriza porque las conductas constitutivas de falta no se encuentran descritas de manera cerrada o taxativa, sino que están consignadas en tipos abiertos o en blanco, dada la imposibilidad del legislador de prever de forma detallada todos los comportamientos reprochables de los servidores públicos. Por ello, el tipo disciplinario se complementa con normas que

⁸ Constitución Política, art. 29.

establecen deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a cada cargo, de las cuales se deriva la adecuación específica de la conducta⁹.

En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado que los tipos abiertos o en blanco son aquellos que remiten a normas complementarias que definen con mayor precisión los deberes o prohibiciones vulnerados. Así, en la sentencia C-818 de 2005, esa corporación sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo integrado por las disposiciones en las que se establecen deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos»¹⁰.

Por consiguiente, el proceso de adecuación típica supone la verificación lógica y razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta y el comportamiento desplegado por el disciplinado, de lo cual surge la contrariedad entre el hecho y el deber funcional. En este análisis, la autoridad disciplinaria cuenta con un margen de interpretación más amplio que en el ámbito penal, lo que no implica que pueda extenderse hasta alterar o ampliar el tipo legal, pues ello desconocería el principio de legalidad¹¹.

De acuerdo con lo expuesto, el juicio de adecuación típica en materia disciplinaria es el proceso detallado de razonamiento metodológico, mediante el cual se compara la conducta real y comprobada de un servidor público con la descripción abstracta de una falta establecida en la ley. En ese sentido, consiste en determinar si el comportamiento encaja en el tipo disciplinario, garantizando el principio de legalidad¹². Se trata de una confrontación objetiva o subsunción lógica–jurídica, en la que se analiza si el hecho probado coincide exactamente con los elementos normativos de la falta descrita en el estatuto disciplinario u otras normas especiales, como ocurre con los tipos en blanco, en los que, se requiere integrar la descripción típica con normas complementarias, tales como, otras normas que establecen deberes o prohibiciones, por ejemplo, manuales de funciones, reglamentos, entre otros, para establecer la falta con precisión¹³. Su finalidad primordial es asegurar que no se sancione conducta alguna que no esté previamente definida como falta en virtud del principio de legalidad en materia punitiva en sentido estricto: nullum crimen, nulla poena sine lege, según el cual, ningún delito, ninguna pena, sin ley previa, recogido por el constituyente de 1991 en el artículo 29.

⁹ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2024, expediente 11001-03-25-000-2021-00261-00.

¹⁰ Corte Constitucional, Sentencia C-818 de 2005.

¹¹ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de diciembre de 2022, expediente 11001-03-25-000-2020-00210-00.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 06 de febrero de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-06021-01(3003-17).

¹³ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de octubre de 2018, expediente 11001-03-25-000-2013-00234-00(0530-13).

Contenido y alcance de la falta disciplinaria prevista en el artículo 34.10 de la Ley 1015 de 2006

La Ley 1015 de 2006 establece el régimen disciplinario especial aplicable a los miembros de la Policía Nacional. Dentro de ese régimen, el artículo 34 clasifica las faltas gravísimas y, en su numeral 10, prevé como tal la siguiente: «[i]ncurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como delito, cuando se encuentre en situaciones administrativas tales como: franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio, o en hospitalización».

Esta disposición corresponde a un tipo disciplinario de remisión, porque no describe de forma autónoma todos los elementos materiales del comportamiento reprochable, sino que exige acudir a una conducta previamente descrita en la ley como delito. Por esa razón, la estructuración de la falta requiere identificar cuál es la conducta penal que sirve de referente y verificar si el comportamiento atribuido al disciplinado se adecúa a esa descripción legal.

La norma no exige que exista una sentencia penal condenatoria previa para que pueda adelantarse el juicio disciplinario, pues la responsabilidad disciplinaria es autónoma frente a la responsabilidad penal. Sin embargo, sí exige que la autoridad disciplinaria establezca, a partir de las pruebas legalmente incorporadas al proceso, que la conducta atribuida corresponde objetivamente a una descripción típica contenida en la ley penal.

Además de la remisión a una conducta descrita como delito, el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 exige una condición especial de ocurrencia: que el miembro de la Policía Nacional se encuentre en alguna de las situaciones administrativas allí señaladas, esto es, franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspensión, incapacidad, excusa de servicio u hospitalización.

La inclusión de esas situaciones administrativas parte de la premisa de que el policial, aun cuando no esté prestando materialmente el servicio ordinario en ese momento, conserva su calidad de servidor público y de destinatario del régimen disciplinario especial. Por ello, tales situaciones no rompen la relación especial de sujeción con la institución ni eliminan los deberes funcionales propios de su condición de miembro de la Policía Nacional.

En consecuencia, los elementos estructurales de la falta son: (i) la existencia de un sujeto activo calificado, esto es, un miembro de la Policía Nacional; (ii) la realización de una conducta descrita en la ley como delito; (iii) la ocurrencia de esa conducta durante alguna de las situaciones administrativas previstas expresamente por la norma; y (iv) la relevancia disciplinaria del comportamiento frente a los deberes funcionales que rigen la actividad policial.

Por tratarse de una falta disciplinaria, su configuración no puede fundarse en responsabilidad objetiva. El régimen disciplinario exige que la conducta sea atribuida subjetivamente al investigado a título de dolo o culpa, de manera que la autoridad

disciplinaria debe precisar la forma de culpabilidad y explicar las razones por las cuales el comportamiento resulta reprochable desde el punto de vista disciplinario.

Cuando la falta prevista en el artículo 34.10 de la Ley 1015 de 2006 se imputa a título de dolo, corresponde establecer que el disciplinado conocía los elementos relevantes de la conducta y, pese a ello, orientó voluntariamente su comportamiento a la realización del hecho reprochado. Por tanto, no basta la sola constatación de un resultado material, sino que debe existir una justificación suficiente sobre la atribución subjetiva de la conducta.

Delito de violencia contra servidor público

El delito de violencia contra servidor público, previsto en el artículo 429 del Código Penal, protege no solo la integridad física de los servidores públicos, sino también la autonomía, autoridad y normal funcionamiento de la administración pública. La conducta se configura cuando una persona ejerce violencia contra un servidor público para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de sus funciones o para impedirle realizarlo. La pena prevista para esta conducta es de prisión de cuatro a ocho años.

La finalidad de esta disposición es garantizar que quienes ejercen funciones públicas puedan desarrollarlas libres de coacciones físicas que interfieran o perturben el cumplimiento de los fines estatales. Por ello, el núcleo de protección del tipo penal no se agota en la lesión corporal eventualmente ocasionada al funcionario, sino que comprende la salvaguarda de la función pública frente a actos de fuerza encaminados a obstaculizar, alterar o condicionar su ejercicio.

Desde la perspectiva objetiva, el tipo exige la realización de actos de violencia física dirigidos contra un servidor público que actúe en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. En el plano subjetivo, requiere que el agente conozca la condición funcional de la víctima y despliegue voluntariamente la conducta violenta con la finalidad de influir, impedir o perturbar el ejercicio de la actividad oficial.

En el presente asunto, este referente típico resulta relevante porque la conducta atribuida al demandante habría ocurrido durante un procedimiento policial adelantado por uniformados de la Policía Nacional en ejercicio de sus funciones. En consecuencia, lo que corresponde establecer no es la existencia de una condena penal previa por el delito de violencia contra servidor público, sino, si los elementos probatorios recaudados dentro de la actuación disciplinaria permiten concluir razonablemente que la conducta investigada reúne los elementos objetivos y subjetivos de dicho tipo penal, utilizado como referente normativo para integrar la falta disciplinaria prevista en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.

Medios de prueba

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala establece lo siguiente:

Obra extracto de hoja de vida expedido el 1 de octubre de 2014, en el que GLR figura en estado laboral «retirado». En el documento se registraron servicios prestados, familiares, condecoraciones, felicitaciones, sanciones y suspensiones. En el aparte de felicitaciones se relacionaron 6 anotaciones, y en el de sanciones se registró una multa y dos suspensiones¹⁴.

En consulta de salud mental del 9 de julio de 2012, el médico Jaider Alfonso Barros Bermúdez registró que GLR refería pesadillas en las que se veía en combate, impulso de «montar» el fusil y defenderse, alteración del sueño, pérdida de peso y temor de regresar a su trabajo en el grupo EMCAR. En la valoración se indicó que el paciente presentaba síntomas de estrés postraumático y se expidió incapacidad laboral por 30 días, desde el 9 de julio hasta el 7 de agosto de 2012¹⁵.

En control de salud mental del 3 de agosto de 2012 se registró diagnóstico confirmado repetido de trastorno de estrés postraumático, persistencia de pesadillas y recuerdos vividos, y se mantuvo incapacidad laboral por 30 días, desde el 3 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2012¹⁶.

En control de salud mental del 28 de septiembre de 2012 se registró persistencia de ansiedad anticipatoria y pesadillas, diagnóstico confirmado repetido de trastorno de estrés postraumático e incapacidad laboral por 30 días, desde el 28 de septiembre hasta el 27 de octubre de 2012¹⁷.

Obra historia clínica de GLR, impresa el 24 de julio de 2014 por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. En consulta del 9 de julio de 2012, por urgencias, se registró como motivo «me siento mal» y se consignó que el paciente presentaba alucinaciones relacionadas con disparos y combate, alteración del sueño y de la alimentación, y que mostraba el fusil a sus compañeros y los amenazaba. Se registró como impresión diagnóstica «otras reacciones al estrés grave» y se ordenó interconsulta por psiquiatría¹⁸.

En control de salud mental del 29 de octubre de 2012 se registró diagnóstico confirmado repetido de trastorno de estrés postraumático, incapacidad laboral por 30 días, desde el 29 de octubre hasta el 27 de noviembre de 2012, y observación según la cual no se recomendaba continuar en el EMCAR¹⁹.

¹⁴ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 42 y 43.

¹⁵ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 45 y 46

¹⁶ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 47 y 48

¹⁷ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 48 y 49

¹⁸ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 44 y 45

¹⁹ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 49 y 50

En control de salud mental del 27 de noviembre de 2012 se registró persistencia de sueños de guerra y ansiedad leve ocasional, diagnóstico confirmado repetido de trastorno de estrés postraumático, y se mantuvo incapacidad laboral por 30 días, desde el 27 de noviembre hasta el 26 de diciembre de 2012²⁰.

En control de salud mental del 9 de enero de 2013 se registró que GLR se encontraba sancionado por 6 meses, con persistencia de síntomas, preocupación por la afectación económica de la sanción y diagnóstico confirmado repetido de trastorno de estrés postraumático²¹.

En control de salud mental del 12 de febrero de 2013 se registró persistencia de pesadillas e hipervigilancia, con diagnóstico confirmado repetido de trastorno de estrés postraumático, y se indicó tratamiento farmacológico²².

En control de salud mental del 22 de marzo de 2013 se registró que GLR refería sentirse bien, que se encontraba sancionado hasta agosto y que su esposa lo había abandonado. Se mantuvo diagnóstico de trastorno de estrés postraumático y tratamiento farmacológico²³.

En atención por urgencias del 5 de abril de 2013 se registró como motivo de consulta «tengo ganas de matar gente». En la enfermedad actual se consignaron antecedentes de psicosis, alucinaciones auditivas, exacerbación del cuadro por discusión con otros agentes, escoriaciones en miembros superiores y edema cervical; también se anotaron antecedentes de insomnio y trastorno postraumático²⁴.

Reposa en el expediente varios apartados de la historia clínica de GLR, expedida por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, de la hoja 64 a la 97, así como concepto médico especializado del 25 de julio de 2014, consecutivo 0181238²⁵.

Obra oficio del 5 de abril de 2013, suscrito por el mayor Abelardo Moreno Calderón, comandante del distrito de Policía Bucaramanga, dirigido al coronel William Alberto Boyacá Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, mediante el cual remitió informe suscrito por el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, comandante del CAI Girardot. En el oficio se indicó que GLR, quien se encontraba en estado de alicoramiento, trató de forma descortés y con palabras soeces a los policiales que atendieron el procedimiento y golpeó con los pies al subteniente Edwin

²⁰ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 50 y 51

²¹ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 52

²² Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 53

²³ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 53

²⁴ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 55

²⁵ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 153

Fernando Arévalo Torres, motivo por el cual fue dejado a disposición por el delito de violencia contra servidor público²⁶.

En el expediente también está el oficio 0053 CAI Girardot del 1 de abril de 2013, suscrito por el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres y dirigido al mayor Abelardo Moreno Calderón, comandante del distrito de Policía de Bucaramanga. En este documento se relató que el 31 de marzo de 2013, aproximadamente a las 23:25 horas, la patrulla Kennedy 3 solicitó apoyo frente al barrio 13 de junio, que Ana Sofía Gamboa Gamboa expresó que GLR había llegado a su residencia en estado de embriaguez, había sacado a su hija sin autorización y la había llevado a su vivienda; y que, al intervenir los uniformados, el patrullero se identificó como miembro de la Policía Nacional, se comportó de forma grotesca, fue reducido y, al ser conducido al vehículo, golpeó al subteniente en el hombro izquierdo y en la cabeza con los pies²⁷.

La Sala revisó el auto del 9 de abril de 2013, mediante el cual la oficina de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana de Bucaramanga abrió indagación preliminar P-MEBUC-2013-92 contra GLR, con fundamento en el informe presentado por el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres. En el auto se señaló que la indagación tendría como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si era constitutiva de falta disciplinaria, individualizar a los presuntos responsables y establecer si existían causales de exclusión de responsabilidad²⁸.

En el auto de apertura de indagación preliminar se ordenó identificar plenamente a GLR, escucharlo en versión libre si lo solicitaba; practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos; solicitar a la Estación de Policía Norte copia de los registros de minuta de guardia, libro de población y servicio del 31 de marzo de 2013, allegar los antecedentes relacionados con la captura y judicialización, solicitar al grupo de telemática copia de las grabaciones radiales, y recibir declaración jurada del subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres.

Obra solicitud del 11 de abril de 2013, dirigida al comandante de la Estación de Policía Norte, para allegar copia de los registros de minuta de guardia, libro de población y servicio del 31 de marzo de 2013, así como los antecedentes relacionados con la captura de GLR y su posterior judicialización²⁹.

A través de solicitud del 11 de abril de 2013, dirigida al jefe del Grupo de Telemática de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la autoridad disciplinaria solicitó

²⁶ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 2.

²⁷ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 3.

²⁸ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 4 a 8

²⁹ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 9 y 10

que remitiera las grabaciones radiales del canal norte, en el horario comprendido entre las 23:30 horas del 31 de marzo de 2013 y la 1:00 hora del 1 de abril de 2013, relacionadas con la patrulla Kennedy 3 y el comandante del CAI Girardot³⁰.

Mediante citación del 11 de abril de 2013 dirigida a GLR, se le citó para que compareciera el 12 de abril de 2013, a las 10:00 horas, ante la oficina de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con el fin de rendir versión libre dentro de la indagación preliminar P-MEBUC-2013-92³¹.

Obra solicitud de presentación del subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, fechada el 11 de abril de 2013, para que compareciera el 12 de abril de 2013, a las 14:30 horas, a rendir declaración dentro de la indagación preliminar³².

En declaración rendida por el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres³³, se ratificó integralmente en el informe núm. 0053 del CAI Girardot del 1 de abril de 2013 y manifestó que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:25 horas del 31 de marzo de 2013, cuando realizaba labores de supervisión en el sector norte de Bucaramanga, sobre la vía al mar, frente al barrio 13 de Junio. Indicó que una patrulla policial le solicitó apoyo para atender un procedimiento relacionado con una menor de edad que, según informó la ciudadana Ana Sofía Gamboa Gamboa, había sido retirada de su residencia por el patrullero GLR sin su autorización y trasladada al lugar de residencia de este último. Señaló que, una vez conocido el caso, intentó junto con los demás uniformados solucionar la situación de manera pacífica y lograr la entrega de la menor a la persona que legalmente ejercía su custodia.

Explicó que, durante el procedimiento, el señor GLR expuso ser miembro activo de la Policía Nacional y adoptó una actitud hostil y agresiva frente a los uniformados intervinientes, profiriendo expresiones despectivas y ofensivas como «descuadrados»,

«montapapa» y «chúcaros», además de abalanzarse sobre ellos con la intención de impedir el desarrollo del procedimiento policial. Agregó que, debido al aparente estado de embriaguez y al alto grado de exaltación que presentaba, fue necesario reducirlo físicamente e introducirlo en el vehículo institucional para conducirlo a las instalaciones de la Estación de Policía Norte.

Relató que durante el traslado el investigado continuó profiriendo insultos en su contra, refiriéndose a él con expresiones soeces y deshonrosas. Indicó que una vez GLR fue ubicado en el interior de la panel policial, le propinó golpes con los pies que

³⁰ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 11

³¹ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 12

³² Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 13

³³ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 14 a 16

impactaron su cabeza y su hombro izquierdo, conducta que, según afirmó, tuvo como finalidad impedir la ejecución de la labor policial que se adelantaba. Precisó que como consecuencia de esa agresión se procedió de manera inmediata a efectuar su captura por el delito de violencia contra servidor público, se le informaron sus derechos como capturado y posteriormente fue puesto a disposición de la FGN bajo la noticia criminal núm. 680026000159201303010.

Igualmente, señaló que en el procedimiento participaron los patrulleros Roin Yamith Fonseca Melgarejo, Armando Caballero Camargo y Julio César Monsalve Quintero, este último en calidad de conductor. Aseveró que, como consecuencia de las agresiones recibidas, fue sometido a valoración médico–legal, la cual concluyó con una incapacidad definitiva de ocho días, sin secuelas permanentes. Finalmente, indicó que el vehículo institucional en el que se realizó el traslado no contaba con cámaras internas ni externas de grabación, y explicó que una vez ocurrida la agresión se siguieron los protocolos institucionales correspondientes, consistentes en informar a los superiores jerárquicos, formalizar la captura y adelantar los trámites necesarios para dejar al capturado a disposición de la autoridad competente.

Obra informe pericial médico legal de lesiones no fatales practicado el 1 de abril de 2013 al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres. En el documento se registró que el examinado refirió lesiones con puntapiés por parte de un desconocido, ocurridas el 31 de marzo de 2013; en el examen físico se describió equimosis de 2 centímetros en la cara posterior del hemitórax derecho; y se concluyó mecanismo causal contundente, con incapacidad médico legal definitiva de 8 días, sin secuelas médico legales³⁴.

La Sala estudió el auto del 12 de abril de 2013, mediante el cual la oficina de control disciplinario interno decretó la práctica de pruebas testimoniales dentro de la indagación preliminar P-MEBUC-2013-92. En la providencia se ordenó recibir declaración a los patrulleros Roin Yamith Fonseca Melgarejo, Armando Caballero Camargo y Julio César Monsalve Quintero, quienes atendieron el procedimiento relacionado con GLR³⁵.

En declaración rendida dentro de la actuación disciplinaria³⁶, el patrullero Roin Yamith Fonseca Melgarejo testificó que para la noche del 31 de marzo de 2013 se encontraba realizando labores de patrullaje preventivo en compañía del patrullero Armando Caballero Camargo en el sector del Puente Colseguros Norte. Indicó que aproximadamente a las 23:25 horas fueron abordados por Ana Sofía Gamboa Gamboa, quien, visiblemente angustiada y llorando, les informó que su excompañero sentimental,

³⁴ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 17

³⁵ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 18 a 19

³⁶ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 33 a 35

GLR, había ingresado a su residencia y retirado a su hija menor de edad sin autorización, trasladándola posteriormente a su propia vivienda.

Señaló que, en compañía de Ana Sofía Gamboa Gamboa, se dirigieron hasta la residencia ubicada en el barrio 13 de Junio, donde identificaron a GLR. Según su relato, este salió de la vivienda vestido únicamente con una pantaloneta y sin camisa, adoptando desde el primer momento una actitud agresiva y hostil frente a los uniformados. Precisó que, cuando se le informó que la madre de la menor pretendía llevarse nuevamente a la niña por ser quien ejercía su custodia, el investigado reaccionó de forma grosera, profiriendo insultos tanto contra los policías como contra la señora Ana Sofía Gamboa Gamboa, a quien calificó con expresiones ofensivas. Agregó que GLR adujo que no entregaría a la menor y justificó su decisión afirmando que la madre la descuidaba y permanecía constantemente fuera de casa.

Indicó que intentó persuadirlo para que se calmara, recordándole incluso su condición de miembro de la Policía Nacional y advirtiéndole que no agravara la situación. No obstante, afirmó que el investigado continuó exaltado, profiriendo insultos y desafiando a los uniformados. Relató que, en determinado momento, el patrullero Armando Caballero Camargo también intentó calmarlo, pero GLR respondió de manera agresiva y retadora, cuestionándolo y provocándolo verbalmente.

Relató que, mientras se desarrollaba el procedimiento, arribó al lugar una patrulla policial integrada por el subteniente Ana Sofía Gamboa Gamboa y el patrullero Julio César Monsalve Quintero, quienes acudieron en apoyo luego de que se les hiciera una llamada para que intervinieran. Según el declarante, el subteniente Arévalo intentó mediar y tranquilizar al investigado, pero este reaccionó igualmente con expresiones insultantes dirigidas contra dicho oficial.

Explicó que la situación se tornó más crítica cuando GLR intentó agredir físicamente al patrullero Armando Caballero Camargo, circunstancia que obligó a los uniformados a reducirlo físicamente y colocarle esposas con fines preventivos. Indicó que el investigado continuó oponiendo resistencia al procedimiento y se negó a abordar voluntariamente el vehículo institucional, sentándose en el borde de la panel y dificultando su conducción hacia la estación de policía.

Relató que, ante la persistencia de la resistencia, fue necesario que los patrulleros Armando Caballero Camargo y Julio César Monsalve Quintero ingresaran al vehículo para intentar acomodarlo y asegurar su traslado. Señaló que en ese momento el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres sujetó las piernas del investigado con el propósito de evitar que se lesionara o continuara resistiéndose, ocasión en la cual GLR le propinó una patada en la cabeza y otra en el hombro izquierdo.

Afirmó que, inmediatamente después de la agresión, se le informaron al investigado sus derechos como persona capturada por el delito de violencia contra servidor público y se procedió a trasladarlo a la Estación de Policía Norte para la elaboración de la documentación correspondiente y su posterior puesta a disposición de la autoridad competente. Añadió que el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres expresó su intención de formular la respectiva denuncia por las agresiones recibidas.

Igualmente, indicó que el señor GLR se negó a firmar el acta de derechos del capturado y sostuvo expresamente que durante todo el procedimiento los uniformados no ejercieron agresión física ni verbal alguna en su contra. También afirmó que posteriormente, cuando se encontraban en las instalaciones de la Fiscalía, el investigado relató que los policías habían ingresado a su residencia, versión que el declarante calificó como falsa.

Finalmente, explicó que la decisión inicial de esposar y conducir al investigado obedeció a que este intentó golpear a uno de los uniformados e impedía que Ana Sofía Gamboa Gamboa recuperara la custodia material de la menor, obstaculizando el procedimiento policial. Reiteró que la captura por violencia contra servidor público se produjo específicamente después de la agresión física contra el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres y que, una vez ocurridos los hechos, se adelantaron los trámites correspondientes para dejarlo a disposición de la autoridad competente.

En declaración rendida dentro de la actuación disciplinaria³⁷, el patrullero Julio César Monsalve Quintero narró que el 31 de marzo de 2013, aproximadamente a las 23:30 horas, se encontraba realizando labores de patrullaje en el sector Norte Bajo de Bucaramanga en compañía del subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres. Relató que, mientras transitaban por la carrera 12 del barrio Kennedy y se aproximaban a la entrada del barrio 13 de Junio, observaron una patrulla policial que les hizo señales para que se acercaran, razón por la cual descendieron del vehículo institucional y se entrevistaron con los uniformados que atendían el procedimiento.

Indicó que el patrullero Armando Caballero Camargo les informó que se encontraban atendiendo un caso relacionado con un ciudadano que se identificó como patrullero de la Policía Nacional y que, al parecer, había ingresado a la residencia de su compañera sentimental, tomado a una menor de edad y trasladado a la niña hasta su propia vivienda sin autorización de la madre. Señaló que, una vez conocido el caso, el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres se acercó a GLR y le solicitó que entregara a la menor, recomendándole además que al día siguiente acudiera a la Comisaría de Familia para adelantar los trámites correspondientes por las vías legales.

Según el declarante, lejos de atender las recomendaciones de los uniformados, GLR reaccionó de manera agresiva, profiriendo expresiones irrespetuosas contra los policías que intervenían en el procedimiento. Añadió que el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres le llamó la atención por su comportamiento y le indicó que no permitiría faltas de respeto hacia los funcionarios que se encontraban cumpliendo sus deberes. No obstante, afirmó que el investigado incrementó su nivel de agresividad y, en determinado momento, intentó agredir físicamente al patrullero Armando Caballero Camargo.

Señaló que, ante dicha situación, fue necesario emplear la fuerza estrictamente necesaria para controlar a GLR y colocarle esposas, con el fin de evitar que se produjeran lesiones o afectaciones a los presentes. Explicó que posteriormente intentaron conducirlo

³⁷ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 39 y 40

hasta la parte trasera del vehículo institucional para efectuar su traslado, pero el investigado continuó oponiendo resistencia, sentándose en el borde de la defensa trasera de la panel y dificultando su ingreso al automotor.

Relató que, mientras el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres le informaba que sería conducido a las instalaciones de la Estación de Policía Norte para realizar las anotaciones y procedimientos correspondientes, GLR lo golpeó con sus pies. Precisó que observó directamente ese momento y confirmó expresamente que presenció la agresión física propinada por el investigado contra el oficial.

Indicó que, una vez ocurrida la agresión, entre los demás uniformados lograron introducir a GLR en la parte posterior del vehículo policial y conducirlo hasta la Estación de Policía Norte, donde la patrulla Kennedy 3 adelantó la documentación necesaria para ponerlo a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia contra servidor público.

Asimismo, expresó que escuchó cuando el patrullero Armando Caballero Camargo le dio lectura a los derechos del capturado a GLR, diligencia que, según recordó, se realizó inmediatamente después de la agresión contra el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, cuando el investigado aún se encontraba sentado en la defensa trasera del vehículo policial.

Finalmente, señaló que desconocía qué ocurrió posteriormente con la menor involucrada en el procedimiento y no realizó observaciones adicionales sobre los hechos materia de investigación. En términos generales, su declaración corroboró la existencia del procedimiento policial originado por la situación relacionada con la custodia de la menor, la actitud agresiva y desafiante atribuida al investigado, la resistencia ofrecida durante el procedimiento de conducción y la agresión física dirigida contra el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, circunstancia que motivó su captura por el delito de violencia contra servidor público.

En declaración rendida dentro de la actuación disciplinaria³⁸, el patrullero Armando Caballero Camargo manifestó que el 31 de marzo de 2013, aproximadamente a las 23:25 horas, se encontraba realizando labores de prevención y disuasión junto con el patrullero Roin Yamith Fonseca Melgarejo en el sector del Puente Colseguros Norte, cuando fueron abordados por Ana Sofía Gamboa Gamboa. Según relató, la ciudadana se encontraba visiblemente angustiada y llorando, y les informó que su excompañero sentimental, GLR, había ingresado a su residencia y retirado a la menor de edad sin autorización, llevándosela consigo a altas horas de la noche.

Indicó que, una vez recibida la información, acompañaron a Ana Sofía Gamboa Gamboa hasta la residencia de GLR, ubicada en el barrio 13 de Junio. Señaló que al llegar al lugar fue la propia ciudadana quien identificó la vivienda, tras lo cual observaron que el investigado salió por una ventana del segundo piso. Los uniformados

³⁸ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 36 a 38

le solicitaron que descendiera para dialogar sobre la situación puesta en conocimiento por la madre de la menor.

Relató que desde el inicio del contacto GLR asumió una actitud hostil y grosera frente a los policías, reaccionando de manera agresiva ante el llamado de atención que se le hizo por haber ingresado presuntamente a la residencia de Ana Sofía Gamboa Gamboa y retirado a la niña sin autorización. Relató que el investigado comenzó agrediendo verbalmente al patrullero Roin Yamith Fonseca Melgarejo y posteriormente continuó dirigiéndose de forma irrespetuosa y violenta contra los uniformados que intentaban atender el procedimiento.

Explicó que, mientras intentaban controlar la situación, llegó al lugar la patrulla integrada por el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres y el patrullero Julio César Monsalve Quintero, a quienes solicitaron apoyo. Indicó que el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres se acercó a dialogar con el investigado, quien le indicó que era patrullero de la Policía Nacional adscrito al grupo EMCAR y encontrarse suspendido como consecuencia de otro procedimiento. Señaló que el oficial trató de persuadirlo para que se calmara y acudiera a las autoridades competentes, particularmente al ICBF, con el fin de solucionar por las vías institucionales el conflicto relacionado con su hija.

No obstante, afirmó que GLR reaccionó de manera irrespetuosa también frente al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, profiriéndole expresiones ofensivas y descalificantes, al tiempo que le exigía que no interviniera en el asunto. Posteriormente, el declarante decidió acercarse al investigado y preguntarle cuánto tiempo llevaba en la institución policial, pues le resultaba extraño que un miembro de la Policía Nacional mantuviera ese tipo de comportamiento frente a otros uniformados. Según indicó, la reacción del investigado fue inmediata y agresiva, pues se abalanzó sobre él intentando golpearlo mientras lo retaba verbalmente y cuestionaba su hombría.

Refirió que, ante ese intento de agresión física y el evidente estado de exaltación en que se encontraba GLR, fue necesario reducirlo físicamente y colocarle esposas para evitar que continuara agrediendo a los presentes o generara una situación de mayor riesgo. Añadió que una vez controlado procedieron a conducirlo hacia el vehículo policial para trasladarlo a las instalaciones de la Estación de Policía Norte; sin embargo, el investigado continuó ofreciendo resistencia, permaneciendo sentado en el borde de la puerta de la panel e impidiendo su ingreso al interior del automotor.

Relató que, mientras intentaban persuadirlo para que abordara el vehículo, el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres se acercó nuevamente y le habló de manera calmada con el propósito de lograr su colaboración. No obstante, afirmó que GLR reaccionó nuevamente de forma agresiva y le propinó dos patadas al oficial, una de ellas en la región del hombro y otra en cercanías del oído, al tiempo que le gritaba expresiones ofensivas y le exigía que no lo tocara.

Señaló que, después de la agresión, intervino junto con el patrullero Julio César Monsalve Quintero para introducir al investigado al interior del vehículo policial, tarea que se dificultó aún más debido a que varios familiares de GLRse acercaron al lugar y, según

su versión, se abalanzaron contra los uniformados durante el procedimiento. Finalmente, lograron asegurar su traslado a las instalaciones de la Estación de Policía Norte.

Indicó que una vez controlada la situación se adelantó el procedimiento correspondiente para dejar a GLR a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia contra servidor público. Precisó igualmente que, después de la agresión al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, se le dieron a conocer los derechos del capturado, diligencia que se realizó cuando ya se encontraba bajo control policial.

Finalmente, sostuvo que la decisión inicial de esposarlo y conducirlo obedeció a dos circunstancias concretas: el intento de agresión física que dirigió contra él y la negativa persistente a permitir que la menor fuera entregada a su madre, quien ejercía la custodia de la niña. Asimismo, afirmó de manera expresa que durante todo el procedimiento no se vulneraron los derechos del investigado y que este recibió un trato adecuado tanto en el plano físico como en el psicológico por parte de los uniformados intervinientes.

En versión libre rendida dentro de la actuación disciplinaria³⁹, GLR explicó su desacuerdo con el material probatorio recaudado durante la indagación preliminar, particularmente con las declaraciones rendidas por los funcionarios policiales que intervinieron en los hechos, al considerar que estas no correspondían a la manera como realmente ocurrieron los acontecimientos.

Explicó que la noche del 31 de marzo de 2013 se encontraba descansando en su residencia cuando, aproximadamente a las 9:30 p.m., recibió una llamada telefónica de Omaira Gamboa, hermana de Ana Sofía Gamboa Gamboa, quien le informó que esta última había dejado sola a su hija SSLG mientras dormía y que ella debía ausentarse del lugar, razón por la cual no sabía con quién dejar a la menor. Señaló que, ante esa situación, se dirigió a la residencia de Ana Sofía Gamboa Gamboa y que fue Omaira Gamboa quien voluntariamente le entregó a la niña, tras lo cual regresó a su vivienda ubicada en el barrio 13 de Junio.

Indicó que aproximadamente dos horas después, cuando se encontraba durmiendo, llegó a su residencia una patrulla policial en motocicleta acompañada por Ana Sofía Gamboa Gamboa. Según su versión, los uniformados le narraron que tenía a la menor secuestrada, afirmación que él consideró injustificada. Sostuvo que salió de la vivienda para dialogar con los policías y explicar la situación, manifestándoles que entregaría a la niña al día siguiente debido a que ya era tarde en la noche y la menor se encontraba dormida. Agregó que, durante la discusión, Ana Sofía Gamboa Gamboa insistía en que ella tenía la potestad exclusiva sobre la menor, circunstancia que él negó.

Relató que posteriormente llegaron más uniformados al lugar, entre ellos un subteniente y otro patrullero, y que continuó la discusión tanto con Ana Sofía

³⁹ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 51 a 52

Gamboa Gamboa como con los funcionarios policiales. Señaló que los policías insistían en afirmar que tenía a la niña retenida de manera ilegal y que ello constituía un delito grave. Indicó que, en determinado momento, decidió ingresar nuevamente a su residencia, instante en el cual uno de los patrulleros le colocó una esposa en una de sus manos sin motivo válido y posteriormente otro uniformado lo inmovilizó, presionándolo contra la puerta de la vivienda y agrediéndolo físicamente.

Indicó que al percatarse de la situación salió su madre, Rosa Rojas, quien preguntó a los policías qué estaba ocurriendo. Según relató, también acudieron varios vecinos atraídos por el ruido y la conmoción generada por el procedimiento. Afirmó que cuando los uniformados intentaban subirlo a la patrulla mientras lo agredían físicamente, su madre intervino para impedir que continuaran golpeándolo y evitar que se lo llevaran. Agregó que uno de los policías llegó incluso a apuntarle con un arma de fuego a su madre, circunstancia que motivó la intervención de su hermano menor de edad, Carlos Andrés, quien se interpuso entre el uniformado y su progenitora.

Según su relato, ante la presencia de vecinos observando el procedimiento, los policías lo empujaron rápidamente al interior de la patrulla. Sostuvo que fue en ese momento cuando, al caer dentro del vehículo, golpeó involuntariamente al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres con los pies, precisando que dicho contacto físico no obedeció a una agresión deliberada sino a la forma como fue introducido al automotor por los uniformados.

Describió que, una vez cerrada la puerta de la patrulla, fue trasladado a la Estación de Policía Norte. Aseguró que durante el trayecto viajaban junto a él dos patrulleros en la parte posterior del vehículo y que uno de ellos comenzó a golpearlo en el abdomen mediante puños, mientras el otro uniformado le pedía que dejara de hacerlo.

Indicó que al llegar a la Estación de Policía Norte fue obligado a permanecer durante aproximadamente diez minutos en un pasillo y que posteriormente llegaron los tres patrulleros y el subteniente que habían participado en el procedimiento. Según afirmó, en ese momento fue arrojado al suelo y agredido físicamente mediante golpes, patadas y puños. Añadió que el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres le exigía que lo respetara mientras le propinaba bofetadas, y que uno de los patrulleros le levantó los brazos para obligarlo a pedir disculpas, aprovechando que se encontraba esposado.

Relató que después de esa situación fue ingresado a una celda y que aproximadamente una hora más tarde uno de los policías involucrados en el procedimiento le leyó los derechos del capturado por el delito de ataque o violencia contra servidor público. Agregó que, transcurridas cerca de dos horas, fue trasladado a la Fiscalía para adelantar el trámite de judicialización, posteriormente a las instalaciones de la SIJIN para la reseña correspondiente y finalmente de nuevo a la Estación de Policía Norte, donde permaneció privado de la libertad hasta aproximadamente las 10:30 de la mañana del día 1 de abril de 2013.

Finalmente, reiteró que su captura careció de justificación legal y sostuvo que el golpe propinado al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres fue accidental e

involuntario, pues se produjo cuando fue empujado al interior de la patrulla por los uniformados. Asimismo, solicitó la práctica de los testimonios de Claudia Patricia Marín Cierra, Johany Ferney Marín y Marina Rojas Salazar, al considerar que estas personas presenciaron los hechos y podían corroborar su versión acerca de la forma en que ocurrió el procedimiento policial y las presuntas agresiones de las que afirmó haber sido víctima.

En declaración rendida dentro de la actuación disciplinaria⁴⁰, Claudia Patricia Marín Cierra explicó que tuvo conocimiento de los hechos ocurridos la noche del 31 de marzo de 2013 debido a que fue despertada por el ruido y la conmoción que se generó en el exterior de la vivienda. Explicó que inicialmente se encontraba acostada y que, al escuchar la bulla, se asomó por una ventana desde donde observó la presencia de varios policías, una patrulla, una motocicleta policial y varias personas reunidas en el lugar, entre ellas una menor de edad.

Indicó que, motivada por la situación que observaba, decidió bajar al lugar de los acontecimientos para verificar lo que estaba ocurriendo. Señaló que al acercarse pudo observar que varios uniformados intervenían en un procedimiento relacionado con GLR y afirmó que vio a tres policías golpeándolo mientras procedían a esposarlo y conducirlo hacia una patrulla policial.

Según su relato, una vez el señor GLR fue introducido en el vehículo institucional, los uniformados continuaron ejerciendo fuerza física sobre él, empujándolo y golpeándolo mientras intentaban ingresarlo completamente a la patrulla. Expuso que observó cómo el investigado era lanzado o empujado hacia el interior del automotor y que, al caer dentro de este, extendió una de sus piernas. Afirmó que fue precisamente en ese momento cuando uno de los policías recibió una patada, precisando que, según lo que alcanzó a percibir, el golpe se produjo cuando GLR estiró la pierna al caer dentro del vehículo y no como resultado de una agresión deliberada dirigida contra el uniformado.

Relató que, al observar esa situación, ella y Marina Rojas Salazar comenzaron a gritarles a los policías para que dejaran de golpear al señor GLR y para que lo soltaran. Señaló que posteriormente los uniformados procedieron a retirarse del lugar con el investigado a bordo de la patrulla y que, cuando algunas personas preguntaron hacia dónde sería conducido, los policías se negaron a suministrar información sobre el destino o el lugar al que lo trasladarían.

Señaló que desconocía quién había solicitado la presencia de la Policía Nacional o cuál había sido la situación concreta que motivó la intervención policial esa noche. De igual manera, afirmó no tener conocimiento directo acerca de los antecedentes del procedimiento ni de las circunstancias previas que dieron origen a la actuación de los uniformados.

⁴⁰ Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«11ED_01322016rar(.rar) NroActua 12», carpeta «carpeta 0132-2016», carpeta «carpeta 0132-2016», archivo pdf

«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 63 y 64.

Al ser interrogada sobre la conducta observada por parte de GLR, sostuvo que no lo vio agredir física ni verbalmente a los policías durante el tiempo en que ella presenció los hechos. Explicó que, para el momento en que llegó al lugar y comenzó a observar el procedimiento, el señor GLR ya se encontraba esposado, razón por la cual no presenció ninguna conducta agresiva atribuible a este.

Precisó que se encontraba aproximadamente a tres metros del lugar donde ocurrían los hechos y consideró que desde esa distancia podía observar y escuchar lo que sucedía. Igualmente, manifestó que conocía a Ana Sofía Gamboa Gamboa y confirmó que esta se encontraba presente en el sitio de los acontecimientos, ubicada frente a la residencia de su madre.

A preguntas de la defensa, indicó que el estado emocional de GLR le pareció normal y afirmó que no observó señales que le permitieran concluir que se encontraba bajo los efectos del alcohol o en estado de embriaguez.

Asimismo, señaló que no tenía conocimiento de antecedentes de conflictos o intervenciones policiales previas relacionadas con el señor GLR y afirmó que esa era la primera ocasión en que observaba la presencia de una patrulla policial atendiendo una situación de esa naturaleza en el lugar.

Finalmente, manifestó que no observó a la menor de edad cuya situación dio origen al procedimiento policial y que no tenía información adicional sobre los hechos, limitándose su conocimiento a lo que pudo presenciar directamente durante el desarrollo de la conducción y traslado del investigado por parte de los uniformados.

En declaración rendida dentro de la actuación disciplinaria⁴¹, Marina Rojas Salazar expresó que tuvo conocimiento de los hechos ocurridos la noche del 31 de marzo de 2013 debido a los ruidos y la conmoción que se generaron en el exterior de la vivienda, circunstancias que interrumpieron su descanso. Señaló que se encontraba durmiendo cuando fue despertada por la bulla proveniente de la calle, razón por la cual decidió salir de su residencia para observar lo que estaba ocurriendo.

Relató que, al salir al exterior, observó que GLR ya se encontraba esposado y bajo custodia policial. Indicó que en el lugar había varios uniformados junto a una patrulla policial, aunque manifestó no recordar con exactitud cuántos policías participaban en el procedimiento. Según su percepción, algunos de los uniformados estaban agrediendo físicamente al señor GLR mediante golpes con las manos mientras este permanecía retenido.

Explicó que la observación que realizó de los acontecimientos fue breve, pues después de advertir la situación decidió regresar nuevamente al interior de su vivienda. En consecuencia, su conocimiento de los hechos se limitó al momento específico en que

⁴¹Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 65 y 66.

observó al señor GLR esposado y, según afirmó, siendo golpeado por los policías presentes en el lugar. Adujo que desconocía completamente las circunstancias que dieron origen a la intervención policial. En ese sentido, afirmó no saber quién había solicitado la presencia de la Policía Nacional ni cuál era el conflicto o procedimiento que se estaba atendiendo en la residencia donde ocurrieron los hechos. Precisó que no tuvo conocimiento previo de los acontecimientos ni de las actuaciones desarrolladas por los uniformados antes del momento en que salió de su casa.

Al ser interrogada sobre el comportamiento del señor GLR, sostuvo que no lo observó en actitud agresiva hacia los policías y que tampoco escuchó o presenció agresiones verbales o físicas dirigidas por este contra los uniformados. No obstante, aclaró implícitamente que su percepción se limitó al lapso durante el cual observó el procedimiento, cuando el investigado ya se encontraba esposado y bajo control policial.

Indicó que se encontraba aproximadamente a cinco metros del lugar donde se desarrollaban los hechos y consideró que desde esa distancia podía observar adecuadamente lo que ocurría. Asimismo, manifestó que no conocía a Ana Sofía Gamboa Gamboa y que no tenía información acerca de su participación en los acontecimientos objeto de investigación.

Durante la diligencia también precisó que no utilizaba gafas ni anteojos para leer y que conservaba una adecuada capacidad visual, afirmando que podía observar con claridad objetos o personas ubicados hasta a diez metros de distancia, aspecto que fue indagado con el propósito de verificar las condiciones bajo las cuales realizó sus observaciones.

Igualmente, señaló que no tenía conocimiento de antecedentes relacionados con conflictos previos entre GLR y terceros que hubieran requerido la intervención de la Policía Nacional, al menos en situaciones que ella hubiera presenciado personalmente.

Finalmente, señaló que no observó a la menor de edad cuya situación motivó la actuación policial ni tuvo conocimiento directo de los hechos relacionados con su traslado o custodia. En consecuencia, su declaración se circunscribió exclusivamente a referir que observó al señor GLR esposado, bajo custodia policial y, según su apreciación, siendo golpeado por algunos de los uniformados que se encontraban presentes en el lugar, sin aportar información sobre las circunstancias previas que dieron origen al procedimiento ni sobre los acontecimientos posteriores a su breve observación de los hechos.

En declaración rendida dentro de la actuación disciplinaria⁴², Johany Ferney Marín manifestó que tuvo conocimiento de los hechos ocurridos la noche del 31 de marzo de 2013 debido al ruido y la conmoción que se generaron en las afueras de la residencia de GLR. Señaló que se encontraba en el interior de su vivienda cuando escuchó los gritos

⁴² Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

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«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 67 y 68.

y el alboroto provenientes del exterior, razón por la cual salió a observar lo que estaba sucediendo.

Relató que, al llegar al lugar, observó que GLR ya se encontraba esposado y bajo custodia policial. Según su versión, varios uniformados lo estaban golpeando mientras permanecía inmovilizado, situación que motivó la reacción de su madre y de Claudia Patricia Marín Cierra, quienes comenzaron a gritarles a los policías por la forma en que estaban tratando al investigado.

Expresó que posteriormente los uniformados condujeron al señor GLR hacia la patrulla policial y que, utilizando la fuerza, lo empujaron para introducirlo en el vehículo. Indicó que, una vez en el interior de la patrulla, observó que dos o tres policías continuaban golpeándolo mientras se encontraba retenido. Añadió que después de ello los uniformados se retiraron del lugar llevándose al investigado.

Precisó que durante el procedimiento se encontraba presente Ana Sofía Gamboa Gamboa, a quien identificó como la madre de la menor involucrada en los hechos. Señaló que ella permanecía en la calle junto a los policías y afirmó que fue la única persona que observó llegar al lugar acompañada de los uniformados, aunque manifestó desconocer las razones por las cuales la Policía acudió a la residencia de GLR o quién había solicitado formalmente la intervención policial.

Al ser interrogado sobre la conducta desplegada por el investigado, sostuvo que en ningún momento observó agresiones físicas o verbales de este contra los policías. Afirmó que lo único que escuchó decir a GLR era que no le pegaran, mientras permanecía sometido por los uniformados.

Indicó que su vivienda se encontraba contigua a la residencia del investigado, circunstancia que, según explicó, le permitía escuchar y observar claramente lo que ocurría en el lugar de los hechos. Por ello sostuvo que tuvo una percepción directa de los acontecimientos desarrollados durante la conducción y traslado del señor GLR.

A preguntas de la defensa, amplió su relato respecto de la forma como el investigado fue introducido en la patrulla. Explicó que GLR se encontraba esposado y que varios policías lo llevaron por la fuerza hasta el vehículo policial, donde fue empujado para ingresarlo. Según su apreciación, fue precisamente en ese momento, cuando cayó al interior de la patrulla como consecuencia del empujón recibido, que golpeó con uno de sus pies a un uniformado. Aclaró que, en su criterio, dicho contacto físico no obedeció a una agresión intencional, sino a una consecuencia involuntaria derivada de la forma como fue introducido al vehículo.

Asimismo, indicó que, aunque no observó una agresión previa específica que explicara ese movimiento, consideraba que los policías utilizaron una fuerza desproporcionada durante el procedimiento de conducción y traslado, apreciación que fundamentó en la manera en que observó que empujaban al investigado y en los golpes que, según afirmó, le propinaban mientras se encontraba esposado.

Respecto del estado del señor GLR, señaló que no percibió señales que le permitieran concluir que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Indicó que no observó comportamientos compatibles con embriaguez ni circunstancias que le hicieran pensar que estaba tomado. Igualmente, manifestó que tenía conocimiento de una intervención policial anterior relacionada con el señor GLR, ocurrida aproximadamente un año antes de los hechos investigados, aunque no suministró detalles adicionales sobre dicha situación.

Finalmente, señaló que no observó a la menor de edad cuya situación motivó el procedimiento policial, pues después de que los uniformados se llevaron al investigado regresó a su vivienda. En consecuencia, afirmó no tener conocimiento directo sobre el paradero de la niña ni sobre las circunstancias relacionadas con su custodia o permanencia en la residencia de GLR, limitándose su declaración a los hechos que presenció durante el procedimiento de captura y traslado adelantado por los uniformados.

Obra auto del 9 de octubre de 2013, proferido por la Oficina de Control Disciplinario Interno MEBUC, dentro del radicado MEBUC-2013-120, mediante el cual se citó a audiencia a GLR, luego de valorar la indagación preliminar P-MEBUC-2013-92 y considerar reunidos los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos conforme al artículo 162 de la Ley 734 de 2002⁴³.

En ese auto se le endilgó la falta gravísima prevista en el artículo 34.10 de la Ley 1015 de 2006. La autoridad disciplinaria integró esa imputación con el artículo 429 del Código Penal, correspondiente al delito de violencia contra servidor público, al considerar que GLR habría agredido físicamente al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres durante el procedimiento policial del 31 de marzo de 2013.

También quedó expresamente señalado que la conducta se imputó en la modalidad de acción y a título de dolo. El auto indicó que, para la autoridad disciplinaria, el investigado conocía sus deberes como patrullero y aun así habría ejecutado la conducta reprochada; por eso calificó provisionalmente la conducta como dolosa.

Además, el auto precisó que, por tratarse de una falta gravísima dolosa, la eventual sanción aplicable sería la prevista en el artículo 39.1 de la Ley 1015 de 2006: destitución e inhabilidad general entre 10 y 20 años.

Obra fallo disciplinario de primera instancia del 22 de noviembre de 2013, proferido por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dentro del radicado MEBUC-2013-120, mediante el cual se declaró probado el cargo formulado contra GLR por la falta gravísima prevista en el artículo 34.10 de la Ley 1015 de 2006, imputada a título de dolo, y se le impuso sanción de destitución e inhabilidad especial por el término de 15 años⁴⁴.

^{43 43} Visible a índice 12 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«11ED_01322016rar(.rar) NroActua 12», carpeta «carpeta 0132-2016», carpeta «carpeta 0132-2016», archivo pdf

«PROCESO DISCIPLINARIO LOZADA ROJAS PARTE 1.pdf», folio 87 a 100.

⁴⁴ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 7 a 22.

En el acápite de calificación de la falta, el fallo de primera instancia indicó que la conducta atribuida a GLR se enmarcaba en el artículo 34.10 de la Ley 1015 de 2006, como falta gravísima, por incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como delito cuando se encontrara en situación administrativa de franquicia.

En el apartado de culpabilidad, el fallo disciplinario indicó que la conducta fue calificada a título de dolo, con fundamento en que GLR conocía sus deberes como patrullero, la obligación de respetar la Constitución, la ley y los reglamentos institucionales, y la prohibición de ejercer violencia contra un servidor público.

En el acápite de razones de la sanción, el fallo disciplinario señaló que el comportamiento atribuido a GLR constituía quebrantamiento del deber funcional y afectaba la disciplina institucional, por tratarse de un patrullero que habría agredido físicamente a un policial. En ese mismo desarrollo se indicó que el análisis se realizó a partir del material probatorio obrante en el proceso disciplinario.

En la graduación de la sanción, el fallo disciplinario registró que GLR contaba con 6 felicitaciones y 0 condecoraciones, así como con 3 sanciones disciplinarias anteriores: una multa de 10 días del 23 de agosto de 2010, una suspensión e inhabilidad especial de 7 meses del 29 de diciembre de 2012 y una suspensión e inhabilidad especial de 7 meses y 15 días del 29 de noviembre de 2012.

Obra fallo disciplinario de segunda instancia del 27 de febrero de 2014, proferido por la Inspección Delegada Región 5 de Policía, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia y se confirmó la responsabilidad disciplinaria de GLR, así como la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de 15 años⁴⁵.

En el fallo de segunda instancia se indicó que durante la actuación disciplinaria se practicaron varias pruebas, se valoraron por el fallador de instancia y se confrontaron los hechos con la norma disciplinaria. También se señaló que no se advertía desconocimiento del debido proceso.

Finalmente, En la Resolución 02225 del 6 de junio de 2014 expedida por el director general de la Policía, se indicó que, mediante auto del 13 de mayo de 2014, la autoridad disciplinaria corrigió la clasificación de la sanción para precisar que la inhabilidad impuesta era general y no especial⁴⁶.

Análisis sustancial de la Sala para resolver el primer problema jurídico

La Sala no encuentra acreditados los defectos de valoración probatoria que el demandante atribuye a las decisiones disciplinarias cuestionadas.

⁴⁵Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 23 a 38.

^{46 46}Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 4 y 5.

En efecto, el actor sostiene que las autoridades disciplinarias desconocieron la presunción de inocencia, omitieron valorar pruebas favorables a la defensa y tuvieron por demostrada la ocurrencia de una conducta constitutiva del delito de violencia contra servidor público sin que existiera prueba suficiente para ello. Sin embargo, el examen integral del expediente permite concluir que la responsabilidad disciplinaria fue declarada a partir de una valoración conjunta y razonada de los elementos de convicción recaudados durante la actuación.

Obra en el expediente el informe rendido por el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, quien relató que el 31 de marzo de 2013 acudió al apoyo de un procedimiento policial en el barrio 13 de Junio de Bucaramanga, donde encontró al patrullero GLR en evidente estado de exaltación, enfrentando a los uniformados que atendían el requerimiento ciudadano. Según dicha versión, una vez se dispuso su conducción a las instalaciones policiales, el investigado lo agredió físicamente mediante golpes propinados con los pies, ocasionándole lesiones que posteriormente fueron valoradas por Medicina Legal.

Esa versión no permaneció aislada dentro del material probatorio. Por el contrario, fue corroborada por las declaraciones rendidas por varios de los uniformados que participaron en el procedimiento, quienes coincidieron en aspectos sustanciales relacionados con la resistencia presentada por el demandante, la necesidad de reducirlo y el golpe propinado al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres durante su conducción o ingreso al vehículo policial. A ello se suman el informe policial de captura, las anotaciones institucionales elaboradas inmediatamente después de los hechos y el dictamen médico legal practicado al mencionado oficial, mediante el cual se le reconocieron ocho días de incapacidad médico–legal sin secuelas permanentes. Tales elementos de convicción fueron apreciados de manera convergente por las autoridades disciplinarias para concluir que la agresión efectivamente ocurrió.

La Sala considera que dicha inferencia probatoria resulta razonable y compatible con las reglas de la sana crítica. Aunque algunas de las declaraciones presentan diferencias respecto de aspectos accesorios o secundarios del procedimiento, existe coincidencia en los elementos esenciales de la conducta investigada, particularmente en la intervención policial, la resistencia ofrecida por el disciplinado y la agresión física dirigida contra el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres. La valoración probatoria no exige una correspondencia absoluta entre todos los detalles suministrados por cada declarante, sino la existencia de concordancia suficiente sobre los hechos relevantes para la decisión.

Ahora bien, tampoco encuentra la Sala que las autoridades disciplinarias hubieran ignorado los elementos de descargo invocados por el demandante.

En efecto, dentro del expediente obran las declaraciones rendidas por Claudia Patricia Marín Cierra, Marina Rojas Salazar y Johany Ferney Marín, quienes señalaron, en términos generales, haber observado que varios policías ejercían fuerza física sobre GLR durante el procedimiento y negaron haber presenciado una agresión voluntaria de este contra el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres. Tales declaraciones fueron

expresamente incorporadas al análisis probatorio realizado por la autoridad disciplinaria y constituyen el principal soporte de la hipótesis defensiva según la cual el demandante habría sido víctima de agresiones policiales y cualquier contacto físico con el oficial lesionado habría sido accidental o involuntario.

Sin embargo, la Sala comparte la conclusión de las autoridades disciplinarias en cuanto a que dichas declaraciones no poseen la entidad suficiente para desvirtuar el conjunto de la prueba de cargo.

Lo anterior no obedece a una presunción de mayor credibilidad derivada de la condición de servidores públicos de los testigos de cargo, sino a criterios objetivos relacionados con la fuente de conocimiento de los hechos, la amplitud de la percepción y el grado de inmediación con el acontecimiento investigado. Mientras los uniformados que participaron en el procedimiento describieron de manera directa la totalidad de la secuencia fáctica, los declarantes aportados por la defensa observaron únicamente fragmentos parciales de lo sucedido cuando el procedimiento ya se encontraba avanzado y el demandante había sido reducido por los agentes de policía.

Particularmente ilustrativa resulta la declaración de Marina Rojas Salazar, quien manifestó que se encontraba durmiendo y que salió al exterior únicamente después de escuchar ruido en la calle, momento en el cual observó que GLR ya se encontraba esposado y que algunos policías lo golpeaban. La propia testigo reconoció desconocer quién había solicitado la intervención policial, las circunstancias previas que originaron el procedimiento y lo ocurrido antes de que ella saliera de su residencia. En esas condiciones, su relato únicamente permite establecer lo que alcanzó a percibir en ese momento específico, pero no desvirtúa los hechos anteriores que dieron origen a la captura ni la agresión atribuida al disciplinado.

La misma limitación se observa respecto de las restantes declaraciones de descargo, las cuales se refieren principalmente al trato dispensado al demandante durante o después de su reducción, sin aportar información directa y concluyente que permita descartar la ocurrencia del golpe atribuido al investigado o afirmar que este resultara físicamente imposible.

De igual manera, la hipótesis defensiva según la cual el demandante habría sido objeto de agresiones por parte de los uniformados carece de corroboración objetiva dentro del expediente disciplinario. Aunque el actor sostuvo que fue golpeado durante el procedimiento y que ello explicaría el contacto físico con el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, no obra prueba médico–legal contemporánea a los hechos del 31 de marzo de 2013 que permita acreditar lesiones compatibles con la agresión denunciada.

La Sala estima importante precisar que la ausencia de dicha verificación no fue utilizada por las autoridades disciplinarias como fundamento autónomo de responsabilidad. Lo que ocurrió fue que, al confrontar las versiones defensivas con el resto del material probatorio, se concluyó razonablemente que la tesis de una agresión policial previa no encontraba respaldo objetivo suficiente para desvirtuar las pruebas de cargo existentes.

Tampoco prospera el argumento según el cual la responsabilidad disciplinaria se edificó exclusivamente sobre la existencia de una lesión sufrida por el subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres. El auto de citación a audiencia y los fallos disciplinarios muestran que la imputación subjetiva se construyó a partir del conocimiento que el investigado tenía de sus deberes funcionales y de la voluntariedad atribuida a su comportamiento, aspectos que fueron inferidos de las circunstancias concretas en que se produjo la agresión y no únicamente del resultado lesivo ocasionado.

Así las cosas, la Sala concluye que las autoridades disciplinarias valoraron el acervo probatorio de manera conjunta, motivada y conforme a las reglas de la sana crítica; examinaron tanto los elementos de cargo como los de descargo; explicaron las razones por las cuales otorgaron mayor fuerza demostrativa a determinados medios de prueba; y edificaron la declaración de responsabilidad sobre un conjunto probatorio suficiente y concordante. En consecuencia, no se configura la alegada vulneración de la presunción de inocencia ni el defecto de valoración probatoria invocado por el demandante, razón por la cual el primer problema jurídico se resolverá de manera desfavorable a sus pretensiones.

Estudio y resolución del segundo problema jurídico

El marco jurídico de la culpabilidad en materia disciplinaria

El factor culpabilidad está expresamente regulado en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, el cual dispone que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa, lo que significa en términos de la jurisprudencia constitucional que «[e]l titular de la acción disciplinaria no solamente debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de la conducta, pues ésta debe afectar o poner en peligro los fines y las funciones del Estado, sino también le corresponde probar la culpabilidad del sujeto pasivo manifestando razonadamente la modalidad de la culpa», principio legal que deriva del mandato establecido en el artículo 29 superior en virtud del cual «[t]oda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable». (C-155 de 2002).

Sin embargo, el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 –antes referenciado–, no trae una descripción conceptual de la culpabilidad, es decir, no define qué debe entenderse por tal, sino que señala una regla de prohibición –no puede haber responsabilidad objetiva– y los grados o niveles que la componen, esto es el dolo y la culpa.

Por lo tanto, el contenido de los grados de culpabilidad sancionables en materia disciplinaria –dolo y culpa–, puede establecerse, para el dolo según el artículo 22 de la Ley 599 de 2000, Código Penal –por remisión expresa del artículo 21 de la Ley 734 de 2002– y para la culpa de conformidad con el artículo 44, parágrafo, ibídem, en el cual se definen los conceptos de culpa gravísima: ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, y culpa grave: inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, tal y como se describe en el siguiente cuadro:

Tabla 1. La culpabilidad en materia disciplinaria

Culpabilidad en materia disciplinaria
Forma de culpabilidad		Descripción	Sustento jurídico
1	Dolo	Conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción y querer su realización -conocimiento y voluntad-.	Artículo 22 de la Ley 599 de 2000 -Código Penal-.
2	Culpa gravísima	Ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento	Ley 734 de 2002, articulo 44, parágrafo.
3	Culpa grave	Inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones	Ley 734 de 2002, artículo 44, parágrafo.

Fuente: tomado de Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2024, expediente 08001-23-33-000-2017-00828-02 (0218-2023).

En ese orden, es en el análisis de la culpabilidad en el que se valora el aspecto subjetivo de la conducta, por lo tanto, en virtud de lo expuesto anteriormente y del contenido del artículo 13 de la Ley 734 de 2000, es este factor el que determina si en un caso concreto se aplicó o no responsabilidad objetiva y para el cual en nada influye o tiene importancia a efectos de responsabilidad la causación o no de un daño.

Por esto, cuando en una decisión de la autoridad disciplinaria no existe referencia alguna a la valoración subjetiva de la conducta del sujeto disciplinable, en otras palabras, si se estructura la responsabilidad sin un estudio por lo menos formal de la culpabilidad se configura una aplicación de responsabilidad objetiva prohibida por el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 y, en ese mismo orden, si a pesar del estudio formal de la culpabilidad de las pruebas del expediente se desprende que la conducta no fue cometida dentro de los grados de culpa descritos por la ley estamos ante la ausencia de culpabilidad en los términos del artículo 44, parágrafo, ibídem.

Por último, los comportamientos de la culpa gravísima se presentan, la primera de ellas, es decir, la ignorancia supina, cuando quien debiendo conocer ignora y no hace nada para salir de dicha ignorancia, implica que quien incurre en culpa gravísima por ignorancia supina debe demostrar que su ignorancia proviene no de la falta de actualización en su conocimiento, sino realmente en la imposibilidad de salir de esta. La desatención elemental es la violación al deber objetivo de cuidado por la negligencia absoluta respecto a los deberes, es decir, cuando el servidor no hace lo que cualquier otra persona con su mismo conocimiento y posición hiciese frente a esa misma situación. Es un supuesto bajo el cual por total negligencia se deja conocer y con ello se ignoran los supuestos que debían regir su comportamiento y se incurre en el quebrantamiento que constituye falta. Finalmente, la violación a las reglas de obligatorio cumplimiento se hace presente cuando el servidor tiene un deber que se encuentra regulado por una norma imperativa, que puede ser de orden legal, reglamentario e inclusive deontológico, y cuyo cumplimiento obvió⁴⁷.

⁴⁷ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2024, expediente 08001-23-33-000-2017-00828-02 (0218-2023).

La valoración probatoria en la Ley 734 de 2002

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha expresado, en lo que refiere a la finalidad de la prueba, que «las pruebas judiciales son los medios señalados por el legislador para crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los hechos que son materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique el ordenamiento positivo a los casos concretos»⁴⁸. De manera que el recaudo de la prueba tiene por objetivo llevar al juez a un estado de certeza para poder proferir un fallo sustentado en la realidad planteada por las pruebas aportadas, siempre y cuando, estas sean debidamente valoradas conforme con las reglas y criterios que el propio ordenamiento jurídico establece –de conformidad con las reglas de la sana crítica–.

Sobre la valoración de las pruebas, la Ley 734 de 2002 preceptuó, en su artículo 141, que estas «[…] deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que ésta se fundamenta».

Los medios probatorios que se recauden durante la actuación administrativa mostrarán en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como legalmente corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de este procedimiento

«[…] es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen», tal como lo dispuso el artículo 20 de la mencionada Ley 734, y al mismo tiempo tener en cuenta que la sanción disciplinaria «tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función pública», como lo instituye el artículo 16 ibídem.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional⁴⁹ el sistema de la sana crítica o persuasión racional obliga al juzgador a establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Estas reglas son las que debe tener en cuenta la autoridad disciplinaria y contribuyen para que las conclusiones a las cuales arribe sobre el valor o contenido de la prueba sean legalmente válidas, pues impiden que aquel razone a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente, de manera contra evidente o dé un alcance y extensión a la prueba que no se desprenda de ella.

La Ley 734 de 2002 señala un nivel de certeza especial para que la autoridad disciplinaria pueda establecer responsabilidad y proferir fallo sancionatorio, el cual puede observarse claramente de la lectura coordinada y conjunta de las siguientes normas.

El artículo 9 ídem establece que a quien se le atribuya la comisión de una falta disciplinaria (tipicidad) se le debe presumir inocente hasta que esta presunción sea desvirtuada mediante la declaratoria de responsabilidad y la cual solo se puede declarar

⁴⁸ Sección Segunda, Subsección A, expediente 70001-23-33-000-2013-00277-01(1498-15), sentencia de 25 de enero de 2018.

⁴⁹ Sentencia C-202 de 2005.

cuando se haya eliminado «toda duda razonable», desde luego, sobre los elementos que determinan la responsabilidad (tipicidad, antijuridicidad o ilicitud material y culpabilidad). La norma en comento señala lo siguiente:

«Artículo 9. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla».

En los artículos 162 y 142 de la Ley 734 de 2002, el legislador estableció el grado de convencimiento que el material probatorio, aportado a través de los medios de prueba válidos, debe dar a la autoridad disciplinaria para proferir dos de las providencias más importantes del proceso disciplinario, esto es el pliego de cargos y el fallo. Las normas en comento establecen lo siguiente:

«Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno».

«Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado».

De acuerdo con las disposiciones anteriores, para que la autoridad disciplinaria pueda proferir el fallo y atribuir responsabilidad, debe acreditarse un nivel de certeza, para que así se proteja el principio de presunción de inocencia.

Es así que el proceso administrativo disciplinario se sintetiza en dos finalidades, la primera como instrumento de tutela de los derechos y garantías de los asociados y la segunda constituye un sendero para que la administración pueda tomar una decisión acorde con el ordenamiento jurídico, teniendo como criterio los elementos de juicio necesarios para ello, que se circunscriben como principios y reglas, y al acervo probatorio.

Análisis sustancial de la Sala para resolver el segundo problema jurídico

En el expediente obra la historia clínica de GLR, expedida por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, impresa el 24 de julio de 2014, en la cual se registran distintos eventos médicos entre julio de 2012 y junio de 2014. A continuación, se resume de manera amplia y detallada cada uno de los eventos que aparecen en dicha historia clínica, así como aquellos registros médicos que permiten contextualizar el seguimiento clínico del demandante.

En el evento 46, correspondiente al 7 de julio de 2012, se registró atención por medicina general. En la enfermedad actual se indicó que el paciente había presentado un cuadro de pesadillas en las que lo atacaban, problemas para dormir y deseos de agredir a compañeros; además, se consignó que había sido visto por psicología y remitido a psiquiatría desde el día anterior. Como diagnóstico se registró «trastorno de

estrés postraumático» en impresión, y se expidió incapacidad laboral por 3 días, desde el 7 de julio hasta el 9 de julio de 2012, para valoración por psiquiatría.

En el evento 47, del 9 de julio de 2012, se registró atención por urgencias, con motivo de consulta «me siento mal». En la enfermedad actual se consignó que el paciente manifestaba un cuadro de aproximadamente una semana de evolución, caracterizado por alucinaciones de que le estaban disparando, que él mataba a la gente, que no estaba durmiendo ni comiendo bien y que les mostraba el fusil a sus compañeros y los amenazaba. En los antecedentes se anotó estrés postraumático, y se registró impresión diagnóstica de «otras reacciones al estrés grave».

El mismo 9 de julio de 2012, dentro del registro de salud mental asociado al evento 47, el médico Jaider Alfonso Barros Bermúdez dejó constancia de que GLR venía remitido por medicina general y psicología. En la enfermedad actual se consignó que refería pesadillas desde hacía un año, en las que se veía en combate, episodios en los que sentía el impulso de «montar» el fusil y defenderse, alteración del sueño, pérdida de peso y temor de regresar a su trabajo en el grupo EMCAR. También se indicó que había estado en combate, presenciado la muerte de compañeros y sentido temor durante los enfrentamientos. Se registró que el paciente presentaba síntomas de estrés postraumático, asignado al grupo EMCAR, y se expidió incapacidad laboral por 30 días, desde el 9 de julio hasta el 7 de agosto de 2012.

En el evento 48, del 3 de agosto de 2012, se registró control por salud mental. En la enfermedad actual se indicó que el paciente había asistido a medicina ocupacional, que persistían pesadillas y despertares sobresaltados, y que durante la consulta se encontraba eutímico, con pesadillas y recuerdos vividos. Se consignó diagnóstico confirmado repetido de «trastorno de estrés postraumático», se continuó su medicación con fluoxetina, se inició zolpidem y se mantuvo incapacidad total hasta lograr reubicación. En ese evento se expidió incapacidad laboral por 30 días, desde el 3 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2012.

En el evento 49, del 28 de septiembre de 2012, se registró control ambulatorio por salud mental. En la enfermedad actual se anotó que el paciente refería sentirse «más o menos», con persistencia de ansiedad anticipatoria y pesadillas; además, se indicó que se encontraba ansioso durante la consulta. Se mantuvo el diagnóstico confirmado repetido de «trastorno de estrés postraumático», se indicó que estaba en espera de reubicación, se mantuvo incapacidad por tratarse de un integrante del grupo EMCAR que estaría reexpuesto y se aumentó la fluoxetina, con continuidad de zolpidem. La incapacidad fue por 30 días, desde el 28 de septiembre hasta el 27 de octubre de 2012.

En el evento 50, del 29 de octubre de 2012, se registró control por salud mental. El paciente refirió sentirse más tranquilo y haber presentado sonambulismo; durante la consulta se describió como tranquilo. Se mantuvo el diagnóstico confirmado repetido de

«trastorno de estrés postraumático», se continuó fluoxetina y zolpidem, y se expidió incapacidad laboral por 30 días, desde el 29 de octubre hasta el 27 de noviembre de 2012. En las observaciones se dejó constancia de que se trataba de paciente con estrés postraumático y que no se recomendaba continuar en el EMCAR.

En el evento 51, del 27 de noviembre de 2012, se registró control por salud mental. En la enfermedad actual se anotó que el paciente refería sentirse «más o menos», con persistencia de sueños de guerra y ansiedad leve ocasional, y que seguía en espera de la junta de salud ocupacional. Durante la consulta se describió como tranquilo. Se mantuvo el diagnóstico confirmado repetido de «trastorno de estrés postraumático», se continuó fluoxetina y zolpidem, y se concedió incapacidad laboral por 30 días, desde el 27 de noviembre hasta el 26 de diciembre de 2012, con observación de síntomas activos.

En el evento 52, del 21 de diciembre de 2012, la historia clínica registra que el paciente no asistió. Como diagnóstico se consignó «procedimiento no realizado por decisión del paciente u otras razones».

En el evento 53, del 9 de enero de 2013, se registró control por salud mental. En la enfermedad actual se indicó que el paciente comentaba que estaba sancionado por 6 meses y que persistían los síntomas. También se anotó que se encontraba preocupado por la afectación económica de la sanción. Se mantuvo el diagnóstico confirmado repetido de «trastorno de estrés postraumático» y se continuó tratamiento con fluoxetina y trazodone.

En el evento 54, del 12 de febrero de 2013, se registró control por salud mental. En la enfermedad actual se consignó persistencia de pesadillas e hipervigilancia, y se indicó que el paciente presentaba síntomas leves a moderados. Se mantuvo el diagnóstico confirmado repetido de «trastorno de estrés postraumático», se suspendió fluoxetina y se inició tratamiento farmacológico con trazodone y sertralina.

En el evento 55, del 22 de marzo de 2013, se registró nuevo control por salud mental. En la enfermedad actual se consignó que el paciente refería sentirse bien, que se encontraba sancionado hasta agosto y que su esposa lo había abandonado. Se describió al paciente como asintomático, se mantuvo el diagnóstico confirmado repetido de «trastorno de estrés postraumático» y se inició tratamiento con sertralina y trazodone⁵⁰.

En el evento 56, del 5 de abril de 2013, se registró atención por urgencias. El motivo de consulta fue «tengo ganas de matar gente». En la enfermedad actual se consignó que el paciente tenía antecedentes de psicosis y alucinaciones auditivas, que hacía 6 días se había exacerbado el cuadro por discusión con otros agentes y que presentaba escoriaciones en miembros superiores y edema cervical. También se registraron antecedentes de insomnio y trastorno postraumático, y se anotó como diagnóstico «insomnio no orgánico» confirmado nuevo.

En el mismo evento 56, también del 5 de abril de 2013, se registró valoración por salud mental. Se consignó que el paciente refería ansiedad intensa y recuerdos intrusivos de una situación en la que habría sido golpeado por uniformados al ser acusado de secuestro de su hija, por parte de la esposa. Se describió que estaba ansioso y que no

⁵⁰ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 53

dormía. Se registraron como diagnósticos «insomnio no orgánico» en impresión y

«trastorno de estrés postraumático» confirmado repetido; además, se inició o continuó tratamiento con sertralina, trazodone y lorazepam, y se indicó cita en una semana por consulta externa.

En el evento 57, del 19 de abril de 2013, se registró atención ambulatoria por odontología general.

En el evento 58, del 26 de abril de 2013, se registró control por salud mental con el médico Jaider Alfonso Barros Bermúdez. En la enfermedad actual se indicó que el paciente refería que le habían pasado informe por haber empujado al superior y que no aparecían los golpes que sufrió. Se describió afecto depresivo y se mantuvo el diagnóstico confirmado repetido de «trastorno de estrés postraumático». Se continuó tratamiento con sertralina, trazodone y lorazepam, con cita en un mes.

En el evento 59, del 29 de mayo de 2013, se registró atención por urgencias de medicina general por problemas urinarios.

En el evento 60, del 10 de junio de 2013, se registró atención por urgencias de medicina general, con motivo de consulta «fiebre y dolor de cabeza». En la enfermedad actual se consignó cuadro clínico de 3 días de evolución, consistente en episodios febriles asociados a malestar general, osteomialgias y cefalea. Se registró diagnóstico de «fiebre no especificada», se solicitaron exámenes de laboratorio y se indicó manejo con medicamentos. En revaloración de la misma fecha se consignó que los paraclínicos eran normales, que el paciente refería mejoría clínica y se ordenó salida con fórmula y recomendaciones.

En el evento 61, del 14 de junio de 2013, se registró control por salud mental. En la enfermedad actual se consignó que el paciente refería marcadas dificultades para conseguir la cita y que se había quedado sin tratamiento. Se describió como tranquilo, se registró diagnóstico de «episodio depresivo leve» confirmado repetido y se continuó tratamiento con sertralina, trazodone y lorazepam.

En el evento 62, del 15 de junio de 2013, se registró atención por trabajo social. En la enfermedad actual se dejó constancia de que el paciente era patrullero, laboraba en el grupo EMCAR de la Policía Nacional, tenía familia en Bucaramanga, tenía una hija de 3 años, estaba separado y quería iniciar proceso para quedarse con la custodia de la menor. También se consignó que la hermana de su exmujer había puesto denuncia en bienestar familiar por descuido de la madre con la niña, que el paciente quería pedir traslado para estar pendiente de su hija, y que se le orientó sobre el proceso a seguir en bienestar familiar y la necesidad de estabilizarse a nivel laboral para pedir la custodia. Se registró diagnóstico de «otras consultas especificadas».

En el evento 63, del 22 de julio de 2013, se registró que el paciente no asistió. Como diagnóstico se consignó «procedimiento no realizado por decisión del paciente u otras razones».

En el evento 64, del 13 de octubre de 2013, se registró atención por urgencias para abrir historia y ampliar incapacidad, con cita programada para el 16 de octubre con psiquiatría. Como diagnóstico se registró «trastorno de ansiedad no especificado» en impresión, y se concedió incapacidad laboral por 4 días, desde el 13 de octubre hasta el 16 de octubre de 2013. En las observaciones se anotó «5 meses incapacitado».

En el registro siguiente, con fecha 17 de octubre de 2013, se dejó constancia de atención ambulatoria por salud mental con el médico Jaider Alfonso Barros Bermúdez. En el texto visible de la historia clínica se observa que corresponde a un control posterior al evento de urgencias del 13 de octubre de 2013; sin embargo, en la copia disponible el contenido aparece parcialmente ilegible, por lo que no se precisa un diagnóstico o incapacidad distintos a los que constan expresamente en los registros posteriores.

En el evento 67, del 14 de noviembre de 2013, se registró control por salud mental. En la enfermedad actual se consignó que el paciente refería que el proceso de desvinculación estaba en curso. Durante la consulta se describió tranquilo, con irritabilidad. Se registró diagnóstico confirmado repetido de «trastorno de ansiedad no especificado», se continuó tratamiento con sertralina, trazodone y lorazepam, y se concedió incapacidad laboral por 30 días, desde el 14 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2013. En las observaciones se dejó constancia de «síntomas activos».

En el evento 68, del 3 de diciembre de 2013, se registró control por salud mental. En la enfermedad actual se consignó que el paciente refería que la pólvora de Navidad lo despertaba y lo tenía asustado. En la copia disponible se observa continuidad del tratamiento por salud mental, aunque el texto se encuentra parcialmente fragmentado.

En el evento 69, con registro visible de enero de 2014, se consignó atención por fisiatría por severos dolores musculares.

En el evento 70, del 11 de enero de 2014, se registró control por salud mental. En la enfermedad actual se consignó que el paciente refería que hacía 15 días había tenido problemas familiares, que estaba durmiendo en la calle y que no se había resuelto el proceso de desvinculación del EMCAR. Se describió ansiedad leve, se registró diagnóstico confirmado repetido de «trastorno de estrés postraumático», se continuó tratamiento con sertralina, trazodone y lorazepam, y se concedió incapacidad laboral por 30 días, desde el 11 de enero hasta el 9 de febrero de 2014.

En el registro posterior, correspondiente al periodo de marzo de 2014, se observa continuidad del seguimiento por salud mental. En la historia clínica se consigna diagnóstico de «trastorno de estrés postraumático», tratamiento con sertralina, trazodone y lorazepam, y se expidió incapacidad laboral por 30 días, desde el 11 de marzo hasta el 9 de abril de 2014.

En el evento 73, del 10 de abril de 2014, se registró control por salud mental con el médico Jaider Alfonso Barros Bermúdez. En la enfermedad actual se consignó persistencia de pesadillas y ansiedad durante el día; durante la consulta se describió ligera ansiedad. Se registró diagnóstico de «trastorno de estrés postraumático», se continuó tratamiento con sertralina, trazodone y lorazepam, y se mantuvo incapacidad

hasta terminar la desvinculación del EMCAR. Se expidió incapacidad laboral por 30 días, desde el 10 de abril hasta el 9 de mayo de 2014.

En el evento 74, del 9 de mayo de 2014, se registró control por salud mental. En la enfermedad actual se consignó que el paciente refería sentirse tranquilo y que todavía no lo llamaban para la junta. Se mantuvo el diagnóstico de «trastorno de estrés postraumático», se continuó tratamiento con sertralina, trazodone y lorazepam, y se mantuvo incapacidad hasta terminar la desvinculación del EMCAR. Se concedió incapacidad laboral por 30 días, desde el 9 de mayo hasta el 7 de junio de 2014.

En el evento 75, de junio de 2014, se registró atención por urgencias de medicina general. En la enfermedad actual se consignó que el paciente tenía antecedente de estrés postraumático y que desde hacía 3 meses presentaba dolor tipo picada en cuello y hemicráneo posterior, así como adormecimiento de las manos. En el examen físico se describió buen estado general, hidratado, Glasgow 15/15, sin signos de dificultad respiratoria y alerta. Como diagnóstico se registró «mononeuritis múltiple», y se ordenó manejo con medicamentos, entre ellos diclofenaco, prednisolona, betametasona y vitaminas del complejo B.

En el evento 76, del 8 de junio de 2014, se registró control por salud mental con el médico Jaider Alfonso Barros Bermúdez. En la enfermedad actual se consignó que el paciente refería un poco de ansiedad y pesadillas; durante la consulta se describió tranquilo, eutímico y coherente. Se mantuvo el diagnóstico de «trastorno de estrés postraumático», se continuó tratamiento con sertralina, trazodone y lorazepam, y se mantuvo incapacidad hasta terminar la desvinculación del EMCAR. En este evento se concedió incapacidad laboral por 30 días, desde el 8 de junio hasta el 7 de julio de 2014.

Del extenso material clínico previamente reseñado, la Sala extrae varias conclusiones probatorias que no ofrecen discusión.

En primer lugar, se encuentra plenamente acreditado que el demandante presentó, desde por lo menos julio de 2012, una afectación de salud mental que motivó múltiples atenciones por medicina general, urgencias, psicología, psiquiatría y trabajo social.

En segundo lugar, está igualmente demostrado que los profesionales tratantes diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y ordenaron tratamiento especializado, manejo farmacológico e incapacidades médicas sucesivas como consecuencia de dicha condición.

En tercer lugar, la prueba documental permite concluir que la Policía Nacional, a través de su Dirección de Sanidad, tuvo pleno conocimiento de la situación clínica del actor, de la evolución de su cuadro psiquiátrico y de las limitaciones funcionales asociadas a este.

Finalmente, también se encuentra acreditado que durante distintos momentos de la evolución clínica se registraron síntomas relevantes, entre ellos alteraciones del sueño, pesadillas recurrentes asociadas a experiencias de combate, ansiedad, hipervigilancia,

recuerdos intrusivos, temor a regresar al EMCAR y episodios de alteración emocional que justificaron la continuidad del tratamiento especializado.

Sin embargo, la comprobación de tales circunstancias no resuelve por sí misma el problema jurídico planteado por el demandante.

En efecto, la cuestión que corresponde dilucidar no consiste en determinar si el actor padecía trastorno de estrés postraumático o si se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, pues tales circunstancias se encuentran suficientemente acreditadas dentro del expediente. Lo verdaderamente relevante consiste en establecer si dicha condición tenía entidad suficiente para afectar sus facultades cognoscitivas o volitivas para la fecha de los hechos investigados, de tal manera que resultara improcedente atribuirle responsabilidad disciplinaria a título de dolo.

La Sala considera necesario distinguir entre dos circunstancias que el recurrente parece presentar como equivalentes, aunque jurídicamente no lo son.

Una cosa es la existencia de una enfermedad o trastorno psiquiátrico debidamente diagnosticado y tratado por los servicios médicos institucionales; otra, muy distinta, es la demostración de que esa condición anulaba o disminuía de manera jurídicamente relevante la capacidad del sujeto para comprender la ilicitud de su comportamiento o para autodeterminarse conforme a esa comprensión.

Desde la perspectiva del derecho disciplinario, la sola acreditación de una enfermedad mental no excluye automáticamente la culpabilidad ni impide formular un reproche a título de dolo. Para que ello ocurra resulta necesario acreditar que la alteración mental tenía incidencia concreta sobre la capacidad de comprensión o de autodeterminación del disciplinado para el momento de ocurrencia de los hechos.

Pues bien, la Sala no encuentra dentro del expediente prueba técnica que permita arribar a esa conclusión.

En efecto, aunque la historia clínica documenta la existencia de trastorno de estrés postraumático, incapacidades médicas, tratamiento farmacológico y seguimiento psiquiátrico prolongado, no obra dictamen psiquiátrico forense, valoración médico–legal especializada ni concepto técnico que concluya que para el 31 de marzo de 2013 el demandante carecía de capacidad para comprender la ilicitud de su comportamiento o para dirigir voluntariamente su conducta.

Resulta particularmente relevante advertir que incluso los registros clínicos más severos –aquellos en los que se consignan alucinaciones relacionadas con escenarios de combate, percepción de disparos, impulsos defensivos o temor intenso de regresar al EMCAR– fueron utilizados por los profesionales tratantes para sustentar el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático y la necesidad de tratamiento especializado, pero no para afirmar una pérdida del juicio de realidad, una alteración de conciencia o una incapacidad para comprender las consecuencias de los propios actos.

Por el contrario, varios de los controles médicos incorporados al expediente muestran que, aun manteniéndose el diagnóstico psiquiátrico, el paciente era descrito como orientado, coherente, tranquilo, eutímico y con adecuada interacción con su entorno, circunstancias que resultan incompatibles con una pérdida permanente o generalizada de sus facultades cognoscitivas y volitivas.

A ello se suma que la conducta acreditada dentro del proceso disciplinario tampoco revela una desconexión con la realidad o una imposibilidad de autodeterminación.

La historia clínica tampoco demuestra que, para la fecha de los hechos disciplinarios –31 de marzo de 2013–, GLR estuviera en una condición que excluyera su responsabilidad disciplinaria o que hiciera jurídicamente imposible atribuirle la conducta. El expediente médico evidencia síntomas, tratamiento e incapacidades en distintos momentos, incluida una atención cercana, la del 22 de marzo de 2013; sin embargo, no obra un concepto médico contemporáneo que establezca que el demandante, al momento de los hechos, no podía comprender su conducta, determinarse conforme a esa comprensión o intervenir válidamente en la actuación disciplinaria.

Resulta especialmente relevante que en el control de salud mental realizado el 22 de marzo de 2013, esto es, apenas nueve días antes de los hechos ocurridos el 31 de marzo siguiente, se dejó constancia de que el demandante refería sentirse bien y que continuaba en tratamiento farmacológico. La historia clínica no registra para esa fecha alteraciones del juicio, episodios psicóticos activos, alucinaciones, desorientación, compromiso cognitivo, pérdida del contacto con la realidad ni incapacidad médica vigente asociada a una afectación mental que limitara su comprensión o autodeterminación. Por el contrario, la valoración refleja un paciente clínicamente compensado dentro de su proceso terapéutico, circunstancia que adquiere especial relevancia por su proximidad temporal con los hechos investigados. Así, aunque el expediente demuestra la existencia de antecedentes psiquiátricos y un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, también evidencia que para la fecha inmediatamente anterior al procedimiento policial el actor conservaba sus facultades cognitivas y volitivas, de manera que no existe soporte probatorio suficiente para concluir que el 31 de marzo de 2013 actuara bajo una alteración mental de tal entidad que comprometiera su capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento o de determinarse conforme a esa comprensión⁵¹.

La anotación del 5 de abril de 2013 es relevante porque evidencia una exacerbación del cuadro psiquiátrico pocos días después de los hechos; no obstante, su contenido no permite concluir, sin un soporte médico adicional, que el episodio disciplinario haya sido consecuencia directa e inevitable del trastorno de estrés postraumático, ni que la autoridad disciplinaria estuviera obligada a abstenerse de adelantar el juicio de responsabilidad. Atribuirle ese alcance a la historia clínica supondría extraer de ella una conclusión médica y jurídica que el documento no contiene.

⁵¹ Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 68001-23-33-000-2014-00997-02, archivo zip

«ED_ONEDRIVE_20220829(.ZIP) NROACTUA 2», archivo pdf «02. CDNO PAL FLS 1 AL 132A.PDF»., folios 53

Como quedó expuesto al resolver el primer problema jurídico, el demandante interactuó con los uniformados que atendían el procedimiento policial, respondió a requerimientos concretos, reaccionó frente a actuaciones específicas desplegadas por los agentes intervinientes y desarrolló conductas dirigidas a oponerse al procedimiento que se adelantaba en su contra.

Tales circunstancias permiten inferir razonablemente que comprendía la situación que se desarrollaba a su alrededor y actuaba en función de ella, lo que resulta incompatible con la hipótesis según la cual se encontraba privado de la capacidad de comprender el alcance de sus actos o de dirigir voluntariamente su comportamiento.

La Sala tampoco desconoce que algunos registros clínicos posteriores recogen la versión suministrada por el propio demandante acerca de una presunta agresión policial ocurrida el día de los hechos. Sin embargo, tales expresiones constituyen esencialmente información anamnéstica suministrada por el paciente durante la consulta médica y no equivalen a una validación técnica o científica de la hipótesis defensiva planteada dentro del proceso disciplinario.

En consecuencia, aunque la historia clínica acredita una afectación psiquiátrica real, persistente y clínicamente significativa, no existe prueba técnica que permita concluir que dicha condición anuló o disminuyó de manera jurídicamente relevante las facultades de comprensión y autodeterminación del demandante para la fecha de los hechos investigados.

Por ello, la Sala concluye que las autoridades disciplinarias valoraron adecuadamente las circunstancias emocionales, psiquiátricas y clínicas acreditadas en el expediente y que tales antecedentes, aun siendo relevantes desde la perspectiva médica, no tienen entidad suficiente para desvirtuar el juicio de culpabilidad efectuado dentro de la actuación disciplinaria ni para excluir la imputación subjetiva realizada a título de dolo.

Estudio y resolución del tercer problema jurídico

La estabilidad laboral reforzada constituye una garantía de protección constitucional y legal para las personas que, por una afectación relevante en su estado de salud, se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta frente a la terminación de su vínculo laboral o legal y reglamentario. Su finalidad consiste en evitar que la condición médica, la discapacidad o la limitación funcional se conviertan en la causa real de la desvinculación, o que sean utilizadas por la administración como motivo directo o encubierto para retirar del servicio a quien requiere especial protección.

En esa materia, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 establece: «[e]n ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo».

De la norma transcrita se desprende que la protección no se activa por la sola existencia de una enfermedad, diagnóstico médico o incapacidad laboral, sino cuando la condición de salud constituye la causa de la terminación del vínculo o cuando existen elementos que permitan inferir que la desvinculación tuvo un propósito discriminatorio o desconoció la situación de debilidad manifiesta del trabajador o servidor público.

Por ello, la estabilidad laboral reforzada exige verificar, en cada caso concreto, al menos tres aspectos: (i) la existencia de una afectación relevante de salud o una situación de debilidad manifiesta; (ii) el conocimiento de esa circunstancia por parte del empleador o de la administración; y (iii) la relación entre la condición médica y la decisión de retiro. Este último elemento es esencial, porque la garantía protege frente a desvinculaciones originadas en la enfermedad o limitación, pero no convierte la condición de salud en una inmunidad absoluta frente a causales legales autónomas de retiro.

En el ámbito disciplinario, esta garantía debe armonizarse con la potestad sancionatoria del Estado. La administración conserva la competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos que incurran en faltas previstas por el ordenamiento jurídico, siempre que respete el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la legalidad, la culpabilidad y las demás garantías propias del procedimiento disciplinario.

En consecuencia, la existencia de una condición médica o de una incapacidad vigente no impide, por sí sola, adelantar una actuación disciplinaria ni ejecutar una sanción legalmente impuesta. Lo que proscribe el ordenamiento es que la actuación disciplinaria se utilice como mecanismo aparente para retirar del servicio a una persona por razón de su enfermedad, discapacidad o limitación, o que se ignore una situación médica que tenga incidencia directa y comprobada en la responsabilidad disciplinaria o en la validez de la actuación.

La destitución disciplinaria tiene una naturaleza distinta a la terminación ordinaria del vínculo por decisión unilateral del empleador o de la administración. En el régimen disciplinario especial de la Policía Nacional, la Ley 1015 de 2006 prevé la destitución como consecuencia jurídica de determinadas faltas. El artículo 38 de esa ley establece:

«La destitución consiste en la terminación de la relación del servidor público con la Institución Policial; la Inhabilidad General implica la imposibilidad para ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera».

A su vez, el artículo 39.1 de la Ley 1015 de 2006 dispone: «[p]ara las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima Destitución e Inhabilidad General por un término entre diez (10) y veinte (20) años».

De acuerdo con estas disposiciones, cuando el retiro del servicio se produce como consecuencia de una sanción disciplinaria de destitución, la causa jurídica inmediata de la terminación del vínculo no es la condición de salud del servidor, sino la declaratoria de responsabilidad disciplinaria y la imposición de la sanción prevista en la ley. Por esa

razón, la estabilidad laboral reforzada no puede entenderse como una barrera automática que impida ejecutar una sanción disciplinaria en firme.

No obstante, lo anterior no significa que la historia clínica o las incapacidades médicas sean irrelevantes en todos los casos disciplinarios. Por el contrario, tales elementos pueden tener incidencia cuando demuestran que la condición de salud fue la verdadera causa del retiro, cuando acreditan que la administración actuó con finalidad discriminatoria, o cuando muestran una afectación médica con incidencia directa en la capacidad del disciplinado para comprender la ilicitud de su conducta, determinarse conforme a esa comprensión o ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

En ese sentido, el análisis judicial debe diferenciar entre dos situaciones. La primera ocurre cuando la administración desvincula al servidor por razón de su enfermedad o limitación, evento en el cual opera la protección reforzada y debe verificarse el cumplimiento de las garantías correspondientes. La segunda se presenta cuando el retiro deriva de una sanción disciplinaria impuesta por una falta legalmente demostrada, caso en el cual la condición médica solo tendrá efecto invalidante si se acredita que fue la causa real de la desvinculación, que la actuación disciplinaria encubrió una decisión discriminatoria o que la situación médica tenía incidencia jurídica directa sobre la responsabilidad o sobre la validez del procedimiento.

Por tanto, en los casos en que se discute la estabilidad laboral reforzada frente a la ejecución de una sanción disciplinaria, no basta con acreditar la existencia de una enfermedad, tratamiento médico o incapacidad. Es necesario establecer, con fundamento en las pruebas del expediente, si la desvinculación se produjo por razón de esa condición médica o si, por el contrario, obedeció a la ejecución de una sanción disciplinaria autónoma, impuesta dentro de un procedimiento válido y por una falta prevista en la ley.

Bajo ese entendimiento, la estabilidad laboral reforzada no desaparece en el ámbito disciplinario, pero su alcance debe examinarse conforme a la causa real del retiro y al contenido objetivo de las pruebas.

Si el retiro tiene origen en una sanción disciplinaria legalmente impuesta, la protección por salud no invalida automáticamente la destitución; solo lo hará cuando el expediente demuestre que la enfermedad fue la causa de la desvinculación, que la potestad disciplinaria fue ejercida con desviación de poder o que la condición médica tenía un efecto jurídico directo que fue omitido por la autoridad disciplinaria.

Lo que corresponde resolver es si esas circunstancias hacían nulos los fallos disciplinarios y el acto de ejecución, por desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada.

En este caso, la historia clínica permite afirmar que el demandante padecía una afectación de salud mental y que se encontraba incapacitado cuando se ejecutó la sanción. Pero esa prueba no acredita, por sí sola, que la causa del retiro hubiera sido su diagnóstico, su tratamiento psiquiátrico o su incapacidad médica.

La causa formal y material del retiro fue distinta: la Resolución 02225 del 6 de junio de 2014 ejecutó una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 15 años, impuesta mediante fallo de primera instancia del 22 de noviembre de 2013 y confirmada mediante fallo de segunda instancia del 27 de febrero de 2014.

La diferencia es determinante. La estabilidad laboral reforzada impide que la condición de salud sea utilizada como motivo de despido o desvinculación, o que se encubra bajo otra forma jurídica una decisión discriminatoria. Pero no convierte la incapacidad médica en una inmunidad frente al ejercicio de la potestad disciplinaria, ni impide ejecutar una sanción de destitución cuando esta proviene de un procedimiento disciplinario autónomo, con imputación, pruebas, decisión de primera instancia y decisión de segunda instancia.

Bajo ese marco, si la destitución es la consecuencia jurídica de una falta gravísima dolosa, su ejecución no puede equipararse automáticamente a un despido ordinario por razón de salud. El retiro no obedeció a una decisión discrecional de la administración ni a una terminación del vínculo fundada en el diagnóstico psiquiátrico, sino al cumplimiento de una sanción disciplinaria que, en el análisis del primer problema jurídico, se encontró ajustada al principio de legalidad, al debido proceso y a la valoración probatoria.

La Sala da por demostrado que el actor presentaba antecedentes psiquiátricos, diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, incapacidades médicas y tratamiento especializado, circunstancias examinadas previamente al resolver el segundo problema jurídico.

La historia clínica no demuestra que, para la fecha de los hechos disciplinarios –

31 de marzo de 2013–, GLR estuviera en una condición que excluyera su responsabilidad disciplinaria o que hiciera jurídicamente imposible atribuirle la conducta. El expediente médico evidencia síntomas, tratamiento e incapacidades en distintos momentos, incluida una atención cercana el 22 de marzo y el 5 de abril de 2013; sin embargo, no obra un concepto médico contemporáneo que establezca que el demandante, al momento de los hechos, no podía comprender su conducta, determinarse conforme a esa comprensión o intervenir válidamente en la actuación disciplinaria.

La anotación del 5 de abril de 2013 es relevante porque evidencia una exacerbación del cuadro psiquiátrico pocos días después de los hechos; no obstante, su contenido no permite concluir, sin un soporte médico adicional, que el episodio disciplinario haya sido consecuencia directa e inevitable del trastorno de estrés postraumático, ni que la autoridad disciplinaria estuviera obligada a abstenerse de adelantar el juicio de responsabilidad. Atribuirle ese alcance a la historia clínica supondría extraer de ella una conclusión médica y jurídica que el documento no contiene.

Tampoco se acredita que la Policía Nacional hubiera utilizado el trámite disciplinario como instrumento para retirar al demandante por su enfermedad. La secuencia del expediente muestra que la investigación se abrió por el informe del subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, relacionado con un procedimiento policial

del 31 de marzo de 2013; que se practicaron pruebas sobre esos hechos; que se formuló cargo por la falta gravísima del artículo 34 numeral 10 de la Ley 1015 de 2006; y que la sanción se impuso por la conducta disciplinaria atribuida, no por el diagnóstico de salud mental.

Lo anterior no significa desconocer la situación médica del demandante. La Sala reconoce que la historia clínica acredita un cuadro psiquiátrico real, anterior y persistente, que merecía atención médica y seguimiento institucional. También reconoce que la incapacidad del 8 de junio al 7 de julio de 2014 coincidió con el momento en que se ejecutó y notificó el retiro. Sin embargo, esa coincidencia temporal no basta para demostrar que la destitución haya tenido como causa la enfermedad o que el acto de ejecución sea nulo.

El argumento del apelante, según el cual no se requería una pérdida de capacidad laboral formal para invocar estabilidad laboral reforzada, no modifica la conclusión. Aun aceptando que la protección pueda operar frente a situaciones de debilidad manifiesta derivadas de una afectación grave de salud, en este proceso debía probarse un nexo entre esa condición y el retiro, o al menos que la administración ejecutó una desvinculación por razón de la enfermedad. Ese nexo no aparece demostrado en el expediente.

Además, el retiro se produjo por una sanción disciplinaria que la ley asigna como consecuencia a determinadas faltas gravísimas dolosas. La administración no podía dejar sin ejecutar indefinidamente una sanción disciplinaria en firme por el solo hecho de que el sancionado se encontrara incapacitado, salvo que existiera una regla legal que suspendiera la ejecución en ese supuesto o una prueba médica que demostrara una imposibilidad jurídica concreta para adelantar la notificación o ejecutar el acto. En el expediente no obra una prueba con ese alcance.

Por el contrario, la contestación de la demanda refirió que el psiquiatra tratante informó el 24 de junio de 2014 que GLR estaba en capacidad de recibir y atender cualquier notificación que necesitara hacerle la Policía Nacional. Aunque ese concepto fue posterior a la fijación del aviso de notificación, sí permite descartar, desde la perspectiva alegada por la entidad, que la sola existencia del tratamiento psiquiátrico implicara incapacidad absoluta para recibir actuaciones administrativas.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Santander no desconoció la garantía de estabilidad laboral reforzada al negar las pretensiones. Aunque su análisis fue breve, la decisión de fondo es compatible con la verdad procesal: la historia clínica demuestra la enfermedad y las incapacidades, pero no demuestra que los actos disciplinarios hayan sido expedidos por razón de esa enfermedad, ni que la incapacidad médica invalidara la sanción disciplinaria o su ejecución.

La autorización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 constituye un mecanismo orientado a verificar que la desvinculación no tenga como causa la situación de discapacidad o debilidad manifiesta del trabajador. En este caso, la desvinculación no obedeció a la condición médica del demandante sino a la ejecución de una sanción

disciplinaria previamente impuesta y ejecutoriada, razón por la cual la ausencia de dicha autorización no afecta la legalidad del acto de retiro.

El retiro del servicio tuvo origen en la ejecución de una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 15 años, impuesta mediante fallos disciplinarios de primera y segunda instancia. Por ello, la incapacidad médica vigente al momento de la notificación de la Resolución 02225 no tenía la virtualidad de invalidar los actos demandados ni de impedir la ejecución de la sanción disciplinaria. El acto de retiro no constituyó una decisión discrecional de la administración frente al estado de salud del actor, sino el acto de ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta.

La estabilidad laboral reforzada protege frente a decisiones desvinculatorias fundadas en la situación de salud del servidor; no neutraliza el ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria cuando la causa eficiente del retiro es una sanción válidamente impuesta.

En consecuencia, frente al tercer problema jurídico, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto negó el cargo de vulneración de la estabilidad laboral reforzada.

Conclusión

La Sala concluye que no prosperan los cargos dirigidos a cuestionar la legalidad de los fallos disciplinarios demandados por indebida tipificación, vulneración del principio de legalidad, desconocimiento del debido proceso, presunción de inocencia e indebida valoración probatoria. En efecto, la autoridad disciplinaria formuló el cargo con fundamento en la falta gravísima prevista en el artículo 34.10 de la Ley 1015 de 2006, integrada con el artículo 429 del Código Penal, precisó que la conducta se atribuía en modalidad de acción y a título de dolo, y adelantó la actuación con intervención del investigado y de su apoderado, quienes pudieron rendir versión libre, solicitar pruebas y controvertir el material probatorio recaudado.

Además, la responsabilidad disciplinaria de GLR se sustentó en pruebas legalmente incorporadas al expediente, en particular el informe inicial, las declaraciones de los uniformados que intervinieron en el procedimiento, el informe médico legal de lesiones no fatales practicado al subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres y los demás documentos relacionados con la captura y el trámite disciplinario.

Tampoco prospera el cargo relacionado con la estabilidad laboral reforzada. Si bien la historia clínica acredita que GLR presentaba antecedentes de salud mental, diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, tratamiento psiquiátrico e incapacidades médicas, incluida la incapacidad comprendida entre el 8 de junio y el 7 de julio de 2014, dicha circunstancia no desvirtúa la legalidad de los actos demandados.

El retiro del servicio no tuvo como causa su condición médica, sino la ejecución de la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 15 años, impuesta

mediante el fallo disciplinario de primera instancia del 22 de noviembre de 2013 y confirmada por el fallo de segunda instancia del 27 de febrero de 2014.

En consecuencia, al no desvirtuarse la presunción de legalidad de los fallos disciplinarios del 22 de noviembre de 2013 y del 27 de febrero de 2014, ni de la Resolución 02225 del 6 de junio de 2014, mediante la cual se ejecutó la sanción disciplinaria y se ordenó el retiro del servicio activo de GLR por destitución, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Costas

La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario⁵² de la Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, se revocará la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia, y en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte demandante haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia del 26 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Segundo. Revocar la condena en costas en esta instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

⁵² La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Elizabeth Becerra Cornejo Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx