CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 760012333000202100674-01
Actor: Junta de Acción Comunal de la Vereda El Mameyal
Demandados: Distrito Especial de Santiago de Cali, Curaduría Urbana Tres de Cali,
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Yolanda López de Cardona,
Julián Fernando Cardona López, Marco Antonio Cardona López y María Andrea
Cardona López (sucesores procesales del señor Jonás María Cardona Quintero
QEPD, quien fungía en el presente asunto como litis consorte facultativo)
Coadyuvantes de la parte actora: David Díaz Ruiz1, John Oliver Coffey, Mary
Louise Higgins2
Coadyuvantes de la parte demandada: Julio Hernán Helago Moreno, Ramiro
Anacona y otros3
Temas: Derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano –literal “a”–;
principio de prevención; prevención de los factores de deterioro ambiental; nulidad
de licencias urbanísticas; Parque Recreación y Cultural Cristo Rey.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por: i) Yolanda López de
Cardona, Julián Fernando Cardona López, Marco Antonio Cardona López y María
Andrea Cardona López, en calidad de sucesores procesales del señor Jonás María
Cardona Quintero; y ii) Zeyn Torres, Ramiro Anacona y Mario Pérez en calidad de
coadyuvantes contra la sentencia de 9 de febrero de 20234, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
1
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
ED_AUTOADMITECOA(.pdf) NroActua 2”. Mediante auto proferido el 8 de noviembre de 2021 se resolvió tener
“
como coadyuvante de la parte demandante a David Díaz.
Cfr. Índice 48 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
expediente digital, archivo denominado: “Auto admite coadyuvancia”. Mediante auto de 15 de noviembre de
022, por medio del cual resolvió ener como coadyuvantes de la parte accionada a los 90 residentes de las
2
2
veredas que componen el Corregimiento de los Andes del Distrito Especial de Santiago de Cali, los cuales se
encuentran identificados a folios 7 a 12 del índice No. 92 de la plataforma SAMAI15. Así mismo tener a la señora
MARY LOUISE HIGGINS como coadyuvante de la parte actora dentro del presente asunto.
3
Ibidem pie de página 2.
4
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“
ED_SENTENCIA(.pdf) NroActua 2”.
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2
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La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1
. La Junta de Acción Comunal de la Vereda El Mameyal, a través de apoderada
judicial, presentó demanda5, en ejercicio del respectivo medio de control el 7 de julio
de 2021, contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, la Curaduría Urbana Tres
de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y personas
indeterminadas, con el fin de obtener la protección de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano; a la prevención de desastres previsibles
técnicamente; a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y los que denominó
al “desarrollo armónico, equilibrado y sostenible del territorio”; “a la planificación del
territorio”; a la “prevención de los factores de deterioro ambiental” y a “la garantía
de la participación de la comunidad en las decisiones que los afectan”.
Pretensiones
2
. La parte actora formuló las siguientes pretensiones6:
“
[…] 1.Que, en el ejercicio de sus funciones constitucionales adopte las medidas
necesarias de protección de los derechos o intereses colectivos amenazados y
violados, con el fin de evitar el daño contingente, inminente, e irremediable de una
remoción en masa en la Vereda el Mameyal; hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los mismos derechos o intereses colectivos, y/o restituir
las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
2. En virtud del Principio de Precaución, solicito a este despacho se decrete como
medida previa, la suspensión de toda actividad relacionada con la ejecución de la
licencia urbanística (Licencia De Parcelación Y Licencia De Construcción de la
Resolución No CU3-0433 de 2020, del 15 de julio) y del Permiso para apertura de
vías, carreteables y explanación, (Resolución 0710 No. 0712 de 2017 expedida por
CVC) dentro de los predios identificados en el presente escrito con números:
L001600200000, L001600210000, L16002200000, y L 1601040000, así como
actividades de construcción y/o ampliación en predios aledaños identificados en la
presente acción.
3. Que en consecuencia de lo anterior se suspenda la licencia urbanística, dentro de
los predios identificados en el presente escrito con números: L001600200000,
L001600210000, L16002200000, y L 1601040000, al no contar con el cumplimiento
del requisito indispensable de presentar, concepto positivo sobre la estabilidad del
5
Cfr. Índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del , expediente digital, archivo
denominado: “2_EXPEDIENTEDIGITAL_02ACCIONPOPULARCONTR(.PDF) NroActua 3”.
6
Ibidem pie de página número 3.
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terreno, la evaluación de estudios geológicos, geotécnicos y de ingeniería dentro de
la solicitud de la licencia, así como no contar con Certificación de disponibilidad de
servicios públicos para las áreas del proyecto y negativa de permiso de vertimientos
confirmada en segunda instancia por CVC.
4.Que se ordene el control y seguimiento del Permiso otorgado por la CVC mediante
la Resolución 0710, No 712 de 2017 en el que se exige, entre otras cosas, la
construcción de obras de contención, el manejo de aguas lluvias, la compensación
forestal, el mantenimiento de especies sembradas, etc. para apertura de vías,
carreteables y explanación, con el fin de determinar técnicamente si las obras
ejecutadas afectaron el flujo natural de las aguas lluvias, y, si esta afectación tendría
como consecuencia incrementar el riesgo de remoción en masa.
5. Que se ordenen medidas reales y efectivas para evitar que nuevas ocupaciones
irregulares del territorio se materialicen o las existentes se amplíen.
6. De ser considerado por este H. Despacho, remitir para investigación disciplinaria
a los organismos de control competentes a los funcionarios públicos implicados […]”.
Presupuestos fácticos
3
.
La parte actora indicó, en síntesis, para fundamentar sus pretensiones que
existe una situación que se ha venido incrementando en la última década, derivada
del crecimiento no regulado de las viviendas y establecimiento de comercio
irregulares en el cerro Cristo Rey, en la zona rural de la vereda El Mameyal,
corregimiento Los Andes, el cual colinda con el casco urbano del Municipio de Cali.
4
.
Refirió que esta zona viene siendo objeto de “invasiones”, establecimientos
de comercio irregulares y proyectos urbanísticos que no cumplen con la normativa
ambiental y urbana, como el Parque Recreativo y Cultural Cristo Rey de propiedad
del señor Jonás María Cardona, ubicado en la cota 1227 msnm, sobre los predios
identificados con matrículas inmobiliarias 370-161948, 370- 161964, 370-197914,
3
70-244239, entre otros. Lo cual ha generado el adelantamiento de procesos
sancionatorios.
5
.
Explicó que esto ha conllevado la afectación negativa de los recursos
naturales debido a los vertimientos de aguas residuales provenientes de las
construcciones indebidas, así como, a la tala de árboles, con ocasión de la
ocupación irregular del territorio, lo que, a su turno, también suscita inseguridad,
disminución en la calidad de vida, dificultades en la planificación del territorio y en
el espacio público, problemática que ha sido puesta en conocimiento a través de los
periódicos locales como El País, el Diario de Occidente y el Noticiero 90 Minutos3.
6
.
Además, informó que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
mediante Resolución 0710 núm. 0712-000716 de 22 de agosto de 2017 otorgó
autorización al señor Jonás María Cardona, para la apertura de vías, carreteables y
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explanaciones para el desarrollo del proyecto en el lote El Mameyal, que se llevará
a cabo en los predios con matrícula inmobiliaria números 370-161948, 370-244239,
3
0
70-197914 y 370-161964. Puso de presente que en el expediente ambiental CVC
712-036-002-051-2017 no reposa informe de seguimiento a las actividades
autorizadas en la resolución referida. No obstante, destacó que se observa un
cambio en la morfología del terreno – modificación del paisaje, en tanto, pasó de
ser una ladera con pendientes pronunciadas a ser un terreno plano.
7
.
Relató que el señor Jonás María Cardona, en calidad de propietario de los
predios referidos, radicó ante la Curaduría Urbana núm. 3 de Cali la solicitud de
licencia urbanística para el desarrollo del proyecto denominado Parque Recreativo
y Cultural Cristo Rey e indicó que concedió la licencia mediante Resolución CU3-
0
433 de 15 de julio de 2020. Precisó que contra este acto se presentó recurso de
reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución CU3-0598 de 7 de septiembre
de 2020, y recurso de apelación, resuelto mediante Resolución núm. 4132 010
2
10053 de 23 de octubre de 2020, a través de las cuales se confirmó la decisión.
8
.
Expresó su preocupación con la licencia otorgada, por cuanto, la zona donde
se desarrolla el proyecto funge como corredor biológico funcional entre el Parque
Nacional Farallones y el casco urbano del Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali. Expuso que las más de
1
03.97 hectáreas dedicadas a la conservación de bosques voluntaria de la vereda
El Mameyal se configuran como un área de especial importancia ecosistémica, que
además de actuar como barrera natural a la expansión urbana, alberga especies de
flora y fauna endémicas; poblaciones importantes de fauna silvestre y especies en
peligro de extinción, de allí que, insistiera que de continuar esta dinámica de
ocupación irregular del territorio se afectaría de manera irreversible los valores
ecosistémicos y el medio ambiente de la zona.
9
.
Subrayó que no obra ningún trámite administrativo para el desarrollo de la
actividad comercial y de servicios aprobada por la Curaduría Urbana núm. 3 de Cali,
el Departamento de Planeación Municipal y la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca en el que se efectúe mención al Plan de Manejo de Tránsito, ni a la
socialización con la institución educativa colindante al predio donde se desarrolla el
proyecto.
1
0.
Finalmente, puso en conocimiento que, en la actualidad cursa ante la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca un trámite administrativo de
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evaluación de la solicitud de permiso de vertimientos del proyecto Parque
Recreativo y Cultural Cristo Rey, con el radicado número 0712-036-014-018-2021.
Contestaciones de la demanda
1
1.
El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali solicitó desestimar las pretensiones de la demanda
y formuló como excepciones las que denominó: “inexistencia de derechos colectivos
vulnerados” e “improcedencia de la acción”.
1
2.
Indicó que, ante la falta de claridad sobre el objeto de protección, no resulta
apropiado asumir la existencia de riesgos o impactos derivados de la actividad
cuestionada, ni mucho menos hacer uso de los principios de prevención y
precaución sin diferenciación ni sustento fáctico que así lo permita.
1
3.
Adujo que el proyecto urbanístico Parque Recreativo y Cultural Cristo Rey
cuenta con licencia urbanística otorgada por la Curaduría Urbana Tres de Cali,
razón por la cual, no debe ser categorizada como una ocupación irregular. Precisó
que al ente territorial no le está dado suspender obras que cuentan con presunción
de legalidad como consecuencia de las licencias urbanísticas debidamente
otorgadas.
1
4.
El Curador Urbano Tres de Cali se opuso a las pretensiones de la demanda
y propuso como excepciones las que denominó “inexistencia de la parte
demandada”, “improcedencia de la acción propuesta”, “falta de integración a todos
los afectados y vinculados con la acción propuesta”, “falta de vinculación a las
autoridades de control urbano”, “falsa motivación de la acción propuesta”, “falta de
competencia”, “falta de agotamiento del requisito de procedibilidad”, “inexistencia de
derechos colectivos vulnerados” e “insuficiencia del poder otorgado.
1
5.
Enunció que la acción popular no es el mecanismo judicial idóneo para
solicitar la suspensión de las licencias urbanísticas que cuentan con estudios
previos y medidas de mitigación, para evitar la remoción en masa. Refirió que los
actos administrativos fueron expedidos con apego a la reglamentación vigente del
orden nacional, así como, al Plan de Ordenamiento Territorial. De allí que, no se
deben categorizar en el mismo nivel, a las construcciones autorizadas mediante
licencia urbanística –como lo es el proyecto Parque Recreativo y Cultural Cristo Rey– y
a los crecimientos no regulados –que no cuentan con la licencia respectiva–.
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6
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1
6.
Al respecto, destacó que si bien, el curador urbano es el encargado de
estudiar, tramitar y expedir las licencias urbanísticas, las autoridades de control
urbano deben realizar el control, seguimiento y vigilancia de las obras urbanísticas
con o sin licencia. En ese orden de ideas, manifestó su desacuerdo en que se le
llame a responder por el crecimiento de construcciones no reguladas en el cerro.
1
7.
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca expresó su
desacuerdo con las pretensiones de la demanda y formuló como excepciones las
que denominó “falta de legitimación en causa por pasiva por parte de Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC”, “improcedencia de la presente
acción popular respecto de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
–
CVC” y la “excepción genérica o innominada”.
1
8.
Mencionó que lo indicado por la parte actora como un hecho notorio debe ser
demostrado.
1
9.
Jonás María Cardona Quintero adujo la vulneración del principio de buena
fe al no ser vinculado desde el inicio del proceso. En tal sentido, propuso como
excepciones las que denominó: “vulneración del principio de la buena fe por el
accionante en el cumplimiento de la formalidad prevista en el artículo 144 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ausencia del
requisito previo de procedibilidad”; la cosa juzgada; la “falsa motivación en la acción
propuesta”; la “improcedencia de la acción popular propuesta para obtener la
suspensión de los efectos jurídicos de la Resolución 0710 No. 0712-000716 del 22
de agosto de 2017 de la CVC y de la licencia de parcelación y de construcción en
la modalidad de obra nueva, otorgada por Resolución No. CU3-0433 de 15 de julio
de 2020, entre otros actos administrativos” e “inexistencia de amenaza, vulneración
o agravio de derechos e intereses colectivos”.
2
0.
En relación con la cosa juzgada, destacó que la pretensión consistente en la
protección de los derechos e intereses colectivos amenazados o vulnerados, con el
fin de evitar el daño contingente, inminente e irremediable de una remoción en masa
en la vereda El Mameyal, fue objeto de estudio en la sentencia núm. 046 de 25 de
abril de 2016, del Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali.
2
1.
Expuso que el proyecto Parque Recreativo y Cultural Cristo Rey desarrollado
en su predio contó con las autorizaciones que establece la legislación ambiental y
urbana, razón por la cual, no se puede denominar como un “crecimiento no
regulado”. Sin embargo, indicó que, en caso que el actor se hubiese encontrado
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inconforme con la expedición de la licencia urbanística pudo debatir su legalidad a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los
términos previstos en la norma.
2
2.
Julio Hernán Helago Moreno y otros señalaron que el parque recreativo y
cultural Cristo Rey conocido como “Borondo” es uno de los pocos proyectos que
tiene todas las autorizaciones, entre ellas, la licencia de construcción. Aseguran que
es un proyecto que ha traído progreso y desarrollo, además refieren que ha logrado
integrar ambiental y socioeconómicamente al corregimiento.
La audiencia de pacto de cumplimiento
2
3.
El 5 de abril de 2021 se adelantó la audiencia de pacto de cumplimiento7 pero
se declaró fallida, toda vez que las partes no propusieron fórmulas de arreglo.
Sentencia proferida, en primera instancia
2
4.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia8 el 9 de
febrero de 2023, en la que resolvió lo siguiente:
“
[…] PRIMERO: AMPARAR, de manera preventiva, los derechos colectivos previstos
en los literales a), c), l) y m) del artículo 4ª de la Ley 472 de 1998, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE
DEL CAUCA – CVC realizar seguimiento y control a los predios con matrícula
inmobiliaria nro. 370-161948-161964-197914 y 244239 del cumplimiento de la norma
ambiental, teniendo en cuenta el permiso otorgado mediante la Resolución 0710 No.
712 00716 de 2017, de manera semestral, contados a partir de la expedición de esta
providencia y hasta que cese de manera definitiva las posibles causas del deterioro
ambiental, con el fin de evitar movimientos de masa en ese terreno y que puedan
afectar las garantías constitucionales de los habitantes de la vereda El Mameyal,
corregimiento Los Andes de esta ciudad, haciendo uso de la facultad sancionatoria
prevista en la Ley 1333 de 2009 y ejecutando las medidas previstas en el citado acto
administrativo, de ser necesario.
TERCERO: ORDENAR al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI que, a
través de sus dependencias competentes, ejerzan control posterior a la construcción
realizada en los predios objeto de esta acción, de manera semestral y hasta que cese
de manera definitiva las posibles causas del deterioro ambiental, contados a partir de
la expedición de esta providencia, mediante las acciones policivas respectivas, con el
fin de aplicar las medidas correctivas a que hubiere lugar, de acuerdo a lo indicado
en el artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1203 de 2017.
CUARTO: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE
DEL CAUCA – CVC y al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI que, dentro
de los CINCO días siguientes a la notificación de esta providencia, acrediten el inicio
de las actuaciones tendientes a prevenir y controlar los factores de deterioro
7
Cfr. Índice 75 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Expediente digital, archivo denominado: “86PRUEBACORREGIDORINSP(.pdf) NroActua 75”.
Ibidem pie de página núm. 1.
8
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ambiental y la violación de los intereses y derechos colectivos amparados en los
predios con matrícula inmobiliaria nro. 370-161948-161964- 197914 y 244239.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: ORDENAR la desvinculación de la CURADURÍA URBANA TRES DE CALI.
SÉPTIMO: ORDENAR la conformación de un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia que estará integrado por un representante de: i) la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MAMEYAL, en calidad de
accionante, ii) el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, iii) la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, iv) un
delegado de la Procuraduría General de la Nación, como representante del Ministerio
Público, v) un delegado de la Defensoría del Pueblo y (vi) el magistrado ponente.
OCTAVO: NO CONDENAR en costas, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones de este proveído.
NOVENO: ENVIAR copia de la sentencia a la Defensoría Pública, para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
DÉCIMO: En firme esta providencia, archívense las diligencias una vez hechas las
anotaciones en el software de gestión […]”.
Consideraciones del Tribunal
2
5.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la coadyuvancia
presentada por Ramiro Anacona y otros, en calidad de residentes de la Vereda Los
Cristales, sector de las pizzerías y veredas vecinas del corregimiento Los Andes,
kilómetro 2 y 7, vía Cristo Rey del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, quienes se opusieron a la
prosperidad de las pretensiones, e indicaron que el proyecto urbanístico “Borondo”
cuenta con los permisos pertinentes y precisaron que no existía zona boscosa, dado
que esta fue arrasada por los incendios forestales ocurridos entre 2018 y 2019.
2
6.
Consideró que la acción popular es improcedente para declarar la
suspensión de la Resolución núm. CU3-0433 de 15 de julio de 2020 expedida por
el Curador Urbano Tres de Cali, en tanto, esta competencia es del juez natural.
2
7.
De otra parte, el a quo encontró probado que en los predios identificados con
matrícula inmobiliaria núm. 370-161964, 370-244239, 370-161948 y 370-197914 –
de propiedad del señor Jonás María Cardona Q.E.P.D.– funciona el proyecto urbanístico
denominado Parque Recreativo y Cultural Cristo Rey, en el cual funciona el
establecimiento de comercio denominado Eco Park “El Borondo”, ubicado en la
vereda El Mameyal, corregimiento Los Andes del Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.
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9
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
2
8.
De igual modo, concluyó –a partir de lo probado en el proceso– que dichos
predios se encuentran en zonas de amenaza alta y media por movimiento en masa,
situación que, para efectos de construcción, obliga el cumplimiento de los estudios
geológicos, geotécnicos y de ingeniería necesarios, previstos en los artículos 417 y
4
19 del Acuerdo 0373 de 2014, con el fin de evaluar y garantizar la seguridad.
Advirtió que estos estudios fueron allegados en la oportunidad correspondiente con
el objeto de que el curador urbano otorgara la licencia urbanística del proyecto –que
goza de legalidad–.
2
9.
El Tribunal destacó que en el documento allegado a la Curaduría,
denominado “TEX – 03417 -0 Estudio Geológico y Mapa de Zonificación de
Susceptibilidad por movimiento de Masa Lote Mirador Mameyal Corregimiento Los
Andes, Municipio de Santiago de Cali Valle del Cauca”, se plantean, entre otras, las
siguientes medidas de mitigación para el manejo de agua ante la existencia de
sectores con riesgo de amenaza por deslizamiento mitigable: i) la construcción de
zanjas de coronación de los taludes en los límites de la terraza superior recubiertas
en concreto; ii) la sección recomendada es semi-circular (batea); iii) las zanjas
deben descargar a estructuras de disipación y/o entrega a la red de aguas lluvias;
iv) los taludes expuestos deben protegerse de la erosión superficial, mediante la
siembra de especies arbustivas o prados; y v) las grietas deben sellarse con lechada
de concreto, para evitar presiones hidrostáticas al interior de los taludes.
3
0.
Además, el Tribunal consideró que no existe certeza de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos, en tanto, no se conoce si las infracciones
urbanísticas continúan; al tiempo que echa de menos la existencia de un estudio
certero del que se derive la ocurrencia de movimiento en masa, consecuencia del
manejo de aguas residuales y/o de escorrentía, o que persista deforestación en la
zona.
3
1.
En ese orden de ideas, con el fin de prevenir factores de deterioro ambiental,
debido a que el uso inadecuado del suelo y de las aguas puede generar o reactivar
movimiento de masa, aplicó el principio de prevención y, en tal sentido, ordenó a la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca realizar seguimiento y control
al permiso otorgado para la apertura de vías carreteables y explanaciones, para
prevenir riesgos naturales y antropocéntricos con ocasión de los movimientos en
masa en los predios objeto del litigio, para lo cual podrá hacer uso de la facultad
sancionatoria prevista en la Ley 1333 de 2009.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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0
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
3
2.
Asimismo, ordenó al Distrito que ejerza el control posterior a la construcción
realizada en los predios objeto de esta acción, de manera semestral y hasta que
cesen de manera definitiva las posibles causas del deterioro ambiental, mediante
las acciones policivas correspondientes, con miras a aplicar las medidas correctivas
a las que haya lugar.
3
3.
Respecto de las ocupaciones ilegales, indicó que el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante sentencia de 25 de abril de 2016,
ordenó al Distrito adelantar las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales
necesarias para “culminar” los asentamientos y/o las construcciones ilegales en el
Cerro Tutelar de Cristo Rey. No obstante, precisó que allí solo se analizaron los
predios donde funciona el establecimiento de comercio Park “Borondo”.
3
4.
Finalmente, consideró que no hay lugar a declarar probadas las excepciones
propuestas y ordenó la desvinculación de la Curaduría Urbana Tres de Cali.
Recursos de apelación
Sucesores procesales del señor Jonás María Cardona Quintero
3
5.
Los sucesores procesales del señor Jonás María Cardona Quintero, a través
de apoderado judicial, interpusieron recurso de apelación9 contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 9 de febrero de 2023.
Solicitaron revocar la providencia referida, y –en su lugar– negar la totalidad de las
pretensiones de la demanda. Sin embargo, su inconformidad se centra,
principalmente, en la aplicación del principio de prevención y en las órdenes de los
ordinales segundo y tercero de la parte resolutiva.
3
6.
Al respecto, expresaron que el a quo dio aplicación al principio de prevención
sin los presupuestos exigidos, comoquiera que –contrario a lo probado en el proceso–
el Tribunal argumentó que: “[…] el uso inadecuado del suelo y de las aguas pueda
generar o reactivar movimientos en masa, lo cual podría causar un daño o [sic]
futuro de índole ambiental e, incluso, en la calidad de vida de los habitantes del
corregimiento, la Sala, con el fin de prevenir factores de deterioro ambiental dará
aplicación al PRINCIPIO DE PREVENCIÓN […]”.
9
Cfr. Índice 122 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del , expediente digital,
archivo denominado:
“130_RECEPCIONRECURSOAPELACION_ILOVEPDF_MERGED20(.pdf)
NroActua
1
22”.
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1
1
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
3
7.
Indicaron que, a partir de dicha conclusión, el Tribunal dictó las órdenes de
los ordinales segundo y tercero de la sentencia proferida en primera instancia,
según los cuales:
3
8.
Por un lado, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca deberá
realizar seguimiento y control, en términos de la norma ambiental, a los predios con
matrícula inmobiliaria número 370-161948-161964-197914 y 244239, de forma
semestral y hasta que “cese de manera definitiva las posibles causas del deterioro
ambiental, con el fin de evitar movimientos de masa en ese terreno y que puedan
afectar las garantías constitucionales de los habitantes de la vereda El Mameyal,
corregimiento Los Andes”, para lo cual, deberá tener en cuenta el permiso otorgado
mediante la Resolución 0710 núm. 712 00716 de 2017.
3
9.
Y, por el otro, el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial
y de Servicios de Santiago de Cali deberá ejercer el control posterior a la
construcción realizada en los predios objeto de esta acción, de manera semestral y
hasta que cese de manera definitiva las posibles causas del deterioro ambiental,
“con el fin de evitar movimientos de masa en ese terreno y que puedan afectar las
garantías constitucionales de los habitantes de la vereda”.
4
0.
Adujeron que estas órdenes incumplen el objeto de la acción popular, según
el cual, se busca la protección de los derechos e intereses colectivos respecto de
las viviendas y establecimientos comerciales irregulares ubicados en el cerro Cristo
Rey, convirtiéndose en un control ordinario del proyecto Parque Recreativo y
Cultural Cristo Rey (BORONDO PARK), sin considerar que este cuenta con
autorizaciones ambientales y urbanísticas que gozan de legalidad.
4
1.
Los sucesores procesales expresaron que la aplicación del principio de
prevención se da sobre presupuestos fácticos inexistentes, infundados, subjetivos
y no probados en el proceso; que, a su turno, generan una carga excesiva e ilegítima
sobre el proyecto Parque Recreativo y Cultural Cristo Rey, “Borondo Park”. En
consecuencia, señalan que las órdenes referidas recaen sobre “posibles causas de
deterioro ambiental” que no tienen sustento probatorio en el proceso, en tanto, ha
cumplido con todas sus cargas urbanísticas y ambientales, al punto que, no ha
recaído sobre el parque ninguna sanción urbanística o ambiental por parte de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca o del Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.
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1
2
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
4
2.
Alegaron que, el Tribunal al aplicar el principio de prevención no empleó los
presupuestos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-703 de 2010,
según los cuales, se determina lo siguiente: “[…] tratándose de daños o de riesgos,
en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de
determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente
pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el
fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención
que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto
ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo
presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y
de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio
ambiente […] (Subrayas fuera del texto original)”.
4
3.
Sobre el particular, resaltaron que el proyecto Parque Recreativo y Cultural
Cristo Rey (Borondo Park) se construyó con las licencias urbanísticas y permisos
ambientales pertinentes, garantizando el uso adecuado del suelo y de las aguas.
4
4.
Cuestionan que las órdenes de control y seguimiento al Parque Recreativo y
Cultural Cristo Rey (Borondo Park) se dan con fundamento en supuestos de hecho
inexistentes, en tanto, aluden a un predio integrado por cuatro matrículas
inmobiliarias10 que ya no existen por la “mutación predial”, consecuencia de la
urbanización del predio11, en virtud de la licencia de parcelación y de construcción
de obra nueva –Resolución núm. CU3-0433 de 15 de julio de 2020–, la autorización de
ejecución de vías por la Secretaría de Infraestructura Distrital, entre otras
autorizaciones.
4
5.
Refieren que, el Tribunal al fundar la medida preventiva en “las posibles
causas de deterioro ambiental” con el fin de evitar “movimientos en masa”
desconocen lo probado en el proceso, por cuanto, el proyecto se construyó y puso
en funcionamiento desde febrero de 2022, en cumplimiento de todas las normas de
construcción, comoquiera que: i) la licencia de parcelación y construcción en la
modalidad de obra nueva -Resolución núm. CU3-0433 de 15 de julio de 2020 fue
otorgada con fundamento en el Concepto Favorable de Uso del Suelo con Esquema
1
1
0 370-161948-161964-197914 y 244239.
1 Los recurrentes aducen que la titularidad de los predios con posterioridad al proyecto urbanístico es así: “(i)
un predio privado, en donde se construyó el PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL CRISTO REY (BORONDO
PARK), con matrícula inmobiliaria No. 370 – 1051992, correspondiente al polígono o lote PARQUE
RECREATIVO Y CULTURAL CRISTO REY con área de 7,805.95 m2; (ii) un predio o bien público, que muestra
el dominio y posesión del Distrito Especial de Cali sobre la zona verde o polígono con área de 1.554.66 m2 ,
con Matrícula Inmobiliaria No. 370-1051993 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali; y (iii) un
predio o bien público, que muestra el dominio y posesión del Distrito Especial de Cali sobre un área de cesión
de andén de 272.89 m2 , con la Matrícula Inmobiliaria No. 370-1051994 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali”.
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3
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
de Implantación y Regularización Simple - Equipamiento de Recreación, otorgado
por Planeación Municipal, según Oficio con Radicado No 201941320300138841 del
2
2
7 de diciembre de 2019; y, en el Acta de Reunión de Concertación Ambiental del
3 de diciembre de 2019. ii) El predio que pertenece al Distrito, en calidad de zona
verde con área de 1.554.66 m2, matrícula inmobiliaria núm. 370-1051993 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, atiende al cumplimiento de
las cargas urbanísticas de la licencia de parcelación y construcción; lo cual, no
ocurriría en caso de que el proyecto estuviera en zonas de riesgo o protegidas o en
caso de las “viviendas y establecimientos de comercio irregulares en el cerro Cristo
Rey”. Y, iii) el predio del Distrito, correspondiente al área cedida de andén de 272.89
m2, con la Matrícula Inmobiliaria núm. 370-1051994, así como, las vías públicas
integradas12, encuentran sustento en el Oficio núm. 202241510200003521 de 21 de
febrero de 2022, suscrito por la Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento
Vial de la Secretaría de Infraestructura de Cali, que indica que la construcción de la
vía adyacente al Borondo Park cumple las previsiones técnicas y ambientales.
4
6.
Asimismo, indican que la sentencia “incurre en omisión y apreciación de
pruebas” que afecta la valoración de los hechos y distorsiona “las órdenes de control
y vigilancia sobre el proyecto”.
4
7.
Al respecto, hicieron énfasis en que el Tribunal debió considerar que
mediante Resolución núm. CU3-0433 de 15 de julio de 2020 se concedió licencia
de parcelación y de construcción en la modalidad de obra nueva y en virtud de este
acto, se determina la intervención sobre las áreas resultantes de la urbanización del
predio (áreas públicas y privadas) donde se construyó Borondo Park, lo que autorizó
los movimientos de tierra y las cargas urbanísticas y ambientales. En tal sentido,
manifiesta que el Tribunal se equivoca al obligar a realizar controles urbanísticos y
ambientales a partir de la Resolución expedida por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca que autorizó la apertura de vías, carreteables y
explanaciones para del desarrollo de proyecto, comoquiera que, estas actividades
quedaron comprendidas en el marco de la licencia de parcelación y construcción de
obra nueva.
4
8.
Adicionalmente, refieren que el Tribunal omitió valorar el cumplimiento de las
cargas urbanísticas13 que han venido realizando -como propietarios y responsables
1
1
2 Como carga urbanística derivada de la licencia de parcelación y construcción del proyecto.
3 Mediante Resolución núm. 202241320300005303 de 11 de octubre de 2022, suscrita por el Subdirector de
Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, “[p]or
medio de la cual se expide una licencia de intervención del espacio público en la modalidad 2.4 de construcción
y rehabilitación de andenes para el proyecto zona verde El Borondo”.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
del proyecto-, para desvirtuar los “supuestos riesgos y amenazas de movimientos
en masa”.
4
2
9.
En el mismo sentido, señalan que no se valoró el Oficio núm.
02241610600028534 de 1.° de agosto de 2022, suscrito por el Subsecretario de
Inspección, Vigilancia y Control del Distrito, que revoca el Oficio TRD: 416 l
.
060.13.1.971.002286 de 8 de junio del mismo año, en el cual se advirtieron
infracciones urbanísticas, el cual fue anexado al proceso el 16 de agosto de 2022,
cuando se controvirtió el dictamen pericial.
5
0.
A su vez, alegan que, contrario a lo concluido por el a quo, el Concepto
Técnico núm. 074-2019 de 30 de enero de 2019, suscrito por ingenieros adscritos
a la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, allegado por la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca confirma que el Proyecto Borondo Park no
afecta zonas forestales protectoras y que las pendientes del predio son inferiores a
2
5%, y que los vertimientos que origina no se realizan en suelos asociados con
acuíferos. Así las cosas, indican que el proyecto se encuentra en suelos de no
riesgo y aclaran que no hay contaminación por inexistencia de acuíferos.
5
1.
Sustentan que el Tribunal ignoró por completo el Estudio Técnico “TEX-
0
3417 -2 - ESTUDIO GEOLÓGICO Y MAPA DE ZONIFICACIÓN DE
SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTO EN MASA – LOTE MIRADOR MAMEYAL
–
CORREGIMIENTO LOS ANDES – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – VALLE
DEL CAUCA” y el Estudio “TEX-03417-1 – ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR VEREDA MAMEYAL CORREGIMIENTO LOS
ANDES CALI-VALLE”, los cuales sirvieron de fundamento a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca para expedir la Resolución 0710 No. 712
0
0716 de 2017 y a la Curaduría Urbana Tres para expedir la licencia de parcelación
y de construcción en la modalidad de obra nueva, por Resolución núm. CU3-0433
de 15 de julio de 2020. Y, en virtud de ellos, se logra apreciar que la construcción
de Borondo Park tiene en cuenta características geológicas y de cálculo estructural
del terreno, que impiden aplicar en abstracto el principio de prevención.
5
2.
Asimismo, indican que no se tuvo en cuenta el “ESTUDIO SOBRE LAS
CARACTERÍSTICAS
DE
VULNERABILIDAD
INTRÍNSECA
A
LA
CONTAMINACIÓN DE LOS ACUÍFEROS QUE SE ENCUENTRA EN EL PREDIO
MAUI (PROYECTO PARQUE RECREACIONAL Y CULTURAL CRISTO REY)
UBICADO EN EL KM 4 VÍA CRISTO REY, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI” elaborado por el Ing. representante legal de la empresa Consultora
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5
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
Iperambiental S.A.S - Ingeniería, perforaciones y asesorías ambientales - S.A.S.,
documento técnico que permitió a la Curaduría Urbana Tres expedir la licencia de
parcelación y construcción y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, autorizar la explanación, la apertura de vías, el plan de manejo ambiental,
el plan de manejo de aguas lluvias, entre otras autorizaciones.
5
3.
Describen que el a quo desconoció los efectos jurídicos de la Resolución
núm. 0710 n° 0712-001065 de 27 de julio de 2022, “por medio de la cual realiza el
cese de un procedimiento sancionatorio ambiental”.
5
4.
Aluden que no se tuvo en cuenta el Oficio núm. 0712-993632021 de 2 de
febrero de 2022, suscrito por el Director Territorial de Suroccidente, que da
viabilidad al Plan de Manejo de Aguas Lluvias en el proyecto Borondo Park.
5
5.
Argumentan que la administración Distrital es quien tiene la competencia
para ejercer el control previo y posterior urbanístico del proyecto, como en efecto lo
viene haciendo, según da cuenta la visita de inspección técnica del 18 de julio de
2
022, en la que concluyó que: “i) […] no existe área adicional sin licencia […]; ii) no
se presenta área adicional construida a la aprobada en la Licencia urbanística
Resolución No. CU3-0433 del 2020 y en el informe del pasado 9 de septiembre de
2
021 […]; iii) la modificación arquitectónica en la ubicación de las escaleras, en un
área de 36 M2, se determinó con base en la información de los planos
arquitectónicos aprobados, entendiéndose que ésta es inevitable y obedece a
condiciones de carácter normativo, técnico y ambiental con respecto a la
ubicación de la zona verde a ceder y en coherencia con el requerimiento del
organismo, que impidió el desarrollo de los elementos arquitectónicos, conforme a
los planos técnicos emitidos por la autoridad competente […]”. Concluyendo, así,
que se retira la recomendación para adelantar las acciones policivas, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016. De acuerdo con lo anterior,
los recurrentes explicaron que al no valorarse el acta que da cuenta de la visita
técnica, no se logró contradecir la sospecha de supuestas infracciones urbanísticas
en el proyecto.
5
6.
Destacan que la propia Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
desvirtuó la aplicación del principio de prevención al referir en los alegatos de
conclusión que la parte actora no logró acreditar el “daño contingente, inminente, e
irremediable de una remoción en masa en la Vereda el Mameyal”, agregando que
“no existe un solo medio de prueba que lleve a plena convicción de dicha
circunstancia”.
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6
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
5
7.
En sentido similar afirman que la aplicación del principio de prevención se
apoya en conclusiones de un dictamen pericial que a juicio de la misma Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca no se realizó con el cumplimiento de los
requisitos técnicos y científicos de toda experticia.
5
8.
Además, refieren que no existe ningún riesgo por manejo de aguas residuales
en Borondo Park, en tanto la negativa del permiso de vertimientos por parte de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca se da por razones no técnicas,
que, de ningún modo, permite inferir “situaciones de las que se podría generar una
afectación al medio ambiente y a la comunidad de la vereda el Mameyal”.
5
9.
Al respecto, señalan que el parque hace sus vertimientos de manera
exógena, siguiendo las instrucciones de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca. Informan que desde el 2022 suscribieron un contrato de succión,
transporte disposición final de lodos sépticos y sobrenadantes con la empresa
Ecosepticos S.A.S.
6
0.
Por último, argumentan que el Tribunal omitió considerar, de un lado, el
pronunciamiento de más de noventa (90) residentes del Corregimiento Los Andes,
y de otros, el escrito de otras sesenta (60) personas, quienes en su solicitud de
coadyuvancia a la parte demandada, afirmaron –respectivamente– que el proyecto El
Borondo “[…] es uno de los pocos proyectos del corregimiento de los Andes que
tiene todas las autorizaciones como licencia de construcción y nos consta que se
ha construido conforme a la licencia que le fue otorgada, sin que en sus actividades
constructivas y en su funcionamiento, nos hayan causado daño individual o colectivo
a los residentes del corregimiento de Los Andes. Por el contrario, es el único
proyecto, que en décadas ha traído progreso y desarrollo coherente, integrado
ambiental y socioeconómicamente al corregimiento […]” y “[…] que el proyecto
BORONDO, ha desarrollado un modelo de negocio que cumple con los requisitos
de ley, que es compatible y amigable con el medio ambiente y que a su vez,
desarrolla el derecho humano al esparcimiento consagrado en el artículo 52 de la
constitución Nacional y el artículo 30 de la ley 1098 de 2006 […]”.
Recurso de apelación interpuesto por los coadyuvantes Zeyn Torres, Ramiro
Anacona y Mario Pérez –en calidad de ediles de la Junta de Acción Comunal–
6
1.
Expresaron su inconformidad con la decisión recurrida, por cuanto, el
Tribunal aplica el principio de prevención con ausencia de prueba, comoquiera que
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7
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
en el expediente se demuestra que el proyecto El Borondo Cristo Rey a cumplido
con todas las obligaciones urbanísticas y ambientales, al punto que, no se perciben
situaciones que puedan generar un riesgo ambiental presente o futuro.
6
2.
Advierten que la Corte Constitucional ha precisado que el principio de
precaución se materializa en “mecanismos jurídicos tales como la evaluación del
impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo
presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de
obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio
ambiente”. Sobre el particular, destacan que probatoriamente no había lugar a la
aplicación de dicho principio, dado que el proyecto no es ilegal; contó con el
acompañamiento previo de las autoridades distritales y ambientales para la
aprobación de licencias de construcción, cesión de vías, estudios geológicos del
terreno y la autoridad ambiental otorgó permisos de explanación, se entregaron
zonas de compensación ambiental, de modo que, los riesgos del proyecto ya han
sido medibles y mitigados técnicamente, lo que permite tener certeza acerca de las
precisas consecuencias de la actividad empresarial del proyecto Borondo Cristo
Rey, referente al territorio y al medio ambiente.
6
3.
Refieren que en el expediente no existe evidencia que demuestre que en el
proyecto El Borondo Cristo Rey se realice un uso inadecuado del suelo y menos
que el uso inadecuado de las aguas pueda causar un movimiento en masa que
pueda causar a futuro un daño ambiental. Argumentaron que el Tribunal desconoció
que los estudios del proyecto contaron con el acompañamiento de las autoridades
distritales, Departamento Distrital de Planeación, la Secretaría de Justicia y Paz, así
como de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
6
4.
Indicaron que, en virtud de los estudios de viabilidad del proyecto: “EL
ESTUDIO TÉCNICO “TEX-03417 -2 - ESTUDIO GEOLÓGICO Y MAPA DE
ZONIFICACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTO EN MASA – LOTE
MIRADOR MAMEYAL – CORREGIMIENTO LOS ANDES – MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA”, el estudio “TEX-03417-1 – ESTUDIO
DE SUELOS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR VEREDA
MAMEYAL CORREGIMIENTO LOS ANDES CALI-VALLE” y “el estudio sobre las
características de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de los acuíferos que
se encuentra en el predio maui (proyecto parque recreacional y cultural cristo rey)
ubicado en el km 4 vía cristo rey, en el municipio de Santiago de Cali” se descartan
las
conclusiones
del
dictamen
pericial
y
de
los
oficios
TRD:
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4
2
132.050.13.1.953.011248, 4132.050.13.1.953.011246, 4132.050.13.1.953.01 l
44,4132.050.13.1.953.011247 todos del 11 de diciembre de 2017.
6
5.
Describen que la comunidad da certeza que ninguna de las construcciones
que existen hoy en día en la Vereda del Mameyal tienen los permisos y estudios
técnico ambientales que posee el proyecto Borondo Cristo Rey, por lo cual
constituye un referente de desarrollo armónico con el medio ambiente, que genera
empleo a los habitantes del sector. Y advierten que se siguen realizando
construcciones al interior del Mameyal sin los permisos urbanísticos respectivos, sin
los estudios de suelos, sin estudios ambientales, etc, todo con anuencia de la
autoridad ambiental y distrital.
6
6.
En ese orden de ideas, se oponen a la aplicación del principio de prevención
y a las órdenes impartidas por el juez de instancia de constituir un Comité de
Seguimiento intemporal contra el proyecto Borondo Cristo Rey.
Actuaciones en segunda instancia
6
7.
Mediante auto de 11 de abril de 202314, el Magistrado Sustanciador concedió,
ante el Consejo de Estado, los recursos de apelación interpuestos por los sucesores
procesales del accionado, Jonás María Cardona Quintero y de Ramiro Anacona y
otros, en calidad de coadyuvantes de la parte accionada, contra la sentencia
proferida en primera instancia el 9 de febrero de 2023.
6
8.
El 21 de abril de 2023 se repartió15 este asunto al Despacho Ponente. Por
medio de auto de 26 de mayo de 202316, el Despacho admitió los recursos de
apelación interpuestos por Yolanda López de Cardona, Julián Fernando Cardona
López, Marco Antonio Cardona López y María Andrea Cardona López, como
sucesores procesales de Jonás María Cardona Quintero, y de los coadyuvantes
Ramiro Anacona y otros contra la sentencia proferida el 9 de febrero del mismo año
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6
9.
La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
1
4
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
ED_AUTOCONCEDEAPELACION(.pdf) NroActua 2”.
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“
1
5
“
ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”.
1
6
Cfr. Índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 4”.
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1
9
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desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; vi) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
principio de prevención; viii) el marco normativo sobre la competencia de las
entidades territoriales en materia de gestión del riesgo de desastres y, ix) el análisis
del caso concreto.
Competencia de la Sala
7
0.
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
2 de marzo de 201917, sobre la distribución de los asuntos entre las secciones del
Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
1
Consejo de Estado; y iii) el artículo 15018 de la Ley 1437, sobre la competencia del
Consejo de Estado en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer
del recurso de apelación que se presenta contra la sentencia proferida en primera
instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.
7
1.
La Sala procederá a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por
Yolanda López de Cardona, Julián Fernando Cardona López, Marco Antonio
Cardona López y María Andrea Cardona López, en calidad de sucesores procesales
de Jonás María Cardona Quintero, y de los coadyuvantes Ramiro Anacona y otros
contra la sentencia proferida el 9 de febrero del mismo año por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con los artículos 32019, 32220 y
1
1
7 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
8 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[...] Por medio de la cual se
reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
1
9 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
2
0 “[…] Artículo 322. […] PARÁGRAFO. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de
las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse
ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el
vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito de adhesión
deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este artículo.
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal […]”.
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0
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
2821 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201222, norma aplicable al presente caso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Problemas jurídicos
7
2.
La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación
interpuestos por los sucesores procesales de Jonás María Cardona Quintero y de
Zeyn Torres, Ramiro Anacona y Mario Pérez –en calidad de coadyuvantes de la parte
accionada– si:
7
3.
En el presente asunto hay lugar a aplicar o no el principio de prevención y,
en ese orden de ideas, si las órdenes proferidas en la sentencia de primera
instancia, en los ordinales segundo y tercero se ajustan a la realidad probatoria del
proceso y a las competencias de las autoridades ambientales y Distritales.
7
4.
En este orden de ideas, la Sala determinará si debe confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 9 de febrero de 2023, proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
7
5.
Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
7
4
6.
Y, que en desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley
72 que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
7
7.
Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
2
1 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
2
2 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
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2
1
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
7
8.
Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
7
9.
Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
está presentada la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”23.
8
4
0.
La Sala resalta que, conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
72, la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección
de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la
Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su
objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las
cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un
mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede ser ejercida
por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de
control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros
y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter
sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirigen las pretensiones y,
eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como
mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con
fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se
pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
2
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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2
2
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
8
1.
Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
8
2.
La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales; v) el marco normativo del Sistema Nacional Ambiental – SINA; vi) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la seguridad y salubridad
públicas; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; viii) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres; ix) el marco normativo sobre la competencia de las entidades
territoriales en materia de gestión del riesgo de desastres y, x) el análisis del caso
concreto.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales
Marco normativo internacional en materia de Derecho Ambiental
8
3.
En el orden internacional existen una serie de instrumentos normativos que
forman parte del derecho ambiental y tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales.
8
4.
Dentro de los primeros instrumentos se encuentran la Declaración de
Estocolmo, adoptada en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, el 16 de junio de 1972, y la Carta Mundial de la Naturaleza,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la
Resolución 37/7 de 1982 “[…] como norma ética con respecto a la protección del
medio humano y a la conservación de los recursos naturales […]”.
8
5.
Con la formación del nuevo orden jurídico internacional ambiental, los
principios se encuentran en la Declaración de Río de Janeiro, adoptada el 14 de
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2
3
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, la cual establece en su preámbulo, que su objeto es
instituir una alianza mundial y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las
personas; y procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los
intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo
mundial y, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible que
tiene fundamento en los principios de los Derechos Humanos universales y tiene
por objeto impulsar el desarrollo sostenible desde diversas perspectivas
(económica, social y ambiental).
8
6.
Los principios de la Declaración de Río de Janeiro se aplican en el
ordenamiento jurídico colombiano, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la
Constitución Política, según el cual “[…] [l]as relaciones exteriores del Estado se
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los
pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia […]”; al igual que lo señalado en el artículo 226 ibidem dado que el
Estado colombiano debe promover la internacionalización de las relaciones
ecológicas sobre las bases de la equidad, reciprocidad y conveniencia y, por cuanto
los aceptó como vinculantes por virtud de lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo
1
.º de la Ley 99.
Tratados internacionales
8
7.
En este mismo sentido, se tienen una serie de tratados internacionales
fundamentales con vocación universal, con el objeto de proteger el medio ambiente
y los recursos naturales, como la Convención de Viena para la protección de la capa
de ozono24; la Convención sobre diversidad biológica25; la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático26 y el Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación27;
tratados internacionales que han sido complementados por una serie de protocolos,
enmiendas y acuerdos, entre los cuales se pueden mencionar el Protocolo de
2
4 Adoptada el 22 de marzo de 1985, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 30 de 1990, con
decreto de promulgación núm. 114 de 1992 y en vigor para Colombia desde el 14 octubre 1990.
5 Adoptada el 5 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 165 de 9 de noviembre
de 1994, declaradas exequibles por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C- 519 de 1994.
6 Adoptada el 9 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 164 de 1994, declaradas
exequibles por la Corte Constitucional por la Sentencia C-073 de 1995, promulgada por el Decreto 2081 de
995 y en vigor para Colombia desde el vigor 22 de marzo de 1995.
7 Adoptada el 16 de septiembre de 1989, aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 253 de 9 de
enero de 1996, declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-
2
2
1
2
3
77 de 1996, promulgado por el Decreto 2061 de 1999 y en vigor para Colombia desde el 31 de marzo de 1997.
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4
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
Montreal28 de 1986 relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono; el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, hecho en Montreal, el 29 de enero de 200029; el Protocolo de
Kioto30 de 1997 relacionado con la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero que causan calentamiento global, y el Acuerdo de París de 201531,
instrumentos que tienen vocación de universalidad.
Marco constitucional, legal y desarrollo jurisprudencial en materia de derecho
ambiental
8
8.
La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera
que más de 30 disposiciones Constitucionales desarrollan la materia, entre las
cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del
Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la
función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando
las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro
de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
8
9.
Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas; ii) un servicio público;
y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
2
8 Aprobado por Colombia mediante la Ley 29 de 28 de diciembre de 1992. Declarados exequibles por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-379 de 1993. Este instrumento comprende las enmiendas: i) Enmienda de
Londres de junio 29 de 1990; ii) Enmienda de Copenhague de 25 de noviembre de 1992; iii) Enmienda de
Montreal de 17 de septiembre de 1997; iv) Enmienda de Beijing de 3 de diciembre de 1999.
2
9 Su aprobación se surtió por medio de la Ley 740 de 24 de mayo de 2002, promulgada por el Decreto 132 de
1 de enero de 2004 y declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-071 de 2003.
0 Colombia aprobó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 27 de diciembre de 2000, declarados
2
3
exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-860 de 15 de agosto de 2001 y en vigor para
Colombia.
3
1 Adoptado el 12 de diciembre de 2015, aprobado por Colombia mediante la Ley 1844 de 14 de julio de 2017
y declarados exequibles por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-021 de 2018.
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9
0.
El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197332 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
1
97433, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que: i) el medio
ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares; y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación
y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos
de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos
y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
9
1.
La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica.
9
2.
Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional34 ha resaltado su importancia "[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.
3
2 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
3
3
3 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
4 H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
9
3.
Visto el artículo 2.º de la Constitución Política35 sobre los fines esenciales del
Estado, según el cual, las “[…] autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
9
4.
Este deber preventivo del Estado Social de Derecho se sustenta en que el
bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que mitiguen las
trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las personas.
9
5.
En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente conlleva que el Estado provea los mecanismos e
instrumentos para que los hechos riesgosos puedan ser controlados de manera
eficiente.
9
6.
El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido entendido por la Sala36 como aquel que tiene por finalidad
“precaver desastres y calamidades de origen natural o humano” a través de la
acción de las autoridades de manera preventiva con miras a garantizar la efectividad
de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución. En tal sentido ha
señalado lo siguiente:
“
[…] [E]ste derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural
o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida
en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de
las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para
solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción
posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía
administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su
bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por
la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas
técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.
3
5 “[…] Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
3
6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de mayo de 2017, radicación número: 13001-23-31-
0
00-2011-00315-01(AP).C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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7
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
9
7.
En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]”, en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivo que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por desastres
naturales previsibles o antrópicos.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
9
8.
Visto el literal m del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998, sobre el derecho
colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
9
9.
De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]37”.
1
2
00. De igual forma, esta Sección, mediante sentencia proferida el 7 de abril de
01138, consideró que el núcleo esencial del derecho colectivo comprende los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad39; ii) protección del espacio público procurando adelantar
cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio40; y iv) atender los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, promoviendo su utilización
3
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, radicación número: AP-2005-00901,
Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
8 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2011, Consejero ponente: Marco Antonio
Velilla Moreno, radicación número: 63001-23-31- 000-2004-00688-01(AP).
3
3
9 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
0 Artículo 95, numeral 1 de la Constitución Política.
4
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racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible41.
1
01. Asimismo, esta Corporación ha establecido que el derecho e interés en
mención abarca el acatamiento de los planes de ordenamiento territorial que sirven
de guía para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de
modo que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la
aplicación de las disposiciones político - administrativas y de organización física
contenidas en estos42. Así como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre
usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad
de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para
los servicios públicos domiciliarios, entre otros43.
1
02. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, concierne a la obligación que le impone el legislador a las autoridades
públicas y a los particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística, es decir, la forma como avanza y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o
rurales– con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la colectividad. En
efecto, esta Sección44 ha manifestado al respecto que:
“
[…] [E]l derecho colectivo anteriormente enunciado abarca el respeto del principio
de la función social y ecológica de la propiedad de acuerdo con el artículo 58 de la
Constitución Política, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la
calidad de vida de los habitantes, el respeto de los derechos ajenos y el acatamiento
a la ley de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial y demás
disposiciones normativas en materia de uso del suelo, alturas máximas de
construcción y demás criterios y límites que determinan las autoridades para construir
[
…]”
1
03. En ese orden de ideas, la vulneración al derecho colectivo a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes supone el desobedecimiento de la normativa en materia
4
4
4
1 Artículo 3.º de la Ley 388 de 1997.
2 Artículo 5.º de la Ley 388 de 1997.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de
2
0
007, Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación número: 63001- 23-31-000-2004-
0243-01(AP).
4
4 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2009, Consejero Ponente: Rafael E.
Ostau De Lafont Pianeta, Radicación número: 17001-23-31-000-2004- 01492-01(AP).
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urbanística y de usos del suelo por parte de las autoridades y particulares. Al tiempo,
exige la demostración del daño o la amenaza al interés general45.
1
04. La finalidad de la gestión de riesgos de desastres se acompasa con el fin
previsto en el literal m del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998 –relativo a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes– en tanto en el proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, acciones, entre otros,
para el conocimiento y la reducción del riesgo, y el manejo de desastres, está
orientado a contribuir a la seguridad, el bienestar, a la calidad de vida de las
personas y a su desarrollo.
1
05. Ahora, el artículo 81 de la Ley 1523 prevé que el Gobierno Nacional podrá
promover, ejecutar y financiar proyectos de desarrollo urbano en los que se definan,
de común acuerdo con las autoridades de planeación de los municipios y distritos
en el ámbito de sus respectivas competencias, el conjunto de decisiones
administrativas y de actuaciones urbanísticas necesarias para la ejecución de
operaciones urbanas que garanticen la habilitación de suelo para la ejecución de
los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos
para atender la declaratoria de situación de desastre.
1
06. En este orden de ideas, la Ley 1523, define la intervención prospectiva como
el “[…] proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de
riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos
sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos.
Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones
correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a
través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la
planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de
prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general todos
aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización,
construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población
[
…]”.
1
07. De lo anterior, se colige que la adopción de los planes de ordenamiento
territorial permite garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo, en la
4
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de noviembre
de 2010, CP. Marco Antonio Vellilla Moreno, número único de radicación 250002326000200401474-01.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
medida que, de forma anticipada se determina la localización, construcción y
funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población.
1
08. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 1523, los planes de
ordenamiento territorial deben integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico
biofísico, económico y socioambiental. Asimismo, considerar el riesgo de desastres,
como condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando la forma de
evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.
1
09. Así las cosas, para la Sala el derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, es transversal a otros derechos de la misma naturaleza, entre
ellos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en la
medida que, el primero tiene relación directa con los asuntos propios de la gestión
del riesgo de desastres, a través del plan de ordenamiento territorial. En este
instrumento deben incluirse aspectos de desarrollo urbano, ordenamiento ambiental
del territorio y disposiciones para la gestión del riesgo, la prevención y atención de
desastres, con el propósito de dar prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de prevención
en materia ambiental
1
1
10. El principio de prevención en materia ambiental tiene sustento en el Principio
7 de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo según el cual
“[…] deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente
haya de producir impacto negativo considerable en el medio, y que esté sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente […]”.
1
11. Es menester recordar que el artículo 80 de la Constitución Política le impone
al Estado la obligación de prevenir los factores de deterioro ambiental; así las cosas,
al igual que el principio de precaución, el principio de prevención está señalado en
la Ley 99, principalmente por la remisión que efectúa el numeral 1 del artículo 1.º,
norma según la cual “[…] el proceso de desarrollo económico y social del país se
orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en
la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo […]”, postulado que también se manifiesta en el numeral 7 ibidem cuando
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1
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
se refiere al principio de “quien contamina paga” al prever que “[…] el Estado
fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y
para la conservación de los recursos naturales renovables […]”.
1
12. La Corte Constitucional en sentencia C-499 de 201546 se refirió al principio
de prevención definiéndolo en los siguientes términos:
“
[…] aquel que busca 'que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o
minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con
independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de
otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas -regulatorias, administrativas
o de otro tipo- que se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se
produzca o se agrave'. La doctrina ha expresado que 'se ha producido, en nuestros
días, una toma de consciencia de que no basta con reparar (modelo curativo) sino
que se impone prevenir (modelo preventivo), y ello convierte al principio de prevención
en uno de los grandes principios estructurales de este sector del derecho internacional
público. La finalidad o el objeto último del principio de prevención es, por tanto, evitar
que el daño pueda llegar a producirse, para lo cual se deben adoptar medidas
preventivas'.
Ello encuentra fundamento en la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial
de la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992]. La eficacia práctica de la
acción preventiva requiere de una armonización con el principio de precaución, al
flexibilizar este último el rigor científico que se exige para que el Estado adopte una
determinación. El principio de prevención se aplica en los casos en que es posible
conocer las consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta en marcha
de determinado proyecto o actividad, de modo que la autoridad competente pueda
adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca, mientras que el
principio de precaución opera en ausencia de certeza científica absoluta […]”.
1
13. El principio de prevención abarca los supuestos en los cuales el estado del
conocimiento revela con algún grado de precisión los efectos que sobre el medio
ambiente son provocados por determinada actividad, por lo que es necesario el
despliegue de las facultades de la Administración para evitar que se concrete el
riesgo o el daño previo a que ocurran.
1
14. En ese sentido la debida diligencia constituye un elemento fundamental del
principio de prevención en materia ambiental, teniendo en cuenta que ello implica la
aplicación en el proceder de la administración de los instrumentos legales para
controlar y eventualmente mitigar los posibles daños sobre el medio ambiente. Es
de suma importancia para garantizar la aplicabilidad del mencionado principio, el
proceder de acuerdo con el reglamento o instrumento autorizado. Así, la actuación
4
6
Corte Constitucional. Sentencia C-449/15. Referencia: Expediente D-3748. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo 3 (parcial),
de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.” Demandante: Ricardo Vanegas Sierra.
Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra, 23 de abril de 2002.
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diligente implica acciones de preservación y otras de atención a obligaciones,
incluso de carácter internacional.
Marco normativo sobre la competencia de las entidades territoriales en
materia de gestión del riesgo de desastres
1
15. Vistos los artículos 1.°, 209, 286, 287 y 288 de la Constitución Política sobre
las entidades territoriales.
1
16. Según lo dispuesto en estas normas, Colombia es un Estado Social de
Derecho, organizado en forma de República unitaria, “[…] descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales […]” que tienen la potestad de gobernarse
por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan,
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones y participar en las rentas nacionales.
1
17. El artículo 26 de la Ley 1454 de 28 de junio de 201147 definió la
“competencia”, como la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades
territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general
responsabilidades estatales.
1
18. El artículo 27 de la misma norma estableció los principios que rigen el
ejercicio de las competencias, entre ellos, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad, eficacia, equilibrio entre competencias y
recursos, gradualidad y responsabilidad; y, el artículo 28, estableció que los
departamentos y municipios tendrán autonomía para determinar su estructura
interna y organización administrativa central y descentralizada; así como el
establecimiento y distribución de sus funciones y recursos para el adecuado
cumplimiento de sus deberes constitucionales; clarificando en su parágrafo, por un
lado, que “[…] [l]os municipios son titulares de cualquier competencia que no esté
atribuida expresamente a los departamentos o a la Nación […]”; y, por el otro, que
“[…] [c]uando el respectivo municipio no esté en capacidad de asumir dicha
competencia solicitará la concurrencia del departamento y la Nación […]”.
1
19. En efecto, el artículo 29 de la Ley 1454, sobre distribución de competencias
en materia de ordenamiento del territorio, establece lo siguiente:
4
7 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones
[
…]”.
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3
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
“
[…] ARTÍCULO 29. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. Son competencias de la Nación y de las
entidades territoriales en materia de ordenamiento del territorio, las siguientes:
1. De la Nación
a) Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de
interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas.
b) Localización de grandes proyectos de infraestructura.
c) Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa.
d) Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades.
e) Los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los
servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones.
f) La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural.
g) Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán cumplir
los departamentos, los Distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, y
cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o
delegaciones previstas en la presente ley.
PARÁGRAFO. Las competencias asignadas a la Nación en los literales anteriores
se adelantarán en coordinación con los entes territoriales.
2. Del Departamento
a) Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o
porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el
fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el
potencial óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo,
potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales.
b) Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de tal
manera que facilite el desarrollo de su territorio.
c) Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se
aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el
desarrollo municipal.
d) Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales
departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas.
e) En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus
políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes,
programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de
planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio.
f) La competencia para establecer las directrices y orientaciones específicas para el
ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un Área
Metropolitana correspondiente a estas, la cual será ejercida con observancia a los
principios para el ejercicio de las competencias establecidos en la presente ley.
g) Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar
programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio
ambiente.
3. De los Distritos Especiales
a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales
de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.
b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones
físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y
coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización
de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
c) Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda.
4. Del Municipio
a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
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b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en
armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.
PARÁGRAFO 1o. La distribución de competencias que se establece en este artículo
se
adelantará
bajo
los
principios
de
descentralización,
concurrencia
y
complementariedad de las acciones establecidas por las entidades territoriales y en
coordinación con lo dispuesto por sus autoridades respectivas en los instrumentos
locales y regionales de planificación […]”.
1
20. Las normas anteriores evidencian que la organización territorial y el ejercicio
de
competencias
administrativas
se
fundamenta,
entre
otros,
en
la
descentralización y en la autonomía de las entidades territoriales, con el objeto de
que estas gestionen sus propios asuntos, en el marco de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
1
21. Además, en los términos del artículo 1.° de la Ley 136 de 2 de junio de 199448
y de la normativa anteriormente citada, es dable señalar, por un lado, que “[…] [e]l
municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que
señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio […]”;
y, por el otro, en los eventos en que el respectivo municipio no esté en capacidad
de asumir una competencia, podrá solicitar la concurrencia del departamento y de
la Nación, con el objeto de garantizar la finalidad de bienestar general y
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en especial, para este caso,
en materia de gestión del riesgo de desastres.
1
22. A su vez, el artículo 2.° de la Ley 1523 establece que “[…] [l]a gestión del
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano […]” y, en cumplimiento de esa responsabilidad, las entidades públicas,
privadas y comunitarias, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación
y su jurisdicción, desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo
relativos a: i) conocimiento del riesgo; ii) reducción del riesgo; y iii) manejo de
desastres.
Análisis del caso concreto
1
23. De
conformidad
con
los
marcos
normativos
y
los desarrollos
jurisprudenciales referidos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala
4
8 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
procede a realizar el análisis del acervo probatorio; para, posteriormente, en
aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
1
24. La Sala advierte que las pruebas49 relevantes para resolver el caso sub
examine son las siguientes:
1
25. Copia de la respuesta a la petición presentada por Roberto Beltrán e Iveth
Jaramillo, con radicado número 201741320500112481 de 11 de diciembre de 2017,
suscrita por el Subdirector de Planificación del Territorio, según la cual:
“
[…] De acuerdo con los datos sobre la distribución de las amenazas y los riesgos por
fenómenos naturales en el territorio municipal, que hacen parte del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio Santiago de Cali - POT (Acuerdo 0373 de
diciembre de 2014), el predio con folio de Matricula Inmobiliaria 370-161964,
localizado en la Vereda El Mameyal del Corregimiento Los Andes, inscrito dentro de
las coordenadas Magna - Sirgas origen Cali Norte = 871.860 a 871.900 y Este =
1.057.970 a 1.058.010 y que según la información catastral que consultamos se
identifica con el número predial L001601040000, ESTA POR FUERA DE LAS
ZONAS DE AMENAZA O RIESGO NO MITIGABLE por inundación de corrientes
naturales de agua o por movimientos en masa.
El predio en cuestión está en una zona de Amenaza Media por Movimientos en Masa.
Según el Artículo 48 del citado Acuerdo 0373 de diciembre de 2014, las zonas de
amenaza media por movimientos en masa son"... las áreas libres de ocupación donde
las pendientes del terreno varían entre el veinticinco por ciento (25%) y el cincuenta
por ciento (50%), el terreno está constituido por materiales semi-consolidados y
aparecen leves procesos denudativos, como erosión laminar y en surcos, de tal
manera que en ellas los factores de amenaza pueden ser intervenidos de manera
relativamente sencilla y a costos aceptables" (Subrayas fuera del texto original).
1
26. Copia de la respuesta a la petición presentada por Roberto Beltrán e Iveth
Jaramillo, con radicado número 201741320500112491 de 11 de diciembre de 2017,
suscrita por el Subdirector de Planificación del Territorio, según la cual:
“
[…] De acuerdo con los datos sobre la distribución de las amenazas y los riesgos por
fenómenos naturales en el territorio municipal, que hacen parte del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio Santiago de Cali - POT (Acuerdo 0373 de
diciembre de 2014), el predio con folio de Matricula Inmobiliaria 370-282606,
localizado en la Vereda El Mameyal del Corregimiento Los Andes, inscrito dentro de
las coordenadas Magna - Sirgas origen Cali Norte = 871.915 a 872.030 y Este =
1.058.030 a 1.058.150 y que según la información catastral que consultamos se
identifica con el número predial L001600230000, ESTA POR FUERA DE LAS
ZONAS DE AMENAZA O RIESGO NO MITIGABLE por inundación de corrientes
naturales de agua o por movimientos en masa.
Este predio presenta dos (2) condiciones de Amenaza por Movimientos en Masa, así:
*
La zona sur y la zona oriental del predio, equivalente al 70% de su área total, está
en Zona de Amenaza Alta por Movimientos en Masa.
[
…]
4
9 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, Expediente Digital.
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3
6
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
El resto del predio, equivalente al restante 30% del área total, está en Zona de
Amenaza Media por Movimientos en Masa.
[
…]
Si su interés es hacer alguna construcción en el predio, deberá dirigirse por
escrito a esta Subdirección solicitando le sean especificados los alcances y
contenidos de los estudios geológicos, geotécnicos y de ingeniería necesarios
para evaluar y garantizar la seguridad ante movimientos en masa de la
intervención que se proponga llevar a cabo. En dicha solicitud deberá explicar
brevemente el tipo de intervención o construcción que tiene proyectado desarrollar en
el predio en cuestión […]” (Subrayas fuera del texto original).
1
27. Copia de la respuesta a la petición presentada por Roberto Beltrán e Iveth
Jaramillo, con radicado número 201741320500112461 de 11 de diciembre de 2017,
suscrita por el Subdirector de Planificación del Territorio, según la cual:
“
De acuerdo con los datos sobre la distribución de las amenazas y los riesgos por
fenómenos naturales en el territorio municipal, que hacen parte del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio Santiago de Cali - POT (Acuerdo 0373 de
diciembre de 2014), el predio con folio de Matricula Inmobiliaria 370-244239,
localizado en la Vereda El Mameyal del Corregimiento Los Andes, inscrito dentro de
las coordenadas Magna - Sirgas origen Cali Norte = 871.825 a 871.880 y Este =
1.057.980 a 1:058.035 y que según la información catastral que consultamos se
identifica con el número predial L001600210000, ESTA POR FUERA DE LAS
ZONAS DE AMENAZA O RIESGO NO MITIGABLE por inundación de corrientes
naturales de agua o por movimientos en masa.
Este predio presenta dos (2) condiciones de Amenaza por Movimientos en Masa, así:
*
La zona oriental del predio, equivalente al 42% de su área total, está en Zona de
Amenaza Alta por Movimientos en Masa.
[
…]
El resto del predio, equivalente al restante 58% del área total, está en Zona de
Amenaza Media por Movimientos en Masa” (Subrayas fuera del texto original).
1
28. Copia de la respuesta a la petición presentada por Roberto Beltrán e Iveth
Jaramillo, con radicado número 201741320500112441 de 11 de diciembre de 2017,
suscrita por el Subdirector de Planificación del Territorio, según la cual:
“
De acuerdo con los datos sobre la distribución de las amenazas y los riesgos por
fenómenos naturales en el territorio municipal, que hacen parte del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio Santiago de Cali - POT (Acuerdo 0373 de
diciembre de 2014), el predio con folio de Matricula Inmobiliaria 370-161948,
localizado en la Vereda El Mameyal del Corregimiento Los Andes, inscrito dentro de
las coordenadas Magna - Sirgas origen Cali Norte = 871.850 a 871.960 y Este =
1.057.985 a 1.058.090 y que según la información catastral que consultamos se
identifica con el número predial L001600220000, ESTA POR FUERA DE LAS
ZONAS DE AMENAZA O RIESGO NO MITIGABLE por inundación de corrientes
naturales de agua o por movimientos en masa.
Este predio presenta dos (2) condiciones de Amenaza por Movimientos en Masa, asi:
*
La zona oriental del predio, equivalente al 50% de su área total, está en Zona de
Amenaza Alta por Movimientos en Masa.
[
…]
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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3
7
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
*
El resto del predio, equivalente al restante 50% del área total, está en Zona de
Amenaza Media por Movimientos en Masa […] (Subrayas fuera del texto original)”.
1
29. Copia de la respuesta a la petición presentada por Roberto Beltrán e Iveth
Jaramillo, con radicado número 201741320500112447 de 11 de diciembre de 2017,
suscrita por el Subdirector de Planificación del Territorio, según la cual:
“
De acuerdo con los datos sobre la distribución de las amenazas y los riesgos por
fenómenos naturales en el territorio municipal, que hacen parte del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio Santiago de Cali - POT (Acuerdo 0373 de
diciembre de 2014), el predio con folio de Matricula Inmobiliaria 370-197914,
localizado en la Vereda El Mameyal del Corregimiento Los Andes, inscrito dentro de
las coordenadas Magna - Sirgas origen Cali Norte = 871.790 a 871.875 y Este =
1.057.930 a 1.058.015 y que según la información catastral que consultamos se
identifica con el número predial L001600200000, ESTA POR FUERA DE LAS
ZONAS DE AMENAZA O RIESGO NO MITIGABLE por inundación de corrientes
naturales de agua o por movimientos en masa.
Este predio presenta dos (2) condiciones de Amenaza por Movimientos en Masa, asi:
*
La zona suroriental del predio, equivalente al 26% de su área total, está en Zona de
Amenaza Alta por Movimientos en Masa […] (Subrayas fuera del texto original)”.
1
30. Copia de la respuesta de la Resolución 0710 núm. 0712, por la cual se otorga
autorización para la apertura de vías carreteables y explanaciones, expedida por la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, según el cual se resuelve:
“
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al señor JONAS MARIA CARDONA QUINTERO,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.052.413 de Cali, Autorización para la
Apertura de vías; carreteables y Explanaciones, para el desarrollo del proyecto en el
lote EL MAMEYAL, el cual se llevará a cabo en los predios identificados con
Matriculas Inmobiliarias No. 370-161948, 370-244239, 370-197914 y 370-161964,
ubicados en la Vereda Los Andes, Corregimiento Los Andes, jurisdicción del
municipio de Cali, Departamento del Valle del Cauca.
PARÁGRAFO: Se autoriza la excavación de 4.157 M3 y un relleno de 2.070 M3.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se concede un plazo de seis (06) meses para la ejecución
de los permisos y para el cumplimiento de las obligaciones ambientales; excepto los
plazos particulares fijados en algunas obligaciones. El plazo se cuenta a partir de la
notificación del acto administrativo que otorga los permisos.
La CVC a través de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, realizará el
seguimiento permanente a la ejecución del permiso.
ARTÍCULO TERCERO: De no realizarse los trabajos autorizados, no. del
cumplimiento de obligaciones dentro del término fijado, se deberá prórroga la cual
deberá presentarse con una anticipación no inferior a sesenta (60)
días de la expiración del término otorgado.
ARTÍCULO CUARTO: El señor JONAS. GUARIA CARDONA QUINTERO identificado
con la Cédula de Ciudadania in 6.05 2.413 de Cali, como propietaria y beneficiaria de
los permisos ambientales de APERTURA DE VIAS, CARRETEABLES Y
EXPLANACIONES en. el predio Mameyal, ubicado en la vereda Los Andes,
corregimiento Los Andes, jurisdicción del municipio de Santiago de Cali,
Departamento del Valle del Cauca, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
Responsabilidad de los diseños: La excavación y conformación de las terrazas, según
los diseños entregados a la Corporación, teniendo en cuenta en todo caso en su
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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3
8
Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
ejecución las especificaciones técnicas. La responsabilidad de diseño recae sobre el
propietario del predio […].
ARTÍCULO QUINTO: Advertir alseñor JONAS MARIA CARDONA QUINTERO que
cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos
establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la aplicación de las
medidas preventivas y/o sanciones pertinentes, acorde con lo establecido en la Ley
1333
de
2009,
previo
adelanto
del
trámite
administrativo
sancionatorio
correspondiente.
ARTÍCULO SEXTO: Advertir al señor JONAS MARIA CARDONA QUINTERO que. en
caso de detectarse efectos ambientales no previstos potenciales de amenaza y riesgo
al territorio, deberán suspender de forma inmediata la actividad autorizada hasta tanto
se adelanten o actualicen los estudios técnicos geológicos, geotécnicos,
estructurales, hidrológicos e hidráulicos, paisajísticos, de conectividad ecológica,
entre otros, para que la CVC, determine. y exija la adopción de las medidas
preventivas y correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las que deba
adoptar por cuenta propia el titular del permiso al momento de tener conocimiento de
los hechos.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al señor JONAS MARIA CARDONA QUINTERO, que
asume la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los
términos, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente resolución
y demás normatividad ambiental vigente.
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC,
por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, ejercerá las labores
de seguimiento y control ambiental, para vigilar y supervisar el cumplimiento de las
obligaciones impuestas..
ARTICULO NOVENO: La autorización que se otorga, queda sujeta al pago anual por
parte del beneficiario a favor de La Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca CVC por los servicios de seguimiento en los términos establecidos en la
Resolución 0100 No. 0100-0197 de abril 17 de 2008, Resolución 0100 No. 0700- 0426
del 29 de junio de 2016, actualizada mediante Resolución 0100. No. 0700- 066 de
2017 o las normas que las modifiquen o sustituyan.
PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo primero del
articulo 8 de la Resolución 0100 No. 0100-0222 de 2011, actualizada mediante
Resolución 0100 No. 0107 de 2012. 0100-0095 del 19 de febrero de 2013, 0033 del
20 de febrero de 2014, Resolución 0100 No. 0700-0426 del 29 de junio de 2016 y
Resolución 0100 No. 0700-066 de 2017, para los permisos y autorizaciones con
vigencia hasta de un (1) año, se liquidará la tarifa del cobro del seguimiento, con el
valor declarado como costo del proyecto al momento de la solicitud (formulario) y
dicho valor deberá incluirse - en la resolución de otorgamiento del permiso.
PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo anterior, el valor total a pagar por
el servicio de seguimiento, se deberá cancelar por una sola vez a favor de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma de
CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($403.965), de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000, Resolución 0100
No. 0100-0197 de abril 17de 2008, 0222 del 14 de abril de 2011 y 0095 del 19 de
febrero de 2013, 0033 del 20 de enero de 2014, Resolución 0100 No. 0700-0426 del
29 de junio de 2016, actualizada Resolución 0100. No. 0700- 066 de 2017 expedidas
por esta Entidad y Resolución 1280 del 07 de julio de 2010, expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
PARAGRAFO TERCERO: La suma deberá ser cancelada antes de los primeros
cuatro (04) meses de la vigencia del permiso, reclamando el tabulado para pago en
las instalaciones de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente […]”.
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1
31. Copia de los certificados de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali, con números de matrícula inmobiliaria 370-161948, 370-244239, 370-
1
97914, 370-161964 y 370-282606.
1
32. Copia del Plan de Manejo Ambiental Parque Ecológico Recreativo Municipal
Cristo Rey, elaborado en noviembre de 2019.
1
33. Copia del Concepto Técnico Ambiental núm. 492 de 2016, elaborado por la
Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca, en el que se concluyó que:
“
Localización: Predio sin nombre con matrículas inmobiliarias No 370 282606370-
244239 1370 161964 370-161948 370-197914, ubicados en la vereda el Mameyal en
el corregimiento los Andes en las inmediaciones de las coordenadas geográficas
3°26:14.29"N/ 76°33'20:69"0 (Ver Mapa 1).
[
…]
Áreas Protegidas: De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 373 de 2014
(POT Cali, 2014), el predio en su totalidad se encuentra localizado por fuera de la
Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali en el corregimiento Lo ANDES del
municipio de Santiago de Cali.
Los predios se ubican en las zonas definidas como área de manejo de suelo rural
suburbano definidos en el artículo 432 del POT de Cali 2014.
[
…]
Áreas de amenazas y riesgos por movimiento.sa masa: Acorde al POT, 2014-y a la
visita realizada, el predio se encuentra por fuera de zonas de amenaza o riesgo
no mitigable por movimiento en masa, el predio cuenta con amenazas alta la cual
ocupa un área aproximada de 7100 m2 un 38% del área total de los predios y el área
restante un 62% son zonas de amenaza media. En tal sentido, a la fecha esta
zonificación se rige en los artículos No 46, 48, 417 y 419 del acuerdo 373 del 2014
POT CALI (ver mapa 3: Zona de amenazas y riesgos por movimiento en masa en los
predios a conceptuar).
[
…]
Conclusiones:
Los predios a los que hace mención el presente concepto se ubican en su totalidad
dentro de área de manejo del suelo rural suburbano del municipio de Cali y se rige
por así [por las] condiciones establecidas en los artículos 388,398, 416, 429,430,432
del POT CALI 2014.
Un área aproximada de 6460 m7 representado en un 35% del área total de los
predios, se definen como Suelos de Protección Forestal por Pendiente ya que su
inclinación es superior al 70% es decir 35° cuya actividad principal es de protección y
conservación y actividades secundarias deber se condicionadas por las autoridades
competentes, el área restante representado en [el] 65% de los predios cuenta con
pendientes; inferiores al 50% y su uso de definen por las condiciones establecidas
para suelo rural suburbano.
A la fecha existe una vivienda en el predio L00160023000 hecha en ladrillo que ocupa
un área aproximada de 63 m2. Y una torre de comunicación.
-
Deberá garantizar la permanencia y conservación de la flora presente en el predio
identificados durante la visita técnica. Para hacer el aprovechamiento de los árboles
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(balsos, niguiito, entre otros) se requiere que solicite ante la Autoridad Ambiental el
respectivo permiso o autorización, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 99 de 1993,
Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1791 de 1996, Acuerdo CVC 18 /je 1998. El
aprovechamiento de los recursos naturales sin la obtención previa del permiso por
parte de la Autoridad Ambiental competente, dará lugar al inicio del proceso
sancionatorio, de conformidad con la Ley 1336 de 2008:
1
34. Copia de la Resolución 0710 núm. 0712-001809 de 17 de diciembre de 2019,
por el cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución 0710
núm. 0712-000935 de 2 de julio de 2019, por la cual se negó un permiso de
vertimientos, resolvió:
“
[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución 0710 No. 0712-000935 del
02 de Julio de 2019, por medio del cual se negó un Permiso de Vertimientos solicitado
por el señor JONAS MARIA CARDONA QUINTERO, identificado con la cédula de
ciudadanía No.6.052.413 de Cali (V), para las aguas domésticas que se generan del
establecimiento de comercio denominado ECO PARK "EL BORONDO", identificado
con matrículas inmobiliarias Nos.370-161948, 370-161964, 370244239 Y 370-
197914, localizado en la vereda el Mameyal, corregimiento Los Andes, municipio de
Cali, Departamento del Valle del Cauca.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir al señor JONAS MARIA CARDONA QUINTERO,
que el Incumplimiento a lo establecido en el presente acto administrativo, dará lugar
a la aplicación de las medidas preventivas y/o sanciones pertinentes, acorde con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo
sancionatorio correspondiente.
ARTICULO TERCERO: La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -
CVC, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, ejercerá las
labores de seguimiento y control ambiental, para vigilar y supervisar el cumplimiento
de lo impuesto.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICACIÓN. El encabezado y la parte resolutiva de esta
resolución, deberá publicarse por la CVC en el boletín de actos administrativos de la
Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: COMISIONAR al Técnico Administrativo o a la Secretarla de la
Unidad de Gestión de Cuenca Lill-Meléndez-Cañaveralejo-Cali de la Dirección
Ambiental Regional Suroccidente; de la CVC, para la diligencia de notificación
personal al Doctor RAFAEL ANGEL DIAZ MARIN, identificado con la cédula de
ciudadanía No.14.999,495 de Cali, y portador de la T.P. 27.485 del C.S. de la
Judicatura, quien obra como apoderado especial del señor JONAS MARIA
CARDONA QUINTERO, identificado con la cédula No.6.052.413 de Cali.
ARTICULO SEXTO: COMISIONAR al Técnico Administrativo o a la secretaria de la
Unidad de Gestión de Cuenca Lili-Meléndez-Cañaveralejo-Cali de la Dirección
Ambiental Regional Suroccidente, de la CVC, para la diligencia de notificación
personal a los señores IVETH KATERINE JARAMILLO LOPEZ identificada con la
cédula No.67.039.237hde Cali, y ROBERTO ANTONIO TORRES BELTRAN
TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.834,877 de Cali, quienes
obran como parte interesada dentro del presente trámite administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno [...].
1
35. El permiso de vertimientos había sido negado en consideración a que:
“
[…] De acuerdo con lo indicado en el radicado CVC 836362019 fechado 31 de
octubre de 2019, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal da
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respuesta a los requerimiento realizados, concluyendo que la actividad comercial
identificada con el Código CIU 5611 "Expendio a la mesa de comidas preparadas" no
es permitida ya que el predio no está incluido dentro de las áreas identificadas en el
mapa 51 "Pre-delimitación de Planes Zonales en el Suelo Rural Suburbano", y reitera
que ésta no puede ser considerada como una actividad de servicios o turística, SE
NIEGA el permiso de vertimientos solicitado por el señor Jonás María Cardona
Quintero identificado con cédula de ciudadania No. 6.052.413 de Cali, para aguas
residuales domésticas que se generarán del establecimiento de comercio
denominado ECO PARK "EL BORONDO" identificado con matrículas inmobiliarias
Nos. 370-161948, 370-161964, 370-244239 y 370-197914, localizado en la vereda
Mameyal, corregimiento Los Andes, municipio de Cali-Departamento del Valle del
Cauca […]”.
1
36. La decisión se confirma al resolver el recurso de reposición en consideración
a que:
“
[…] Sin aceptar las manifestaciones del recurrente en cuanto afirma que existía un
acto administrativo y por ello la violación del principio de legalidad, aun así, de ninguna
manera puede considerarse como lo ha dicho la Corte que las determinaciones sean
inmodificables, pues como se ha dicho, existe un nivel de jerarquía de las normas
ambientales que permiten relativizar el derecho a la propiedad.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en los términos del concepto técnico
898-2019 fechado a noviembre 25 de 2019 en los cuales se conceptúa la negativa en
el otorgamiento del permiso como así mismo lo establecido en el Decreto Ley 1076
de 2015, ley 99 de 19913, Decreto 2811 de 1974 se debe CONFIRMAR la Resolución
No.712 - 000935 de julio 02 de 2019 […]”.
1
37. Copia de la Resolución núm. CU3-0433 de 2020, expedida por el Curador
Urbano Tres de Cali, por medio de la cual se resuelve una solicitud de licencia de
parcelación y licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, en virtud de
la cual se resuelve:
“
[…] ARTÍCULO 1. Conceder LICENCIA DE PARCELACIÓN Y LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN en la modalidad de OBRA NUEVA al proyecto denominado
PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL CRISTO REY.
Al señor(a)(es) JONAS MARIA, CARDONA QUINTERO CC 6052413, M.I. 370-
1
7
0
61948,161964,197934,244239,
60010000560000070186000000000760010000560000070187000000000,7500100
0560000070188000000000, 760010000560000070189000000000 Del Barrio o
código
único
Urbanización SIN BARRIO. Ubicado en CORREGIMIENTO LEE ANDES MAMEYAL
KILOMETRO 2 VIA CRISTO REY CALLE 1 - 0.
Con vigencia de 36 meses, contados a partir de la fecha de su ejecución, prorrogables
por una vez por 12 meses adicionales, La solicitud de prórroga deberá formularse
dentro de los treinta (30) días calendario antes del vencimiento.
ARTÍCULO 2. Para la correcta aplicación de las disposiciones que se establecen en
la presente resolución, se tendrá en cuenta la siguiente información básica: Esquema
Básico No. 201941320300076021 Fecha 2019/7/23
Paramentos: Vía a Cristo Rey: vía colectora rural, antejardín de 5.00 m, anden de
1,50 m, calzada de 7.00 m.
Camino sendero: vías locales, antejardín de 5,00 m, anden de 1.50 m, calzada de
3,30 m.
Área de Actividad AREA DE MANDO SUBURBANO 2, LADERA, UPU: UPR2. RIO
CALI, Suelo SUBURBANO, SIN COMUNA,
Arquitecto MARCELO ANTONIO PERAFAN KIMMELINO Mat. A1905200310491025,
Ing. Calculista JORGE ENRIQUE PAREDES ESTUPIÑAN Nro Mat. 76202326411,
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Ing Elementos no estructurales JORGE ENRIQUE PAREDES ESTUPIÑAN No Mat.
7
7
6202325411, Ing. Geotecnista LUIS FERNANDO MONTOYA GUZMAN Nro Mat.
620276700, Constructor Responsable MARCELO ANTONIO PERAFAN KIMMEL
No Mat. A1905200310491028 Tel. 3014414302
EIR: Oficia radicado No 201941320300138841, Fecha 27-12-2019 Impuesto de
Delineación: Nro, 001300002727, Fecha I.D. 10-7-2020, Valor 11.501.100.00 […]”
(Subrayas fuera del texto original).
1
38. Copia de los Certificados de Registro de Instrumentos Públicos con número
de matrícula inmobiliaria 370-1051993 y 370-1051994, correspondientes al predio
urbano, en virtud del cual, en la anotación núm. 002 consta el acto de Cesión
Obligatoria de Zonas con Destino a Uso Público a favor del Distrito de parte de
Jonás María Cardona Quintero.
1
39. Copia del Estudio elaborado por Alma Ingeniería S.A.S. denominado “TEX -
0
3417-2
ESTUDIO
GEOLÓGICO
Y
MAPA
DE
ZONIFICACIÓN
DE
SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA LOTE MIRADOR MAMEYAL
CORREGIMIENTO LOS ANDES, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI VALLE DEL
CAUCA”.
“
[…] 9.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Excavaciones.
*
El proyecto no considera más excavaciones que las requeridas para la construcción
de redes (temporales) o nivelaciones
*
El fondo de las excavaciones deberá ser re-compactado con equipo liviano (rana o
saltarin) en un espesor mínimo de 15 cm.
[
…]
Rellenos.
*
Los rellenos de nivelación deberán ser conformados con material tipo
Seleccionado (Norma INVIAS 220) en espesores mínimo de 0.25 m.
*
Los materiales de la Capa C1, cumplen en general con las especificaciones, por lo
que se podrían extraer de los movimientos de tierra internos (sistema corte/relleno).
*
2
*
Los bordes de los rellenos (hombros) deberán conformarse con inclinación
H:1V, para prevenir erosión y pérdida de material.
Para consultar las especificaciones de estos materiales, consultar las Tablas 311.1
y 220.1 de las Normas INVIAS.
*
Los rellenos estructurales bajo las vigas de muros pueden ser conformados con
material tipo Seleccionado o en Concreto Ciclópeo, dependiendo de su facilidad
constructiva.
9
*
.4. RECOMENDACIONES PARA TALUDES TEMPORALES Y DEFINITIVOS
Las distintas modelaciones, arrojan alturas máximas de excavación (cortes
verticales temporales) hasta 1.7 m. Se le deberá dar un manejo preventivo, mediante
cortes con chaflán 1H:2V.
[
…]
9.8. MANEJO DE AGUAS.
*
El estudio de amenaza identificó sectores con un riesgo de amenaza por
deslizamiento mitigable.
*
Como factor detonador, destacó la infiltración de aguas de escorrentía en los
contactos suelos residuales-rocas.
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Por tal razón, se debe minimizar el flujo de agua superficial, mediante la construcción
de zanjas de coronación de los taludes (en los límites de la terraza superior)
recubiertas en concreto.
*
La sección recomendada es semi-circular (batea) de ancho 50 cm y fondo 20
cm.
*
Estas zanjas deberán descargas a estructuras de disipación y/o entrega a la red de
aguas lluvias.
*
Los taludes expuestos, deberán protegerse de la erosión superficial mediante la
siembra de especies arbustivas o prado. Es muy probable que se requieran
ecomantos o costales de fique para facilitar el arraigo.
*
Las grietas deberán sellarse con lechada de concreto, para evitar presiones
hidrostáticas al interior de los taludes […]”.
1
40. Copia de la Resolución 0710 núm. 0712-001065 de 27 de julio de 2022, “por
medio de la cual se realiza el cese de un procedimiento sancionatorio ambiental”,
expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en virtud del
fallecimiento del señor Jonás María Cardona Quintero.
1
41. De
conformidad
con
los
marcos
normativos
y
los desarrollos
jurisprudenciales, así como, de acuerdo con las pruebas previamente relacionadas
la Sala procede a resolver el caso concreto.
Sobre la indebida aplicación del principio de prevención
1
42. Los recurrentes coinciden en los argumentos por los cuales expresan su
inconformidad respecto de la sentencia proferida en primera instancia. En esencia,
no comparten la aplicación del principio de prevención y se oponen a las órdenes
segunda y tercera, en virtud de las cuales, la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca y el Distrito deberán realizar controles ambientales y urbanísticos.
1
43. Al respecto, aducen que no se tuvieron en cuenta las pruebas allegadas al
proceso en virtud de las cuales se logró probar que el Parque Recreativo y Cultural
Cristo Rey “Borondo Park” contó con los permisos y licencias establecidas en las
disposiciones jurídicas y, que, contrario a los establecimientos de comercio y
construcciones irregulares, si conllevó la elaboración de estudios que fueron
conocidos e incluso que tuvieron la participación de las autoridades competentes,
con miras a la preservación del medio ambiente.
1
44. A su vez, refieren el cumplimiento de las cargas urbanísticas con ocasión de
la licencia de construcción de obra nueva.
1
45. En tal sentido, controvierte la valoración de las pruebas por parte del Tribunal,
así como, su asignación de competencias en materia de control posterior a la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
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1
46. Analizadas las pruebas aducidas por los recurrentes y en general las
decretadas y practicadas en el proceso, se advierte que los apelantes tienen razón
en el sentido de señalar que el Parque Recreativo y Cultural Cristo Rey “Borondo
Park” contó con las licencias y permisos correspondientes a partir de la normativa
en materia urbanística y ambiental, salvo, lo atinente a la licencia de vertimientos
que no se concedió por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca.
1
47. Además, la Sala observa que, si bien la obtención de cada una de las
autorizaciones referidas se fundó en estudios elaborados con miras a la mitigación
de riesgos, lo cierto es que la Corporación Autónoma Regional inició un
procedimiento sancionatorio ambiental que con posterioridad cesó debido al
fallecimiento del señor Jonás María Cardona Quintero.
1
48. Asimismo, resulta evidente que no hay prueba de una amenaza o vulneración
de los derechos e intereses colectivos alegados por parte de los sucesores
procesales del accionado, con ocasión de la construcción del Parque Recreativo y
Cultural Cristo Rey “Borondo Park”. Tampoco es dable considerar la existencia de
un potencial riesgo de movimientos en masa, salvo, la duda que esta situación
pueda derivarse en un futuro respecto de las construcciones irregulares en la zona,
debido a la falta de controles estrictos por parte de las autoridades competentes.
1
49. La Sala considera que el principio de prevención en materia ambiental tiene
por objeto, entre otros, preservar un ambiente sano, responder a la degradación
ambiental y proteger a las generaciones presentes y futuras, por lo que su aplicación
se torna necesaria ante amenazas o vulneraciones al goce a un ambiente sano, con
el fin de precaver un perjuicio sobre los recursos naturales.
1
50. Así las cosas, la Sala considera que debe mantenerse la aplicación del
principio de prevención, únicamente, en lo que atañe a las construcciones
irregulares y en lo pertinente a la falta de permiso de vertimientos del Parque
Recreativo y Cultural Cristo Rey “Borondo Park”; y, en tal sentido la Sala modificará
lo dispuesto en la sentencia proferida en primera instancia en lo que atañe a los
ordinales segundo y tercero, para ordenar a la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta
sentencia, inicie los procesos sancionatorios ambientales a que haya lugar en
relación con los predios objeto de esta acción popular, a efectos de garantizar la
protección de los derechos e intereses colectivos amparados. La Corporación
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4
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Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
Autónoma regional presentará un informe ante el Tribunal sobre las actividades
realizadas en cumplimiento de esta sentencia, al menos cada seis (6) meses
mientras se resuelven los procesos administrativos que se están adelantando,
contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia.
1
51. Al mismo tiempo, se modificará el ordinal tercero de la sentencia proferida en
primera instancia en el sentido de ordenar al Distrito Especial de Cali, que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, dentro de
los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta sentencia inicie los procesos
policivos a que haya lugar, a través de la dependencia competente, a efectos de
garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos, con miras a evitar
ocupaciones irregulares en el Corregimiento Los Andes, vereda El Mameyal, con
ocasión de los hechos referidos en esta acción constitucional. El Distrito deberá
presentar un informe ante el Tribunal sobre las actividades realizadas en
cumplimiento de esta sentencia, al menos cada seis (6) meses mientras se
resuelven los procesos administrativos que se están adelantando, contados a partir
de la ejecutoria de esta sentencia.
1
52. Además, se modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida en primera instancia en el entendido que el predio objeto de las medidas
ordenadas en esta acción popular corresponde a aquellos donde se ubica el Parque
Recreativo y Cultural Cristo Rey objeto de esta acción popular.
Sobre el comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
1
53. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida,
en primera instancia, resolvió en el ordinal séptimo, lo siguiente:
“
[…] SÉPTIMO: ORDENAR la conformación de un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia que estará integrado por un representante de: i) la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MAMEYAL, en calidad de
accionante, ii) el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, iii) la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, iv) un
delegado de la Procuraduría General de la Nación, como representante del Ministerio
Público, v) un delegado de la Defensoría del Pueblo y (vi) el magistrado ponente […]”.
1
54. La Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en lo relacionado con la conformación del Comité
de Verificación de cumplimiento, en el sentido de precisar que el Magistrado
Sustanciador del Tribunal deberá presidir dicho comité.
1
55. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
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Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
obligadas, el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia.
1
56. En lo demás se confirmará la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 9 de febrero de 2023.
Conclusión
1
57. De conformidad con lo anterior, la Sala modificará los ordinales segundo,
tercero y séptimo de la sentencia proferida en primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero, cuarto y séptimo de la parte
resolutiva de la sentencia proferida el 9 de febrero de 2023, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva,
los cuales quedarán así:
“
[…] SEGUNDO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, que dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta
sentencia, inicie los procesos sancionatorios ambientales a que haya lugar en relación
con los predios objeto de esta acción popular, a efectos de garantizar la protección
de los derechos e intereses colectivos amparados.
La Corporación Autónoma Regional deberá presentar un informe ante el Tribunal
sobre las actividades realizadas en cumplimiento de esta sentencia, al menos cada
seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, mientras se
resuelven los procesos administrativos que se están adelantando.
TERCERO: ORDENAR al Distrito Especial de Cali que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, que dentro de los tres (3)
meses siguientes a la notificación de esta sentencia inicie los procesos policivos a
que haya lugar, a través de la dependencia competente, a efectos de garantizar la
protección de los derechos e intereses colectivos, con miras a evitar ocupaciones
irregulares en el Corregimiento Los Andes, vereda El Mameyal, con ocasión de los
hechos referidos en esta acción constitucional.
El Distrito deberá presentar un informe ante el Tribunal sobre las actividades
realizadas en cumplimiento de esta sentencia, al menos cada seis (6) meses,
contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, mientras se resuelven los
procesos policivos que se están adelantando.
CUARTO: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE
DEL CAUCA – CVC y al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI que, dentro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Núm. único de radicación: 760012333000202100674-01
de los CINCO días siguientes a la notificación esta providencia, acrediten el inicio de
las actuaciones tendientes a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y
la violación de los intereses y derechos colectivos amparados en el predio donde se
ubica el Parque Recreativo y Cultural Cristo Rey objeto de esta acción popular.
SÉPTIMO: ORDENAR la conformación de un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia que estará integrado por: el magistrado ponente –
quien deberá presidirlo–; un representante de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE
LA VEREDA EL MAMEYAL, en calidad de accionante; un representante del
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y
DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI; un representante de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA; un delegado de la Procuraduría
General de la Nación, como representante del Ministerio Público; y, un delegado de
la Defensoría del Pueblo.
En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente
es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en el marco del Comité de Verificación, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo
que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia […]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 9 de febrero de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dejando las correspondientes anotaciones de
ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Salva voto
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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