| Dependencia | Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular |
| Radicado | IUS E-2019-797174 / IUC D-2019-1441241 |
| Investigado | Luis Alberto Peña Rincón |
| Cargo | Concejal |
| Entidad | Concejo de Los Santos (Santander) |
| Fecha queja | 12 de diciembre de 2019 |
| Fecha hechos | 17 de septiembre de 2019 |
| Asunto | Fallo de segunda instancia |
Bogotá, D.C., 16 de abril de 2026
Aprobado en Sala, con Acta No. 10
P.D. Ponente: Luis Germán Ortega Ruiz
I. Asunto
La Sala resuelve la apelación interpuesta por el defensor del disciplinable Luis Alberto Peña Rincón, en calidad de concejal de Los Santos (Santander) contra el fallo disciplinario proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga el 21 de noviembre de 2024. Decisión en la que declaró disciplinariamente responsable al mencionado, y, como consecuencia, le impuso sanción consistente en suspensión e inhabilidad especial por el término de cinco (5) meses.
II. Hechos
Las presentes diligencias se circunscriben a las presuntas irregularidades ocurridas durante el proceso de elección de personero del municipio de Los Santos (Santander) para el periodo 2020–2024, concurso adelantado en 2019 por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Los Santos, con el apoyo de la Federación Colombiana de Autoridades Locales (FEDECAL) y Creamos Talentos, pese a que dichas entidades no acreditarían, dentro de su objeto social, la actividad especializada relativa a procesos de selección de persona–.
III. Antecedentes
3.1 Indagación preliminar
Las presentes diligencias se originan en el informe rendido por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga; no obstante, como su titular se declaró impedid– por haber conocido de manera preventiva los hechos, las actuaciones fueron asignadas a la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, dependencia que, mediante actuación de 19 de marzo de 2021, inició indagación prelimina– contra funcionarios por determinar del Concejo Municipal de Los Santos.
3.2 Investigación disciplinaria
El 18 de mayo de 2022, el operador disciplinario dispuso la apertura de investigación disciplinari– en contra de Luis Alberto Peña Rincón, en su calidad de presidente del Concejo Municipal de Los Santos, y ordenó la práctica de diversas pruebas. Esta decisión fue notificada por correo electrónic el 19 de mayo siguiente.
3.3 Cierre de investigación
La referida Procuraduría de instrucción, el 14 de julio de 2022, dispuso el cierre de la investigació y ordenó correr traslado para la presentación de los alegatos precalificatorios. Determinación que fue comunicada al sujeto procesal mediante correo electrónico el 15 de julio de 2022
Vencido el término de traslado para alegatos precalificatorios sin pronunciamiento del sujeto procesal, se prosiguió el trámite.
3.4 Pliego de cargos
En proveído del 5 de septiembre de 2023– se evaluó la investigación y se formuló reproche provisional en cargo único a Luis Alberto Peña Rincón por:
Usted en su condición de concejal y presidente del Concejo Municipal de Los Santos, Santander, para el periodo 2016-2019, actuando como representante legal y ordenador del gasto, participó en la actividad contractual, al parecer infringiendo los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la actividad contractual, al suscribir el día 17 de septiembre de 2019, con la Federación Colombiana de Autoridades Locales -FEDECAL- […] y CREAMOS TALENTOS […], el convenio No. 001 de Cooperación interinstitucional cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos administrativos y operativos entre el concejo municipal de Los Santos, la Federación Colombiana de Autoridades Locales - FEDECAL y Creamos Talentos, para el acompañamiento, asesoría y apoyo a la gestión en el proceso de concurso de méritos para la elección de Personero Municipal de Los Santos – Santander, de conformidad con el Decreto 1083 de 2015”, FEDECAL persona jurídica que dentro de su objeto social, no cumplía con el requisito legal de ser una entidad especializada en procesos de selección de personal, ni actividades conexas o similares según lo exigido en el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015; conducta ejecutada por acción, que podría constituir falta disciplinaria, con la cual pudo haber extralimitado las funciones […].
Se le enrostró la presunta comisión de una falta gravísima a título de culpa grave, por incurrir en el comportamiento descrito en el numeral 3 del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019.
La decisión referida fue notificada mediante correo electrónico el 7 de septiembre de 2023 Surtido el trámite, la procuraduría de instrucción remitió la actuación a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga
3.5 Nulidad
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga con auto del 13 de junio de 2024– avocó conocimiento y declaró la nulidad de oficio por indebida notificación del pliego de cargos. Toda vez que no existía autorización previa por parte del sujeto procesal para recibir notificaciones electrónicas. Devolviendo las diligencias el 18 de junio de la misma anualidad
Vencido el término para surtir la notificación y ante la ausencia del sujeto procesal, la procuraduría de instrucción nombró defensor de oficio, con quien surtió la notificación del pliego de cargos por correo electrónico del 12 de julio de 2024 El 16 de julio Luis Alberto Peña Rincón solicitó la notificación del pliego de cargos al correo electrónico, diligencia surtida el 17 siguiente–
Cumplidas las notificaciones, se envió el proceso a juzgamiento para continuar con el trámite
3.6 Juzgamiento
3.6.1 Con auto del 11 de septiembre de 2024 la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga avocó conocimiento, fijó procedimiento del juicio por la vía ordinaria y ordenó correr el traslado previsto en el artículo 225B del CG–.
El 16 de octubre de 2024 se firmó constancia secretarial de la no presentación de descargos por parte de los sujetos procesales
3.6.2 Mediante auto del 24 de octubre de 2024 el funcionario de juzgamiento dispuso correr traslado para que la presentación de los alegatos finale–. Al respecto, se levantó la respectiva constancia secretarial por ausencia de alegacione.
3.7 Fallo de primera instancia y apelación
3.7.1 La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga el 21 de noviembre de 202– profirió fallo de primera instancia en el cual declaró disciplinariamente responsable a Luis Alberto Peña Rincón respecto del cargo único imputado, manteniéndolo en su integridad, por lo que, impuso sanción de suspensión del ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de cinco (5) meses.
3.7.2 La anterior decisión fue notificada electrónicamente al defensor y disciplinable el 25 de noviembre de 2024
3.7.3 El 2 de diciembre siguiente, la defensa interpuso y sustento el recurso de apelación– Alzada que fue concedida ante esta sala el 03 de diciembre de 202.
3.7.4 El expediente fue recibido en esta instancia para resolver el recurso de apelación el 3 de enero de 2025
IV. Providencia Recurrida
El fallo sancionatorio objeto del recurso de apelación se sustentó en las razones que se resumen así:
El fallador adujo que, de acuerdo con las pruebas obrantes en la actuación y todo el recuento normativo y jurisprudencial aplicable al caso en concreto, se encontró probado que Luis Alberto Peña Rincón estuvo inmerso en la falta contenida en el numeral 3 del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019, al suscribir el documento de estudios previos del 15 de septiembre de 2019, para la suscripción del convenio 001 del 17 de septiembre de 2019 con la Federación Colombiana de Autoridades Locales – FEDECAL y Creamos Talentos, para el proceso de concurso de méritos referido. Entidades que no eran idóneas para cumplir con el objeto del concurso público y abierto de méritos para la elección de personero, desconociendo el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015.
En lo concerniente a la ilicitud sustancial, señaló que el disciplinado quebrantó el principio de moralidad al contratar el apoyo para realizar dicho concurso con dos entidades que no tenían la idoneidad para cumplir con el objeto contractual, toda vez que el objeto social de estas no guardaba relación expresa para esta actividad. Desconociendo que el cumplimiento de las funciones públicas se debe realizar conforme al ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, guiado por el interés general.
Frente a la culpabilidad, indicó que corresponde a culpa grave, por no actuar con el cuidado necesario para establecer o evidenciar que la entidad con la que se celebraría el negocio jurídico cumpliera con las exigencias de la ley, y así suscribir el convenio para el acompañamiento, asesoría y apoyo a la gestión del concurso para elección de personero. Es decir, no constató que las instituciones con las que suscribió el convenio no eran entidades especializadas en tal actividad.
En consecuencia, se impuso a Luis Alberto Peña Rincón la sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de cinco (5) meses, al considerarse incurso en una falta gravísima cometida a título de culpa grave.
Para la dosificación, se tuvo en cuenta que concurrían cuatro (4) circunstancias agravantes y ningun atenuante, razón por la cual se partió del mínimo del rango sancionatorio, esto es, un (1) mes y se incrementó en otro por cada agravante acreditada.
La primera instancia consideró que, en materia de graduación de la sanción, y en aplicación del principio de favorabilidad, resultaba procedente acudir a la disposición del Código General Disciplinario, en tanto el artículo 47 de la Ley 734 de 2002 no establece una diferenciación expresa entre agravantes y atenuantes, a diferencia de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 1952 de 2019, que sí contempla tal distinción.
En relación con el atenuante referido a la diligencia y eficiencia demostradas en el desempeño del cargo, así como a la ausencia de antecedentes, se concluyó que no era aplicable, por cuanto el investigado no acreditó haber actuado con la diligencia y eficiencia exigibles y, de haberse observado tales aspectos, no se habrían presentado los hechos que motivan la investigación. En esa medida, se precisó que la diligencia y eficiencia no se circunscriben exclusivamente a la ejecución de tareas o al rendimiento laboral, sino que comprenden el comportamiento del servidor en el ejercicio de la función. Con fundamento en lo anterior, no se tuvo en cuenta dicho atenuante.
En relación con las circunstancias agravantes, se consideró aplicable: i) el grave daño social derivado de la conducta; ii) el conocimiento de la ilicitud; iii) el hecho de que el servidor público perteneciera al nivel directivo o ejecutivo de la entidad; y iv) la naturaleza de los perjuicios ocasionados. Frente a los criterios atenuantes, no se dio aplicación a ninguna causal.
V. Recurso de Apelación
El defensor de oficio de Luis Alberto Peña Rincón sustentó la alzada así:
El apelante sostuvo que el análisis debía partir del principio de buena fe, previsto en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio, así como en el artículo 1603 del Código Civil, aplicable al trámite contractual en cuanto impone a las partes el deber de obrar conforme a sus postulados; precisó que, tratándose de un contrato, lo relevante es su función social y económica, razón por la cual deben valorarse los actos reales y efectivos encaminados a garantizar su cumplimiento, en armonía con el ordenamiento jurídico; finalmente, afirmó que la buena fe constituye un desarrollo del principio de planeación en la contratación pública.
Asimismo, refirió que los principios rectores y reglas de la interpretación de la contratación privada son aplicables a los contratos estatales; «[…] (i) La búsqueda de la común intención de las partes. (ii) La buena fe negocial o contractual. Las reglas de interpretación, por su parte, son (i) la especificidad o especialidad; (ii) la interpretación efectiva, útil o conservatoria; (iii) la interpretación naturalista o fundada en la naturaleza del contrato y de la interpretación usual; (iv) la interpretación contextual, extensiva y autentica; (v) la interpretación incluyente o explicativa y (vi) la interpretación de cláusulas ambiguas en favor del deudor y en contra del estipulante o predisponente».
La alzada también señaló que debe prevalecer la intención común de las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil y a las reglas de interpretación contractual, por ello, sostuvo que la actuación de Luis Alberto Peña Rincón, al suscribir el convenio con FEDECAL y Creamos Talentos, estuvo guiada por la buena fe, en la medida en que dichas entidades se presentaban como idóneas y venían participando en la realización de concursos de personeros en diversos municipios del país.
Lo anterior, en la medida en que, dentro de los múltiples servicios ofrecidos a diversas autoridades, FEDECAL y Creamos Talentos afirmaban disponer de un equipo de profesionales para el acompañamiento en asuntos jurídicos vinculados con las funciones propias de cada entidad; y, además, según las averiguaciones realizadas por la corporación en la página web de los oferentes, estos referían contar con aliados estratégicos, entre otros, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
Todo lo anterior, según expuso la defensa, condujo a que Luis Alberto Peña Rincón incurriera en un erro por desconocimiento respecto de cuáles entidades se encontraban habilitadas para adelantar los concursos de personero, de modo que la eventual infracción del deber funcional se habría producido sin intención. En ese sentido, sostuvo que el disciplinable actuó con la convicción de estar ajustado a derecho y bajo la creencia de que las entidades contratadas eran idóneas para adelantar el concurso.
En consecuencia, solicitó la revocatoria de la decisión sancionatoria.
VI. Consideraciones
Competencia
De conformidad con el numeral 6.º del artículo 277 de la Constitución Política, los artículos 1 y 16 de la Ley 2094 de 202 y el numeral 3º del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio del 21 de noviembre de 2024, proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, toda vez que dicha decisión fue emitida en fase de juzgamiento, frente a un servidor público de elección popular.
La alzada se estudia dentro del delimitado marco que define el inciso 2.º del artículo 234 del CGD, en tanto establece que «el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación».
Del mismo modo, corresponde a la Sala resolver conforme con los lineamientos señalados por la Corte Constituciona en la sentencia C-030 de 2023, reiterados, entre otras, en las sentencias SU-38, SU-38 y SU 417 de 202 y SU-426 de 202, así como por el Consejo de Estado en sentencia del 31 de octubre de 202 y el auto de unificación del 3 de diciembre de 2024
6.2 Estructura de la decisión
Con el propósito de resolver sobre los argumentos de apelación, la Sala se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (6.2.1) Estándares mínimos para la elección de personeros municipales y distritales; (6.2.2) Examen del caso concreto; (6.2.3) otras determinaciones – improcedencia del recurso extraordinario de revisión; y (6.2.4) conclusión.
6.2.1 Estándares mínimos para la elección de personeros municipales y distritales
La Ley 1551 de 2012, en su artículo 35, que modificó el artículo 170 de la Ley 136 de 199, de acuerdo con el artículo 313 de la Constitución Política, determinó que los concejos municipales o distritales elegirán a los respectivos personeros, previo concurso público de méritos.
En tanto, el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, a partir del artículo 2.2.27.1 consagró los lineamientos para la elección de personeros municipales y distritales. En particular, estableció:
El personero municipal o distrital será elegido de la lista que resulte del proceso de selección público y abierto adelantado por el concejo municipal o distrital.
Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para el concurso, que podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal. (Resalta la Sala).
El concurso de méritos en todas sus etapas deberá ser adelantado atendiendo criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones.
Significa que, para la realización del concurso público de selección para la elección de personeros municipales o distritales, los concejos municipales o sus mesas directivas, cuando la plenaria las haya autorizado, pueden apoyarse en universidades, instituciones de educación superior públicas o privadas o en entidades especializadas en procesos de selección de personal.
La Corte Constitucional sobre este aspecto en concreto, razonó:
No escapa a la Corte que los concejos pueden enfrentar limitaciones de diversa índole para llevar a cabo la tarea encomendada por el legislador. En efecto, el concurso de méritos tiene un alto nivel de complejidad, en la medida en que supone, por un lado, la identificación y utilización de pautas, criterios e indicadores objetivos, y, por otro, imparcialidad para evaluar, cuantificar y contrastar la preparación, la experiencia, las habilidades y las destrezas de los participantes. Se requiere, así mismo, el procesamiento y la sistematización de una gran cantidad de información y la disposición de una amplia y compleja infraestructura y logística administrativa, en un contexto conflictivo en el que, por la dinámica natural de la contienda y la competencia, las decisiones son cuestionadas y controvertidas de manera sistemática y reiterada. En otras palabras, las dificultades de los concursos hacen imperativa la disposición y utilización de sofisticadas herramientas humanas, informáticas, administrativas y financieras, de las que en principio carecen los concejos municipales y distritales.
No obstante, debe tenerse en cuenta que la previsión legislativa en torno al concurso, y las condiciones que de la jurisprudencia constitucional se derivan para el mismo, no implican que estas corporaciones tengan que ejecutar e intervenir directa y materialmente en los concursos y en cada una de sus etapas, sino que estas entidades tienen la responsabilidad de dirigirlos y conducirlos. Es decir, deben trazar los lineamientos generales del procedimiento, pero pueden entregar su realización parcial a terceras instancias que cuenten con las herramientas humanas y técnicas para este efecto.
Así las cosas, cada corporación tiene la potestad de determinar si realiza directamente el proceso de selección para la elección de personero, o si contrata el apoyo de algunas de las actividades, siempre que, en este último caso, se entienda que los concejos municipales o distritales son los responsables de dirigir el respectivo concurso.
Ahora bien, cuando se contrate el apoyo, como viene de mencionarse, el legislador dispuso que ello debe hacerse a través de universidades, instituciones de educación superior públicas o privadas o entidades especializadas en procesos de selección de personal.
En el marco de la contratación con terceros para el desarrollo del concurso, se ha precisado que el objeto social de las entidades operadoras es el elemento expreso y definitorio de su idoneidad para acompañar y brindar asesoría a los concejos municipales y distritales en los referidos procesos de selección–
Con relación a qué debe entenderse por «entidades especializadas en procesos de selección de personal»; no es necesario acudir a una entidad pública, como lo pregona la defensa, sino que la jurisprudencia ha sido consistente en afirmar que son aquellas que tienen dentro de su objeto social la realización, apoyo o gestión de procesos de selección de personal; es decir, aquellas que, conforme al artículo 99 del Código de Comercio tienen la «capacidad» para apoyar procesos de selección de personal.
En esa línea, por ejemplo, el Consejo de Estad, en sentencia del 8 de junio de 2017, señaló que «haciendo una interpretación con efecto útil del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 la Sección entiende que una “entidad especializada en procesos de selección de personal” es aquella persona jurídica privada o pública, que tenga dentro de su objeto social la realización, apoyo o gestión a procesos de selección de personal» (Resalta la Sala).
Lo anterior se entiende, porque, como lo reseñó la Corte Constitucional, en la providencia citada en párrafos precedentes, la realización de un proceso de selección de personal implica un alto nivel de complejidad, que hace necesaria la utilización de herramientas técnicas y especializadas, así como recurso humano experto. Por tanto, la entidad experta en procesos de selección de personal, como deviene de la referida expresión, parte de que su objeto social, es el que determina su capacidad, supone su nivel de especialización en el ámbito de la gestión y selección de personal, lo que de base presupone garantías tendientes a la imparcialidad y la objetividad.
El Consejo de Estado ha abordado el tema de la capacidad de las personas jurídicas en diversas providencias. En general, ha señalado que aquellas, al igual que las personas naturales, tienen capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, siempre que actúen dentro del marco de su objeto social y conforme a la ley. Así, en sentencia del 22 de septiembre de 2016 expuso:
La capacidad de las sociedades se circunscribe al desarrollo o actividad prevista en su objeto, en el que se entienden incluidos todos los actos directamente relacionados con el mismo y los que buscan ejercer derechos y cumplir obligaciones derivadas de la existencia y actividad de la sociedad (Código de Comercio arts. 98 y 99).
Prevista de esa manera la capacidad de las sociedades es claro que la misma implica facultades de actuar, que sólo pueden predicarse de las personas jurídicas existentes.
En el mismo sentido, en providencia del 14 de febrero de 2018 concluyó:
[…] dentro del objeto social de las sociedades están comprendidos (i) los actos y actividades propias que permiten el desarrollo del mismo, en palabras de la Corte Suprema de Justicia `los actos expresivos del objeto social´, (ii) los indispensables para que la sociedad pueda existir y (iii) los que estén conectados con la actividad social.
Quiere significar, en términos del inciso segundo del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, que las entidades especializadas en procesos de selección de personal son aquellas que, conforme a su objeto social, tienen la capacidad legal para actuar en dicho ámbito, esto es, para gestionar y apoyar procesos de selección del talento humano.
Con mayor precisión en sentencia posterior la Sección Quinta del alto tribunal concluyó:
[L]a idoneidad para apoyar o acompañar los concursos de méritos para elegir personero por entidades (públicas o privadas) especializadas en procesos de selección, se presenta cuando en sus estatutos o en su objeto social (certificado de existencia y representación legal), establezca de forma expresa dicha actividad y una vez se de esto, la experiencia adquirida en procesos de selección, se podrá tener en cuenta para acreditar la idoneidad establecida en el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015––
6.2.2 Examen del caso concreto
6.2.2.1. De la tipicidad
La tipicidad, como categoría dogmática del derecho disciplinario, materializa uno de los mandatos del principio de legalidad como expresión del debido proceso, en cuanto exige la determinación previa, clara y cierta de las conductas sancionable; por su relación con la reserva de ley, corresponde al legislador definir, de manera abstracta y objetiva, cuáles comportamientos desplegados por quienes ejercen funciones públicas deben ser objeto de reproche; en ese marco, el juicio de adecuació– o subsunció consiste en confrontar el comportamiento acreditado con el texto normativo que consagra la conducta tipificada.
Dicha categoría dogmática y en atención a que el defensor de oficio sostuvo, con apoyo en el Código Civil y el Código de Comercio, que en la relación contractual investigada operó la buena fe, entendida como manifestación del principio de planeación, y que, conforme a las reglas de interpretación contractual, debía prevalecer la intención común de las partes; y, bajo ese marco, afirmó que Luis Alberto Peña Rincón celebró el convenio con FEDECAL y Creamos Talentos confiando en su aparente idoneidad y trayectoria, lo que habría generado un error por desconocimiento sobre la habilitación para adelantar concursos de personeros, sin intención de infringir el deber funcional, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre tales planteamientos.
Frente al principio de buena fe y su alcance en el ámbito disciplinario, se tiene que, si bien dicho postulado se encuentra consagrado en diversas disposiciones, entre ellas, el artículo 83 de la Constitución Política, los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y el artículo 1603 del Código Civil, y constituye un principio concurrente en las actuaciones jurídicas, incluida la contratación estatal, también es cierto que su invocación no tiene carácter absoluto ni opera, por sí sola, como eximente automático de responsabilidad disciplinaria, en especial cuando se trata del ejercicio de funciones públicas regladas, conforme se precisó en el procedimiento reglamentado y descrito en el acápite 6.2.1.
En el ámbito disciplinario, la buena fe comporta una exigencia reforzada, en tanto el servidor público, por la calidad que ostenta, se encuentra sometido a un deber de diligencia, cuidado y conocimiento del marco normativo aplicable a su función y a las actuaciones que despliega con ocasión del cargo, en armonía con los principios de legalidad, responsabilidad y moralidad administrativa.
En consecuencia, el principio de buena fe no exonera al servidor público del cumplimiento de las funciones propias del cargo, ni para eludir las reglas constitucionales, legales y reglamentarias, por ello, Luis Alberto Peña Rincón, en su calidad de presidente del Concejo Municipal de Los Santos y representante legal de la corporación, con la invocación defensiva de dicho principio no se exime del cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias, como son aquellas que desarrollan el marco jurídico de los concursos para elegir personeros.
El marco jurídico aplicable, que, además, según se advierte del material probatorio, el procesado tuvo la oportunidad de conocer antes de proceder a la suscripción del Convenio 001 del 17 de septiembre de 2019 se concreta, entre otros, en los siguientes documentos:
Estudio de idoneidad
En el estudio de idoneida– del 15 de septiembre de 2019, documento que ya tenía definido el objeto del convenio, y que en la descripción de la necesidad dispuso:
Que el Gobierno Nacional en cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública, expidió el Decreto No. 1083 de 2015, Por medio del cual se fijan los estándares para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales.
- El Concejo Municipal de Los Santos, atendiendo los estándares definidos en la Ley 1551 de 2012, Decreto Reglamentario 1083 de 2015, en su Título 27, frente a la realización del concurso Público y abierto de méritos, ha decidido adelantar este proceso directamente, atendiendo los principios que rige la función pública como lo son igualdad, eficacia, economía y celeridad.
[…]
[…] por lo cual se considera viable realizar convenio de asociación para el acompañamiento, asesoría y apoyo a la gestión en el proceso de concurso de méritos para la elección del personero municipal de Los Santos de conformidad con el decreto 1083 de 2015. (Subrayas de la Sala)
Dicho documento da cuenta, que Luis Alberto Peña Rincón, en su condición de presidente del Concejo Municipal de Los Santos, tenía conocimiento del marco normativo que regula el concurso de méritos para la elección de personero, el cual fija las exigencias para su desarrollo, así como las entidades o instituciones habilitadas para brindar acompañamiento a la corporación. En consecuencia, tales referentes debían ser ponderados al momento de verificar la idoneidad del eventual contratista y, finalmente, proceder a la suscripción del convenio.
Acta de idoneidad experiencia y demás requisitos habilitantes
El “acta de idoneidad experiencia y demás requisitos habilitantes– suscrita el 16 de septiembre de 2019 señala:
NOMBRE DEL OBJETO A CONVENIR: “AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS SANTOS-SANTANDER, LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AUTORIDADES LOCALES – FEDECAL Y CREAMOS TALENTOS, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y
APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1083 DE 2015”. (subrayado de la Sala)
Se aprecia, entonces, que el disciplinable, pese a conocer el Decreto 1083 de 2015, norma que reglaba, para la época de los hechos, el concurso de méritos suscribió el acta referida, en la cual incluso se consignó que, «[…] para lo cual, una vez revisados los certificados de existencia y representación legal […], se habría efectuado la verificación correspondiente. Sin embargo, del acervo probatorio se advierte que dicha revisión no estuvo orientada a constatar el objeto social de FEDECAL y Creamos Talentos, pues este no contemplaba la selección especializada de personal.
De lo anterior se concluye que, para esta Colegiatura, no existe sustento para afirmar que el entonces presidente del Concejo Municipal de Los Santos obró amparado en la buena fe y, por tal razón, acudió a las normas de la contratación privada que ahora invoca el apelante, habida cuenta de que ninguna de tales disposiciones fue incorporada o referida en los documentos precontractuales ni contractuales suscritos por el procesado.
Además, no resulta jurídicamente atendible afirmar que el disciplinable obró amparado en la buena fe; ni que, por esa sola invocación, pudiera relevarse del deber de diligencia y verificación que le imponía el marco reglado del concurso de méritos; en efecto, la buena fe, en el ámbito disciplinario, no sustituye las cargas funcionales derivadas del Decreto 1083 de 2015; ni autoriza a prescindir de la comprobación objetiva del requisito de especialidad exigido por su artículo 2.2.27.1; de manera que las disposiciones de derecho privado que aduce la defensa, aun cuando puedan invocarse como principios generales, no desvirtúan la obligación concreta de constatar en el objeto social, la idoneidad y capacidad de las instituciones referidas.
Lo exigible al disciplinable era verificar la idoneidad legalmente requerida para concluir que las entidades con las que pretendía contratar eran especializadas en procesos de selección de personal, exigencia prevista de manera expresa en el Decreto 1083 de 2015; para ello, bastaba con examinar el certificado de existencia y representación legal y constatar el objeto social; no obstante, suscribió el conveni– sin adelantar dicha verificación, esto es, sin verificar si las firmas contratadas cumplían o no con la exigencia de especialidad que impone el ordenamiento jurídico.
Convenio 001 del 17 de septiembre de 2019
El Conveni– 001 de 17 de septiembre de 2019, suscrito entre Luis Alberto Peña Rincón, en su calidad de presidente del Concejo Municipal de Los Santos, y la Federación Colombiana de Autoridades Locales (FEDECAL) y Creamos Talentos, señala:
CLAUSULA SEGUNDA. - DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1 FEDERACIÓN Y CREAMOS TALENTOS: La Federación y Creamos Talentos tendrán las siguientes obligaciones 1) Brindar acompañamiento, asesoría y apoyo a la gestión a los Concejales del municipio de Los Santos, para la elección de Personero de acuerdo con los estándares definidos en la Ley 1551 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1083 de 2015, frente a la realización del concurso de Público y Abierto de Méritos […]
Sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Santander
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentenci– de segunda instancia proferida el 31 de agosto de 2021, en relación con la idoneidad de FEDECAL y Creamos Talentos, dispuso:
De manera que, habiéndose determinado por la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo que tanto FEDECAL como CREAMOS TALENTOS no eran idóneas para llevar a cabo las labores de asesoría, acompañamiento y apoyo en los concursos de méritos de elección de los personeros municipales al no satisfacer los lineamientos del Art. 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, esto mismo habrá de predicarse frente a sus calidades e intervención en el concurso que condujo a la elección aquí enjuiciada […]
De lo anterior se concluye que no le asiste razón al defensor de oficio en el escrito de alzada, por cuanto, como ya se estableció, el Decreto 1083 de 2015 es la norma que reglamenta el concurso abierto y de méritos para la elección de personero, y, en consecuencia, el convenio suscrito por el procesado debía ajustarse a dicha regulación, circunstancia que fue conocida por Luis Alberto Peña Rincón.
Ahora bien, en lo que concierne a la alegada buena fe de Luis Alberto Peña Rincón, sustentada en que FEDECAL y Creamos Talentos habían acompañado a distintos concejos en procesos de elección de personero y en que, según su página web, contaban con alianzas con diversas entidades, tal planteamiento no resulta de recibo. Ello, por cuanto, para determinar la especialidad de una entidad, en este caso, de naturaleza privada y, con ello, verificar el cumplimiento de la exigencia normativa objeto de estudio, lo relevante, de manera específica, es el examen de su objeto social. En tal sentido lo ha indicado el Consejo de Estad:
En este orden de ideas, se tiene que el objeto social de cada sociedad o entidad fija el marco en el cual puede desarrollar sus actividades, razón de la cual que para determinar si, en este caso, la Corporación Centro de Consultoría, Investigación y Edición Socio-Económica, tiene la calidad de “…entidad especializada en procesos de selección de personal”, que exige el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, debe acudirse a su objeto social y no al contenido de otros contratos o convenios ya celebrados con anterioridad.
En primer lugar, la Sala precisa que el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Polític enmarca las actuación de las autoridades y de los particulares; sin embargo, en el ámbito disciplinario no tiene alcance absoluto, ni se constituye, por sí solo, como causal de exclusión de responsabilidad; particularmente cuando el ejercicio de la función pública se encuentra reglado; pues, en tales condiciones, el servidor público está sometido a un deber especial de sujeción reglado.
Con base en la anterior consideración, la Sala advierte que no resulta jurídicamente atendible predicar, en favor de Luis Alberto Peña Rincón, una actuación amparada en la buena fe; en efecto, del estudio de idoneidad y del acta de verificación de experiencia y requisitos habilitantes se desprende que el disciplinable conocía, antes de la suscripción del Convenio 001 del 17 de septiembre de 2019 que el concurso para la elección de personero debía sujetarse a los parámetros del Decreto 1083 de 2015; y, en particular, a la exigencia de acudir a instituciones o entidades con especialidad en procesos de selección de personal. En esas condiciones; lo exigible era efectuar una verificación objetiva y comprobable del requisito de especialidad; mediante el examen del certificado de existencia y representación legal y, de manera puntual, del objeto social de FEDECAL y Creamos Talentos; en tanto este constituye el referente jurídico e idóneo para establecer si una institución ostenta la condición de “entidad especializada” a la que alude el artículo 2.2.27.1 del citado decreto; sin que dicha carga pueda sustituirse con la invocación o comprobación de experiencias previas, alianzas institucionales o información de páginas web; como lo plantea la defensa.
Con fundamento en la consideración precedente, la Sala estima acreditado que Luis Alberto Peña Rincón, en su condición de concejal y presidente del Concejo Municipal de Los Santos, en ejercicio de la representación legal y de la ordenación del gasto, participó en la actividad contractual y suscribió el Convenio 001 del 17 de septiembre de 2019 con FEDECAL y Creamos Talentos; determinación que, examinada a la luz del marco normativo aplicable y, en particular, del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, se adoptó sin agotar la verificación objetiva y comprobable del requisito de especialidad exigido para el acompañamiento de un concurso de méritos de elección de personero; en efecto, del análisis del certificado de existencia y representación legal y, de manera determinante, del objeto social se concluye que no se acreditaba la condición de “entidad especializada en procesos de selección de personal”.
Conforme lo expuesto, en el juicio de adecuación el disciplinable, en su condición de servidor público investido de competencia funcional en materia contractual al interior del concejo municipal, intervino de manera directa en las fases precontractual y contractual, al suscribir, de una parte, los estudios previos del 15 de septiembre de 2019 y, de otra, el Convenio No. 001 de 17 de septiembre de 2019; dicha actuación recayó sobre un negocio jurídico orientado a prestar acompañamiento, asesoría y apoyo a la gestión del concurso público y abierto de méritos para la elección del personero municipal; en tal contexto, sí se acredita que las entidades contratadas no reunían la calidad exigida por el ordenamiento, esto es, que no eran universidades, instituciones de educación superior o entidades especializadas en procesos de selección de personal, ni contaban con la idoneidad requerida para el desarrollo de ese procedimiento, por ende, la conducta se subsume en la falta prevista en el numeral 3 del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019, por cuanto comportó participación en la actividad precontractual y contractual con desconocimiento de los procedimientos y principios de transparencia y selección objetiva, conforme a los mandatos desarrollados en el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015.
6.2.2.2. De la ilicitud sustancial
Debe precisarse que, en materia de ilicitud sustancial, el artículo 9 del Código General Disciplinario dispone que la conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional, sin justificación alguna.
Sobre este elemento, el Consejo de Estad ha precisado que la antijuridicidad disciplinaria no se agota en la mera infracción formal del deber; por el contrario, exige la acreditación de la ilicitud sustancial, entendida como una afectación real del deber funcional, del servicio público o de los fines del Estado, pues solo en ese evento la conducta adquiere relevancia disciplinaria. En tal sentido, consideró:
Sin embargo, la antijuridicidad entendida desde esta perspectiva no es del todo precisa. En efecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 5.º de la Ley 734 de 2002 asimiló los conceptos de «antijuridicidad» con el de «ilicitud sustancial» luego, en consideración a ello, es claro que no puede simplemente analizarse el primer término aisladamente, sino que es menester que a este se agregue el adverbio «sustancial», aspecto que repercute de forma directa en el análisis que debe observarse cuando de juzgar una actuación de un servidor público a la luz del derecho disciplinario se trata.
(…)
De las definiciones señaladas se puede extraer que la referencia a sustancial en relación con la ilicitud significa que la infracción del deber sustancial debe tener cierta relevancia, importancia o esencial frente a los fines del Estado, la satisfacción del bien general y los principios de la función pública.
En términos generales, esto quiere decir, que la actuación u omisión del servidor público violatoria de sus deberes, es decir, contraria a derecho (ilicitud), debe desembocar en una real y efectiva afectación del buen funcionamiento del Estado y por tanto del servicio público] (sustancialidad) y en esa medida puede decirse, pese a que la ley no lo mencionó de este modo, que cuando estas dos características confluyen se está en presencia de una «antijuridicidad sustancial», requisito indispensable para que pueda afirmarse que se configuró una conducta disciplinaria susceptible de ser sancionada.
Así mismo, el Consejo de Estad ha señalado que para que una conducta típica sea antijurídica se exige una afectación injustificada al deber funcional como bien jurídico protegido, a la que se agrega el carácter sustancial, entendido como una afectación material, real y efectiva del buen funcionamiento del Estado y del servicio público; y ha precisad, además, que el juicio de ilicitud comporta un doble examen: (i) deontológico, orientado a constatar el cumplimiento de los deberes precisos contenidos en reglas, y (ii) axiológico, dirigido a verificar la observancia de los principios de la función pública.
En este orden, corresponde realizar un juicio de valoración, tal como lo ha desarrollado el Consejo de Estad–, orientado a establecer si la conducta tipificada como falta afectó sustancialmente el deber funcional sin que medie justificación; bajo ese entendimiento, para la configuración de la infracción disciplinaria no se exige necesariamente la producción de un resultado materialmente lesivo o un daño cuantificable al Estado; lo determinante es verificar el quebrantamiento sustancial e injustificado de los deberes funcionales asignados al servidor público, en cuanto compromete de manera relevante los principios que informan la función pública.
En lo concerniente a la ilicitud sustancial, la Sala encuentra acreditada una afectación sustancial e injustificada del deber funcional, cuyo juicio de valoración impone un doble examen: uno deontológico, orientado a constatar el cumplimiento de los deberes precisos contenidos en reglas, y otro axiológico, encaminado a verificar la observancia de los principios de la función pública. Desde el primero, se advierte que el disciplinable desconoció el deber de verificar que las entidades llamadas a apoyar el concurso público y abierto de méritos para la elección del personero municipal reunieran las exigencias normativas ya referidas y previstas para tal cometido; ello, al suscribir los estudios previos y celebrar el convenio con personas jurídicas cuyos objetos sociales no evidenciaban correspondencia con procesos de selección especializada de personal. Desde el segundo, la conducta comprometió de manera relevante el principio de moralidad, pues permitió que una actuación institucional se desarrollara con el apoyo de entidades que no ofrecían garantía objetiva de idoneidad. De este modo, la conducta, además de configurar una irregularidad formal, su ilicitud se tornó en sustancial en cuanto afectó la juridicidad, confiabilidad y rectitud de la actuación contractual del concejo municipal y el concurso de méritos.
6.2.2.3. De la culpabilidad
En materia disciplinaria, el ordenamiento jurídico proscribe toda forma de responsabilidad objetiva; en consecuencia, las faltas únicamente son sancionables a título de dolo o culpa, por ello, el juicio de reproche, descrito por el Consejo de Estad–, debe adelantarse a partir de la verificación del nexo psicológico entre el autor y la conducta desplegada para su consumación, esto es, establecer si el sujeto disciplinable actuó con dolo o culpa y, además, si le era exigible un comportamiento diverso al realizado.
Frente a este asunto debe señalarse que la defensa de oficio sostuvo que el disciplinable actuó bajo la convicción de que su conducta no constituía falta disciplinaria; en tanto confió en que las entidades con las que suscribió el convenio cumplían las exigencias legales aplicables, por ello el apelante plantea que el investigado obró amparado en una convicción errada e invencible; como supuesto de la causal prevista en el artículo 31, numeral 8, de la Ley 1952 de 2019.
Según lo ha sostenido el Consejo de Estad, la eximente invocada puede recaer sobre circunstancias fácticas [error de hecho] o sobre elementos normativos o jurídicos [error de derecho]; así mismo, ha precisado que la distinción entre error invencible y error vencible depende de si el servidor público, desplegando la diligencia exigible y mediante un examen lógico-racional, podía o no superar el yerro; si era superable, el error no excluye la responsabilidad.
Dicho criterio ya había sido señalado por el Consejo de Estad; en efecto, ha precisado que no basta con que el investigado afirme haber creído que actuaba conforme a derecho; se exige, además, acreditar que el error no era humanamente superable; de ahí que haya concluido que:
Para que opere la exención de responsabilidad establecida en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, es obligatorio además de la existencia del error, que éste sea invencible. Es necesario que el disciplinado tenga la creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico, y adicionalmente, que el error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones personales del procesado y las circunstancias en que éste se realizó, eventos en los cuales, la conducta no es reprochable a título de dolo, porque en el encartado no hay la conciencia de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le puede ser reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la ley.
La Sala concluye, a partir de lo expuesto, que no es jurídicamente atendible sostener que el disciplinable obró bajo una convicción errada e invencible acerca de la licitud disciplinaria de su proceder; ello, por cuanto el eventual error que se alega por la defensa era evitable y superable mediante el despliegue de las verificaciones mínimas exigibles en el marco de una función pública reglada.
En efecto, del estudio de idoneidad y del acta de verificación de experiencia y requisitos habilitantes se desprende que, antes de la suscripción del Convenio 001 del 17 de septiembre de 2019, el disciplinable conocía que el concurso para la elección de personero debía sujetarse a los parámetros del Decreto 1083 de 2015; y, en particular, a la exigencia de acudir a instituciones o entidades con especialidad en procesos de selección de personal, por lo que en esas condiciones; lo exigible era efectuar una verificación objetiva y comprobable de dicha especialidad; mediante el examen del certificado de existencia y representación legal y, de manera puntual, del objeto social de FEDECAL y Creamos Talentos. Conforme lo anterior, no existe una configuración como causal de exclusión de responsabilidad, pues las circunstancias del caso muestran que resultaba razonable y humanamente evitable.
De otra parte, según se registra en la hoja de vid–, el investigado cuenta con formación académica como bachiller y, además, haber ejercido como concejal del municipio de Los Santos, varios períodos, desde 2008; dicha trayectoria permite concluir que disponía de experiencia institucional suficiente a la fecha de los hechos para comprender el alcance de sus actuaciones y orientar su conducta conforme al ordenamiento jurídico, de modo que los asuntos propios de la administración pública le resultaban conocidos.
Visto lo anterior, considera la Sala que, si bien Luis Alberto Peña Rincón no actuó al amparo de un error excluyente de responsabilidad, sí se advierte que, valoradas sus circunstancias personales y funcionales, incurrió en culpa grave por inobservancia del deber de cuidado exigible en el ejercicio de sus competencias, en la medida en que suscribió un convenio con FEDECAL y Creamos Talentos sin verificar su capacidad e idoneidad en los términos requeridos por el ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, dichas instituciones no acreditaban el cumplimiento de los presupuestos normativos para fungir como universidad o institución de educación superior, pública o privada, ni como entidad especializada en procesos de selección de personal, exigencias jurídicas para el acompañamiento del concurso en cuestión.
En cuanto a la culpabilidad, la Sala encuentra que el comportamiento es reprochable a título de culpa grave, toda vez que el disciplinado, pese a su condición de presidente del concejo municipal, representante legal y ordenador del gasto, suscribió los estudios previos y celebró el convenio de apoyo al concurso de méritos para elección de personero sin verificar, con la diligencia funcionalmente exigible, que las entidades contratadas reunieran la calidad de especializadas en procesos de selección de personal o en actividades conexas o similares; dicha conducta no constituye un error excusable, sino una desatención del deber objetivo de cuidado, pues versó sobre un requisito de legalidad del negocio jurídico; además, le era exigible un comportamiento distinto, consistente en constatar previamente la aptitud jurídica y funcional de los prestadores del servicio y abstenerse de contratar en ausencia de dicha verificación; por ello, el juicio de reproche subjetivo se evidencia estructurado.
6.2.2.4. Sanción
Ahora bien, en lo que refiere a la clase de la sanción, esta Sala debe precisar que, la primera instancia, en el ordinal segundo del ítem que corresponde a la graduación de la sanción del fallo impugnado, impuso al procesado la sanción consistente en suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de cinco (5) meses. Esta Sala observa que se incurrió en una imprecisión, por cuanto, al tenor del numeral 4 del artículo 48 del CGD, norma aplicable al asunto, para las faltas graves culposas la sanción a imponer es la suspensión en el ejercicio del cargo sin inhabilidad.
Recuérdese que la falta imputada al procesado en forma definitiva en el fallo de primer grado, conforme el numeral 3 del artículo 54 CGD, es gravísima, pero como se atribuyó como cometida con culpa grave, al crisol del numeral 9 del artículo 47 CGD, se torna en falta grave culposa, luego, entonces, lo procedente es la suspensión en el ejercicio del cargo.
6.2.2.5. Dosificación de la sanción
Finalmente, en lo que concierne a la dosificación de la sanción de suspensión por cinco (5) meses, impuesta con fundamento en la concurrencia de cuatro (4) agravantes, literales c), e), f) y h) del artículo 50 del Código General Disciplinario, esta Sala advierte que, para la fecha de ocurrencia de los hechos, el régimen normativo vigente correspondía al Código Disciplinario Único, el cual resulta más favorable al disciplinado, en tanto no contempla un número equivalente de circunstancias agravantes a las aplicadas por el a quo. En ese orden de ideas, se descarta el agravante relativo al conocimiento de la ilicitud, por cuanto esta es predicable exclusivamente de la modalidad dolosa de la conducta, razón por la cual no resulta aplicable al presente asunto, habida cuenta de que la imputación subjetiva fue determinada a título de culpa grave. En consecuencia, esta instancia prescinde de la referida circunstancia agravante y mantiene únicamente las correspondientes al grave daño social y a la calidad de directivo del servidor público.
Por lo anterior, resulta procedente modificar la sanción impuesta, en aras de la razonabilidad y proporcionalidad que deben presidir el ejercicio de la potestad disciplinaria sancionatoria, y en definitiva fijar para el disciplinado Luis Alberto Peña Rincón la sanción de suspensión por el término de tres (3) meses.
6.2.3 Otras determinaciones - Improcedencia del recurso extraordinario de revisión
Con respecto al recurso extraordinario de revisión frente a decisiones disciplinarias que vinculen a servidores públicos de elección popular, como en este caso, se debe atender lo resuelto en la sentencia C-030 de 2023, así como el auto de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado del 3 de diciembre de 2024– en particular en cuanto se adoptaron las siguientes pautas:
Primera regla:
Procedencia:
El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo de elección popular al momento de la imposición de la sanción.
Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas. […]
Según la Ley 2094 de 2021 y la modulación efectuada por la Sentencia C-030 de 2023, esta acción de revisión quedó circunscrita a las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad impuestas por la Procuraduría General de la Nación que implican una «restricción o limitación temporal al derecho a ser elegido de un servidor público de elección popular, en ejercicio de sus funcione». Lo anterior por cuanto este tipo de sanciones tienen la virtualidad de interrumpir el mandato popular y, en esa medida, lesionan gravemente el principio democrático y el derecho a la representación política efectiva, previstos en la Constitución Política y la CADH. Así, independientemente de si la falta se cometió antes o durante el ejercicio del cargo de elección popular, lo importante es que la sanción afecte el ejercicio efectivo del mandato popular y los derechos políticos del elegido. Por lo tanto, debe entenderse que las demás sanciones disciplinarias, como la multa o la amonestación escrita, que se llegaren a aplicar a estos mismos servidores públicos, no son objeto de este recurso judicial. […]
En el caso concreto, dado que al procesado se le sanciona con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses, por no encontrarse actualmente ejerciendo el cargo de elección popular en el que incurrió en la conducta reprochada, es claro que, en estricto sentido, dicha sanción no afecta sus derechos políticos. En consecuencia, el presente fallo de segunda instancia no es susceptible del recurso extraordinario de revisión, por lo que adquirirá ejecutoria conforme a las normas procesales una vez surtida la notificación personal, y se dispondrá su ejecución inmediata.
Por otra parte, comoquiera que el sancionado no ostenta en la actualidad la condición de concejal, hay lugar a la aplicación de lo normado en el tercer párrafo del artículo 46 del CDU, que establece:
Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial.
Precísese que la expresión “sin perjuicio de la inhabilidad especial” contenida en el artículo 46 del CDU opera únicamente cuando la sanción impuesta incluya dicha consecuencia; en el presente asunto, al tratarse de falta grave culposa, la sanción es suspensión en el ejercicio del cargo sin inhabilidad especial, razón por la cual no hay lugar a predicar ese efecto.
En ese contexto, y dado que los concejales no devengan salario sino honorarios, según la cantidad de sesiones a las que asistan, para la aplicación del señalado inciso, en el caso particular, se deberá tasar el respectivo equivalente a los tres (3) meses de suspensión en el ejercicio del cargo sobre el total de lo devengado por tal concepto durante el año de la comisión de la falta, esto es 2019
dividido entre doce (12), para establecer el valor mensual y multiplicarlo por el número de meses de suspensión.
La suma resultante deberá pagarse al Municipio de Los Santos (Santander), conforme con lo normado en el artículo 173 del CDU (237 del CGD), a través de la dependencia competente para su recaudo.
6.2.4 Conclusión
La Sala confirmará parcialmente el fallo sancionatorio dictado en contra de Luis Alberto Peña Rincón por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, el 21 de noviembre de 2024, pues modificará la sanción a suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses, sin inhabilidad especial.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias,
Resuelve
Primero. Confirmar parcialmente el fallo de primera instancia proferido el 21 de noviembre de 2024 por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, en el sentido de declarar responsable disciplinariamente a Luis Alberto Peña Rincón, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.677.643 en su condición de concejal del municipio de Los Santos, Santander, para la época de los hechos, del cargo imputado como falta gravísima, convertida en falta grave, con culpa grave, por las razones expuestas en la parte motiva.
Segundo. Modificar la sanción a imponer al procesado, la cual quedará en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses, que se convierten para su ejecución en honorarios devengados para la época de los hechos, conforme se indicó en este
Tercero. Notificar personalmente, por la Secretaría de la Sala, la presente decisión a los sujetos procesales, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 del CGD, en consonancia con el artículo 127 ibidem, a quien se le indicará que, en cumplimiento de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, la sanción cobrará ejecutoria y su ejecución procederá inmediatamente a través de las dependencias competentes, por no ser procedente el recurso extraordinario de revisión, en razón a que el sancionado no se encuentra actualmente en ejercicio de cargo de elección popular.
Cuarto. Cumplido lo anterior, la actuación se devolverá a la dependencia de origen, previas las anotaciones y registros de rigor, para que se proceda.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
Procurador Delegado
Gloria Edith Ramírez Rojas
Procuradora Delegada
Carlos Humberto García Parrado
Procurador Delegado
Elaboró: Lesly Vanesa Hernández Sabogal (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Revisó: Luis Germán Ortega Ruiz (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Aprobó: Luis Germán Ortega Ruiz / Gloria Edith Ramírez Rojas / Carlos Humberto García Parrado (SDJSPEP
