| Dependencia: | Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular |
| Radicado: | IUS E-2020-204423 / IUC D-2020-1542626 |
| Investigados: | 1. EVELIO CARO CANIZALES 2. EDWIN ALEXY RUEDA BRAVO |
| Cargos: | 1. Alcalde período 2020-2023 2. Secretario de Hacienda |
| Entidad: | Municipio de Coello (Tolima) |
| Fecha queja: | 7 de abril de 2020 |
| Fecha hechos: | 2-3 de abril de 2020 |
| Asunto: | Fallo segunda instancia |
Bogotá, D.C., abril 30 de 2026
Aprobado en Sala, con Acta No. 012
P.D. Ponente: Gloria Edith Ramírez Rojas
I. ASUNTO
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por JUAN JOSÉ REYES CANIZALES, en calidad de quejoso, en contra el fallo absolutorio de primera instancia, proferido el 13 de febrero de 2025 por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué.
II. HECHOS
Los hechos objeto de la actuación disciplinaria se contraen a presuntas irregularidades administrativas que habrían dado lugar a la pérdida de cuarenta y seis millones setecientos nueve mil trescientos sesenta y dos pesos ($46.709.362), que fueron sustraídos a través de la modalidad de hurto cibernético de la cuenta corriente del municipio de Coello, Tolima, en hechos ocurridos en el mes de abril de 2020.
III. ANTECEDENTES
3.1 Indagación preliminar
La actuación disciplinaria se inició por queja presentada por JUAN JOSÉ REYES CANIZALES el 7 de abril de 202, en la que informó sobre los hechos en mención.
Con base en lo señalado, mediante auto del 7 de julio de ese añ la Procuraduría Provincial de Girardot (posteriormente Procuraduría Provincial de Instrucción de Girardot) decretó la indagación preliminar frente a servidores públicos por determinar de la administración municipal de Coello, Tolima.
El 9 de septiembre de 202, la Procuraduría Provincial de Girardot evaluó el mérito de la indagación, decidiendo con base en el artículo 73 del CDU abstenerse de iniciar actuación disciplinaria frente a EVELIO CARO CANIZALES, en su condición de alcalde del municipio de Coello, Tolima, y remitió por competencia a la Personería Municipal de Coello para que adoptara las decisiones que en derecho correspondieran respecto a EDWIN ALEXY RUEDA BRAVO, secretario de Hacienda Municipal, quien tenía a «su cargo el manejo de la cuenta que fue objeto de hurto».
Frente a la anterior decisión se interpuso recurso de apelación por parte del quejoso, señor JUAN JOSÉ REYES CANIZALE ante la Procuraduría Regional de Cundinamarca (posteriormente Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca), dependencia que con auto del 30 de noviembre de 202, revocó el auto impugnado y ordenó la devolución de la actuación a la oficina de origen.
3.2 Investigación disciplinaria
En cumplimiento de lo ordenado por la entonces Procuraduría Regional de Cundinamarca, el 6 de enero de 202, la Procuraduría Provincial de Girardot dispuso la apertura de formal investigación disciplinaria en contra de EVELIO CARO CANIZALES, alcalde de Coello, Tolima, período 2020-2023, y EDWIN ALEXY RUEDA BRAVO, secretario de Hacienda Municipal. La cual fue notificada a los disciplinables por edicto fijado entre el 19 y 21 de enero de 202. A EDWIN ALEXY RUEDA BRAVO, igualmente se notificó por medios electrónicos el 28 del mismo mes y añ, previa autorización expres.
3.3 Cierre de investigación
La referida dependencia instructora, el 5 de marzo de 202, cerró la investigación, decisión notificada el 8 de marzo siguiente a los sujetos procesales por estado, con constancia de ejecutoria del 12 del mismo mes y añ, sin que se interpusiera recurso alguno.
3.4 Pliego de cargos
A los procesados en sus respectivas calidades se les formuló el mismo cargo único, consistente en que:
[…] habría dado lugar a la perdida -sic- de cuarenta y seis millones setecientos nueve mil trescientos sesenta y dos pesos ($46.709.362), que fueron sustraídos a través de la modalidad de hurto cibernético de la cuenta corriente número 066310000162 del Banco Agrario Sucursal Coello, en hechos que habrían tenido lugar durante el mes de abril de 2020.
Con lo anterior se les dijo que presuntamente pudieron incurrir en la prohibición descrita en el numeral 13 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, «dar lugar a perdida de bienes […] que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones»; la falta fue calificada como grave a título de culpa gravísima.
3.5 Descargos y alegaciones
Surtida la notificación de la decisión que viene de citarse, a través de sus apoderados de confianza EVELIO CARO CANIZALE y EDWIN ALEXY RUEDA BRAV, presentaron respectivamente sus descargos y solicitaron pruebas. La procuraduría provincial con auto del 4 de mayo de 202 resolvió sobre esto último accediendo a las deprecadas por los sujetos procesales.
Practicadas aquellas, con decisión del 15 de junio de 202, se corrió traslado para alegaciones de conclusión. Decisión notificada a los apoderados y disciplinable entre el 17 y 18 de junio de esa anualidad.
La dependencia provincial de Girardot, el 8 de julio de 202, en cumplimiento de la Resolución 207 del 7 de julio de la misma anualida, dada la modificación en la Procuraduría General de la Nación de las competencias internas, ordenó la remisión de la actuación a la Procuraduría Regional de Cundinamarca (posteriormente la Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca).
Con auto del 11 de octubre de 202, la regional de Cundinamarca avocó conocimiento.
Esta Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca el 12 de octubre de 202, con fundamento en los artículos 225 y 225A de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 39 y adicionado por el artículo 40 de la Ley 2094 de 2021, respectivamente, ordenó la remisión del expediente a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué.
3.6 Fallo de primera instancia
Mediante auto del 13 de febrero de 202, se avocó conocimiento y profirió fallo de primera instancia por parte de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué, a través del cual absolvió de responsabilidad disciplinaria a EVELIO CARO CANIZALES y EDWIN ALEXY RUEDA BRAVO.
Comunicada la decisión absolutoria, el 14 de febrero de 202 a JUAN JOSÉ REYES CANIZALES, en su condición de quejoso, este interpuso y sustentó, el 28 de febrero de dicha anualidad, recurso de apelació, concedido ante esta Sal. El expediente se recibió el siguiente 31 de marz.
IV. PROVIDENCIA RECURRIDA
Después de narrar los antecedentes, concretar el acervo probatorio y resumir los descargos y alegatos, el fallo impugnado procedió a exponer los argumentos en que sustentó la decisión absolutoria, que se resumen así:
4.1 Señaló que mediante peritaje técnico de la Fiscalía se determinó que el equipo de cómputo de la Secretaría de Hacienda del municipio de Coello estaba infectado con un software malicioso tipo troyano llamado «HMR.EXE». Que este malware permitió a terceros externos la captura de datos de usuario y el acceso y control remoto del equipo, lo que facilitó las transacciones fraudulentas sin intervención directa de los disciplinables, por lo que los hechos objeto de investigación tienen origen externo y criminal.
4.2 Destacó el a quo la diligencia de los procesados, en particular su reacción, indicando que tan pronto se detectaron movimientos sospechosos el 3 de abril de 2020, los investigados procedieron a bloquear las cuentas. Igualmente, realizaron gestiones telefónicas inmediatas con el Banco Agrario, logrando recuperar $176.749.639 de los $238.376.350 inicialmente afectados en una de las cuentas; es decir, más del 80% de los dineros objeto del ilícito. Adicional, denunciaron formalmente los hechos ante la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera, el MINTIC y la Contraloría Departamental del Tolima.
4.3 Concluyó la primera instancia que, en la conducta de los investigados en el delito cibernético es evidente la ausencia de dolo o culpa. En este punto la primera instancia citó un informe de la Contraloría Departamental del Tolima que determinó que no existía responsabilidad fiscal, y que no hubo una conducta activa u omisiva, dolosa o gravemente culposa por parte de los servidores investigados, ya que se trató de un evento externo (hurto informático) que rompió el nexo causal entre la gestión de los funcionarios y el daño patrimonial.
4.4 Además, la primera instancia adujo que en la actuación se encuentra probado que existía una póliza global de manejo vigente con La Previsora S.A. para proteger el patrimonio de la entidad contra este tipo de siniestros, la cual fue reclamada oportunamente por el municipio. Asimismo, señaló que los testimonios confirmaron que el alcalde no manejaba directamente las claves ni el computador de pagos, pues dicha función estaba delegada mediante resolución al secretario de Hacienda con el apoyo de una contratista bajo protocolos de IP fija.
4.5 En conclusión, el fallo de primera instancia valoró que los procesados actuaron conforme a sus deberes, que el robo fue producto de una sofisticada maniobra criminal externa (virus troyano) y que su reacción permitió mitigar el daño patrimonial.
V. RECURSO DE APELACIÓN
El quejoso, en su calidad de recurrente, sustentó la alzada en lo siguiente: falta de competencia de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué para proferir fallo de primera instancia.
Señala que según Resolución 0018 del 4 de marzo de 2000, «Por la cual se denominan las Procuradurías Territoriales, se delegan funciones del Procurador General, se distribuyen y asignan competencias de la Procuraduría General de la Nación y se establece la sede y organización territorial de las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales», el municipio de Coello, Tolima, hace parte de la jurisdicción de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Girardot, por ende, el conocimiento de las actuaciones disciplinarias frente a funcionarios adscritos o vinculados a dicho municipio, corresponde de forma exclusiva a la mencionada provincial de Girardot.
VI. CONSIDERACIONES
6.1 Competencia
De conformidad con el numeral 6.º del artículo 277 de la Constitución Política; los artículos 2 y 101 de la Ley 1952 de 2019, modificados por los artículos 1 y 16 de la Ley 2094 de 2021; y el numeral 3.º del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué; en tanto se trata de un mecanismo de impugnación ejercido en etapa de juzgamiento dentro de una actuación disciplinaria en la que se encuentra vinculado un servidor público de elección popular.
Del mismo modo, corresponde a la Sala resolver conforme con los lineamientos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023, reiterados, entre otras, en las sentencias SU-381, SU-382 y SU 417 de 2024, y SU-426 de 202.
Así como por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia de tutela del 31 de octubre de 2024 y el auto de unificación jurisprudencial de la Sala Plena del 3 de diciembre de 2024.
De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia ya referido, el cual fue presentado y concedido en debida forma, precisando que, conforme al parágrafo del artículo 171 del CD, la competencia de la segunda instancia se contrae a revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. Lo cual fijará el marco para atender los aspectos objeto de este recurso presentado por el quejoso.
6.2 Metodología de la argumentación
La Sala se pronunciará de la siguiente forma: (6.2.1) Análisis de los argumentos de la alzada; y (6.2.2) conclusiones.
6.2.1 Análisis de los argumentos de la alzada
El apelante señala que la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué carecía de competencia para proferir fallo de primera instancia, toda vez que, de acuerdo con la Resolución 0018 de 2000, el municipio de Coello, Tolima, se encuentra bajo la jurisdicción de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Girardot, lo que significa que esta dependencia tiene la competencia exclusiva para conocer y adelantar cualquier actuación disciplinaria contra los funcionarios públicos vinculados a dicho municipio.
Como se señaló en la apelación, la Resolución 0018 de 200 organizó las procuradurías regionales, provinciales y distritales, asignándoles competencias funcionales y territoriales. En esta se estableció que la Procuraduría Provincial de Girardot ejercería jurisdicción, entre otros municipios, sobre Coello, Tolima. Pero, posteriormente, mediante la Resolución 213 de 200 el Procurador General de la Nación definió la competencia territorial de las procuradurías, manteniendo dicha delimitación para la provincial de Girardot.
Ahora, en la vigencia de la Resolución 213 de 2003, las procuradurías territoriales operaban bajo el antiguo modelo contemplado en la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en el cual concentraban de manera integral las funciones de instrucción y juzgamiento. En este esquema, una misma dependencia tenía la competencia para adelantar toda la actuación procesal.
La Resolución 213 de 2003 mantuvo su vigencia hasta la implementación definitiva de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 20294 de 2021 (Código General Disciplinario). Este tránsito normativo respondió a la necesidad de ajustar la estructura institucional a las nuevas exigencias del debido proceso, específicamente en lo relativo a la separación de los roles de instrucción y juzgamiento. Como consecuencia directa de esta reforma, la competencia funcional de las procuradurías territoriales fue modificada para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de la acción disciplinaria, dejando atrás la distribución de competencias previstas en las ciadas resoluciones 0018 de 2000 y 213 de 2003.
Con el objeto de adecuar la estructura interna y el funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación a las reformas introducidas por la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021 (separación o división de roles o funciones de instrucción y juzgamiento), entre 2021 y 2022, la Procuradora General de la Nación expidió las Resoluciones 20, 21, 21 de 2021 y 113 de 202 y las Circulares 01 de 2021 y 005 de 202.
Finalmente, con la Resolución 414 del 12 de octubre de 202, se distribuyen y asignan competencias a las procuradurías territoriales, así:
ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN. Las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales, de instrucción y de Juzgamiento, se organizarán territorialmente de acuerdo con el mapa territorial de competencias dispuesto para la Procuraduría General de la Nación.
[…]
ARTICULO 6. CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL. Las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales, de instrucción y de Juzgamiento, a que se refieren los artículos 2, 3 y 4 del presente acto administrativo, ejercerán sus competencias de acuerdo con la distribución prevista en el mapa territorial adoptado mediante la Resolución No. 213 de 2003 y las demás que la modifiquen, adicionen o deroguen.
ARTICULO 7. CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL TRANSITORIA. La circunscripción territorial de las Procuradurías Provinciales y Regionales de Juzgamiento que a la entrada en vigencia de esta Resolución no tengan titular posesionado, será asumida temporalmente de acuerdo con la siguiente distribución:
[…]
2. Circunscripción territorial temporal de las Procuradurías Provinciales de Juzgamiento:
| DEPENDENCIA | CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL TEMPORAL |
| […] | […] |
| Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué | Procuradurías Provinciales de Instrucción de Girardot (Cundinamarca), Chaparral, Honda e Ibagué (Tolima) |
| […] | […] |
[...] [Resaltado de la Sala]
En línea con lo anterior, el artículo 69 de la Ley 2094 de 2021 le otorgó precisas y específicas facultades al presidente de la República, entre ellas, para reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación y modificar el régimen de competencias internas. En cumplimiento de dicha facultad, se expidió el Decreto 1851 de 2021, que modifica el Decreto Ley 262 de 200, con la finalidad de ajustar el régimen de competencias internas especializando las dependencias y dividiendo claramente entre quienes instruyen y quienes juzgan.
En ese contexto, una interpretación armónica de las disposiciones citadas permite inferir que la instrucción de actuaciones disciplinarias de servidores públicos vinculados al municipio de Coello, Tolima, corresponde a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Girardot, mientras que el juzgamiento en primera instancia compete a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué.
Con base en lo expuesto, en el caso concreto y según el numeral 1° del artículo 76 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto 1851 de 2021 la Procuraduría Regional de Cundinamarca el 12 de octubre de 202 remitió el expediente por competencia a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué. Esto, con el fin de que asumiera la etapa de juzgamiento dentro del proceso que venía tramitando en el estado que se encontraba como era el de proferir fallo disciplinario de primera instancia.
Por manera que, vista la distribución de competencias al interior de la Procuraduría, no hay razones para cuestionar la competencia de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué para haber continuado conociendo de la etapa de juzgamiento de un proceso adelantado por una provincial de su jurisdicción que conoció de la instrucción.
En definitiva, según el análisis precedente, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué tenía y tiene competencia en la actualidad para conocer en primera instancia del juzgamiento de actuaciones adelantadas por la Provincial de Instrucción de Girardot, dependencia que, a su vez, tiene dentro de su jurisdicción al municipio de Coello, Tolima.
Por ello, es válido afirmar que el núcleo esencial del juez natural como garantía del debido proceso contemplado en el artículo 29 de nuestra Carta Superior, en concordancia con el artículo 6 del CDU y retomado inclusive en mayor extensión garantista en el artículo 12 de CGD, en el presente asunto se ha respetado, dado que se ha observado la distribución de competencias al interior de la Procuraduría General de la Nación. Por tanto, en este caso el fallo de primera instancia no adolece de vicios invalidantes por dicho aspecto.
6.2.2 Conclusiones
Por las anteriores consideraciones, concluye esta Sala que el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué, el 13 de febrero de 2025, mediante el cual absolvió de responsabilidad disciplinaria a EVELIO CARO CANIZALES y EDWIN ALEXY RUEDA BRAVO, no adolece del yerro endilgado por la apelación, en consecuencia, hay lugar a su confirmación.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias,
VII. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué el 13 de febrero de 2025, mediante el cual declaró no probados y desvirtuados los cargos formulados a EVELIO CARO CANIZALES, alcalde, y EDWIN ALEXY RUEDA BRAVO, secretario de Hacienda del municipio de Coello, Tolima, para la época de los hechos. Ello conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente, por la Secretaría de la Sala, la presente decisión a los sujetos procesales, de conformidad con lo establecido en los artículos 121, 122 y 127 del CGD; y COMUNICAR la presente decisión al quejoso, indicándole que contra la misma no procede recurso alguno.
TERCERO: DEVOLVER, por la Secretaría de la Sala, el proceso a la dependencia de origen, previos los registros y anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA EDITH RAMÍREZ ROJAS
Procuradora delegada
LUIS GERMÁN ORTEGA RUIZ
Procurador delegado
CARLOS HUMBERTO GARCÍA PARRADO
Procurador delegado
Presidente
Elaboró: Luz Dary Quiroga Niño (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Revisó: Gloria Edith Ramírez Rojas (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Aprobó: Gloria Edith Ramírez Rojas / Luis Germán Ortega Ruiz / Carlos Humberto García Parrado (SDJSPEP)
