| Dependencia: | Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular |
| Radicado: | IUS-E-2020-327915 /IUC-D-2021-2035696 |
| Investigado: | Álvaro Andrés Charry Perdomo |
| Cargo: | Alcalde |
| Entidad: | Municipio de Villavieja (Huila) |
| Fecha del informe | 07 de septiembre de 2021 |
| Fecha hechos | 6 de abril de 2020 |
| Asunto | Fallo de segunda instancia |
Bogotá, D.C., mayo 28 de 2026
Aprobado en Sala, con Acta No. 015
P.D. Ponente: Luis Germán Ortega Ruiz
I. ASUNTO
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el procesado Álvaro Andrés Charry Perdomo, alcalde del municipio de Villavieja (Huila) para la época de los hechos, en contra del fallo disciplinario proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva el 28 de noviembre de 202, que lo declaró responsable y, como consecuencia, le impuso sanción consistente en destitución e inhabilidad general por el término de ocho (8) años.
II. HECHOS
Los hechos objeto de examen se originan con ocasión del contrat suscrito el 6 de abril de 2020 entre el municipio, representado para tales efectos por el aquí implicado, y la sociedad Grupo Constructor SP S.A.S.; negocio jurídico cuyo objeto recayó en la compraventa de dispositivos y elementos médicos, en el contexto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 y declarada mediante el Decreto Municipal No. 067 de 2020; según la imputación, dicho vínculo contractual habría comportado un menoscabo del erario, en la medida en que se habrían adquirido implementos de bioseguridad por valores superiores a los precios de mercado vigentes para la época de celebración del contrato; circunstancia que se habría evidenciado a partir de la diferencia establecida frente al sondeo de precios, conforme al análisis consignado en el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación.
III. ANTECEDENTES RELEVANTES
3.1 Indagación preliminar
Como resultado de la prelimina iniciada el 30 de agosto de 2021 por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, autoridad que dispuso la remisión por competencia de determinadas copias procesales, la Procuraduría Provincial de Neiva, actualmente, Procuraduría Provincial de
Instrucción de Neiva, mediante aut del 27 de octubre de 2021, ordenó la apertura de indagación preliminar.
3.2 Investigación disciplinaria
El 29 de julio de 2022, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva dispuso la apertura de investigación disciplinari en contra de Álvaro Andrés Charry Perdomo, en su condición de alcalde del municipio de Villavieja (Huila) para la época de los hechos; asimismo, ordenó la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de la actuación.
Dicho auto fue notificad personalmente al apoderado del investigado el 30 de agosto del mismo año.
3.3 Cierre de la etapa de investigación disciplinaria
Mediante providenci del 20 de febrero de 2023, la Procuraduría Provincial de Instrucción Neiva dispuso el cierre de la investigación disciplinaria y corrió traslado por el término de diez (10) días para la presentación de alegatos precalificatorios; decisión que fue notificad personalmente al apoderado del implicado.
3.4 Calificación de la investigación, auto de formulación de cargos
El 31 de mayo de 2024, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva formuló pliego de cargo contra el disciplinable, con la atribución de un único cargo, en los siguientes términos:
Cargo Único
Al señor ÁLVARO ANDRÉS CHARRY PERDOMO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.718.032 expedida en la ciudad de Neiva (Huila), quien ostentaba para la fecha de los hechos el cargo de Alcalde del municipio de Villavieja (Huila), se le reprocha que al parecer el día 06 de abril de 2020, actuando en calidad de representante legal, ordenador del gasto y jefe de la entidad participó en la actividad contractual en detrimento del patrimonio del municipio de Villavieja (Huila), al suscribir el Contrato con la empresa denominada GRUPO CONSTRUCTOR SP S.A.S, cuyo objeto contractual consistía en la “Compraventa dispositivos y elementos médicos con ocasión a la emergencia sanitaria del COVID-19 en el Municipio de Villavieja - Huila); negocio jurídico celebrado en el marco de la Urgencia Manifiesta declarada a través del Decreto Municipal No. 067 de 2020; posiblemente, en menoscabo del erario; por cuanto adquirió los implementos de bioseguridad excediendo los precios del mercado que regían para la época de celebración del Contrato de Compraventa, presentándose diferencia respecto del sondeo de precios conforme al análisis reflejado en el Informe técnico emitido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales DNIE - de la Procuraduría General de la Nación.
La conducta investigada fue calificada provisionalmente como falta gravísima, de conformidad con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, atribuida a título de culpa gravísima. Esta decisión fue notificada personalment al apoderado del investigado el 17 de junio de 2024.
3.5 Remisión por competencia y fase de juicio disciplinario
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva remitió por competencia el expediente disciplinario a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva el 17 de junio de 2024, de conformidad con el Ofici No. 1675, que obra en el plenario.
Por aut del 26 de junio de 2024, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva asumió el conocimiento del asunto, definió el procedimiento correspondiente y otorgó traslado para descargos.
Adicionalmente, por proveído del 5 de agosto de 2024, se rechazaron las nulidades propuestas y, a través de auto expedido ese mismo día, fueron negadas solicitudes probatorias de la defensa, determinación confirmada en segunda instancia; luego, mediante providencia del 23 de octubre de 2024, se corrió traslado para presentar conclusione, oportunidad que fue aprovechada por el apoderado para radicarla.
3.6 Fallo de primera instancia, impugnación y remisión a la segunda instancia
Mediante fall de primera instancia proferido el 28 de noviembre de 2024, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva declaró disciplinariamente responsable a Álvaro Andrés Charry Perdomo, en su condición de alcalde del municipio de Villavieja (Huila) para la época de los hechos, y le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de ocho (8) años.
La referida decisión fue notificad al apoderado del disciplinable y al propio investigado el 5 de diciembre de 2024. Interpuesto directamente por este último el recurso de apelación, la autoridad disciplinaria de juzgamiento, mediante aut del 20 de enero de 2025, concedió la alzada ante esta Sala, que recibió las diligencias el 24 de enero del mismo año.
IV. PROVIDENCIA RECURRIDA
Luego de individualizar al disciplinable, reseñar los antecedentes de la actuación, precisar la competencia, fijar el marco normativo aplicable y recapitular el acervo probatorio, la autoridad de primera instancia expuso las razones en las que fundó la decisión sancionatoria, las cuales pueden sintetizarse en los siguientes términos:
4.1. La primera instancia destacó que la actuación disciplinaria tuvo origen en el informe remitido por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, elaborado en el contexto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, y referido al análisis de precios de un contrato celebrado por el municipio de Villavieja (Huila); según dicho insumo, se advertía, en apariencia, una diferencia significativa entre los valores contratados y los precios de mercado, circunstancia que condujo a examinar la posible afectación del patrimonio público.
4.2. Como antecedentes, la primera instancia identificó la declaratoria de urgencia manifiesta suscrita por el alcalde municipal; la celebración del contrato el 6 de abril de 2020; la ausencia de estudios previos; la recepción de una única oferta; y la existencia de diferencias entre los valores pactados y los precios de mercado.
4.3. La providencia de primera instancia otorgó especial relevancia al informe elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, en el cual se efectuó un análisis comparativo de los precios de mercado; a partir de ese ejercicio técnico, se concluyó, en principio, que los valores pagados por el municipio excedían los promedios vigentes para la época de celebración del contrato.
4.4. En lo concerniente a la tipicidad, el fallador estimó acreditada la intervención directa del alcalde en la actividad contractual, así como la omisión del deber de verificar los precios de mercado de los bienes objeto de adquisición. Con fundamento en ello, la autoridad de juzgamiento concluyó que la conducta se adecuaba a lo previsto en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, disposición que sanciona la participación en la actividad precontractual o contractual cuando esta se orienta en detrimento del patrimonio público.
4.5. En lo relativo a la ilicitud sustancial, la primera instancia sostuvo que la conducta reprochada comportó un quebrantamiento del deber funcional, al estimar comprometidos los principios de moralidad, transparencia y responsabilidad; con ese propósito, valoró el informe técnico rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, así como los demás medios de prueba de naturaleza documental y testimonial recaudados en la actuación.
De igual manera, resaltó que la declaratoria de urgencia manifiesta no releva a los servidores públicos del cumplimiento de los deberes de diligencia, racionalidad y adecuada administración de los recursos públicos; por el contrario, consideró que el contexto excepcional imponía una exigencia reforzada de cuidado en la gestión contractual.
4.6. En cuanto a la culpabilidad, la primera instancia atribuyó de manera definitiva la conducta a título de culpa gravísima, al considerar demostrado que el procesado, en su condición de ordenador del gasto, tenía el deber funcional de verificar las condiciones del contrato y de constatar que la oferta presentada por la empresa contratista resultara favorable para el municipio.
V. RECURSO DE APELACIÓN
El disciplinable interpuso y sustentó directamente el recurso de apelación en los siguientes términos:
5.1. Sostuvo que la providencia apelada no alcanzó el estándar de certeza exigible para la declaratoria de responsabilidad disciplinaria, en tanto no se acreditaron de manera suficiente los elementos estructurales del juicio sancionatorio, esto es, la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad; a su juicio, la decisión se edificó, de manera principal, sobre un medio probatorio, como fue el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales – DNIE-.
5.2. Cuestionó, en esa línea, el alcance probatorio del referido informe técnico, al señalar que no puede asimilarse a un dictamen pericial, puesto que carece de algunas de las garantías procesales asociadas a este, particularmente en materia de contradicción técnica; adujo que dicho informe no comporta, por sí mismo, la estructura propia de una prueba pericial practicada y, por ende, su eficacia demostrativa no podía ser apreciada de manera aislada ni concluyente, sino que exigía un examen especialmente riguroso por parte del fallador.
5.3. Reprochó, asimismo, que la primera instancia hubiera conferido al informe técnico un valor probatorio prácticamente absoluto, sin contrastarlo con los demás medios de prueba incorporados al expediente ni someter sus conclusiones a un examen estricto conforme a las reglas de la sana crítica; en particular, cuestionó que no existiera prueba para establecer con precisión la marca, las especificaciones y las calidades de los productos adquiridos por el municipio; añadió que las cotizaciones empleadas como referente no correspondían al período comprendido entre marzo y abril de 2020 y que, además, no reflejaban las condiciones excepcionales del mercado vigentes en ese momento.
5.4. Afirmó, igualmente, que el fallo de primer grado introdujo un cuestionamiento relativo a la ausencia de las cotizaciones exigidas en el decreto de urgencia manifiesta, pese a que dicho aspecto no fue incorporado en el pliego de cargos; según expuso, ello comprometía el ejercicio efectivo del derecho de defensa y de contradicción, al sustentar la decisión en supuestos fácticos que no habrían sido objeto de debate dentro del proceso; insistió, por ende, en que el único elemento de prueba que servía de soporte al juicio sobre los presuntos sobrecostos era el informe técnico de la DNIE, respecto del cual advirtió falencias que, en su criterio, impedían alcanzar certeza y generaban duda.
5.5. Finalmente, solicitó la revocatoria del fallo sancionatorio y, en su lugar, su absolución, al estimar que no se encontraba acreditada ni la materialidad de la falta ni la responsabilidad subjetiva exigida en materia disciplinaria; de manera subsidiaria, pidió la readecuación de la modalidad de culpabilidad, bajo el argumento de que, aun en el evento de considerarse demostrada alguna infracción disciplinaria, esta solo podría ser atribuida a título de culpa grave, con la consecuente incidencia en la dosificación de la sanción.
VI. CONSIDERACIONES
6.1 Competencia
De conformidad con el numeral 6.º del artículo 277 de la Constitución Política, los artículos 1 y 16 de la Ley 2094 de 202 y el numeral 3º del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio del 28 de noviembre de 2024, proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva, toda vez que dicha decisión fue emitida frente a un servidor público de elección popular, como era el alcalde de Villavieja (Huila), para la época de los hechos.
La alzada se estudia dentro del delimitado marco que define el inciso 2.º del artículo 234 del CGD, en tanto establece que «el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación».
Del mismo modo, corresponde a la Sala resolver conforme con los lineamientos señalados por la Corte Constituciona en la sentencia C-030 de 2023, reiterados, entre otras, en las sentencias SU-381, SU-382 y SU 417 de 2024, y SU-426 de 2025, así como por el Consejo de Estado en sentenci del 31 de octubre de 2024 y el auto de unificació del 3 de diciembre de 2024.
6.2 Estructura de la decisión
En orden a resolver el recurso de apelación, la Colegiatura se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (6.2.1) La valoración y estándar probatorio exigido para el fallo sancionatorio; (6.2.2) La estimación del precio o valor del contrato; (6.2.3) Análisis sobre el informe técnico y concretamente el que se aplicó al asunto; (6.2.4) Presupuestos para que se tipifique la falta disciplinaria descrita en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; y (6.2.5) Conclusión.
6.2.1 La valoración y estándar probatorio exigido para el fallo sancionatorio
Dado que buena parte de los cuestionamientos de la defensa se dirigen contra el fundamento probatorio, concretamente contra el informe técnico rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, resulta pertinente que la Sala fije, de manera preliminar, algunas consideraciones sobre las reglas probatorias aplicables en el proceso disciplinario y sobre el estándar de conocimiento que debe satisfacerse para adoptar una decisión de carácter sancionatorio.
Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 159 del Código General Disciplinario, los medios de prueba deben ser valorados de manera conjunta y de acuerdo con las reglas de la sana crítica; de igual forma, tanto en la Ley 734 de 200 como en la Ley 1952 de 201 se consagra que solo es posible proferir fallo sancionatorio cuando exista certeza acerca de la ocurrencia de la falta disciplinaria y de la responsabilidad del disciplinable. Ello implica que la valoración de la prueba impone al juzgador disciplinario el deber de establecer, a partir de un examen individual y correlacionado del acervo probatorio, el grado de credibilidad, consistencia y aptitud demostrativa de cada elemento de juicio, con fundamento en un razonamiento racional, lógico, verificable, integral y motivado.
Bajo el sistema de valoración probatoria propio de la sana crítica, también identificado como de libre apreciación o persuasión raciona, el operador disciplinario cuenta con un margen de apreciación para examinar los medios de prueba allegados al expediente; sin embargo, esa potestad debe ejercerse con sujeción a parámetros de racionalidad, de suerte que las inferencias extraídas de la prueba encuentren respaldo en las reglas de la lógica, en conocimientos objetivamente aceptables y en las máximas de la experiencia, todo lo cual ha de quedar debidamente explicitado en la motivación de la providencia.
En este orden, al valorar las pruebas, la autoridad disciplinaria debe apreciarlas en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica; en ese sentido, el Consejo de Estad ha precisado que no existe tarifa legal para acreditar o desvirtuar hechos, pues el convencimiento debe formarse con objetividad y racionalidad, sin excesivo formalismo; así, la sana crítica se edifica sobre la lógica, el uso de la ciencia y de la técnica, y las reglas de la experiencia, de modo que la autoridad no queda necesariamente atada a los dictámenes de expertos, pudiendo fundamentar su decisión en otros medios de prueba que le permitan establecer los hechos de manera objetiva y cierta.
En relación con este asunto, la Corte Constituciona ha construido una serie de reglas jurisprudenciales sobre el alcance del sistema de valoración probatoria regido por la sana crítica; en ese marco, ha señalado lo siguiente:
Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las
reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado y/o juez puedan analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.
(…)
En esa medida, el sistema de la libre apreciación o de sana crítica, faculta al juez para valorar de una manera libre y razonada el acervo probatorio, en donde el juez llega a la conclusión de una manera personal sin que deba sujetarse a reglas abstractas preestablecidas. La expresión sana crítica, conlleva la obligación para el juez de analizar en conjunto el material probatorio para obtener, con la aplicación de las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que corresponda.
De los preceptos y criterios antes reseñados se desprende que, en el ámbito disciplinario, la apreciación probatoria no puede desembocar en una decisión sancionatoria sino cuando genere certeza acerca de la ocurrencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinable; en otros términos, se exige un nivel de corroboración cualificado que permita tener por acreditados, de manera suficientemente sólida, tanto el supuesto fáctico investigado y señalado en el cargo disciplinario como el juicio de imputación subjetiva correspondiente.
De no alcanzarse el grado de certeza exigido para adoptar una decisión sancionatoria, resulta imperativo aplicar la regla prevista en el artículo 14 del Código General Disciplinario, en virtud de la cual «durante la actuación disciplinaria toda duda razonable se resolverá a favor del sujeto disciplinable».
Al pronunciarse sobre la constitucionalidad del principio según el cual la duda razonable se resuelve en favor del sujeto disciplinable, la Corte Constituciona sostuvo:
Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quien adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado.
Siendo así, no entiende la Corte cómo se pueda vulnerar la presunción de inocencia cuando se ordena a la autoridad administrativa competente para investigar a un determinado funcionario público que en caso de duda sobre la responsabilidad del disciplinado ésta ha de resolverse en su favor. Y, por el contrario, advierte que de no procederse en esa forma sí se produciría la violación de tal presunción, pues si los hechos que constituyen una infracción administrativa no están debidamente probados
en el expediente, o no conducen a un grado de certeza que permita concluir que el investigado es responsable, mal podría declararse culpable a quien no se le ha podido demostrar la autoría o participación en la conducta antijurídica.
De ello se sigue que, cuando la valoración conjunta y racional del material probatorio no conduce a la certeza necesaria sobre la configuración de la falta disciplinaria y la responsabilidad subjetiva del disciplinable, surge una duda razonable; bajo ese supuesto, el ordenamiento impone resolver la actuación en sentido favorable al investigado, mediante la correspondiente absolución.
6.2.2 La estimación del precio o valor del contrato
En materia de contratación estatal, el precio o valor del contrato está constituido por la contraprestación económica que la entidad reconoce al contratista por la ejecución del objeto convenido, ya se trate del suministro de bienes, la prestación de servicios o la realización de obras, para ello, ese precio puede encontrarse determinado o ser determinable y, dada la conmutatividad que ordinariamente informa este tipo de negocios jurídicos, incorpora tanto los costos directos e indirectos vinculados a la ejecución contractual como la utilidad esperada por el contratista.
De ahí que, en el ámbito de la contratación estatal, los principios de conmutativida y equivalencia de obligacione se proyecten sobre el deber de selección objetiva, en cuya función la administración debe apreciar, con criterios verificables y suficientemente definidos, factores de escogencia como la experiencia, organización, equipos, plazo de ejecución y precio; ese juicio comparativo exige, por ende, el examen de las distintas ofertas presentadas, la verificación de las condiciones del mercado y la elaboración de estudios y deducciones técnicas por parte de la entidad contratante.
En esa lógica, la estimación del valor del contrato exige un análisis de mercado orientado a identificar, con criterios objetivos, el costo razonable de la necesidad que se pretende atender por vía contractual; dicho ejercicio, que se encuentra directamente vinculado al principio de economía debe desarrollarse conforme a una metodología compatible con la tipología del negocio jurídico y con la dinámica del mercado respectivo, e involucra, de ordinario, el examen comparativo de los ofrecimientos recibidos, la verificación de las condiciones del mercado y las necesidades técnicas elaboradas por la entidad.
Así, en tratándose de contratos de compraventa o de suministro, una de las metodologías ordinariamente utilizadas para establecer el precio de referencia consiste en identificar los valores promedio del mercado mediante la solicitud de cotizaciones, la invitación a distribuidores o proveedores y, de manera
complementaria, la consulta de las herramientas e información disponibles en el Sistema de Compras Públicas de Colombia Compra Eficiente.
Sobre el alcance jurídico del valor del contrato estatal, el Consejo de Estad ha sostenido lo siguiente:
Y es que la definición del costo real del negocio proyectado, es decir el valor de las cosas o servicios que se van a contratar teniendo en cuenta las diversas variables tales como cantidad, calidad, especialidad, momento, lugar, etc., persigue ineludiblemente que la Administración no pague ni más ni menos de lo que verdaderamente cuestan en el mercado para ajustarse así a la conmutatividad objetiva que de acuerdo con el artículo 28 de la ley 80 de 1993 debe imperar en el contrato estatal.
Como complemento de lo anterior, se evidencia que el Consejo de Estad ha precisado que los precios reales del mercado corresponden al valor que, conforme a las dinámicas propias del intercambio económico, pueden alcanzar los bienes, servicios o suministros que constituyen el objeto de la contratación, considerados en un lugar [distancia] y momento determinados, bajo circunstancias específicas y atendiendo a las variables particulares del negocio, tales como la cantidad, la calidad o el grado de especialidad requerido.
En el presente asunto, dado que los bienes fueron adquiridos mediante un contrato de compraventa, resulta pertinente acudir a las características jurídicas esenciales de esa modalidad negocial, a efectos de identificar las variables relevantes para la determinación del precio. En esa línea, el artículo 905 del Código de Comerci
dispone que la compraventa es el contrato por medio del cual una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero; a esta contraprestación dineraria se le denomina precio. Se trata, por tanto, de un contrato típico, bilateral y conmutativo, en la medida en que genera obligaciones recíprocas y se estructura sobre la equivalencia económica de las prestaciones. De ordinario, además, corresponde a un negocio de ejecución instantánea, orientado a la entrega del bien dentro del término convenido.
De lo anterior se desprende que, aun cuando el precio en un contrato de compraventa pueda establecerse con referencia a valores promedio del mercado, su determinación no puede efectuarse en abstracto ni de manera descontextualizada, pues exige ponderar variables concretas, tales como el lugar, la cantidad, la oportunidad de cumplimiento de cada prestación y el domicilio del adquirente, en aquellos casos en que las partes se encuentren en ubicaciones distintas y geográficamente distantes, entre otros factores.
En esa misma línea, no puede perderse de vista que los costos de mercado dejan de responder a patrones ordinarios cuando concurren circunstancias excepcionales, extrañas al desenvolvimiento normal del tráfico económico, como las derivadas de eventos de fuerza mayor, caso fortuito o emergencias sanitarias; en tales escenarios, la necesidad de adoptar medidas urgentes de contención y prevención puede generar distorsiones en la dinámica de oferta y demanda y, por esa vía, incidir de manera directa en los precios bajo los cuales el contratista formula su propuesta y la entidad pública estructura la adquisición de bienes o servicios.
De esta manera, tales factores inciden de forma significativa en el costo de los bienes y servicios, como en efecto ocurrió durante el 2020 en el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19; durante ese período se alteraron las condiciones de disponibilidad de múltiples bienes y servicios y, con ello, las dinámicas ordinarias de oferta y demanda; asimismo, se vieron afectadas las condiciones usuales de entrega y abastecimiento, por consiguiente, para determinar cuáles eran los precios reales del mercado en esa anualidad, resultaba indispensable valorar las circunstancias excepcionales que incidían de manera directa en su determinación.
6.2.3 Análisis sobre el informe técnico y concretamente el que se aplicó al asunto
En desarrollo de la potestad disciplinaria, resulta necesario precisar la naturaleza y el valor probatorio de los informes rendidos por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, habida cuenta de que los mismos son elementos de juicio que sirven de apoyo para la adopción de decisiones dentro del procedimiento disciplinario.
Al respecto, la Sala considera que dichos informes no pueden ser equiparados de manera automática a un dictamen pericial en sentido estricto, pues su incorporación y estructura no necesariamente responden a las exigencias propias de dicho medio; en consecuencia, su mérito depende de su corroboración con el acervo probatorio; por ende, no es admisible conferirles un valor absoluto sin un examen crítico adicional.
Como primer aspecto, debe señalarse que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales hace parte de la estructura orgánica interna de la Procuraduría General de la Nación y, según el régimen funcional previsto en el Decreto Ley 262 de 2000, con las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 1851 de 2021, le corresponde “[p]restar la asesoría y la colaboración técnico-científica que requieran las diferentes dependencias de la Procuraduría General de la Nación y demás órganos que conforman el Ministerio Público.”.
Sobre este aspecto, la Procuraduría General de la Nacióhttps://apps.procuraduria.gov.co/guia/gd_1952/docs/cto_pgn_0000039_2023.htm ha precisado que la diferencia entre el informe técnico y el dictamen pericial recae sobre su contenido material, finalidad y régimen probatorio; en efecto, mientras el informe técnico se limita a suministrar datos, registros o informaciones que
reposan en bases documentales, el dictamen pericial incorpora un juicio técnico o científico dirigido a ilustrar al fallador sobre materias que demandan conocimientos especializados; de ahí que este último constituya un medio de prueba autónomo, encaminado a incorporar a la actuación conclusiones derivadas de un examen experto, al paso que en el informe técnico prevalece la descripción de situaciones, circunstancias o datos previamente documentados, razón por la cual su naturaleza se aproxima a la prueba documental; en esas condiciones, y conforme también a lo sostenido por esta Sala, el dictamen pericial puede ser objeto de aclaración, ampliación, adición u objeción con arreglo a las reglas propias del proceso, mientras que el informe técnico se controvierte, principalmente, a partir de la verificación de su contenido y de sus eventuales aclaraciones o complementaciones.
Dicho concepto de la Procuraduría General de la Nación precisa que la colaboración técnica prevista en el artículo 156 del Código General Disciplinari no constituye, por sí misma, un medio de prueba autónomo, sino una facultad instrumental que puede servir para la producción o recaudo de la prueba, o incluso para el acompañamiento técnico del funcionario que dirige la actuación, sin que toda intervención especializada se traduzca automáticamente en prueba pericial; bajo esa premisa, la función atribuida a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, consistente en prestar asesoría y colaboración técnico-científica a las dependencias de la Procuraduría, no define por sí sola la naturaleza probatoria de los documentos que elabora, de manera que, para establecer si su intervención dio lugar a un informe técnico o a un dictamen pericial, resulta indispensable atender a la naturaleza del medio de prueba requerido por la autoridad disciplinaria y verificar si concurren las exigencias legales de la peritación, pues solo en ese evento, cualquiera que sea la denominación del documento rendido, podrá ser apreciado como dictamen pericial.
Descendiendo al caso concreto, se advierte que el informe rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiale el 15 de noviembre de 2022 incorporó un análisis relativo al costo directo del contrato y a la prima de riesgos, con apoyo en el documento CONPES 3714 de 2011; asimismo, tomó en consideración los impuestos y contribuciones imputados al valor total del negocio jurídico que constituye objeto de reproche disciplinario.
Del mismo modo, se indicó en dicho informe que la determinación de los precios promedio se realizó a partir de cotizaciones recaudadas por esa dependencia ante las firmas Representaciones J.MEL y Produclínicos del Sur; con fundamento en ese ejercicio comparativo, la DNIE arribó a la siguiente conclusión:
En términos de valores absolutos se indica y explica, que el valor pactado y ejecutado, en virtud de la ejecución del contrato N° 03-2020, fue de $8.788.150. Que al consultar los precios que reporta los establecimientos de comercio cotizados y adicionando los impuestos, contribuciones y la prima de riesgo CONPES 3714 de 2011, el valor total estimado fue de $6.446.360, resultando un incremento en pesos por la suma de $2.341.790, correspondiente a un valor porcentual de 36.3%.
Ahora bien, en lo que atañe a la relación de precios, se advierte que esta se estructuró en el informe de la DNIE con base en los datos suministrados por los proveedores, en respuesta al requerimiento que les fuera formulado; en efecto, el expediente disciplinario da cuenta de que, mediante solicitu elevada por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales el 13 de septiembre de 2022, se requirió la remisión de información relacionada con los valores de los bienes objeto de análisis, en los siguientes términos:
La respuest allegada por la firma Produclínicos del Sur fue la siguiente:
De otro lado, ante la misma solicitud formulada a la firma J.ME
, la respuesta fue la que a continuación se indica:
Sobre esta información tanto del contrato, como de la respuesta de los comerciantes, la DNIE concluye lo siguiente:
A partir de la información obrante tanto en el contrato como en los requerimientos formulados a los comerciantes, se obtiene la siguiente tabla de análisis:
| ITEM | Descripción del bien en el contrato | Unidad de medida y cantidad en el contrato | Precio unitario del bien en el contrato ($) | Precio según cantidad y producto Cotización de Produclinicos | Precio según cantidad y producto Cotización de J.MEL |
1 | Mascarilla respirador carbón activo N95 con válvula | UND (50) | $ 25.000 | Para una cantidad de 800 unidades se oferta a: Un tapaboca alta eficiencia TBC N95 S/Válvula por $ 2.600 | Para una cantidad de 50 unidades se oferta a: $ 18.000 |
2 | Alcohol Etílico al 96% con dispensador | Tarro 500 ml UND (25) | $ 19.000 | Para una cantidad de 25 unidades se oferta a: Alcohol Etílico al 96% por $ 17.800 Nota: En la cotización no se indica si viene con dispensador. | No cotiza este ítem |
3 | Tapabocas alta protección en relieve | Caja X 50 UND (16) | $ 85.000 | No cotiza | Para una cantidad de 10 unidades se oferta a: $ 8.525 en marzo de 2020 y $ 70.000 para agosto del mismo año |
4 | Funda para cadáver elaborado en tela lindasoft blanco | UND (10) | $ 32.000 | Para una cantidad de 10 unidades se oferta a: Bolsa para cadáver CAL.6 (175u) 70CM+220CM por $ 46.300 Nota: en la cotización no se determina si es en tela lindasoft. | No cotiza este ítem |
5 | Guantes de nitrilo | Caja X 100 UND (10) | $ 38.000 | Para una cantidad de 10 unidades se oferta a: $ 83.000 | Para una cantidad de 4 unidades se oferta a: $ 18.000 (cotizado en enero y abril de 2020) |
6 | Gel antibacterial por 500 ml | Botella por 500 ml UND (75) | $ 24.000 | Para una cantidad de 75 unidades se oferta a: $ 19.300 | No cotiza este ítem |
7 | Bata cirujano desechable | UND (100) | $ 18.000 | Para una cantidad de 100 unidades se oferta a: $ 8.500 | Para una cantidad de 100 unidades se oferta a: $ 4.800 |
La valoración probatoria de los anteriores datos se realizará conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, con observancia de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos o técnicos, en los términos del artículo 159 de la Ley 1952 de 2019, que impone la apreciación conjunta de las pruebas y exige exponer razonadamente, en toda decisión motivada, el mérito de aquellas en que esta se funda; del mismo modo, el siguiente examen se desarrollará bajo los postulados de investigación integral previstos en el artículo 13 ibidem, así como a la luz de la exigencia de prueba para sancionar contemplada en el artículo 160 del mismo estatuto; bajo ese parámetro, en el caso concreto serán objeto de examen tanto los factores y precios remitidos como soporte para la elaboración del informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, como el contenido, la metodología, los alcances y las conclusiones del propio informe, a fin de establecer su consistencia probatoria, su correspondencia con los datos de base y su aptitud demostrativa dentro del presente proceso disciplinario.
Esta Sala desarrollará el análisis probatorio en dos ejes; el primero, sobre la correspondencia entre los ítems del contrato y las cotizaciones y precios que sirvieron de sustento al informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación; el segundo, sobre las condiciones en que tales cotizaciones y precios fueron presentados por Produclínicos y J.MEL.
Primer análisis probatorio
Ítem 1. Mascarilla respirador carbón activo N95 con válvula
En este ítem se advierten, en primer término, diferencias de comparabilidad cuantitativa y técnica entre las cotizaciones recaudadas, pues Produclínicos ofertó 800 unidades de tapaboca de alta eficiencia TBC N95 S/válvula por $2.600 cada una, mientras que J.MEL cotizó 50 unidades por $18.000 la unidad; además, el bien contratado correspondía a mascarilla respirador carbón activo N95 con válvula; en esas condiciones, la información allegada presenta deficiencias de comparabilidad que impiden reconocer a tales referencias mérito probatorio suficiente para tener por acreditado, con grado de certeza, un precio objetivo de mercado.
Ítem 2. Alcohol etílico al 96% con dispensador
En relación con este ítem, la cotización allegada por Produclínicos ofrece un valor de $17.800 por unidad para 25 unidades de alcohol etílico al 96%, mientras que en el contrato se pactó el suministro de 25 unidades de alcohol etílico al 96% con dispensador, por un precio unitario de $19.000; así, aunque existe coincidencia en la concentración, la presentación general y la cantidad contratada, no se encuentra acreditado que el producto ofertado incluyera dispensador, elemento que fue expresamente incorporado en la descripción del contrato.
Ítem 3. Tapabocas alta protección en relieve
En cuanto a este ítem, la información recaudada no permite acreditar, con suficiencia probatoria, un precio objetivo de mercado; en efecto, el contrato contempla la adquisición de 16 cajas por 50 unidades de tapabocas de alta protección en relieve, a un valor de $85.000 por caja; no obstante, la única referencia externa proviene de J.MEL, que reporta valores de $8.525 en marzo de 2020 y de $70.000 en agosto del mismo año, sin que se establezca con claridad si tales precios corresponden a la misma presentación comercial contratada, esto es, caja por 50 unidades; a ello se suma que Produclínicos no cotizó este ítem, de modo que no existe un segundo referente de contraste; además, la información allegada presenta una dificultad temporal, pues los precios reportados corresponden a momentos distintos, lo que impide fijar con exactitud el referente cronológico pertinente; finalmente, también se advierte una falta de equivalencia cuantitativa, dado que la oferta externa recae sobre 10 unidades, mientras que el contrato refiere 16 cajas por 50 unidades.
Ítem 4. Funda para cadáver elaborada en tela lindasoft blanco
En cuanto a este ítem, la información recaudada tampoco permite establecer, con suficiencia probatoria, un precio objetivo de mercado, puesto que el contrato prevé la adquisición de 10 unidades de funda para cadáver elaborada en tela lindasoft blanco, por un valor unitario de $32.000; por su parte, Produclínicos cotizó, para la misma cantidad, una bolsa para cadáver CAL.6 (175u) 70 cm + 220 cm por valor de $46.300 la unidad. Así, aunque existe coincidencia en el número de unidades ofertadas, no se encuentra acreditado que el producto cotizado corresponda a la misma especificación contractual, pues la denominación y descripción reportadas difieren de las previstas en el contrato.
Ítem 5. Guantes de nitrilo
En relación con este ítem, la información recaudada no permite establecer, con suficiencia probatoria, un precio objetivo de mercado; en efecto, el contrato prevé la adquisición de 10 cajas por 100 unidades de guantes de nitrilo, por un valor unitario de $38.000; sin embargo, Produclínicos cotizó 10 unidades a $83.000, mientras que J.MEL ofertó 4 unidades a $18.000, con referencias correspondientes a enero y abril de 2020; de ese modo, las ofertas comparadas no presentan equivalencia cuantitativa, pues una recae sobre el precio de 10 unidades y la otra sobre el de 4, lo que impide construir, a partir de ellas, un referente homogéneo de mercado.
Ítem 6. Gel antibacterial por 500 ml
En este ítem, el contrato incluye 75 unidades de gel antibacterial de 500 ml por un precio de $24.000 cada una; por su parte, Produclínicos cotizó esas mismas 75 unidades a $19.300 por unidad; esto muestra que existe coincidencia en la cantidad y en la presentación del producto, por lo que esa cotización sirve como punto de comparación; sin embargo, ese análisis queda incompleto porque J.MEL no presentó cotización sobre este ítem, de modo que no hay un segundo valor que permita hacer un promedio de precios.
Ítem 7. Bata cirujano desechable
El contrato contempla la adquisición de 100 unidades de bata cirujano desechable por un valor de $18.000 cada una; a su vez, Produclínicos cotizó 100 unidades a $8.500 y J.MEL ofertó igualmente 100 unidades a $4.800. Así, en este ítem sí existe coincidencia en la cantidad y en el tipo general del producto, lo que permite contar con una base objetiva para efectuar un promedio.
Segundo análisis probatorio
No todos los bienes objeto del informe técnico del DNIE fueron cotizados por ambas firmas comerciales; de hecho, únicamente en tres ítems (1,5 y 7) se cuenta con valores provenientes de los dos oferentes; incluso, respecto del producto denominado tapabocas de alta protección en relieve, la firma J.MEL reportó dos precios distintos, correspondientes a marzo y agosto de 2020, sin que el informe explique de manera suficientemente clara el criterio a partir del cual obtuvo el promedio unitario de $20.932.
Asimismo, en varios ítems el informe utiliza como promedio el valor reportado por la única firma que cotizó el respectivo producto, como ocurre con alcohol (2), funda para cadáver (4) y gel antibacterial (6); esa circunstancia plantea reparos metodológicos, pues el empleo de dicho concepto exige, al menos, dos valores comparables que permitan obtener una media aritmética, presupuesto que en esos casos no se cumple.
Una consideración adicional es que los precios allegados por J.MEL, según se indica en el encabezado de su respuesta, corresponden a una relación de valores de contratos celebrados con el municipio de Villavieja en 2022; esta referencia temporal difiere de manera significativa del contrato objeto de análisis, suscrito en abril de 2020, lo que impide asumir dichos precios como plenamente comparables, en tanto corresponden a momentos de mercado distintos.
De otra parte, el estudio acude a la tabla de estimación de riesgos previsibles contenida en el CONPES 3714 de 201 y califica la fluctuación de precio como un riesgo de probabilidad baj; sin embargo, tal premisa se aparta de los hechos notorios y condiciones fácticas propias del período analizado, en el que resulta evidente que los precios de estos bienes presentaron variaciones significativas que desbordaban los parámetros ordinarios del mercado; en efecto, a título ilustrativo, la firma J.MEL report que el valor del tapabocas de alta protección ascendía a $8.525 en marzo de 2020 y a $70.000 en agosto del mismo año, lo que evidencia una oscilación sustancial en un corto intervalo temporal, incompatible con la calificación de baja probabilidad atribuida a dicho riesgo; situación que no correspondía, conforme la realidad derivada del hecho notorio de la pandemia.
Cabe destacar que esta Sala, en decisió del 28 de agosto de 2025, abordó el fenómeno de la especulación en los siguientes términos:
Incluso, aludiendo al tema de la pandemia, como es ampliamente conocido, para la época de la suscripción y las adiciones del contrato de suministro [xxx] se presentaban circunstancias de especulación en el mercado por la alta demanda de algunos insumos o productos, en especial aquellos que integraban la canasta básica familiar. (se omite en la cita el número del contrato).
De hecho, el Gobierno nacional expidió para entonces el Decreto 507 del 1.º de abril de 2020, que tenía como objeto la adopción de «medidas para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 2020». En su motivación se destaca:
Que, en este contexto, mediante Oficio remitido a la secretaría Jurídica de la Presidencia de la República por parte del Director del Departamento Nacional de Estadística - DANE, radicado 20202300045771 del 26 de marzo de 2020, dicha entidad envió un informe de evolución de precios comparativo entre la semana del 14 al 20 de marzo de 2020, frente a la semana del 21 al 25 de marzo de 2020. Los datos correspondientes a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga evidencian una fuerte presión al alza de algunos productos representativos de la canasta familiar básica de los colombianos.
De otra parte, las declaraciones rendidas por Catalina Rincón Camacho, contratista por prestación de servicios y asesora externa del municipio de Villavieja en asuntos contractuales, y por Cindy Charry Mora, representante legal de la firma contratista Grupo Constructor SP para la época de los hechos, y que obran en el plenario, coinciden en señalar que el alcalde actuaba como representante del municipio y que la actividad contractual no estaba delegada, aspecto que no se encuentra controvertido, también refieren de manera concordante que, para ese momento, los precios de múltiples insumos habían experimentado incrementos significativos respecto de su valor ordinario; sin embargo, este último aspecto no fue objeto de una valoración y contrastación en la decisión cuestionada.
Se cuestiona igualmente en la decisión que no se hubieran allegado las dos cotizaciones previstas en el parágrafo del artículo segundo del Decreto 067 de 202; no obstante, ese aspecto no integró el núcleo de imputación fijado en el pliego de cargos; además, en el expediente obra una cotización de la firma Suministros Empresariales AR, de fecha 18 de marzo de 2020, que da cuenta de una oferta presentada al municipio y que, al parecer, corresponde a los insumos requeridos.
Por sustracción, la primera instancia atribuyó al disciplinable, en su condición de alcalde de Villavieja, la celebración del contrato del 6 de abril de 2020 en detrimento del erario, al considerar que los implementos de bioseguridad fueron adquiridos por valores superiores a los del mercado, con fundamento principal en el informe técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales; no obstante, esta Sala advierte que dicho informe presenta inconsistencias, como se desprende del análisis realizado en acápite anterior, respecto de la construcción de los promedios, en la comparabilidad de los bienes y en el manejo de las cotizaciones, lo que impide reconocerle fuerza probatoria suficiente para sustentar, con grado de certeza, la responsabilidad disciplinaria del investigado; a ello se agrega que el contrato fue celebrado en un contexto extraordinario derivado del COVID-19, caracterizado por una notoria inestabilidad en los precios de mercado, circunstancia que exigía un análisis particularmente riguroso.
6.2.4 Presupuestos para que se tipifique la falta disciplinaria descrita en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002
En línea con lo que viene de exponerse, el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 [hoy numeral 3.º del artículo 54 del CGD] consagró la siguiente falta disciplinaria:
Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
[…]
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley […].
Así, en la medida en que el Estatuto General de Contratación es una ley de principios, sus mandatos, según la Corte Constituciona, pueden integrarse con disposiciones constitucionales o legales que concreten de manera clara y expresa los deberes y prohibiciones aplicables en materia contractual; bajo esa comprensión, la imputación jurídica atribuida al disciplinable se formuló por la presunta incursión en la falta gravísima prevista en el hoy numeral 3 del artículo 54 del Código General Disciplinario.
En ese marco normativo, para que se configure la falta disciplinaria prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, hoy numeral 3.º del artículo 54 del Código General Disciplinario, se requiere la demostración de los elementos fácticos que estructuran el tipo, esto es, de una participación en la actividad contractual que comporte, de manera verificable, un detrimento del patrimonio público o el desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal y la función administrativa.
En el presente asunto, tal presupuesto demostrativo no se satisface con la certeza requerida en las normas, pues, como lo aduce la defensa, el fallo de primera instancia se apoyó esencialmente en una sola prueba.
El Consejo de Estad– determinó que la subsunción típica constituye un elemento esencial del principio de tipicidad en el derecho disciplinario y exige, por ello, la existencia de prueba suficiente que permita demostrar los hechos, que, en este caso, están descritos en el cargo imputado al entonces alcalde.
Efectuado el examen integral del material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, esta Colegiatura no encuentra acreditados, con el grado de certeza exigible, ni la sobreestimación injustificada de los precios ni la consecuente afectación patrimonial a los intereses de la administración, de suerte que no se deriva del informe técnico de la DNIE ni de sus soportes una inferencia razonable que permita concluir los presuntos sobrecostos ni, por esa vía, los elementos de tipicidad y resultado sobre los cuales descansó la imputación.
En tales condiciones, la insuficiencia probatoria no solo compromete la acreditación del resultado lesivo, sino que impide estructurar el juicio de subsunción típica, en tanto no se demuestra, con el grado de certeza exigido, que la conducta desplegada se adecue al supuesto normativo disciplinario.
6.2.5 Conclusión
En definitiva, la Sala concluye que no se acreditó, con el grado de certeza exigido por el artículo 160 del Código General Disciplinario, la tipicidad de la falta disciplinaria ni la responsabilidad del señor Álvaro Andrés Charry Perdomo, en tanto no quedaron demostrados los sobrecostos atribuidos a los precios del contrato objeto de investigación, ni su consecuente detrimento patrimonial; en consecuencia, se revocará el fallo impugnado y, en su lugar, se absolverá al investigado.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR el fallo disciplinario proferido el 28 de noviembre de 2024 por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva, mediante el cual se declaró responsable disciplinariamente al señor Álvaro Andrés Charry Perdomo, identificado con la cédula de ciudadanía 7.718.032 en su condición de alcalde del municipio de Villavieja (Huila) para la época de los hechos; en su lugar, ABSOLVER del cargo formulado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el contenido de esta determinación a los sujetos procesale, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y siguientes del Código General Disciplinario, indicándoles que contra la misma no procede recurso alguno.
TERCERO. Efectuada la notificación, remítase la actuación a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva a efecto de que dicha dependencia archive el expediente, previas las constancias y registros pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS GERMÁN ORTEGA RUIZ
Procurador Delegado
GLORIA EDITH RAMÍREZ ROJAS
Procuradora Delegada
CARLOS HUMBERTO GARCÍA PARRADO
Procurador Delegado
Presidente
Elaboró: Mario Enrique Galvis Ayala
Revisó: Luis Germán Ortega Ruiz
Aprobó: Luis Germán Ortega Ruiz /Gloria Edith Ramírez Rojas /Carlos Humberto García Parrado (SDJSPE)
