| Dependencia: | Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular |
| Radicado: | IUS E-2021-167276 IUC D-2021-1852364 |
| Investigado: | WILLIAM JORGE DAU CHAMATT |
| Cargo: | Alcalde |
| Entidad: | Alcaldía de Cartagena de Indias, Distrito turístico y Cultural |
| Fecha queja: | Abril de 2021 |
| Fecha hechos: | 2 de febrero de 2021 y 12 de diciembre de 2022 |
| Asunto: | Fallo de segunda instancia |
Bogotá, D.C., 09 de abril de 2026.
Aprobado en Sala, con Acta No. 2026
P.D. Ponente: Luis Germán Ortega Ruiz.
I. ASUNTO
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el defensor de confianza del procesado William Jorge Dau Chamatt contra el fallo proferido el 22 de enero de 2025 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, mediante el cual lo declaró disciplinariamente responsable y, como consecuencia, le impuso sanción consistente en amonestación escrita en su hoja de vida.
II. HECHOS
El 2 de febrero de 2021, en la audiencia pública adelantada dentro del procedimiento de revocatoria del mandato del entonces alcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, diligencia que fue suspendida luego de que el señor Édison Lucio Torres Moreno, en su intervención, profiriera señalamientos y expresiones catalogadas como ofensivas contra el mandatario, quien también incurrió en manifestaciones valoradas como irrespetuosas frente al interviniente.
El 12 de diciembre de 2022, ante medios de comunicación y en un evento de anticorrupción, el mismo mandatario local calificó al Departamento Administrativo de Salud de Cartagena (DADIS) como un “nido de ratas”.
III. ANTECEDENTES RELEVANTES
3.1 Indagación preliminar
El 30 de noviembre de 2021, la Procuraduría Primera para la Vigilancia Administrativa dispuso el inicio de indagación prelimina en contra de William Jorge Dau Chamatt, en su calidad de alcalde de Cartagena. Dicha decisión fue comunicada para citació el 9 de diciembre de esa misma anualidad y notificada por edict, desfijado el 18 de enero de 2022.
3.2 Investigación disciplinaria
Mediante proveído del 13 de junio de 2023, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa dispuso la apertura de investigació en contra del implicado, decisión que fue notificada por edict, desfijado el 4 de julio de 2023.
De otra parte, mediante aut del 24 de agosto de 2023, la Procuraduría Primera para la Vigilancia Administrativa, dentro del radicado IUS E-2022-726915 – IUCD-2023-2976863, dispuso la apertura de investigación en contra del entonces alcalde, por los mismos hechos, decisión que fue notificada por edict, desfijado el 5 de septiembre de 2023.
Como consecuencia de la apertura de investigación disciplinaria dispuesta el 24 de agosto de 2023, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa, mediante decisió del 7 de noviembre de 2023, ordenó acumular a la presente actuación el radicado IUS E-2022-726915 – IUC D-2023-2976863, para que ambos trámites continuaran bajo la misma cuerda procesal. Esta determinación fue notificada por estad del 21 de noviembre de 2023.
3.3 Cierre de investigación
Con providenci del 30 de noviembre de 2023, se dispuso el cierre de la investigación disciplinaria y se ordenó correr traslado para que los sujetos procesales presentaran alegatos previos a la evaluación de la investigación, en los términos del artículo 220 de la Ley 1952 de 2019. Dicha providencia fue notificada por estad del 7 de diciembre de 2023.
3.4 Auto de formulación de cargos
La Procuraduría Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa, mediante aut del 8 de marzo de 2024, formuló pliego de cargos en contra del señor William Jorge Dau Chamatt. El cargo fue el siguiente:
William Jorge Dau Chamatt, en su condición de alcalde de Cartagena de Indias, con su comportamiento infringió el deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tuvo relación por razón del servicio, en los términos del artículo 34, numeral 6, de la Ley 734 de 2002 y el artículo 38, numeral 7 de la Ley 1952 de 2019 al:
[…] Proferir manifestaciones irrespetuosas contra Edison Lucio Torres Moreno, vocero de la iniciativa ciudadana denominada "Cartagena revoca pacto heroico", durante la audiencia de revocatoria del mandato del alcalde de Cartagena, realizada el 2 de febrero de 2021, cuando dijo: "Lucio Torres está tratando de provocarme porque no tiene argumentos, porque ha sido un payaso mediocre, está loco, de pronto quien sabe que de pronto sea basuquero" […]
[…] Manifestarse irrespetuosamente en contra (Sic) los funcionarios del Departamento Administrativo de Salud del Distrito de Cartagena -DADIS-, el 12 de diciembre de 2022, durante la intervención de instalación del evento del Dia Anticorrupción 2022, al señalar que esa entidad era otro nido de ratas […]
Se consideró que pudo incurrir en la violación del deber contemplado en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, reproducido en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, falta que fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo.
La anterior decisión fue notificada por edict, desfijado el 20 de marzo de 2024, y por correo electrónic el 16 de abril de 2024 a su apoderado, conforme la autorización dada por la defensa para esta decisión.
3.5 Juzgamiento disciplinario
Las diligencias se remitieron por competencia, mediante ofici 0899 del 16 de abril de 2024, a la Procuraduría Delegada de Juzgamiento 2, y fueron recibidas en dicha dependencia el 18 de abril de 2024.
Posteriormente, mediante decisió del 17 de mayo de 2024, esa delegada dispuso la fijación del procedimiento a seguir y corrió traslado por quince (15) días para la presentación de descargos y la solicitud probatoria, decisión que fue notificada personalmente a los sujetos procesales, con estad del 30 de mayo de 2024.
3.6 Fallo de primera instancia e impugnación
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, mediante fallo del 22 de enero de 2025, profirió decisión de primera instanci en la que declaró disciplinariamente responsable a William Jorge Dau Chamatt por el cargo imputado y, en consecuencia, le impuso sanción de amonestación escrita, con anotación en su hoja de vida. Esta determinación fue notificada por edict, desfijado el 4 de febrero de 2025.
Inconforme con el fallo, el disciplinable, por conducto de su apoderado de confianza, interpuso recurso de apelació, el cual fue concedido por la rimera instancia mediante aut del 10 de marzo de 2025. El expediente fue recibid en esta Sala el 12 de marzo de 2025.
IV. PROVIDENCIA RECURRIDA
4.1. En el análisis de la tipicidad, la decisión partió por determinar si la conducta se subsumía en el incumplimiento del deber previsto en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, hoy recogido en el artículo 38, numeral 7, de la Ley 1952 de 2019.
En cuanto al primer hecho, se resaltó que el disciplinable profirió expresiones objetivamente irrespetuosas dirigidas a un ciudadano que intervenía en una audiencia pública oficial, conforme lo evidencian las pruebas audiovisuales, las cuales dan cuenta de un escenario de provocación y de la emisión de expresiones soeces por parte del alcalde en un ámbito institucional.
En relación con el segundo hecho, asociado con la expresión “nido de ratas”, referida al DADIS, se precisó que el calificativo se dirigió a funcionarios y dependencias de la entidad, y no a sujetos indeterminados, por lo que, en criterio del fallador, constituye un trato degradante que compromete la dignidad de los servidores públicos y afecta la imagen institucional.
Aunque la defensa alegó la ausencia de un destinatario específico, el fallo sostuvo que el deber de respeto se predica tanto a ciudadanos como servidores públicos con quienes se interactúa funcionalmente; en esa medida, concluyó que la tipicidad se configura en ambos hechos, al vulnerarse de manera directa el deber de respeto como obligación en el ejercicio de la función pública.
4.2. En materia de ilicitud sustancial, la decisión partió del examen de ambos hechos.
Respecto del primero, concluyó que las expresiones proferidas por el alcalde en una audiencia pública ante el CNE afectaron la imagen institucional, la solemnidad del acto, la percepción de imparcialidad y el decoro del cargo; y, aun cuando se aludió a una posible provocación por parte de un ciudadano, se estimó que el disciplinable estaba sujeto a un deber reforzado de autocontrol, propio de un servidor público de elección popular.
En cuanto al segundo hecho, se sostuvo que calificar al DADIS como “nido de ratas”, sin respaldo probatorio de un fenómeno concreto de corrupción, menoscaba la confianza pública y deslegitima a una entidad sin sustento probatorio; adicionalmente, se resaltó que la expresión fue difundida a través de medios de comunicación, con impacto social relevante, lo que intensifica la afectación funcional.
De otra parte, el fallo descartó la invocación de la libertad de expresión como justificación, al precisar que, si bien se trata de un derecho de amplio alcance, los servidores públicos están sometidos a límites, de modo que sus manifestaciones deben guardar respeto, fundarse en criterios verificables y no pueden vulnerar derechos de terceros ni comprometer la imagen institucional.
En ese marco, se concluyó que la ilicitud sustancial se configura porque las conductas reprochadas trascienden la esfera meramente formal y ocasionan un menoscabo al servicio público y a la dignidad.
4.3. La decisión indicó que la determinación sobre la gravedad o levedad de la falta se apoyó en el criterio de jerarquía y mando del servidor público, en cuanto este guarda relación con la naturaleza del cargo desempeñado. En ese sentido, se resaltó que al alcalde le asistía el deber de orientar su comportamiento al respeto y la rectitud en el trato hacia las personas con las que interactúa en razón de sus funciones.
No obstante, al advertirse que en el caso concurría únicamente el criterio de jerarquía previsto en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, en conjunto con un juicio de ponderación, se concluyó que dicho factor, por sí solo, no era suficiente para mantener la calificación inicialmente atribuida; en consecuencia, se modificó la calificación, de falta grave a leve culposa.
En consecuencia, la sanción a imponer fue de amonestación escrita en la hoja de vida.
V. RECURSO DE APELACIÓN
La defensa del sancionado William Jorge Dau Chamatt sustentó las razones de disenso en los siguientes argumentos:
5.1 El recurso presentado por la defensa del alcalde investigado plantea que la decisión de primera instancia debe ser revocada por las siguientes razones principales:
5.1.1 Ausencia de tipicidad de las manifestaciones presuntamente irrespetuosas.
5.1.2 Ausencia de ilicitud sustancial de las manifestaciones presuntamente irrespetuosas.
5.1.3 Deficiencia frente al impacto real y significativo a la función pública.
5.1.4 Incorrecta aplicación del criterio de jerarquía y mando para graduar la sanción.
5.2 El escrito sostiene que la Procuraduría no hizo una adecuada valoración del hecho más antiguo: la audiencia de revocatoria en la que el ciudadano Édison Lucio Torres Moreno profirió múltiples insultos al alcalde antes de que este reaccionara.
5.3 Cuestiona que haya tipicidad de la conducta, pues sostiene que el tipo disciplinario exige falta de respeto hacia personas con las que se tenga relación por razón del servicio. (art. 34-6 Ley 734/2002).
En relación con el segundo hecho, afirma la defensa que la frase nido de ratas no se dirigió a personas determinadas o determinables y que el alcalde criticó una entidad, no a individuos concretos.
Recalca que la norma disciplinaria protege personas, no dependencias u oficinas públicas y no se identificó un sujeto pasivo individualizable que hubiese sido directamente afectado.
El recurrente sostuvo que la Corte Constitucional ha reconocido que la libertad de expresión ampara, los cuestionamientos dirigidos a entidades públicas, a su funcionamiento e incluso a la administración de justicia, de modo que tales manifestaciones, no deberían ser objeto de reproche o sanción jurídica; para sustentar esa tesis, invocó la Sentencia T-213 de 2004.
La defensa reiteró que los calificativos empleados en relación con el segundo hecho no constituyeron insultos personales, sino una denuncia pública sobre presunta corrupción; agregó que la intervención del alcalde tuvo lugar en un evento institucional anticorrupción y obedeció a un propósito legítimo de control y denuncia. En consecuencia, sostuvo que la conducta sería atípica, al no subsumirse en el deber de respeto previsto en el numeral 6 del artículo 34 del CDU.
5.4 Sostuvo que tampoco se configuró la ilicitud sustancial, en la medida en que la Procuraduría no identificó ni acreditó una afectación real a la función pública ni se demostró el incumplimiento de funciones ni la incidencia sobre el interés general por lo que, a su juicio, el fallo no acredita una afectación concreta, pues se apoya en valoraciones de índole moral antes que jurídica, lo que conduciría, según afirma, a una forma de responsabilidad objetiva, proscrita en el ordenamiento disciplinario.
Así mismo, retomó lo ocurrido el 2 de febrero de 2021 y alegó que no hubo ilicitud por existir provocación; en ese sentido, reseñó las expresiones ofensivas proferidas por Édison Lucio Torres Moreno contra el alcalde, para sostener que el mandatario fue objeto de hostilidad y que su reacción fue proporcional y, en todo caso, provocada. Finalmente, adujo que la reacción frente a una agresión verbal constituye una circunstancia justificante en sede disciplinaria, por lo que insistió en que no basta solamente la infracción del deber y que la responsabilidad se excluye cuando la conducta se explica por circunstancias concomitantes, como la provocación.
5.5 En relación con la culpabilidad, sostuvo que, si bien la Procuraduría concluyó que no se configuró dolo, también quedó acreditado que existió una reacción inmediata del disciplinable frente a los agravios de los que habría sido objeto; por tal razón, afirmó que no podía exigírsele mantener plena imparcialidad y compostura en dichas circunstancias.
5.6 Finalmente, cuestionó la graduación de la falta, al sostener que el criterio de jerarquía y mando no se cumple porque el alcalde no utilizó su investidura para influenciar a subordinados, por el contrario, adujo que sus manifestaciones correspondían a una opinión sobre un tema general.
VI. CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el numeral 6.º del artículo 277 de la Constitución Política, los artículos 1 y 16 de la Ley 2094 de 202 y el numeral 3º del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio del 22 de enero de 2025 proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, toda vez que dicha decisión fue emitida en fase de juzgamiento, frente a un servidor público de elección popular.
La alzada se estudia dentro del delimitado marco que define el inciso 2.º del artículo 234 del CGD, en tanto establece que “el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”.
Del mismo modo, corresponde a la Sala resolver conforme con los lineamientos señalados por la Corte Constituciona en la sentencia C-030 de 2023, reiterados, entre otras, en las sentencias SU-381, SU-382 y SU 417 de 2024, y SU-426 de 2025, así como por el Consejo de Estado en sentenci del 31 de octubre de 2024 y el auto de unificació del 3 de diciembre de 2024.
6.2 Estructura de la decisión
Con el propósito de resolver sobre los argumentos de apelación, la Sala se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (6.2.1) El derecho a la libertad de expresión de los servidores públicos; (6.2.2) De la tipicidad; (6.2.3) De la ilicitud sustancial; (6.2.4) De la culpabilidad; (6.2.5) Sobre el criterio aplicado para la graduación de la falta disciplinaria; (6.2.6) Conclusión; (6.2.7) Otras determinaciones.
6.2.1 El derecho a la libertad de expresión de los servidores públicos
El defensor apelante estimó que, respecto de los dos hechos objeto de sanción, no se estructuran las categorías dogmáticas necesarias para la configuración de la falta disciplinaria, por cuanto las manifestaciones proferidas por el disciplinable estarían amparadas por su derecho a la libertad de expresión. De ahí que, a juicio de la Sala, resulte necesario delimitar el alcance del derecho invocado antes de resolver el asunto concreto.
La Constitución Política, en su artículo 20, consagra la libertad de expresión como garantía que comprende la posibilidad de expresar y difundir el pensamiento y las opiniones, así como de informar y recibir información veraz e imparcial.
La Corte Constituciona ha destacado que tal libertad se protege porque “constituye un medio para el logro de otras finalidades valiosas, como el desarrollo de la autonomía individual, pues favorece la formación del criterio propio, y de la opinión pública. Este último es uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos pues favorece las sociedades libres cuyos integrantes cuentan con herramientas para ejercer adecuadamente sus derechos, si se tiene en cuenta que la libertad de expresión (i) permite buscar la verdad y desarrollar el conocimiento; (ii) hace posible el principio del autogobierno; (iii) promueve la autonomía personal; (iv) previene abusos del poder; y (v) constituye la válvula de escape que promueve la confrontación pacífica de las decisiones estatales o sociales que no se compartan, favoreciendo el debate público por encima de la confrontación violenta”.
El Consejo de Estad, al analizar el alcance del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también ha precisado que dicha disposición reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, comprendiendo la facultad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; sin embargo, también advirtió que el ejercicio de esa prerrogativa no es irrestricto, pues se encuentra sujeto a responsabilidades ulteriores previstas en el ordenamiento jurídico, orientadas, entre otros fines, a garantizar el respeto por los derechos y la reputación de los demás.
En esa misma línea, la Corte Constituciona ha considerado que:
[…] la posibilidad de difundir informaciones u opiniones, la posición de los servidores públicos difiere de la de los particulares. Esto se debe a que ellos tienen mayores deberes frente al cumplimiento y desarrollo de los derechos de las personas. Se debe insistir que dentro los fines esenciales de Estado, y por ende de las actuaciones de los servidores públicos, se encuentra la efectividad de los derechos consagrados en la Carta. Así mismo, cada servidor público, como condición previa al ejercicio de su cargo, debe jurar cumplir y defender la Constitución, […]
En este orden de ideas, al igual que toda persona tiene por deber “(…) respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”, los servidores públicos deben precaver con mayor ahínco posibles desmanes que en ejercicio de este poder-deber puedan cometer, pues han sido revestidos de sus facultades para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas y la materialización de los principios constitucionales. Por lo mismo, los posibles abusos o extralimitaciones que un servidor público en el ejercicio de la facultad de expresar su opinión o de presentar información pueda cometer, deben ser analizado (Sic) de forma más estricta que si lo llevara a cabo cualquier otra persona.
En lo atinente a la libertad de expresión en sentido estricto, y conforme lo ha señalado la Corte Constituciona, conviene precisar que no tiene carácter absoluto, pues su ejercicio no puede realizarse con desconocimiento del deber constitucional de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, en los términos del artículo 95 de la Constitución Política, sin que ello suponga censura.
Empero, también es posible la limitación o restricción de la libertad de expresión cuando se “genere una tensión con otros derechos también de rango constitucional, como la intimidad o el buen nombre.. La tensión del derecho a la libertad de expresión con respecto a otros derechos fundamentales puede conllevar a la restricción o limitación del primero, todo lo cual se debe analizar conforme a las circunstancias particulares y concretas; en otros términos, “deberán ponderarse los derechos en tensión e, incluso, podrían llegar a aplicarse las sanciones previstas por el abuso del derecho a la libertad de expresión..
La jurisprudenci ha identificado parámetros constitucionales para delimitar el acto comunicativo y ponderar los derechos en tensión, garantizando la libertad de expresión; para ello, ha indicado que deben valorarse, al menos, cinco dimensiones: “(i) quién comunica; (ii) de qué o de quién se comunica; (iii) a quién se comunica; (iv) cómo se comunica; y (v) por qué medio se comunica”.
La necesidad de establecer quién es el emisor de la opinión que se comunicó, tiene la finalidad de determinar su calidad, esto es, si se trata de una persona natural particular, un servidor público o una persona jurídica, en particular, las expresiones emitidas por los agentes del Estado, según lo ha analizado la Corte Constitucional, tienen mayores limitaciones a las de cualquier ciudadano del común, bajo la premisa del compromiso social y función reglada al que se encuentran sometidos. Ha referido el Alto Tribuna al respecto que:
Si bien es cierto que los servidores públicos mantienen su libertad de información y de opinión, en su calidad de ciudadanos, también lo es que se les restringe, por su mayor compromiso social y debido a que el servicio público es una actividad altamente reglada, que impone mayor prudencia y respeto, por ejemplo, al expedir opiniones y dar información. (Se subraya)
Puede extraerse de dichos pronunciamientos que, a un servidor público, se le impone una carga de mayor diligencia al momento de expresar sus opiniones en uso de la garantía de la libertad de expresión, por ello, y frente al aspecto “de qué o de quién se comunica”, se debe precisar si el agente está o no en presencia de un discurso especialmente protegido, como, por ejemplo, el discurso político, el debate sobre asuntos de interés público y la opinión sobre funcionarios y personajes públicos. Igualmente, resulta del caso establecer si se trata de una alocución prohibida o excluida [discursos de odio, hostigamiento, apología al delito], o, si el uso de la libertad de expresión conllevó un propósito dañino.
Se suma a lo anterior, y en lo atinente a determinar “a quién se comunica y cómo se comunica”, que dicha dimensión está dirigida a establecer la calidad y cantidad de los receptores del mensaje, así como la forma de expresión en la que fue comunicada la opinión [verbal, escrita, signos, etc.]; y, de manera específica, frente a la forma de transmitir el mensaje, puntualmente hace referencia al instrumento de comunicación escogido por el emisor para expresar su opinión.
Finalmente, surge relevante aludir a la línea que ha esbozado la Corte Constitucional a propósito de la libertad de expresión como cauce para las críticas al Estado y a los servidores públicos, pues, de una parte, ha dicho que los discursos políticos sobre los asuntos de interés público hacen relación a la democracia, el gobierno en general, el poder político y a quienes lo ejercen, dentro de lo cual se enmarca la crítica, la cual debe atender “un interés público, real, serio y además, actual, donde nunca es de recibo una finalidad meramente difamatoria o tendenciosa.. En tanto, la opinión sobre los servidores públicos se debe referir a las personas en razón o con ocasión de sus cargos, sus funciones y su desempeño frente a la función pública. En ese sentido, mencionó la Cort:
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que se trata de personas que están dispuestas a someterse al escrutinio de la vida pública, en especial en lo que se refiere (i) a las funciones que ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii) a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada en las personas a las que se confía el manejo de lo público; y (iv) a la competencia y capacidades requeridas para ejercer sus funciones..
En la misma providencia T-475 de 2024, reseñó que los servidores públicos, al igual que cualquier persona, gozan de los mismos derechos a la honra y al buen nombre, sin perjuicio de que el ejercicio de sus funciones, sus calidades y requisitos para el cargo y algunos aspectos de la vida privada, puedan ser objeto de control ciudadano en términos del artículo 40 constitucional. En esa dimensión, apuntaló:
La jurisprudencia constitucional ha señalado al respecto que no toda información u opinión relacionada con un funcionario público reviste interés general; solo aquellas que se refieran a (i) las funciones que la persona ejecute; (ii) el incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii) aspectos de la vida privada del servidor público relevantes para evaluar la confianza depositada en la persona en el manejo de lo público; y (iv) a la competencia y capacidades requeridas para ejercer sus funciones. Lo anterior no significa que el buen nombre y la honra de los funcionarios públicos no sea un derecho justiciable, sino que este debe armonizarse además, con los principios del pluralismo democrático y la posibilidad del control político que le asiste a la ciudadanía. De ahí que, las afirmaciones que afecten el buen nombre de una persona activan la posibilidad de acudir a los mecanismos civiles, penales y excepcionalmente la tutela, para su protección.
De lo expuesto se sigue que la libertad de expresión, en cuanto derecho fundamental, abarca múltiples manifestaciones, entre ellas la posibilidad de comunicar ideas, juicios y opiniones; no obstante, tal facultad debe ejercerse dentro del marco constitucional y legal que impone el respeto por los derechos de terceros, especialmente la honra y el buen nombre; restricción cuyo estándar de observancia es más estricto cuando el emisor actúa en calidad de servidor público.
6.2.2 De la tipicidad
La tipicidad, como categoría dogmática del derecho disciplinario, materializa uno de los mandatos del principio de legalidad como expresión del debido proceso, en cuanto exige la determinación previa, clara y cierta de las conductas sancionable; por su relación con la reserva de ley, corresponde al legislador definir, de manera abstracta y objetiva, cuáles comportamientos desplegados por quienes ejercen funciones públicas deben ser objeto de reproche; en ese marco, el juicio de adecuació– o subsunció consiste en confrontar el comportamiento acreditado con el texto normativo que consagra la conducta tipificada.
Explicado lo anterior, se procede a desarrollar la tipicidad frente a los hechos.
6.2.2.1 Hecho del 2 de febrero de 2021.
El apoderado sostiene en relación con este hecho, grosso modo, que la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 no hizo una adecuada valoración sobre la audiencia de revocatoria en la que el ciudadano Édison Lucio Torres Moreno profirió múltiples insultos al alcalde antes de que este reaccionara y cuestiona que haya tipicidad de la conducta, pues sostiene que el tipo disciplinario exige falta de respeto hacia personas con las que se tenga relación por razón del servicio.
Al respecto, la jurisprudencia ha reiterado que la responsabilidad disciplinaria exige una adecuación típica entre la conducta atribuida y la norma que consagra el deber funcional presuntamente desconocido; en el caso, el reproche de tipicidad corresponde al numeral 6 del artículo 34 del Código Disciplinario Único, que impone el deber de “[t]ratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”.
En el asunto concreto, la Sala advierte que el fallo de primera instancia valoró de manera integral el texto y el contexto de la intervención del investigado y ponderó las condiciones en las que se produjo, en particular, tuvo en cuenta, entre otras, las declaraciones del magistrado Jaime Luis Lacouture Peñaloza, así como las de Andrés Gómez y Amira Molina, quienes asistieron a la audiencia pública de revocatoria de mandato, y coincidieron en señalar que durante la sesión se presentaron improperios recíprocos entre el interviniente y el mandatario.
Así mismo, se destacó que la situación se exacerbó cuando el alcalde intervino y fue interrumpido en varias oportunidades por el citado ciudadano, lo que dio lugar a una respuesta del investigado en un marco de confrontación verbal. Con todo, aun admitiendo que el particular profirió aseveraciones ofensivas, el servidor público estaba obligado a mantener la cordura y el decoro, propios del cargo; por ello, se concluyó que la reacción del procesado incorporó expresiones irrespetuosas incompatibles con el deber de respeto exigible en el ejercicio de la función.
En ese orden, resulta pertinente reiterar que el servidor público en ejercicio de su libertad de expresión tiene como límite los estándares de respeto que de ser violentados pueden constituir materia de reproche y sanción disciplinaria.
Por lo anterior, y aplicado al caso en concreto, se evidencia que el deber funcional de respeto se proyecta en un escenario de audiencia pública, lo cual permite constatar, como elemento adicional, que la interacción se produjo “por razón del servicio”, en efecto, los hechos se desarrollaron en un acto institucional, como lo es una audiencia de revocatoria, en el que el entonces alcalde intervino en su condición de servidor público y en ejercicio de funciones vinculadas al debate ciudadano propio de un mecanismo de participación; en ese contexto, el incumplimiento del deber reprochado y contenido en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 se adecua y se configura pues impone tratar con respeto a las personas con quienes se relaciona por razón del servicio, incluidos intervinientes, asistentes y autoridades, que en este caso, estaban vinculados al trámite de revocatoria.
En esa medida, el hecho de que el ciudadano Édison Torres hubiese proferido señalamientos calificados como ofensivos no neutraliza el presupuesto normativo exigible al alcalde, dado que la exigencia de respeto integra parámetros funcionales de conducta derivados de la especial sujeción propia del ejercicio de la función pública; en consecuencia, la reacción verbal del mandatario no constituye causal de justificación para manifestaciones irrespetuosas, máxime si se tiene en cuenta que los servidores públicos, en el marco democrático, están llamados a soportar mayores cargas asociadas al debate público y al ejercicio de la libertad de expresión, conforme lo precisó la Corte Constituciona al señalar:
Aunado a ello, la jurisprudencia ha indicado que las autoridades públicas tienen un deber de soportar mayores cargas en el ejercicio democrático que comporta la libertad de expresión. con base en los pronunciamientos de la corte IDH, ha manifestado que se requiere una “mayor laxitud en el debate sobre asuntos de interés público y en las expresiones respecto de las personas que ejercen funciones públicas, pues de esa manera se previenen los sistemas de gobierno autoritarios”.
Así las cosas, los funcionarios del Estado “voluntariamente se sometieron al escrutinio de su vida pública y de aquellos aspectos de su fuero privado sobre los cuales le asiste a la ciudadanía un legítimo derecho a conocer y debatir, por estar referidos: (i) a las funciones que esa persona ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii) a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada en las personas a las que se confía el manejo de lo público; (iv) a la competencia y capacidades requeridas para ejercer sus funciones”.
En la presente actuación se encuentra acreditado que William Jorge Dau Chamatt se desempeñó como alcalde distrital de Cartagena de Indias; en relación con el primer hecho, la tipicidad se subsume en el incumplimiento del deber previsto en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época, que impone a todo servidor público tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación por razón del servicio; así, en el marco de la audiencia pública de revocatoria del mandato, como escenario institucional, formal y público, el alcalde profirió expresiones valoradas como irrespetuosas y que fueron emitidas desde la investidura de la máxima autoridad distrital. Es del caso señalar que la provocación alegada por la defensa, se reitera, no excluye la tipicidad, en tanto el ordenamiento disciplinario, conforme se explicó jurisprudencialmente, impone una conducta de respeto, de modo que el deber subsiste incluso frente a expresiones provocadoras de terceros.
6.2.2.2 Hecho del 12 de diciembre de 2022.
De igual manera, el 12 de diciembre de 2022, en un evento institucional y ante medios de comunicación, el investigado calificó al DADIS como “nido de ratas”; en el expediente obran los documentos y archivos digitales que dan cuenta de tales declaraciones; a juicio de esta Colegiatura, dichas manifestaciones desbordaron los límites del derecho a la libertad de expresión, pues no se enmarcan en una crítica, juicio u opinión sustentada en parámetros objetivos y verificables, sino en una imputación general de corrupción que el propio emisor afirmó no poder respaldar con pruebas suficientes. En efecto, el vocablo “rata”, según la Real Academia Españolhttps://dle.rae.es/rata, comprende, entre otras acepciones, “persona despreciable” y “ratero (ladrón)”, de manera que la expresión “nido de ratas” alude al lugar donde se agrupan personas con tales características; por ello, su uso en referencia a una entidad comporta una expresión que degrada institucionalmente y, por extensión, afecta a sus servidores, sin que la ausencia de individualización de uno de éstos neutralice el efecto lesivo de la afirmación.
En ese orden, las aseveraciones del investigado, además de no quedar amparadas por la libertad de expresión en los términos invocados, comportaron la infracción de los cánones de respeto que deben observar quienes ejercen función pública; si el servidor estima que existen hechos presuntamente constitutivos de corrupción, el cauce jurídicamente exigible no es la descalificación ofensiva, sino la activación de los mecanismos institucionales previstos para su denuncia e investigación, con observancia del debido proceso; por tanto, para esta Sala, las expresiones analizadas no se sostienen en la libertad de expresión u opinión, en cuanto traspasaron la línea del respeto, inherente a la honra y al buen nombre de las personas, incluidos los servidores públicos, y se convirtieron en una deslegitimación institucional.
Tampoco dichas afirmaciones se enmarcan en el ejercicio legítimo de la crítica. En efecto, como lo ha destacado la Corte Constituciona y se precisó en apartes precedentes, la crítica debe encauzarse dentro de un interés público real, serio y actual; debe recaer sobre el marco de las funciones y el desempeño del servidor público, el cumplimiento de requisitos para el cargo o su función pública; y, en todo caso, debe ejercerse con respeto por los derechos ajenos.
En conclusión, el comportamiento del alcalde se adecuó a la conducta tipificada, al vulnerar el deber de tratar con respeto a las personas con las cuales tuvo relación por razón del servicio; por consiguiente, los argumentos de la alzada orientados a sostener la atipicidad carecen de vocación de prosperidad.
6.2.3 De la ilicitud sustancial
Debe precisarse que, en materia de ilicitud sustancial, el artículo 9 del Código General Disciplinario dispone que la conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional, sin justificación alguna.
Sobre este elemento, el Consejo de Estad ha precisado que la antijuridicidad disciplinaria no se agota en la mera infracción formal del deber; por el contrario, exige la acreditación de la ilicitud sustancial, entendida como una afectación real del deber funcional, del servicio público o de los fines del Estado, pues solo en ese evento la conducta adquiere relevancia disciplinaria. En tal sentido, consideró:
Sin embargo, la antijuridicidad entendida desde esta perspectiva no es del todo precisa. En efecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 5.º de la Ley 734 de 2002 asimiló los conceptos de «antijuridicidad» con el de «ilicitud sustancial» luego, en consideración a ello, es claro que no puede simplemente analizarse el primer término aisladamente, sino que es menester que a este se agregue el adverbio «sustancial», aspecto que repercute de forma directa en el análisis que debe observarse cuando de juzgar una actuación de un servidor público a la luz del derecho disciplinario se trata.
(…)
De las definiciones señaladas se puede extraer que la referencia a sustancial en relación con la ilicitud significa que la infracción del deber sustancial debe tener cierta relevancia, importancia o esencial frente a los fines del Estado, la satisfacción del bien general y los principios de la función pública.
En términos generales, esto quiere decir, que la actuación u omisión del servidor público violatoria de sus deberes, es decir, contraria a derecho (ilicitud), debe desembocar en una real y efectiva afectación del buen funcionamiento del Estado y por tanto del servicio público] (sustancialidad) y en esa medida puede decirse, pese a que la ley no lo mencionó de este modo, que cuando estas dos características confluyen se está en presencia de una «antijuridicidad sustancial», requisito indispensable para que pueda afirmarse que se configuró una conducta disciplinaria susceptible de ser sancionada.
Así mismo, el Consejo de Estad ha señalado que para que una conducta típica sea antijurídica se exige una afectación injustificada al deber funcional como bien jurídico protegido, a la que se agrega el carácter sustancial, entendido como una afectación material, real y efectiva del buen funcionamiento del Estado y del servicio público; y ha precisad, además, que el juicio de ilicitud comporta un doble examen: (i) deontológico, orientado a constatar el cumplimiento de los deberes precisos contenidos en reglas, y (ii) axiológico, dirigido a verificar la observancia de los principios de la función pública.
En este orden, corresponde realizar un juicio de valoración, tal como lo ha desarrollado el Consejo de Estad–, orientado a establecer si la conducta tipificada como falta afectó sustancialmente el deber funcional sin que medie justificación; bajo ese entendimiento, para la configuración de la infracción disciplinaria no se exige necesariamente la producción de un resultado materialmente lesivo o un daño cuantificable al Estado; lo determinante es verificar el quebrantamiento sustancial e injustificado de los deberes funcionales asignados al servidor público, en cuanto compromete de manera relevante los principios que informan la función pública.
Explicado lo anterior, se procede a desarrollar la ilicitud sustancial frente a los hechos.
6.2.3.1 Hecho del 2 de febrero de 2021.
La defensa sostuvo, igualmente, la ausencia de ilicitud sustancial respecto de las manifestaciones proferidas durante la audiencia de revocatoria del mandato, alegando que la motivación del fallo fue insuficiente para tener por acreditada dicha categoría, y afirmó deficiencias en la aplicación del principio de ilicitud sustancial, en cuanto no se demostró que las expresiones hubiesen generado un impacto real y significativo, ni que ocasionaran disfunciones administrativas, interrupción en la prestación del servicio o alteración del orden institucional.
Aplicadas las anteriores consideraciones, la Sala advierte que el planteamiento defensivo, según el cual no habría ilicitud sustancial por ausencia de un “impacto real y significativo” traducido en disfunciones administrativas, interrupción del servicio o alteración del orden institucional, parte de una lectura restrictiva de la disposición aplicable, pues, conforme al artículo 9 del Código General Disciplinario, la ilicitud se configura cuando la conducta afecta sustancialmente el deber funcional, sin justificación, y, de acuerdo con lo precisado por el Consejo de Estado, dicha exigencia se satisface mediante la constatación de una afectación real y efectiva del buen funcionamiento del Estado; esto es, una infracción con relevancia frente a los fines del Estado y a los principios de la función pública; por ende, el análisis no se reduce a verificar una disfunción material o fáctica del servicio, sino a establecer si el comportamiento produjo un menoscabo sustantivo del deber funcional en su dimensión institucional.
El elemento sustancial de la ilicitud se configura cuando infringe principios de la función pública, en este caso y conforme lo señaló la primera instancia, aquellos contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política, para dicho fin se determinó que el principio de moralidad fue trastocado en el presente caso, en conjunto con el principio de legalidad, pues consideró que lo investigado se alejó de los parámetros normativos y leyes que rigen la función con las manifestaciones públicas, causando daño y afectación al ciudadano Édison Lucio Torres Moreno con afectación al buen nombre, honra, integridad moral y dignidad humana, por lo que de esta manera se vulneran las garantías de la función pública al afectar derechos de los ciudadanos y funcionarios públicos protegidos constitucionalmente, condición que se opone a los fines del Estado Social de Derecho.
En el caso concreto, se encuentra acreditado entonces que los hechos ocurrieron el 2 de febrero de 2021 durante una audiencia pública institucional adelantada dentro del procedimiento de revocatoria del mandato del entonces alcalde de Cartagena; en ese escenario, el alcalde William Jorge Dau Chamatt reaccionó con manifestaciones valoradas como irrespetuosas, al punto, que la diligencia fue suspendida, lo que conlleva a establecer que el juicio de ilicitud sustancial se satisface, prima facie, en la medida en que la suspensión de la audiencia constituye, entre otros, un indicador objetivo de afectación al desarrollo normal de la actuación institucional, con impacto directo sobre la solemnidad institucional del acto público, el cual tiene como elemento la deliberación y participación ciudadana.
La Sala advierte entonces, que en la dimensión deontológica, se encuentra acreditado el desconocimiento del deber funcional de tratar con respeto a las personas con quienes el servidor público se relaciona por razón del servicio, en los términos del numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002; en efecto, durante la audiencia pública adelantada dentro del procedimiento de revocatoria del mandato, el disciplinable reaccionó mediante expresiones valoradas como irrespetuosas frente al ciudadano que intervenía en la diligencia; conducta que resulta incompatible con los estándares de decoro y autocontrol exigibles a quien ejerce función pública, particularmente en escenarios institucionales de deliberación ciudadana.
Desde la dimensión axiológica, se constata la afectación de los principios que informan el ejercicio de la función pública, en especial el de moralidad; ello, por cuanto las manifestaciones proferidas por el mandatario, emitidas en un acto público de participación ciudadana, desbordaron los márgenes de la confrontación propia del debate público e incidieron negativamente en la solemnidad del procedimiento institucional, así como en la confianza que debe presidir la interacción entre autoridades y ciudadanía en el marco de los mecanismos de participación política.
En consecuencia, aun cuando no se demuestre una interrupción general del servicio público en sentido amplio, como lo alega la defensa, la conducta reprochada trasciende lo meramente formal, pues compromete de manera relevante el deber funcional de respeto y las condiciones mínimas para el adecuado desarrollo de un procedimiento institucional de participación ciudadana; de ahí que, valoradas las circunstancias del caso, se concluya que concurre una afectación sustancial del deber funcional en los términos del artículo 9 del CGD y del entendimiento jurisprudencial del Consejo de Estado.
6.2.3.2 Hecho del 12 de diciembre de 2022.
A juicio del defensor, la primera instancia, igualmente, omitió considerar que, para estructurar responsabilidad disciplinaria, no basta la sola constatación de la infracción del deber funcional, sino que se requiere una afectación real y efectiva del buen funcionamiento del Estado; añadió que en el caso no se demostró que la conducta del procesado hubiese comprometido la función pública.
Frente a ello, esta Colegiatura debe reiterar que la ilicitud sustancial, como estructura de la falta disciplinaria, es una categoría propia del derecho disciplinario que se entiende como la afectación sustancial del deber funcional sin justificación, en cuanto compromete los principios que rigen la función pública; por ende, el comportamiento no se agota en contrariar formalmente una regla, sino que debe resultar materialmente incompatible con dichos principios.
Aplicado lo anterior al caso, esta Sala advierte que, en la dimensión deontológica, se encuentra plenamente acreditado el desconocimiento del deber de tratar con respeto a las personas con quienes el servidor tiene relación por razón del servicio; y, en la dimensión axiológica, se constata una afectación del principio de moralidad que informan el ejercicio de la función pública, pues el calificativo dirigido al DADIS deslegitimó públicamente a una entidad y a sus servidores mediante una imputación degradante carente de soporte verificable, con aptitud para comprometer la confianza pública y el adecuado funcionamiento institucional.
El defensor apelante también estima que las manifestaciones vertidas por el disciplinable en la audiencia del 12 de diciembre de 2022, sobre las cuales se funda el cargo disciplinario, se encuentran amparadas por su derecho a la libertad de expresión.
Conforme se explicó en la primera parte (6.2.1), la libertad de expresión de los servidores públicos tiene unas condiciones especiales, las cuales, y conforme los parámetros jurisprudenciales reseñados para delimitar el acto comunicativo, permiten concluir que la expresión proferida ese día, en la que el disciplinable calificó a DADIS como “nido de ratas” no queda cobijada por dicha libertad, por las siguientes razones: (i) quién comunica: un servidor público de elección popular que interviene investido de autoridad y sometido a deberes de respeto funcional; (ii) de qué o de quién se comunica: una imputación general de corrupción dirigida a una entidad concreta e individualizada, sin sustento verificable y, según lo afirmado, sin pruebas suficientes, lo que excede los límites de la crítica cuando deriva en deslegitimación institucional carente de soporte; (iii) a quién se comunica: a la opinión pública en general, dada su amplia difusión; (iv) cómo se comunica: mediante un calificativo negativo con contenido de ilegalidad y formulado como descalificación; y (v) por qué medio se comunica: en un evento institucional con acompañamiento de medios de comunicación, lo que maximiza el alcance de afectación.
La ilicitud sustancial en este hecho se configura en la medida en que la conducta no se agota en una infracción meramente formal, sino que comporta un quebrantamiento de los principios de la función pública; en particular, y conforme lo razonó la primera instancia, se comprometieron los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, en cuanto la expresión proferida por el mandatario, al calificar públicamente al DADIS como “nido de ratas” en un evento institucional con medios de comunicación, quebrantó los principios de moralidad y legalidad que rigen el ejercicio de la función administrativa, al constituir una descalificación institucional de contenido denigrante, carente de soporte verificable y emitida desde la investidura de autoridad pública.
En suma, la ilicitud de la conducta es sustancial cuando la infracción del deber funcional adquiere relevancia material frente a los fines del Estado y los principios de la función pública; y, en el asunto examinado, la evidencia recaudada permite concluir que el comportamiento del disciplinable, sin justificación, produjo un menoscabo a la institución y sus servidores, que supera la irregularidad formal, razón por la cual no prospera el reparo defensivo.
6.2.4 De la culpabilidad
En materia disciplinaria, el ordenamiento jurídico proscribe toda forma de responsabilidad objetiva; en consecuencia, las faltas únicamente son sancionables a título de dolo o culpa, por ello, el juicio de reproche, descrito por el Consejo de Estad, debe adelantarse a partir de la verificación del nexo psicológico entre el autor y la conducta desplegada para su consumación, esto es, establecer si el sujeto disciplinable actuó con dolo o culpa y, además, si le era exigible un comportamiento diverso al realizado.
Explicado lo anterior, se procede a desarrollar la culpabilidad frente a la conducta del investigado.
6.2.4.1 Hecho del 2 de febrero de 2021.
En punto de la culpabilidad, el comportamiento reactivo desplegado por el investigado obedeció a un actuar consciente pero imprudente, sin premeditación, de quien conocía y debía observar un trato respetuoso hacia las personas con las que se relacionaba por razón del servicio; y de quién estaba en la capacidad de comportarse funcionalmente de manera distinta.
6.2.4.2 Hecho del 12 de diciembre de 2022.
En relación con este hecho, el uso imprudente de un lenguaje descalificador en un evento oficial permite concluir que el alcalde tenía la capacidad de comportarse funcionalmente de manera distinta, pues era objetivamente previsible el carácter lesivo de la expresión empleada, circunstancia que consolida el reproche subjetivo.
En suma, en ambos episodios se constata que el procesado contaba con capacidad y oportunidad de adecuar su comportamiento a los deberes funcionales exigibles, y que la infracción ocurrió por imprudencia y falta de autocontrol, lo que estructura el reproche subjetivo a título de culpa.
En consecuencia, valoradas integralmente las pruebas, entre las que se destacan las grabaciones en medio magnético, los contenidos que reposan en los medios de comunicación, redes sociales, declaraciones juramentadas y documentales que fueron remitidas por autoridades oficiales como el CNE, se tiene por acreditada la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad en relación con ambos hechos investigados; por ende, el recurso de apelación no está llamado a prosperar y se impone confirmar la declaratoria de responsabilidad disciplinaria contenida en el fallo de primera instancia.
6.2.5 Sobre el criterio aplicado para la graduación de la sanción disciplinaria
La primera instancia, al aplicar los criterios de graduación de la sanción, acudió a los artículos 44 y siguientes de la Ley 734 de 2002, vigentes para la época de los hechos; en ese marco, indicó que, conforme al numeral 5 del artículo 44 del CDU, a las faltas leves culposas les corresponde la sanción de amonestación escrita, y que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 45 ibidem, dicha amonestación comporta un llamado de atención formal y escrito, con registro en la hoja de vida.
Con base en ese análisis, concluyó que no había lugar a aplicar el principio de favorabilidad previsto en el artículo 8 del CGD, pese a su entrada en vigencia el 29 de marzo de 2022, en tanto el CDU prevé la misma consecuencia sancionatoria; en efecto, el artículo 44, numeral 5, de la Ley 734 de 2002 coincide con la sanción de amonestación escrita establecida para las faltas leves culposas en el CGD (Artículo. 48, numeral. 6; artículo. 49, numeral 4; modificados por la ley 2094 de 2021).
6.2.6 Conclusión
Dadas las consideraciones expuestas, la Sala concluye que hay lugar a confirmar el fallo disciplinario de primera instancia, en tanto se encuentra acreditado, en grado de certeza, que William Jorge Dau Chamatt, en su condición de alcalde del Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias para la época de los hechos, incurrió en una falta leve a título de culpa, respecto de las dos conductas analizadas; en consecuencia, se confirma la sanción de amonestación escrita con registro en la hoja de vida, prevista en el numeral 5 del artículo 44 del CDU y recogida en el artículo 48, numeral. 6 del CGD; modificado por la ley 2094 de 2021.
6.2.7 Otras determinaciones
En lo atinente al recurso extraordinario de revisión contra decisiones disciplinarias que vinculen a servidores públicos de elección popular, como ocurre en el presente asunto, debe estarse a lo decidido por la Corte Constituciona en la Sentencia C-030/23, así como a lo fijado en el auto de unificación jurisprudencial del Consejo de Estad–––––– del 3 de diciembre de 2024, en especial en lo relativo a las siguientes pautas:
“Primera regla:
Procedencia:
El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo de elección popular al momento de la imposición de la sanción.
Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas. […]
Según la Ley 2094 de 2021 y la modulación efectuada por la Sentencia C-030 de 2023, esta acción de revisión quedó circunscrita a las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad impuestas por la Procuraduría General de la Nación que implican una «restricción o limitación temporal al derecho a ser elegido de un servidor público de elección popular, en ejercicio de sus funciones. Lo anterior por cuanto este tipo de sanciones tienen la virtualidad de interrumpir el mandato popular y, en esa medida, lesionan gravemente el principio democrático y el derecho a la representación política efectiva, previstos en la Constitución Política y la CADH. Así, independientemente de si la falta se cometió antes o durante el ejercicio del cargo de elección popular, lo importante es que la sanción afecte el ejercicio efectivo del mandato popular y los derechos políticos del elegido. Por lo tanto, debe entenderse que las demás sanciones disciplinarias, como la multa o la amonestación escrita, que se llegaren a aplicar a estos mismos servidores públicos, no son objeto de este recurso judicial. […] (subrayado de la Sala).”
En el caso concreto, dado que al procesado se le sanciona con amonestación escrita que conlleva el registro y anotación en la hoja de vida y, por no encontrarse actualmente ejerciendo el cargo de elección popular en el que incurrió en la conducta reprochada, es claro que, en estricto sentido, dicha sanción no afecta sus derechos políticos ni comporta una inhabilidad; en consecuencia, el presente fallo de segunda instancia no es susceptible del recurso extraordinario de revisión, por lo que adquirirá ejecutoria conforme a las normas procesales una vez surtida la notificación personal, y se dispondrá su ejecución inmediata.
Así las cosas, en mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias,
VII. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de primera instancia proferido el 22 de enero de 2025 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, mediante el cual se declaró disciplinariamente responsable y, en consecuencia, se impuso sanción de amonestación escrita, con registro y anotación en la hoja de vida, al señor William Jorge Dau Chamatt, identificado con cédula de ciudadanía 9.079.552, en su condición de alcalde de Cartagena para la época de los hechos, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta determinación a los sujetos procesales, de conformidad con lo establecido en los artículos 121, 122 y 127 del CGD, a quienes se les indicará que en cumplimiento de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional y el auto de unificación jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 3 de diciembre de 2024, la sanción cobrará ejecutoria de acuerdo con el artículo 138 del CGD y su ejecución procederá inmediatamente a través de las dependencias competentes, por no ser procedente el recurso extraordinario de revisión, ni otro mecanismo de impugnación ante esta entidad.
TERCERO: DEVOLVER, el proceso a la dependencia de origen, previos los registros y anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS GERMÁN ORTEGA RUIZ
Procurador Delegado
GLORIA EDITH RAMÍREZ ROJAS
Procuradora Delegada
CARLOS HUMBERTO GARCÍA PARRADO
Procurador Delegado
Presidente
Elaboró: Mario Enrique Galvis Ayala (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Revisó: Luis Germán Ortega R. (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Aprobó: Luis Germán Ortega R./Gloria Edith Ramírez Rojas /Carlos Humberto García Parrado (SDJSPE)
