| Dependencia: | Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular |
| Radicado: | IUS-E-2021-229376 / IUC-D-2021-1958429 |
| Investigados: | ANTONIO VICTOR ALCALÁ PUELLO y GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUETER |
| Cargo: | Alcaldes |
| Entidad: | Alcaldía municipal de Turbaco (Bolívar) |
| Fecha informe: | 29 de abril de 2021 |
| Fecha hechos: | Vigencias 2018 - 2021 |
| Asunto | Fallo de segunda instancia |
Bogotá, D.C., 12 de febrero de 2026
Aprobado en Sala, con Acta No. 03
P.D. Ponente: Luis Germán Ortega Ruiz
I. Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia proferido el 10 de diciembre de 202 por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena, mediante el cual declaró disciplinariamente responsable y sancionó a Guillermo Enrique Torres Cueter, en su condición de alcalde del municipio de Turbaco (Bolívar).
II. Hechos
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante correo electrónico del 6 de abril de 202, remitió la información relativa a la notificación de la consulta del incidente de desacato propuesto dentro de la acción popular radicada bajo el número 13001-33-33-011-2016-00121-01, promovida por Yuli Paola Rodríguez Orozco y otros, y dirigida contra la Alcaldía Municipal de Turbaco y otro demandado. El 29 de abril del mismo año, la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagen envió dichos datos al correo electrónico quejas@procuraduria.gov.co
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto 008 del 29 de marzo de 2021, decidió la consulta surtida dentro del incidente de desacato, en los siguientes términos:
[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sanción impuesta al Alcalde Municipal de Turbaco Dr. Guillermo Enrique Torres Cueter por parte del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante auto de fecha 22 de febrero de 2021, con multas equivalentes a cuatro (4) salarios mínimos mensuales vigentes, por las razones que se encuentran en la parle motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sanción impuesta al Dr. Mauricio Sánchez González en su calidad de Representante Legal de la Sociedad Altos de Plan Parejo S.A.S. por parte del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante auto de fecha 22 de febrero de 2021, con multas equivalentes a cuatro (4) salarios mínimos mensuales vigentes, por las razones que se encuentran en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, por secretaría procédase al trámite correspondiente. […].
III. Antecedentes
3.1 Indagación preliminar
La entonces Procuraduría Provincial de Cartagena, mediante auto del 13 de julio de 202dispuso la apertura de indagación preliminar contra Guillermo Enrique Torres Cueter y Mauricio Sánchez González, en sus condiciones de alcalde municipal de Turbaco (Bolívar) y representante legal de la sociedad Altos de Plan Parejo S.A.S., respectivamente; providencia que fue notificada por correo electrónico el 5 de octubre de 202.
3.2 Citación a audiencia pública
La Procuraduría Provincial de Cartagena ordenó, por medio del auto del 24 de febrero de 202, tramitar la actuación disciplinaria por el procedimiento verbal previsto en la ley 734 de 2002, convocando a audiencia al apelante.
El cargo único por el que fue investigado el apelante fue el siguiente:
| Investigado | Cargo | Calificación Jurídica Provisional |
Guillermo Enrique Torres Cueter | “El señor GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUETER, identificado con cédula de ciudadanía número 9.281.858, en calidad de alcalde municipal de Turbaco – Bolívar, en periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 29 de marzo de 2021, al parecer incumplió la decisión judicial de fecha 26 de noviembre de 2018, proferida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cartagena, en el proceso de acción popular de radicado 13001-33-33-011-2016- 00121-00, que ordenó al municipio de Turbaco y a la Promotora Altos de Plan Parejo S.A.S., que adopte las medidas presupuestales y administrativas necesarias para que se termine la obra del sistema de Alcantarillado y Planta de tratamiento para las aguas residuales domesticas integradas por los Altos de Plan Parejo I, II, III, IV, Mirador de Plan Parejo y barrio Villa Campo en el municipio de Turbaco y se realice el correspondiente traslado de la Planta de tratamiento de las aguas residuales y del campo de infiltración que en la actualidad funcionan en la Urbanización Altos de Plan Parejo II. El presunto incumplimiento condujo a ser declarado en desacato confirmado en grado de consulta por el Tribunal administrativo de Bolívar mediante providencia calendada 29 de marzo de 2021, conducta con cual puede estar incurso en falta disciplinaria.” | Falta grave cometida a título de culpa grave. |
El auto que dispuso la citación a audiencia fue notificado a los disciplinables mediante correo electrónico el 7 de marzo de 202; adicionalmente, consta manifestación expresa de Guillermo Enrique Torres Cueter autorizando que las notificaciones se surtieran por dicho medi.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena con oficio 1998 del 20 de abril de 2023 remitió la actuación a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagen.
3.3 Fijación de procedimiento y traslado para descargos
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena, mediante proveído del 29 de junio de 202, avocó conocimiento; dispuso que el trámite se surtiría por el procedimiento ordinario, en virtud de la vigencia del CGD; y ordenó correr traslado por el término de quince (15) días hábiles para presentar descargos, aportar y solicitar pruebas; dicha providencia fue notificada por correo electrónico el 17 de agosto de 202.
Con posterioridad, el 17 de abril de 2024, la defensa de oficio del disciplinable Alcala Puello radicó memorial de descargos y solicitud de prueba; y, finalmente, la autoridad de juzgamiento, mediante proveído de 3 de julio de 2024 resolvió sobre las pruebas solicitada.
El disciplinable Guillermo Torres Cueter no presentó descargos.
3.4 Juzgamiento
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena, mediante auto de 23 de septiembre de 202, corrió traslado para la presentación de alegatos de conclusión. Dicha decisión se notificó por estado fijado el 26 de septiembre de 202, oportunidad en la que el defensor de oficio de Antonio Víctor Alcalá Puell allegó el respectivo escrito de alegaciones.
3.5 Fallo de primera instancia e impugnación
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena, mediante fallo de primera instancia del 10 de diciembre de 202, declaró disciplinariamente responsable a Guillermo Enrique Torres Cueter por el cargo imputado; en consecuencia, le impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por
el término de seis (6) meses y, de no ser posible su ejecución, dispuso su conversión en salarios devengados, en los términos previstos por la ley.
Respecto del disciplinable Antonio Víctor Alcalá Puello, se declaró la prescripción de la acción disciplinaria en relación con los hechos correspondientes a la vigencia 2018; asimismo, se decidió como no probado el cargo único formulado, razón por la cual fue absuelto de responsabilidad disciplinaria.
El fallo fue notificado a los disciplinables Torres Cueter y la defensa de oficio de Alcala Puello el 11 de diciembre de 202 a través de correo electrónico; posteriormente, la defensa de confianza de Guillermo Enrique Torres Cueter interpuso y sustentó el recurso de apelación con memorial allegado el 23 de diciembre del mismo añ.
El despacho de primera instancia, mediante auto del 4 de febrero de 202, concedió la alzada y el expediente fue recibido en esta Sala el 17 de marzo de 202.
IV. Providencia recurrida
El a quo fundó la decisión sancionatoria en las siguientes razones:
4.1 En punto de la tipicidad, mencionó que, una vez estudiadas las pruebas obrantes en el expediente, el comportamiento reprochado al disciplinable GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUETER, en su calidad de alcalde municipal de Turbaco, Bolívar, se presenta al incurrir en la prohibición descrita en el numeral 24 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, norma vigente para el momento de los hechos y la cual dispone: “ARTÍCULO 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: […] 24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución.”.
Además, se precisó que, a partir de la misma disposición normativa infringida, se identificaron como normas vulneradas por el art. 41 de la Ley 472 de 199, en armonía con el art. 9 de la Ley 1437 de 201
, en cuanto prohíbe dilatar o entrabar el cumplimiento de decisiones judiciales.
4.2 En lo atinente a la ilicitud sustancial, la providencia recurrida sostuvo la vulneración de principios de la función administrativa, al considerar demostrado que Guillermo Enrique Torres Cueter, en su calidad de alcalde
incumplió los deberes funcionales inherentes al cargo y desconoció las garantías propias del ejercicio de la función pública, con la consecuente afectación de los principios de responsabilidad y eficacia. Así mismo, indicó que el disciplinable transgredió sus deberes, como se reflejaría en el reiterado incumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cartagena y que, dada su persistente omisión, la conducta derivó en desacato. Finalmente, precisó que en el expediente no obra elemento probatorio que justifique la actuación atribuida, ni se advierte la debida estructuración de una causal de exclusión de responsabilidad.
4.3 En sede de imputación subjetiva o culpabilidad, la providencia de primera instancia sostuvo que, al desconocer el orden constitucional y legal, el disciplinable incurrió en una prohibición normativa, razón por la cual concluyó que la falta disciplinaria se realizó a título de culpa grave.
4.4 Finalmente, en lo concerniente a la dosificación de la sanción, el a quo consideró que, examinados los criterios para su graduación contenidos en el artículo 50 del CGD, concurre como atenuante no poseer sanciones disciplinarias, y, como agravantes: los literales “f) pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad” y “h) La naturaleza de los perjuicios causados”. De tal manera, le impuso al procesado sanción de suspensión por el término de seis (06) meses, convertidos a salarios básicos para la época de los hechos.
El término de seis meses resulta del análisis que hace el a quo con base en los siguientes criterios de ley:
| Cuartos | Rango de suspensión (meses) | Criterios de movilidad |
| 1er cuarto | 1–3 | Cuando solamente hay atenuantes. |
| 2do cuarto | 3–6 | Cuando concurriendo atenuantes y agravantes se aplican más aquellos. |
| 3er cuarto | 6–9 | Cuando concurriendo atenuantes y agravantes se aplican en mayor cantidad éstos. |
| 4to cuarto | 9–12 | Cuando los criterios aplicables son solo agravantes. |
Una vez analizado lo anterior, se determinó la concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, prevaleciendo estas últimas. En consecuencia, la sanción se ubicó en el tercer cuarto, correspondiente a un rango de seis (6) a nueve (9) meses, y, atendiendo criterios de razonabilidad, se impuso el límite mínimo previsto, esto es, suspensión por seis (6) meses.
V. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN
La defensa técnica de Guillermo Enrique Torres Cueter, luego de esgrimir los argumentos del cargo imputado, en síntesis, sustentó la alzada en las siguientes razone:
5.1 En cuanto a la tipicidad, y con el fin de desvirtuar las motivaciones señaladas en el fallo de primera instancia, manifestó que el procesado realizó las siguientes acciones:
5.1.1 Que, al inicio del mandato del disciplinable, se pudo establecer que en el Municipio de Turbaco no se había implementado un Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos, como tampoco un Plan Maestro de Alcantarillado, y que la cobertura del servicio público del alcantarillado según lo reportado al Departamento Nacional de Planeación no superaba el 25%.
5.1.2 Adujo que, desde el 1 de septiembre de 2003, se suscribió un convenio interadministrativo entre los municipios de Turbaco y Arjona y la empresa SAAT, cuyo objeto consistía en “brindar toda su cooperación, asistencia técnica y apoyo financiero para la adecuada prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en las jurisdicciones de Arjona y Turbaco”, con una vigencia de veintiún (21) años, esto es, hasta el 1 de septiembre de 2024; con fundamento en ello, sostuvo que SAAT sería la entidad contractualmente competente para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en dichos municipios y que, para el cumplimiento de ese propósito, celebró el Contrato de Concesión 001 de 2004, cuyo objeto comprende la operación de la gestión, la financiación, el diseño, la operación, la rehabilitación, la construcción, la expansión, la reposición y el mantenimiento de la infraestructura asociada a tales servicios, así como sus actividades complementarias, en los municipios de Turbaco y Arjona.
5.1.3 Aseveró que, con corte a enero de 2020, ante la inexistencia de un Plan Maestro de Alcantarillado, el esquema aplicado de manera ordinaria por las empresas SAAT y ACUALCO ha consistido en implementar soluciones puntuales de saneamiento básico para las urbanizaciones que se han venido constituyendo en la zona urbana del municipio de Turbaco, las cuales, en su mayoría, se estructuran mediante una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y un punto de vertimiento con aprobación de CARDIQUE.
5.1.4 A criterio de la defensa, durante el mandato de su defendido y respecto al servicio público de alcantarillado, aseguró que se realizaron las siguientes acciones:
a.- En el año 2020 se iniciaron las primeras mesas de trabajo con comunidad, entes de control y CARDIQUE, en la cual se tuvo real conocimiento de la magnitud de las problemáticas de vertimientos en el municipio. A raíz de lo anterior, y con el objeto de garantizar una coordinación efectiva entre todas las partes, en octubre del año 2020 se consolidó un Grupo Élite conformado por equipos técnicos de CARDIQUE y Municipio de Turbaco, cuyo objetivo principal era hacer atención pronta y efectiva de las distintas problemáticas graves de manejo y saneamiento de vertimientos.
b.- De igual manera y para atender el Tema de implementación del Plan Maestro de Alcantarillado, el señor GUILLERMO TORRES CUETER en su calidad de Alcalde, suscribió contrato INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA Cl-004-2020 celebrado “PARA LLEVAR A CABO LA REFORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TURBACO BOLIVAR, ELABORADOS EN EJECUCIÓN DE UNA PRIMERA FASE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 002-26 DE 2017”.
5.1.5 Indicó que, en 2021, entró en operación el denominado “Grupo Élite”, a través del cual se identificaron los principales puntos de vertimiento existentes en el municipio y en su sistema; asimismo, se adelantaron caracterizaciones orientadas a establecer si procedía iniciar, continuar o finalizar actuaciones de vigilancia y control respecto de dichos vertimientos y, de manera paralela, se efectuó seguimiento a los compromisos exigidos para cada punto de vertimiento en particular.
5.1.6 Adujo que, durante 2022, se consolidó una propuesta formal del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, concebido como instrumento de planificación orientado a que, en los municipios, el sistema de vertimientos se implemente de manera ordenada y permita controlar y reducir, en el mediano plazo, los índices de contaminación asociados a las aguas residuales; precisó, además, que su trámite de presentación, evaluación y aprobación contó con la intervención de CARDIQUE, mediante actividades de recepción, acompañamiento, estudio y aprobación.
5.1.7 Afirmó que el 26 de diciembre de 2023, próximo a culminar su mandato, el disciplinable asistió, acompañado del equipo de trabajo del contratista ASOMOR, a una mesa de trabajo realizada en Bogotá, en las instalaciones del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, Subdirección de Proyectos; y anexó, respuesta que determina un concepto favorable condicionado sobre el Plan Maestro de Alcantarillado (Rad. 2023ER0150396 del 26 de diciembre de 2023).
5.1.8. Manifestó que, a diciembre 23 de 2024, subsistía el mismo estado de trámite respecto de la aprobación del Plan Maestro, lo cual impedía una solución definitiva a la situación; agregó que dicho resultado no era atribuible a la voluntad o a la gestión del mandatario, en la medida en que su concreción dependía de los trámites y decisiones de otras entidades.
5.1.9. Concluye señalando que, de lo expuesto, la atribución de una presunta negligencia o desatención injustificada no se acompasa con el material obrante en la actuación, en la medida en que se advierten gestiones orientadas al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de acción popular; sin embargo, la ejecución integral de dicha orden no dependía exclusivamente del alcalde municipal, sino de la concomitancia de actuaciones, trámites y obligaciones a cargo de otras entidades y empresas.
5.2 Respecto a la culpabilidad de la conducta, la defensa acotó que, no concurre el elemento subjetivo de culpa, y que mucho menos a título de culpa grave por los motivos que a continuación expuso:
5.2.1 Que su defendido no desatendió las órdenes impuestas por el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena, porque aquellas, no se pudieron cumplir en el tiempo previsto por el ente judicial.
5.2.2 Que el procesado no fue ajeno al cumplimiento de las órdenes judiciales, puesto que el presupuesto de ejecución en su gobierno no fue el suficiente para destinar las partidas necesarias.
5.2.3 Que el problema de alcantarillado no admitía soluciones parciales, y que se dejó adelantado hasta donde fue posible.
5.2.4 Que la ausencia de recursos durante muchos gobiernos corresponde a la situación de violación de derechos colectivos declarada por el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena.
5.2.5 Así, en criterio del recurrente, reclamó que la culpa se predica de quien, teniendo el deber y la posibilidad material de hacer, omite realizar la conducta exigida, y que en el presente caso no había la posibilidad material.
Finalmente allegó un fragmento de un auto del Consejo de Estad relativo a la diferencia entre el incumplimiento al fallo de tutela y el desacato, para sostener, la diferencia entre una responsabilidad del orden objetivo y subjetivo.
5.2.6. A través de correo electrónico del 3 de enero de 202, la defensa del procesado allegó documentación denominada, “escrito de adición al Recurso de apelación”, lo cual no será objeto de revisión por ser presentado fuera del término legal.
VI. Consideraciones
6.1 Competencia
De conformidad con el numeral 6.º del artículo 277 de la Constitución Política; los artículos 2 y 101 de la Ley 1952 de 2019, modificados por los artículos 1 y 16 de la Ley 2094 de 2021; y el numeral 3.º del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021; la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena; en tanto se trata de un mecanismo de impugnación ejercido en etapa de juzgamiento; dentro de una actuación disciplinaria en la que se encuentran vinculados servidores públicos de elección popular.
De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia ya referido, en tanto fue presentado y concedido en debida forma, precisando que, conforme al artículo 234 del Código General Disciplinario, la competencia de la segunda instancia se contrae a revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación.
Por ello, a continuación, esta Sala se pronunciará respecto de los argumentos contenidos en la apelación interpuesta por el disciplinable contra lo considerado y decidido en el fallo de primera instancia.
De igual modo, corresponde a la Sala decidir con sujeción a los lineamientos fijados por la Corte Constituciona; así como a los criterios adoptados por el Consejo de Estad.
6.2 Estructura de la decisión
La Sala abordará los siguientes puntos, en atención a los planteamientos expuestos en el recurso de apelación: (6.2.1) Análisis probatorio; (6.2.2) Análisis concreto y respuesta a los argumentos del apelante; (6.2.3) Conclusiones; y (6.2.4) Otras determinaciones.
6.2.1 Análisis probatorio
De conformidad con el artículo 128 del Código Disciplinario Único (hoy artículo 147 del Código General Disciplinario), el fallo disciplinario debe soportarse en las pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso, bien por solicitud de los sujetos procesales o por decreto oficioso, y bajo la premisa de que la carga de la prueba recae en el Estado; a su turno, el artículo 141 del CDU (hoy artículo 159 del CGD) prescribe que la valoración del acervo probatorio ha de realizarse en conjunto y con arreglo a las reglas de la sana crítica, e impone el deber de motivar las decisiones, esto es, de exponer de manera razonada el mérito de los medios de convicción que las sustentan; en consecuencia, en acatamiento de tales mandatos, y con el objeto de establecer si en el proceso obran elementos que conduzcan a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del servidor público investigado, esta Sala procede a efectuar la apreciación integral del material probatorio recaudado, conforme a las reglas de la sana crítica, así:
6.2.1.1 Quedó acreditado que el disciplinable se desempeñó como alcalde municipal de Turbaco, Bolívar, en el periodo 2020-202.
6.2.1.2 Auto de admisión de la demanda dentro de la acción popular con radicado 2016-00121-00 del 18 de septiembre de 2016, proferido por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cartagena; demandantes: Yuli Paola Rodríguez Orozco y otros; demandados: Alcaldía Municipal de Turbaco y otro–––.
6.2.1.3 Fallo de la Acción Popular 2016-00121-00, de fecha 26 de noviembre de 2018, en el cual el Juez Once Administrativo del Circuito de Cartagena dispuso lo siguient–:
“Primero: Declarar que el Municipio de Turbaco y la Promotora Altos de Plan Parejo S.A.S. han vulnerado los derechos colectivos al Medio Ambiente Sano, salubridad Pública y saneamiento ambiental, debido a la perturbación a la que han sido sometidos los habitantes de las 8 casas de la manzana 19 de la Urbanización Altos de Plan Parejo II
Segundo: Para proteger estos derechos, como medida de restablecimiento se ordena al Municipio de Turbaco y a la Promotora Altos de Plan Parejo S.A.S, que adopte las medidas presupuestales y administrativas necesarias para que se termine la obra del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento para las aguas residuales domesticas integradas por los complejos Altos de Plan Parejo I, II, III, IV Mirador de Plan Parejo y barrio Villa Campo en el Municipio de Turbaco y se realice el correspondiente traslado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y del Campo de Infiltración que en la actualidad funcionan en la Urbanización Altos de Plan Parejo II
Para la ejecución completa de esta obra se concede un término perentorio de dos (2) meses para la terminación, entrega efectiva y puesta en funcionamiento del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento para las aguas residuales domésticas integradas por los complejos Altos de Plan Parejo I, II, III, IV, Mirador de Plan Parejo y barrio Villa Campo en el Municipio de Turbaco.
CARDIQUE debe ejercer vigilancia permanente a esta obra, con el objeto de que se cumplan todas las normas ambientales y no se incurra en vulneración del medio ambiente de los habitantes de la urbanización Altos de Plan parejo por el funcionamiento de la (Sic)
Tercero: Los terrenos que eran ocupados por la PETARD y el campo de infiltración deben ser formalmente entregados al municipio de Turbaco mediante escritura pública para que se destine al uso y goce de toda la comunidad La PROMOTORA ALTOS DE PLAN PAREJO deberá entregar los terrenos ocupados por la PETRD (Sic) y el campo de infiltración totalmente limpios de cualquier maquina (Sic) o elementos que hagan parte de los sistemas de tratamiento de las aguas servidas. Para esto se le otorga un término de tres (03) meses, contabilizados desde la puesta en funcionamiento de la nueva planta de tratamiento.
Cuarto: Se le otorgará al municipio de Turbaco un término de seis (06) meses, contados a partir del recibo por parte de la Promotora Altos de Plan Parejo SAS para que realice todas las gestiones presupuestales y administrativas para que los citados terrenos sean adecuados como parques, canchas deportivas y todos los elementos para que el esparcimiento de los miembros de la comunidad.
Quinto: Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.
(...)
Séptimo: EXHORTASE al Municipio de Turbaco y a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE-, para que el eficiente cumplimiento de sus obligaciones y deberes constitucionales y legales y para que impartan celeridad e impulsen las actuaciones administrativas necesarias para hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos conculcados”.
6.2.1.4 Auto del 12 de diciembre de 2019, en el cual el mismo juzgado se abstiene de imponer sanción por desacat––, requiere a la Alcaldía Municipal de Turbaco para que en el término de un (01) mes formulen propuestas encaminadas al cumplimiento del fallo de acción popular.
6.2.1.5 Auto del 22 de febrero de 202, en el cual el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cartagena, declaró en desacato al Alcalde Municipal de Turbaco, Guillermo Enrique Torres Cueter y a Mauricio Sánchez González en su calidad de Representante Legal de la Sociedad Altos de Plan Parejo S.A.S, ordenándoles que procedan a dar cumplimiento inmediato a lo exigido en la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2018 y auto del 12 de diciembre del 2019, emitidas por ese mismo ente judicial, y en consecuencia sancionar a los funcionarios antes citados con multas equivalentes a cuatro (4) salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de esa decisión, a cada uno, los cuales deberán pagar de su propio peculio, a órdenes del Fondo para la Defensa de los Derechos Intereses Colectivos dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de dicha providencia, porque se encontró acreditado que los mencionados funcionarios incumplieron lo dispuesto en el fallo que amparó los derechos colectivos incoados en la acción popular.
6.2.1.6 Auto del 29 de marzo de 2021, en el cual se desató la consulta al incidente de desacato por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de Acción Popular ya referido. En tal decisión se resolvió lo siguient:
“PRIMERO: CONFIRMAR la sanción impuesta al Alcalde Municipal de Turbaco Dr. Guillermo Enrique Torres Cueter por parte del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante auto de fecha 22 de febrero de 2021, con multas equivalentes a cuatro (4) salarios mínimos mensuales vigentes, por las razones que se encuentran en la parte motiva de esta providencia.
(…)
TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, por secretaría procédase al trámite correspondiente.
(…)”.
Respecto de lo verificado en la mencionada providencia por parte del juzgado, con relación a la conducta imputada al procesado, se pudo observar lo siguiente:
6.2.1.6.1 El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante auto del 12 de diciembre de 2019, se abstuvo de imponer sanción a las entidades demandadas al advertir gestiones orientadas al cumplimiento de la obra ordenada; no obstante, requirió a los accionados para que, en el término de un (1) mes, presentaran propuestas encaminadas a dar cumplimiento a la orden judicial, específicamente en lo relativo al funcionamiento de una estación de bombeo de aguas residuales; posteriormente, mediante actuación del 1 de octubre de 2020, el despacho reiteró el requerimiento en los mismos términos, ante la omisión de allegar al proceso las actuaciones que acreditaran el avance o cumplimiento de lo ordenado.
6.2.1.6.2 Para el 29 de abril de 2020, conforme al Concepto No. 250 de CARDIQUE, al tramitar la queja elevada por la comunidad por la disposición de aguas residuales provenientes, entre otras, de la planta de tratamiento del sector Mirador de Plan – Villa Campo, la autoridad ambiental realizó inspección y dejó consignado: (i) la existencia de una laguna artificial sin impermeabilización, con potencial de generar filtraciones hacia el subsuelo y comprometer la calidad del acuífero de la zona; (ii) la constatación de un vertimiento no autorizado asociado a la planta de tratamiento de la zona sanitaria No. 1; (iii) la referencia a comunicaciones de habitantes aledaños, radicadas ante CARDIQUE, en las que se atribuyen afectaciones a la salud y al ambiente derivadas de dichos vertimientos; y (iv) la ausencia de caracterizaciones que permitan verificar si el agua cumple los parámetros exigidos por la normativa ambiental vigente.
Como consecuencia de lo anterior, mediante Resolución No. 423 del 12 de mayo de 2020, CARDIQUE inició proceso sancionatorio ambiental contra la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Arjona y Turbaco y adoptó medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de las actividades de vertimiento no autorizado provenientes de la planta de tratamiento de la zona sanitaria No. 1.
A su vez, con base en el concepto técnico emitido por CARDIQUE, el Juzgado concluyó que la construcción de la estación de bombeo de aguas residuales continuaba siendo inviable, en la medida en que dicha autoridad ambiental indicó lo siguiente:
“Los documentos presentados carecen de rigor técnico ambiental que no garantizan la mitigación de impactos ambientales negativos tales como ruidos, olores ofensivos, y derrames de aguas residuales domésticas a la vía pública, que pueden afectar a la comunidad aledaña a la EBAR etapa 1 y al medio ambiente circundante, lo cual es fundamental para la ubicación de la misma. Por todo lo anterior se concluye que no es técnica ni ambientalmente la ubicación propuesta para la ubicación en mención”.
6.2.1.6.3. Según el oficio No. 13203600003-257-2020 del 7 de septiembre de 2020, la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, en su condición de integrante del Comité de Verificación del cumplimiento de la sentencia, informó lo siguiente:
(…) 6. Se solicita a la alcaldía de Turbaco que revise el cumplimiento del fallo de Acción Popular de Altos de Plan Parejo II (actualmente en incidente de desacato), frente a la insistencia de localizar una estación de bombeo en un área que según el citado fallo debe quedar totalmente libre para la instalación de un parque, previa cesión al municipio de Turbaco, y frente a la pasión de la empresa ACUALCO, manifestada en la presente reunión, de no recibir dicha estación de bombeo que contraría la decisión de un juez de la república; y adopte las decisiones necesarias de su competencia para el cumplimiento cabal del fallo judicial referido.
Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Bolívar concluyó que, a partir del análisis del Comité de Verificación del cumplimiento de la sentencia, así como de las valoraciones y evidencias allegadas por los sujetos obligados al seguimiento del asunto, se constata que, aunque las accionadas han promovido actuaciones y ejecutado algunas obras asociadas a la problemática del tratamiento de aguas residuales en el entorno de la urbanización Altos del Plan Parejo II, las intervenciones adelantadas hasta la fecha no se ajustan a lo ordenado por el juez de conocimiento.
Adicionalmente, en el informe de la referida Procuraduría Judicial del 7 de septiembre de 2020 se consignó que se continuó con la construcción de una estación de bombeo de aguas residuales, actuación que se estimó contraria a lo ordenado por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cartagena, en tanto se adelantó sin la autorización de CARDIQUE; entidad cuyas consideraciones fueron acogidas por el despacho judicial, el cual dispuso el traslado de la planta de tratamiento de aguas residuales y la restitución de las zonas verdes del sector.
6.2.1.7 Correo electrónico remitido por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Turbaco, como respuesta a la solicitud de información al proceso preventivo llevado por la Procuraduría Provincial de Cartagena, de fecha 14 de septiembre de 202, en el cual da cuenta el plan de trabajo propuesto por la Promotora Altos de Plan Parejo S.A.S., del 31 de mayo de 2021, el cual se llevaría a cabo entre el 3 de junio y el 15 de julio del mismo año, por lo que se adelantaron visitas por parte de la secretaría de planeación municipal las siguientes fechas: 22 de junio y 7 de julio de 2021, informando que a esa fecha no se evidenciaba avance ni personal laborando. Luego se realizó una nueva visita el 14 de julio donde se observó el inicio de las actividades programadas.
Allí informó que para el 11 de agosto de 2021 fue allegado por parte de la Promotora, documento informando que, pese a los retrasos de las obras de desmantelamiento de los elementos existentes en el suelo del campo de filtración, ya se encontraba en condiciones para su entrega, y que se requería de quince (15) días más para efectuar estudios. Finalmente informó que, a la fecha de respuesta de esta información, no se había presentado tal estudio ni la entrega del terreno.
Al respecto de esta información, se debe destacar que las mencionadas acciones son posteriores a la confirmación de la sanción por desacato impuesta el 29 de marzo de 2021, por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de Acción Popular 13001-33-33-011-2016-00121-00.
6.2.2 Análisis concreto y respuesta a los argumentos del apelante
6.2.2.1 En lo atinente a la tipicidad, el investigado afirmó que adelantó las actuaciones que estaban a su alcance para atender el cumplimiento del fallo judicial y, en esa medida, sostuvo que no se configura la desatención u omisión que se le atribuye.
Inicialmente, esta Sala precisa que, con ocasión del incumplimiento del fallo judicial proferido dentro de la acción popular radicado 13001-33-33-011-2016-00121, se surtió la consulta del incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual, mediante auto del 29 de marzo de 202, confirmó la sanción impuesta al disciplinable en la decisión del 22 de febrero de 2021; en consecuencia, el examen de los argumentos de defensa se circunscribirá al marco fáctico y probatorio existente para la época de los hechos que dieron lugar a dicha sanción, y no a actuaciones posteriores.
Dentro de las gestiones expuestas en el recurso de apelació, orientadas a sustentar que el cumplimiento del fallo de acción popular se atendió dentro de las posibilidades materiales y técnicas disponibles, la defensa afirmó que, a corte de enero de 2020 y ante la inexistencia de un Plan Maestro de Alcantarillado, el esquema implementado de manera ordinaria por las empresas SAAT y ACUALCO consistía en la adopción de soluciones puntuales de saneamiento básico para las urbanizaciones que se han ido consolidando en la zona urbana 1 del municipio de Turbaco, las cuales, en su mayoría, se materializan en la operación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y un punto de vertimiento aprobado por CARDIQUE.
Asimismo, la defensa indicó que, durante el mandato del disciplinable y en relación con el servicio público de alcantarillado, se adelantaron las siguientes actuaciones: (i) en 2020 se instalaron las primeras mesas de trabajo con la comunidad, entes de control y CARDIQUE, a partir de las cuales se identificó con mayor precisión la magnitud de las problemáticas asociadas a vertimientos en el municipio; en desarrollo de ello, en octubre de 2020 se consolidó un “Grupo Élite” integrado por equipos técnicos de CARDIQUE y del Municipio de Turbaco, orientado a la atención pronta de las situaciones graves de manejo y saneamiento de vertimientos; y (ii) con miras a la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado, el disciplinable, en su condición de alcalde, suscribió el Contrato Interadministrativo de Consultoría CI-004-2020, cuyo objeto fue reformular los estudios y diseños para la construcción del alcantarillado sanitario de la zona urbana del Municipio de Turbaco (Bolívar), elaborados en una fase inicial vinculada a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 002-26 de 2017.
En esa misma línea, se indicó que en 2021 entró en operación el Grupo Élite, a través del cual se identificaron los principales puntos de vertimiento en el municipio y su sistema, y se adelantaron caracterizaciones técnicas orientadas a definir si procedía iniciar, continuar o terminar acciones de vigilancia y control; todo ello, mientras se efectuaba seguimiento al cumplimiento de los compromisos exigidos en cada punto de vertimiento en particular.
Revisado lo anterior, se advierte que las gestiones desplegadas por el disciplinable, en su calidad de alcalde municipal, no se traducen en actuaciones directas, orientadas al cumplimiento de lo dispuesto en el fallo judicial, el cual, de manera específica y determinada, ordenó:
“Segundo: Para proteger estos derechos, como medida de restablecimiento se ordena al Municipio de Turbaco y a la Promotora Altos de Plan Parejo S.A.S, que adopte las medidas presupuestales y administrativas necesarias para que se termine la obra del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento para las aguas residuales domesticas integradas por los complejos Altos de Plan Parejo I, II, III, IV Mirador de Plan Parejo y barrio Villa Campo en el Municipio de Turbaco y se realice el correspondiente traslado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y del Campo de Infiltración que en la actualidad funcionan en la Urbanización Altos de Plan Parejo II
Para la ejecución completa de esta obra se concede un término perentorio de dos (2) meses para la terminación, entrega efectiva y puesta en funcionamiento del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento para las aguas residuales domésticas integradas por los complejos Altos de Plan Parejo I, II, III, IV, Mirador de Plan Parejo y barrio Villa Campo en el Municipio de Turbaco.
CARDIQUE debe ejercer vigilancia permanente a esta obra, con el objeto de que se cumplan todas las normas ambientales y no se incurra en vulneración del medio ambiente de los habitantes de la urbanización Altos de Plan parejo por el funcionamiento de la
Tercero: Los terrenos que eran ocupados por la PETARD y el campo de infiltración deben ser formalmente entregados al municipio de Turbaco mediante escritura pública para que se destine al uso y goce de toda la comunidad La PROMOTORA ALTOS DE PLAN PAREJO deberá entregar los terrenos ocupados por la PETRD (Sic) y el campo de infiltración totalmente limpios de cualquier maquina (Sic) o elementos que hagan parte de los sistemas de tratamiento de las aguas servidas. Para esto se le otorga un término de tres (03) meses, contabilizados desde la puesta en funcionamiento de la nueva planta de tratamiento.
Cuarto: Se le otorgará al municipio de Turbaco un término de seis (06) meses, contados a partir del recibo por parte de la Promotora Altos de Plan Parejo SAS para que realice todas las gestiones presupuestales y administrativas para que los citados terrenos sean adecuados como parques, canchas deportivas y todos los elementos para que el esparcimiento de los miembros de la comunidad.”. (Subrayado de la Sala).
Nótese que, en el auto que resolvió la consulta del incidente de desacat, se tuvo en cuenta lo informado por la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena en el reporte del 7 de septiembre de 2020, en el cual se indicó que se continuó con la construcción de una estación de bombeo de aguas residuales, actuación que se apartaba de lo ordenado por el juez; en ese contexto, se precisa que las medidas ejecutadas no evidencian el acatamiento integral de las órdenes judiciales, en la medida en que se adelantaron obras sin la autorización de la autoridad ambiental competente (CARDIQUE) y, además, se promovieron intervenciones distintas a las previstas en la decisión judicial, pese a que dicha autoridad ambiental había negado la modificación del proyecto por considerarlo inviable, circunstancia que sirvió de soporte a la determinación del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cartagena, en cuanto dispuso el traslado de la planta de tratamiento de aguas residuales y la restitución de las zonas verdes del sector.
Para esta Sala Disciplinaria, la decisión adoptada en sede de consulta del incidente de desacato, originada en el incumplimiento de la sentencia proferida por el Juez Once Administrativo del Circuito de Cartagena, constituye un referente pertinente para valorar el juicio disciplinario en el elemento probatorio, en cuanto permite constatar que se adelantaron actuaciones no ajustadas a las órdenes impartidas por el juez de la acción popular, conforme fueron confirmadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
De igual modo, resulta pertinente integrar a la anterior consideración el examen del elemento subjetivo efectuado por el Tribunal Administrativo de Bolívar al decidir, en sede de consulta, el incidente de desacato, en la medida en que dicha Corporación, al valorar la conducta desplegada por los accionados, entre ellos el disciplinable, para establecer la concurrencia del factor subjetivo que habilita la imposición de sanciones por el incumplimiento de providencias judiciales, constató que las actuaciones y obras ejecutadas no correspondieron a las órdenes impartidas por el juez de la acción popular; con fundamento en ello, tuvo por acreditado el referido elemento y, en consecuencia, confirmó la decisión sancionatoria adoptada respecto del alcalde, aspecto que se incorpora como insumo para el análisis disciplinario.
En el desacato, conforme lo ha señalado el Consejo de Estad, la responsabilidad es estrictamente subjetiva, puesto que la configuración de la misma exige acreditar que el servidor se sustrajo injustificadamente del deber de acatamiento, con pruebas de su negligencia e incumplimiento.
Verificado el material probatorio recaudado, se tiene por acreditado, con el estándar de certeza exigible en sede disciplinaria, que el investigado, en su condición de alcalde y, por ende, destinatario principal del deber de asegurar el cumplimiento de la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018 dentro de la acción popular referida, incurrió en la conducta oficial imputada, circunstancia que, además, dio lugar a la declaratoria de desacato, decisión que fue confirmada en sede de consulta por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Conforme a lo anterior, en la adecuación típica se tiene por configurado el nexo funcional “en razón o con ocasión del cargo o funciones”, por cuanto el cumplimiento de la orden judicial recaía en la entidad territorial y se proyectaba sobre la función administrativa del alcalde, quien, por su investidura, está llamado a asegurar la ejecución de las decisiones judiciales que comprometen actuaciones administrativas del municipio, de modo que, aun cuando la defensa invocó gestiones de coordinación y planeación, la tipicidad no se desvirtúa con la sola acreditación de actuaciones generales o preparatorias si estas no se traducen en el cumplimiento material de las órdenes impartidas por el juez, o si, incluso, se impulsan intervenciones no ajustadas a lo específicamente ordenado, escenario en el cual, dentro del presente procedimiento disciplinario, se advirtió que las intervenciones adelantadas no se ajustaban a lo dispuesto judicialmente y que se continuó con gestiones distintas a las ordenadas, por lo que, constatada la condición del investigado como sujeto activo cualificado, la existencia de una decisión judicial en firme y el incumplimiento declarado en sede de desacato, confirmado en grado de consulta, y confrontados dichos elementos con el acervo probatorio que acredita: (i) la existencia de órdenes judiciales vinculantes; (ii) el incumplimiento declarado en sede de desacato y confirmado en consulta; y (iii) la ausencia de ejecución conforme a lo ordenado, se concluye que la conducta imputada se adecua a la descripción típica del artículo 35, numeral 24, de la Ley 734 de 2002, en los términos en que fue formulado el cargo disciplinario.
En consecuencia, y conforme las anteriores consideraciones, la conducta de Torres Cueter es típica, pues con su proceder se incurrió en la prohibición establecida en el artículo 35.24 del CDU que, preceptúa que le está prohibido a los servidores públicos “Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución”.
En lo que respecta a la ilicitud sustancial, esta comporta un juicio de valoración orientado a establecer si, más allá de la adecuación típica ya desarrollada, la conducta imputada lesionó o puso en riesgo de manera relevante el deber funcional y los fines que justifican la potestad disciplinaria; esto es, si el comportamiento produjo un menoscabo en el correcto ejercicio de la función pública, descartando que se trate de una infracción tan solo formal.
Aplicado al presente caso, dicho juicio conduce a tener por configurada la ilicitud sustancial, en la medida en que el cumplimiento de la orden judicial incumbía a la entidad territorial y se proyectaba funcionalmente sobre la actuación administrativa del alcalde, de forma que su inobservancia compromete la efectividad de las decisiones judiciales. En efecto, a partir del acervo probatorio correspondiente a las providencias judiciales (desacato y consulta), y ausencia de ejecución conforme a lo ordenado, se advierte una afectación material que trasciende a la de irregularidad formal. Dicha trascendencia se constata además con la valoración de la providencia judicial incumplida, puesto que fue proferida en el marco de una acción popular, mecanismo dirigido a la protección de derechos e intereses colectivos; por ello, el incumplimiento no solo compromete el deber funcional del servidor público, sino que adquiere una mayor entidad sustancial al incidir sobre la realización efectiva de las medidas judiciales orientadas a salvaguardar tales derechos.
De lo actuado se desprende, además, que el procesado, en su condición de alcalde, no dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo del 26 de noviembre de 2018 proferido dentro de la Acción Popular 13001-33-33-011-2016-00121-00, y cuyo incumplimiento fue examinado por el Tribunal Administrativo de Bolívar al resolver la consulta del incidente de desacato mediante providencia del 29 de marzo de 2021, pese a estar enterado del carácter obligatorio de las decisiones judiciales. Así, la conducta reprochada al disciplinable implicó el desconocimiento de los deberes que orientan la función administrativa y la correcta realización de la función pública, en cuanto comportó la afectación de los principios de responsabilidad y eficacia, así como del deber de acatamiento de las decisiones judiciales.
En conclusión, efectuado el juicio de valoración propio de la ilicitud sustancial, se tiene que la conducta atribuida en la adecuación típica no se mantiene en el plano de una infracción formal, sino que comporta una afectación material y relevante del deber funcional de acatamiento y de los fines que justifican la potestad disciplinaria, pues el incumplimiento de una orden judicial que fue declarada en desacato y confirmado en consulta, compromete la efectividad de las decisiones judiciales y desarticula la realización de la función administrativa en condiciones de responsabilidad y eficacia, máxime cuando la providencia incumplida fue proferida en el marco de una acción popular, lo que intensifica la entidad del reproche al incidir en la protección de derechos e intereses colectivos, de manera que, en su condición de alcalde y pese al carácter vinculante de las decisiones judiciales, el investigado se sustrajo del cumplimiento del fallo referido, configurándose así, en el caso concreto, la ilicitud sustancial de la conducta reprochada.
6.2.2.2 Finalmente, respecto a la culpabilidad de la conducta, el defensor argumentó que la culpa se predica de quien, teniendo el deber y la posibilidad material de hacer, omite realizar la conducta exigida, y que en el caso concreto no había la posibilidad material, ya que no se contaba con los recursos, la habilitación legal, y el tiempo suficiente para cumplir con la orden judicial.
La Sala recuerda que la culpa, como modalidad de responsabilidad subjetiva y conforme al artículo 29 del Código General Disciplinario, se estructura a partir de la infracción del deber objetivo de cuidado exigible al servidor público; y que, tratándose de culpa grave, esta se configura cuando la conducta reprochada proviene de la inobservancia del cuidado que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. En el presente asunto, dicha modalidad se configura en la medida en que el disciplinable estaba llamado a desplegar actuaciones idóneas y directamente orientadas al cumplimiento del fallo judicial.
El procesado, con su conducta, inobservó el cuidado necesario que cualquier persona del común habría observado en las mismas circunstancias. En tal sentido, debía verificar y adoptar las actuaciones pertinentes para dar cumplimiento específico a lo ordenado en la sentencia proferida dentro de la acción popular; máxime cuando, según lo consignó el Tribunal Administrativo de Bolívar en la providencia de consulta del incidente de desacato, para el 1 de octubre de 2020 “se vuelve a requerir a las accionadas en el mismo sentido, toda vez que no se demuestra que estas aporten al presente proceso judicial la información que demuestre el cumplimiento efectivo de lo ordenado en sentencia, requerimiento que no fue atendido por el investigado.
De otra parte, los criterios de graduación de la sanción fijados por el a quo no fueron objeto de apelación.
Así las cosas, por las consideraciones expuestas, la Sala tiene por acreditados los elementos de la responsabilidad disciplinaria del investigado; en
consecuencia, esta instancia no encuentra fundamento para acoger los motivos de inconformidad propuestos en el recurso de apelación y, por ende, confirmará la decisión sancionatoria de primera instancia.
6.2.3 Conclusiones
Esta Sala concluye que, respecto a Guillermo Enrique Torres Cueter, alcalde de Turbaco, Bolívar, se demostró, en el trámite de la primera instancia, en grado de certeza, la responsabilidad disciplinaria por la comisión de la falta disciplinaria, conforme el análisis de capacidad, conducta, tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. En consecuencia, la Sala confirmará el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena, con fecha 10 de diciembre de 2024.
En los demás aspectos que no fueron objeto de reproche en el recurso de apelación, y frente a la declaratoria de absolución de Antonio Víctor Alcalá Puello, la Sala mantendrá incólume la decisión.
6.2.4 Otras determinaciones - Improcedencia del recurso extraordinario de revisión.
En lo atinente al recurso extraordinario de revisión contra decisiones disciplinarias que vinculen a servidores públicos de elección popular, como ocurre en el presente asunto, debe estarse a lo decidido por la Corte Constituciona en la Sentencia C-030/23, así como a lo fijado en el auto de unificación jurisprudencial del Consejo de Estad–––––– del 3 de diciembre de 2024, en especial en lo relativo a las siguientes pautas:
“Primera regla:
Procedencia:
El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo de elección popular al momento de la imposición de la sanción.
Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas. […]
Según la Ley 2094 de 2021 y la modulación efectuada por la Sentencia C-030 de 2023, esta acción de revisión quedó circunscrita a las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad impuestas por la Procuraduría General de la Nación que implican una «restricción o limitación temporal al derecho a ser elegido de un servidor público de elección popular, en ejercicio de sus funciones. Lo anterior por cuanto este tipo de sanciones tienen la virtualidad de interrumpir el mandato popular y, en esa medida, lesionan gravemente el principio democrático y el derecho a la representación política efectiva, previstos en la Constitución Política y la CADH. Así, independientemente de si la falta se cometió antes o durante el ejercicio del cargo de elección popular, lo importante es que la sanción afecte el ejercicio efectivo del mandato popular y los derechos políticos del elegido. Por lo tanto, debe entenderse que las demás sanciones disciplinarias, como la multa o la amonestación escrita, que se llegaren a aplicar a estos mismos servidores públicos, no son objeto de este recurso judicial. […] (subrayado de la Sala).”
En el caso concreto, comoquiera que al procesado se le sanciona con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de seis (6) meses, convertida al equivalente de los salarios devengados para la época de los hechos, por no estar actualmente ejerciendo el cargo de elección popular en el que cometió la conducta reprochada ni comporta una inhabilidad, en rigor, con la referida sanción, no se le afectan sus derechos políticos. Por lo tanto, el presente fallo de segunda instancia no es pasible del recurso de revisión automático e inmediato, por lo que cobrará ejecutoria de acuerdo con las normas procedimentales, una vez surtida su notificación personal, y procederá su ejecución.
Así las cosas, en mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cartagena el 10 de diciembre de 2024, mediante el cual se declaró disciplinariamente responsable, por la comisión de una falta grave a título de culpa grave, a Guillermo Enrique Torres Cueter, identificado con cédula de ciudadanía 9.281.858, en su calidad de alcalde de Turbaco (Bolívar) para el periodo 2020–2023, y, en consecuencia, se le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de seis (6) meses, convertible al equivalente de los salarios básicos devengados para el momento de la comisión de la falt
, conforme a las consideraciones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: MANTENER incólumes los aspectos que no fueron objeto de reproche en el recurso de apelación, así como la decisión adoptada en primera instancia respecto de Antonio Víctor Alcalá Puello.
TERCERO: NOTIFICAR personalmente, por la Secretaría de la Sala, la presente decisión a los sujetos procesales, de conformidad con lo establecido en los artículos 121, 122 y 127 del CGD, a quienes se les indicará que en cumplimiento de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional y el auto de unificación jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 3 de diciembre de 2024, la sanción cobrará ejecutoria de acuerdo con el artículo 138 del CGD y su ejecución procederá inmediatamente a través de las dependencias competentes, por no ser procedente el recurso extraordinario de revisión.
CUARTO: DEVOLVER, por la Secretaría de la Sala, el proceso a la dependencia de origen, previos los registros y anotaciones correspondientes, para que: a) Informe a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación las decisiones de primera y segunda instancia, para lo de su cargo; y, b) Realice las comunicaciones para dar cumplimiento artículos 236 a 238 del CGD.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Procurador delegado
Carlos Humberto García Parrado
Procurador delegado
Presidente
Gloria Edith Ramírez Rojas
Procuradora delegada
Elaboró: Manuel Gama A. (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Revisó: Luis Germán Ortega R. (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Aprobó: Luis Germán Ortega R. / Carlos Humberto García Parrado / Gloria Edith Ramírez Rojas / (SDJSPEP)
