| Dependencia: | Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular |
| Radicado: | IUS E-2021-247760 IUC D-2021-1890215 |
| Investigado: | Deiby Alberto Arias Quintero |
| Cargo: | Concejal |
| Entidad: | Municipio de Ocaña |
| Fecha queja/informe: | 9 de mayo de 2021 |
| Fecha hechos: | 7 de mayo de 2021 |
| Asunto: | Fallo de segunda instancia |
Bogotá, D.C., mayo 28 de 2026
Aprobado en Sala, con Acta No. 015
P.D. Ponente: Luis Germán Ortega Ruiz
I. ASUNTO
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el defensor de confianza del procesado Deiby Alberto Arias Quintero contra el fallo proferido el 13 de junio de 2025 por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ocañ, mediante el cual lo declaró disciplinariamente responsable y, como consecuencia, le impuso sanción consistente en suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de doce (12) meses.
II. HECHOS
El 7 de mayo de 2021, Deiby Alberto Arias Quintero, en su condición de concejal del municipio de Ocaña (Norte de Santander) para el período 2020-2023, presuntamente ejerció violencia física y verbal en contra de [María.
III. ANTECEDENTES RELEVANTES
3.1 Investigación disciplinaria
Mediante providencia del 21 de mayo de 2021, la Procuraduría Provincial de Ocaña dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el implicad, decisión notificada por correo electrónic. Mediante auto del 26 y 27 de mayo de 2021 se dispuso la acumulación de diligencias. El 22 de noviembre del mismo año se acumularo nuevas diligencias al proceso, relativas a violencia contra la misma víctima.
3.2 Cierre de investigación
Con providenci del 9 de enero de 2024, se dispuso el cierre de la investigación disciplinaria y se ordenó correr traslado para que los sujetos procesales presentaran alegatos previos a la evaluación de la investigación, en los términos del artículo 220 de la Ley 1952 de 2019. Dicha providencia fue notificada por estad del 24 de enero del mismo año.
3.3 Auto de formulación de cargos
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ocaña, mediante aut del 4 de julio de 2024, formuló pliego de cargos en contra del implicado. El cargo fue el siguiente:
DEIBY ALBERTO ARIAS QUINTERO, en su condición de concejal del municipio de Ocaña, Norte de Santander, el 07 de mayo de 2021 al ejercer violencia física y verbal en contra de la señora [MARÍA] le violó su derecho a la integridad física y moral e incumplió la obligación de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, conforme a lo consagrado en el literal b) del artículo 4 y literal a) del artículo 7 de la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem (Sic) Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994 y aprobada por Colombia a través de la ley 248 de 1995.
Se consideró que podría constituir una falta disciplinaria conforme el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, e inobservado el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, complementado por el contenido del literal b) del artículo 4 y literal a) del artículo 7 de la Convención internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y correlativamente en la prohibición del numeral 1 del artículo 35 del CDU.
El título de imputación subjetiva fue formulado a título de dolo.
La anterior decisión fue notificada de forma electrónica al apoderado del disciplinable el 16 de julio de 202, conforme con la autorización dada por la defensa para esta decisión.
3.4 Juzgamiento disciplinario
Las diligencias se remitieron por competencia, mediante ofici DGG/3063 del 22 de julio de 2024, a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ocaña.
Con aut del 30 de julio de 2024 la instancia de juzgamiento avocó conocimiento, fijó el procedimiento a seguir y ordenó traslado para presentar descargos.
Posteriormente, mediante decisió del 6 de septiembre de 2024, la provincial de juzgamiento reconoció como víctima a [María], decisión que fue comunicada al implicado, su apoderado y la víctima mediante oficios PPIJ-ZGU/027 y PPJ ZGU/028 del 9 y 10 de septiembre, respectivamente; y de la misma anualidad
3.5 Fallo de primera instancia e impugnación
Una vez surtido el traslado para alegar de conclusió, el 10 de marzo de 2025, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ocaña profirió fallo el 13 de junio siguiente, mediante el cual declaró disciplinariamente responsable al implicado y le impuso, conforme a lo dispuesto en la parte motiva y resolutiva, sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) meses; así mismo, en el parágrafo correspondiente, impuso la inhabilidad especial, decisión que fue notificad electrónicamente a los sujetos procesales.
Lo anterior, por haberse demostrado que el procesado incurrió en la falta prevista en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, integrado con la inobservancia del literal b) del artículo 4 y el literal a) del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, aprobada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995. La imputación subjetiva fue calificada a título de dolo.
Inconforme con el fallo, el disciplinable, por conducto de su apoderado de confianza, interpuso recurso de apelació, el cual fue concedido por la primera instancia mediante aut del 2 de julio de 2025. El expediente fue recibid en esta Sala el 1 de agosto de 2025.
IV. PROVIDENCIA RECURRIDA
4.1 Aspectos preliminares
En primer lugar, el despacho aborda lo relativo con la competencia y la vigencia de la actuación disciplinaria. Analiza de igual manera, la figura de la prescripción de la acción disciplinaria, concluyendo que esta no se encuentra configurada, en la medida en que los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2021 y el término de cinco años previsto para las faltas instantáneas no se ha cumplido al momento de proferirse la decisión.
4.2 Razonamiento de la decisión
En concreto, la decisión aborda el hecho materia de investigación con enfoque de género, por lo que resalta que los mismos involucran una presunta vulneración de derechos de una mujer, lo que activa la obligación de las autoridades disciplinarias de actuar con debida diligencia reforzada. Para este análisis, se apoya en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) y en la jurisprudencia constitucional.
4.3 Aspectos fácticos
El a quo analizó el hecho de que la víctima inicialmente no presentó denuncia en el momento de la intervención policial, pero posteriormente decidió hacerlo, lo que fue materia de controversia por la defensa del implicado pero lejos de considerar esta circunstancia como un indicio de falta de credibilidad, se tiene como común que las mujeres que son objeto de violencia se encuentren en estados de conmoción o incluso temor, lo que limita reaccionar de manera inmediata, aspecto que no desvirtúa la ocurrencia de los hechos.
Ante los cuestionamientos sobre el dictamen médico, el provincial de juzgamiento desecha el argumento de la defensa respecto de determinar con exactitud el mecanismo específico de la lesión, pues considera que este aspecto no resulta determinante, en tanto lo relevante es la existencia objetiva de lesiones y su coherencia con el relato de la víctima; así los dictámenes médicos y las declaraciones coinciden en que las lesiones fueron causadas por un elemento contundente, lo cual es compatible con la agresión física.
Con base en la valoración conjunta de las pruebas, el despacho concluyó que se encuentra acreditada la ocurrencia de actos de violencia física y verbal en contra de la señora [María] en los hechos por los que se investiga la conducta del disciplinable.
4.4 Tipicidad
En concreto, al implicado se le endilgó la realización de actos de violencia física y verbal en contra de la señora [María], conducta que fue subsumida en la violación del deber funcional de cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales y legales, precepto previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época de los hechos.
De otra parte, y en complemento de la adecuación incorpora la vulneración de la Convención de Belém do Pará, que impone la obligación de abstenerse de cualquier acto de violencia contra la mujer.
Recalca que la protección derivada de la Convención de Belém do Pará cobija a toda mujer frente a cualquier acto de violencia.
4.5 Ilicitud sustancial
Previo el análisis que realiza la decisión por parte de la primera instancia en cuanto a los deberes funcionales de los servidores públicos, las normas y tratados internacionales en relación con el respeto a la mujer y los derechos de las víctimas, y el deber del Estado en su protección, se tiene que la conducta del disciplinable quebrantó sustancialmente sus deberes funcionales, en su condición de concejal del municipio de Ocaña, Norte de Santander, por cuanto con la realización de su conducta lesionó la dignidad humana como principio fundamental del Estado Social de Derecho, afectó los fines del Estado y vulneró los tratados internacionales suscritos por Colombia que obligan a abstenerse de cualquier acto que afecte la integridad personal y la dignidad humana de las mujeres.
4.6 Culpabilidad
En este acápite, el a quo tuvo en consideración las características profesionales y laborales del disciplinable, las cuales permiten establecer que se trata de un servidor con experiencia en el sector público y amplio conocimiento de sus funciones; circunstancias que evidencian que tenía plena capacidad para comprender que ejercer violencia contra una mujer constituía un incumplimiento de las obligaciones previstas en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
Adicionalmente, la primera instancia, luego de analizar el acervo probatorio, concluyó que la conducta reprochada se encontraba acreditada a partir de una serie de actos orientados a la comisión de la infracción disciplinaria, los cuales se materializaron en el ejercicio de violencia contra la víctima.
Lo anterior conllevó a establecer que la conducta del disciplinable se realizó a título de dolo.
4.7 Calificación de la falta
En dicho acápite, el procurador de juzgamiento calificó la falta como grave, para lo cual tuvo en cuenta la forma de culpabilidad, definida a título de dolo, al estimar que el procesado conocía la ilicitud de su comportamiento; la jerarquía del servidor público, derivada de su condición de concejal del municipio de Ocaña, Norte de Santander, para la época de los hechos; así como la trascendencia social de la conducta y el perjuicio causado.
V. RECURSO DE APELACIÓN
La defensa del disciplinable sustentó las razones de su disenso en los siguientes argumentos:
5.1 Violación del principio de legalidad y tipicidad
Sostiene el apoderado que el fallo de primera instancia incurre en una vulneración del principio de legalidad, en la medida que la sanción disciplinaria impuesta no se fundamenta en una falta previamente descrita en la ley, sino en la aplicación directa de la Convención de Belém do Pará. En ese sentido considera que el operador disciplinario construyó un tipo disciplinario inexistente en el ordenamiento jurídico interno y aplicó un instrumento internacional como si se tratara de una norma sancionatoria directa, lo que supone el desconocimiento sobre la exigencia de tipicidad.
5.2 Sobre la naturaleza jurídica del tratado internacional invocado
Al respecto, la defensa sostiene que la Convención de Belém do Pará no contiene descripciones típicas de conductas sancionables a título disciplinario; y que está dirigida a imponer obligaciones a los Estados -no a los individuos-, por lo que requiere desarrollo normativo interno para su aplicación efectiva; en ese orden, estima que el a quo incurrió en error al equiparar obligaciones estatales con responsabilidades individuales, y al aplicar disposiciones internacionales sin mediación legislativa.
5.3 Cuestionamiento al uso de tipos en blanco
La impugnación cuestiona la utilización de la figura del tipo disciplinario en blanco, al considerar que el fallador acudió a un deber de carácter genérico, integrado a partir del cumplimiento de tratados internacionales, para completar el contenido normativo de la falta; en criterio del apelante, la remisión normativa empleada no tendría el grado de precisión exigible en materia sancionatoria, lo que generaría incertidumbre sobre la conducta disciplinariamente reprochable y comprometería las exigencias derivadas de los principios de legalidad y tipicidad.
5.4 Enfoque de género y garantías procesales
Sostiene el apelante que, aunque el enfoque de género puede constituir una herramienta interpretativa válida, su utilización no autoriza la flexibilización de garantías fundamentales ni permite suplir eventuales déficits de tipicidad; por ello, afirma que dicho criterio hermenéutico no puede emplearse para justificar la imposición de una sanción disciplinaria, por ende, considera que la decisión de primera instancia incurrió en una infracción del principio de legalidad y de los criterios exigibles para la integración normativa del tipo disciplinario.
5.5 Desconocimiento de la presunción de inocencia y existencia de duda razonable
La defensa sostiene que el fallo de primera instancia vulnera la presunción de inocencia, al haberse proferido sin alcanzar el estándar de certeza requerido, puesto que se presentan contradicciones que generan duda razonable.
5.6 Sobre la prueba pericial médica y la denuncia
A este aspecto, sostiene que las valoraciones de medicina legal no certificaron que las lesiones fueran causadas por golpes con puño o mano cerrada, pues se utilizó una categoría genérica de elemento contundente, por lo que no se identificaron patrones típicos de agresión física directa, lo que impide corroborar la versión de la presunta víctima. En el mismo sentido, cuestiona el origen de las lesiones en el cuello y otro tipo de heridas, en el entender que tengan origen en la presunta lesión ocasionada por su defendido, además de hacer reparos en los protocolos periciales en casos de violencia de pareja.
Asimismo, el apelante cuestiona que la víctima no hubiera manifestado inicialmente su voluntad de interponer denuncia y que, con posterioridad, modificara dicha postura; adicionalmente, sostiene que la primera instancia habría desconocido que los hechos se produjeron en un escenario de discusión recíproca entre partes.
5.7 Pretensiones
Como pretensión principal, solicita que se revoque íntegramente el fallo de primera instancia y se absuelva al disciplinable; y de forma subsidiaria, que se declare la nulidad de la actuación por violación de los principios de legalidad y tipicidad.
VI. CONSIDERACIONES
6.1 Competencia
De conformidad con el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política, los artículos 1 y 16 de la Ley 2094 de 202 y el numeral 3 del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio del 13 de junio de 2025 proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ocaña, toda vez que dicha decisión fue emitida en fase de juzgamiento, frente a un servidor público de elección popular.
La alzada se estudia dentro del delimitado marco que define el inciso 2 del artículo 234 del CGD, en tanto establece que “el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”.
Del mismo modo, corresponde a la Sala resolver conforme con los lineamientos señalados por la Corte Constituciona en la sentencia C-030 de 2023, reiterados, entre otras, en las sentencias SU-381, SU-382 y SU-417 de 2024, y SU-426 de 2025, así como por el Consejo de Estado en sentenci del 31 de octubre de 2024 y el auto de unificació del 3 de diciembre de 2024.
6.2 Estructura de la decisión
Con el propósito de resolver sobre los argumentos de apelación, la Sala se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (6.2.1) De la solicitud de nulidad y el principio de legalidad; (6.2.2) Del análisis y valoración probatoria; (6.2.3) De la tipicidad. (Juicio de adecuación); (6.2.4) De la ilicitud sustancial (Juicio de valoración); (6.2.5) De la culpabilidad (Juicio de reproche); (6.2.6) Del enfoque de género como herramienta hermenéutica; (6.2.7) De la sanción disciplinaria; (6.2.8) Conclusión; y (6.2.9) Otras determinaciones.
6.2.1. De la solicitud de nulidad y el principio de legalidad
El apoderado de la defensa solicita la declaratoria de nulidad de la actuación por presunta violación de los principios de legalidad y tipicidad; al señalar que el fallo de primera instancia sustentó la sanción directamente en la Convención de Belém do Pará, instrumento que, a su juicio, no describe una falta disciplinaria autónoma para los servidores públicos; y como quiera que dicha solicitud integra el escrito de apelación como pretensión subsidiaria, la Sala la aborda con prelación, antes de entrar al análisis sustancial de los demás argumentos de defensa.
6.2.1.1. Marco jurídico de las nulidades en materia disciplinaria
Las causales de nulidad en el proceso disciplinario se encuentran taxativamente previstas en el artículo 202 del Código General Disciplinari , disposición procedimental aplicable al presente asunto por encontrarse vigente al momento de la notificación del pliego de cargos; de allí que no cualquier irregularidad procesal tenga la entidad suficiente para producir la invalidación de la actuación, sino únicamente aquellas anomalías que, por su naturaleza, afecten de manera sustancial las garantías propias del debido proceso y se subsuman en alguno de los supuestos expresamente previstos por el legislador; ello responde a que la nulidad constituye un instrumento de corrección procesal de carácter excepcional, extremo y residua
, cuya procedencia se reserva para aquellos eventos en los que el vicio no puede ser saneado por otra vía jurídica y exige invalidar o rehacer la actuación, con el fin de preservar los fines esenciales del procedimiento disciplinario y los derechos de los sujetos procesales.
6.2.1.2. Análisis de la nulidad planteada: violación al principio de legalidad y uso de tratados internacionales
Esta Sala no comparte el reparo formulado por la defensa; pues el marco normativo del régimen disciplinario incorpora, como fuentes integradoras, los tratados internacionales ratificados por Colombia; así lo dispone el artículo 16 de la Ley 734 de 2002, al establecer que la sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en:
“[…] la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública”. (resaltado de la Sala)
En el mismo sentido, el artículo 21 de esa ley, en materia de integración normativa, dispone:
“[…] En lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario”. (resaltado de la Sala)
Establecido lo anterior, el reparo no está llamado a prosperar; pues el cargo disciplinario no se fundamentó en la Convención de Belém do Pará como fuente autónoma del reproche, sino en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, que impone a todo servidor público el deber de "[c]umplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, [...]"; de manera que la falta imputada consiste en el incumplimiento de los deberes que para Colombia se derivan de la Convención de Belém do Pará, aprobada mediante la Ley 248 de 1995 y, por ende, plenamente incorporada al ordenamiento jurídico interno con fuerza vinculante; la Convención opera, así, no como tipo disciplinario autónomo, sino como contenido normativo del deber cuyo desconocimiento configura la falta prevista en la disposición citada; estructura que satisface las exigencias de legalidad y tipicidad, en cuanto la conducta reprochada, la norma que describe el deber y la sanción aplicable se encuentran previa y expresamente definidas en la ley disciplinaria.
A lo anterior se suma que el Consejo de Estad desarrolló esta misma integración normativa al respaldar la aplicación del artículo 34, numeral 1, de la Ley 734 de 2002, complementado con la Convención de Belém do Pará, como fundamento del reproche disciplinario frente al servidor público que ejerce violencia contra una mujer; precedente que dota a la adecuación típica del respaldo jurisprudencial necesario para desvirtuar el cargo de atipicidad formulado por la defensa.
Desde el análisis convencional, los tratados internacionales ratificados por Colombia obligan al Estado en su conjunto y vinculan a quienes ejercen funciones públicas; en ese sentido, la Sala advierte que la integración normativa del cargo a partir del artículo 4, literal b , y del artículo 7, literal a), de la referida Convenció hizo parte de las normas expresamente consignadas en el pliego de cargos y fue igualmente analizada, desarrollada y aplicada por el fallador de primera instancia; por tanto, dicha remisión convencional guarda congruencia con la prohibición de actos de violencia contra la mujer y permite subsumir la conducta investigada dentro de la infracción disciplinaria tipificada.
Ha sido, por lo demás, una constante en la jurisprudencia constituciona la clasificación de la violencia contra la mujer, entre otras modalidades, como violencia física, categoría que comprende todos los casos en que se provocan intencionalmente, o se realizan actos con capacidad para provocar, la muerte, daños o lesiones físicas que impliquen riesgo o disminución efectiva de la integridad corporal; postura que la Corte Constituciona reiteró al señalar que:
“La violencia contra las mujeres se define como cualquier acción o conducta que, motivada por razones de género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer. La Corte Constitucional ha señalado que la violencia contra las mujeres es un problema de carácter estructural, originado en los prejuicios y estereotipos de género que han prevalecido a lo largo de la historia. Estos prejuicios se explican por la posición que han ocupado las mujeres en la sociedad, lo que ha llevado a un trato discriminatorio y ha sido un factor determinante en la perpetuación de prácticas violentas hacia las mujeres”.
En lo que concierne específicamente a la prevención, la Ley 1257 de 2008, que recogió los postulados de la Convención de Belém do Pará en el ordenamiento interno, permite establecer que todos los actores del Estado, incluidas las autoridades administrativas, se encuentran obligados a observar sus mandatos en materia de prevención y erradicación de la violencia contra la muje.
En consecuencia, los instrumentos internacionales orientados a proteger a las mujeres frente a cualquier forma de violencia tienen eficacia jurídica en el ámbito disciplinario y pueden ser invocados por el operador disciplinario cuando los hechos investigados comprometen deberes relacionados con la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer; por ello, el reparo de la defensa relativo al presunto desconocimiento del principio de legalidad no está llamado a prosperar, en tanto la conducta reprochada encuentra sustento en disposiciones normativas preexistentes, incorporadas al ordenamiento jurídico colombiano, cuyo contenido resulta determinable a partir de normas complementarias, de la interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad, de la ley disciplinaria y de los deberes exigibles al servidor público; razón por la cual la solicitud de nulidad será despachada desfavorablemente.
6.2.2. Del análisis y valoración probatoria
Con el propósito de verificar la acreditación fáctica del cargo disciplinario formulado, la Sala procederá a examinar integralmente el acervo probatorio recaudado, conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, a partir de criterios de lógica, experiencia y valoración conjunta de los medios de prueba
incorporados a la actuación y que acreditan las siguientes circunstancias fácticas:
La ocurrencia de los hechos en el inmueble ubicado en el edificio Torres Club San Agustín, Calle 11 No. 16A-21, apartamento 407 del municipio de Ocaña, en la noche del 7 de mayo de 2021, se encuentra acreditada a través de varios medios probatorios que convergen en la descripción fáctica; en efecto, la minuta de anotaciones de la Estación de Policía de Ocaña del 7 de mayo de 2021, a las 23:20 horas da cuenta que la patrulla del cuadrante 1, con apoyo del cuadrante 4, atendió un llamado de emergencia en la dirección indicada, en cuya anotación consta que al tocar la puerta del inmueble salió la señora [María], quien manifestó que se encontraba en una discusión con su compañero sentimental y que requería acompañamiento para retirarse del lugar; de igual forma, en la misma minuta se identifica como ocupante del inmueble al señor Deiby Alberto Arias Quintero, con cédula de ciudadanía 5.470.343, concejal del municipio de Ocaña, lo cual concuerda con la credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y la certificación del Concejo Municipal de Ocaña que obran en el plenario, las cuales acreditan su calidad de concejal para el período 2020-2023 y para el momento de los hechos.
Frente al hecho objeto del cargo, relativo al ejercicio de violencia física contra la víctima, la Sala advierte que el acervo probatorio incorpora diversos elementos de convicción que, valorados de manera conjunta y conforme a la sana crítica, permiten acreditar la materialidad de la conducta, el contexto en que ocurrió y la participación atribuida al disciplinable.
En primer lugar, la Epicrisis 75689 de la Clínica y Droguería Nuestra Señora de Torcoroma, suscrita el 8 de mayo de 2021 a las 13:11, registra la atención de urgencias brindada a la señora [María] por motivo de "lesión por agresión," en cuyo examen físico se documentaron: hemorragia subconjuntival en ojo izquierdo con equimosis bipalpebral ipsilateral, dolor en rama mandibular izquierda con limitación en la apertura bucal, y en cuya sección de análisis se consignó el diagnóstico de "mujer maltratada," "trauma facial" y "contusión del globo ocular y del tejido orbitario" con identificación expresa del presunto agresor como "Deiby Arias"; este registro clínico, elaborado de manera concurrente a los hechos es prueba que acredita la existencia de lesiones en la integridad física de la víctima, toda vez que su elaboración obedeció a un contexto asistencial de urgencias.
En segundo lugar, obra el examen médico-legal practicado el 10 de mayo de 2021 a la señora [María] por el profesional especializado forense Óscar Eduardo Fuentes Carrillo, adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; valoración realizada tres días después de los hechos, en la que se documentaron lesiones en distintas zonas anatómicas [región orbitaria izquierda, labio inferior y muslo izquierdo] y se determinó incapacidad médico-legal; además, la explicación técnica rendida por el forense, relativa al proceso de oxidación entre el primer y el cuarto día, resulta compatible con la temporalidad existente entre la ocurrencia de los hechos y la valoración médico-forense, lo que refuerza la correspondencia probatoria entre el relato, los hallazgos clínicos y la materialidad de la violencia física investigada.
Ahora bien, en declaración juramentada, el médico forense Óscar Eduardo Fuentes Carrillo precisó que las lesiones halladas en la víctima involucran un mecanismo contundente, aunque no era posible determinar con exactitud el elemento específico que las ocasionó, debido a que, en ausencia de una lesión patrón, la identificación del objeto causante solo puede establecerse de manera general; asimismo, explicó que la falta de marcas específicas no descarta la producción de lesiones, pues su entidad y configuración dependen de variables como la fuerza ejercida, el mecanismo empleado y las condiciones particulares de la persona examinada; de igual manera, frente a la ausencia de lesiones visibles, indicó que un mecanismo de asfixia puede no dejar signos externos apreciables, según la intensidad de la fuerza aplicada, la modalidad de la maniobra y características individuales como el tono de piel, razón por la cual dicha ausencia no desvirtúa, por sí sola, la compatibilidad médico-legal del relato con los hallazgos examinados.
En tercer lugar, la declaración juramentada del médico, Dr. Juan Carlos Sierra Orozco, galeno de los servicios de urgencias de la Clínica Nuestra Señora de Torcoroma quien atendió a la víctima el 8 de mayo de 2021, rendida ante la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ocaña el 15 de febrero de 2025, corrobora la existencia de las lesiones físicas documentadas en la epicrisis, en cuanto el declarante confirmó haber evidenciado en el examen físico las lesiones en la región ocular de la paciente, describió que ella llegó en estado de crisis, con evidentes signos de miedo, estrés y ansiedad, y precisó que el protocolo de atención de urgencias en casos de violencia de género no tiene por objeto determinar el mecanismo específico de trauma, función que compete exclusivamente a medicina legal, sino brindar atención prioritaria a la paciente; estas circunstancias otorgan al testimonio del galeno un carácter confirmatorio de las lesiones relacionadas en la epicrisis, de manera que la declaración médica y el documento clínico coinciden en estos aspectos probatorios.
La violencia verbal como componente del cargo también cuenta con elementos probatorios en el expediente; los mensajes de datos, conversaciones entre el disciplinable y la víctim, obran en el plenario las diligencias adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, y han sido valorados conforme a las reglas de la sana crítica y los parámetros señalados por la Corte Constituciona, en cuanto establecen que las copias impresas de mensajes de datos serán valoradas según las reglas generales de los documentos y su fuerza probatoria depende del grado de confiabilidad en términos de autenticidad y veracidad; en este caso, los mensajes dan cuenta de comunicaciones entre los involucrados que resultan coherentes con la descripción fáctica de una confrontación iniciada antes del arribo del disciplinable al inmueble, de modo que su valor acreditativo no deriva de su carácter autónomo sino de su convergencia con los demás elementos del acervo probatorio.
De igual manera, la minuta de anotaciones de la Estación de Policía de Ocaña del 8 de mayo de 2021 a las 19:50 horas señala que la señora [María] tomó la determinación de instaurar la denuncia en la SIJIN de Ocaña y solicitó acompañamiento para retirar sus pertenencias de la vivienda, lo cual indica que, libre de la situación de apremio inmediato de la noche anterior y en condiciones que permiten constatar una voluntad deliberada y autónoma, la víctima formalizó ante las autoridades competentes el relato de los hechos de violencia.
La declaración de Clemencia Johanna Sánchez Hernánde, residente en el tercer piso del edificio Torres Club donde ocurrieron los hechos, también constituye un elemento probatorio externo e independiente; en efecto, la declarante manifestó que en la noche del 7 de mayo de 2021 escuchó los gritos de la señora [María] desde el interior del apartamento, en los que pedía que la ayudaran, y que una vez llegó la Policía ella y su esposo subieron al piso, donde la víctima les abrió la puerta mientras el señor Arias Quintero señalaba que se trataba de problemas de pareja y pedía que no intervinieran; este testimonio tiene la capacidad de probar, de manera independiente a las partes involucradas, la existencia de un episodio de violencia en el interior del inmueble que motivó la intervención policial, así como la presencia simultánea de ambas personas en el lugar de los hechos.
La declaración de [María], rendida ante la Procuraduría el 29 de marzo de 2022, opera como un referente para la acreditación de los hechos que son objeto de demostración en el presente proceso; por ello se tiene en cuenta que, en dicha declaración rendida ante el despacho disciplinario, la víctima relató de manera detallada y consistente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos del 7 de mayo de 2021, describiendo: la secuencia de mensajes e insultos previos al ingreso del disciplinable al apartamento; su estado de indefensión al momento del inicio de la agresión física, la naturaleza de las agresiones físicas infligidas [golpes en el rostro, cara y muslo]; los actos de agresión que la llevaron a pedir auxilio a viva voz; la circunstancia de intervención policial que atendió la agresión; y la comunicación posterior del procesado en la que, según lo manifestado, solicitó que la víctima no formalizara la denuncia.
Dicho relato, en su condición de referente fáctico, resulta coherente con los elementos probatorios analizados, en la medida en que: la ubicación y naturaleza de las lesiones documentadas en la epicrisis y en el examen médico legal concuerdan con las zonas corporales referidas; la secuencia temporal narrada [inicio de la agresión mientras la víctima dormía, gritos de auxilio, llegada de la Policía] es compatible con la hora y circunstancias registradas en la minuta policial; la descripción de los intentos de asfixia, aunque no generó marcas visibles, encuentra respaldo en la explicación técnica del perito forense sobre la posibilidad de ausencia de lesiones según la fuerza y el mecanismo causal; y la comunicación posterior del disciplinable, tal como se desprende de los mensajes obrantes en el plenario, resulta concordante con el reconocimiento de los hechos que la víctima describió.
El hecho de que la señora [María], en presencia de la Policía en la noche del 7 de mayo de 2021, manifestara no querer instaurar denuncia, no constituye
un elemento que desvirtúe la ocurrencia de los hechos ni que afecte la coherencia del acervo probatorio; en efecto, la minuta policial del 7 de mayo da cuenta de que la víctima fue atendida en un contexto de vulnerabilidad emocional, habida cuenta que la intervención policial se produjo precisamente mientras los hechos estaban en curso, de manera que la reacción inicial de quien ha sido víctima de violencia y se encuentra en estado de shock no puede equipararse a una contradicción fáctica, en tanto responde a dinámicas documentadas en la literatura especializada e incorporada en la jurisprudencia constituciona; a lo anterior se añade que, al día siguiente, 8 de mayo de 2021, según da cuenta la segunda minuta policial, la misma persona retornó voluntariamente a instaurar la denuncia y solicitar acompañamiento para retirar sus pertenencias del inmueble, lo cual es indicativo de una decisión autónoma, deliberada y libre de la presión dada conforme los hechos de la noche anterior.
Del acervo probatorio reseñado, esta Sala encuentra que los hechos del cargo; violencia física y verbal del señor Deiby Alberto Arias Quintero contra la señora [María] el 7 de mayo de 2021 se encuentran probados a través de: (i) registros médicos independientes; la epicrisis de la Clínica Torcoroma que documentan objetivamente las lesiones físicas; (ii) el testimonio del médico de urgencias que atendió a la víctima; (iii) el dictamen forense que certificó que las lesiones; (iv) los registros de la Estación de Policía de Ocaña que acreditan la intervención en curso el 7 de mayo y la formalización de la denuncia el 8 de mayo; (v) testimonios de vecinos del inmueble que percibieron de manera directa los hechos objeto de reproche; (vi) los mensajes de datos que dan cuenta del contexto comunicacional previo y posterior a los hechos; (vii) la medida de protección otorgada por la Comisaría de Familia de Ocaña; y (viii) la declaración de la víctima como referente fáctico que orienta la lectura integrada de los elementos anteriores.
6.2.3 Tipicidad (Juicio de adecuación)
La tipicidad, como categoría dogmática del derecho disciplinario, materializa uno de los mandatos del principio de legalidad como desarrollo del debido proceso, en cuanto exige la determinación previa, clara y cierta de las conductas sancionable; por su relación con la reserva de ley, corresponde al legislador definir, de manera abstracta y objetiva, cuáles comportamientos desplegados por quienes ejercen funciones públicas deben ser objeto de reproche; en ese marco, el juicio de adecuació– o subsunció consiste en confrontar el comportamiento acreditado con el texto normativo que consagra la conducta tipificada.
6.2.3.1 De la aplicación de tipos en blanco y la integración normativa de tratados internacionales
La Corte Constituciona ha reconocido que el derecho disciplinario admite estructuras típicas abiertas, conocidas como tipos en blanco, en las que el contenido de la conducta reprochada se define a partir de la infracción de deberes, sin que ello suponga vulneración alguna del principio de tipicidad, siempre y cuando estos sean exigibles y se encuentren previamente establecidos en el ordenamiento jurídico; estructura que obedece a la naturaleza propia del derecho disciplinario como instrumento de garantía del correcto ejercicio de la función pública, ámbito en el que la multiplicidad y complejidad de las exigencias propias del cargo hace imposible su descripción exhaustiva mediante tipos cerrados.
La autonomía del derecho disciplinario implica, entonces, que la conducta pueda subsumirse en la infracción de deberes; en el caso concreto, la conducta atribuida al disciplinable [agresión física y verbal contra (María)] configura un desconocimiento de las obligaciones de respeto a la dignidad humana, la integridad personal y la prohibición de ejercer violencia contra la mujer; mandatos de fundamento constitucional que se encuentran reforzados por la Convención de Belém do Pará en su condición de instrumento integrante del bloque de constitucionalidad.
El argumento de la defensa según el cual el operador disciplinario debió acudir a otras disposiciones del ordenamiento interno para estructurar el reproche desconoce precisamente la autonomía del derecho disciplinario y la estructura del tipo en blanco ya explicada; pues cuando la conducta se adecua en el incumplimiento de deberes previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, integrado con las obligaciones convencionales derivadas de la Convención de Belém do Pará, no se impone acudir a una fuente normativa distinta ni menos restrictiva por vía de adecuación subsidiaria; de manera que el reparo no está llamado a prosperar.
En cuanto al cuestionamiento sobre el uso del enfoque de género, esta Colegiatura considera que su aplicación no comporta mengua alguna del principio de legalidad, sino que es una herramienta hermenéutica que permite interpretar y aplicar las normas disciplinarias en consonancia con los mandatos constitucionales de protección reforzada a sujetos históricamente discriminados, punto sobre el cual la Sala se extenderá en el acápite 6.2.6 de estas consideraciones.
Por todo lo expuesto, incluido el análisis desarrollado en el acápite 6.2.1.2 de esta providencia, la Sala no advierte vulneración alguna de los principios de legalidad y tipicidad; en consecuencia, los reparos formulados por la defensa en este punto no están llamados a prosperar.
Es oportuno que la Sala aborde en este punto el juicio de adecuación, en cuanto constituye un reparo defensivo expresamente formulado en el recurso de apelación; en ese orden, se tiene que en el ámbito del derecho disciplinario el principio de tipicidad exige que la conducta reprochada al servidor público se encuentre descrita en la ley como falta disciplinaria de manera previa, expresa e inequívoca; exigencia que en el presente caso se satisface, como pasa a exponerse.
El cargo disciplinario imputado a Deiby Alberto Arias Quintero se fundamentó en el desconocimiento del numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, que impone a todo servidor público el deber de cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario y los demás ratificados por el Congreso; disposición que opera como tipo en blanco, en cuanto remite a otras fuentes normativas para completar el contenido del deber cuya infracción configura la falta; estructura que el legislador disciplinario adoptó deliberadamente para garantizar que el catálogo de deberes del servidor público sea comprehensivo y se actualice con el desarrollo del ordenamiento jurídico nacional e internacional, sin que ello comprometa las exigencias de legalidad y tipicidad, en la medida en que tanto la norma que describe el deber como la que establece la sanción se encuentran previa y expresamente definidas en la ley.
El contenido específico del deber se integra, en el presente caso, a partir de los artículos 4, literal b), y 7, literal a), de la Convención de Belém do Pará, aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 248 de 1995 y desarrollada en el ordenamiento interno por la Ley 1257 de 2008; instrumentos que reconocen el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia e imponen al Estado y, por extensión, a quienes ejercen funciones públicas en su nombre, la obligación de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer.
A efectos de sistematizar el juicio de adecuación y hacer explícita la correspondencia entre cada elemento de la tipicidad y los hechos acreditados en el expediente, la Sala presenta la siguiente matriz:
Matriz del juicio de adecuación.
| Elemento | Disposición normativa | Hecho probado (6.2.2. Del análisis y valoración probatoria) |
Sujeto activo cualificado | Art. 25 y 34.1 Ley 734/2002 | Deiby Alberto Arias Quintero fue elegido concejal del municipio de Ocaña para el período 2020-2023, según Formato E-27 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y certificación del Concejo Municipal de Ocaña; ostentaba dicha condición al momento de los hechos. |
Sujeto pasivo | Arts. 4.-b) y 7.-a) Convención Belém do Pará | [María] es mujer y fungía como compañera sentimental del disciplinable al momento de los hechos; presentando lesiones físicas con incapacidad médico-legal. |
Deber funcional | Art. 34.1 Ley 734/2002 integrado con arts. 4-b) y 7. a) Convención Belém do Pará; Ley 248/1995; Ley 1257/2008 | El disciplinable, en su condición de concejal en ejercicio, tenía el deber de abstenerse de todo acto de violencia contra la mujer derivado de la Convención de Belém do Pará, incorporada al ordenamiento interno mediante la Ley 248 de 1995; deber que incumplió el 7 de mayo de 2021 con actos de violencia física y verbal. |
Verificada la correspondencia entre cada elemento del tipo y los hechos probados, el argumento de atipicidad formulado por la defensa no está llamado a prosperar; en consecuencia, la adecuación típica efectuada por el fallador de primera instancia se encuentra jurídicamente sustentada y será confirmada por esta Sala.
6.2.4. De la ilicitud sustancial (Juicio de valoración)
Verificada la adecuación típica de la conducta, la Sala efectúa el juicio de valoración como categoría dogmática autónoma; pues en el derecho disciplinario es necesario establecer que dicha conducta afectó sustancialmente el deber sin justificación alguna.
Desde el plano deontológico, el señor Deiby Alberto Arias Quintero, en su condición de concejal del municipio de Ocaña, tenía la obligación de abstenerse de cualquier acto de violencia contra la mujer, derivada de la Convención de Belém do Pará e incorporada al ordenamiento interno mediante la Ley 248 de 1995; obligación que fue desatendida con la conducta acreditada en el proceso, pues agredir a una mujer resulta incompatible con el ejercicio digno de la función pública. Desde el plano axiológico, la conducta del disciplinable trascendió el incumplimiento normativo; desconoció la dignidad humana como valor fundante del ordenamiento constitucional y, con ella, la protección reforzada que el Estado le debe a toda mujer contra la violencia; afectación que adquiere sustancialidad precisamente porque quien la cometió era un representante popular, esto es, un servidor en quien la comunidad había depositado su confianza para cumplir, desde su cargo, los valores y fines del Estado Social de Derecho y no para contradecirlos con su conducta; esa contradicción entre el mandato de representación y el acto de violencia es lo que convierte la infracción en sustancialmente ilícita.
En conclusión, la Sala no encuentra en el proceso elemento alguno que justifique la agresión ejercida por el disciplinable contra [María]; de manera que la conducta es sustancialmente ilícita y compromete el deber en los términos exigidos para estructurar la responsabilidad disciplinaria, lo que habilita a la Sala para proceder al juicio de reproche.
6.2.5. Culpabilidad (juicio de reproche)
En materia disciplinaria, el ordenamiento jurídico proscribe toda forma de responsabilidad objetiva; en consecuencia, las faltas únicamente son sancionables a título de dolo o culpa, por ello, el juicio de reproche, descrito por el Consejo de Estad–, debe adelantarse a partir de la verificación del nexo psicológico entre el autor y la conducta desplegada para su consumación, esto es, establecer si el sujeto disciplinable actuó con dolo o culpa y, además, si le era exigible un comportamiento diverso al realizado.
Antes de desarrollar el juicio de reproche, la Sala aborda los argumentos de la defensa que inciden directamente en esta categoría dogmática: la alegada vulneración de la presunción de inocencia por insuficiencia del estándar probatorio.
6.2.5.1 De la presunción de inocencia y la valoración probatoria
La defensa sostiene que el fallo de primera instancia desconoce la presunción de inocencia porque se profirió sin que el material probatorio alcanzara el estándar de certeza requerido, señalando inconsistencias, vacíos y contradicciones que, en su criterio, impiden desvirtuar dicho principio.
Frente a este planteamiento, la Sala recuerda que la presunción de inocencia en el ámbito disciplinario exige que la responsabilidad del disciplinable y la ocurrencia de la conducta reprochada se establezcan a partir de un estándar de certeza, construido sobre la valoración integral del caudal probatorio conforme a las reglas de la sana crítica; estándar que en el caso bajo estudio se encuentra satisfecho, dado que la decisión de primera instancia se fundamentó en un razonamiento probatorio coherente y suficientemente motivado sobre la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad disciplinaria, tal como se desprende del análisis del numeral 5 del fallo de primera instancia:
Hecho que se acredita | N° de la prueba (fallo de 1ª instancia) | Medio de prueba | Sujeto / Entidad |
| Calidad de concejal del disciplinable | 10 | Formato Único de Hoja de Vid | Deiby Alberto Arias Quintero |
| 11 | Formato E-27 Registraduría Nacional del Estado Civi | Registraduría Nacional declara electo concejal período 2020-2023 | |
| 12 | Certificació | Concejo Municipal de Ocaña | |
| Ocurrencia de los hechos y contexto de la intervención policial | 3 | Correo electrónic | Cap. Juan Camilo Agudelo Ospina (Policía Nacional), Procuraduría Provincial y otras entidades |
| 4 | Oficio No. 04171 | Sub. Julián Andrés Acosta Salgado a Cap. Agudelo Ospina, Cdte. Estación Policía Ocaña | |
| 16 | Declaración jurada de Jerson Heli Peñarand (CD) | Jerson Heli Peñaranda | |
| 18 | Declaración jurad (CD) | Laura Portillo | |
Fl. 244-246 | Minuta de anotaciones de la Estación de Policía de Ocañ | Policía de Ocaña | |
| Lesiones físicas de la víctima | 6 | Historia clínica | Paciente: [María] |
| 7 | Epicrisis Clínica y Droguería Nuestra Señora de Torcoroma S.A.S | Paciente: [María] | |
| 15 | Oficio No. UBAGCHC-DSCSR-00184-2021 - aclaración/ampliación informe médico lega Informe pericial de clínica forense UBAGCHC-DSCSR-00159-2021 | INMLCF | |
| 17 | Declaración jurada - perito forens (CD) | Dr. Oscar Eduardo Fuentes | |
| 19 | Declaración jurada - médico urgencia (CD) | Dr. Juan Carlos Sierra Orozco | |
| Relato de la víctima con circunstancias de modo, tiempo y lugar | 5 | Formato Único de Noticia Crimina | [María] y suscrito ante la Fiscalía |
| 13 | Declaración (disco compacto | [María] | |
| 14 | Copia diligencias Fiscalía. Rad. 544986001132202100745 (CD | Fiscalía General de la Nación. Diligencias contra Deiby Arias Quintero | |
| Medidas de protección adoptadas y el reconocimiento institucional de la violencia | 9 | Auto de admisión y avocamiento con medida de protección por violencia intrafamilia | Comisaría de Familia de Ocaña, a favor de [María] |
| Trascendencia social e institucional de la conducta | 1 | Nota periodístic | Diario La Opinión |
| 2 | Comunicado a la opinión pública del Concejo Municipa | Concejo Municipal de Ocaña. | |
| 8 | Oficio a la Procuradora General de la Nació | Vicepresidenta de la República | |
En cuanto a los cuestionamientos dirigidos contra la prueba pericial médica, esta Colegiatura considera que, aun en el supuesto de que dicho elemento probatorio no estableciera de manera categórica el mecanismo específico de producción de las lesiones, ello no conlleva la inexistencia de la agresión ni desvirtúa el conjunto de elementos que, valorados integralmente, permiten probar la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad disciplinaria, pues la categoría forense de “elemento contundente” constituye el estándar técnico utilizado por medicina legal para describir lesiones causadas por objetos o extremidades corporales duras, de manera que la ausencia de una denominación específica no evidencia debilidad probatoria sino que refleja la metodología propia de la disciplina forense; en ese mismo orden, la ausencia de determinadas lesiones específicas, como las asociadas al presunto acto de estrangulamiento, tampoco resulta determinante para excluir la responsabilidad disciplinaria, en la medida en que la conducta reprochada se comprobó con las lesiones causadas a través de diversos medios probatorios que convergen en la misma conclusión fáctica.
Los argumentos sobre la aparición tardía de ciertas lesiones y la falta de aplicación de protocolos específicos para violencia de pareja carecen igualmente de entidad para producir una duda razonable, pues no desvirtúan el núcleo fáctico de la imputación ni afectan el valor suasorio del acervo probatorio en su conjunto, habida cuenta que la demora en la aparición de hematomas u otras manifestaciones de trauma no puede interpretarse como indicio de ausencia de agresión.
En lo que concierne a la negativa inicial de la víctima a presentar denuncia, la Sala comparte la valoración realizada en primera instancia, en el sentido que dicha circunstancia no es incompatible con la ocurrencia de los hechos, especialmente en contextos de violencia de género donde es frecuente que las víctimas experimenten temor, dependencia emocional o ambivalencia frente a la denuncia; así lo expuso el a quo:
“[…] las pruebas revelan que el día de los hechos, en presencia de la policía, [MARÍA] manifestó no querer instaurar denuncia en contra de DEIBY ALBERTO ARIAS QUINTERO por los actos de violencia en su contra. Sin embargo, solo por esta situación el despacho no puede descartar la ocurrencia del hecho de violencia […] pues debe considerarse que, fue la policía quien interrumpió la situación de riña que se presentaba al interior del apartamento, en el que, [MARÍA], según los testimonios recolectados, gritaba que la ayudaran, que la estaban matando, que pedía auxilio.
En esas circunstancias, el despacho reconoce que, el día de los hechos y en presencia de la policía, la víctima pudo encontrarse en una situación traumática, característica en estos casos de violencia de género, la cual ameritaba su necesidad de buscar un resguardo seguro, en el que pudiese encontrar la tranquilidad necesaria ante ese estado de vulnerabilidad”.
La hipótesis de una supuesta confrontación mutua tampoco logra desvirtuar la responsabilidad disciplinaria, toda vez que, aun si hubiera existido discusión recíproca entre las partes, la conducta de agresión física y verbal constituye, en sí misma, un incumplimiento de deberes que se configura con independencia del contexto en que se produjo la disputa y que no admite justificación en la conducta de una víctima.
Por todo lo anterior, no se configura la alegada duda razonable; en tanto el caudal probatorio, valorado en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, permite alcanzar el estándar de certeza disciplinaria requerido para desvirtuar la presunción de inocencia y sustentar la responsabilidad disciplinaria.
Resueltos los argumentos defensivos de la apelación, corresponde a la Sala desarrollar el juicio de reproche; para ello, la Sala verifica en primer lugar la imputabilidad del señor Deiby Alberto Arias Quintero, quien al momento de los hechos era ciudadano mayor de edad con formación profesional y experiencia en el sector público que ejercía como concejal del municipio de Ocaña, condición que le imponía el conocimiento de las obligaciones derivadas del numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y de la Convención de Belém do Pará, y que descarta cualquier posibilidad de incapacidad para comprender la exigibilidad de sus deberes; verificada la imputabilidad, el elemento cognitivo del dolo, esto es, el conocimiento de la ilicitud, se acredita a partir de la conducta posterior del disciplinable, toda vez que según la declaración de la víctima se comunicó con ella para solicitarle que no formalizara la denuncia, conducta que revela conciencia plena sobre la ilicitud de lo actuado; el elemento volitivo, en su dimensión de voluntad de realización, se infiere de la secuencia de actos de violencia desplegados sobre [María], circunstancia que descarta toda reacción imprevista y sitúa la conducta en el ámbito de una acción conscientemente dirigida; verificados los tres elementos, la Sala concluye que la conducta fue realizada a título de dolo y que no concurre causal alguna de exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, por lo que la imputación subjetiva será ratificada.
6.2.6. Del enfoque de género como herramienta hermenéutica
La defensa argumenta que el enfoque de género empleado en la valoración probatoria vulnera la presunción de inocencia y compromete la imparcialidad del análisis; esta Sala no comparte dicha postura, pues el enfoque de género es una herramienta hermenéutica que deriva de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia por medio de la Convención de Belém do Pará y de una jurisprudencia constitucionaque esta Sala aplica en su integridad.
Tres precisiones son indispensables para despejar el argumento defensivo:
Primera. El enfoque de género no invierte la carga de la prueba ni genera presunción de culpabilidad del investigado, pues su función es permitir una lectura contextualizada de las pruebas que reconozca las dinámicas de poder y los patrones de discriminación sistémica que caracterizan los contextos de violencia contra la mujer, sin que ello implique eludir el deber de probar la responsabilidad disciplinaria con el estándar de certeza.
Segunda. El operador jurídico debe continuar la valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica, incorporando en el análisis las pautas de comportamiento que suelen presentarse en víctimas de violencia de género, a fin de evitar que tales manifestaciones sean apreciadas como indicios de falta de credibilidad, cuando pueden tener una explicación racional asociada al contexto de vulnerabilidad.
Tercera. El enfoque de género no puede omitirse cuando el caso involucra violencia contra la mujer; pues su aplicación corresponde al deber de debida diligencia reforzada que el Estado colombiano ha asumido en virtud de los compromisos convencionales derivados de la Convención de Belém do Pará y de la CEDAW, y que la Corte Constituciona ha reconocido como una exigencia.
En el caso concreto, el enfoque de género fue aplicado como criterio de valoración probatoria compatible con la sana crítica, pues permitió apreciar el comportamiento de la víctima dentro del contexto propio de la violencia contra la mujer; en esa medida, la negativa inicial a denunciar fue entendida como una circunstancia susceptible de explicación racional a partir de las reacciones emocionales, personales y contextuales generadas por los hechos violentos; adicionalmente, el relato de la víctima fue contrastado con los demás elementos de prueba incorporados a la actuación, lo que permitió verificar su respaldo probatorio; finalmente, la valoración del contexto de vulnerabilidad operó como herramienta hermenéutica para asegurar una lectura integral, contextualizada y libre de estereotipos, preservando la obligación del operador disciplinario de decidir con fundamento en un análisis conjunto, lógico, razonado y suficiente de la prueba.
Es del caso señalar que la protección prevista en la Convención de Belém do Pará no se encuentra condicionada a la existencia de un vínculo conyugal, sentimental, familiar, permanente o habitual entre víctima y agresor, sino a que la conducta comporte violencia ejercida contra una mujer en los términos definidos por dicho instrumento internacional; por ello, el contexto de violencia intrafamiliar aludido por la defensa no desvirtúa la aplicabilidad de la Convención y, en consecuencia, el reparo defensivo no está llamado a prosperar.
6.2.7. De la sanción disciplinaria
La primera instancia inició el análisis sancionatorio precisando que la actuación disciplinaria comenzó bajo la vigencia de la Ley 734 de 2002 y que, si bien dicho estatuto fue derogado por la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, resultaba necesario examinar el régimen de transición previsto en el artículo 263 del Código General Disciplinario.
A partir de ello, consideró que, para efectos de la dosificación de la sanción, debía acudirse al principio de favorabilidad, aplicando el inciso segundo del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, que establece que la suspensión no será inferior a un (01) mes ni superior a doce (12) meses; mientras que la sanción prevista en la Ley 1952 de 2019 para las faltas graves dolosas es la de suspensión en el ejercicio del cargo de tres (3) a dieciocho (18) meses e inhabilidad especial por el mismo término.
Al respecto, el fallador de primera instancia sostuvo que "[e]n ese orden de ideas, apelando al principio de favorabilidad resulta indispensable aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, que señala que la sanción correspondiente a la suspensión en el ejercicio del cargo y la inhabilidad especial no será inferior a un mes ni superior a doce meses". Lo anterior, efectivamente, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 2 del artículo 44 del CD.
El fallador de primera instancia identificó tres criterios de agravación para la dosificación de la sanción; el grave daño social ocasionado por la conducta, la afectación de derechos fundamentales de la víctima y el conocimiento de la ilicitud por parte del disciplinable, sin que encontrara criterio de atenuación alguno que concurriera en el caso concreto.
Como resultado de lo anterior, el fallador de primera instancia impuso la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) meses, sin perjuicio de la inhabilidad especial prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002; y advirtió que, de no ser posible la ejecución material de la suspensión, esta se convertiría en salarios, conforme a lo devengado al momento de la comisión de la falta.
Finalmente, verificado el escrito de apelación en cumplimiento del principio de limitación previsto en el artículo 234 del CGD, la Sala advierte que la defensa no formuló reproche alguno sobre la sanción impuesta ni sobre su dosificación.
6.2.8. Conclusión
Dadas las consideraciones expuestas, la Sala concluye que hay lugar a confirmar el fallo disciplinario de primera instancia, en tanto se encuentra acreditado, en grado de certeza, que Deiby Alberto Arias Quintero, en su
condición de concejal de Ocaña (Norte de Santander) para la época de los hechos, incurrió en una falta grave a título de dolo al ejercer violencia física y verbal contra la señora [MARÍA] el 7 de mayo de 2021; en consecuencia, se confirma la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de doce (12) meses.
6.2.9. Otras determinaciones: recurso extraordinario de revisión
En lo atinente al recurso extraordinario de revisión contra decisiones disciplinarias que vinculen a servidores públicos de elección popular, como ocurre en el presente asunto, debe estarse a lo decidido por la Corte Constituciona en la Sentencia C-030/23, así como a lo fijado en el auto de unificación jurisprudencial del Consejo de Estad–––––– del 3 de diciembre de 2024, en especial en lo relativo a las siguientes pautas:
“Primera regla:
Procedencia:
El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo de elección popular al momento de la imposición de la sanción.
Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas. […]
Según la Ley 2094 de 2021 y la modulación efectuada por la Sentencia C-030 de 2023, esta acción de revisión quedó circunscrita a las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad impuestas por la Procuraduría General de la Nación que implican una «restricción o limitación temporal al derecho a ser elegido de un servidor público de elección popular, en ejercicio de sus funciones. Lo anterior por cuanto este tipo de sanciones tienen la virtualidad de interrumpir el mandato popular y, en esa medida, lesionan gravemente el principio democrático y el derecho a la representación política efectiva, previstos en la Constitución Política y la CADH. Así, independientemente de si la falta se cometió antes o durante el ejercicio del cargo de elección popular, lo importante es que la sanción afecte el ejercicio efectivo del mandato popular y los derechos políticos del elegido. Por lo tanto, debe entenderse que las demás sanciones disciplinarias, como la multa o la amonestación escrita, que se llegaren a aplicar a estos mismos servidores públicos, no son objeto de este recurso judicial. […] (subrayado de la Sala).”
En el caso concreto la Sala encuentra que el sancionado Deiby Alberto Arias Quintero en la actualidad se encuentra en ejercicio como concejal de Ocaña (Norte de Santander) mismo cargo que ostentaba para la época de los hechos, como consta en el acta de escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, motivo por el cual la ejecución de la sanción de suspensión e inhabilidad especial implicaría su retiro temporal del servicio, por el lapso señalado, lo que sin duda comporta una interferencia de sus derechos políticos. En ese sentido, esta Colegiatura precisa que el presente fallo de segunda instancia no cobrará ejecutoria y su ejecución quedará suspendida de acuerdo con la primera subregla del auto de unificación del Consejo de Estado, citado.
Adicionalmente, una vez notificado el presente fallo, por Secretaría se correrá el traslado de treinta (30) días previsto en el artículo 238D del Código General Disciplinario, para que el disciplinable, si a bien lo tiene, presente sus argumentos, ejerza la contradicción y haga uso de las demás garantías propias del derecho de defensa.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de primera instancia proferido el 13 de junio de 2025 por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ocaña contra Deiby Alberto Arias Quintero, identificado con la cédula de ciudadanía 5.470.343 en su condición de concejal de Ocaña (Norte de Santander) mediante el cual lo declaró disciplinariamente responsable y, como consecuencia, le impuso sanción consistente en suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por doce (12) meses, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el contenido de esta determinación a los sujetos procesales, de conformidad con lo establecido en los artículos 121, 122 y 127 del CGD, a quienes se les indicará que en cumplimiento de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional y el auto de unificación jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 3 de diciembre de 2024, procede el recurso extraordinario de revisión ante las Salas Especiales de Revisión de dicho tribunal. Por tanto, la ejecución de la sanción queda suspendida, hasta que se resuelva el referido recurso.
COMUNICAR el contenido de esta decisión al Concejo Municipal de Ocaña (Norte de Santander) para los efectos de su conocimiento y eventual ejecución, una vez en firme la presente decisión.
TERCERO. CORRER traslado al sancionado Deiby Alberto Arias Quintero, así como a su apoderado, para que, en el término de los treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente fallo, ejerzan su derecho de defensa y todas las garantías procesales, previo a que el Consejo de Estado realice el control integral de la actuación disciplinaria.
CUARTO. REMITIR, vencido el término anterior, por la Secretaría de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, copia digitalizada e íntegra del expediente disciplinario al Consejo de Estado, Sala Especial de Revisión (reparto), para lo de su competencia.
QUINTO. La ejecutoria de la decisión y la ejecución de la sanción disciplinaria en contra del sancionado queda suspendida hasta que se resuelva el referido recurso, lo cual también se informará en la notificación a cargo de la Secretaría de esta Sala.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS GERMÁN ORTEGA RUIZ
Procurador Delegado
GLORIA EDITH RAMÍREZ ROJAS
Procuradora Delegada
CARLOS HUMBERTO GARCÍA PARRADO
Procurador Delegado
Presidente
Elaboró: Mario Enrique Galvis Ayala (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Revisó: Luis Germán Ortega R. (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Aprobó: Luis Germán Ortega R./Gloria Edith Ramírez Rojas /Carlos Humberto García Parrado (SDJSPE)
