| Dependencia: | Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular |
| Radicado: | IUS E-2022-259463 / IUC D-2022-2402072 |
| Investigados: | Javier Andrés Fino Celis y otros. |
| Cargos: | Concejales |
| Entidad: | Municipio de Lejanías (Meta) |
| Fecha queja: | 27 de abril de 2022 |
| Fecha hechos: | 16 de diciembre de 2021 |
| Asunto: | Fallo de segunda instancia |
Bogotá, D.C., 28 de mayo de 2026
Aprobado en Sala, con Acta No.015
P.D. Ponente: Luis Germán Ortega Ruiz
I. ASUNTO
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado Javier Andrés Fino Celis, contra el fallo de primera instancia proferido el 16 de diciembre de 2024 por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Villavicencio, que lo declaró disciplinariamente responsable y, como consecuencia, le impuso sanción consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses.
II. HECHOS
Los hechos objeto de la presente actuación disciplinaria se contraen a presuntas irregularidades en la votación y aprobación del Acuerdo 027 del 16 de diciembre de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No 024 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021”, que autoriza al alcalde municipal de Lejanías, Meta, para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras.
3.1 Indagación preliminar
La actuación disciplinaria se inició por quej presentada por José Enrique Molina Rojas, en la que se informó sobre los hechos en mención.
Con base en lo señalado, mediante auto del 24 de noviembre de 2022, Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio inició indagación previ frente a servidores por determinar.
3.2 Investigación disciplinaria
Mediante auto del 7 de septiembre de 2023, la procuraduría territorial de instrucción dio apertura formal de investigación disciplinari frente a Liliana María Flórez, Luis Eduardo Cortés López, Julián Díaz Amézquita, Fausto Alexander Mejía Mejía y Javier Andrés Fino Celis, concejales del municipio de Lejanías, Meta; y Oscar Iván Chaparro Suárez, en su condición de alcalde municipal.
La decisión fue notificada a través de correo electrónico el 14 de septiembre de 2023 a Luis Eduardo Cortés Lópe, Julián Díaz Amézquit, Liliana María Flóre, Fausto Alexander Mejía Mejí, Javier Andrés Fino Celis; y el 19 del mismo mes y año a Oscar Iván Chaparro Suáre, previa autorización expres.
3.3 Cierre de la investigación y traslado para alegaciones precalificatorias
El 18 de junio de 2024, la dependencia instructora cerró la investigació y corrió traslado para alegatos precalificatorios, decisión que fue notificada a los sujetos procesale. Los investigados no presentaron sus alegaciones iniciales.
3.4 Pliego de cargos
El 25 de julio de 2024, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio formuló cargo a Liliana María Flórez, Luis Eduardo Cortés López, Julián Díaz Amézquita, Fausto Alexander Mejía Mejía y Javier Andrés Fino Celis, señalando que “en sus calidades de concejales del Municipio de Lejanías, Meta, presuntamente pudieron incurrir en falta disciplinaria al participar en la votación y aprobación del proyecto de Acuerdo 026 de 2021, el cual se constituyó definitivamente en Acuerdo Municipal No 027 del 16 de diciembre de 2016 (Sic) `POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO NÚMERO CERO 24 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021´”.
La dependencia de instrucción sostuvo que, los disciplinables, presuntamente incurrieron en la violación del artículo 73, inciso 3º, de la Ley 136 de 1994, toda vez que, entre el primer y segundo debate del proyecto de Acuerdo 027 de 2021, no transcurrieron los tres (3) días que prevé la norma, pues el primer debate se surtió el 13 de diciembre y el segundo debate se llevó a cabo el 16 de dicho mes, cuando este último debió realizarse el 17 de diciembre de 2021. Conducta que estimó constitutiva de irregularidad disciplinaria conforme al numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época; calificando la falta como grave.
El presupuesto de ilicitud sustancial se estructuró a partir del desconocimiento del principio de eficacia de la función administrativa; y en materia de culpabilidad, la falta fue calificada a título de culpa grave, por la falta de cuidado necesario que debieron tener los implicados al momento de aprobar el proyecto de acuerdo.
Frente a Oscar Iván Chaparro Suárez, se determinó que no incurrió en conducta de connotación disciplinaria, por lo que se dispuso la terminación y archivo a su favor.
La decisión de formulación de cargos fue notificada por correo electrónico el 5 de agosto de 2024, previa autorizació, a Javier Andrés Fino Celis, Liliana María Flóre, Julián Díaz Amézquit, Luis Eduardo Cortés Lópe y Fausto Alexander Mejía Mejí.
Surtida la notificación, la Procuraduría Provincial de Instrucción remitió la actuación a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Villavicencio para proseguir con la fase de juici.
3.5 Juzgamiento
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Villavicencio, con aut del 18 de septiembre de 2024, avocó conocimiento del proceso, fijó el procedimiento a seguir y ordenó correr traslado a los sujetos procesales para que presentaran descargos, y solicitaran y aportaran pruebas. Según constancia secretarial los disciplinables guardaron silenci.
Mediante auto del 15 de octubre de 202 la dependencia de juzgamiento dispuso el traslado para alegar de conclusión previamente al fallo de primera instancia. Según constancia secretarial los disciplinables guardaron silenci.
3.6 Fallo de primera instancia e impugnación
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Villavicencio, el 16 de diciembre de 2024, profirió fallo de primera instancia por el cual declaró responsable del cargo formulado a Liliana María Flórez, Luis Eduardo Cortés López, Julián Díaz Amézquita, Fausto Alexander Mejía Mejía y Javier Andrés Fino Celis, y les impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por tres (3) meses. La providencia fue notificada por edict fijado entre el 30 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025.
Notificada la decisión sancionatoria, a través de su apoderada de confianza, Javier Andrés Fino Celis interpuso y sustentó, dentro del término legal, recurso de apelación el 17 de enero de 202, el cual fue concedido ante esta Sala el 29 del mismo mes y añ. El expediente se recibi el 10 de febrero de 2025.
3.7 Pruebas en segunda instancia
Habida cuenta que con el escrito de apelación se aportaron documentos y solicitaron pruebas, con decisió del 4 de diciembre de 2025, la delegada ponente dispuso el decreto de pruebas de oficio en segunda instancia.
Con aut del 19 de diciembre de 2025, se ordenó el traslado a los sujetos procesales de las pruebas recaudadas en segunda instancia.
IV. PROVIDENCIA RECURRIDA
Después de narrar los antecedentes y concretar el acervo probatorio, en el fallo impugnado se expusieron los argumentos que sustentaron la decisión sancionatoria, así:
4.1 Adujo que, de acuerdo con las pruebas obrantes en la actuación, se encontró probado que los disciplinables, entre ellos, Javier Andrés Fino Celis, incurrieron en la falta disciplinaria imputada, al participar en la votación y aprobación del Acuerdo 027 del 16 de diciembre de 2021, infringiendo lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, específicamente, al aprobar el proyecto de acuerdo sin que transcurrieran tres (3) días entre el debate en plenaria y el debate en comisión.
4.2 Señaló que, obra certeza de la falta y la responsabilidad de los disciplinables, toda vez que, el debate en comisión del proyecto del Acuerdo 027 de 2021, se dio el 13 de diciembre y el debate en plenaria en donde se aprobó ocurrió el 16 del mismo mes, cuando este último debió darse el 17 de dicho mes, es decir, solo transcurrieron dos (2) de los tres (3) días señalados en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, por lo que el proyecto de Acuerdo en cuestión no fue sometido a consideración de la plenaria de la corporación pasados tres (3) días de su aprobación en la respectiva comisión.
4.3 Destacó el a quo que, el vicio legal en la votación y aprobación del acuerdo también es causal de nulidad del acto por expedición irregular, y así lo consideró el Tribunal Administrativo del Meta que mediante fallo del 21 de abril de 202, declaró la invalidez del Acuerdo 027 del 16 de diciembre de 2021, expedido por el concejo municipal de Lejanías, Meta.
4.4 En cuanto a la ilicitud sustancial, el a quo aseguró que los implicados afectaron el deber funcional al comprometer el principio de eficacia de la función administrativa, al aprobar el Acuerdo 027 de 2021 sin observar los trámites y los requisitos previstos en la ley.
4.5 Respecto a la culpabilidad, el fallo mantuvo la imputación subjetiva a título de culpa grave, al considerar que los procesados incurrieron en la falta por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, en consecuencia, se sostuvo la calificación de la falta disciplinaria como grave, bajo el título de imputación subjetiva de culpa grave.
V. RECURSO DE APELACIÓN
A través de apoderada, Javier Andrés Fino Celis, sustentó la alzada alegando, lo siguiente:
5.1 Tipicidad. Señaló que la citación a los debates no los realizó el disciplinable. Especificó que la citación y participación en cada uno de los debates, no es un acto discrecional de los concejales, sino que para su realización debe mediar un acto previo por parte del presidente del concejo.
Destacó que la responsable de la citación a la sesión plenaria extraordinaria objeto de investigación disciplinaria, es la concejal Rubiela Meléndez Montañez, quien ostentaba para dicha fecha la presidencia del concejo.
Agregó que, la citación a debates para la discusión y aprobación de los proyectos de Acuerdo es una función exclusiva del presidente del concejo, tiene el deber de convocar a las sesiones dentro de los términos legales y asegurar que los debates se ajusten a las normatividad vigente; por lo que si un concejal no participó en la citación a debates, no puede ser considerado como responsable por la irregularidades que se presenten frente a esta, pues dicha labor no recae dentro de las funciones específicas de los demás miembros de la corporación, que limitan su participación a participar de la sesiones citadas y ejercer su derecho al voto.
5.2 Ilicitud sustancial. Sostiene que la autorización dada por el concejo municipal al alcalde de Lejanías, Meta, para comprometer vigencias futuras con la aprobación del Acuerdo 027 de 2021, no fue utilizada por el ejecutivo para la celebración de negocios jurídicos, es decir, el acto administrativo no generó efectos jurídicos ni comprometió los intereses del municipio.
Lo anterior para indicar que, al no generarse una afectación real y efectiva al deber funcional ni lesionar los principios que rigen la función pública, en el presente asunto, no existe mérito para declarar la responsabilidad disciplinaria.
5.3 Desproporcionalidad de la sanción. Como quiera que el disciplinable Javier Andrés Fino Celis, actualmente ostenta el cargo de concejal elegido para el periodo 2024-2027, refirió que la sanción impuesta afecta derechos políticos tanto del investigado como el de sus electores.
Concluye los argumentos solicitando revocar la sanción impuesta por la procuraduría territorial.
VI. CONSIDERACIONES
De conformidad con el numeral 6º del artículo 277 de la Constitución Política, los artículos 1 y 16 de la Ley 2094 de 202 y el numeral 3º del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio del 16 de diciembre de 2024, proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Villavicencio, toda vez que dicha decisión fue proferida frente a servidores públicos de elección popular.
El recurso se estudia dentro del delimitado marco que define el inciso 2º del artículo 234 del CGD, en tanto establece, que «El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación».
Del mismo modo, corresponde a la Sala resolver conforme a los lineamientos señalados por la Corte Constituciona en la sentencia C-030 de 2023, reiterados, entre otras, en las sentencias SU-38, SU-38 y SU 417 de 202 y SU-426 de 202, así como por el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 202 y el auto de unificación del 3 de diciembre de 2024
6.2 Estructura de la decisión
Para resolver el recurso de apelación, la Sala se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (6.2.1) Análisis de responsabilidad disciplinaria en el caso concreto; (6.2.2) Dosificación de la sanción; (6.2.3) Recurso Extraordinario de Revisión; y (6.2.4) Conclusión.
6.2.1 Análisis de responsabilidad disciplinaria en el caso concreto
Para atender los planteamientos del apelante, se realizará el estudio probatorio y la valoración jurídica del cargo, a partir de lo cual se analizará la tipicidad del comportamiento imputado al disciplinable, Javier Andrés Fino Celis.
6.2.1.1 Análisis probatorio
En cumplimiento de ese mandato, y a fin de establecer si obra en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad de Javier Andrés Fino Celis, la Sala realiza la apreciación integral del material probatorio recaudado, organizado cronológicamente y valorado conforme a las reglas de la sana crítica, así:
6.2.1.1.1 Quedó acreditado que Javier Andrés Fino Celis fue elegido concejal del municipio de Lejanías, Meta, para el periodo 2020-202, y para el mes de diciembre de 2021, ostentaba el cargo de primer vicepresidente de la mesa directiva de la corporació.
6.2.1.1.2 El 13 de diciembre de 2021, la comisión segunda permanente de presupuesto y hacienda pública del concejo municipal de Lejanías, Meta, discutió y aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo 026 de 2021, «Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 024 del 30 de noviembre de 2021.
6.2.1.1.3 El 16 de diciembre de 2021, la plenaria del concejo municipal de Lejanías, Meta, en sesión extraordinaria, discutió y aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo 026 de 202. Como concejales asistentes se registró:
| Nº | HONORABLE CONCEJAL | ASISTENCIA | |
| PRESENTE | AUSENTE | ||
| 1 | LILIANA MARÍA FLÓREZ | X | |
| 2 | LUIS EDUARDO CORTES LÓPEZ | X | |
| 3 | JUAN CALDERÓN MATOMA | X | |
| 4 | JORGE ANÍBAL GONZÁLEZ CASAS | X | |
| 5 | JULIÁN DIAZ AMEZQUITA | X | |
| 6 | FAUSTO ALEXANDER MEJÍA MEJÍA | X | |
| 7 | JAVIER ANDRÉS FINO CELIS | X | |
| 8 | JAIME GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | X | |
| 9 | RUBIELA MELÉNDEZ MONTAÑEZ | X | |
| TOTAL | 6 | 2 | |
Frente a la aprobación del proyecto se registró la siguiente votación:
| No. | HONORABLE CONCEJAL | VOTACIÓN | |
| POSITIVO | NEGATIVO | ||
| 1 | LILIANA MARÍA FLÓREZ | X | |
| 2 | LUIS EDUARDO CORTES LÓPEZ | X | |
| 3 | JUAN CALDERÓN MATOMA | X | |
| 4 | JORGE ANÍBAL GONZÁLEZ CASAS | X | |
| 5 | JULIÁN DIAZ AMEZQUITA | X | |
| 6 | FAUSTO ALEXANDER MEJÍA MEJÍA | X | |
| 7 | JAVIER ANDRÉS FINO CELIS | X | |
| 8 | JAIME GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | AUSENTE | |
| 9 | RUBIELA MELÉNDEZ MONTAÑEZ | AUSENTE | |
| TOTAL | 5 | 2 | |
En el acta se registra como presidente a Rubiela Meléndez Montañez, sin embargo, la sesión la presidió el primer vicepresidente, Javier Andrés Fino Celis, señalándose que debido a un viaje de urgencia la concejal no pudo asistir y presidir la sesión.
6.2.1.1.4 Con ocasión a la aprobación del proyecto de acuerdo 026 en sesión plenaria realizada el 16 de diciembre de 2021, el concejo municipal de Lejanías, expidió el Acuerdo Municipal 027 del 16 de diciembre de 2021, «POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 024 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021»; mediante el cual se autorizaba al alcalde municipal para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 202.
6.2.1.1.5 El concejo municipal de Lejanías, el 16 de diciembre de 2021, certificó que el Acuerdo 027 de 2021, «POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 024 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021», contó con los dos debates reglamentarios señalados en la Ley 136 de 1994. Suscribe el documento Rubiela Meléndez Montañez, en su condición de presidenta de la corporación. Se extrae lo certificado
«[…]
Primer debate: Diciembre 13 de 2021 Aprobado
Segundo debate: Diciembre 16 de 2021 Aprobado
[…]
Que El Segundo debate fue dado en Sesiones Extraordinarias de la vigencia 2021, y presidio la Señora Presidenta de la Corporación, Honorable Concejala RUBIELA MELÉNDEZ MONTAÑEZ, el día 16 de Diciembre de 2021.
[…]»
6.2.1.1.6 Que el Tribunal Administrativo del Meta, con fallo del 21 de abril de 2022, proferido dentro del radicado 50001233300020220004000, declaró la invalidez del Acuerdo 027 del 16 de diciembre de 2021, «POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 024 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021». Entre las consideraciones expuestas por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, se destac:
«[…] atendiendo el análisis jurídico y jurisprudencial expuesto en el marco teórico de la presente providencia, se advierte con toda claridad que la corporación administrativa municipal desconoció lo establecido en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, toda vez que, al haberse aprobado el proyecto en primer debate el 13 de diciembre de 2021, esto es, un lunes, los 3 días de que trata la norma en cita transcurrieron el 14, 15 y 16 de diciembre de 2021, martes, miércoles y jueves, respectivamente, pudiendo realizarse el segundo debate en plenaria luego del último de los mencionados días, sin embargo, aquel se efectuó el 16 de diciembre de 2021, esto es, el día tres del término que prevé la norma y no “después” de dicho termino como expresamente lo determinó el legislador.
[…]»
6.2.1.1.7 De acuerdo con certificació allegada por el concejo municipal de Lejanías, la mesa directiva para el mes de diciembre de 2021, se encontraba integrada así:
Rubiela Meléndez Montañez – Presidente
Javier Andrés Fino Celis – 1º Vicepresidente
Jaime Gutiérrez Gutiérrez – 2º Vicepresidente
6.2.1.1.8 Con oficio de fecha 19 de diciembre de 2025, el presidente del concejo municipal de Lejanías, frente al o los responsables de adelantar la citación a sesión plenaria de la corporación para el mes de diciembre de 2021, inform:
«[…] 3. En el archivo del Concejo Municipal no se encuentra documento alguno con citación a sesiones plenarias, la citación se realiza por llamada telefónica o mensaje en grupo WhatsApp, generalmente hecho por el Presidente de la Corporación […]»
6.2.1.2 Valoración jurídica del cargo imputado -Tipicidad
Revisada la imputación fáctica que subyace al cargo disciplinario formulado, así como su motivación, se encuentra que, en resumen, la primera instancia reprochó a los disciplinables:
Los señores LILIANA MARÍA FLÓREZ; LUIS EDUARDO CORTES LÓPEZ; JULIÁN DÍAZ AMEZQUITA; FAUSTO ALEXANDER MEJÍA MEJÍA; JAVIER ANDRÉS FINO CELIS en sus calidades de concejales del Municipio de Lejanías Meta presuntamente pudieron incurrir en falta disciplinaria al participar en la votación y aprobación del proyecto de Acuerdo 026 de 2021 el cual se constituyó definitivamente en Acuerdo Municipal No 027 del 16 de diciembre de 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No 024 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021”. [Resaltado de la Sala]
En la decisión de fondo, la primera instancia concluyó que la falta disciplinaria imputada se basa en el incumplimiento del deber contenido en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 200 (vigente para la época), toda vez que, entre el primer y segundo debate del proyecto de Acuerdo 027 de 2021, no transcurrieron los tres (3) días que prevé el artículo 73 de la Ley 136 de 199.
Según el análisis probatorio precedente, y cuyas conclusiones se presentan a continuación, la Sala comparte el criterio del fallador de primera instancia, en punto de la tipicidad, por las siguientes razones:
En la actuación disciplinaria se encuentra acreditado que Javier Andrés Fino Celis ejerció como concejal del municipio de Lejanías, Meta, para el periodo 2020-202, y que, para el mes de diciembre de 2021, ostentaba el cargo de primer vicepresidente de la mesa directiva de la corporació.
Del mismo modo, se constata que, 13 de diciembre de 2021, la comisión segunda permanente de presupuesto y hacienda pública del concejo municipal de Lejanías, discutió y aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo 026 de 202, y que el 16 de diciembre de 2021, la plenaria de la corporación discutió y aprobó en segundo debate dicho proyect.
Con ocasión a la aprobación del proyecto de acuerdo en cuestión, el concejo expidió el Acuerdo Municipal 027 del 16 de diciembre de 2021, «POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 024 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021»; acto mediante el cual se autorizaba al alcalde municipal para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras para la vigencia fiscal 202.
En dicho orden se tiene que, entre el primer debate en comisión (13 de diciembre de 2021) y segundo en plenaria (16 de diciembre de 2021), no transcurrieron los tres (3) días que señala el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, para que un proyecto sea Acuerdo. Al respecto:
ARTÍCULO 73.- Debates. Para que un proyecto sea Acuerdo, debe aprobarse en dos debates celebrados en distintos días. El proyecto será presentado en la Secretaría del Concejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se surtirá el primer debate. La Presidencia del Concejo designará un ponente para primero y segundo debate. El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria.
Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva.
El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser nuevamente considerado por el Concejo a solicitud de su autor, de cualquier otro concejal, del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la iniciativa popular. Será archivado el proyecto que no recibiere aprobación y el aprobado en segundo debate lo remitirá la mesa directiva al alcalde para su sanción. [Resaltado de la Sala]
De la disposición normativa transcrita se desprende que entre el primer debate surtido en comisión y el segundo debate en plenaria del concejo debe mediar un intervalo no inferior a tres (3) días; dicho término tiene por finalidad garantizar que los concejales y la comunidad dispongan de un lapso suficiente para examinar las modificaciones introducidas en comisión antes de su votación definitiva en plenaria. Precisado lo anterior, se encuentra acreditado que la discusión y aprobación, en segundo debate y plenaria, del Acuerdo 027 de 16 de diciembre de 2021 no se ajustó a lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, por cuanto entre la culminación del primer debate y la realización del segundo no transcurrió el término mínimo de tres (3) días exigido por el ordenamiento jurídico.
Como lo señaló la primera instancia, y según se desprende de la disposición normativa antes examinada, la ley establece de manera expresa e inequívoca que entre el primer y el segundo debate debe mediar un término no inferior a tres (3) días, exigencia temporal cuya observancia resulta necesaria para que el proyecto de acuerdo pueda ser válidamente aprobado como acuerdo municipal.
Ahora bien, como argumento de defensa, el apelante sostiene que la asistencia a los debates no constituye un acto discrecional de los concejales, pues, en esa condición, su actuación se circunscribe a participar en las sesiones previamente convocadas; añade que el deber de convocarlas dentro de los términos legales recae en el presidente de la corporación y, en esa medida, insiste en que la citación a los debates constituye una atribución exclusiva de quien ejercía la presidencia.
A efectos de resolver el anterior argumento, corresponde examinar lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 015 del 30 de noviembre de 2020, Reglamento Interno del Concejo Municipal de Lejanía, Meta, vigente para la época de los hechos, en lo relativo a las funciones de la presidencia de la corporación, la citación a sesiones plenarias y el trámite del segundo debate:
“[…] ARTICULO 43º.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Al Presidente le corresponderá:
Convocar, presidir y dirigir las sesiones plenarias del Concejo.
[…]
8. Cumplir y hacer cumplir el reglamento, y decidir las cuestiones o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo. Contra esta decisión, cualquier Concejal puede apelar ante la Plenaria y ésta adoptar otra posición.
[…]
24. Presidir la Mesa Directiva.
ARTICULO 66º.- CITACIONES: La citación a las sesiones plenarias y a las Comisiones, deberán hacerla los Presidentes. Al finalizar la sesión debe informar el día y la hora de la siguiente reunión, o en su defecto, a través de la Secretaria General de manera expresa y oportuna, dejando constancia de la misma.
[…]
ARTICULO 103º.- INICIACIÓN DEL DEBATE. Tres días después de su aprobación en la comisión respectiv, la plenaria considerara (Sic) el proyecto en segundo debate, previa radicación en Secretaría y reparto de la ponencia a cada uno de los concejales. Ningún proyecto de acuerdo aprobado en primer debate podrá ser aprobado o negado en segundo debate en periodo distinto de sesiones ordinarias o extraordinarias en el cual haya sido presentado, en concordancia con el Articulo 23, 24 y 73 de la Ley 136 de 1994. […]” [Resaltado de la Sala].
Como puede advertirse, el trámite legalmente previsto para la aprobación de los proyectos de acuerdo, contenido en la Ley 136 de 1994, artículo 73, fue reproducido por el reglamento interno del Concejo Municipal de Lejanías; de ahí que esta instancia no estime admisible la tesis defensiva, toda vez que, a la luz del principio de legalidad, el deber de vigilancia y la función de control inherentes a la investidura de concejal se hallan sometidos al artículo 6 de la Constitución Política, disposición que hace responsables a los servidores públicos no solo por infringir la Constitución y la ley, sino igualmente por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Sobre este argumento, la Sala concluye que el disciplinable no podía excusarse en su sola asistencia a la sesión, pues, en su condición de concejal y servidor público, le asistía el deber funcional de velar por la legalidad del trámite; en efecto, el numeral 1 del artículo 34 del CDU le imponía cumplir y hacer cumplir la ley, de modo que la observancia del término de tres (3) días previsto en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 y en el reglamento de la Corporación no era una carga exclusiva de la presidencia, sino una exigencia vinculante para todos los integrantes de la corporación; por ello, permitir el avance del proyecto sin el cumplimiento de dicho presupuesto temporal configuró una falta al deber de garantizar la regularidad jurídica del procedimiento.
Debe precisarse, además, que, aunque la convocatoria a la sesión plenaria corresponde al presidente del concejo, la decisión de votar y aprobar un proyecto se traduce en un acto funcional autónomo de cada concejal; en consecuencia, quien emite su voto respecto de una iniciativa tramitada sin observancia de los términos legalmente exigidos no se limita a asistir a una sesión previamente convocada, sino que concurre individualmente a la consolidación de la irregularidad del trámite; de ahí que no pueda ser tenido como sujeto pasivo del procedimiento, pues, en ejercicio de su deber de vigilancia sobre la legalidad de la actuación, le correspondía promover mociones de procedimiento, solicitar el aplazamiento de la discusión o presentar proposiciones al advertir el incumplimiento del término legal de los tres (3) días.
Cabe señalar que la convocatoria efectuada por la Mesa Directiva o por la presidenta de la corporación no anulaba ni desplazaba la capacidad decisoria del concejal, pues su conducta oficial no se hallaba jurídicamente supeditada a lo que aquellas dispusieran; por el contrario, cada miembro del concejo conserva plena autonomía funcional y, con ella, la obligación de verificar por sí mismo la legalidad del trámite; bajo esa comprensión, la citación a sesión constituye un acto de trámite, mientras que la decisión sustancial de votar y aprobar el proyecto corresponde de manera exclusiva a cada integrante de la corporación; de ahí que, si la convocatoria se produjo con desconocimiento del término legal de los tres días, el investigado no solo conservaba la posibilidad de advertir la irregularidad en plenaria, sino también el deber de oponerse a su trámite irregular.
Ahora bien, quien ostenta la calidad de concejal se encuentra obligado a conocer tanto el Reglamento Interno del Concejo como la Ley 136 de 1994, por constituir referentes normativos inmediatos del ejercicio de sus funciones; en esa medida, su condición de servidor público le impone el deber de actuar con conocimiento del marco jurídico que disciplina sus propias actuaciones; de ahí que no resulte admisible invocar la confianza depositada en la Mesa Directiva o en la presidencia de la corporación como circunstancia excluyente de responsabilidad disciplinaria.
En síntesis, no resulta atendible para esta instancia la tesis defensiva según la cual “[l]a responsabilidad principal en este caso corresponde al presidente del concejo, quien no solo debe realizar las citaciones, sino también garantizar que las sesiones se lleven a cabo en conformidad con los plazos y procedimientos estipulados”; por el contrario, se encuentra demostrado que el segundo debate y la aprobación del acuerdo objeto de investigación se realizaron con desconocimiento del procedimiento legal.
En el presente asunto, la tipicidad se encuentra acreditada en la medida en que la conducta atribuida al disciplinable, debidamente demostrada en el plenario, se subsume en el deber funcional previsto en el numeral 1 del artículo 34 del CDU, en concordancia con la exigencia contenida en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994; ello, por cuanto participó en la discusión y aprobación del Acuerdo 027 de 16 de diciembre de 2021 sin que entre el primer y el segundo debate hubiese transcurrido el término mínimo legalmente exigido; bajo ese entendimiento, la Sala considera satisfecho el juicio de adecuación típica, pues el comportamiento acreditado se corresponde con la normativa previamente definida por el legislador, en tanto el disciplinable, al concurrir a la aprobación del acuerdo municipal con desconocimiento del término legal entre debates, incumplió el deber funcional de acatamiento y observancia del ordenamiento jurídico que regía su actuación como concejal.
6.2.1.3 Ilicitud sustancial
A juicio de la defensora y apelante, en el presente asunto no se configuró una afectación real y efectiva del deber funcional ni una lesión de los principios que rigen la función administrativa; en consecuencia, no existiría mérito para atribuir responsabilidad disciplinaria al implicado; dicha postura se sustenta en que la autorización conferida por el concejo municipal al alcalde, mediante el Acuerdo 027 de 2021, para comprometer vigencias futuras, no fue finalmente utilizada por el ejecutivo para la celebración de negocios jurídicos; de ahí que, en criterio de la defensa, el acto administrativo no produjo efectos jurídicos concretos ni comprometió los intereses del municipio.
Debe precisarse que, en materia de ilicitud sustancial, el artículo 9 del Código General Disciplinario dispone que la conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional, sin justificación alguna.
Sobre este elemento, el Consejo de Estad ha precisado que la antijuridicidad disciplinaria no se agota con la infracción formal del deber; por el contrario, exige la acreditación de la ilicitud sustancial, entendida como una afectación real del deber funcional, del servicio público o de los fines del Estado, pues solo en ese evento la conducta adquiere relevancia disciplinaria. En tal sentido, consideró:
Sin embargo, la antijuridicidad entendida desde esta perspectiva no es del todo precisa. En efecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 5.º de la Ley 734 de 2002 asimiló los conceptos de «antijuridicidad» con el de «ilicitud sustancial» luego, en consideración a ello, es claro que no puede simplemente analizarse el primer término aisladamente, sino que es menester que a este se agregue el adverbio «sustancial», aspecto que repercute de forma directa en el análisis que debe observarse cuando de juzgar una actuación de un servidor público a la luz del derecho disciplinario se trata.
(…)
De las definiciones señaladas se puede extraer que la referencia a sustancial en relación con la ilicitud significa que la infracción del deber sustancial debe tener cierta relevancia, importancia o esencial frente a los fines del Estado, la satisfacción del bien general y los principios de la función pública.
En términos generales, esto quiere decir, que la actuación u omisión del servidor público violatoria de sus deberes, es decir, contraria a derecho (ilicitud), debe desembocar en una real y efectiva afectación del buen funcionamiento del Estado y por tanto del servicio público (sustancialidad) y en esa medida puede decirse, pese a que la ley no lo mencionó de este modo, que cuando estas dos características confluyen se está en presencia de una «antijuridicidad sustancial», requisito indispensable para que pueda afirmarse que se configuró una conducta disciplinaria susceptible de ser sancionada.
Así mismo, el Honorable Consejo de Estad ha señalado que para que una conducta típica sea antijurídica se exige una afectación injustificada al deber funcional como bien jurídico protegido, a la que se agrega el carácter sustancial, entendido como una afectación material, real y efectiva del buen funcionamiento del Estado y del servicio público; y ha precisad, además, que el juicio de valoración comporta un doble examen: (i) deontológico, orientado a constatar el cumplimiento de los deberes precisos contenidos en reglas, y (ii) axiológico, dirigido a verificar la observancia de los principios de la función pública.
En este orden, corresponde realizar un juicio de valoración, tal como lo ha desarrollado el Honorable Consejo de Estad–, orientado a establecer si la conducta tipificada como falta afectó sustancialmente el deber funcional sin que medie justificación; bajo ese entendimiento, para la configuración de la infracción disciplinaria no se exige necesariamente la producción de un resultado materialmente lesivo o un daño cuantificable al Estado; lo determinante es verificar el quebrantamiento sustancial e injustificado de los deberes funcionales asignados al servidor público, en cuanto compromete los principios que informan la función pública.
En suma, la ilicitud sustancial se estructura cuando la conducta del servidor público, carente de justificación, afecta materialmente el deber funcional; por ello, este último opera como núcleo de dicha categoría dogmática, en tanto únicamente a partir de su lesión puede concluirse que el comportamiento desplegado contradijo, en sentido sustancial, lo exigido por el ordenamiento jurídico.
En el caso examinado, y desde la dimensión deontológica, encuentra la Sala que el fallo disciplinario de primera instancia corresponde con la realidad fáctica y jurídica, puesto que, no existe duda en que el apelante desconoció su deber funcional. Desde una valoración deontológica, la ilicitud sustancial se configura porque el disciplinable incumplió un deber funcional concreto, expreso y exigible, derivado del numeral 1 del artículo 34 del CDU, en armonía con el artículo 6 de la Constitución Política y con el artículo 73 de la Ley 136 de 1994; en efecto, en su condición de concejal del municipio de Lejanías, no solo estaba obligado a ajustar su comportamiento al ordenamiento jurídico, sino también a velar porque el trámite de formación del acuerdo municipal se surtiera conforme a la ley; no obstante, participó en la discusión y aprobación del Acuerdo 027 de 16 de diciembre de 2021 sin que entre el primer debate en comisión y el segundo en plenaria hubiese transcurrido el término mínimo de tres días legalmente exigido; en esa medida, la infracción no se agota en una simple desatención formal del procedimiento, sino que revela el incumplimiento del deber funcional de cumplir, observar y hacer respetar el marco normativo que disciplinaba su actuación; más aún, dada su condición de integrante de una corporación administrativa cuyo llamado está a participar en la formación de la voluntad colegiada, su deber funcional no se contraía a asistir y votar, sino que se extendía a verificar que la decisión se adoptara dentro de los requisitos legalmente previstos; en consecuencia, al concurrir al avance del proyecto con desconocimiento de una regla temporal obligatoria, afectó sustancialmente el deber funcional que gobernaba su actuación.
En efecto, Javier Andrés Fino Celis fue elegido por voto popular como concejal del municipio de Lejanías, Meta, para el período constitucional 2020-2023; en esa condición, y a partir de su posesión, adquirió la calidad de servidor público y, con ella, quedó sujeto al cumplimiento de los deberes propios de su ámbito funcional; entre estos, el previsto en el numeral 1 del artículo 34 del CDU, consistente en “Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes […]”. Sin embargo, como viene de exponerse, el disciplinable participó en la aprobación del Acuerdo 027 de 16 de diciembre de 2021, pese a que entre el primer debate surtido en comisión y el segundo realizado en plenaria no transcurrió el término mínimo de tres días exigido por el artículo 73 de la Ley 136 de 1994.
Es más, de conformidad con los documentos allegados a la actuación, en particular, el acta de la sesión plenari y la certificación expedida por el Concejo Municipa, se acredita que el implicado, en su condición de primer vicepresidente de la Mesa Directiva y en sustitución de la presidenta, presidió con normalidad la sesión correspondiente al segundo debate; pese a ello, no formuló manifestación, reparo u objeción alguna frente al trámite impartido ni respecto de la fecha en que dicha sesión se llevó a cabo, aun cuando, en ejercicio de esa función directiva, se encontraba en posición de promover su suspensión o aplazamiento.
Como se ha dicho, los concejales, por mandato del artículo 6 de la Constitución Política y en observancia del principio de legalidad, están obligados a obrar con estricto acatamiento del ordenamiento jurídico; en ese marco, la Ley 136 de 1994 constituye una norma de obligatorio cumplimiento que establece expresamente el término que debe transcurrir entre los debates para la aprobación de los proyectos de acuerdo; por ende, al desconocer esa exigencia normativa, el disciplinable vulneró el deber funcional de respeto y observancia del marco jurídico que regía su actuación; de ello se sigue que en el expediente disciplinario quedó debidamente acreditada la transgresión del investigado al ordenamiento jurídico, el cual le imponía, como deber funcional, cumplir lo dispuesto en la Ley 136 de 1994.
Ahora bien, respecto del juicio de valoración axiológico, la Sala coincide con la decisión recurrida, en el sentido de que el implicado, con la conducta reprochada, vulneró el principio de eficaci; pilar de la función pública, conforme al artículo 2 de la Constitución Política y descrito por la Corte Constituciona.
Frente a la valoración axiológica de la ilicitud sustancial, esta sala evidencia que también se configura, en tanto la conducta reprochada desconoció principios que rigen la función pública, particularmente el de legalidad y el de eficacia; ello es así porque el término de tres días entre debates es una garantía procedimental instituida para asegurar una deliberación suficiente, el examen riguroso de un proyecto y la formación reflexiva de la voluntad administrativa colegiada; al omitirse dicho intervalo, se desnaturalizó el procedimiento previsto por el legislador, se debilitó la racionalidad del proceso decisorio y se comprometió la validez misma del acuerdo aprobado; a su vez, se afectó el principio de eficacia, pues la expedición de un acto administrativo viciado en su formación expuso innecesariamente al municipio a escenarios de controversia y control judicial que eran evitables mediante la observancia del procedimiento legalmente previsto; en esa medida, aunque la defensa sostenga que el acuerdo no produjo efectos materiales porque la autorización de vigencias futuras no fue utilizada por el ejecutivo, tal alegación no desvirtúa la ilicitud sustancial, dado que ésta no depende exclusivamente de la producción de consecuencias contractuales ulteriores, sino de la afectación injustificada del deber funcional y de los principios que informan el ejercicio regular de la función pública; así, la conducta del disciplinable resultó materialmente contraria a los fines de legalidad y eficacia que debían orientar su actuación como concejal.
En el caso concreto, igualmente, el disciplinable desconoció el principio de eficacia que orienta la función administrativa, en cuanto este se satisface con la expedición de actos jurídicamente válidos para producir los efectos públicos perseguidos y conformes al ordenamiento; por ello, un procedimiento que prescinde de los términos legales establecidos para su formación no puede reputarse eficaz, pues compromete desde su origen la validez del acto que de él resulta; en esa medida, al participar en la aprobación de un acuerdo con desconocimiento de la Ley 136 de 1994, el concejal no solo incidió en la expedición de un acto viciado en su trámite, sino que además expuso innecesariamente al municipio al control de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, con la consecuente afectación de recursos públicos, tiempo institucional y esfuerzo administrativo y judicial invertidos en una decisión que carecía de vocación de estabilidad dentro del ordenamiento jurídico.
En efecto, en el presente asunto se tiene que el Acuerdo 027 del 16 de diciembre de 2021, fue declarado nul por el Tribunal Administrativo del Meta en decisión del 21 de abril de 2022, señalando que la corporación administrativa municipal en su expedición desconoció el trámite reglamentado en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994.
En consecuencia, a partir del juicio de valoración deontológico y axiológico efectuado, la Sala concluye que en el presente asunto se encuentra acreditada la ilicitud sustancial de la conducta atribuida al disciplinable, pues su intervención en la discusión y aprobación del Acuerdo 027 de 16 de diciembre de 2021, con desconocimiento del término mínimo de tres días entre debates previsto en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, comportó la infracción formal de una regla procedimental obligatoria e implicó una afectación real, material e injustificada del deber funcional que le asistía en su condición de concejal; ello, además, se proyectó en el desconocimiento de los principios de legalidad y eficacia que rigen la función pública, al concurrir a la expedición de un acto viciado en su formación, carente de estabilidad jurídica y finalmente sometido a control judicial; por ende, la conducta reprochada trascendió el plano adjetivo de la irregularidad y comprometió de manera sustancial el buen funcionamiento de la administración y la regularidad del servicio público, sin que la defensa haya acreditado justificación alguna apta para excluir dicha valoración.
6.2.1.4 Culpabilidad
En materia disciplinaria, el ordenamiento jurídico proscribe toda forma de responsabilidad objetiva; en consecuencia, las faltas únicamente son sancionables a título de dolo o culpa, por ello, el juicio de reproche, descrito por el Honorable Consejo de Estad–, debe adelantarse a partir de la verificación del nexo psicológico entre el autor y la conducta desplegada para su consumación, esto es, establecer si el sujeto disciplinable actuó con dolo o culpa y, además, si le era exigible un comportamiento diverso al realizado. Explicado lo anterior, se procede a desarrollar la culpabilidad frente a la conducta del investigado:
El juicio de reproche exige descartar toda forma de responsabilidad objetiva y verificar, a partir del nexo psicológico entre el sujeto disciplinable y la conducta desplegada, si aquel actuó con dolo o culpa y si, además, le era exigible un comportamiento diverso al realizado; bajo esa premisa, la Sala advierte que en el presente asunto el comportamiento atribuido al disciplinable es subjetivamente reprochable, pues, en su condición de concejal del municipio de Lejanías y servidor público investido de funciones normativas y de control, le era exigible conocer y observar el marco jurídico que regulaba el trámite de aprobación de los acuerdos municipales, particularmente el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 y el reglamento interno de la corporación; no obstante, participó en la discusión y aprobación del Acuerdo referido sin que entre el primer debate en comisión y el segundo en plenaria hubiese transcurrido el término legal y mínimo en días; además, según quedó analizado, no se trató de un interviniente ajeno o pasivo frente al trámite, sino de un miembro activo de la corporación que, incluso, presidió la sesión de segundo debate en sustitución de la presidenta, sin formular objeción alguna, ni promover moción de procedimiento, ni solicitar el aplazamiento de la discusión, pese a encontrarse en posibilidad funcional de hacerlo.
En esas condiciones, la Sala concluye que al disciplinable le era plenamente exigible una conducta diversa, consistente en abstenerse de concurrir a la aprobación del proyecto de acuerdo en las condiciones irregulares ya señaladas, advertir la anomalía procedimental, promover su corrección o propiciar el aplazamiento de la sesión hasta el cumplimiento del término legal; no obstante, omitió desplegar el mínimo deber de cuidado, vigilancia y observancia que, en su condición de integrante de la corporación, le resultaba funcionalmente exigible, permitiendo con su conducta la prosecución de un trámite objetivamente contrario al ordenamiento jurídico; de ahí que el juicio de reproche se estructure a título de culpa, en tanto la infracción obedeció a la inobservancia de reglas elementales de actuación, plenamente cognoscibles y exigibles para quien ejercía la función pública de concejal.
6.2.2 Dosificación de la sanción
El apelante alegó la desproporcionalidad de la sanción impuesta en primera instancia, al considerar que su ejecución comportaría una afectación de sus derechos políticos, habida cuenta de que actualmente se desempeña como concejal del municipio de Lejanías para el período constitucional 2024-2027.
Frente a este aspecto, al examinar la motivación expuesta por el a quo en materia de dosificación, esta instancia observa que la graduación de la sanción se sustentó en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002; a partir de ese marco normativo, se consideró que respecto del disciplinable, en su condición de concejal, concurrían el criterio a y el j, y, con base en ello, y aplicando el principio de proporcionalidad se determinó imponer suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses.
La Sala acoge los criterios de graduación tenidos en cuenta por el a quo; en particular, la circunstancia atenuante consistente en la ausencia de antecedentes disciplinarios, constatada mediante la consulta efectuada en la página web instituciona, de la cual se desprende que el disciplinable no registra anotaciones vigentes en el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación; así mismo, se tiene por concurrente la circunstancia agravante relativa a pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad, toda vez que el disciplinable, en su condición de primer vicepresidente de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Lejanías para la época de los hechos, integraba el nivel directivo de la corporación.
En este orden, esta instancia considera que la sanción impuesta en primera instancia atiende los principios de proporcionalidad y razonabilidad, del artículo 18 del CDU (actual artículo 6 del CGD), por lo que la Sala considera que el término de la sanción impuesta se debe confirmar.
6.2.3 Recurso Extraordinario de Revisión
En lo atinente al recurso extraordinario de revisión contra decisiones disciplinarias que vinculen a servidores públicos de elección popular, como ocurre en el presente asunto, debe estarse a lo decidido por la Corte Constituciona en la Sentencia C-030/23, así como a lo fijado en el auto de unificación jurisprudencial del Consejo de Estad–––––– del 3 de diciembre de 2024, en especial en lo relativo a las siguientes pautas:
Primera regla:
Procedencia:
El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo de elección popular al momento de la imposición de la sanción.
Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas. […]
Según la Ley 2094 de 2021 y la modulación efectuada por la Sentencia C-030 de 2023, esta acción de revisión quedó circunscrita a las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad impuestas por la Procuraduría General de la Nación que implican una «restricción o limitación temporal al derecho a ser elegido de un servidor público de elección popular, en ejercicio de sus funcione». Lo anterior por cuanto este tipo de sanciones tienen la virtualidad de interrumpir el mandato popular y, en esa medida, lesionan gravemente el principio democrático y el derecho a la representación política efectiva, previstos en la Constitución Política y la CADH. Así, independientemente de si la falta se cometió antes o durante el ejercicio del cargo de elección popular, lo importante es que la sanción afecte el ejercicio efectivo del mandato popular y los derechos políticos del elegido. Por lo tanto, debe entenderse que las demás sanciones disciplinarias, como la multa o la amonestación escrita, que se llegaren a aplicar a estos mismos servidores públicos, no son objeto de este recurso judicial. […]
En el sub examine, como quiera que hay lugar a confirmar la sanción disciplinaria impuesta en la primera instancia al disciplinable Javier Andrés Fino Celis, consistente en suspensión por el término de tres (3) meses, y considerando que actualmente ejerce cargo de elección popular, lo que implica una interferencia en sus derechos políticos, esta Colegiatura precisa la procedencia del recurso extraordinario y automático de revisión, motivo por el cual, el presente fallo de segunda instancia no cobrará ejecutoria y su ejecución quedará suspendida de acuerdo con el inciso segundo de la primera subregla del auto de unificación del Consejo de Estado, citado.
Además, tras su notificación personal o por edicto, por Secretaría se procederá a correr el traslado de treinta (30) días a Javier Andrés Fino Celis, a los que alude al artículo 238D del CGD, para que, si a bien tiene, presente argumentos, ejerzan la contradicción y demás aspectos para el ejercicio del derecho de defensa.
6.2.4 Conclusión
Dadas las consideraciones expresadas, la Colegiatura concluye que hay lugar a la confirmación del fallo disciplinario de primera instancia, pues, se evidencia en grado de certeza la comisión de falta disciplinaria grave con culpa grave por parte de Javier Andrés Fino Celis, en su calidad de concejal del municipio de Lejanías, Meta, para la época de los hechos.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en uso de sus facultades,
RESUELVE
Primero. Confirmar el fallo de primera instancia proferido el 16 de diciembre de 2024 por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Villavicencio, mediante el cual se declaró disciplinariamente responsable a Javier Andrés Fino Celis, identificado con la cédula de ciudadanía 1.124.216.864, en su condición de concejal del municipio de Lejanías, Meta, período constitucional 2020-2023, y, en consecuencia, se le impuso sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
Segundo. Notificar personalmente, por la Secretaría de la Sala, la presente decisión a los sujetos procesales, conforme a lo establecido en los artículos 121, 122 y 127 del Código General Disciplinario, comunicándoles que contra la misma no procede recurso alguno ante esta instancia.
Comunicar el contenido de esta decisión al Concejo Municipal de Lejanías (Meta) para los efectos de su conocimiento y eventual ejecución, una vez en firme la presente decisión.
Tercero. Advertir a Javier Andrés Fino Celis y a su apoderada que, de conformidad con la Sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional y con el auto de unificación jurisprudencial de 3 de diciembre de 2024 del Honorable Consejo de Estado, contra esta decisión procede el recurso extraordinario de revisión ante las Salas Especiales de Revisión de esa corporación; lo anterior, en atención a que el sancionado se encuentra en ejercicio de un cargo de elección popular, supuesto comprendido en el inciso primero de la regla primera de procedencia, según lo desarrollado en el numeral 6.2.3.
Cuarto. Correr traslado al sancionado Javier Andrés Fino Celis y a su apoderada, por el término de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente fallo, para que ejerzan el derecho de defensa y las demás garantías procesales que les asisten, previo a que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo realice el control integral de la actuación disciplinaria, según la regla tercera del auto de unificación del Consejo de Estado.
Quinto. Remitir, una vez vencido el término anterior, por conducto de la Secretaría de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, copia digital e íntegra del expediente disciplinario al Consejo de Estado, Sala Especial de Revisión (Reparto), para lo de su competencia.
Sexto. Devolver el expediente a la primera instancia, para que disponga lo pertinente en orden al cumplimiento de la sanción respecto de quienes no interpusieron recurso de apelación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS GERMÁN ORTEGA RUIZ
Procurador Delegado
GLORIA EDITH RAMÍREZ ROJAS
Procuradora Delegada
CARLOS HUMBERTO GARCÍA PARRADO
Procurador Delegado
Presidente
Elaboró: Luz Dary Quiroga Niño (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Revisó: Luis German Ortega Ruiz (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Aprobó: Luis German Ortega Ruiz / Gloria Edith Ramírez Rojas / Carlos Humberto García Parrado (SDJSPEP)
