| Dependencia: | Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular |
| Radicado: | IUS E-2023-674710/ IUC D-2023-3256197 |
| Investigado: | ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ |
| Cargo: | Alcalde |
| Entidad: | Alcaldía Municipal de Puerto Nariño (Amazonas) |
| Fecha queja: | 25 de octubre de 2023 |
| Fecha hechos: | 23 al 25 de octubre de 2023 |
| Asunto: | Fallo de segunda instancia |
Bogotá, D.C., 24 de septiembre de 2026
Aprobado en Sala, con Acta No. 030
P.D. Ponente: Gloria Edith Ramírez Rojas
ASUNTO
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado Alirio de Jesús Vásquez en contra del fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional de Juzgamiento Cundinamarca, en sesión de audiencia del 16 de febrero de 2026, mediante el cual lo declaró disciplinariamente responsable y, como consecuencia, le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años.
HECHOS
Se contraen a la presunta intervención en política por parte del alcalde investigado, ocurrida en una reunión celebrada entre el 23 y 25 de octubre de 2023. En dicho encuentro, bajo el pretexto de realizar un censo, manifestó públicamente a los asistentes su apoyo al candidato a la Gobernación del Amazonas, Octavio Benjumea Acosta, de cara a las elecciones para el período constitucional 2024-2027.
ANTECEDENTES RELEVANTES
Investigación disciplinaria
La actuación disciplinaria se inició con base en la queja formulada por el ciudadano Carlos Barbos, contenida en escrito del 25 de octubre de 2023. Con fundamento en dicha denuncia, el 26 de octubre siguiente la Procuraduría Regional de Instrucción Amazona ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de Alirio de Jesús Vásquez, en su condición de alcalde del municipio de Puerto Nariño, Amazonas para el período constitucional 2020-2023. El 31 de octubre de ese año dicha decisión fue notificada personalmente al investigad.
Así mismo, en el mismo proveído se ordenó la suspensión provisional del procesado por el término de tres (3) meses; a través del Decreto No. 0247 del 27 de octubre de 2023 de la Gobernación del Amazonas se hizo efectiva la medida cautela.
El 30 de octubre de la misma anualidad, la procuraduría territorial ordenó levantar la medida cautelar, al considerar que habían desaparecido los presupuestos sustanciales tras la realización de las elecciones territoriales del 29 de octubre de ese mismo añ.
3.1.1 De la prueba técnico-científica
El 18 de enero de 2024, se decretó de oficio la práctica de una prueba técnica-científic. En consecuencia, se requirió al medio radial «Fantástica Estéreo 103.9 FM» y al Concejo Municipal de Puerto Nariño, Amazonas para que remitieran las grabaciones de las intervenciones realizadas por el disciplinable en su condición de alcalde municipal.
El referido concejo municipal allegó el audio correspondiente a la intervención del entonces alcalde Alirio de Jesús Vásquez, en la sesión ordinaria del 1º de agosto de 2023, mientras que la emisora radial manifestó que no registraba grabaciones ni entrevistas del procesado en dicha dignida.
Por su parte, el Laboratorio de Acústica Forense de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional allegó el informe del investigador de Laboratorio (FPJ-13) bajo la Orden de Trabajo No. 202402439 del 21 de junio de 2024, radicada ante la procuraduría territorial el siguiente 2 de juli.
El estudio solicitad arrojó la siguiente conclusión:
[…] Aplicando el método, combinado clásico, se llevó a cabo el procedimiento de Análisis Comparativo de Hablantes con fines forenses, entre los archivos audio: Evidencia 1: “Alirio”, sujeto masculino que participa en los segmentos […] y Evidencia 2: […] Sujeto masculino que participa en los segmentos: […] se encuentra que HAY CORRESPONDENCIA en los componentes perceptual, lingüístico (fonético) y acústico […]
A través de auto del 5 de julio de 2024, se corrió traslado a los sujetos procesales por el término de tres (3) días respecto de dicho inform. Tal determinación fue puesta en conocimiento del investigado en esa misma fecha mediante el oficio No. 1257-2024, remitido tanto a su correo electrónico como a la dirección física de la alcaldía municipal de Puerto Nariño, Amazona.
3.1.2 Prórroga de la investigación disciplinaria
Mediante auto del 2 de agosto de 2024, la procuraduría territorial de instrucción prorrogó el término de la presente etapa procesal por seis (6) meses, contados a partir del 26 de abril de la misma anualida. El siguiente 5 de agosto, el investigado se notificó personalmente de este interlocutori.
En esa misma diligencia, se le notificó el traslado del informe técnico-científic, indicándosele que el término respectivo correría desde el 6 hasta el 9 de agosto de 2024 a las 5 p.m. Según constancia secretarial de esta última fecha, Alirio de Jesús Vásquez guardó silenci.
3.2 Cierre de investigación
El 16 de agosto de 2024, se dispuso el cierre de la investigación disciplinari. Esta fue comunicada a través de correo electrónico enviado en esa misma fech, y posteriormente notificada por estado el 28 de agosto de 2024.
3.3 Pliego de cargos
Con proveído del 2 de octubre de 2024, la Procuraduría Regional de Instrucción Amazonas formuló cargo único contra Alirio de Jesús Vásque, por la comisión de una falta gravísima. La conducta fue tipificada conforme al numeral 2º del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, esto es «Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista» y calificada provisionalmente a título de dolo.
El cargo único fue imputado en los siguientes términos:
[…] ALIRIO DE JESÚS VASQUEZ -sic- en su condición de Alcalde Municipal de Puerto Nariño Amazonas, presuntamente, citó y participó en una reunión política entre el 23 y 25 de octubre de 2023, en la que, bajo el pretexto de estar haciendo un censo, le manifestó de manera pública a los asistentes que él estaba apoyando al candidato a la Gobernación del Amazonas OCTAVIO BENJUMEA. Al tiempo que buscó favorecerlo, al incidir en el proceso electoral presionando a los electores, aprovechando su condición de funcionario público y primera autoridad municipal, haciéndoles creer que gracias a los ingresos generados por la actividad turística del precitado candidato como comerciante de la región, era que se les podía pagar a treinta funcionarios de ese ente territorial; y que de ganar ese aspirante a la Gobernación, él sería nombrado en la nueva administración departamental, en un cargo relacionado con el trabajo social, lo que a la postre les podría traer beneficios a ellos también en términos de empleo, etc. […]
En el análisis de ilicitud sustancial, la autoridad de instrucción indicó que el procesado quebrantó el principio de moralidad administrativa al apartarse del ordenamiento jurídico y de las finalidades propias del cargo de elección popular, al no haber actuado con la rectitud, lealtad y honestidad exigida en su condición de servidor público. Así mismo, se consideraron vulnerados los principios de igualdad, imparcialidad e incluso, se agregó, el de eficacia, debido al abuso del derecho al destinar tiempo y aprovechar su posición en asuntos de carácter electoral.
El 9 de octubre de 2024, dicha decisión fue notificada personalmente al investigado Alirio de Jesús Vásque. El 31 de octubre siguiente, se reconoció personería para actuar al abogado de confianza del procesado, quien a través de correo electrónico allegó el escrito de descargo.
Con auto del 1º de noviembre de 2024, se ordenó la remisión del expediente a la dependencia de juzgamient.
3.4 Fase de juzgamiento
La Procuraduría Regional de Juzgamiento Cundinamarca, a la que correspondió el asunto, mediante auto del 21 de julio de 2025, avocó conocimiento del proceso, fijó el procedimiento a seguir por el juicio verbal de conformidad con el artículo 225H de la Ley 1952 de 2019, y citó a audiencia de descargos y pruebas, continuando con la de alegatos y fallo, todo lo cual se desarrolló de la siguiente maner:
Las sesione se llevaron a cabo los días 17 de septiembre; 6, 24, 27 y 28 de noviembre de 2025; también el 19 de enero y 16 de febrero de 2026. En esta última sesión se profirió el fallo disciplinario de primera instancia, mediante el cual se declaró la responsabilidad disciplinaria del investigado y, como consecuencia, se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años.
Cabe precisar que, en la sesión de audiencia del 6 de noviembre de 2025, la autoridad de juzgamiento prescindió de los testimonios decretados de oficio respecto de los ciudadanos Norvis Esther Naranjo Gómez, Wilson Sánchez, Danny Monsalve y Nido de Jesús Vásque.
3.5 Impugnación y remisión del proceso a la segunda instancia
El 20 de febrero de 2026, el defensor de confianza del disciplinable impugnó la decisión y presentó escrito de sustentació. Por su parte, la procuraduría de juzgamiento, con proveído del 4 de marzo de 2026, concedió el recurso de apelación y remitió en la misma fecha la actuación a esta Sal.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La decisión de primera instancia se fundamentó en los siguientes argumentos:
4.1 Respecto al análisis probatorio y en respuesta al problema jurídic que se planteó, el a quo concluyó que el investigado -en calidad de alcalde del municipio de Puerto Nariño, Amazonas, período 2020-2023-, utilizó su cargo para intervenir indebidamente en política a través de una reunión denominada censo electoral, celebrada entre el 23 y 25 de octubre de 2023, aproximadamente cinco días antes de las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023. En dicho encuentro, manifestó pública y reiteradamente su apoyo al candidato a la gobernación del Amazonas, Octavio Benjumea, vinculando este respaldo a los beneficios en recursos y empleos que este generaría para el ente territorial.
4.2 Tipicidad. En este acápite se determinó que la conducta del procesado Alirio de Jesús Vásquez encuadraba en la falta gravísima tipificada en el numeral 2º del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, al quedar demostrado que utilizó su empleo «para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista.». Al respecto, se precisó que dicha prohibición se integra al régimen general que impide a los servidores públicos con autoridad política emplear su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a candidatos, partidos o movimientos.
Bajo esa línea argumentativa, se sostuvo que la tipicidad de esta infracción no exige una coacción abierta ni la sustitución total de la voluntad del elector, sino que basta «la utilización del empleo para presionar o influir en procesos electorales partidistas». En ese orden, se añadió que la convocatoria de contratistas -como ocurrió en el caso de Norvis Naranjo- bajo el pretexto de un censo electoral constituía un ejercicio ilegítimo de influencia derivada de su investidura.
Finalmente, se concluyó que el acervo probatorio era suficiente y contundente para demostrar que el investigado incurrió en una falta disciplinaria gravísima a título de dolo, al utilizar su cargo de alcalde del municipio de Puerto Nariño para influir en el proceso electoral y respaldar la campaña política del candidato a la gobernación del Amazonas, Octavio Benjumea, mediante la realización de un censo político.
4.3 Ilicitud sustancial. Se consideró que, a la luz de los hechos acreditados, no se justificaba la intervención del alcalde en la campaña a la gobernación ni el uso de su autoridad para realizar un censo electoral con el fin de promover a un candidato determinado. Lejos de tratarse de un ejercicio neutral de participación política ciudadana, con la conducta se dio la instrumentalización de la función pública para una causa partidista, lo que generó una afectación real y relevante de los principios de moralidad, igualdad e imparcialidad.
En cuanto al primer postulado -moralidad-, se indicó que el comportamiento del alcalde de entonces no se ajustó al ordenamiento que le prohibía intervenir en política; por el contrario, puso su investidura al servicio de una campaña al convocar a una reunión para indagar a los asistentes por quién votarían. En dicho escenario, manifestó expresamente «que apoyaba a Octavio Benjumea porque “todos los días trae plata” con la que se pagan cerca de treinta empleos y se realizan obras en el municipio». Con ello, se agregó, que el procesado mezcló indebidamente la lógica de la gestión administrativa con la electoral, al transmitir el mensaje de que la continuidad de los beneficios para el municipio estaba asociada al triunfo del candidato que promovía, lo que denotaba un quebrantamiento institucional.
Respecto al segundo principio -igualdad-, se señaló que el investigado no se limitó a exponer información pública o a garantizar condiciones neutrales de participación; al contrario, seleccionó a un grupo de trabajadores para indagar sobre su voto y contrastar sus preferencias con su propia postura política. Al respecto se añadió que, al resaltar a «Octavio como el candidato que “trae plata” y genera empleos, y al proyectar un posible cargo propio en la Gobernación de Amazonas una vez termine su mandato», Alirio de Jesús Vásquez introdujo un elemento de alineamiento político que pudo ser percibido por los asistentes como un criterio de cercanía a favor de la administración, rompiendo así la igualdad de trato entre quienes compartían o no esa preferencia.
Frente al tercer principio -imparcialidad-, se indicó que el procesado dejó de ser un árbitro institucional de la democracia local para convertirse en un actor activo de campaña, instrumentalizando la estructura administrativa para visibilizar y reforzar una propuesta política concreta; conducta que redundó en el menoscabo tanto del trato igualitario como de la imparcialidad.
4.4 Culpabilidad. En el presente caso, se determinó que el mandatario local actuó con dolo, de conformidad con los siguientes componentes:
Atribuibilidad de la conducta. Se estableció que Alirio de Jesús Vásquez, en su condición de alcalde del municipio de Puerto Nariño, Amazonas, período 2020-2023, contaba con plena capacidad para comprender la ilicitud de sus actos y determinarse conforme a esa comprensión. El investigado conocía -o, en virtud de su deber jurídico reforzado, estaba obligado a conocer- el régimen constitucional y legal que prohíbe a los servidores públicos intervenir indebidamente en política. Su condición de primera autoridad administrativa le exigía un grado superior de prudencia y claridad sobre los límites de su actuación y las campañas electorales.
Exigibilidad del cumplimiento del deber (juicio de reproche). Se aseveró que el procesado tenía la posibilidad de acatar las normas que impedían utilizar su empleo para influir en procesos electorales de carácter político partidista. Pese a ello, se constató que usó su cargo para convocar a contratistas a un denominado censo político, indagar por sus preferencias electorales y manifestar públicamente su apoyo al candidato a la gobernación, Octavio Benjumea. El investigado pudo y debió abstenerse de convocar dicha reunión, de interrogar a sus subordinados y de vincular la gestión del ente territorial al triunfo de la campaña.
Conocimiento de los elementos que estructuran la conducta reprochada. Como máxima autoridad del municipio, el procesado comprendía que convocar a un censo político con fines partidistas, indagar la intención de voto de los asistentes e influir en ellos mediante el ofrecimiento de recursos y empleos, configuraba la conducta expresamente tipificada como falta gravísima en el numeral 2º del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019.
Voluntad para realizar el comportamiento reprochado. Se argumentó que el procesado conocía, por su condición de alcalde municipal, que su actuar era contrario a derecho y, consciente de ello, actuó apartándose deliberadamente de su deber, utilizando su cargo y condición de superior jerárquico de los convocados a un censo político de sus preferencias electorales y manifestar públicamente su apoyo al citado candidato.
Voluntad para realizar u omitir el deber o la prohibición. El investigado, se aseguró, de manera libre y consciente, en utilizar su cargo de alcalde para convocar a los contratistas y demás participantes a un censo político y manifestar su apoyo públicamente a un candidato, cuando conocía que resultaba contrario al ordenamiento jurídico utilizar su posición de autoridad para influir en procesos electorales.
V. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La defensa del disciplinable sustentó la alzada solicitando la revocatoria del fallo sancionatorio, lo cual fundamentó en los siguientes términos
5.1 Valoración fragmentada del audio
Argumenta el recurrente que el fallo de primera instancia realizó una lectura sesgada de la grabación en formato MP3, al omitir una frase de cierre que resulta fundamental para la exclusión de responsabilidad. En ese orden, advierte que Alirio de Jesús Vásquez fue enfático al manifestar: «yo no los voy a obligar. Ustedes verán por quien votan”. Al respecto, el recurrente sostiene que, al suprimirse esta aclaración final sobre la libertad de sufragio, se transforma una charla informal en una orden imperativa. Agregó que, al ignorar esta manifestación, se vulneraron el principio de unidad de la prueba, toda vez que dicha frase desvirtuaba cualquier ánimo de presión o inducción indebida.
Agregó que, al manifestar «ustedes verán por quien votan», el procesado rompió cualquier nexo de causalidad entre su presencia en la reunión y una posible afectación a la libertad del voto.
5.2 Atipicidad por ausencia del elemento «utilización de empleo»
Arguye la defensa que la primera instancia yerra al considerar que la simple presencia del investigado en una reunión informal constituía la utilización del cargo.
Invocando la sentencia SU-712 de 2013 de la Corte Constitucional, señala que en el expediente no obra prueba alguna de ofrecimientos de contratos, amenazas de despido o uso de bienes estatales. Se trató, según argumentó, de una reunión privada e informal, completamente ajena a las funciones administrativas del alcalde. Enfatizó que no existen pruebas de que el implicado condicionara la permanencia de algún contratista, prometiera una obra pública, utilizara vehículos oficiales o empleara papelería institucional.
También manifestó el recurrente que resultaba imperativo demostrar que el investigado aprovechó su posición de superioridad jerárquica para doblegar o influir en la voluntad de los asistentes. Sobre este punto, precisó que de las declaraciones de José Romel Torres y Cleidy Pacaya se desprende que los ciudadanos asistieron de forma voluntaria a la reunión.
Así mismo, citando la sentencia C-1153 de 2005, la defensa aduce que, al no existir un acto de gobierno, resulta imposible configurar el elemento típico de utilización del empleo. Adicionó que expresar una opinión en una reunión informal, constituye un acto que respeta los principios democráticos en lugar de vulnerarlos.
Finalmente, la defensa concluyó que la conducta era atípica, toda vez que la primera instancia sancionó una mera «presunción de influencia». Al respecto, sostuvo que el régimen disciplinario exige la certeza más allá de toda duda razonable de que el cargo fue efectivamente utilizado como presión.
5.3 Ilicitud sustancial
Sobre esta categoría la defensa manifestó que en el proceso no se demostró que la gestión administrativa del municipio de Puerto Nariño se hubiera desviado, se postergaran servicios públicos o se alterara el orden institucional con ocasión de la reunión objeto de investigación
En ese sentido, resaltó que no se estaba ante un mitin político ni una inauguración de obra con tintes electorales, ni se emplearon elementos objetivos de campaña. Como precedente, se dice que, a diferencia de lo ocurrido en el caso de Daniel Quintero, en este proceso no existen videos, publicidad impresa, tarjetones ni afectación del presupuesto público. Por lo tanto, concluyó que sancionar al entonces mandatario Alirio de Jesús Vásquez por un encuentro privado en un entorno informal equivaldría a castigar el pensamiento y, no la afectación real a la función pública.
La alzada aborda el concepto de «proselitismo», para sostener que, según la «Sentencia C-280 de 2016» de la Corte Constitucional, sin un contexto electoral activo y el uso efectivo del cargo, la conducta no afecta el deber funcional; así mismo, destaca que los presuntos afectados, los asistentes, negaron bajo la gravedad de juramento, haber sido objeto de presión alguna.
5.4 Culpabilidad
A lo largo de su argumento, la defensa insiste en que la expresión «yo no los voy a obligar. Ustedes verán por quien votan», para sostener que la intención de su prohijado generaba, como mínimo, una duda razonable sobre la existencia de una conducta dolosa con su actuar, y que ello, más bien, constituye la demostración indiscutible de que no hubo dolo.
5.5 Pretensiones de la alzada
En suma, la defensa solicita que se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se profiera fallo absolutorio con base en las siguientes razones:
5.5.1 La prueba «reina es de descargo»: Solicita que en esta instancia se escuche la grabación de audio designado «alirio» en su integridad, para verificar que no hubo coacción.
5.5.2 «La atipicidad es manifiesta»: al no haberse acreditado el uso de bienes públicos ni la existencia de presión sobre los subordinados – quienes negaron bajo la gravedad del juramento haber sido objeto de apremio alguno-, la conducta encierra el derecho a la libertad de expresión, por eso solicita que se declare que esta no es típica.
5.5.3 «Ausencia de daño a la función pública»: Que se declare que al no afectarse ni haberse paralizado ningún servicio público en el municipio de Puerto Nariño, como tampoco se fracturó la imparcialidad del Estado, se considere que no hubo ilicitud sustancial.
5.5.4 Solicitud subsidiaria: en el evento que se mantenga la sanción, solicita la suspensión de su ejecución conforme a la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional.
VI. CONSIDERACIONES
6.1 Competencia
De conformidad con el numeral 6.º del artículo 277 de la Constitución Política, los artículos 1 y 16 de la Ley 2094 de 2021 (modificatorios del CGD) y el numeral 3º del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del disciplinable en contra del fallo sancionatorio del 16 de febrero de 2026, proferido por la Procuraduría Regional de Juzgamiento Cundinamarca, toda vez que dicha decisión fue emitida en fase de juzgamiento, frente a un servidor público de elección popular.
Valga precisar que corresponde a la Sala resolver conforme con los lineamientos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023, reiterados, entre otras, en las sentencias SU-381, SU-382, SU-417 de 2024 y SU-426 de 2025, así como por el Consejo de Estado en sentencia del 31 de octubre de 2024, con radicado 11001-03-15-000-2024-03021 y el Auto de Unificación del 3 de diciembre del mismo año 2024.
La alzada se estudia dentro del delimitado marco que define el inciso 2.º del artículo 234 del CGD, en tanto establece que «el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación».
6.2 Estructura de la decisión
Con el propósito de resolver los argumentos del recurso de apelación, la Sala se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (6.2.1) Del caso concreto y valoración probatoria; (6.2.2) De los elementos de la responsabilidad disciplinaria; (6.2.3) Redosificación de la sanción; (6.2.4) Conclusión; y, (6.2.5) Otras determinaciones.
6.2.1 Valoración probatoria. Caso concreto.
6.2.1.1 De la calidad de servidor público del investigado
En el expediente se encuentra plenamente acreditado que Alirio de Jesús Vásquez fue elegido y declarado alcalde del municipio de Puerto Nariño, Amazonas para el período constitucional 2020-2023, en representación política de la «Coalición por el Desarrollo de Puerto Nariño», según consta en la credencial de declaratoria de elecció.
Dicho empleo fue desempeñado efectivamente durante el período citado, tal como se desprende de la certificación expedida el 19 de enero de 2024 por el Área de Talento Humano del respetivo ente territoria.
Dado que el debate planteado por la defensa radica en el alcance y valoración del acervo probatorio, -en particular, del registro magnetofónico «alirio», esta Sala abordará los reproches de la alzada de manera conjunta, en punto que descansan bajo las mismas premisas. Para tal efecto, se analizarán los elementos de convicción recaudados a la luz de las reglas de la sana crítica, según lo establecido en el artículo 159 del CGD, una vez precisada la imputación.
6.2.1.2 Delimitación del cargo único imputado y considerado probado en la decisión impugnada.
Teniendo en cuenta que en el fallo de primera instancia se consideró probado y no desvirtuado el cargo enrostrado, se precisa que la conducta endilgada a Alirio de Jesús Vásquez, en su condición de alcalde del municipio de Puerto Nariño, Amazonas, para el período 2020 - 2023, se circunscribe a la citación y participación en una reunión de carácter político que pudo haberse celebrado en alguno de los días comprendidos entre el 23 y 25 de octubre de 2023.
En concreto, se le censura que en dicho encuentro -llevado a cabo bajo el pretexto de realizar un censo-, el procesado manifestó públicamente su respaldo al candidato a la gobernación del Amazonas, Octavio Benjumea Acosta.
Con tal proceder, se reprocha que buscaba favorecer a dicho aspirante e incidir (influir) en el certamen electoral mediante indebida presión a los electores, valiéndose de su investidura como funcionario público y primera autoridad municipal para hacerles creer que:
Gracias a los ingresos generados por la actividad turística del precitado candidato, en su condición de comerciante de la región, se lograba financiar el pago de treinta (30) funcionarios de dicho ente territorial.
De resultar electo dicho aspirante, el procesado sería nombrado en la nueva administración departamental en un cargo relacionado con el trabajo social; situación que, eventualmente, podría reportarle beneficios laborales a los propios asistentes o electores.
Igualmente, es necesario indicar que en el recurso del apoderado del disciplinable, se observa que, utilizando la técnica judicial del recurso extraordinario de casación y de revisión, para criticar la valoración probatoria en la decisión administrativa del a quo, manifiesta que se presenta «un vicio de nulidad», sin embargo frente a esta confusión, la Sala entiende que, lo que pretende es referirse a los vicios propios del juicio de valoración de la prueba allegada al proceso, como se desprende de los siguientes apartes extraídos del memorial contentivo de su impugnación:
(i) «ERROR DE HECHO. VALORACIÓN FRAGMENTARIA DEL AUDIO (PRUEBA CENTRAL)», señalando que se deriva de un «falso juicio de identidad» en el fallo de primera instancia porque este realizó «una selección arbitraria de apartes», lo cual radica en que la grabación de audio «alirio -fue valorada «tomando únicamente los fragmentos que le servían para edificar la sentencia condenatoria y desechando la frase de cierre: “yo no los voy a obligar. Ustedes verán por quien votan”. Esta frase no es un detalle accesorio; es la cláusula de cierre que determina la intención (dolo) del hablante». A su juicio, dicha expresión resulta fundamental para excluir la responsabilidad de Alirio de Jesús Vásquez; por lo tanto, sostiene que su omisión vulnera la unidad de la prueba y la verdad real del artículo 129 del CGD.
(ii) «Errores de derecho, por indebida aplicación del numeral 2º del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019»: frente a este el mismo recurrente argumenta la ausencia del elemento típico relativo a la «utilización del empleo». En ese sentido, aduce que la «autoridad disciplinaria confunde la calidad de servidor público con el ejercicio de la función pública, asumiendo que todo acto de la vida privada del señor Alirio de Jesús Vásquez está revestido de autoridad administrativa», es decir que, según su parecer, «al ser una reunión informal» su defendido «actuó como ciudadano». Y, que la «Procuraduría no puede sancionar “la sombra del cargo”, sino el “uso del cargo”». […] Agrega que, «La reunión no fue convocada en el despacho del Alcalde, ni en horario laboral, ni se utilizó el perifoneo oficial del municipio. Fue un encuentro de carácter privado e informal. Al no haber un “acto de gobierno”, no puede haber “utilización del empleo”»
Precisadas las dos líneas básicas en controversia para desarrollar la revisión del presente proceso en lo que compete a esta instancia, la Sala pasará a analizar los siguientes aspectos subyacentes.
6.2.1.3 De las elecciones territoriales. Período constitucional 2024-2027
En este contexto, se destaca que el 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones de autoridades territoriales en el país. Específicamente en el departamento del Amazonas, y respecto al candidato mencionado a la gobernación mencionado en la reunión política -a quien el procesado manifestó su respaldo- se constata, a partir de la información publicada en el portal web de la Registraduría Nacional del Estado Civihttps://escrutinios-2023.registraduria.gov.co/published- que el ciudadano Octavio Benjumea Acosta accedió a una curul en la asamblea departamental del Amazonas, en aplicación del Estatuto de la Oposición (artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.
Dicha asignación quedó consignada en el acta de escrutinio de gobernador (formulario E-26 GOB), mientras que la declaratoria de la elección de la corporación se formalizó mediante el formulario E-26 ASA. Esta condición fue ratificada por el propio ciudadano en la declaración juramentada rendida el 6 de noviembre de 2025, en la cual confirmó que se encuentra ejerciendo la dignidad de diputado del departamento del Amazona.
6.2.1.4 Del análisis de la prueba magnetofónica denominada «alirio
Revisada la grabación de forma integral correspondiente a la cuestionada reunión política celebrada entre el 23 y 25 de octubre de 2023, esta Sala analizará en apartados de forma cronológica en su contenido, advirtiendo que de ella se desprende lo siguiente:
i. Inicio del registro fonográfico
En la parte inicial del audio se escucha el arribo del procesado Alirio de Jesús Vásquez al recinto, escenario en el cual es recibido por un grupo de asistentes. Así mismo, se destaca que se dirigió [minuto 00:55] a uno de los asistentes - el SUJETO 9- para manifestarle que le parecía haberlo censado con anterioridad, ante lo cual su interlocutor responde afirmativamente, tal como se registra en los siguientes apartados:
[…]
SUJETO 1: Permiso.
SUJETO 2: Siéntese.
SUJETO 3: Sigue.
SUJETO 4: GEOVANY, WILLIAM, DANIEL.
SUJETO 5: Espérenme ahí, yo les digo cómo [inaudible] hacer ese calendario.
SUJETO 3: Sigan, sigan.
SUJETO 6: Buenas, Hola [inaudible]
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 00:24]: Porque tengo que atender a esta gentecita rápido porque me voy.
SUJETO 3: ¿A las once, sí?
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 00:30]: sí, me voy a las once, sí. Claro que ya, supongamos en el caso de él.
SUJETO 7: ¿Me puedo sentar aquí?
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: De él.
SUJETO 6: Sí. Siéntese.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 00:35]: Usted. Yo creo que no hay necesidad.
SUJETO 8: Ya está.
SUJETO 3: Gracias, gracias muchachos.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: y a los...
SUJETO 3: Listo, listo, gracias.
SUJETO 8: Voy a salir.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 00:44]: Bueno, muy buenos días.
SUJETO 6: Buenos días.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 00:46]: Yo creo que el Gato también. Lo que pasa es que [inaudible] ya también lo...
SUJETO 3: Sigan, sigan.
SUJETO 6: Se puede ir, Gato.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Yo creo que usted ya está acá, ¿no?
SUJETO 9: Subiendo, subiendo
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 00:55]: Espere a ver... el Gato. Sí, me parece que yo sí ya lo… lo censé a usted, ya me parece, ¿sí?
SUJETO 9: Sí.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Bueno.
SUJETO 3: Listo, gracias.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 01:04]: Bueno, muy buenos días.
SUJETO 7: Muy buenos días
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 01:05]: ¿Usted también?, ¿no?
SUJETO 10: No, no.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 01:07]: ¿Usted no? No, no tampoco, vea.
SUJETO 10: No ha [inaudible] todavía.
[…]
Obsérvese cómo desde el ingreso del investigado al recinto se exterioriza el uso de la expresión «censé». De entrada, resulta evidente como el investigado emplea dicho término como preámbulo para manifestar, posteriormente, su apoyo político en favor de Octavio Benjumea Acosta, entonces candidato a la gobernación del Amazonas, tal como se acredita en el mismo registro de audio, como se observa a continuación.
ii. Del «censo» realizado cinco (5) días antes de las elecciones territoriales
Seguidamente, el procesado explica las razones por las cuales los convocó, precisando que el motivo era «hacer un censo más o menos de lo de la política» porque, según lo afirmado, deseaba conocer «quién tiene mayoría para yo irme con ese candidato».
A continuación, da inicio al «censo» indagando a los asistentes por quién votarían para la alcaldía, la asamblea y la gobernación. Inicia la consulta con el SUJETO 11, quien se identifica como Danny Monsalve y le indica los nombres de los candidatos de su preferencia.
Sin embargo, se observa que cuando dicho interlocutor manifiesta no tener claro su candidato a la asamblea, el procesado lo interpela y le advierte que debe tomar una postura, bajo el argumento de que «yo creo que ya debe tomar la decisión porque no faltan sino cinco días no más», -hecho que ubica cronológicamente la reunión el día martes 24 de octubre de 2023-. Ante esta precisión, el SUJETO 11 responde inmediatamente que apoyaría a «mi amigo OME»:
[…]
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 01:04]: Bueno, muy buenos días.
SUJETO 7: Buenos días.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 01:16]: Pues yo los mandé a llamar es para yo hacer un censo más o menos de lo de la política.
[minuto 01.24] Yo no los voy a obligar, ya ustedes se matarán entre ustedes por quién van a votar, bueno, no sé, ya ustedes eso ya toman la decisión. Yo lo que quiero hacer es un censo para ver quién tiene mayoría para yo irme con ese candidato, ¿sí me entiende? Entonces para eso los mandé a llamar. Para… ¿supongamos usted para la Alcaldía por quién vas a votar? Ustedes dos… ¿cómo es que es tu nombre?
SUJETO 11: Danny Monsalve.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 01:57]: Este... ¿Para la Alcaldía BETO, no?
SUJETO 11: Si señor.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 02:05]: ¿Para la Asamblea?
SUJETO 11: Eh, no tengo candidato. Pues estaba…me estaba hablando OME y otras personas por ahí, pero no, yo no tengo elegido ahí, no.
ALIRIO DE JESUS VÁSQUEZ: [minuto 02:20] Bueno, pero más o menos…ya, yo creo que ya debe tomar la decisión porque no faltan sino cinco días no más.
SUJETO 11: Voy a apoyar a mi amigo OME
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Listo, bueno.
[…]
Al respecto, para esta colegiatura resulta evidente que, aun cuando el investigado Alirio de Jesús Vásquez pronunció al minuto 1:24 la expresión «Yo no los voy a obligar, ya ustedes se matarán entre ustedes por quién van a votar, bueno, no sé, ya ustedes eso ya toman la decisión», dicha manifestación no desvirtúa el carácter indebido de auscultar la intención de voto de los convocados a la reunión, ni su propósito de influir en la contienda electoral, aun cuando diga inicialmente que el denominado censo era para él tomar la decisión por quién votar.
Por el contrario, al analizar la prueba de forma integral bajo las reglas de la sana crítica, y por ahora, solo frente este apartado, se colige también que la advertencia de que «ya debe tomar la decisión porque no faltan sino cinco días no más», lejos de denotar neutralidad, -o, como pretende hacer ver la defensa, un «acto que respeta los principios democráticos y nos los vulnera», constituye una presión ejercida por la primera autoridad del municipio.
iii. Apoyo al candidato Octavio Benjumea Acosta
En este estado de la reunión, el SUJETO 11 agrega que para la gobernación votaría por «Octavio». Es en ese momento cuando el entonces alcalde Alirio de Jesús Vásquez manifiesta de forma abierta, explícita y categórica, en contradicción a lo dicho inicialmente que con el censo pretendía definir por quien sufragar, su respaldo al candidato Octavio Benjumea Acosta: «yo estoy apoyando a OCTAVIO», bajo el argumento de que este genera turismo para el municipio; conducta que denota la utilización de su empleo para influir en el proceso electoral mediante el direccionamiento del voto a través del condicionamiento de la nómina municipal y de los recursos del erario.
En efecto, el investigado justifica dicho respaldo aduciendo que el referido candidato «todos los días nos trae plata acá» por cuenta de la actividad turística, y añade: «Entonces, cómo no apoyar a una persona sabiendo que está empleando aquí diario treinta personas, en el año».
Según lo expresado por el disciplinable, tales recursos - provenientes de la visita de los turistas al sitio llamado «El Mirador»- eran destinados no solamente al embellecimiento del municipio de Puerto Nariño, sino de manera especial que con esos dineros se les pagaba a ellos, es decir, se financiaba la relación que tenían los convocados a la reunión con el ente territorial, como por ejemplo, cuando dice «y con eso más de uno de ustedes se les paga» o que, «Yo empleo acá treinta personas con ese recurso», indicando seguidamente que son «las escobitas»; aunado a la contundente e influyente afirmación de coacción, cuando afirma, que: «Entonces, cómo no apoyar a una persona sabiendo que está empleando aquí diario a treinta personas, en el año. Entonces por eso yo estoy con Octavio». [Resaltado de la Sala]. Veamos:
[…]
SUJETO 11: Y para la Gobernación sí con…con este muchacho de...OCTAVIO.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 02:41]: Venga, ahorita que hablaste de OCTAVIO, yo estoy apoyando a OCTAVIO. Yo creo que Gaucho también…yo también ya lo... ¿sí o no?
SUJETO 12: Sí, mi persona y a [inaudible].
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: A los dos, ¿no?
SUJETO 12: Yo ya...no, no, entonces sí.
SUJETO 3: Ah listo. Listo, listo.
SUJETO 6: Es decir, de [inaudible]
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 03:01]: venga entonces mire: yo estoy apoyando a OCTAVIO es por la sencilla razón de que él todos los días nos trae plata acá. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué?
SUJETO 6: ¿Por el turismo?
ALIRIO DE JESUS VÁSQUEZ [minuto 03:12]: Exactamente. Todos los días aquí se recogen recursos, y con eso más de uno de ustedes se les paga. Yo empleo acá treinta personas con ese recurso que yo recojo a diario, que son las escobitas, son los que…los que limpian las vías, la biblioteca, la [inaudible], y más de uno de ustedes. Entonces, cómo no apoyar a una persona sabiendo que está empleando aquí diario a treinta personas, en el año. Entonces por eso yo estoy con Octavio. Bueno, este tiene la cachucha, me convence por ese lado... no, no es que es verdad, es verdad, yo creo que más de uno no lo sabe. Mucha gente dice: “no es que el Alcalde recoge ese recurso y va y se lo roban”, no.
SUJETO 6: Eso es lo primero que habla el que no sabe.
ALIRIO DE JESUS VÁSQUEZ: [minuto 04:04] Eso, eso, eso. Es para el personal ese recurso, y para hacer por ahí de pronto andencitos…bueno, eso para embellecer el pueblo. Recogemos nosotros esos recursos, y ya ese recurso para va a ser para toda…para toda la vida, porque ya el Ministerio ya nos aprobó que no tenemos ningún problema nosotros. Y ahorita se va a subir a quince…porque está en quince mil ya…estaba en doce mil, pero yo lo quiero subir a veinte mil para que sea sino un solo pago acá, y no tener que pagar en el mirador; desde acá ya vaya pago, vaya pago...
SUJETO 3: Ah, hacer un solo pago.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Lo de diez del mirador, lo del mirador.
SUJETO 6: Ah, un solo paquete.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 04:40] De un solo paquete, y que ahí va a pagar todo el mundo, porque es que en el mirador hay gente o niños que no suben, entonces se pierde. En cambio así, pagando todos…bueno, la entrada se paga así, los veinte mil, van a pagar todo eso y se va a recaudar más. Porque supongamos, en el mirador pueden subir la mitad de cincuenta personas, entonces esos cincuenta se van a recuperar acá porque se le va a cobrar a todo el mundo: a niños, a abuelos…bueno, en fin. Por eso yo estoy, pues, muy entusiasmado con OCTA VIO, porque él de todas maneras nos ha colaborado bastante acá, porque es el que más trae turistas. Bueno, entonces ¿seguimos con?
[…]
Así es que, para la Sala, a partir del análisis del fragmento transcrito, resulta evidente que la intervención de Alirio de Jesús Vásquez trasciende el ámbito de una simple opinión ciudadana o manifestación de carácter privado para convertirse en una clara utilización de su cargo, como alcalde.
En efecto, el entonces representante legal del municipio de Puerto Nariño vinculó directamente el recaudo de los recursos de este generados por el turismo que en gran parte les traía el candidato [«porque es el que más trae turistas»], con la vinculación de los contratistas por prestación de servicios del ente territorial: «las escobitas, […] los que limpian las vías, la biblioteca», ello con el claro objetivo de conseguir el respaldo político a este candidato, Octavio Benjumea Acosta, del que abiertamente dijo era a quien él apoyaba. Todo lo cual, de entrada, derrumba los argumentos de la alzada en punto de que su defendido no utilizó el cargo para influir en la contienda política.
En definitiva, al instrumentalizar la gestión y el erario municipal con la sostenibilidad de la relación contractual de los asistentes con el Estado, para presionar e inducir claramente la preferencia electoral de los mismos, el investigado ejerció una indebida influencia. Con ello, se acredita plenamente la configuración de la prohibición reprochada relativa a la utilización del empleo para favorecer causas o campañas políticas, desvirtuando la tesis de la defensa sobre el carácter de una reunión informal o privado.
El condicionamiento de «hacer un censo», per se irregular porque no solamente era con el fin de registrar sus preferencias políticas, sino también alinear a los asistentes con el candidato Octavio Benjumea Acosta, en un contexto de subordinación, entendida esta como la calidad del cargo -máxima autoridad y poder- que ostentaba el disciplinable frente a personas vinculadas jurídicamente con el ente territorial, y a escasos días del debate electoral, configura una evidente utilización del empleo para influir en la causa política.
Por consiguiente, la reiterada inconformidad del apelante basado en la supuesta omisión de la frase, -que transcribe la defensa como: «yo no los voy a obligar. Ustedes verán por quien votan», carece de vocación de prosperar. Contrario a lo sostenido por el recurrente, tal afirmación no tiene el alcance eximente que se le atribuye, en tanto se integraba a un discurso eminentemente persuasivo y de condicionamiento, como se ha venido corroborando.
En este orden de ideas, su lectura integral no solo desestima el argumento de alzada referida a indebida apreciación del contenido material de la prueba porque según su dicho el a quo la cercenó, sino que reafirma la certeza que la orientación ideológica del mensaje mediante el cual el encartado -lejos de actuar como un simple ciudadano o en el marco de una reunión informal-, utilizó su cargo para interferir en el certamen electoral, tal como se seguirá exponiendo.
iv. Continuación de la reunión con la indagación del alcalde sobre las preferencias electorales de los contratistas del municipio.
Avanzando en el desarrollo del llamado «censo», el investigado ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ continúa averiguando sobre la preferencia política de las personas convocadas al encuentro. Se destaca que los SUJETOS 13 y 14 coinciden en respaldar a los mismos candidatos (alcaldía: Beto; asamblea: Wilson Sánchez y gobernación: Octavio), es decir, se resalta que a la gobernación a Octavio Benjumea Acosta:
[…]
SUJETO 13: Con EDBIN GEOVANY LINARES.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: ¿EINT GIOVANNY?
SUJETO 13: E, D, B larga, LIN ...GEOVANY LINARES GEOVANY LINARES.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 05:42]: Eso es suyo... Bueno, entonces, ¿para la Alcaldía por quién?
SUJETO 13: [Inaudible] pues yo estoy con mi tía LAURA, yo estoy acá con don BETO, para la Gobernación con don OCTAVIO, y a la Asamblea voy apoyar a don WLSON SÁNCHEZ.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: ¿Tu nombre cómo es?
SUJETO 14: [Inaudible] MENDOZA
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 06:10]: MENDOZA. ¿Por la Alcaldía con quién estás?
SUJETO 14: [Inaudible] BETO.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: BETO. ¿Para la Asamblea?
SUJETO 14: A WILSON SÁNCHEZ.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 06:27]: ¿y para la Gobernación?
[inaudible]
SUJETO 6: ¿Yo? Pues don Alirio…
SUJETO 15: Eh, no estoy seguro, no estoy seguro.
SUJETO 6: Yo estoy con los tres, porque yo con WILSON tengo… me habló desde un principio antes de la campaña.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 06:43]: ¿Está con los tres? ¿Y sí se aguanta con los tres? Entonces BETO…
SUJETO 6: Con Octavio sí ni hablar porque...
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 06:53]: OME y OCTAVIO ¿no?
SUJETO 6: OCTAVIO es un parcero.
[…]
Como se aprecia, lejos de tratarse de un diálogo espontáneo e informativo, el audio revela cómo el mandatario municipal, Alirio de Jesús Vásquez, adelantaba una labor de investigación respecto de la orientación del voto de los asistentes, al requerir nombres y apoyos partidistas específicos. Esta labor de verificación, realizada por quien ostentaba la máxima autoridad administrativa del municipio, en contra de lo que es su función misional como alcalde, además, desborda el ejercicio legítimo de los derechos políticos ciudadanos. En efecto utilizó la investidura oficial para el direccionamiento y verificación de apoyos en favor de una causa electoral específica, aterrizada en el respaldo al entonces candidato Octavio Benjumea Acosta.
v. La promesa de otro beneficio: una «garantía» a cambio del respaldo electoral.
A continuación, el procesado expone a los asistentes la existencia de una «garantía» condicionada al apoyo de su candidato de preferencia a la gobernación del Amazonas, Octavio Benjumea Acosta. Según lo afirmado por el investigado, dicho aspirante le habría manifestado: «yo me lo llevo para Leticia, para la Gobernación, para que usted haga el trabajo social en Puerto Nariño», lo que se traduciría en una intermediación para el acceso a beneficios u oportunidades laborales en favor de los votantes:
[…]
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 06:55]: Venga, hay una garantía. Usted sabe que, pues yo ya de aquí ya no me voy, yo salgo de la Alcaldía y aquí me quedo.
SUJETO 6: Claro.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 07:01]: Aquí es mi casa y toda esa vaina. Entonces OCTAVIO me dijo a mí: “como usted es muy social con todo el mundo, todo el mundo le arrima, no tienen pena de hablar con usted, no más salga de la Alcaldía, yo me lo llevo para Leticia, para la Gobernación, para que usted haga el trabajo social en Puerto Nariño”. De todas maneras, van a tener allá un amigo para cualquier cosa; pues ahí voy a estar de pronto para un trabajo…bueno, lo que sea, para cualquier necesidad. Él me va a tener allá como para que le ayude a hacer todo el trabajo social de acá de Puerto Nariño, las necesidades en las comunidades…bueno, en el pueblo. Entonces, como todo el mundo tiene confianza con uno, y a uno lo dejan entrar en cualquier lado, ya… ¿bueno entonces tú? ¿Con los tres también?
[…] -Resaltado de la Sala-.
En este apartado del registro magnetofónico se evidencia la promesa con fines inequívocamente electorales. El procesado utiliza su proyección política e institucional, -a partir de un eventual nombramiento en la administración departamental- para persuadir al electorado, presentándose como el canal directo de acceso para vincularse laboralmente: «ahí voy a estar de pronto para un trabajo … bueno, lo que sea, para cualquier necesidad.».
Es evidente que dicho comportamiento denota una estrategia para conseguir apoyos basada en la expectativa de puestos de trabajo o suplir necesidades de los asistentes, hasta llegar al punto de pretender conseguir adeptos, al prevalerse inclusive de la confianza que el pueblo le tenía, lo que confirma, sin lugar a duda alguna, que Alirio de Jesús Vásquez utilizó la investidura que ostentaba para buscar ventajas políticas en favor del candidato de su preferencia.
vi. La Intención de voto de los Sujetos 7 y 3
Seguidamente, una vez expuesta «la garantía» derivada de respaldar al citado candidato a la gobernación del Amazonas, el investigado prosigue con el desarrollo del «censo». En esta ocasión los SUJETOS 7 (Norvis Esther Naranjo Gómez) y 3 manifestaron su intención de voto en favor del candidato Octavio Benjumea Acosta, coincidiendo así con las preferencias reportadas por los SUJETOS 13 (Edbin Geovany Linares) y 14 (Mendoza). Nótese que cuando interroga por el candidato a la gobernación, el investigado ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ introduce directamente el nombre de «Octavio», en lo que se conoce como pregunta cerrada, y como una forma de inducir la respuesta. Veamos:
[…]
SUJETO 7: Sí
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 07:50]: ¿Cómo es tu nombre?
SUJETO 7: NORVIS ESTHER NARANJO GÓMEZ.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: ¿Para la Alcaldía?
SUJETO 7: BETO.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: ¿Para la Asamblea?
SUJETO 7: El señor OME.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: ¿OCTAVIO ¿no?
SUJETO 7: Sí señor.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: ¿Usted?
SUJETO 3: Igual, señor Alcalde. Usted sabe.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: ¿Usted vota en Leticia?
SUJETO 3: BETO, yo voto allá, ¡ay, perdón!, por BETO no, por OCTAVIO, por OCTAVIO.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: ¿OCTAVIO y?
SUJETO 3: Y por el de la Asamblea.
[…]
Además, en este aparte de la reunión, la Sala reitera que no es cierta la tesis defensiva encaminada a la presunta naturaleza privada o informal de la reunión o la actuación del procesado como simple ciudadano. Obsérvese cómo el SUJETO 3 responde al procesado dirigiéndose a él de forma explícita con el apelativo de «señor Alcalde», y agregando la expresión «Usted sabe», lo que evidencia un reconocimiento inequívoco de la dignidad e investidura oficial que ostentaba. De este modo, la prueba acredita que Alirio de Jesús Vásquez en ningún momento actuó al margen de su condición de primera autoridad del municipio de Puerto Nariño, Amazonas, sino que se valió de ella como un factor para el condicionamiento de la voluntad del electorado.
vii. Interrupción de la reunión por funcionario de la Personería y la Defensoría del Pueblo
En ese instante, antes de que el SUJETO 3 le confirmara al procesado que su puesto de votación se encontraba en el municipio de Leticia, la reunión fue interrumpida por el SUJETO 16, quien se dirige al «jefe», que obviamente es el alcalde, ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ, para informarle que en el exterior de donde se celebraba la reunión era requerido por funcionarios de la Personería y Defensoría del Pueblo, precisando lo siguiente: «Es por tema de unas quejas que hay, vienen desde Bogotá a hacer una verificación». Ante esto, el investigado manifiesta que ya procederá a atenderlos, de lo que se infiere que se encontraba en las instalaciones oficiales de la alcaldía:
[…]
SUJETO 16: Jefe qué pena.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Sí porque...
SUJETO 16: Permiso. Jefe es que está Personería con Defensoría del Pueblo, afuera.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: ¿Personería y qué?
SUJETO 3: Defensoría del Pueblo.
SUJETO 16: Personal de la Defensoría.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Pues yo no puedo atender, porque yo me voy ahorita a las [inaudible]
SUJETO 16: Ellas también, dicen que no se demoran cinco minutos. ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Sí, pero...
SUJETO 16: Es por tema de unas quejas que hay, vienen desde Bogotá a hacer una verificación.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Ah, ya. Listo, entonces ya los atiendo y...
SUJETO 16: Listo Jefe.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Usted es, usted vota es en Leticia ¿no?
SUJETO 3: Sí señor.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: OME y OCTAVIO. ¿Y para la Alcaldía allá en Leticia por quién?
SUJETO 3: Uhh, estamos mirando. Posiblemente con el Alemán.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Con Alemán...
SUJETO 3: Con Alemán.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Ya. Listo. Entonces. ¿Cómo es el nombre tuyo?
SUJETO 17: EVER PEÑA,
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Por la Alcaldía, ¿con quién está?
SUJETO 17: Con BETO... OCTAVIO, WILSON.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Para para la Asamblea, ¿con quién?
SUJETO 17: WILSON.
[…]
En este segmento se resalta la presencia intempestiva de los delegados del ministerio público, motivada por alertas institucionales originadas desde el nivel central en Bogotá; circunstancia que corrobora, una vez más, que la reunión no correspondía a un encuentro de carácter privado o informal. Pese a ser advertido de la presencia de las autoridades de control, no obstante que dice «Ah, ya. Listo, entonces ya los atiendo», no procede a suspender inmediatamente el proselitismo político, sino que el entonces alcalde Alirio de Jesús Vásquez apresuró el cierre de la reunión con el SUJETO 3 y, de manera inmediata, ratificó e indujo en la pregunta, los candidatos de su preferencia para la asamblea y la gobernación «OME y OCTAVIO. ¿Y para la Alcaldía allá en Leticia por quién?». Es decir, su propósito fue continuar indagando sobre la intención de voto de los demás asistentes antes de atender a las autoridades, tal como ocurrió con el SUJETO 17 (Ever Peña), quien también ratificó su respaldo al candidato impulsado por el mandatario local: Octavio Benjumea Acosta.
Así se constata que, en tales circunstancias continuó con el direccionamiento electoral; claro es que a sabiendas de que delegados de la Personería y de la Defensoría del Pueblo adelantaban una verificación por quejas originadas en el nivel central, demuestra que la prioridad del mandatario local no fue velar por la transparencia, neutralidad e imparcialidad de su cargo, sino asegurar, el compromiso político de los ciudadanos allí reunidos.
viii. Culminación de la reunión
Luego de que el investigado validara las preferencias de los asistentes, concluyó el encuentro ratificando el motivo central de la convocatoria al manifestar de forma expresa, para cerrar la reunión con quienes se debía votar. Veamos:
[…]
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: ¿Y BETO, no? BETO, OME y OCTAVIO, ¿no? Bueno, para esto yo los llamaba, lastimosamente...
SUJETO 3: Sí, se te ha pasado rápido el tiempo.
ALIRIO DE JESUS VÁSQUEZ: Sí, sí, porque el tiempo pasa y… me toca bajar ahorita.
SUJETO 3: Sí, señor.
SUJETO 18: Bueno, que te tenga un buen día.
ALIRIO DE JESUS VÁSQUEZ: A ustedes, de todas maneras, muchas gracias ya.
SUJETO 18: A usted, por sus servicios. Permiso.
SUJETO 3: Siga.
SUJETO 19: Permiso.
SUJETO 3: Gracias muchachos.
SUJETO 20: Todo bien.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Bueno, hablamos.
SUJETO 6: Don Alirio, muchas gracias.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Bueno.
SUJETO 6: Usted sabe que yo estoy [inaudible] nunca te (sic) descamparé.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Ah bueno,
SUJETO 6: Muchas gracias, hasta luego. Que tenga un buen viaje.
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ: Usted tampoco me vaya a dejar
[…]
En este último segmento, la frase de cierre expuesta por el investigado reafirma la intencionalidad de la convocatoria al grupo de personas para el aseguramiento del respaldo político: «¿Y BETO, no? BETO, OME y OCTAVIO, ¿no? Bueno, para esto yo los llamaba, lastimosamente…», agregando que (ante la interrupción del sujeto 3), «Sí, sí, porque el tiempo pasa y… me toca bajar ahorita», es decir, allí decide bajar para atender a los órganos de control que le habían anunciado su presencia.
En síntesis, de la valoración integral de esta prueba, la estrategia de la defensa -centrada en sostener que el a quo incurrió en un yerro por apreciación o indebida valoración probatoria del mencionado audio «alirio, al omitir la frase de cierre: «yo no los voy a obligar. Ustedes verán por quien votan», carece de fundamento fáctico y jurídico.
Antes del pronunciamiento sobre la frase que señala la defensa que no fue valorada por el a quo, valga hacer las siguientes precisiones, primero que no se trató de una frase «cierre», pues al escuchar el citado audio, la manifestación se realizó una vez iniciada la reunión, exactamente al minuto “00:01:24” de los 00:10:16” que duró la reunión, es decir, ni siquiera se puede argumentar que fue de cierre tal dicho, y que la primera instancia la cercenó o eliminó al final, pues sí está en incluida en el fallo; y de otra parte, la transliteración, que se registró también en esta decisión en el punto ii) sobre lo dicho en el contexto del «censo», y solamente en ese momento, corresponde exactamente a lo siguiente:
ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ [minuto 01:16]: Pues yo los mandé a llamar es para yo hacer un censo más o menos de lo de la política.
[minuto 01.24] Yo no los voy a obligar, ya ustedes se matarán entre ustedes por quién van a votar, bueno, no sé, ya ustedes eso ya toman la decisión. Yo lo que quiero hacer es un censo para ver quién tiene mayoría para yo irme con ese candidato, ¿sí me entiende? Entonces para eso los mandé a llamar […]
Contrario a lo sostenido por el recurrente, que se encuentra en el examen general de la transliteración que también se hizo en el fallo impugnado, tal afirmación no tiene el alcance eximente que se le pretende atribuir, en tanto se integraba a un discurso eminentemente persuasivo y de condicionamiento, como se ha venido corroborando. Y, de otra parte, la frase similar la utiliza el disciplinable al comienzo para sustentar lo que él llamó «el censo», que le serviría, al decantar quien tenía la «mayoría», para tomar la decisión por cuál candidato él votaría.
Como quedó demostrado, dicha expresión no tiene el alcance ni la virtud eximente de responsabilidad que pretende atribuir la defensa. Por el contrario, al integrarse armónicamente y al contexto del desarrollo general de la conversación sostenida por el procesado, se confirma plenamente que Alirio de Jesús Vásquez utilizó su cargo de alcalde del municipio de Puerto Nariño, Amazonas, para disfrazar, con un simulado «censo» de preferencias políticas y que no deja de ser irregular, así le diera esa denominación, la verdadera intención de la reunión, que la destapa más adelante, cuando sustenta cuál es su candidato -Octavio Benjumea Acosta-, como expresamente de manera reiterada lo manifestaba en el desarrollo de la reunión, al enunciarlo en las preguntas e inclusive argumentando los beneficios si votaban por este, como ya se analizó in extenso en apartados anteriores.
No puede pasar desapercibido que no eran las manifestaciones en la reunión por él congregada, de un simple ciudadano en una tertulia de amigos, sino del alcalde del municipio con contratistas por prestación de servicios de dicho ente territorial.
En efecto, está demostrado que aprovechándose de su posición de superioridad jerárquica e investidura institucional convocó una reunión orientada a comprometer, a través de un falso censo, el respaldo de los asistentes hacia el candidato a la gobernación de su preferencia, Octavio Benjumea Acosta, interfiriendo así en el libre y normal desarrollo de las elecciones territoriales celebradas el 29 de octubre de 2023. De ahí que no se vislumbre vulneración alguna a los principios de unidad de la prueba, presunción de inocencia ni debido proceso.
Finalmente, cabe indicar que la prueba fonográfica examinada fue recaudada e incorporada oportunamente al expediente de manera lícita, con estricta observancia de las garantías procesales.
Analizado el registro del citado audio, procederá la Sala a examinar los testimonios recaudados en el curso de la actuación procesal, a fin de confrontar sus dichos con el contenido del soporte digital y valorar su pertinencia de cara al cargo formulado al procesado.
6.2.1.5 De los testimonios
Durante las fases de instrucción y de juzgamiento, se recepcionaron las declaraciones de las personas que se relacionan a continuación. Dichos medios de prueba fueron decretados tanto de oficio como a solicitud de la defensa técnica del procesado, para integrar el acervo probatorio que fue tenido en cuenta en el fallo de primera instancia objeto de alzada, y que en esta instancia se valoraran así:
6.2.1.5.1 Octavio Benjumea Acosta
En la sesión de audiencia del 6 de noviembre de 202, el testigo manifestó que se desempeñaba como diputado del departamento del Amazonas, cargo alcanzado en virtud del Estatuto de la Oposición por el Partido de la Unión por la Gente (Partido de la U).
Es decir, que se corrobora por la Sala, que participó en la contienda electoral del año 2023, para elegir autoridades territoriales del departamento de Amazonas, en particular para su caso a la gobernación para el período 2024-2027, y que ocupó la segunda votación, que le dio derecho a posesionarse como diputado para ese período constitucional, conforme al Estatuto de la oposición.
Expuso que sostiene una relación de amistad con el procesado desde hace más de veinte (20) años, conociéndolo como comerciante, político y alcalde de Puerto Nariño.
Efectivamente se corrobora que el investigado se conocía de tiempo atrás con el candidato a la gobernación, Octavio Benjumea Acosta, para ese momento.
Frente a la reunión celebrada al parecer en un día entre el 23 y 25 de octubre de 2023, indicó no constarle que el investigado hubiese convocado a dicho encuentro a servidores públicos o contratistas del municipio; así mismo, sostuvo que no estuvo presente, no fue invitado a participar y desconoce lo sucedido en la misma. De otra parte, negó tener conocimiento acerca de si Alirio de Jesús Vásquez expresó públicamente respaldo a su candidatura a la gobernación del Amazonas. Manifestó, además, que no participó en procesos electorales con el disciplinable ni le prometió a este, o a sus allegados, nombramientos en la administración pública de resultar elegido. Desconoce, en sí, el contenido de la prueba fonográfica.
El deponente negó rotundamente que Alirio de Jesús Vásquez le hubiese ofrecido votos, presentado listas de sufragantes o llevando ciudadanos a su sede para comprometer votos en favor de su campaña. Aunado a ello, sostuvo que el investigado nunca le manifestó que lo acompañaría en su aspiración política y que, de haberlo hecho, habría sido a título personal.
Así mismo, afirmó que durante la contienda electoral visitó el municipio de Puerto Nariño y enfatizó que el entonces alcalde, Alirio de Jesús Vásquez, nunca lo acompañó a sus actos públicos. Al respecto, precisó que en dicho ente territorial obtuvo una votación aproximada de 1.400 sufragios, resultando ganador en esa jurisdicción por una diferencia de 100 votos.
Es de precisar que en el pliego de cargos que se consideró probado en la decisión de fondo impugnada, no se asevera que el candidato hubiera participado en la reunión, ni que tuviera conocimiento de la misma, como tampoco que el alcalde, hoy investigado hubiera participado en eventos públicos con el entonces candidato «Octavio».
Al ser interrogado sobre la financiación de la nómina de ese municipio a través del turismo, aclaró que desde hace diez (10) años, mediante acuerdo del concejo municipal de Puerto Nariño, se creó un cobro a los visitantes por concepto de contribución ambiental (estampilla turística), tarifa cancelada directamente por cada turista. Agregó que para los años 2022 y 2023 se desempeñaba como coordinador fluvial de la empresa privada «Selvatur». Con lo cual se evidencia que efectivamente tenía una relación con el municipio de Puerto Nariño, a través del turismo.
Lo anterior sí fue uno de los elementos tenidos en cuenta en el fallo, al ser usado por el disciplinable para sustentar que se debía votar el señor Octavio Benjumea Acosta, como candidato a la gobernación, ya que por esos dineros que le traía al ente territorial se pagaba la nómina de algunos de los asistentes a la reunión, con lo cual, la Sala considera que, a unos días de las elecciones, era evidente, que estaba demandando de los participantes gratitud con su candidato.
En síntesis, la Sala advierte que no obstante lo expresado por el testigo Octavio Benjumea Acosta, en cuanto a que no presenció la cuestionada reunión política, no desvirtúa el reproche disciplinario formulado, ya que se tiene el contenido del registro magnetofónico valorado anteriormente que demuestra, sin duda, cómo el investigado Alirio de Jesús Vásquez utilizó su cargo para favorecer la causa política de este candidato, presionando e induciendo a los asistentes, precisamente, en favor del aquí declarante.
6.2.1.5.2 Declaraciones de los servidores públicos de planta y contratistas del municipio de Puerto Nariño
Al expediente se allegó la relación de veintidós (22) servidores públicos vinculados al ente territorial para la época de los hecho, así como el listado de los contratista de septiembre 29 a octubre 17 de 2023, agrupados así:
I) Servidores públicos
| Funcionario | Cargo |
| Alirio de Jesús Vásquez | Alcalde |
| Diana Carolina Chavez Gómez | Jefe de control interno de gestión |
| Carlos Fabian Mendoza Mendoza | Jefe oficina asesora jurídica |
| Nathalia Pino Ortega | Secretaria general, gobierno y asuntos étnicos |
| Cristian Andrés Pineda Guerra | Secretario de Planeación, Infraestructura y las TIC |
| Alejandro Rivera García | Secretario de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte |
| Alexander Carreto Páez | Tesorero General |
| Paola Andrea González González | Comisaria de Familia |
| Clever Navarro Vargas | Inspector de Policía |
| Rebeca Nerea Peña | Técnica Administrativa – Talento Humano |
| Gerardo García Carihuasari | Técnico Administrativa – Tesorería |
| Gegel Romualdo Ahue Ruíz | Técnico Administrativa – Presupuesto |
| Elber Noriega Jordán | Técnico Administrativa – Almacén |
| Danixa Yurani Arcentales Suárez | Secretaria |
| Micsin Suleidi Guerrero Coello | Auxiliar Administrativo – Rentas |
| Nixon Eliecer Da Silva López | Operario calificado |
| Alveiro Antonio Sangama Carvajal | Auxiliar Administrativo |
| Henry Armando Espejo Baos | Trabajador social |
| Letty Paola Almeida Castillo | Auxiliar Administrativo – Archivo |
| Luz René Flores Murrieta | Auxiliar Administrativo – Biblioteca |
| José Romel Torres Suárez | Auxiliar Administrativo – Inspección de Policía |
| Willington Carvajal Laureano | Auxiliar Administrativo - Contabilidad |
De este grupo, fueron llamados a declarar en las etapas de instrucción y/o juzgamient: i) Rebeca Nerea Peña, ii) Clever Navarro Vargas, iii) Luz René Flores Murrieta, iv) José Romel Torres Suárez, v) Elber Noriega Jordán y vi) Micsin Suleidi Guerrero Coello, quienes rindieron sus declaraciones los días 29 y 30 de enero de 2024, así como en las sesiones del 24 y 27 de noviembre de 2025.
Todos coincidieron en señalar que conocen al investigado desde hace mucho tiempo o más de veinte (20) años; no obstante, también negaron al unísono haber sido citados, convocados, presionados por el entonces alcalde, Alirio de Jesús Vásquez para asistir a alguna reunión de carácter político. De igual modo, manifestaron que este nunca les pidió votar por un candidato en específico ni les solicitó información para realizar un censo electoral.
La Sala al realizar la comparación de estos declarantes con los nombres enunciados en el plurimencionado audio, observa que ninguno de estos servidores públicos de planta fue mencionado en la grabación objeto de análisis.
Así las cosas, aun cuando los citados servidores públicos negaron en sus declaraciones haber recibido presiones o directrices de indoles político por parte del procesado, sus testimonios no logran desvirtuar la falta imputada. Lo anterior por cuanto el censo electoral y la indebida influencia analizada en la prueba fonográfica, se realizó frente a sujetos específicos convocados por el mandatario local, cuya participación quedó registrada en el soporte del audio. Y, se reitera, no se trató de ninguno de estos declarantes en el proceso.
II. Contratistas de prestación de servicios
De esta clase de contratistas (PS) vinculados con el municipio para la época de los hechos, se destacan los siguientes testimonios por resultar de interés para la presente actuación disciplinaria.
a) Contratistas cuyos nombres no figuran en el registro de audio
De la misma manera que en el grupo anterior, los nombres de los contratistas que a continuación se relacionan no figuran en la prueba magnetofónica objeto de análisis. Así mismo, según las declaraciones rendidas los días 5 de febrero y 14 de agosto de 2024, a ninguno de ellos le constan los hechos investigados ni tuvieron conocimiento de estos, toda vez que no participaron en la reunión objeto de reproch:
| No. de contrato y fecha | Contratista | Objeto del contrato |
| 0500 (01-09-2023) | Henry Giovanny Fernández Ángel | Prestación de servicios profesionales como apoyo a la Secretaria de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte del municipio de Puerto Nariño, Amazonas |
| 0490 (01-09-2023) | Misael Coello Pereira | Prestación de servicios de apoyo a la gestión y fortalecimiento en las actividades de mantenimiento rutinario en la infraestructura de la Biblioteca a cargo de la alcaldía del municipio de Puerto Nariño - Amazonas |
| 0499 (01-09-2023) | Reny Jhonmar Abt Valerio | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades del programa de productividad y competitividad con turismo especializado y sostenible para el territorio en el municipio de Puerto Nariño - Amazonas |
| 0512 (05-09-2023) | Hermógenes Elisban Curico Ahue | Prestación de servicios de apoyo a la gestión y fortalecimiento en las actividades de mantenimiento rutinario en el concejo municipal infraestructura a cargo de la alcaldía del municipio de Puerto Nariño – Amazonas |
| 0548 (11-10-2023) | Sindy Johana Carihuasari León | Prestación de servicios de apoyo en la Secretaría de Cultura Turismo Recreación y Deportes para el control de ingreso y salida de visitantes al mirador Naipata II. |
| 0543 (11-10-2023) | José Andrés Ahuanari Pacaya | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el punto de control turístico para el recaudo de ingresos de visitantes al municipio de Puerto Nariño - Amazonas |
| 0534 (25-09-2023) | Francy Elena Linares Rojas | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento del programa de productividad y competitividad con turismo especializado y sostenible para el territorio en el punto de control turístico en el municipio de Puerto Nariño – Amazonas. |
| 0556 (20-10-2023) | Cenaida Machoa Rios | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Secretaria de Cultura Turismo Recreación y Deportes para el embellecimiento y limpieza de los atractivos turísticos del municipio de Puerto Nariño – Amazonas. |
b) Marina Castillo Cayetano
Esta declaración fue decretada a solicitud de la defensa técnica del procesado y recepcionada en audiencia del 24 de noviembre de 202. En su dicho, manifestó conocer al procesado desde que tenía la edad de 12 años y sostuvo que no le constan los actos de participación en política por parte de este.
No obstante, esta Sala advierte una clara inconsistencia en su testimonio, toda vez que la declarante negó haber prestado sus servicios o laborado bajo la administración del entonces alcalde Alirio de Jesús Vásquez (período 2020-2023); tal afirmación se contradice con el listado oficial de contratistas allegado por la jefe de Oficina jurídica -con funciones de alcaldesa encargada- mediante correo electrónico del 22 de enero de 2024, documento en el cual aparece formalmente reportad.
En efecto, en el plenario se constata que la ciudadana suscribió con el ente territorial el contrato de prestación de servicios No. 0542-1 del 10 de octubre de 2023, cuyo objeto consistió en la: «Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar las actividades que se desarrolla en la Secretaria de Cultura Turismo Recreación y Deportes del municipio de Puerto Nariño – Amazonas.
También debe destacar la Sala que la mencionada contratista tampoco figura registrada entre las personas que intervinieron en el audio analizado.
c) Ana Victoria Lozada Silv
Esta deponente, si bien no aparece en la relación inicial remitida por el ente territorial en calidad de servidora de planta ni contratista, precisó en su declaración que laboró con la alcaldía municipal de Puerto Nariño como contratista en la oficina de planeación hasta finales de octubre de 2023. Aclaró que, para la época de los hechos, brindaba apoyo al área de servicios públicos y que conoce a Alirio de Jesús Vásquez en razón a que este fungía como la máxima autoridad del municipio.
Respecto a la reunión objeto de investigación, la testigo manifestó no tener conocimiento de su realización, señalando que nunca fue convocada ni se enteró de su desarrollo. De igual manera, fue enfática en señalar que el procesado no la presionó ni constriñó para votar por el candidato Octavio Benjumea Acosta, así como tampoco le formuló exigencia alguna en ese sentido.
En punto a su relación con la señora Norvis Esther Naranjo Gómez -persona que grabó la reunión e identificada en el audio como el «SUJETO 7», según se detallará más adelante-, si bien precisó que esta se desempeñaba como secretaria en el área de servicios públicos, (dependencia donde ambas laboraban), se destaca de esta declaración la respuesta a pregunta del Procurador Regional de Juzgamiento Cundinamarca (P.R. de J.), consistente en:
P.R de J.: ¿Qué funciones o responsabilidades tenía Norvis Esther Naranjo Gómez bajo su supervisión o dirección?
A.V.L.S.: «Ella trabajaba como secretaria recibiendo pagos de servicios públicos, el tema de atención al público en la entidad de servicios públicos».
La testigo responde sin desconocer que Norvis Esther Naranjo Gómez estaba bajo su dirección. Lo cual reafirma el testimonio que más adelante se analizará de la señora Naranjo Gómez, quien se refiere a esta testigo como su jefe y que fue quien la mandó a grabar la reunión.
También llama la atención de la Sala otra respuesta puntual frente a pregunta del citado Procurador, en los siguientes términos:
P.R de J.: ¿Le indicó usted personalmente a Norvis Esther Naranjo Gómez que había una reunión? ¿Que tenían que ir?
A.V.L.S.: [00:11:59]: «Incluso el día de la fecha de esa reunión yo no me encontraba en el municipio de Puerto Nariño. Yo me encontraba en el acueducto de Puerto Nariño.
P.R de J.: Dónde queda el acueducto de Puerto Nariño?
A.V.L.S.: Como a unos 10 minutos de Puerto Nariño por el rio [..]
Nótese como la declarante en lugar de responder lo que se le pregunta, dirige su manifestación a otro tema, como es el lugar dónde estaba. Igualmente, la claridad en la fecha de la celebración de la reunión, al decir que «el día de la fecha de esa reunión», se encontraba en otra parte. Y, es que resulta poco creíble su testimonio, y más bien se considera que llevaba preparada sus respuestas, pues el recordar espontáneamente el 24 de noviembre de 2025 cuando se realiza la diligencia disciplinaria, en donde se encontraba exactamente, hacía más dos (2) años -a 10 minutos de la alcaldía-.
Es que no es solamente el día sino el momento en que esta se lleva a cabo; más cuando al comienzo de la recepción de su testimonio prestó juramento y dijo que no sabía a qué fue citada.
III. Contratistas que se cruzan con los «sujetos» identificados en el audio
a) Cleidy Pacaya Tapayuri
El 1º de septiembre de 2023, suscribió el contrato No. 0494 con el siguiente objeto: «Prestación de servicios de apoyo a la gestión y fortalecimiento en las actividades de mantenimiento rutinario en la infraestructura del UCA – CDI que se encuentra a cargo de la alcaldía del municipio de Puerto Nariño - Amazonas.
La testigo rindió declaración en las sesiones del 5 de febrero de 2024 y del 24 de noviembre de 202. Manifestó conocer al procesado desde hace veinticinco (25) años, inicialmente en su condición de proveedor de alimentación de los hogares comunitarios y, posteriormente, como alcalde del municipio de Puerto Nariño, Amazonas.
En su exposición, indicó que laboró por contrato con el ente territorial desempeñando funciones de celaduría en la sede de Loma Linda (según la testigo, es el barrio donde se ubica la planta de agua potable municipal), desde el 3 de enero hasta 31 de diciembre del 2023, bajo la administración del procesado.
Frente a los hechos objeto de investigación, afirmó que el entonces alcalde Alirio de Jesús Vásquez nunca le ofreció dádivas o puestos de trabajo a cambio de votar por el candidato Octavio Benjumea Acosta, ni le manifestó que este fuera el candidato de su preferencia. Finalmente, sostuvo que tampoco fue convocada ni invitada por el mandatario a reunión política alguna.
Durante el interrogatorio formulado por la defensa a Cleidy Pacaya Tapayuri, se destaca lo siguient:
DEFENSA: ¿Existe una grabación que indicaba igualmente el señor procurador, donde había unas personas con el señor Alirio, y le quiero preguntar si usted estaba ese día allá?
C.P.T.: Sí, señor. Yo laboraba con la alcaldía como celadora en el agua potable de Loma Linda (…) esa reunión nos citó él para hablar sobre los pagos y para elaborar bien nuestra función que nos correspondía a cada persona. Yo estaba en esa reunión, pero yo no sabía en ningún momento quién hacía esa grabación (…) yo soy la persona donde yo me estaba riendo porque, pues, una reunión de puros trabajadores donde hacían recochas. Pero el señor alcalde en ese entonces, que era el señor Alirio de Jesús Vázquez, él en ningún momento nos inculcó que teníamos que votar por el candidato de la gobernación, que era el señor Octavio; en ningún momento.
DEFENSA: ¿Fuera de esa grabación, fuera de ese escenario, esa reunión que ustedes tuvieron, en algún momento el señor Alirio de Jesús Vásquez la citó o la dejó a usted sola diciéndole que votara por el señor Octavio Benjumea, sí o no?
C.P.T.: No, señor; en ningún momento.
Estas respuestas de la declarante tratando de señalar temáticas que no fueron abordadas en la referida reunión, como se desprende de comparar este dicho con la prueba de la grabación que fue de un poco más de 10 minutos y 16 segundos desde la llegada del alcalde y su despedida, definitivamente, mengua la credibilidad de la deponente.
A continuación, el funcionario de juzgamiento interrogó a la testigo:
P.R. de J.: ¿Usted dice que había estado en una reunión, cierto, mencionó? ¿Dónde se llevó a cabo esa reunión?
CPT: Sí, (…) la reunión que siempre hacía el alcalde era en su despacho, a donde todos los trabajadores llegábamos allá.
P.R. de J.: ¿Y tiene, más o menos, recuerda para qué fecha pudo haber sido esa reunión?
CPT: Pues la verdad, la fecha no me recuerdo, pero me acuerdo de que fue en marzo; marzo de 2023.
P.R. de J.: ¿Y aparte de usted, ¿quién ha estado ahí en esa reunión?
CPT: Éramos varios personal -sic- que trabajábamos con la alcaldía, pero ya los nombres ya no me recuerdo porque hay unos que trabajaban de comunidad.
Para finalizar dicha diligencia, la defensa preguntó nuevamente:
DEFENSA: ¿Señora Cleidy, ¿cuántas reuniones el señor alcalde hacía en el despacho de él?
CPT: La verdad, no sé, porque esa era la primera reunión que nosotros teníamos con él.
DEFENSA: ¿Fue la primera y única que se hizo en ese año?
CPT: Sí.
DEFENSA: ¿Aparte de la grabación que le acaba de decir el señor procurador, ¿qué más se habló en esa reunión?
CPT: No, solamente donde él, como jefe, nos decía que teníamos que hacer nuestro trabajo bien para podar los árboles, o sea, la función que a uno le correspondía.
DEFENSA: ¿Ya... usted recuerda esa reunión?
CPT: Sí, yo recuerdo; recuerdo la reunión.
DEFENSA: ¿Recuerda con palabras textuales, o como usted lo recuerde, con referente a esas supuestas votaciones que hablaba el señor alcalde, ¿qué manifestó él, (…) qué usted entendió lo que él dijo, que dijo con sus palabras el señor alcalde allí?
CPT: Lo único que él nos dijo... nos llamó la atención porque había algunos compañeros que no estaban (…) recogiendo bien la basura, que tenía que estar pendientes del municipio (...) decía que nosotros debíamos de trabajar bien, eso lo que entendí.
DEFENSA: ¿Usted entendió en esa reunión que el señor Alirio de Jesús Vásquez, alcalde de ese tiempo, los incitaba a ustedes o los obligaba a ustedes para que votaran (…)? ¿Usted lo entendió así o cómo lo entendió?
CPT: No (...) yo no lo entendí así porque él en ningún momento nos dijo que teníamos que votar por un candidato (…)
En cuanto a este testimonio, esta Sala se aparta de lo expuesto por la primera instancia cuando argumentó que «su dicho no desvirtúa la existencia de una reunión distinta, de naturaleza electoral, sino que da cuenta de otro encuentro anterior y de carácter administrativo. Por el contrario, lejos de eximir de responsabilidad a Alirio de Jesús Vásquez, las manifestaciones de la testigo terminan por confirmar la ocurrencia del encuentro censurado, en atención a las razones que se exponen a continuación:
1.- La testigo reconoció expresamente haber asistido a la reunión objeto de reproche e, incluso, se autoidentificó con una de las personas intervinientes en el audio al manifestar: «yo soy la persona donde yo me estaba riendo». Esa precisión fáctica permite a esta colegiatura ubicarla con certeza como el «SUJETO 6», en la transcripción del audio.
2.- Si bien la testigo incurre en contradicciones e intenta desvincular el encuentro de su clara connotación política, -afirmando que este tuvo lugar en el mes «marzo de 2023» en el despacho de la alcaldía municipal, para instruir que versó sobre «hacer nuestro trabajo bien para podar los árboles»-, el contenido del audio demuestra que el eje central de la reunión convocada por el mandatario local consistió en la realización de un «censo» de intención de voto para la alcaldía, la asamblea y la gobernación del Amazonas, se reitera, sin que se tocara tema diferente por el disciplinable.
De otra parte, llama la atención de esta Sala que, a pesar de que la testigo reconoció su presencia en la citada reunión, pretendió negar haber escuchado las manifestaciones electorales que el investigado pronunció abiertamente en favor del candidato Octavio Benjumea Acosta, las cuales constan de forma clara en el registro del audio.
3.- Así mismo, al contrastar las afirmaciones de la declarante con la prueba magnetofónica denominada «alirio, se observa con claridad como el entonces alcalde Alirio de Jesús Vásquez interrumpe al «SUJETO 11 (Danny Monsalve)» para conminarlo a tomar una decisión definitiva frente al candidato de su preferencia, advirtiéndole que «no faltan sino cinco días no más» para el debate electoral; circunstancia cronológica que desvirtúa que la reunión hubiese ocurrido en el mes de marzo y confirma que se celebró en la época del debate electoral de octubre de 2023 (recuérdese que las elecciones territoriales se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023).
En últimas resulta inadmisible y contradictorio que la ciudadana Cleidy Pacaya Tapayuri reconozca su propia risa en el registro magnetofónico, pero pretende ignorar la disertación político-electoral que el mandatario local pronunciaba ante el grupo de asistentes, entre los cuales se encontraban contratistas de la administración municipal
En conclusión, este testimonio no logra desvirtuar el cargo único endilgado. Por el contrario, confirma la concurrencia del encuentro en el despacho del alcalde, se itera, no en ningún lugar privado, y la ejecución de la conducta reprochada, orientada a influir y presionar a los asistentes para comprometer su respaldo a favor del entonces candidato Octavio Benjumea Acosta.
b) Norvis Esther Naranjo Gómez - «SUJETO 7»
Se encuentra plenamente acreditado en el plenario que suscribió con el municipio de Puerto Nariño, Amazonas, el contrato No. 0513 del 05 de septiembre de 2023, cuyo objeto consistía en la: «Prestación de servicios de apoyo a la gestión y fortalecimiento en las actividades de mantenimiento rutinario en el concejo municipal infraestructura a cargo de la alcaldía del municipio de Puerto Nariño – Amazonas».
Mediante auto del 26 de octubre de 2023 la prueba fue decretada de ofici. El 31 de enero de 2024, esta declaración fue recepcionada en la Personería Municipal de Puerto Nariñ, diligencia que contó con la presencia del procesado Alirio de Jesús Vásquez. En dicha oportunidad, la testigo manifestó conocer al alcalde desde hacía aproximadamente cuatro (4) años y haber mantenido un vínculo contractual con dicha entidad territorial durante el año 2023 por un período de dos (2) meses.
Este testimonio resulta relevante para la presente actuación disciplinaria, en tanto la declarante coincide con la persona registrada en la transcripción del audio bajo la denominación de «SUJETO 7». En efecto, fue esta ciudadana quien reconoció haber realizado la grabación magnetofónica de manera directa. Además, su relato guarda correspondencia con el contenido del registro del audio sonoro que obra en el expediente.
Lo expuesto en su declaración confirma la ocurrencia de la reunión de carácter político y demuestra con certeza la conducta reprochable del investigado, quien, prevalido de su condición de alcalde del municipio de Puerto Nariño, Amazonas, utilizó su cargo para influir en la contienda electoral, ejerciendo presión sobre los asistentes respecto de su intención de voto.
Ahora bien, es preciso señalar que, aun cuando la testigo justificó la realización del registro del audio, al parecer por instrucción impartida por su jefa inmediata, la señora Ana Victoria Lozada. Sin embargo, esta última negó haber ordenado la realización de dicha grabación por encontrarse por fuera de la alcaldía (tal como se registró en el acápite 6.2.1.5.2).
La Sala tiene presente que lo expuesto por la testigo Naranjo Gómez quedó en evidencia de manera clara en los siguientes apartes de su declaración:
PREGUNTADO: Sírvase informar si durante la campaña para Alcalde Puerto Nariño y Gobernador del Amazonas 2024-2027, fue citada o convocada por el señor Alirio de Jesús Vásquez, a participar en alguna reunión de tipo político. Explique.
RESPONDIÓ: Si, inicialmente no sabía que se trataba de política para preguntarnos libremente, sobre por quienes íbamos a votar, entonces y éramos más o menos diez (10) personas y nos preguntó por quienes iban a votar, para alcalde, gobernador y concejal. Inicialmente nos dijo que él era otro votante y quería saber por quienes íbamos para que él también se una a nosotros. También nos comentó que iba a subir la entrada a lo del turismo y eso, pero aclaro que nos dijo que no era obligatorio que podrías votar por el que quisiéramos.
PREGUNTADO: Sírvase informar si durante la campaña para Alcalde de Puerto Nariño y Gobernador del Amazonas 2024 – 2027, participó en alguna reunión de tipo político en la que estuvo presente el señor Alirio de Jesús Vásquez. Explique.
RESPONDIÓ: No. Solo ese día.
PREGUNTADO: Sírvase informar si durante la campaña para Alcalde de Puerto Nariño y Gobernador del Amazonas 2024 – 2027, el señor Alirio de Jesús Vásquez, la invitó a votar por algún candidato en específico. Explique.
RESPONDIÓ: No.
PREGUNTADO: Sírvase informar si durante la campaña para Alcalde de Puerto Nariño y Gobernador del Amazonas 2024 – 2027, el señor Alirio de Jesús Vásquez le solicitó algún tipo de información para realizar un censo, o situación perecida. Explique.
RESPONDIÓ: Sí solo ese día, pero como información.
PREGUNTADO: ¿Recuerda usted, ¿Cuáles fueron las personas que estuvieron con usted?
RESPONDIÓ: Dani Monsalve, Jovani Linares, no recuerdo los nombres y el señor ingeniero WILLIAM.
PREGUNTADO: Desea agregar, modificar o corregir algo a su declaración.
RESPONDIÓ: Si, es respecto a la grabación ese día yo no tenía conocimiento de la reunión, mi jefa era Ana Victoria Lozada, ella como no podía asistir a la reunión me pidió que grabara, como ella me ordenó por eso lo grave -sic-, como ella era mi jefa al terminar la reunión yo se la pase a ella y eso es toda la verdad.
Nótese cómo la testigo, en su relato directo, identifica a uno de los asistentes a la reunión: Danny Monsalve, quien en la transcripción del audio corresponde al «SUJETO 11»; circunstancia fáctica que guarda concordancia con el audio analizado anteriormente.
Ahora bien, frente a las personas mencionadas por Norvis Esther Naranjo Gómez, consta en el acta de audiencia de pruebas y descargos celebrada el 17 de septiembre de 2025, que la Procuraduría Regional de Juzgamiento Cundinamarca decretó de oficio, entre otros, los testimonios de Wilson Sánchez y Danny Monsalv. En consecuencia, mediante oficio PRJC-388-2025 del 18 de septiembre de 2025, se requirió a la alcaldía municipal de Puerto Nariño, Amazonas, el suministro de los datos de ubicación y contactos de los citados ciudadano.
Sin embargo, a través del oficio DA-100-1028 del 23 de septiembre de 2025, el secretario general, de gobierno y asuntos étnicos del ente territorial allegó únicamente la información correspondiente a Alirio de Jesús Vásquez y la señora Ana Victoria Lozada Silva, manifestando que «con respecto a las demás personas, no reposa información alguna dentro de la Administración Municipal.
Si bien ante la imposibilidad de localizar a dichos testigos en la audiencia del 6 de noviembre de 202, se procedió a prescindir de tales probanzas, el testimonio directo de Norvis Esther Naranjo Gómez «SUJETO 7», corrobora la presencia física de Danny Monsalve en la cuestionada reunión.
De otro lado, frente al ciudadano «Jovani Linares», -la otra persona mencionada por la referida testigo en su declaración-, no se registra que durante el trámite de la actuación disciplinaria se hubiese ordenado prueba orientada a recepcionar su testimonio, ni solicitudes al ente territorial para obtener sus datos de ubicación o contacto. De igual manera, la Sala observa que los ciudadanos Wilson Sánchez, Danny Monsalve y «Jovani Linares» no figuran en el listado oficial de servidores públicos y contratistas remitido por el ente territoria.
Con todo, para esta Sala, el testimonio de Norvis Esther Naranjo Gómez reafirma que el mandatario local indiscutiblemente indagó de forma expresa por las preferencias electorales para la alcaldía del municipio de Puerto Nariño, Amazonas, así como para la asamblea y la gobernación de departamento, procediendo para ello a elaborar un censo de intención de voto.
En definitiva, para esta colegiatura, la declaración de la señora Naranjo Gómez coincide plenamente con el contenido del pluricitado audio analizado, confirmando que el encuentro celebrado en el despacho del investigado tuvo como único propósito influir indebidamente en el libre derecho al sufragio de los allí presentes. Más que tratarse de una reunión de gestión, de un encuentro formal, privado o de una simple manifestación de su opinión como ciudadano, esta prueba deja en evidencia la conducta del entonces burgomaestre Alirio de Jesús Vásquez al utilizar su empleo y el escenario institucional con fines netamente electorales.
c) Edbin Geovany Linares López «SUJETO 13» y Ever Peña Ahue «SUJETO 17»
Respecto a estos contratistas, cuya asistencia a la reunión de contenido político objeto de reproche se encuentra demostrada en el registro del audio, se observa
que dentro de la actuación disciplinaria no fueron citados a declarar, así como
tampoco se ordenaron pruebas tendientes a obtener sus datos de ubicación o contacto. No obstante, a pesar de no contarse con las declaraciones de estos ciudadanos, en el plenario obra prueba documental que acredita su vinculación con el ente territorial para la época de los hechos.
Puntualmente, se encuentra demostrado que suscribieron con el municipio de Puerto Nariño, Amazonas, los contratos de prestación de servicios Nos. 0511 y 0516 del 5 de septiembre de 2023, respectivamente, con un objeto contractual idéntico al de la declarante Norvis Esther Naranjo Gómez - «SUJETO 7», a saber: «Prestación de servicios de apoyo a la gestión y fortalecimiento en las actividades de mantenimiento rutinario en el concejo municipal infraestructura a cargo de la alcaldía del municipio de Puerto Nariño – Amazonas.
Dicha circunstancia documental corrobora que los interlocutores del investigado en el registro del audio, los señores Edbin Geovany Linares López «SUJETO 13» y Ever Peña Ahue «SUJETO 17», no eran terceros ajenos al procesado Alirio de Jesús Vásquez, sino personas vinculadas contractualmente con la administración local que este lideraba.
6.2.1.6 Conclusión de la valoración probatoria
Para esta Sala, una vez analizadas de manera integral y bajo las reglas de la sana crítica las pruebas antes expuestas, resulta claro que Alirio de Jesús Vásquez, en su condición de alcalde del municipio de Puerto Nariño, Amazonas para el período constitucional 2020-2023, utilizó su cargo para convocar a un grupo de ciudadanos en un día del período atrás indicado -entre ellos, a varios contratistas del ente territorial-, con el propósito de influir indebidamente en el proceso electoral de cara a los comicios territoriales previstos para el 29 de octubre de 2023.
Esta injerencia indebida se materializó mediante la elaboración de un censo de carácter político – tal como así lo denominó de propia voz el disciplinable-, a través del cual indagó de manera directa sobre la intención de voto de los asistentes respecto de los candidatos para la alcaldía municipal, la asamblea departamental y la gobernación del Amazonas. Dicho esquema estuvo orientado a satisfacer un interés particular del mandatario local, esto es, direccionar el respaldo hacia el candidato de su preferencia para la gobernación del Amazonas, el señor Octavio Benjumea Acosta.
La conducta reprochada al procesado quedó acreditada en el plenario a través del patrón de indagación y la discriminación de intenciones de voto registrados e identificados en el audio, cuyo resultado se sintetiza en el siguiente cuadro:
| Sujeto identificado | Alcaldía | Asamblea | Gobernación |
| Sujeto 3 (Vota en Leticia) | EL ALEMAN | OME | OCTAVIO |
| Sujeto 6 (Cleidy Pacaya Tapayuri) | BETO | OME | OCTAVIO |
| Sujeto 7 (Norvis Naranjo) | BETO | OME | OCTAVIO |
| Sujeto 11 (Danny Monsalve) | BETO | OME | OCTAVIO |
| Sujeto 12 (Identificado como Gaucho) | No especifica | No especifica | OCTAVIO |
| Sujeto 13 (Edbin Geovany Linares López-contratista) | LAURA (Su tía) | WILSON SÁNCHEZ | OCTAVIO |
| Sujeto 14 (Identificado como Mendoza) | BETO | WILSON SÁNCHEZ | OCTAVIO |
| Sujeto 15 | indeciso | indeciso | indeciso |
| Sujeto 17 (Ever Peña-contratista) | BETO | WILSON SÁNCHEZ | OCTAVIO |
Se desprende de lo anterior que el factor común en el censo político dirigido por el entonces alcalde Alirio de Jesús Vásquez era el direccionamiento del respaldo hacia el candidato Octavio Benjumea Acosta, lo que evidencia la indebida influencia y la presión ejercida por la máxima autoridad del municipio sobre personas vinculadas a la administración local.
En síntesis, la conducta reprochada al procesado se considera que efectivamente, como lo consideró la primera instancia, está probada, además del audio «alirio», con las siguientes:
Cleidy Pacaya Tapayuri («SUJETO 6» contratista): Quien reconoció expresamente haber asistido a la reunión objeto de reproche y ubicó el encuentro en el despacho del alcalde, lo que denota el empleo de la infraestructura institucional para fines estrictamente electorales.
Norvis Esther Naranjo Gómez («SUJETO 7» contratista): Con su declaración se probó que fue quien realizó la grabación o registro de audio de la reunión que fue convocada por el alcalde de la época el señor Alirio de Jesús Vásquez. Afirmó que el propósito de la reunión, a la que asistieron aproximadamente diez (10) personas, consistió en indagarlos sobre sus preferencias electorales. Su relato coincide plenamente con el contenido de la grabación sonora, confirmando la realización del «censo» de preferencias electorales.
Danny Monsalve («SUJETO 11»): Si bien no se incluyó su nombre en la relación que reposa en el expediente enviada por la misma alcaldía municipal sobre vinculados formalmente con la entidad territorial, su presencia y asistencia a la reunión en el despacho del alcalde quedó plenamente corroborada a través del testimonio de Norvis Esther Naranjo Gómez.
Edbin Geovany Linares López («SUJETO 13») y Ever Peña Ahue («SUJETO 17») - contratistas: Aunque no fueron citados a rendir declaración testimonial, se probó que suscribieron contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión con el municipio de Puerto Nariño, en el mes de septiembre de 2023, circunstancia que los ubica dentro del grupo de asistentes sobre el cual el entonces alcalde Alirio de Jesús Vásquez ejerció presión electoral.
Si bien algunos de los ciudadanos llamados a rendir testimonio en la presente actuación negaron haber recibido presiones directas por parte del investigado, el solo hecho de que Alirio de Jesús Vásquez, en su condición de alcalde municipal – y, por ende, máxima autoridad administrativa, nominador y ordenador del gasto-, que materializa su posición de superioridad jerárquica realizara un censo de intención de conocer el voto y de influir a favor del candidato Octavio Benjumea Acosta a personas que dependían de un vínculo contractual vigente en la entidad que aquel representaba legalmente, denota que utilizó su cargo con clara influencia en la contienda, ejerciendo una presión e injerencia indebida sobre la libre decisión de los asistentes.
Se resalta que el acervo probatorio allegado al expediente fue recaudado con estricto apego a las garantías constitucionales y legales. Su valoración conjunta bajo las reglas de la sana crítica conduce a esta Sala a la certeza requerida sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del servidor público de elección popular investigado, lo que lleva a la Sala a señalar que, en este aspecto, se encuentra ajustada a derecho la decisión impugnada para considerar que se desvirtuó con suficiencia la presunción de inocencia que lo amparaba.
Así mismo, no se encontraron acreditados los errores y falsos juicios en la apreciación y valoración probatoria invocada por el recurrente, toda vez que el a quo fundamentó la decisión impugnada con medios de pruebas allegados oportunamente al proceso, puestos en conocimiento de los sujetos procesales para el ejercicio del derecho de contradicción y debidamente valorados de forma integral con estricta sujeción a la ley.
6.2.2 De los elementos de la responsabilidad disciplinaria
Demostrada con el grado de certeza la ocurrencia de los hechos y la participación de quien fuera el mandatario local Alirio de Jesús Vásquez en la reunión política celebrada un día entre el 23 y 25 de octubre de 2023 en el despacho municipal -según se desprendió del análisis conjunto del material probatorio y, en especial, de los testimonios valorados- procede la Sala a examinar si dicho comportamiento se adecúa a la falta disciplinaria imputada (tipicidad), si afectó de manera sustancial el deber funcional sin justificación alguna (ilicitud sustancial) y si resulta atribuible al procesado responsabilidad subjetiva, como fue imputada a título de dolo (culpabilidad).
6.2.2.1 Juicio de adecuación típica
Para esta Colegiatura, la conducta irregular imputada al procesado se adecúa específicamente a la falta disciplinaria gravísima descrita en el numeral 2° del artículo 60 del CGD, la cual establece:
ARTÍCULO 60. FALTAS RELACIONADAS CON LA INTERVENCIÓN EN POLÍTICA: [...]
2. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista.
De lo anterior se colige que este tipo disciplinario relacionado con la intervención en política contiene los siguientes elementos estructurantes:
| ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL TIPO DISCIPLINARIO ARTÍCULO 60 NUMERAL 2° CGD | |
| Sujeto activo | Servidor público |
| Verbos rector - conducta | Utilizar (el empleo) |
Objeto material – (finalidad) | Presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista. |
Conforme se desprende de la norma transcrita, la configuración de este tipo disciplinario exige la concurrencia de los siguientes elementos:
El medio:
Consiste en la utilización del cargo o empleo, esto es, el uso de la investidura del servidor público.
La finalidad:
i) Presionahttps://dle.rae.es/ a particulares o subalternos para que respalden una causa o campaña política, o
ii) Influihttps://dle.rae.es/ en procesos electorales de carácter político partidista.
Por lo tanto, la falta disciplinaria se perfecciona cuando el sujeto disciplinable incurre en cualquiera de estas acciones finalistas o en ambas; lo que se requiere acreditar es el vínculo entre el uso indebido del empleo (medio) y la consecución de cualquiera de las dos finalidades (o ambas) prohibidas por el legislador (presionar o influir).
6.2.2.1.1 Respecto a la alegada atipicidad por ausencia del elemento «utilización del cargo»
El argumento central de la impugnación gravita en torno a la atipicidad de la conducta por ausencia del elemento referido a la «utilización del empleo», toda vez que la defensa insiste en que el encuentro correspondió a una «reunión privada e informal» en la que el procesado actuó a título personal como ciudadano y no en su condición de la primera autoridad del municipio.
Esta colegiatura desestima los planteamientos del recurrente. En el caso sub examine, resulta evidente que el comportamiento desplegado por Alirio de Jesús Vásquez se adecúa al tipo disciplinario analizado, dado que el acervo probatorio recaudado desvirtúa, como ya se analizó, por completo la tesis de la atipicidad sostenida por la defensa.
En efecto, como se ha dejado expuesto en el desarrollo de esta providencia, se encuentra demostrado que Alirio de Jesús Vásquez, valiéndose de su calidad de alcalde municipal y máxima autoridad administrativa de Puerto Nariño, Amazonas, utilizó su empleo para convocar y dirigir la reunión política celebrada entre los días 23 y 25 de octubre de 2023. En consecuencia, se reafirma que el encartado no actuó desprovisto de su investidura institucional como alcalde municipal ni desvinculado de las ventajas de su cargo, menos como un ciudadano particular, por lo que resulta inadmisible calificar dicho evento como un encuentro «reunión privada e informal»,
Lo anterior encuentra pleno sustento en lo referente a este punto, en la prueba magnetofónica denominada «alirio», así como también en los demás elementos probatorios obrantes en la actuación disciplinaria:
1. En primer lugar, se desprende que durante el desarrollo de dicho certamen el investigado actuó en su condición de alcalde municipal. Obsérvese cómo el «SUJETO 16» interrumpe la reunión para informarle al «jefe» que funcionarios de la personería y Defensoría del Pueblo -quienes se desplazaron desde la ciudad de Bogotá- lo requerían para indagar sobre la presentación de unas quejas; requerimiento ante el cual el procesado accedió expresando «entonces ya los atiendo».
Lo anterior demuestra que Alirio de Jesús Vásquez, durante la cuestionada reunión, se encontraba en el despacho en el ejercicio de sus funciones como máxima autoridad del ente territorial, atendiendo asuntos oficiales propios de su despacho y siendo reconocido por los presentes como «jefe» o «señor Alcalde».
2. En segundo lugar, se cuenta con el testimonio de la contratista Cleidy Pacaya Tapuryri, quien corroboró la presencia del procesado al ubicar físicamente el encuentro en el despacho del alcalde, precisando además que en el lugar se encontraban varios trabajadores del municipio. Sobre el particular, recuérdese que en su declaración indicó: […] Sí, señor. Yo laboraba con la alcaldía como celadora en el agua potable de Loma Linda (…) esa reunión nos citó él para hablar sobre los pagos y para elaborar bien nuestra función que nos correspondía a cada persona. Yo estaba en esa reunión, pero yo no sabía en ningún momento quién hacía esa grabación (…) yo soy la persona donde yo me estaba riendo porque, pues, una reunión de puros trabajadores donde hacían recochas. […] Sí, (…) la reunión que siempre hacía el alcalde era en su despacho, a donde todos los trabajadores llegábamos allá».
De esta manera, la ubicación física de la reunión de contenido político (el despacho del alcalde) y la calidad de asistentes (contratistas vinculados a la administración municipal) desvirtúan el carácter «privado e informal» del encuentro.
3. En tercer lugar, la utilización del cargo (el medio) se encuentra demostrado, en tanto que el investigado no actuó desprovisto de su investidura institucional; al contrario, se aprovechó de su calidad de alcalde municipal de Puerto Nariño, Amazonas, para alterar la neutralidad del proceso electoral, en un evento al que asistieron contratistas por prestación de servicios cuya estabilidad y continuidad dependían directamente de la administración que él dirigía.
Este direccionamiento político se denota abiertamente cuando el investigado expresa en el audio:
[...] Venga, ahorita que hablaste de OCTAVIO, yo estoy apoyando a OCTAVIO [...] venga entonces mire: yo estoy apoyando a OCTAVIO [...] Entonces por eso yo estoy con Octavio[...] por eso yo estoy, pues, muy entusiasmado con OCTAVIO[...]
Esta prueba, valorada en conjunto con el testimonio de la contratista Norvis Esther Naranjo Gómez «SUJETO 7» demuestra con el grado de certeza exigido que el investigado desplegó la conducta proscrita consistente en influir en un proceso electoral.
Así las cosas, lejos de emitir una simple opinión ciudadana en el marco de una «reunión informal», -como lo alega la defensa-, el señor Alirio de Jesús Váquez, influyó electoralmente en los asistentes, valiéndose de su empleo revestido de superioridad con la intención de encauzar dicho respaldo hacia la campaña de Octavio Benjumea Acosta. a tan solo unos días de los comicios del 29 de octubre de 2023.
6.2.2.1.2 En cuanto al argumento defensivo sobre la ausencia de coacción y la alegada asistencia voluntaria de los participantes.
La defensa sostiene que no se encuentra probado que el procesado aprovechó su posición para influir en la voluntad de los asistentes. Lo anterior bajo la premisa que de las declaraciones rendidas por José Romel Torres y Cleidy Pacaya demostraba que los ciudadanos acudieron de manera voluntaria en un contexto de censo o diálogo comunitario, sin que el encartado los hubiera coaccionado.
Al respecto, no le asiste razón al recurrente en sus planteamientos. La prohibición constitucional y legal de intervenir en política por parte de los servidores públicos se materializa desde el mismo momento en que el funcionario utiliza su investidura para influir o incidir en la contienda electoral, independientemente de si existió o no constreñimiento, amenazas o conducta similar. El hecho de que los ciudadanos hubiesen asistido voluntariamente o sin coacción -como en gracia de discusión lo argumenta el apoderado- en modo alguno desvirtúa el comportamiento contrario a derecho del señor Alirio de Jesús Vásquez.
Sobre lo anterior, si se analiza la declaración del testigo José Romel Torres Suárez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como auxiliar administrativo de la Inspección de Policía en la alcaldía municipal de Puerto Nariño, Amazonas-, no aporta ningún elemento que desvirtúe el cargo endilgado al procesado, toda vez que no le constan los hechos investigados.
Basta con observar la declaración rendida el 30 de enero de 2024 ante la personería municipal de Puerto Nariño, Amazonas, cuando manifest:
[…] PREGUNTADO: Sírvase informar sí durante la campaña para Alcalde de Puerto Nariño y Gobernador del Amazonas 2024 - 2027, fue citado o convocado por el señor Alirio de Jesús Vásquez, a participar en alguna reunión de tipo político. Explique. RESPONDIÓ: En ningún momento el señor Alirio de Jesús Vásquez en calidad de alcalde (sic) no me invito. PREGUNTADO: Sírvase informar si durante la campaña para Alcalde de Puerto Nariño y Gobernador del Amazonas 2024- 2027 participó en alguna reunión de tipo político en la que también estuvo presente el señor Alirio de Jesús Vásquez. Explique. RESPONDIÓ: En ninguno. PREGUNTADO: Sírvase informar si durante la campaña para Alcalde de Puerto Nariño y Gobernador del Amazonas 2024- 2027, el señor Alirio de Jesús Vásquez lo invitó a votar por algún candidato en específico. Explique. RESPONDIÓ: No, en ningún momento. PREGUNTADO: Sírvase informar si durante la campaña para Alcalde de Puerto Nariño y Gobernador del Amazonas 2024 - 2027, el señor Alirio de Jesús Vásquez le solicitó algún tipo de información para realizar un censo, o situación parecida. Explique. RESPONDIÓ: No, en ningún momento […]
De la misma manera, respecto a esta prueba testimonial solicitada por la defensa, en la sesión de audiencia del 24 de noviembre de 2025, el deponente, ante los interrogatorios formulados por el apoderado, declar:
[…] Defensa: ¿En tratándose de lo que el señor procurador acaba de manifestar de darle lectura a las razones por las cuales usted ha sido citado hoy a esta diligencia, cuéntele al señor procurador si en algún momento usted participó, primero, en esa reunión, sí o no? José Romel Torres Suárez: No, señor, no tengo conocimiento de esa reunión. Defensa: ¿Usted, en algún momento que ha dicho que conoce al señor Alirio hace más de 30 años, en algún momento en este asunto con el señor Octavio Benjumea Acosta, él le manifestó a usted por quien debía votar, si tenía que votar por este o por algún otro candidato? José Romel Torres Suárez: No, con el señor Octavio nunca tuve acercamiento político.
[…]
Defensa: ¿En algún momento el señor Alirio le invitó a usted alguna reunión política fuera de la oficina o fuera de la alcaldía para que escuchara […] digamos las indicaciones que tenía el señor Octavio con respecto a su candidatura, sí o no? José Romel Torres Suárez: No, señor.
[…]
Defensa: ¿Y en algún momento el señor Alirio, en su rol de alcalde, lo invitó a usted a alguna reunión política, sí o no? José Romel Torres Suárez: No, señor.
Por lo tanto, es evidente que el testigo fue consistente en señalar que no fue citado, que no participó en el encuentro cuestionado y que desconocía la realización de la reunión.
En conclusión, el apoderado acude erróneamente al testimonio de José Romel Torres Suárez para intentar demostrar la voluntariedad de los asistentes o la ausencia de coacción en una reunión a la que, según lo afirmado por el propio declarante, jamás asistió ni tuvo conocimiento de su celebración. Por lo tanto, al testigo no le constan las circunstancias de modo, tiempo y lugar del cuestionado evento, ni mucho menos la alegada ausencia de presión sobre los asistentes. Es claro que los hechos cuestionados responden a un evento en concreto, y no a una conducta generalizada o relacionada con otros eventos.
Tampoco con el testimonio de la señora Cleidy Pacaya Tapayuri, se desvirtúa este aspecto, porque, no obstante, que en su dicho dice que el procesado en «ningún momento nos inculcó que teníamos que votar por el candidato de la gobernación, que era el señor Octavio», no derrumba la conducta reprochada, dado que no fue de esta manera que se acreditaron los hechos. Al respecto, considera la Sala que del examen a su declaración del 24 de noviembre de 2025 se verifica que terminó confirmando que asistió al encuentro porque el entonces alcalde Alirio de Jesús Vásquez, «como jefe», los había convocado a su despacho municipal, es decir, que fue por esta superioridad reconocida por los asistentes y por la forma en que condujo la reunión al manifestar expresamente que votaría por Octavio Benjumea Acosta resaltando los beneficios recibidos y el poder ayudarlos si resultaba electo, además de insertar el nombre de este en las preguntas de preferencia electoral, que se configura el elemento del tipo, como es el «influir».
6.2.2.1.3 De otra parte, la defensa incurre en una cita imprecisa de la Sentencia SU-712 de 2013, aduciendo en síntesis que en el expediente no obra prueba alguna sobre ofrecimientos de contratos, amenazas de despido o uso de bienes estatales.
Al revisar el precedente invocado por el apoderado, se constata que en dicha providencia la Corte Constitucional analizó la acción de tutela instaurada por la entonces senadora Piedad Esneda Córdoba Ruíz contra la Procuraduría General de la Nació.
En efecto, el problema jurídico, según se desprende de la providencia, giró en torno a competencia del Procurador General de la Nación para juzgar disciplinariamente a los Congresistas de la República, así como a la competencia de la Viceprocuradora General de la Nación para resolver el incidente de recusación presentado contra el jefe del Ministerio Público, asuntos totalmente ajenos a la adecuación típica del numeral 2º del artículo 60 del Código General Disciplinario, siendo así impertinente su aplicación para el caso concreto.
6.2.2.1.4 El recurrente amparado en una lectura descontextualizada de la Sentencia C-1153 de 2005, dice que no existió una «utilización del empleo», toda vez que el procesado se limitó a opinar que «cada quien es libre de votar por quien quiera», respetando con ello los principios democráticos. Así mismo, aduce el apelante que al no haber mediado un «acto de gobierno», resultaba imposible estructurar el elemento típico de utilización del empleo.
Esta Sala desestima los argumentos de la alzada con fundamento en las siguientes consideraciones:
(i) Como se ha enfatizado a lo largo de esta providencia, el núcleo central del reproche consiste en que el procesado Alirio de Jesús Vásquez, en su calidad de alcalde municipal de Puerto Nariño, Amazonas, utilizó su cargo para quebrantar la neutralidad institucional al influir en la intención de voto de los asistentes a la reunión celebrada en algún momento entre el 23 y 25 de octubre de 2023, entre los cuales se encontraban contratistas vinculados al ente territorial.
(ii) De cara a ello, la defensa incurre en una lectura errada de la Sentencia C-1153 de 2005. Contrario a su postura, en dicha providencia la Corte Constitucional enfatizó que:
[...] en un Estado Social de Derecho como el que propone la Constitución que nos rige, las elecciones periódicas y libres de los gobernantes constituyen una condición de existencia de la democracia; y como anteriormente lo ha hecho ver la jurisprudenci, el que las elecciones sean verdaderamente libres implica, entre otras cosas, que en ellas se dé participación en igualdad de condiciones a todas las corrientes de opinión interesadas en postular candidatos, es decir que se produzcan dentro de un espacio de pluralismo político institucionalmente garantizado, y que no se vean manipuladas, presionadas, forzadas ni coartadas por ninguna razón política o social. En este sentido, la Corte ha recordado que la democracia requiere de garantías que aseguren que “la decisión contenida en el voto sea una genuina expresión de la voluntad individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre la persona” [...]
De lo anterior se deprende que, para que las elecciones de carácter popular sean verdaderamente libres, resulta imperativa que la decisión de los electores no se vea manipulada, presionada, forzada ni coartada por ninguna razón política o social.
(iii) De hecho, al revisar la constitucionalidad del artículo 38 «Prohibiciones para los servidores públicos» de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005), la Corte Constitucional declaró exequibles las prohibiciones dirigidas a los servidores públicos, reafirmando la rigurosidad con la que se deben acatar, entre otras, las siguientes proscripciones:
1. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.
2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley.
3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos.
4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.
5. Aducir razones de "buen servicio" para despedir funcionarios de carrera.
En consecuencia, la argumentación del recurrente carece de sustento. La jurisprudencia constitucional en modo alguno habilita a los alcaldes para adelantar censos electorales o indagar sobre la preferencia electoral de sus contratistas, por el contrario, consagra un régimen estricto de restricción a la intervención en política
Resulta claro que, bajo la investidura que ostentaba el entonces alcalde Alirio de Jesús Vásquez, -máxima autoridad administrativa y ordenador del gasto municipal-, se ejerció una presión e influencia indebida sobre los asistentes; aprovechando dicho espacio para romper la neutralidad del debate electoral e inclinarlo en favor del candidato Octavio Benjumea Acosta a la Gobernación del Amazonas, sin que se tratase de un acto particular y privado.
Todo lo anterior conduce a la certeza que está demostrada objetivamente la conducta del procesado. Luego analizaremos sin también confluye el elemento subjetivo.
Por consiguiente, la Sala encuentra que se ajusta a derecho, y se da configurada la adecuación típica de la falta gravísima consagrada en el numeral 2 del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019 -Código General Disciplinario, que se consideró probada en la decisión impugnada.
6.2.2.2 ilicitud sustancial
Sostiene la defensa que en el expediente no se probó una alteración en la gestión administrativa del municipio de Puerto Nariño, Amazonas, con ocasión de la mencionada reunión, argumentando así mismo que no existió una afectación real al servicio público.
Al respecto, se reitera que el solo hecho de que un mandatario local, en su condición de máxima autoridad del municipio y ordenador del gasto, indague e intervenga sobre la intención de voto de sus subalternos quebranta los principios de la función pública. La supuesta «libertad de elección» de los asistentes, aducida por la defensa, no borra en modo alguno la indebida influencia ejercida sobre los ciudadanos, la cual se materializó desde el momento en que el investigado instrumentalizó su investidura para interferir en el debate democrático.
Resulta claro que el encartado utilizó su autoridad institucional no para cumplir con los fines esenciales del Estado y la entidad territorial, sino para adelantar un «censo electoral» orientado a presionar o direccionar la voluntad de los sufragantes a favor de la campaña política de Octavio Benjumea Acosta a la gobernación del Amazonas; conducta que quebranta la confianza ciudadana en la administración pública.
Al valerse de dicho censo para incidir o influir en el voto de los asistentes mediante la promesa de beneficios de la estabilidad laboral, se comparte con el fallo impugnado que el implicado quebrantó de manera sustancial los siguientes principios del artículo 209 de la Constitución Política:
6.2.2.2.1 Imparcialidad: Este postulado exige que el servidor público actúe con absoluta neutralidad, garantizando que la administración pública no se incline a favor de intereses particulares o partidistas, especialmente en contextos electorales. Como primera autoridad del municipio, el investigado tenía el deber de mantenerse al margen del debate político. Al manifestar abiertamente su apoyo a dicho candidato y consultar a los asistentes a la reunión, actuó con claros intereses proselitistas a favor de dicha campaña.
6.2.2.2.2 Igualdad: Se fracturó el equilibrio de la contienda democrática. El alcalde utilizó su posición para generar una ventaja indebida en favor del candidato Octavio Benjumea Acosta, en detrimento de los demás aspirantes a la gobernación del Amazonas, vulnerando el derecho de los ciudadanos a definir su voto en condiciones de igualdad y libertad.
6.2.2.2.3 Moralidad administrativa: Se constata su vulneración al poner el cargo al servicio de la contienda electoral como un mecanismo de presión. El procesado incurrió claramente en este comportamiento reprochable al instrumentalizar la necesidad de vinculación de los asistentes, sugiriendo el condicionamiento económico bajo el pretexto de que el sustento de treinta (30) funcionarios del ente territorial dependían de los ingresos del candidato como comerciante, prometiendo que su eventual triunfo traería beneficios de empleo para ellos.
En consecuencia, la afectación del deber funcional es sustancial. La conducta atribuida a Alirio de Jesús Vásquez, no solo i) transgredió la prohibición legal y constitucional de participar en política en ejercicio de sus funciones, sino que además ii) puso la función pública al servicio de una causa particular, contraviniendo los principios de moralidad, imparcialidad e igualdad, que la Ley y la Constitución le imponían salvaguardar, sin que obre en el plenario causal alguna de exclusión de responsabilidad que justifique su actuar.
Con relación a la aseveración del apelante que, en este caso no hay ilicitud sustancial, a diferencia del caso de Daniel Quintero Call, en donde «hubo actos públicos y abiertos de campaña, aquí no hubo videos, publicidad, tarjetones ni uso de recursos públicos», de entrada, se debe señalar que no amerita comparación alguna, pues se trata de dos situaciones fácticas y supuestos normativos distintos, por lo que no viene al caso detenerse en ello.
Finalmente, en cuanto a la cita de la defensa sobre la «Sentencia C-280 de 2016» en materia de proselitismo político, esta Sala observa que, al consultar el buscador de jurisprudencia de la Corte Constituciona,dicho número de sentencia no fue encontrado.
6.2.2.3 Culpabilidad
La defensa insiste en la inexistencia del dolo, reiterando que la expresión «yo no los voy a obligar. Ustedes verán por quien votan», demuestra que no existió la intención de coaccionar ni de inducir el voto de los asistentes. Con base en ello, el apoderado sostiene que la conducta del procesado genera, como mínimo, una duda razonable sobre la existencia del elemento subjetivo, constituyendo dicha manifestación una prueba indiscutible de su ausencia y demostrando que su propósito siempre fue respetar la autonomía ciudadana.
Contrario a lo afirmado por el recurrente, esta colegiatura comparte la valoración efectuada por el a quo al atribuir la falta disciplinaria a título de dolo, toda vez que, conforme al acervo probatorio obrante en el expediente, el disciplinable Alirio de Jesús Vásquez actuó con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta y con la voluntad encaminada a su realización, pudiendo actualizar su conducta y no lo hizo.
Por un lado, se tiene que, dada su condición de alcalde municipal y máxima autoridad administrativa de la entidad territorial, el procesado no podía ignorar la prohibición constitucional y legal que le impedía participar e intervenir en actividades políticas. Este tenía pleno conocimiento de que utilizar el empleo para convocar a una reunión institucional bajo el pretexto de un «censo» para indagar e influir en las preferencias electorales constituía una conducta prohibida en el ordenamiento jurídico.
Por el otro, la frase pronunciada al inicio de su intervención no anula la gravedad ni el alcance de su comportamiento en general. El investigado organizó y dirigió el encuentro valiéndose de su investidura institucional e introdujo un condicionamiento sobre los asistentes al señalar que el sustento de treinta (30) personas vinculas con la administración municipal dependía de los recursos del candidato respaldado, prometiendo además futuras prebendas laborales. Dicho proceder refleja una clara e inequívoca voluntad de influir de manera directa en el electorado.
La configuración del dolo se evidencia cuando el investigado, al minuto 01:16 del audio «alirio», manifiesta expresamente:
[…]Pues yo los mandé a llamar es para yo hacer un censo más o menos de lo de la política. Yo no los voy a obligar, ya ustedes se matarán entre ustedes por quién van a votar, bueno, no sé, ya ustedes eso ya toman la decisión. Yo lo que quiero hacer es un censo para ver quién tiene mayoría para yo irme con ese candidato, ¿sí me entiende? Entonces para eso los mandé a llamar […]
De dicha prueba, se arriban a las siguientes conclusiones:
El entonces alcalde Alirio de Jesús Vásquez admite abiertamente la finalidad de su conducta al manifestar «para eso los mandé a llamar», lo que demuestra que la reunión no correspondió a un encuentro informal ni a un diálogo comunitario casual sobre la gestión municipal o funciones de los participantes, sino a un acto planeado y ejecutado con el único objetivo de indagar el sentido del voto a los asistentes.
El procesado reconoce que utilizó su autoridad de su cargo «hacer un censo más o menos de lo de la política» y «ver quién tiene mayoría para yo irme con ese candidato». Al dirigir la reunión para dicho fin, revela que su voluntad estuvo encaminada a utilizar su posición de superioridad como plataforma de campaña política en beneficio de la candidatura de Octavio Benjumea Acosta.
Finalmente, se advierte que la frase «yo no los voy a obligar», es utilizada como excusa que se desvirtúa frente a la presión moral que desplegó a lo largo de la reunión, al supeditar la estabilidad y los beneficios de vinculación a los resultados de la contienda democrática.
En ese orden de ideas, las expresiones «yo no los voy a obligar» o «ya ustedes se matarán entre ustedes por quién van a votar, bueno, no sé, ya ustedes eso ya toman la decisión» no acreditan una garantía de libertad electoral ni constituye prueba de ausencia de dolo; por el contrario, representan un intento de encubrir o atenuar la presión previamente ejercida a través del censo electoral adelantado. El solo hecho de pronunciar una frase formal de aparente neutralidad no despoja a la conducta de su carácter doloso, pues la influencia indebida y el condicionamiento al voto se consumaron desde el mismo momento en que el procesado Alirio de Jesús Vásquez alteró las condiciones de neutralidad e igualdad del debate democrático, valiéndose para ello de la jerarquía de su cargo.
En suma, tanto la existencia de la falta como la responsabilidad a título de dolo se encuentran plenamente acreditadas como lo estableció el fallo impugnado. Y, en consecuencia, la Sala confirma la calificación del elemento subjetivo como doloso efectuado en la primera instancia.
6.2.3 Redosificación de la sanción
La Sala considera que, de conformidad con las exigencias del artículo 160 del CGD, las pruebas obrantes en el proceso demostraron, y permitieron al fallador establecer, en grado de certeza, la responsabilidad del disciplinable en la falta disciplinaria gravísima a título de dolo, y con base en ello proferir el fallo sancionatorio.
De otra parte, se observa que, la primera instancia con base en el artículo 50 del CGD, para efectos de establecer los criterios para la graduación de la sanción al disciplinable consideró los siguiente:
Atenuantes: Ninguno
2. Agravantes:
Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga.
El grave daño social de la conducta;
El conocimiento de la ilicitud;
Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad;
La naturaleza de los perjuicios causados.
La Sala observa que, en el fallo objeto de alzada, el juzgador de primera instancia aplicó la causal de agravación prevista en el literal a) del numeral 2 del artículo 50 del CGD, soportándola puntualmente en la anotación de un reporte fiscal que registra el investigado. Sin embargo, esta colegiatura precisa que dicha anotación no resulta suficiente para estructurar el referido criterio de graduación.
En efecto, la norma exige la existencia de una sanción fiscal o disciplinaria dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión de la conducta investigada, supuesto que no se satisface con la mera anotación, para este caso, de una inhabilidad derivada de un fallo de responsabilidad fiscal.
En el caso sub examine, el comportamiento reprochado al entonces alcalde Alirio de Jesús Vásquez tuvo lugar en algún momento entre el 23 al 25 de octubre de 2023. Ello implica que, para efectos de la graduación de la sanción y la verificación del nombrado agravante, se deberá examinar los antecedentes que registre el disciplinable dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión de la conducta; para este caso, el periodo comprendido entre el 23 de octubre de 2018 y la fecha de los hechos aquí investigados en el 2023.
Se constata a través de la consulta web institucional que, el señor Alirio de Jesús Vásquez cuenta con una anotación vigente en el certificado de antecedente de la Procuraduría General de la Nación, resultado de un fallo de responsabilidad fiscal proferido por la Gerencia Departamental Colegiada del Amazonas, el 26 de julio de 2023, con segunda instancia del 22 de noviembre de 2023 de la Contraloría Delegada Intersectorial No. 5, fecha esta última de inicio de efecto jurídico.
Por lo tanto, la sanción registrada a nombre del disciplinable no puede ser tomada como criterio de agravación en los términos de la norma antes señalada, como erradamente lo consideró la Procuraduría Regional de Juzgamiento Cundinamarca. Ello por cuanto dicha medida no fue impuesta dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión de la conducta investigada, sino con posterioridad a la ocurrencia de los hechos. En consecuencia, dicho factor agravante debe ser excluido del cómputo de la dosificación de la sanción, imponiéndose la consecuente redosificación de la misma.
En este sentido, el componente graduable de la sanción, esto es, el término de la inhabilidad general debe ser ajustado en aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. De esta manera, al descontar la circunstancia de agravación indebidamente aplicada por el a quo, quedan los cuatro (4) agravantes restantes, por lo cual la Sala reajusta la sanción impuesta en primera instancia.
Por lo tanto, la sanción de destitución e inhabilidad general de 11 años, se redosificará, fijándose finalmente en destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas en cualquier cargo o función por el término de diez (10) años y ocho (8) meses.
6.2.4 Conclusión
Con fundamento en las consideraciones expresadas, esta Colegiatura concluye que hay lugar a la confirmación del fallo disciplinario de primera instancia, pues, se encuentra acreditada con grado de certeza la comisión de la falta disciplinaria gravísima a título de dolo por parte del señor Alirio de Jesús Vásquez, en su condición de alcalde de Puerto Nariño, Amazonas, para la época de los hechos.
El comportamiento antes descrito constituye la falta disciplinaria gravísima prevista en el numeral 2º del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019 del CGD a título de dolo.
En consecuencia, la Sala confirmará parcialmente el fallo de primera instancia, en cuanto declaró la responsabilidad disciplinaria del disciplinable, pero modificará la sanción de destitución e inhabilidad general de once (11) años que le impuso la primera instancia, redosificándola en destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer función pública en cualquier cargo o función por el término de diez (10) años y ocho (8) meses.
6.2.5 Otras determinaciones
Con respecto al recurso extraordinario de revisión, frente a decisiones disciplinarias que vinculen a servidores públicos de elección popular, como en este caso, se debe atender lo resuelto en la sentencia C-030 de 2023, - citada por el apelante en su escrito de alzada, -así como el auto de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado del 3 de diciembre de 2024–––––– en particular en cuanto se adoptaron las siguientes pautas:
Primera regla:
Procedencia:
El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo de elección popular al momento de la imposición de la sanción.
Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas. […]
Según la Ley 2094 de 2021 y la modulación efectuada por la Sentencia C-030 de 2023, esta acción de revisión quedó circunscrita a las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad impuestas por la Procuraduría General de la Nación que implican una «restricción o limitación temporal al derecho a ser elegido de un servidor público de elección popular, en ejercicio de sus funcione». Lo anterior por cuanto este tipo de sanciones tienen la virtualidad de interrumpir el mandato popular y, en esa medida, lesionan gravemente el principio democrático y el derecho a la representación política efectiva, previstos en la Constitución Política y la CADH. Así, independientemente de si la falta se cometió antes o durante el ejercicio del cargo de elección popular, lo importante es que la sanción afecte el ejercicio efectivo del mandato popular y los derechos políticos del elegido. Por lo tanto, debe entenderse que las demás sanciones disciplinarias, como la multa o la amonestación escrita, que se llegaren a aplicar a estos mismos servidores públicos, no son objeto de este recurso judicial. […]
En el caso concreto, como quiera que se confirma parcialmente la sanción disciplinaria impuesta en la primera instancia al disciplinable Alirio de Jesús Vásquez, alcalde de Puerto Nariño, Amazonas, para la época de los hechos, consistente en destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años y ocho (8) meses, lo que implica una interferencia en sus derechos políticos, esta Colegiatura precisa la procedencia del recurso extraordinario y automático de revisión, motivo por el cual, el presente fallo de segunda instancia no cobrará ejecutoria y su ejecución quedará suspendida de acuerdo con el inciso segundo de la primera regla del auto de unificación del Consejo de Estado, citado.
Además, tras su notificación personal o por edicto, por Secretaría se procederá a correr el traslado de treinta (30) días a los sujetos procesales, a los que alude al artículo 238D del CGD, para que, si a bien tienen, presenten argumentos, ejerzan la contradicción y demás aspectos para el ejercicio del derecho de defensa.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias,
VII. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente el fallo de primera instancia proferido el 16 de febrero de 2026 por la Procuraduría Regional de Juzgamiento Cundinamarca, por medio del cual declaró disciplinariamente responsable a ALIRIO DE JESÚS VÁSQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.591.189, en su calidad de alcalde del municipio de Puerto Nariño, Amazonas, para la época de los hechos, por su incursión en falta gravísima dolosa, y en consecuencia modificarlo en cuanto a la sanción impuesta la cual se fija finalmente en destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer función pública en cualquier cargo o función por el término de diez (10) años y ocho (8) meses, conforme a las consideraciones expuestas en este proveído
SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente, por la Secretaría de la Sala, la presente decisión a los sujetos procesales, conforme a lo establecido en los artículos 121, 122 y 127 del Código General Disciplinario, informándoles que, en cumplimiento de la sentencia C-030 de 2023, de la Corte Constitucional, y del auto de unificación jurisprudencial del 3 de diciembre de 2024, del Consejo de Estado, procede el recurso extraordinario de revisión ante las Salas Especiales de Decisión de dicho tribunal. Por tanto, la ejecución de la sanción disciplinaria queda suspendida hasta que se resuelva el referido recurso.
TERCERO: CORRER TRASLADO a los sujetos procesales para que, en el término de los 30 días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente fallo, ejerzan de manera efectiva el derecho de defensa y todas las garantías procesales, previo a que la jurisdicción de lo contencioso administrativo realice el control integral de la actuación disciplinaria, según el inciso segundo de la primera regla del auto de unificación del Consejo de Estado.
CUARTO: REMITIR, vencido el término anterior, por la secretaría de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, copia digitalizada e íntegra del expediente disciplinario al Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión (reparto), para lo de su competencia
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA EDITH RAMÍREZ ROJAS
Procuradora Delegada
LUIS GERMÁN ORTEGA R.
Procurador Delegado
CARLOS HUMBERTO GARCÍA PARRADO
Procurador Delegado
Presidente
Elaboró: Elba Regina Gutiérrez Ramírez (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Revisó: Gloria Edith Ramírez Rojas (Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular)
Aprobó: Gloria Edith Ramírez Rojas/ Luis Germán Ortega Ruiz/ Carlos Humberto García Parrado (SDJSPEP)
