Circular 3A de 2024 PGN

CIRCULAR 3 DE 2024

(junio 12)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION

La Procuraduría General de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia tiene dentro de sus funciones, entre otras, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas; como también ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas.

A su vez, el numeral 3 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000 asigna a las procuradurías delegadas el ejercicio, de manera selectiva, del control preventivo de la gestión administrativa y de la contratación pública que adelantan los organismos y las entidades públicas.

Por otra parte, el Acto Legislativo 04 de 2017 destina recursos del Sistema General de Regalías para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluyendo la financiación de proyectos destinados a la reparación integral de víctimas con cargo a recursos de «Asignación para la Paz, Asignación para la Paz - Proyectos de Infraestructura de Transporte, FONPET e Incentivo a la Producción».

A su vez, el Decreto Ley 413 de 2017 estableció las reglas de priorización de las entidades territoriales beneficiarias de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías (SGR), y dicta disposiciones relacionadas con la aprobación de proyectos de inversión en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD Paz).

Aunado a lo anterior, el Decreto 893 de 2017 crea los «Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el presente Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final».

En el mismo decreto, de acuerdo con la cobertura geográfica, se estableció el desarrollo de 16 PDET (subregiones) en 170 municipios priorizados.

En este sentido, el Decreto Ley 1534 de 2017 estableció los siguientes criterios de priorizacíón para los proyectos que tengan por objeto la implementación del Acuerdo Final: 1. Beneficio a la población de las entidades territoriales con mayor grado de afectación por el conflicto, 2. Inversión destinada a la sustitución o erradicación de cultivos ilícitos, 3. Inversión destinada a fortalecer el desarrollo económico y social en zonas rurales, y 4. Inversión destinada a la reparación de víctimas del conflicto.

Asimismo, el artículo 24 de la Ley 2279 de 2022, estableció que «los proyectos de inversión que tengan entre sus fuentes de financiación los recursos de la Asignación para la Paz, así como aquellos de que traía el parágrafo 4o del artículo 1 del Acto Legislativo 04 de 2017, serán priorizados durante el presente bienio y, para aprobación por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD PAZ) se aplicarán como criterios de priorizacíón para garantizar su distribución equitativa y el cierre de brechas socioeconómicas entre municipios PDET».

La misma norma, previo que los criterios de priorizacíón para garantizar su distribución equitativa deben ser adoptados mediante acuerdo por el OCAD Paz.

Por su parte, el artículo 16 de la Ley 2294 de 2023 modificó el artículo 2 del Decreto Ley 413 de 2018 estableciendo que los proyectos de inversión aptos de ser financiados con recursos de la Asignación para la Paz se definirán a través de convocatoria pública. Y precisó que: «Las convocatorias públicas, deberán estar fundamentadas en un plan de convocatorias construido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) o quien haga sus veces, en el marco de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), buscando la distribución equitativa de los recursos entre las dieciséis (16) Subregiones PDET».

Ahora bien, el presupuesto de Asignación para la Paz disponible para el bienio 2023 - 2024 de acuerdo con la Ley 2279 de 2022 y Decreto 363 de 2023 asciende a la suma de 2.06 billones de pesos.

De igual forma, se publicó el plan de convocatorias para los recursos de Asignación para la Paz con cargo a los recursos del bienio 2023 - 2024, destinándose recursos de Asignación para la Paz para la aprobación de proyectos por valor de UN BILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS ($1.951.363.704.027), distribuidos en 5 convocatorias, así:

Convocatoria en curso
**Convocatoria sin iniciar

Al respecto, en septiembre de 2023 se publicaron los términos de referencia de la convocatoria n.° 1 por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO ONCE MIL DOCIENTOS OCHO PESOS ($585.409.111.208), dirigida a los 170 municipios de las 16 subregiones PDET, la cual se encuentra en curso.

Como se observa, durante el bienio 2023 - 2024 el avance de aprobación de proyectos ha sido muy bajo, pues hasta el momento solo se ha iniciado una (1) de las 5 convocatorias previstas en el plan de convocatorias.

Por último, se debe resaltar que los PDET son un mecanismo para que la Reforma Rural Integral llegue de manera prioritaria a los territorios, el cual busca sentar las bases para la transformación estructural del campo, crear condiciones de bienestar para la población rural, proteger la riqueza pluriétnica y multicultural, promover la economía campesina, integrar a las regiones afectadas por la violencia, fortalecer a las organizaciones comunitarias y convertir el campo en un escenario de reconciliación, objetivos que con el bajo nivel de inversión de recursos durante el bienio 2023 - 2024 posterga su cumplimiento e impide el cierre de brechas sociales en regiones afectadas por el conflicto armado.

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Procuraduría delegada dispone:

PRIMERO: EXHORTAR al Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Paz, a agilizar los trámites y procedimientos dirigidos a viabilizar, priorizar y aprobar recursos de Asignación para la Paz, así como dar cumplimiento al cronograma de convocatorias establecido, con el fin de que se logre la aprobación de los recursos destinados a estas.

SEGUNDO: EXHORTAR a los ministerios y departamentos administrativos que tengan funciones en los procesos de cumplimiento de requisitos y viabilidad del ciclo de proyectos con cargo a recursos de Asignación para la Paz, a realizar dichos procesos con total apego a los términos que para ello haya establecido la Comisión Rectora, con el fin de que se aplique el principio de celeridad que rige la función pública y se logre la aprobación de los recursos cuando los proyectos cumplan con ios requisitos exigidos para ello.

TERCERO: Se advierte que esta Delegada no coacciona ni coadministra, simplemente, en ejercicio de su función preventiva, actúa como articuladora extendiendo recomendaciones y exhortando al cumplimiento normativo legal vigente, en las materias objeto de la presente actuación.

JHON HARVEY PINZON NAVARRETE

Procurador General