RESOLUCIÓN 245 DE 2026
(septiembre 2)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por la cual se crean y organizan los grupos internos de trabajo de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, se les asignan funciones y se dictan otras disposiciones.
EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas en los numerales 6, 7, 8, 29 y 33 del artículo 7o del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 2o del Decreto Ley 1851 de 2021 y,
CONSIDERANDO
Que el Decreto Ley 262 del 2000, modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021, determinó Los objetivos y la estructura orgánica de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público[1], precisando Las funciones que tiene a su cargo cada una de sus dependencias.
Que Los numerales 6 y 8 del artículo 7o del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 2o del Decreto Ley 1851 de 2021, facultan al Procurador General de la Nación para asignar funciones especiales a las dependencias y empleos de La entidad, así como para distribuir las funciones y competencias que le fueron atribuidas por la Constitución y la ley.
Que en el numeral 7 ibídem establece que el Procurador General de la Nación, en el ejercicio de sus atribuciones y con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad, podrá expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que considere necesarios para el cumplimiento de sus fines institucionales.
Que el numeral 29 del referido artículo faculta al Procurador General de la Nación para crear grupos de trabajo orientados al cumplimiento de Las funciones de la entidad.
Que el artículo 15 del Decreto Ley 262 de 2000 asigna a la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de La Nación funciones de asesoría jurídica al Procurador General, al Secretario General y a los servidores del nivel directivo; de representación judicial de la entidad y de defensa en acciones de tutela; de coordinación de La intervención de los procuradores regionales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; de absolución de consultas sobre las funciones del Ministerio Público; de cobro por jurisdicción coactiva; y de trámite del cumplimiento de las decisiones judiciales y los acuerdos conciliatorios a cargo de La entidad.
Que mediante la Resolución 220 del 29 de junio de 2022 se crearon, al interior de La Oficina Jurídica el Grupo de Defensa Judicial y Cobro Coactivo, el Grupo de Acciones Constitucionales y el Grupo de Peticiones.
Que posteriormente, mediante la Resolución 312 del 26 de septiembre de 2022, se modificó el artículo 3o de la Resolución 220 de 2022, en lo relativo a las funciones asignadas al Grupo de Defensa Judicial y Cobro Coactivo.
Que el ejercicio de la defensa judicial de la entidad se desarrolla de manera descentralizada, con La participación de las Procuradurías Regionales y Provinciales, circunstancia que hace necesario consolidar los mecanismos de articulación, acompañamiento técnico y jurídico y de
unificación de criterios con las dependencias territoriales, con el fin de optimizar la estrategia institucional de defensa judicial y fortalecer la presencia institucional en el territorio.
Que actualmente la entidad registra un total de 1.832 procesos judiciales activos, de los cuales 1.632, equivalentes aproximadamente al 89,08% corresponden a procesos en los que actúa en calidad de demandada; 17, cerca del 0,93%, en calidad de demandante; y 183 equivalentes aproximadamente al 9,99%, en calidad de Ministerio Público. Esta distribución evidencia una marcada concentración de la litigiosidad en La defensa judicial de la entidad, lo que supone mayores exigencias en términos de capacidad técnica, oportunidad en la respuesta y calidad en el ejercicio de la defensa y La articulación institucional.
Que en materia de cumplimiento de decisiones judiciales se reporta un total de 445 sentencias con impacto patrimonial a cargo de la entidad, cifra que representa aproximadamente el 24,29% del total de procesos activos. Este indicador evidencia no solo la magnitud de las obligaciones económicas derivadas de la actividad litigiosa, sino también la necesidad de robustecer los mecanismos de seguimiento, priorización y gestión oportuna del cumplimiento de fallos, con el propósito de mitigar riesgos fiscales, financieros y reputacionales para La entidad, así como de optimizar la planeación y sostenibilidad de los recursos públicos.
Que, adicionalmente, durante la vigencia 2025 se recibieron 15.009 acciones de tutela y 918 derechos de petición, lo que representa un incremento significativo en la carga operativa de la Oficina Jurídica frente a vigencias anteriores. Este volumen no solo evidencia una alta demanda de intervención institucional, sino también la necesidad de gestionar actuaciones sujetas a términos perentorios y de estricto cumplimiento, lo que impone mayores exigencias en términos de capacidad de respuesta, articulación interna y calidad en la atención de los requerimientos.
Que, de igual manera, el incremento de las actividades asociadas a la gestión del despacho de la Oficina Jurídica, particularmente en la coordinación de informes institucionales, el seguimiento a instrumentos de gestión, la atención de requerimientos institucionales y los demás asuntos estratégicos de La dependencia, requiere contar con un grupo interno de trabajo multidisciplinario que apoye de manera especializada el desarrollo de dichas funciones.
Que, en este contexto, el comportamiento cuantitativo de estos trámites, refleja un aumento porcentual relevante en la carga funcional y operativa de la Oficina Jurídica, lo cual hace imperativo el fortalecimiento de los mecanismos de gestión, coordinación y control, con el fin de asegurar La eficiencia, oportunidad y calidad en la prestación del servicio.
Que por razones de eficiencia, eficacia, oportunidad y racionalidad en la ejecución de las funciones atribuidas a la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, relacionadas con Los procesos judiciales, el cumplimiento y pago de sentencias, las peticiones y las acciones constitucionales (acciones populares, cumplimiento, acciones de grupo y tutelas), es necesario crear los grupos de trabajo que se encarguen de atender dichos asuntos, propendiendo por el cumplimiento de las funciones legales a su cargo.
Que, en mérito de lo expuesto, el Procurador General de la Nación
RESUELVE:
GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO.
ARTÍCULO 1o. CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN. Crear y organizar, al interior de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, los siguientes grupos internos de trabajo:
1. Grupo de Defensa Judicial.
2. Grupo de Defensa en Acciones Constitucionales.
3. Grupo de Cumplimiento de Decisiones Judiciales y Cobro Coactivo.
4. Grupo de Peticiones, Consultas y Orientación Jurídica.
5. Grupo de Articulación Territorial y Gestión Estratégica.
ARTÍCULO 2o. CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. Los grupos internos de trabajo de la Oficina Jurídica estarán integrados por servidores de los distintos niveles de empleo de la entidad, de acuerdo con Las necesidades del servicio y la naturaleza de las funciones asignadas a cada grupo.
En cualquier momento, el Jefe de la Oficina Jurídica podrá distribuir los asuntos y las cargas de trabajo entre los servidores de la Oficina Jurídica, de acuerdo con las necesidades del servicio, la especialidad y la carga laboral.
CAPÍTULO II FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
ARTÍCULO TERCERO. GRUPO DE DEFENSA JUDICIAL. Son funciones del Grupo de Defensa Judicial Las siguientes:
1. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Procuraduría General de la Nación en los procesos y actuaciones en Los que sea parte, en calidad de demandada, demandante o en cualquier otra condición procesal que corresponda, con excepción de las acciones constitucionales cuya defensa corresponde al Grupo de Defensa en Acciones Constitucionales.
2. Ejercer, cuando el Jefe de la Oficina Jurídica así lo disponga, la representación judicial de la entidad en segunda instancia, dentro de los procesos conocidos por tribunales y jueces en los que sea parte la Procuraduría General de la Nación, cuya defensa en primera instancia haya estado a cargo de los apoderados del nivel territorial.
3. Coordinar y articular con los apoderados territoriales La representación judicial de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con los lineamientos y criterios jurídicos establecidos por la Oficina Jurídica.
4. Analizar La procedencia y viabilidad de las acciones de repetición e iniciar las actuaciones correspondientes respecto de los servidores públicos y exservidores de la Procuraduría General de la Nación, cuando haya Lugar a ello, de conformidad con la Constitución, la ley y las decisiones del Comité de Conciliación.
5. Analizar las solicitudes de conciliación extrajudicial y judicial en las que sea convocada la Procuraduría General de la Nación, elaborar los respectivos estudios y conceptos jurídicos y someterlos a consideración del Comité de Conciliación, de conformidad con las competencias y procedimientos establecidos.
6. Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad en las audiencias de conciliación y demás actuaciones relacionadas con mecanismos alternativos de solución de conflictos, de conformidad con los Lineamientos impartidos por el Jefe de la Oficina Jurídica y las decisiones del Comité de Conciliación.
7. Validar, registrar, actualizar y efectuar el seguimiento de Las solicitudes de conciliación extrajudicial y de los procesos judiciales y extrajudiciales a cargo del grupo en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI), de conformidad con las disposiciones aplicables.
8. Proponer y formular criterios, lineamientos y orientaciones para el ejercicio de la defensa judicial de la Procuraduría General de la Nación por parte de los apoderados del nivel territorial, en coordinación con el Grupo de Articulación Territorial y Gestión Estratégica.
9. Realizar seguimiento a los procesos judiciales de especial relevancia, impacto o interés para la Procuraduría General de la Nación, adelantados en el nivel central y territorial.
10. Realizar el seguimiento jurídico a las decisiones judiciales, conciliaciones y demás actuaciones que puedan generar obligaciones a cargo de la entidad, cuando se relacionen con los procesos a cargo del grupo, y suministrar los insumos jurídicos requeridos para su cumplimiento, de conformidad con las competencias del Grupo de Cumplimiento de Decisiones Judiciales y Cobro Coactivo.
11. Elaborar y presentar al Jefe de la Oficina Jurídica los informes relacionados con los procesos, actuaciones y demás asuntos a cargo del grupo, así como atender los requerimientos de información que formulen las dependencias de la entidad y las autoridades competentes.
12. Organizar, actualizar, administrar y custodiar la documentación producida y recibida en desarrollo de las funciones del grupo, de conformidad con las Tablas de Retención Documental de la Oficina Jurídica y los lineamientos impartidos por La dependencia competente en materia de gestión documental.
13. Las demás que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina Jurídica y que correspondan a la naturaleza, objetivos y funciones del grupo.
ARTÍCULO 4o. GRUPO DE DEFENSA EN ACCIONES CONSTITUCIONALES. Son funciones del Grupo de Defensa en Acciones Constitucionales las siguientes:
1. Ejercer la representación judicial de la Procuraduría General de la Nación en las acciones de tutela, acciones populares y acciones de grupo en las que la entidad actúe como accionada, vinculada o accionante, de conformidad con las competencias asignadas; salvo aquellos procesos de tutela que se deleguen por el Procurador(a) General de la Nación al Procurador(a) Auxiliar para Asuntos Constitucionales en el marco de lo establecido en el parágrafo del artículo 8o del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 3o del Decreto Ley 1851 de 2021.
2. Orientar y coordinar la elaboración de las respuestas a las acciones de tutela, acciones populares y acciones de grupo promovidas contra los servidores de la Procuraduría General de la Nación, cuando corresponda a la Oficina Jurídica intervenir en su atención.
3. Solicitar, coordinar y consolidar los insumos jurídicos y técnicos requeridos de las dependencias competentes para el ejercicio oportuno y adecuado de la defensa de la entidad en las acciones constitucionales a cargo del grupo.
4. Distribuir, conforme a los lineamientos del Jefe de la Oficina Jurídica, las acciones de tutela cuya atención corresponda a Las Procuradurías Regionales, Provinciales o Distritales de Instrucción y Juzgamiento, teniendo en cuenta los criterios de jurisdicción, competencia, y distribución territorial establecidos.
5. Comunicar oportunamente a las dependencias competentes las órdenes impartidas por los despachos judiciales en el marco de las acciones de amparo constitucional de las que tenga conocimiento la Oficina Jurídica, para que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento.
6. Analizar y efectuar seguimiento a las decisiones judiciales proferidas en las acciones constitucionales a cargo del grupo, con el propósito de identificar riesgos jurídicos, promover la unificación de criterios y fortalecer las estrategias institucionales de defensa.
7. Consolidar, administrar y actualizar el banco de argumentos, lineamientos, directrices y demás herramientas jurídicas para el ejercicio de la defensa institucional en acciones constitucionales, con el fin de promover la coherencia, oportunidad, calidad y eficacia de las actuaciones de la entidad.
8. Organizar, actualizar, administrar y custodiar la documentación producida y recibida en desarrollo de las funciones del grupo, de conformidad con las Tablas de Retención Documental de la Oficina Jurídica y los lineamientos impartidos por la dependencia competente en materia de gestión documental.
9. Rendir los informes que le sean requeridos sobre las acciones constitucionales a cargo del grupo, así como sobre su gestión, seguimiento y resultados.
10. Las demás que le sean asignadas por el Jefe de La Oficina Jurídica y/o que correspondan a la naturaleza, objetivos y funciones del grupo.
ARTÍCULO 5o. GRUPO DE CUMPLIMIENTO DE DECISIONES JUDICIALES Y COBRO COACTIVO. Son funciones del Grupo de Cumplimiento de Decisiones Judiciales y Cobro Coactivo Las siguientes:
1. Coordinar y adelantar, en articulación con la Secretaría General y las demás dependencias competentes, las actuaciones administrativas necesarias para el cumplimiento y trámite del pago de las sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales que impongan obligaciones a cargo de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el procedimiento institucional y la normativa vigente.
2. Identificar, consolidar y reportar, en coordinación con la División Financiera, las obligaciones a cargo deudores morosos de la Procuraduría General de la Nación que deban ser reportadas ante La Contaduría General de la Nación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
3. Iniciar, tramitar y sustanciar los procesos de cobro coactivo de competencia de La Procuraduría General de la Nación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que regulan La materia.
4. Adelantar las actuaciones administrativas y procesales necesarias para obtener el recaudo efectivo y oportuno de las obligaciones claras, expresas y exigibles a favor de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la normativa vigente.
5. Realizar el seguimiento al cumplimiento y recaudo de las obligaciones derivadas de decisiones judiciales, conciliaciones, laudos arbitrales y demás títulos que presten mérito ejecutivo a favor de la Procuraduría General de la Nación, y adoptar o promover las actuaciones que correspondan para garantizar su efectividad.
6. Presentar al Jefe de la Oficina Jurídica los informes que le sean requeridos sobre los asuntos a cargo del grupo, su gestión, resultados, estado de los procesos de cobro coactivo y demás actuaciones relacionadas con el cumplimiento de decisiones judiciales.
7. Organizar, actualizar, administrar y custodiar La documentación producida y recibida en desarrollo de las funciones del grupo, de conformidad con las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Oficina Jurídica y los Lineamientos impartidos por la dependencia competente en materia de gestión documental.
8. Las demás que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina Jurídica y/o que correspondan a la naturaleza, objetivos y funciones del grupo.
ARTÍCULO 6o. GRUPO DE PETICIONES, CONSULTAS Y ORIENTACIÓN JURÍDICA. Son funciones del Grupo de Peticiones, Consultas y Orientación Jurídica las siguientes:
1. Atender y resolver las consultas formuladas por servidores públicos ajenos a la Procuraduría General de la Nación y por los particulares, relacionadas con las funciones constitucionales y legales del Ministerio Público, de conformidad con Las competencias atribuidas a la Oficina Jurídica y la normativa vigente.
2. Tramitar, analizar, revisar y proyectar las respuestas a las peticiones y consultas cuya atención corresponda a la Oficina Jurídica, de conformidad con las competencias establecidas en el Decreto Ley 262 de 2000, los actos administrativos que las desarrollen y demás disposiciones aplicables.
3. Solicitar y gestionar ante las dependencias competentes Los conceptos, antecedentes, documentos e información necesarios para la adecuada atención y respuesta de las peticiones y consultas a cargo de la Oficina Jurídica.
4. Determinar y efectuar los traslados por competencia de las peticiones y consultas cuya atención corresponda a otras dependencias de la Procuraduría General de La Nación o a otras autoridades y entidades, de conformidad con la normativa vigente, dejando Las respectivas constancias en los sistemas de información institucionales.
5. Realizar el seguimiento a la atención de las peticiones y consultas a cargo del Grupo, con el fin de garantizar su trámite oportuno y el cumplimiento de los términos legales establecidos.
6. Brindar orientación y asesoría jurídica a las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales, así como a las demás dependencias y servidores de la Procuraduría General de la Nación, en los asuntos relacionados con las funciones y competencias de la Oficina Jurídica, cuando así se requiera.
7. Diseñar y desarrollar actividades de capacitación, socialización y divulgación dirigidas a las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales y a los demás servidores de la entidad, sobre los asuntos jurídicos de competencia de la Oficina Jurídica, cuando así se requiera.
8. Elaborar y presentar al Jefe de la Oficina Jurídica los informes que le sean requeridos sobre las peticiones, consultas, traslados, actividades de orientación jurídica y demás asuntos a cargo del grupo.
9. Organizar, actualizar, administrar y custodiar la documentación producida y recibida en desarrollo de las funciones del grupo, de conformidad con las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Oficina Jurídica y los lineamientos impartidos por la dependencia competente en materia de gestión documental.
10. Las demás que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina Jurídica y que correspondan a la naturaleza, objetivos y funciones del grupo.
ARTÍCULO 7o. GRUPO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. Son funciones del Grupo de Articulación Territorial y Gestión Estratégica las siguientes:
1. Brindar acompañamiento y orientación jurídica a los apoderados encargados de la representación judicial y constitucional en el territorio, en los asuntos que requieran apoyo de la Oficina Jurídica, con especial énfasis en aquellos procesos o actuaciones de relevancia, impacto o interés institucional.
2. Diseñar, coordinar e implementar estrategias de articulación jurídica entre la Oficina Jurídica y las Procuradurías Regionales de Instrucción, Regionales de Juzgamiento, Provinciales de Instrucción, Provinciales de Juzgamiento y demás dependencias territoriales, orientadas a fortalecer La defensa jurídica, promover la aplicación uniforme de criterios y facilitar el intercambio de información y buenas prácticas.
3. Promover la unificación y difusión de criterios jurídicos y lineamientos institucionales relacionados con los asuntos de competencia de la Oficina Jurídica, así como brindar acompañamiento técnico jurídico para su adecuada aplicación en las dependencias territoriales.
4. Coordinar la elaboración, consolidación, seguimiento y evaluación de los informes de gestión, indicadores, planes de acción, metas y demás instrumentos de planeación y gestión de la Oficina Jurídica, de conformidad con los lineamientos institucionales.
5. Coordinar y gestionar las actividades relacionadas con la implementación, sostenibilidad, seguimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión en el ámbito de competencia de la Oficina Jurídica, así como realizar seguimiento a los planes de mejoramiento, mapas de riesgos, indicadores y demás instrumentos asociados a la gestión institucional.
6. Consolidar, administrar y analizar la información estadística y de gestión de la Oficina Jurídica, incluyendo la proveniente de las dependencias territoriales, con el propósito de identificar tendencias, riesgos, oportunidades de mejora y elementos que contribuyan a la toma de decisiones y al fortalecimiento de la gestión jurídica institucional.
7. Proponer y promover acciones de mejora y estrategias de gestión orientadas a optimizar los procesos y procedimientos a cargo de la Oficina Jurídica, fortalecer la articulación con el nivel territorial y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.
8. Presentar al Jefe de La Oficina Jurídica Los informes y análisis que le sean requeridos sobre la articulación territorial, el seguimiento de La gestión jurídica y el cumplimiento de los instrumentos de planeación y gestión a cargo de la Oficina Jurídica.
9. Organizar, actualizar, administrar y custodiar la documentación producida y recibida en desarrollo de las funciones del grupo, de conformidad con las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Oficina Jurídica y los lineamientos impartidos por la dependencia competente en materia de gestión documental.
10. Las demás que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina Jurídica y que correspondan a la naturaleza, objetivos y funciones del grupo.
CAPÍTULO III COORDINACIÓN INTERNA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
ARTÍCULO OCTAVO. COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. Cada grupo interno de trabajo de la Oficina Jurídica contará con un coordinador, designado por el Procurador General de la Nación o por el Jefe de la Oficina Jurídica, según corresponda, de conformidad con las necesidades del servicio. El coordinador será un servidor de la Procuraduría General de la Nación del nivel asesor.
La coordinación tendrá por objeto orientar, articular, supervisar y hacer seguimiento al desarrollo de las funciones asignadas al respectivo grupo interno de trabajo, procurando el cumplimiento oportuno y eficiente de sus objetivos, la calidad técnica de sus actuaciones, la adecuada distribución de las cargas de trabajo, la aplicación uniforme de los lineamientos institucionales y la gestión y transferencia del conocimiento.
ARTÍCULO 9o. FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. Corresponde a los coordinadores de los grupos internos de trabajo, en el marco de las funciones asignadas al respectivo grupo y bajo las directrices del Jefe de la Oficina Jurídica:
1. Coordinar y orientar el cumplimiento de las funciones y objetivos asignados al respectivo grupo interno de trabajo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias e institucionales aplicables.
2. Coordinar y supervisar el desarrollo de los asuntos a cargo del grupo, procurando que Las actuaciones se adelanten con criterios de calidad, oportunidad, eficiencia, uniformidad técnica y observancia de los términos legales y reglamentarios.
3. Distribuir las cargas de trabajo y asignar los asuntos entre los integrantes del grupo, de acuerdo con la naturaleza, complejidad y volumen de los asuntos, las competencias de los servidores y criterios de equidad, eficiencia y oportunidad.
4. Orientar y revisar técnicamente las actuaciones, documentos y productos elaborados por los integrantes del grupo, cuando la naturaleza del asunto así lo requiera, y formular las recomendaciones necesarias para garantizar su calidad y coherencia con los lineamientos de la Oficina Jurídica.
5. Emitir, cuando corresponda, conceptos, informes, documentos y demás pronunciamientos relacionados con los asuntos a cargo del grupo, de conformidad con Las competencias atribuidas y las directrices impartidas por el Jefe de La Oficina Jurídica.
6. Convocar y coordinar reuniones de trabajo con los integrantes del grupo, así como con otras dependencias de la entidad cuando sea necesario, con el propósito de articular actuaciones, unificar criterios, fortalecer el trabajo colaborativo y optimizar los resultados de la gestión.
7. Realizar seguimiento permanente al estado y avance de los asuntos a cargo del grupo, identificar riesgos, retrasos, necesidades y oportunidades de mejora, y adoptar las medidas de gestión que correspondan dentro de sus competencias.
8. Informar al Jefe de la Oficina Jurídica, con la periodicidad que este determine y cuando las circunstancias lo requieran, sobre la gestión, avances, resultados, asuntos relevantes, riesgos y situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las funciones del grupo.
9. Requerir y consolidar la información, antecedentes, documentos e insumos necesarios de las dependencias y servidores de la Procuraduría General de la Nación para el adecuado desarrollo de los asuntos a cargo del grupo, de conformidad con las competencias y procedimientos institucionales.
10. Promover la aplicación uniforme de los lineamientos, criterios jurídicos y directrices impartidos por la Oficina Jurídica, así como la adecuada gestión, sistematización y transferencia del conocimiento generado en el desarrollo de las funciones del grupo.
11. Identificar necesidades de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades de los integrantes del grupo y proponer al Jefe de la Oficina Jurídica las acciones que resulten pertinentes.
12. Velar por la adecuada organización, actualización y conservación de la información y documentación relacionada con los asuntos a cargo del grupo, de conformidad con las disposiciones sobre gestión documental y los lineamientos institucionales.
13. Las demás que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina Jurídica y que correspondan a la naturaleza, objetivos y funciones del respectivo grupo interno de trabajo.
ARTÍCULO 10. VIGENCIAS, MODIFICACIONES Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las Resoluciones 220 y 312 de 2022, así como las demás disposiciones que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
GREGORIO ELJACH PACHECO
Procurador General de la Nación
1. Ley 2553 de 13 de marzo de 2025, "Por la cual se transforma el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), en la Universidad del Ministerio Público y se dictan otras disposiciones".
