RESOLUCIÓN 282 DE 2026
(octubre 13)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION
Por medio del cual se crea un Grupo Especial de trabajo para el seguimiento de la a T- 302/17 el cual declaró el estado de cosas inconstitucional -ECI- en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia por la vulneración masiva, generalizada, desproporcionada e injustificada de los derechos fundamentales al agua, la salud, la alimentación y la participación de las niñas, niños y adolescentes del pueblo Wayuu.
EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución y la ley, y en especial de la señalada en el numeral 7 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 277 de la Constitución Política asignan a la Procuraduría General de la Nación las funciones de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, defender los intereses colectivos, así como velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.
Que la Constitución Política de Colombia establece el respeto a la dignidad humana; reconoce, entre otros, los derechos a la vida, a la seguridad social, a la salud, y a la vivienda digna, establece como objetivo fundamental del Estado la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable y en su artículo 5, reconoce la primacía de los derechos inalienables de las personas sin ninguna discriminación y el artículo 7, reconoce y protege la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación.
Que así mismo, la Constitución Política de Colombia establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás y reconoce como derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, e impone a la familia, la sociedad y el Estado la protección de los derechos de los niños.
Que los numerales 6 y 8 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 2 del Decreto Ley 1851 de 2021, facultan al Procurador General de la Nación para asignar funciones especiales a las dependencias y empleos de la entidad, así como para distribuir las funciones y competencias que le fueron atribuidas en la Constitución y la ley.
Que el numeral 7 ibídem, establece que el Procurador General de la Nación, en el marco de garantizar el funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de las funciones atribuidas por la ley, puede expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que considere necesarios.
Que los artículos 11, 13 y 14 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 2 del Decreto Ley 1851 de 2021, Propicia la búsqueda de soluciones a conflictos sociales y políticos, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, los derechos y garantías fundamentales o el patrimonio público y solicitan intervenciones humanitarias a las organizaciones y organismos nacionales internacionales, cuando sea necesario para defender estos derechos; así como actuar en la mediación y búsqueda de soluciones en los conflictos que ocasionen violaciones de tratados internacionales de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Que, los numerales 29, 33 y 34 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 2o del Decreto Ley 1851 de 2021, establecen la facultad del Procurador General de la Nación de l). Crear comités asesores y grupos de trabajo para el cumplimiento de las funciones de la entidad. II). Organizar las dependencias de la Procuraduría General de la Nación para su adecuado funcionamiento conforme a las reglas y principios establecidos en este decreto de acuerdo con las necesidades del servicio y III). Distribuir y reubicar los empleos de la planta de personal globalizada, entre las distintas dependencias de la entidad.
Que el Decreto Ley 262 de 2000, "estableció la organización interna y las funciones de las Procuradurías Delegadas, entre ellas la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, encargada de ejercer funciones preventivas, disciplinarias y de intervención orientadas a la protección del medio.
Que la Corte Constitucional en la sentencia T-302 del 8 de mayo del 2017, confirmó el fallo del 27 de julio de 2016 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia por la cual se había confirmado la sentencia del 1 de marzo de 2016 del Tribunal Superior de Riohacha, con la cual, se tutelaron los derechos fundamentales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo Wayúu en los municipios de Riohacha.
Que, en dicha providencia la Corte Constitucional reconoció la grave situación de vulneración de los derechos fundamentales de la niñez Wayúu y adopto medidas para la protección y superar el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce efectivo de sus derechos a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación, lo que demanda una actuación institucional coordinada, articulada y sostenida por parte de las autoridades competentes.
Que, para tal efecto, resulta necesario fortalecer la articulación de las actuaciones adelantadas por las distintas dependencias de la Procuraduría General de la Nación, así como establecer mecanismos de coordinación, seguimiento y consolidación de información que permitan identificar avances, dificultades y compromisos institucionales relacionados con el cumplimiento de la referida providencia judicial.
Que, en consecuencia, se considera pertinente crear el Grupo Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos y con la colaboración de las procuradurías delegadas cuyas funciones y competencias guarden relación directa con el objeto y las funciones del grupo, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y contribuir al seguimiento efectivo de las órdenes judiciales y de las demás acciones orientadas a garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo Wayúu, principalmente en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribía, departamento de la Guajira.
Que, en mérito de lo expuesto, el Procurador General de la Nación,
RESUELVE
ARTÍCULO 1o. CREAR. El Grupo Especial para el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, frente al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños del pueblo Wayúu, adscrito al Despacho del Procurador General de la Nación.
PARÁGRAFO 1o. El grupo especial tendrá su sede administrativa en la Procuraduría Regional de Instrucción la Guajira.
PARÁGRAFO 2o. Sin perjuicio de las funciones atribuidas al El Grupo Especial para el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, frente al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños del pueblo Wayúu, de conformidad con las necesidades del servicio el Procurador General de la Nación podrá modificar las funciones y objeto del mismo.
ARTÍCULO 2o. OBJETO. El Grupo Especial para el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, frente al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños del pueblo Wayúu, tendrá por objeto, ttendrá por objeto coordinar y articular, adelantar el seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017, así como las demás acciones institucionales orientadas a contribuir a la superación de la crisis humanitaria del pueblo Wayúu, con especial atención al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y la participación de los niños de dicha comunidad.
ARTÍCULO 3o. UBICACIÓN LABORAL. El Procurador General de la Nación en su calidad de nominador, podrá efectuar ubicación del personal del Grupo Especial para el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, frente al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños del pueblo Wayúu.
ARTÍCULO 4o. FUNCIONES. El Grupo Especial para el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, frente al goce efectivo de los derechos fundamentales a
la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños del pueblo Wayúu, desarrollará las siguientes funciones:
1. Apoyar al Procurador General de la Nación en la proyección y presentación de comunicaciones, conceptos, informes, estudios y demás documentos relacionados con las funciones del grupo.
2. Formular y proponer lineamientos, instrumentos y mecanismos de seguimiento que faciliten la coordinación institucional, el intercambio de información y la evaluación de los avances y resultados de las actuaciones adelantadas en la materia.
3. Articular las actuaciones adelantadas por las procuradurías delegadas y las demás dependencias de la Procuraduría General de la Nación relacionadas con el seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-302 de 2017 y con las acciones institucionales orientadas a contribuir a la superación de la crisis humanitaria del pueblo Wayúu.
4. Preparar insumos técnicos y jurídicos que contribuyan a la construcción de criterios institucionales coordinados en materia de seguimiento al cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017 y de las acciones orientadas a superar la crisis humanitaria del pueblo Wayúu
5. Elaborar informes periódicos sobre el estado de avance de las actuaciones institucionales objeto de seguimiento, con identificación de los resultados, las dificultades y las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.
6. Adelantar actuaciones preventivas en los territorios con el fin de identificar, evaluar y mitigar riesgos que puedan afectar los derechos individuales y colectivos, los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio cultural.
7. Gestionar estrategias de interlocución, prevención y mitigación frente a situaciones que puedan afectar la sostenibilidad de los recursos naturales o la preservación del patrimonio cultural y territorial.
8. Ejecutar acciones de control de gestión orientadas a verificar el cumplimiento de obligaciones institucionales por parte de las entidades públicas en materia ambiental, de conservación de recursos naturales y protección cultural, promoviendo medidas correctivas o preventivas cuando sea necesario.
9. Brindar acompañamiento y seguimiento institucional a autoridades locales, comunidades y entidades competentes en la defensa del medio ambiente, los recursos naturales, el patrimonio cultural y los derechos individuales y colectivos.
10. Promover estrategias de seguimiento, coordinación y articulación con las procuradurías regionales, provinciales y demás entidades, en asuntos relacionados con la gestión ambiental, la conservación de ecosistemas y la protección cultural.
11. Realizar misiones técnicas, visitas territoriales y acciones de verificación en zonas con riesgo colectivo, ambientales o amenazas al patrimonio cultural, elaborando los informes correspondientes.
12. Elaborar y remitir informes preventivos, conceptuales y de seguimiento sobre la situación ambiental y cultural de los territorios donde intervenga.
13. Cumplir las demás tareas que le asigne la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios o quien haga sus veces y las funciones que designe el Procurador General de la Nación, en desarrollo de su misión institucional y conforme a las necesidades del servicio.
PARÁGRAFO. El Grupo especial para el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, frente al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños del pueblo Wayúu, se enfocará en cumplir sus funciones en el departamento de la Guajira, especialmente en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.
ARTÍCULO 5o. El Grupo Especial para el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, frente al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños del pueblo Wayúu será coordinado por un servidor de la entidad siempre que sea de nivel Asesor o profesional, de acuerdo con la designación que para tal efecto realice el Procurador General de la Nación, el cual ejercerá las siguientes funciones:
1. Distribuir y organizar las tareas y cargas de trabajo entre los integrantes del grupo, según la especialidad, experiencia y necesidades del servicio.
2. Elaborar y consolidar informes, reportes, estadísticas y documentos sobre la gestión desarrollada por el grupo, con el fin de remitirlos al Despacho del Procurador General de la Nación.
3. Supervisar y hacer seguimiento a las actividades ejecutadas por los funcionarios que conforman el grupo, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales
4. Impartir instrucciones y adoptar las medidas necesarias para garantizar que las actuaciones del grupo se desarrollen con eficiencia, eficacia y conforme a los lineamientos y estrategia institucional.
5. Informar permanentemente a la Procuraduría sobre el estado de los asuntos a cargo y formular estrategias para su cumplimiento, especialmente en zonas con riesgos ambientales o culturales.
6. Actuar conjuntamente con las con las comunidades, autoridades locales, y demás entidades para fortalecer el funcionamiento del grupo.
7. Atender y responder oportunamente solicitudes relacionadas con los asuntos de competencia del grupo.
8. Elaborar informes relativos al área de desempeño funcional del Grupo.
9. Velar por el uso, conservación y adecuado manejo de los equipos y bienes asignados al grupo.
10. Asegurar el suministro oportuno de herramientas y elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones del grupo, así como su adecuada distribución y uso.
11. Proyectar actos administrativos, oficios, instructivos o cualquier otro instrumento para consideración o firma del Procurador General de la Nación
12. Orientar a los miembros del grupo en el desarrollo de sus funciones en materia de los derechos colectivos, derechos ambientales o el patrimonio cultural.
13. Realizar seguimiento a sentencias judiciales, requerimientos institucionales y demás actuaciones relacionadas con la protección ambiental, la conservación de los recursos naturales y la preservación del patrimonio cultural en los territorios donde actúe el grupo.
14. Informar oportunamente al Procurador General de la Nación sobre asuntos relacionados con la gestión del grupo.
15. Participar en reuniones por el Procurador General de la Nación, Procurador Delegado, Procuradores Regionales, Provinciales, autoridades locales y demás entes territoriales
16. Conceder permisos justificados a los servidores del grupo, en virtud de las normas aplicables.
17. Concertar y dar seguimiento a compromisos laborales, así como evaluar el desempeño de los servidores a su cargo según el tipo de vinculación.
18. Cumplir las demás funciones correlativas o complementarias, inherentes a la naturaleza de las actividades del grupo.
ARTÍCULO 6o. COORDINACIÓN. Para el cumplimiento de su objeto, el grupo Especial promoverá la articulación entre Procuradurías Delegadas, Procuradurías Regionales y Provinciales, autoridades locales y nacionales, así como con comunidades y demás entidades competentes, para el intercambio oportuno de información, la optimización de las capacidades institucionales de prevención, protección, comunicación, seguimiento, vigilancia y cooperación que permitan la integración de esfuerzos y la toma oportuna de decisiones, frente al seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y a las acciones orientadas a superar la crisis humanitaria del pueblo Wayúu.
PARÁGRAFO. En atención a la actuación prioritaria al departamento de la Guajira, el Grupo contara con el apoyo de respuesta inmediata con el Grupo de Seguimiento al cumplimiento de Sentencias de Tutela de la Corte Constitucional o el que haga sus veces, así como con las procuradurías Regionales y Provinciales del departamento, las Procuraduría delegadas, cuyas funciones y competencias guarden relación directa con el objeto y las funciones del grupo.
ARTÍCULO 7o. SECRETARÍA. El Grupo especial para el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, frente al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños del pueblo Wayúu contarán con el apoyo de la secretaría de la Procuraduría Regional de Instrucción la Guajira.
ARTÍCULO 8o. COMUNICAR. La presente decisión a la Dirección de Apoyo Estratégico, Análisis de Datos e Información; a la Oficina de Planeación; a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital; a la División de Documentación, Grupo de Relatoría, para que ajusten sus Sistemas de Información, métricas y demás, para el adecuado funcionamiento del Grupo Especial.
ARTÍCULO 9o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
GREGORIO ELJACH PACHECO
Procurador General de la Nación
