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Radicado: 05001-23-33-000-2017-02914-01 (31009)

Demandante: Seguros de Vida Suramericana S.A.

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02914-01 (31009)

Demandante: Seguros de Vida Suramericana S.A.

Demandado: DIAN

Temas: Devolución pago de lo no debido. Impuesto al patrimonio 2011.

Intereses legales, corrientes y moratorios. Corrección monetaria.

 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de noviembre de 20251, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, que negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

ANTECEDENTES

El 10 de julio de 2009, la demandante suscribió con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Contrato de Estabilidad Jurídica EJ-0182, mediante el cual la Nación se comprometió a garantizar estabilidad jurídica respecto de la aplicación de las normas identificadas como determinantes3 para la inversión consistente en la cesión de activos, pasivos y contratos de la Compañía Agrícola de Seguros S.A. -cláusulas primera y tercera-, por un término de 19 años -cláusula décima-.

El 20 de mayo de 2011, mediante el formulario núm. 42086000571204, la demandante presentó la declaración del impuesto al patrimonio correspondiente al año gravable 2011, en la que liquidó un saldo total a pagar de $37.373.440.000 -renglón 37-, suma que pagó en ocho cuotas iguales5.

El 23 de mayo de 2011, la demandante solicitó a la DIAN dejar sin efectos la declaración del impuesto al patrimonio correspondiente al año gravable 2011 y, en consecuencia, devolver las sumas pagadas hasta ese momento por dicho concepto, junto con los intereses legales a que hubiera lugar. Mediante el Oficio núm. 1-11-238-000869 del 10 de junio de 2011, la DIAN negó la solicitud. Contra esa decisión, la demandante agotó los recursos procedentes en sede administrativa y posteriormente acudió a la

1 Índice 054 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

2 Folios 303 a 309 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

3 Artículos 36, 36-1, 36-3, 45, 49, 96, 98, 107,115, 126, 126-1, 145,146, 147, 158-3, 188, 189, 191, 240, 284, 282, 292, 299, 313,

397-1, del Estatuto Tributario; 1 y 2 del Decreto 4980 de 2007; 81 y 82 de la Ley 964 de 2005; y 17 del Decreto 2509 de 1985.

4 Folio 296 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

5 Cada una por valor de $4.671.680.000, efectuadas mediante los formularios 4907740817811 del 20 de mayo de 2011; 4907751270121 y 4907751269999 del 20 de septiembre de 2011; 4907771209870 del 18 de mayo de 2012; 4907788100420 del

19 de septiembre de 2012; 4907823156414 del 20 de mayo de 2013; 4907854706987 del 19 de septiembre de 2013;

4907909249521 del 19 de mayo de 2014; y 4907937227131 del 18 de septiembre de 2014.

jurisdicción de lo contencioso administrativo. El proceso culminó con la sentencia del 24 de noviembre de 2016 de esta Sección6, mediante la cual se revocó la sentencia del 13 de mayo de 2014 del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, anuló el Oficio núm. 1-11-238-000869 y sus actos confirmatorios.

Mediante solicitudes presentadas el 3 de mayo y el 25, 26, 27 y 28 de julio de 2017, la demandante solicitó: i) la devolución de las cuotas tercera7, cuarta8, quinta9, sexta10, séptima11 y octava12 del impuesto al patrimonio; ii) la liquidación y pago de los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario; iii) la liquidación y pago de los intereses legales previstos en los artículos 1617 y 2232 del Código Civil; y iv) la liquidación y pago de la corrección monetaria.

La División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín expidió las Resoluciones de Devolución y/o Compensación 399213 del 13 de junio de 2017, 787214 del 18 de septiembre de 2017, 795615 del 19 de septiembre de 2017,

799216 y 799317 del 20 de septiembre de 2017, y 809018 del 20 de septiembre de 2017, mediante las cuales ordenó la devolución de los saldos a favor correspondientes a las cuotas tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava del impuesto al patrimonio del año gravable 2011, respectivamente.

La División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín expidió los Oficios UAE DIAN 1-11-243-519 del 6 de julio de 2017, 1-11-243-822 del 28

de septiembre de 2017, 1-11-243-865 del 6 de octubre de 2017, 1-11-243-817 y 1-11-

243-818 del 27 de septiembre de 2017, y 1-11-243-824 del 28 de septiembre de 201719, mediante los cuales negó el reconocimiento de intereses legales, corrientes y moratorios, así como de la corrección monetaria solicitada sobre la devolución de los saldos a favor generados en las cuotas tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava del impuesto al patrimonio del año gravable 2011, al considerar que: i) conforme al artículo 863 del Estatuto Tributario, no se configuraban los supuestos para su causación, pues los saldos a favor no estuvieron sometidos a discusión y las respectivas solicitudes de devolución fueron resueltas oportunamente dentro del término legal; y ii) los intereses legales reclamados con fundamento en la legislación civil solo procedían por expresa disposición del juez.

DEMANDA

Seguros de Vida Suramericana S.A. en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho20 formuló las siguientes pretensiones:

6 Sentencia del 24 de noviembre de 2016, exp. 21181, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

7 Folios 285 a 294 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

8 Folios 330 a 333 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

9 Folios 437 a 446 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

10 Folios 531 a 540 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

11 Folios 607 a 616 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

12 Folios 701 a 710 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

13 Folio 322 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

14 Folio 428 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

15 Folio 523 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

16 Folio 599 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

17 Folio 692 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

18 Folio 790 de los antecedentes administrativos, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

19 Folios 147 a 164 de los anexos a la demanda, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

20 Demanda y su reforma, índice 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

2

«A. Que se declare la nulidad total de los siguientes actos:

  1. Del Oficio UAE DIAN 1-11-243-519 de fecha 6 de julio de 2017 (…).
  2. Del Oficio UAE DIAN 1-11-243-822 de fecha 28 de septiembre de 2017 (…).
  3. Del Oficio UAE DIAN 1-11-243-865 de fecha 06 de octubre de 2017 (…).
  4. Del Oficio UAE DIAN 1-11-243-817 de fecha 27 de septiembre de 2017 (…).
  5. Del Oficio UAE DIAN 1-11-243-818 de fecha 27 de septiembre de 2017 (…).
  6. Del Oficio UAE DIAN 1-11-243-824 de fecha 28 de septiembre de 2017 (…).

Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de mi representada en los siguientes términos:

Ordenando a la DIAN el pago de intereses corrientes previstos en el artículo 863 del E.T., liquidados sobre las cuotas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del impuesto al patrimonio declarado y pagado por la Compañía por el año gravable 2011 (… por $22.476.692.000…).

Ordenando a la DIAN el pago de intereses moratorios previstos en el artículo 863 del E.T., liquidados sobre las cuotas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del impuesto al patrimonio declarado y pagado por la Compañía por el año gravable 2011, desde la ejecutoria de la sentencia que declaró la ineficacia de la declaración del impuesto al patrimonio presentada por el año gravable 2011, esto es, desde el 15 de diciembre de 2016, hasta la fecha en que fue efectivamente devuelto el valor de cada cuota (…por $6.319.948.000.…).

Ordenando a la DIAN el pago de la indexación sobre las cuotas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del impuesto al patrimonio declarado y pagado por la Compañía por el año gravable 2011 (…por $4.738.736.901…).

Pretensiones subsidiarias

(…) solicito en forma subsidiaria que se restablezca el derecho de mi representada en los siguientes términos:

Ordenando a la DIAN el pago de intereses legales previstos en el artículo 1617 del Código Civil, liquidados sobre las cuotas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del impuesto al patrimonio declarado y pagado por la Compañía por el año gravable 2011 (…por $6.698.411.000…).

Ordenando a la DIAN el pago de intereses moratorios previstos en el artículo 863 del E.T., liquidados sobre las cuotas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del impuesto al patrimonio declarado y pagado por la Compañía por el año gravable 2011.

El total reclamado por este concepto es de $6.319.347.000.

Ordenando a la DIAN el pago de la indexación sobre las cuotas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del impuesto al patrimonio declarado y pagado por la Compañía por el año gravable 2011.

Que no son de cargo de mi representada las costas en las que haya incurrido la DIAN con relación a la actuación administrativa, ni las de este proceso.

Que, en el mismo sentido, se declare que son de cargo de la DIAN las costas en las que incurrió mi representada en el desarrollo de la actuación administrativa y las incurridas en el desarrollo del presente proceso, por las razones que se explicarán más adelante (…)».

Invocó como normas vulneradas los artículos 1°, 83, 84, 209, 228 y 238 de la

Constitución Política; 850, 863 y 864 del Estatuto Tributario; y Decreto 2277 de 2012. El concepto de violación se resume, así:

3

No es aplicable al caso concreto la línea jurisprudencial del Consejo de Estado21 según la cual los actos expedidos en cumplimiento de una providencia judicial no son, por regla general, susceptibles de control mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues no contienen una decisión administrativa nueva, sino que se limitan a materializar lo ordenado en la sentencia; de ahí que las controversias relacionadas con su cumplimiento deban plantearse vía ejecutiva; pues la sentencia del 24 de noviembre de 201622 únicamente ordenó la devolución y el reconocimiento de intereses respecto de las cuotas primera y segunda, mientras que los actos aquí demandados resolvieron las solicitudes formuladas posteriormente respecto de las cuotas tercera a octava.

El argumento mediante el cual la demandada negó el pago de intereses y actualización con ocasión de la devolución, según el cual, el saldo a favor nunca estuvo en discusión y las solicitudes fueron resueltas dentro del término para devolver, es equivocado equiparar indebidamente el pago de lo no debido con un saldo a favor o un pago en exceso, pues, si bien el artículo 850 del Estatuto Tributario remite al procedimiento de devolución de saldos a favor para recuperar pagos de lo no debido, el artículo 863 ibidem no contiene una remisión equivalente respecto de la causación de intereses, en ese sentido este último, solo está previsto para saldos a favor y pagos en exceso, y en el caso concreto, una vez declarada judicialmente la inexistencia de la obligación, las sumas restituidas habían perdido su carácter de impuesto, pues ya no existía título jurídico que justificara su percepción por el Estado, se trataba simplemente de capital entregado sin causa cuya restitución se reclamaba.

Los intereses corrientes constituyen los frutos civiles del capital y su reconocimiento busca compensar al acreedor por la privación del uso del dinero; por su parte, los moratorios tienen una finalidad resarcitoria frente al retardo; y la corrección monetaria es un mecanismo destinado a conservar el poder adquisitivo del capital frente a la inflación; en consecuencia, la devolución integral del pago de lo no debido debía comprender intereses y actualización monetaria.

Conforme a los artículos 1608, 1617, 2313, 2318 y 2319 del Código Civil, quien recibe un pago de lo no debido debe restituirlo, si lo recibe de mala fe, debe reconocer con los intereses corrientes. En el caso concreto, inicialmente la DIAN podía considerarse receptora de buena fe porque también estaba sujeta a su interpretación oficial; sin embargo, esa situación cambió cuando conoció judicialmente que el pago carecía de causa, desde ese momento adquiriría las obligaciones propias del poseedor de mala fe y debería restituir tanto el capital como sus frutos. Además, una obligación dineraria debe ser satisfecha preservando el valor real de la moneda.

Si se considera aplicable el artículo 863 del Estatuto Tributario a los pagos de lo no debido, de forma subsidiaria se debe: i) conforme con la jurisprudencia de esta Corporación23, el vacío existente entre el pago indebido y el momento previsto en el Estatuto Tributario para la causación de intereses puede suplirse con el interés legal del 6% anual previsto en el artículo 1617 del Código Civil; y ii) reconocer intereses corrientes desde el pago de cada cuota hasta la ejecutoria de la sentencia del 24 de

21 Sentencia del 13 de agosto de 2015, exp. 19854, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

22 Exp. 21181, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

23 Sentencia del 28 de noviembre de 2013, exp. 18539, C.P. Carmen Teresa Rodríguez; y del 13 de junio de 2013, exp. 17973,

C.P. Hugo Fernando Bastidas.

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noviembre de 2016 y, posteriormente, intereses moratorios desde el día 31 siguiente a la ejecutoria del fallo hasta la devolución efectiva de cada suma.

Finalmente, la negativa del reconocimiento de los intereses e indexación por parte de la DIAN desconoció los principios de igualdad, equidad, eficiencia, economía, eficacia y espíritu de justicia, pues la Administración mantuvo durante varios años sumas que finalmente se estableció que no le correspondían y, pese a beneficiarse de esos recursos, pretendió devolver únicamente el capital nominal, ello trasladó al contribuyente las consecuencias económicas de una actuación administrativa posteriormente declarada ilegal y le impuso una carga que no estaba obligado a soportar.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demandante, con fundamento en lo siguiente24:

Los procedimientos de devolución y compensación son actuaciones regladas sometidas a las disposiciones especiales del Estatuto Tributario y sus normas reglamentarias, y estas prevalecen sobre las disposiciones generales, por ello, la procedencia y causación de intereses debe analizarse exclusivamente conforme con los supuestos previstos en los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario.

Al respecto, el artículo 863 del Estatuto Tributario establece de manera expresa los eventos en que proceden intereses a favor del contribuyente, a saber, los corrientes, cuando presentada la solicitud de devolución el saldo se encuentra en discusión, y los moratorios, cuando vence el término legal para devolver o, si existió discusión, desde la ejecutoria del acto o providencia que reconoce el derecho.

En el caso concreto, no se configuraron los presupuestos del artículo 863 ibidem porque las solicitudes de devolución de las cuotas tercera a octava no fueron negadas, cuestionadas ni sometidas a un procedimiento de investigación o determinación oficial, por el contrario, fueron aceptadas y resueltas favorablemente dentro del término legal para devolver.

La sentencia del 24 de noviembre de 2016, respecto de las cuotas primera y segunda, reconoció intereses corrientes y moratorios conforme con las reglas del artículo 863 del Estatuto Tributario; en ese sentido, no es procedente liquidar intereses sobre las cuotas tercera a octava desde la fecha de los pagos ni desde la sentencia que anuló el Concepto DIAN 098797 de 2010, sino únicamente cuando se configuraran los supuestos legales previstos para su causación.

El artículo 863 del Estatuto Tributario constituye una regulación especial e integral del reconocimiento de intereses en materia tributaria, por lo que no es necesario acudir a otras disposiciones para complementar ese régimen, en ese sentido, si no se configuraban los presupuestos legales para intereses corrientes o moratorios, tampoco

24 Tanto la contestación a la demanda como la contestación a la reforma, índices 052 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

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procedía reconocer los intereses legales civiles ni la actualización monetaria en los términos pretendidos.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, por lo siguiente25:

En materia de devolución de saldos a favor, pagos en exceso y pagos de lo no debido, existe un régimen jurídico especial previsto en el artículo 863 del Estatuto Tributario, según el cual, los intereses corrientes solo proceden cuando la devolución es objeto de discusión, esto es, cuando la Administración niega total o parcialmente la solicitud y esa decisión es controvertida administrativa o judicialmente.

En el caso concreto, las solicitudes de devolución correspondientes a las cuotas tercera a octava fueron resueltas favorablemente y dentro del término legal, sin que existiera discusión alguna sobre su procedencia. Por tanto, no se configuró el presupuesto necesario para el reconocimiento de intereses corrientes previsto en el artículo 863 del Estatuto Tributario.

Tampoco procedían intereses moratorios, pues no se demostró que la DIAN hubiera incurrido en mora en la devolución. Al respecto, la devolución se efectuó mediante TIDIS, además, correspondía a la demandante acreditar una demora en su expedición o entrega, carga probatoria que no cumplió.

Respecto de los intereses legales del artículo 1617 del Código Civil, la jurisprudencia de la Sección Cuarta26 ha señalado que no procede acudir al porcentaje civil del 6% anual, porque los intereses a favor de los contribuyentes cuentan con una regulación tributaria especial e integral contenida en el artículo 863 del Estatuto Tributario.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante27 solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en lo siguiente:

Los intereses corrientes y moratorios eran procedentes, en tanto: i) la remisión que efectúa el artículo 850 del Estatuto Tributario al procedimiento previsto para la devolución de saldos a favor, aplicable a los pagos en exceso o de lo no debido, no implica que las reglas de causación de intereses previstas en el artículo 863 ibidem para los saldos a favor y pagos en exceso deban trasladarse de manera automática a los pagos de lo no debido; ii) los actos demandados negaron expresamente el reconocimiento de los intereses solicitados, de modo que sí se configuró una controversia entre la sociedad y la Administración, pues dicha negativa comportó, respecto de ese componente, una devolución incompleta de las sumas reclamadas; y

iii) el reconocimiento de intereses derivados de un pago de lo no debido no está condicionado a que exista previamente una negativa expresa de la Administración

25 Índice 054 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

26 Sentencia del 20 de mayo de 2021, exp. 25113, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

27 Índice 057 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.

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frente a una solicitud de devolución. En el caso concreto, como el impuesto al patrimonio fue declarado y pagado, la demandante debía obtener primero que la declaración quedara sin efectos para posteriormente solicitar la devolución de las sumas pagadas. Por esa razón, el punto de partida de la controversia debe ubicarse en la negativa de la Administración a dejar sin efectos la declaración del impuesto al patrimonio del año gravable 2011, materializada en el Oficio 1-11-238-000869 y en los actos administrativos que lo confirmaron.

Los intereses legales eran procedentes, pues existe un vacío normativo respecto de los intereses causados entre el momento del pago de lo no debido y la fecha en que se resuelve la solicitud de devolución. Ese vacío debe suplirse con el interés legal del 6% anual previsto en el artículo 1617 del Código Civil, pues durante ese período la contribuyente estuvo privada de sus recursos y la Administración se benefició de ellos.

Respecto de la corrección monetaria, esta tiene por finalidad preservar el poder adquisitivo del capital, a su vez, el artículo 850 del Estatuto Tributario impone a la DIAN el deber de devolver oportunamente los pagos de lo no debido, esa oportunidad para el caso concreto debe apreciarse desde la fecha en que se efectuó el pago de cada una de las cuotas, pues judicialmente se determinó que la demandante nunca estuvo obligada al impuesto al patrimonio del año 2011. En consecuencia, la sociedad no estaba llamada a soportar la pérdida del poder adquisitivo de las sumas pagadas durante el tiempo en que la Administración dispuso de recursos que carecían de causa jurídica.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

En auto del 3 de junio de 2026, se admitió28 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y se otorgó el plazo establecido en los numerales 4 a 6 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 para que los sujetos procesales se pronunciaran. La demandada29 solicitó confirmar la sentencia apelada, por considerar que no procedían intereses corrientes ni moratorios porque las cuotas tercera a octava fueron devueltas oportunamente y sin controversia sobre el capital; tampoco procedían la indexación ni los intereses legales del artículo 1617 del Código Civil, por existir un régimen tributario especial y prevalente. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos proferidos por la DIAN mediante los cuales se negó el reconocimiento de intereses legales, corrientes y moratorios, así como de la corrección monetaria solicitada sobre la devolución de los saldos a favor generados en las cuotas tercera a octava del impuesto al patrimonio del año gravable 2011.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, en calidad de apelante única, corresponde a la Sala determinar si, sobre las sumas devueltas por

28 Índice 009 de SAMAI de esta Corporación.

29 Índice 011 de SAMAI de esta Corporación.

7

concepto de las cuotas tercera a octava del impuesto al patrimonio del año gravable 2011: i) se causaron intereses corrientes y moratorios en los términos del artículo 863 del Estatuto Tributario; ii) se causaron intereses legales conforme al artículo 1617 del Código Civil; y iii) si procede la corrección monetaria de dichas sumas.

Intereses corrientes y moratorios

El Tribunal señaló que, en materia de devolución de saldos a favor, pagos en exceso y pagos de lo no debido, el artículo 863 del Estatuto Tributario prevé que los intereses corrientes solo proceden cuando la devolución se encuentra en discusión. En el caso concreto, las solicitudes de devolución correspondientes a las cuotas tercera a octava fueron resueltas favorablemente, sin controversia sobre su procedencia, y tampoco había lugar al reconocimiento de intereses moratorios, pues no se acreditó que la DIAN hubiera incurrido en mora en efectuar las devoluciones.

Por su parte, la demandante sostuvo que los intereses corrientes y moratorios sí eran procedentes, porque: i) las reglas de causación previstas en el artículo 863 del Estatuto Tributario resultan aplicables a saldos a favor y pagos en exceso, pero no a pagos de lo no debido; ii) los actos demandados negaron expresamente el reconocimiento de los intereses solicitados, de modo que sí se configuró una controversia entre la sociedad y la Administración; y iii) el reconocimiento de intereses no dependía de una negativa previa frente a la solicitud de devolución, pues la discusión se originó desde que la DIAN negó dejar sin efectos la declaración del impuesto al patrimonio mediante el Oficio 1-11-238-000869 y sus actos confirmatorios.

Sea lo primero precisar que, contrario a lo sostenido por la demandante, esta Sección30 ha reiterado que el régimen de intereses previsto en el artículo 863 del Estatuto Tributario resulta aplicable tanto a las devoluciones de pago en exceso como a la de pago de lo no debido.

Ahora bien, el artículo 863 del Estatuto Tributario regula la causación de intereses corrientes y moratorios a favor del contribuyente en materia de devoluciones. Los primeros se causan cuando el saldo a favor se encuentra en discusión, desde la notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según corresponda, hasta la ejecutoria de la decisión que confirme total o parcialmente su procedencia. Por su parte, los intereses moratorios se causan desde el vencimiento del término legal para efectuar la devolución y hasta la fecha en que esta se haga efectiva. Además, de forma expresa la norma en cita, establece que los intereses corrientes no resultan procedentes en los escenarios en los que no se discute el saldo a favor.

30 La Sala reitera, de manera principal, la sentencia del 18 de septiembre de 2025, exp. 29617, C.P. Wilson Ramos Girón, en la que la demandante también era una compañía aseguradora y se discutía la devolución de las cuotas tercera a octava del impuesto al patrimonio del año gravable 2011, en el marco de un contrato de estabilidad jurídica. Asimismo, entre otras, sentencias del 12 de febrero de 2026, exp. 26429, C.P. Claudia Rodríguez Velásquez; del 25 de julio de 2024, exp. 28160, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 4 de julio de 2024, exp. 28460, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 11 de octubre de 2023, exp. 27083,

C.P. Milton Chaves García; del 13 de julio de 2023, exp. 26959, C.P. Milton Chaves García; del 8 de junio de 2023, exp. 27316,

C.P. Wilson Ramos Girón; del 10 de junio de 2021, exp. 23973, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 11 de marzo de 2021, exp. 24946, C.P. Milton Chaves García; del 18 de febrero de 2021, exp. 24545, C.P. Julio Roberto Piza; del 27 de agosto de 2020, exp. 24080, C.P. Milton Chaves García; del 25 de junio de 2020, exp. 23519, C.P. Julio Roberto Piza; del 20 de septiembre de 2018, exp. 22829, C.P. Julio Roberto Piza; del 30 de marzo de 2016, exp. 19973, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 12 de diciembre de 2014, exp. 20000, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; y del 13 de junio de 2013, exps. 19289 y 17973, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, respectivamente.

8

En consecuencia, no es de recibo el argumento de la demandante según el cual existió discusión por el solo hecho de que los actos demandados negaran los intereses y la corrección monetaria solicitados, pese a haber accedido a la devolución. En efecto, la controversia relevante para efectos del artículo 863 ibidem debe recaer sobre la procedencia del saldo objeto de devolución, de modo que la sola negativa respecto de conceptos accesorios, como los intereses o la actualización monetaria, no permite tener por configurada la discusión a la que se refiere la norma.

Ahora bien, tampoco es de recibo el argumento de la demandante según el cual la discusión sobre las sumas objeto de devolución surgió desde que la Administración negó dejar sin efectos la declaración del impuesto al patrimonio del año gravable 2011, mediante el Oficio 1-11-238-000869 del 10 de junio de 2011 y las Resoluciones 900080 del 19 de julio y 900055 del 16 de agosto de 2011, que lo confirmaron31.

Sobre este aspecto, esta Sección32 ha precisado que, en materia tributaria, solo pueden reputarse como debidas las obligaciones previstas en normas de derecho positivo expedidas en ejercicio de las potestades normativas tributarias y de la potestad reglamentaria. Por ello, la anulación de esta clase de disposiciones puede incidir en la configuración de pagos de lo no debido, mientras que la anulación de los otros tipos de actos de la administración no produce ese efecto:

«En definitiva, «mirado desde el ángulo del administrado, la emisión de un concepto de la Administración no lo obliga a actuar de conformidad con lo que en él se expresa. Por lo tanto, no puede admitirse que el concepto tenga una fuerza igual a la ley, simplemente contiene la expresión de una opinión sobre la forma como esta debe ser entendida o interpretada» (sentencia C-487 de 1996, MP: Antonio Barrera Carbonell). Atendiendo a esta razón jurídica, carece de fundamento el enunciado según el cual la exigencia de un mayor tributo traía causa en un concepto escrito de la Administración y que al ser este anulado devienen en «pago de lo no debido» las sumas autoliquidadas y pagadas. El argumento que propone la demandante pasa por alto que en el ámbito tributario no pueden reputarse como

«debidas» las obligaciones que prescritas en una fuente auxiliar del derecho, como son los conceptos, toda vez que solo son exigibles las preceptuadas en normas de derecho positivo proferidas en el ejercicio de las potestades normativas tributarias dispuestas en los artículos 287.3, 300.4, 313.4 y 338 constitucionales y en el ejercicio de la potestad reglamentaria (artículo 189.11 ibidem). Así, solo de la anulación de esa clase de disposiciones de derecho positivo pueden derivar pagos de lo no debido, nunca de la anulación de los conceptos o dictámenes de los organismos de consulta de la autoridad tributaria emitidos para indicar la interpretación que acogerá al aplicar una norma».

En concordancia con lo anterior, esta Sala33 también ha precisado que, cuando un tributo se paga sin causa legal, el derecho a solicitar su devolución surge desde el momento mismo en que se efectúa el pago, y no a partir de la providencia que posteriormente reconozca su improcedencia. De ahí que la decisión judicial que anuló el Oficio 1-11-238-000869 y sus actos confirmatorios no haya dado origen al carácter indebido de los pagos efectuados por la demandante ni permita considerar que, desde la expedición de aquel oficio, las cuotas tercera a octava se encontraban «en discusión» para efectos del artículo 863 del Estatuto Tributario.

31 En el expediente no obran copias del Oficio 1-11-238-000869 ni de las resoluciones que lo confirmaron. Su contenido y fechas se extraen de la sentencia del 24 de noviembre de 2016, exp. 21181, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

32 Sentencia del 10 de febrero de 2022, exp. 23295 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

33 Sentencia del 19 de febrero de 2026, exp. 29005, C.P. Wilson Ramos Girón, en reiteración de sentencias del 10 de febrero de 2022, exp. 23295 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; y del 16 de octubre de 2025, exp. 29799, C.P. Wilson Ramos Girón.

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En efecto, la controversia adelantada respecto de dichos actos versó sobre la procedencia de dejar sin efectos la declaración del impuesto al patrimonio y la devolución de las cuotas primera y segunda, pero no correspondió a una discusión sobre las solicitudes de devolución de las cuotas tercera a octava. Estas fueron presentadas posteriormente y resueltas favorablemente por la DIAN, sin controversia respecto de las sumas cuya devolución se reclamó. Por tanto, aquella discusión no puede equipararse a la controversia sobre el saldo a favor exigida por el artículo 863 ibidem para la causación de intereses corrientes.

En consecuencia, la negativa contenida en el Oficio 1-11-238-000869 y sus actos confirmatorios no constituye el punto de partida para la causación de intereses corrientes, pues la controversia allí planteada no recayó sobre los pagos posteriormente solicitados en devolución.

Respecto de los intereses moratorios, el artículo 863 del Estatuto Tributario dispone que estos se causan a partir del vencimiento del término legal para efectuar la devolución y hasta la fecha en que esta se haga efectiva. En el caso concreto, la demandante no controvierte ni acredita que la DIAN hubiera realizado las devoluciones después de vencido dicho término, por lo que no se configura el supuesto previsto en la norma para su reconocimiento.

En consecuencia, los reparos de apelación aquí analizados no son procedentes.

Intereses legales

El Tribunal consideró improcedente acudir a los intereses legales previstos en el artículo 1617 del Código Civil, por cuanto los intereses a favor de los contribuyentes cuentan con una regulación especial e integral en el artículo 863 del Estatuto Tributario. Por su parte, la demandante sostuvo que dichos intereses sí eran procedentes, en la medida en que existe un vacío normativo respecto del período comprendido entre el pago de lo no debido y la fecha en que se resuelve la solicitud de devolución, lapso durante el cual estuvo privada de sus recursos mientras la Administración dispuso de ellos, ese vacío debía suplirse mediante la aplicación del interés legal del 6% anual previsto en el artículo 1617 del Código Civil.

Al respecto, la Sala reitera que, desde la sentencia del 4 de febrero de 2016, exp. 18551, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, y en las providencias posteriores que han abordado la materia34, la Sección unificó su criterio en el sentido de que, en asuntos como el aquí analizado, no resulta aplicable la tasa del 6% anual prevista en el artículo 1617 del Código Civil. Ello, porque en materia de devoluciones tributarias únicamente proceden los intereses regulados en el artículo 863 del Estatuto Tributario y bajo los presupuestos allí establecidos. En consecuencia, este reparo de apelación tampoco está llamado a prosperar.

Corrección monetaria

34 Entre otras, las sentencias del 18 de septiembre de 2025, exp. 29617; y del 27 de abril de 2023, exp. 26638, ambas con ponencia del C.P. Wilson Ramos Girón.

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El Tribunal no se pronunció sobre la solicitud de corrección monetaria. Por su parte, la demandante sostuvo que el artículo 850 del Estatuto Tributario impone a la DIAN el deber de devolver oportunamente los pagos de lo no debido y en el caso concreto, esa oportunidad debía analizarse desde la fecha en que se efectuó cada una de las cuotas; lo anterior, porque judicialmente se determinó que no estuvo obligada al pago del impuesto al patrimonio del año gravable 2011 y, por tanto, no debía soportar la pérdida del poder adquisitivo de las sumas entregadas durante el tiempo en que la Administración dispuso de recursos carentes de causa jurídica.

Sobre este aspecto, la Sala reitera lo señalado por esta Sección35, en cuanto a que los intereses previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario constituyen el mecanismo resarcitorio aplicable en materia de devoluciones tributarias y cumplen, además de una función indemnizatoria, una función de preservación del valor del dinero. Por esa razón, se excluye la aplicación de la actualización monetaria prevista en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 en este tipo de asuntos. Adicionalmente, la Sección36 ha precisado que la actualización prevista en dicha disposición presupone la existencia de una condena judicial que constituya título ejecutivo, situación que no se presenta en el caso concreto.

En ese contexto, la falta de configuración de los presupuestos para la causación de intereses previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario no habilita la aplicación subsidiaria de la corrección monetaria, pues ello supondría desconocer el carácter especial del régimen tributario de devoluciones.

En consecuencia, este reparo de apelación tampoco prospera. Así, al no prosperar ninguno de los reparos de apelación formulados por la demandante, se confirmará la sentencia apelada.

Condena en costas

De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 de la Ley 1564 de 201237, aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 201138, y acorde con lo contemplado en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, procede la condena en costas en segunda instancia contra la demandante, al haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1) smmlv. Por lo tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 de la Ley 1564 de 2012.

35 Sentencia del 18 de septiembre de 2025, exp. 29617, C.P. Wilson Ramos Girón, en reiteración de sentencia del 25 de junio de 2020, exp. 23519, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

36 Sentencia del 11 de octubre de 2023, exp. 27083, C.P. Milton Chaves García.

37 «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…) 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda».

38 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Confirmar la sentencia del 12 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, por las razones expuestas.

Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Reconocer personería al abogado José David Martínez del Río como apoderado de la DIAN, en los términos y para los efectos del poder conferido.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN

(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

 

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