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Radicado: 05001-23-33-000-2018-00512-02 (3300-2025)

Demandantes: Roberth Augusto Uribe Álvarez

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 05001-23-33-000-2018-00512-02 (3300-2025).

Demandante: Roberth Augusto Uribe Álvarez.

Demandado: Universidad de Antioquia.

Tema: Estabilidad laboral reforzada por padecimientos de salud. Alcances y remedios procedentes cuando el beneficiario nunca ha sido desvinculado del servicio.

Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia del 29 de septiembre del 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución nro. 43358 del 13 de septiembre de 2017, a través de la cual el ente accionado respondió la solicitud de estabilidad laboral reforzada presentada por el demandante.

A título de restablecimiento del derecho se exigió el nombramiento del actor en un cargo que tenga las mismas condiciones laborales y salariales del empleo de secretario general, con el consecuente pago de los dineros causados por esos conceptos desde el 3 de mayo de 2016.

Hechos2. Se señalaron como tales los siguientes:

El demandante fungió como secretario general de la Universidad de Antioquia entre el 23 de abril de 2015 y el 4 de abril de 2016.

El 3 de octubre de 2015 fue sometido a una tiroidectomía total por diagnóstico de carcinoma papilar, procedimiento practicado en el marco de la cobertura del Programa de Salud del Sistema Especial de Seguridad Social en Salud de la universidad y en el que le fue lesionado el nervio laríngeo recurrente izquierdo.

1 Folios 1-2 del expediente físico.

2 Se tomaron los indicados en la demanda inicial (fls. 1-12) y su respectiva reforma (fls 85-107).

Adujo que en el informe de cirugía no se dejó anotada la aludida lesión y que solo hasta el 12 de octubre de 2016 fue que su médico tratante –provisto por el citado esquema de salud universitaria– le expresó que la parálisis que padecía en su cuerda vocal izquierda era definitiva.

Manifestó que antes de la aludida valoración el médico le había indicado que la aludida parálisis se encontraba en proceso de recuperación, circunstancia que le impidió conocer oportunamente la magnitud de su afectación y, en consecuencia, solicitar la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada.

Agregó que por el error involuntario en el que se encontraba –y que le impidió conocer con certeza su real estado de salud– adoptó diversas decisiones laborales dentro de la universidad, entre ellas:

  1. Renunció a su empleo como secretario general, previa solicitud del rector de la institución educativa.
  2. Aceptó ser designado en encargo como vicerrector general de la universidad.
  3. Consintió ser nombrado como coordinador misional 2 adscrito a la Vicerrectoría de Docencia y;
  4. Previa sugerencia del rector, renunció a ese empleo y se vinculó como contratista por hora cátedra para asesorar el proyecto especial de paz elaborado por la rectoría.

Que todos esos movimientos de originaron a partir de la confianza existente para ese entonces con el rector de la institución accionada quien, por esa misma relación era conocedor de su estado de salud.

Afirmó que de haber conocido oportunamente esa situación habría solicitado la estabilidad laboral reforzada cuando aún fungía como secretario general, lo que le hubiera permitido conservar las condiciones salariales y prestacionales que ese empleo le brindaba.

Que el 15 de agosto de 2017 solicitó a la universidad ser nombrado en un empleo distinto al de secretario general, pero con las mismas condiciones laborales y salariales a las de aquel, pues fue en ese empleo en el que se produjo la lesión de su cuerda vocal. Así mismo, peticionó el pago de los salarios y prestaciones sociales pertinentes a partir del 3 de mayo de 2016, pues en tal calenda finalizó su encargo como vicerrector general, cargo similar al de secretario general.

Que mediante el acto administrativo demandado –Resolución nro. 43358 del

13 de septiembre de 2017– la universidad respondió esa reclamación y, en consecuencia, le ofreció ser nombrado como coordinador 2 Proceso Misional – coordinador académico–, pero con condiciones laborales y salariales inferiores a

las del empleo de secretario general. Indicó, además, que en esa decisión también le fue negado el reconocimiento del retroactivo salarial deprecado.

Refirió que como fundamentos de esa decisión se invocaron: i) el hecho según el cual la renuncia al empleo de secretario general fue libre y voluntaria, con lo que desconoció el error en el que estaba inmerso, producto del desconocimiento de su real estado de salud y; ii) que la estabilidad laboral reforzada surge a partir de la valoración de la pérdida de la capacidad laboral y no desde el hecho generador del daño.

Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes disposiciones: artículos 4, 13, 25, 47, 53, 54, 93 y 94 de la Constitución Política; 1.°,

2.° y 26 inciso primero de la Ley 361 de 1997; Leyes 4 de 1992, 762 de 2002, 1346

de 2009 y 1618 de 2013. Así mismo citó como desconocidos los artículos 1.° 102, 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia SU-049 de 2017, esta última en concordancia con las sentencias C-816 de 211 y C-588 de 2012.

Al desarrollar el concepto de violación invocó las siguientes causales de nulidad:

Infracción de las normas jurídicas en que debería fundarse. Fundado en el hecho de que la decisión cuestionada le dio la espalda al Estado social de derecho y a la dignidad humana prevista como uno de sus pilares, pues no ejecutó las acciones afirmativas, de inclusión y visibilidad que la discapacidad del demandante ameritaba a la luz de lo establecido en las Leyes 762 de 2002,1346 de 2009 y 1618 de 2013.

Expresó, además, que su dimisión al cargo de secretario general no implica en manera alguna la renuncia de su derecho a la estabilidad laboral reforzada ni el rechazo a las condiciones de trabajo que ostentaba en la fecha en que se produjo el daño en su salud.

Falsa motivación. El acto demandado incurrió este vicio por tres razones:

La primera, relacionada con el hecho de que según lo consignado en la sentencia SU-049 de 2017, la fecha en que se produjo la afectación a la salud es la que determina las condiciones de trabajo que deben ser respetadas al amparo de la estabilidad laboral.

La segunda, que dimitir al cargo de secretario general no conduce a renunciar a su derecho a la estabilidad laboral ni a aceptar que sus condiciones laborales sean desmejoradas y;

La tercera, que en tal decisión se aseguró que la mentada renuncia fue libre y espontánea cuando, como aquí está demostrado, fue la información tardía de su médico tratante –provisto a través del Programa de Salud Pública de la universidad– la que lo indujo en error frente a su verdadero estado de salud; por lo que debe tenerse en cuenta que la omisión de reclamar

oportunamente la protección laboral es atribuible exclusivamente a ese profesional de la salud y no al demandante.

Sostuvo que el acto demandado se equivoca cuando afirma que la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral se produjo en fecha posterior a la mentada dimisión, toda vez que en la sentencia SU-049 de 2017 la Corte Constitucional aseguró que la estabilidad laboral reforzada por condiciones de salud no requiere para su nacimiento la previa calificación sobre esa pérdida.

En tal contexto, advirtió que la estabilidad laboral se estructura con el hecho dañoso y no con la calificación de la pérdida de la capacidad para trabajar, pues esta es meramente declarativa y no constitutiva de ese evento. Por consiguiente, como la lesión permanente de su cuerda vocal se produjo con la cirugía que le fue practicada cuando fungía como secretario general de la universidad, este es el empleo que debe servir como parámetro para la estabilidad que ahora se reclama.

Por ende, aunque con la citada solicitud de protección laboral se allegó la calificación de pérdida de la capacidad laboral realizada por un médico adscrito al Laboratorio de la Facultad de Salud Pública del ente accionado, tal actuación tuvo por finalidad poner en conocimiento de la universidad la gravedad de su situación.

Por otro lado, también consideró como falsa la afirmación según la cual la renuncia al cargo de secretario general fue libre y espontánea, pues pasó por alto que esa dimisión se produjo a partir del referido error.

Fundado en ello, alegó que los términos en que fue presentada esa dimisión no implican en manera alguna renunciar a los derechos que emanan de la protección laboral solicitada, específicamente aquellos que obligan al ente demandado a mantener las condiciones laborales y salariales vigente para cuando se produjo el hecho generador del daño irreversible que ahora padece.

Corolario, aclaró que no reclama su nombramiento en el cargo de secretario general, pues al ser de libre nombramiento y remoción no permite la adopción de las medidas afirmativas que la población discapacitada amerita, antes, por el contrario, demanda su designación en un empleo que le garantice las mismas condiciones laborales y salariales que gozaba mientras ejerció aquella función.

Contestación de la demanda3. La universidad sostuvo que, aunque es cierto que el accionante fue sometido a un procedimiento quirúrgico mientras fungía como secretario general, no es cierto que hubiera solicitado la estabilidad laboral reforzada inmediatamente después de conocer el carácter definitivo de su lesión, pues dicho conocimiento se produjo el 12 de octubre de 2016 y la petición solo fue presentada el 28 de marzo siguiente.

3 Folios 56-77 del expediente físico.

Explicó que el acto demandado se fundamentó en la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, la modalidad de vinculación que tenía el actor como docente de cátedra, la remuneración que percibía en ese momento y los cargos disponibles dentro de la planta de personal que permitieran garantizar una vinculación estable y acorde con su condición de salud.

Asimismo, afirmó que la dimisión al cargo de secretario general fue una decisión libre y voluntaria del demandante, tal como quedó consignado en la respectiva carta de renuncia, y que para su reubicación laboral se tuvieron en cuenta las distintas modalidades de vinculación existentes en la institución. Señaló que se realizó un estudio de los ingresos percibidos por el actor como docente de hora cátedra y se calculó su promedio mensual, con base en el cual fue nombrado en un cargo cuya remuneración resultaba superior.

Consideró que el acto demandado no adolece de falsa motivación, pues las medidas adoptadas garantizaron los derechos del actor y preservaron condiciones laborales compatibles con su estado de salud y con la modalidad de vinculación que ostentaba al momento de estructurarse la pérdida de capacidad laboral.

Añadió que el referente para determinar las condiciones de estabilidad laboral reforzada no es la fecha de la cirugía, sino aquella en que se estableció la pérdida de capacidad laboral, por ser este el momento en que se consolida jurídicamente la respectiva disminución.

Sentencia de primera instancia4. Es la dictada el 29 de septiembre de 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda. Con tales fines y luego de referenciar la renuncia como causal de retiro del servicio a la luz de lo establecido en la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario 1083 de 2015, concluyó que:

El empleo de secretario general frente al que la parte actora reclama la estabilidad laboral reforzada pertenece a aquellos denominados como de “libre nombramiento y remoción”, lo cuales, a la luz de lo pregonado en la sentencia SU-003 de 2018 no gozan del estándar protector que ahora se reclama.

Al renunciar al citado cargo, el accionante expresó que lo hacía motivado por los cambios que el rector había proyectado sobre su equipo de trabajo. Además, las pruebas allegadas a la actuación no evidencian que, con tales fines, la voluntad del demandante haya estada precedida de actos de coacción por parte del nominador.

Aunque para entonces el actor experimentaba quebrantos en su salud, no está demostrado que la mencionada renuncia haya estado determinada por esa situación pues «[…] en lo que respecta a la entidad, el hecho de que el demandante decidiera presentar la renuncia, ésta se entendió como un acto voluntario y de mera

4 Índice 60 de la plataforma SAMAI de primera instancia.

liberalidad, que es potestativo del empleado, sin que sea dable al empleador entrar a buscar las razones de ésta.»

El hecho de que el demandante desconociera el estado real de su salud para la fecha en que dimitió del cargo de secretario general no desvirtúa la legalidad del acto administrativo que ahora se somete a juicio, toda vez que la solicitud de protección laboral fue radicada en la universidad el 27 de marzo de 2017, esto es, cuando habían transcurrido varios meses desde aquella renuncia. Por tanto, concluyó esta fue presentada de manera libre y voluntaria.

Al rendir sus respectivas declaraciones, los señores Santiago Osorno –médico tratante– y Juan Diego Zapata –médico laboral– que desde el post operatorio se evidenciaron los síntomas de disfonía y fonastenia, los cuales fueron informados al accionante en las primeras semanas de recuperación, por lo que este tenía conocimiento de su lesión.

Por tal razón, aunque para la fecha en que este renunció al cargo de secretario general no tenía certeza de la irreversibilidad de su lesión, si sabía que su capacidad vocal estaba significativamente comprometida, de modo que carece de respaldo probatorio su argumento destinado a pregonar que desconocía totalmente el estado real de su salud.

La aplicación de la protección que emana de la estabilidad laboral reforzada demanda que el empleador conozca la situación de salud del trabajador y, además, que el retiro del servicio este asociado a tales limitaciones. En el caso actual no está demostrado que para la fecha en que la dimisión fue aceptada el nominador conocía esa circunstancia, por lo que no puede concluirse que se vulneraron los derechos irrenunciables que el accionante invoca.

En cuanto a la falta de motivación expresó que:

«[…] El acto demando se motivó en lo siguiente: i) Según la calificación realizada por la Facultad Nacional de Salud Pública, la fecha de estructuración del estado de invalidez del demandante fue el 8 de agosto de 2016, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral equivalente al 28.29%, ii) Los cargos desempeñados por el señor Robert Uribe han sido de libre nombramiento y remoción, y su desvinculación se ha producido por renuncia o por vencimiento del término de nombramiento y iii) En cuanto a la estabilidad laboral reforzada, la Universidad realizó un análisis de los distintos tipos de vinculación y funciones ejercidas, concluyendo que el cargo más adecuado a su condición médica es el de Coordinador 2 del Proceso Misional – Coordinador Académico, el cual guarda similitud con las condiciones del cargo que venía desempeñando como docente de cátedra.»

Frente a tal escenario predicó que la decisión escrutada no está falsamente motivada, pues tales razones se ajustan a la realidad fáctica y probatoria inserta en el paginario, en tanto: i) la solicitud de protección laboral se presentó después de que el actor se retiró del empleo de secretario general; ii) su renuncia fue libre y espontánea y no obedeció a un error, pues su estado de salud fue determinado posteriormente luego del adelantamiento de un juicioso proceso de diagnóstico

elaborado por los profesionales pertinentes y; iii) no se demostró que tal dimisión se produjo a raíz de sus quebrantos de salud.

El empleo de coordinador académico que en virtud de la estabilidad laboral reforzada le ofreció la universidad al actor es proporcional y razonable a su condición médica y ajustada a las condiciones laborales que este ostentaba para la fecha en que se determinó la pérdida de su capacidad laboral –docente de hora cátedra–, por lo que no se estima ilegal.

Recurso de apelación5. Oportunamente el apoderado de la parte demandante recurrió la anterior decisión en los siguientes términos:

El tribunal pasó por alto que la estabilidad laboral reforzada por padecimientos en la salud transciende la sentencia SU-003 de 2018, toda vez que para tales fines no interesa si el trabajador se encuentra vinculado a la administración pública en carrera administrativa, en provisionalidad y/o bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción.

Por ende, la protección de esta figura se activa en aquellos momentos en los que el nominador decide retirar del servicio al respectivo empleado e, incluso, a situaciones anteriores como la expuesta en este caso, en el que la renuncia al empleo se produjo por el desconocimiento que el demandante tenía frente a su estado de salud.

En este contexto, el a quo desconoció que la pretensión de la parte actora no tuvo por finalidad obtener el nombramiento en un cargo de libre nombramiento y remoción, sino en un empleo de condiciones laborales y salariales equivalentes al del secretario general, dado que fue en esa ocupación que se produjo el hecho que afectó considerablemente su salud.

No es cierto que la renuncia presentada frente al cargo de secretario general haya sido libre y voluntaria –como se pregonó la decisión impugnada–, pues las pruebas adosadas a la actuación demostraron que aquella estuvo permeada por el error, vicio del consentimiento que afectó la voluntad del demandante, en la medida en que, para ese entonces, desconocía que la lesión de su cuerda vocal era irreversible.

Así entonces, como tal irregularidad se advirtió un año después de la dimisión, no fue posible demandar en tiempo el acto administrativo que la aceptó, sino la decisión a través de la cual la universidad dio respuesta a la solicitud de estabilidad laboral reforzada, fecha en la que era evidente ese vicio.

El tribunal valoró de manera fragmentada y descontextualizada las declaraciones de los médicos Juan Diego Zapata y Santiago Osorno pues, a partir de tales relatos concluyó que en la fecha en que dimitió del cargo de secretario

5 Índice 64, ib.

general, el actor conocía que su capacidad vocal estaba significativamente comprometida. Sin embargo, tales testigos y la historia clínica demostraron que le lesión se produjo durante el procedimiento de tiroidectomía y que solo hasta el 12 de octubre de 2016 el médico tratante le informó al señor Uribe Álvarez sobre la irreversibilidad de ese daño.

Para los fines propios de la protección laboral reclamada no es determinante el cargo ejercido a la fecha de estructuración de la incapacidad laboral, sino, por el contrario, la situación de salud que el trabajador experimentaba. Por consiguiente, como tal padecimiento se originó el 3 de octubre de 2015, durante el referido procedimiento quirúrgico y, para la fecha en que la aludida renuncia fue presentada el accionante y la universidad desconocían la existencia de lesión y, por demás, su irreversibilidad, no era posible que en ese entonces solicitara la estabilidad laboral reforzada.

En consecuencia, esa estabilidad laboral se proyecta sobre el empleo que se ejercía no al momento en que se estructuró la incapacidad, sino en el tiempo que se ejecutó el hecho dañoso y que en este caso corresponde al de la cirugía arriba mencionada. Por ende, como en tal calenda el accionante fungía como secretario general de la Universidad de Antioquia, es más que evidente que su protección se debe concretar en un empleo equivalente a aquel.

El a quo olvidó resolver el cargo de nulidad según el cual el acto demandado infringió las normas en que debía fundarse, según lo consignado en el escrito de reforma de la demanda oportunamente radicado en esa dependencia.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

La admisión del recurso. Mediante auto de 6 de abril de 20266 se admitió la alzada7.

Intervención de la parte demandada. Oportunamente, el apoderado de la Universidad de Antioquia8 se pronunció frente a la impugnación y sostuvo que el demandante ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, razón por la que no gozaba de la estabilidad laboral reforzada que reclama.

Afirmó que la renuncia presentada al cargo de secretario general fue libre, voluntaria y motivada por una decisión personal relacionada con la búsqueda de una mejor calidad de vida tras su cirugía, sin que existiera prueba de coacción, presión institucional o vicios del consentimiento.

6 Actuación visible en el índice 16 de la plataforma SAMAI.

7 Previamente, por auto de fecha 22 de enero de este año, la Subsección aceptó el impedimento manifestado por el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez –ver índice 10 ejusdem–.

8 Ver índice 22 ib.

Destacó que los testimonios y las pruebas documentales demostraron que, después de su renuncia, el actor continuó vinculado a la universidad en otros empleos, lo que desvirtúa cualquier supuesto retiro por razones de salud.

Igualmente, argumentó que al dimitir del aludido cargo el demandante ya conocía las posibles secuelas de su intervención médica, pero estas no le impedían ni dificultaban sustancialmente el desempeño de las funciones de secretario general, por lo que no se encontraba en condición de debilidad manifiesta ni había surgido aún una protección reforzada.

Control de legalidad9. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10, esta Sala de Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de marras.

Cuestión previa. La Subsección advierte que la mayoría de los reparos que el actor expuso en la alzada están asociados al vicio de error que, en su sentir, se proyectó sobre su decisión de renunciar al empleo de secretario general de la Universidad de Antioquia y, por contera, sobre el acto administrativo a través del cual la entidad accionada aceptó esa dimisión.

Por tal razón, y como quiera que en este asunto no se discute la legalidad de esa determinación –la que aceptó la mentada renuncia–, la Sala de abstendrá de pronunciarse sobre el referido vicio del consentimiento pues, se insiste, la argumentación construida a su alrededor tiene como finalidad principal cuestionar tácitamente la validez jurídica de ese acto administrativo.

Sin embargo, ello no significa que esta corporación no comprenda que tales razones también soportan la pretensión consistente en que la garantía de protección laboral se concrete en un empleo de condiciones laborales y salariales equivalentes a las del cargo de secretario general, en tanto, como tantas veces lo pregonó el demandante, fue en tal ocupación que se produjo el hecho dañoso que le generó la incapacidad laboral.

Problema jurídico. Aclarado lo anterior, y de conformidad con los argumentos planteados en la alzada, la Sala deberá establecer si:

9 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».

10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

¿Es ilegal el acto administrativo demandado porque le ofreció al demandante la estabilidad laboral reforzada en un empleo que no ostenta las mismas condiciones laborales y salariales previstas para el cargo de secretario general?

¿En la sentencia apelada el tribunal omitió resolver el cargo de nulidad según el cual el acto demandado infringió las normas en que debía fundarse?

Con tales propósitos, la Subsección referenciará los alcances de la estabilidad laboral reforzada frente a las personas en condiciones de debilidad manifiesta por padecimientos en su salud.

Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

Alcances de la estabilidad laboral reforzada frente a las personas en condiciones de debilidad manifiesta por padecimientos en su salud.

La estabilidad laboral reforzada es una figura protectora de origen constitucional que cobija a todas las personas que padecen una afectación en su salud que les impide sustancialmente la ejecución de sus actividades de trabajo en condiciones regulares11.

Se afirma que este derecho es de estirpe constitucional, pues a través suyo se amparan y garantizan otras prerrogativas contenidas en la Carta Política y, además, se ejecutan los deberes estatales insertos en ella. Dentro de tales se encuentran: la igualdad real y efectiva de las personas en condición de debilidad manifiesta (art. 13); la protección especial que el Estado debe brindar al trabajo en todas sus modalidades, así como la garantía de que este se cumpla en condiciones dignas y justas (art. 25); la adopción y ejecución de políticas de integración social para aquellos sujetos disminuidos física, psíquica y sensorialmente; la concreción del principio de estabilidad en el empleo y la garantía del mínimo vital (art. 53).

Así mismo, se destaca que tal postulado se inspira a su vez en la solidaridad, concebida como principio del Estado social de derecho en el artículo 1.° superior, y como deber social y ciudadano en el artículo 95 ib. Lo anterior, en razón a que:

«[…] La solidaridad supone asumir como propias causas en principio ajenas, cuando el titular de ellas no puede por razones objetivas ejercer su defensa y protección individualmente de forma integral. El hecho de elevar a deber constitucional el principio de solidaridad implica que incluso si, en tales casos, las causas ajenas no se asumen voluntariamente por otras personas, pueden ser adjudicadas por las instituciones del Estado entre distintos individuos, grupos o entidades. Un posible detonante del deber constitucional de solidaridad puede ser la pérdida de capacidad laboral en un grado considerable, o la experimentación objetiva de una dolencia o problema de salud que afecte sustancialmente el desempeño en condiciones

11 En la sentencia T-1040 de 2001, la Corte Constitucional expresó que «[e]n materia laboral, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados.»

regulares de las labores de las cuales uno o más seres humanos derivan su sustento. […]»12

A partir de la anterior premisa, la jurisprudencia nacional ha predicado que ante una relevante afectación de la salud que se proyecte negativamente sobre la actividad de trabajo del individuo, el empleador tiene «[…] el deber de preservarlo en el empleo a menos que concurra justa causa convalidada por la oficina del Trabajo, sin perjuicio de la obligación de reubicarlo, capacitarlo y ajustar las condiciones de su trabajo al cambio en sus condiciones existenciales, pues esto además se acompasa con el principio de integración social (CP art 43).»13

Es decir, este bastión no solo proporciona una estabilidad en el empleo e introduce una prohibición general de despido discriminatorio, sino también obliga que las condiciones de trabajo se ajusten a las limitaciones o discapacidades del trabajador y que, con antelación al retiro del servicio, el empleador solicite la respectiva autorización al inspector del trabajo, so pena de presumir que tal decisión se produjo por motivos discriminatorios14.

Por consiguiente, la jurisprudencia ha establecido como remedios para conjurar la vulneración de este derecho fundamental:

«[…] que al producirse la ineficacia del despido opera el reintegro del trabajador15 con el consecuente pago de sus acreencias laborales y de seguridad social y el pago de una indemnización equivalente a 180 días de salario. Su reincorporación en el empleo debe estar acorde con sus capacidades y habilidades.»

En este contexto, se ha precisado que la garantía de estabilidad laboral reforzada no solo se predica de quienes tienen una calificación de pérdida de la capacidad de trabajo o se encuentran incapacitados para el momento del despido, sino también de aquellas personas que por sus limitaciones de salud no pueden desarrollar cabalmente sus actividades laborales, condición que puede acreditarse a través de diversos medios probatorios, bajo un modelo biopsicosocial, que atiende a la interacción de la persona con su entorno y a las barreras físicas, actitudinales y sociales que limitan su participación plena16.

12 Corte Constitucional, sentencia SU-049 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.

13 Ibid.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-111 de 2025, M.P. Diana Fajardo Rivera.

15 En la sentencia T-434 de 2020, la Corte señaló que «[e]n la misma decisión se señalan reglas frente al reintegro y la reubicación en los siguientes términos: (i) el reintegro sólo es procedente si, al momento de que la sentencia que lo ordena es proferida, el accionante desea regresar a su puesto de trabajo. (ii) El empleador tiene la obligación de reubicar al trabajador en un cargo que este pueda desempeñar y en el que no sufra el riesgo de empeorar su salud. (iii) El juez debe examinar en cado caso concreto si la medida de reubicación es fácticamente posible a partir de 3 elementos (a) el tipo de función que desempeña el trabajador, (b) la naturaleza jurídica del empleador y (c) las condiciones de la empresa y/o la capacidad del empleador para efectuar los movimientos de personal. (iv) En caso de que la posibilidad de reubicación definitivamente exceda la capacidad del empleador, este tiene la obligación de (a) poner tal hecho en conocimiento del trabajador y (b) brindarle la oportunidad de proponer soluciones razonables a la situación.»

16 En la sentencia SU-087 de 2022, la Corte concluyó que «[…] En síntesis, gozan de la garantía de estabilidad laboral reforzada las personas que, al momento del despido, no se encuentran incapacitadas ni con calificación de pérdida capacidad laboral, pero que su patología produce limitaciones en su salud que afectan las posibilidades para desarrollar su labor. La acreditación del impacto en sus funciones se puede acreditar a partir de varios supuestos: (i) la pérdida de capacidad laboral es notoria y/o evidente, (ii) el trabajador ha sido recurrentemente incapacitado, o (iii) ha recibido recomendaciones laborales que implican cambios sustanciales en las funciones laborales para las cuales fue inicialmente contratado. La comprobación de alguno de dichos

En lo que corresponde a la protección laboral de las personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta por padecimientos en su salud, en sentencia SU-087 de 2022, la Corte Constitucional recordó que la activación del aludido beneficio no requiere la existencia de una calificación de la pérdida de la capacidad laboral, pero si la configuración de tres supuestos específicos a saber:

Una condición de salud, debidamente acreditada, que impida el normal desempeño de la actividad.

El conocimiento del empleador, con anterioridad al despido, de esas condiciones de salud y;

Que no exista una justa causa para terminar el vínculo de trabajo, porque en caso contrario se considerará que el retiro del servicio se produjo por motivos discriminatorios.

Por la importancia que ese pronunciamiento tiene para resolución del presente asunto, la Subsección transcribe, in extenso, los apartes pertinentes, así:

«[…] 35. Así, para determinar si una persona es beneficiaria o no de la garantía de estabilidad laboral reforzada no es perentoria la existencia de una calificación de pérdida de capacidad laboral. Esta Corporación ha concluido que la protección depende de tres supuestos: (i) que se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo al despido; y (iii) que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación17.

Que se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades. Sobre este supuesto la Corte ha establecido lo siguiente18:

Para la Sala Plena es importante indicar que el siguiente no es un listado taxativo de los eventos donde opera la garantía de estabilidad laboral reforzada, sino que se trata de una sistematización de algunas reglas que es posible identificar en los pronunciamientos de las diferentes salas de revisión de la Corte. Por lo mismo, el juez deberá valorar los elementos de cada caso concreto para determinar si el accionante es titular de esta garantía.

SupuestoEventos que permiten acreditarlo

Condición de salud que impide significativamente el normal desempeño laboral
(a) En el examen médico de retiro se advierte sobre la enfermedad o al momento del despido existen recomendaciones médicas o se presentó incapacidad  médica  durante  días  antes  del
despido19.

escenarios activa la garantía de estabilidad laboral reforzada para demostrar que la disminución en la capacidad de laborar del trabajador impacta directamente en el oficio para el cual fue contratado. En este escenario es deber del empleador acudir a la autoridad laboral para obtener el permiso de despido, asegurando así que el despido no se funde en razones discriminatorias y efectivamente responda a una causal objetiva.»

17 T-215 de 2014, T-188 de 2017 y T-434 de 2020.

18 T-434 de 2020.

19 T-703 de 2016, T-386 de 2020, T-052 de 2020, T-099 de 2020 y T-187 de 2021.

Existe incapacidad médica de varios días vigente al momento de la terminación de la relación laboral20.

Se presenta el diagnóstico de una enfermedad y el consecuente tratamiento médico21.

Existe el diagnóstico médico de una enfermedad efectuado durante el último mes del despido, dicha enfermedad es causada por un accidente de trabajo que genera consecuentes incapacidades médicas anteriores a la fecha de terminación de la vinculación, y la calificación de PCL tiene lugar
antes del despido22.





Afectación psicológica o psiquiátrica que impida significativamente el normal desempeño laboral
El estrés laboral genere quebrantos de salud física y mental23.
Al momento de la terminación de la relación laboral el actor se encuentre en tratamiento médico y presente diferentes incapacidades, y recomendaciones laborales. Cuando, además, el accionante informe al empleador, antes del despido, que su bajo rendimiento se debe a la condición de salud, y que después de la terminación de la vinculación continúe la enfermedad24.
El estrés laboral cause quebrantos de salud física y mental y, además, se cuente con un porcentaje de PCL25.

Inexistencia de una condición de salud que impida significativamente el normal desempeño laboral
No se demuestra la relación entre el despido y las afecciones en salud, y la PCL es de un 0%26.
El accionante no presenta incapacidad médica durante el último año de trabajo, y solo debe asistir a controles por un antecedente médico, pero no a
un tratamiento médico en sentido estricto27.

Que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo al despido. Dado que la garantía de la estabilidad laboral reforzada constituye un medio de protección frente a la discriminación, es necesario que el despido sea en razón a la discapacidad del trabajador para que opere esta garantía. Por lo mismo, se hace necesario que el empleador conozca la situación de salud del trabajador al momento de la terminación del vínculo. Este conocimiento se acredita en los siguientes casos:

“1) La enfermedad presenta síntomas que la hacen notoria.

El empleador tramita incapacidades médicas del funcionario, quien después del periodo de incapacidad solicita permisos para asistir a citas médicas, y debe cumplir recomendaciones de medicina laboral.

20 T-589 de 2017.

21 T-284 de 2019.

22 T-118 de 2019.

23 T-372 de 2012.

24 T-494 de 2018.

25 T-041 de 2019.

26 T-116 de 2013.

27 T-703 de 2016.

El accionante es despedido durante un periodo de incapacidad médica de varios días, por una enfermedad que generó la necesidad de asistir a diferentes citas médicas durante la relación laboral.

El accionante prueba que tuvo un accidente de trabajo durante los últimos meses de la relación, que le generó una serie de incapacidades y la calificación de un porcentaje de PCL antes de la terminación del contrato.

El empleador decide contratar a una persona con el conocimiento de que tiene una enfermedad diagnosticada, que al momento de la terminación del contrato estaba en tratamiento médico y estuvo incapacitada un mes antes del despido.

No se le puede imponer al trabajador la carga de soportar las consecuencias de que en razón a un empalme entre una antigua y nueva administración de una empresa no sea posible establecer si esa empresa tenía conocimiento o no del estado de salud del actor. Por tanto, se da prevalencia a las afirmaciones y pruebas del accionante, y no a las de la demandada en la contestación de la tutela.

Los indicios probatorios evidencian que durante la ejecución del contrato, el trabajador tuvo que acudir en bastantes oportunidades al médico, presentó incapacidades médicas, y en la tutela afirma que le informó de su condición de salud al empleador” 28.

Por el contrario, este conocimiento no se acredita cuando (i) ninguna de las partes prueba su argumentación; (ii) la enfermedad se presenta en una fecha posterior a la terminación del contrato; (iii) el diagnóstico médico se da después del despido; y (iv) pese a la asistencia a citas médicas durante la vigencia de la relación, no se presentó incapacidad o recomendaciones laborales como consecuencia de dichas citas médicas29.

Que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación. Para proteger a la persona en situación de discapacidad, se presume que el despido se dio por causa de esta. Sin embargo, esta es una presunción que puede desvirtuarse pues la carga de la prueba le corresponde al empleador, para mostrar que el despido obedece a una justa causa30.

[…].

51. En síntesis, gozan de la garantía de estabilidad laboral reforzada las personas que, al momento del despido, no se encuentran incapacitadas ni con calificación de pérdida capacidad laboral, pero que su patología produce limitaciones en su salud que afectan las posibilidades para desarrollar su labor. La acreditación del impacto en sus funciones se puede acreditar a partir de varios supuestos: (i) la pérdida de capacidad laboral es notoria y/o evidente, (ii) el trabajador ha sido recurrentemente incapacitado, o (iii) ha recibido recomendaciones laborales que implican cambios sustanciales en las funciones laborales para las cuales fue inicialmente contratado. La comprobación de alguno de dichos escenarios activa la garantía de estabilidad laboral reforzada para demostrar que la disminución en la capacidad de laborar del trabajador impacta directamente en el oficio para el cual fue contratado. En este escenario es deber del empleador acudir a la autoridad laboral para obtener el permiso de despido, asegurando así que el despido no se

28 T-434 de 2020. Reiterando las sentencias: T-383 de 2014, T-419 de 2016, T-589 de 2017, T-118 de 2019, T-284 de 2019, T-144 de 2017 y T-040 de 2016.

29 T-434 de 2020. Reiterando las sentencias: T-453 de 2014, T-664 de 2017 y T-118 de 2019.

30 T-453 de 2014, reiterado en la sentencia T-434 de 2020.

funde en razones discriminatorias y efectivamente responda a una causal objetiva».

(Las negrillas son de la Sala).

Con sustento en lo anterior, la Sala resolverá los interrogantes que arriba formulados.

Caso concreto – resolución del primer interrogante: ¿Es ilegal el acto administrativo demandado porque le ofreció al demandante la estabilidad laboral reforzada en un empleo que no ostenta las mismas condiciones laborales y salariales previstas para el cargo de secretario general?

Se recuerda que los argumentos expuestos en la alzada –y que no están relacionados con la legalidad del acto administrativo que aceptó la renuncia presentada por el actor frente al cargo de secretario general de la Universidad de Antioquia– apuntan, en esencia, a que las garantías de la estabilidad laboral reforzada se apliquen frente a un empleo de condiciones laborales y salariales equivalentes a la del cargo de secretario general, en tanto, para ese entonces se produjo la lesión que posteriormente generó la incapacidad laboral.

En otras palabras, la parte actora consideró que tal prerrogativa no depende de la fecha de estructuración de la respectiva limitación, sino, por el contrario, de la fecha en que se produjo el hecho dañoso, en este caso, el 3 de octubre de 2015, data en la que le fue practicado el procedimiento de tiroidectomía en el que se le seccionó una parte de la cuerda vocal izquierda.

Previo a resolver este cuestionamiento, la Subsección advierte que dentro del paginario están demostrados los siguientes hechos relevantes y que dicen relación con lo que aquí se debate:

Mediante Oficio nro. 1010-1002 de 22 de abril de 2015, se le informó al accionante que mediante Resolución Rectoral nro. 40057 de esa misma fecha31 fue designado como secretario general de tiempo completo de la Universidad de Antioquia.

Según la historia clínica que reposa entre los folios 110 y 125 del paginario, el 3 de octubre de 2015 el demandante fue sometido a un procedimiento de tiroidectomía total como forma de tratamiento de un carcinoma papilar de tiroides.

Que esta información también está contenida en el dictamen de merma de la capacidad laboral realizado por el ente demandado y que reposa en los 18-

22 del expediente. En este documento se afirmó que antes de esa intervención se identificó un nódulo tiroideo que requería estudios especializados y que durante esa intervención se practicó un vaciamiento

31 Ver folio 240 del archivo denominado «1. Hoja de vida Roberth Uribe», contenido en el CD aportado con la contestación de la demanda (fl. 83 del expediente).

selectivo de cuello con identificación y monitoreo del nervio laríngeo recurrente.

Después de la cirugía, el actor estuvo sometido a controles médicos y tratamientos especializados debido a las alteraciones en su voz. En la valoración realizada el 5 de noviembre de 2015 se dejó constancia de una disfonía posterior a la tiroidectomía total, así como de síntomas relacionados con la función vocal y deglutoria.

Más adelante, el 11 de abril de 2016 se registró la existencia de parálisis del pliegue vocal izquierdo con hipotrofia y mecanismos compensatorios de tensión muscular.

El 29 de marzo de 2016 el demandante renunció al cargo de secretario general32, para lo cual manifestó que dicha decisión obedecía a los cambios proyectados por la rectoría en el equipo directivo y a la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades relacionadas con proyectos institucionales sobre paz, gobierno y políticas públicas.

En dicha misiva expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él y puso de presente su disposición para continuar colaborando con la universidad en otros proyectos que se consideraran acordes con su perfil.

Tal dimisión fue aceptada mediante Resolución Rectoral 41296 del 31 de marzo de 201633. Sin embargo, mediante Resolución nro. 41298 de esa misma calenda34 fue nombrado como vicerrector general de tiempo completo hasta el 29 de abril de 2016, designación que fue prorrogada hasta el 1.° de mayo siguiente por Resolución nro. 41398mdel 28 de abril35.

Posteriormente fue nombrado como coordinador 2 Proceso Misional mediante la Resolución nro. 41418 del 4 de mayo de 201636.

A través de la Resolución nro. 43358 del 13 de septiembre de 201737 –acto administrativo demandado–, la Universidad de Antioquia, al resolver la solicitud formulada por el accionante en el recurso de reposición presentado en contra de la Resolución nro. 43147 del 31 de julio de 2017, le ofreció ser nombrado en el cargo de coordinador académico como garantía de la estabilidad laboral por él requerida.

En esa decisión también se negó la súplica destinada a obtener una vinculación como docente ocasional, pero con el salario y las prestaciones sociales análogas a las del secretario general.

32 Folio 248 ejusdem.

33 Folio 249, ib.

34 Folio 250, ib.

35 Folio 253, ib.

36 Folio 257, ibid.

37 Folios 34-37 del expediente.

Por Oficio nro. 1011001-208 del 30 de noviembre de ese año38, la Universidad de Antioquía se dirigió al demandante para informarle que aceptaba el desistimiento del recurso de reposición que presentó en contra de la anterior determinación –la Resolución nro. 43358 del 13 de septiembre anterior–, por lo que a partir del 4 de diciembre se podía posesionar como coordinador académico.

Mediante la Resolución nro. 43612 del 4 de diciembre de 201739, el acto fue nombrado como coordinador 2 Proceso Misional de tiempo completo adscrito a la División de Talento Humano de la Vicerrectoría Administrativa.

Pues bien, el análisis de las anteriores evidencias permite a la Sala concluir que la decisión demandada no es contraria a la ley, por cuanto:

Según los parámetros jurisprudenciales arriba señalados, la garantía de la estabilidad laboral reforzada se concreta a través de varias acciones a saber:

La estabilidad en el empleo y la prohibición general de despido discriminatorio.

El ajuste de las condiciones de trabajo a las limitaciones o discapacidades del trabajador y;

Que, con antelación al retiro del servicio, el empleador solicite la respectiva autorización al inspector del trabajo, so pena de presumir que tal decisión se produjo por motivos discriminatorios

En el presente asunto es claro que el accionante nunca se desvinculó laboralmente de la Universidad de Antioquia, pues desde que renunció al cargo de secretario general ocupó otros empleos al interior del ente universitario, unos como docente de hora cátedra, otros como docente ocasional y algunos como empleado de libre nombramiento y remoción40.

Por consiguiente, al no concretarse el retiro del servicio con ocasión a los padecimientos de salud experimentados luego del procedimiento de tiroidectomía, no es posible adoptar el reintegro a un empleo como remedio jurisprudencial que privilegie la garantía de marras.

En otras palabras, en virtud de la aludida garantía no se ha de pregonar la ineficacia de un despido y, por demás, ordenar la consecuente reincorporación al servicio –pues el accionante nunca fue retirado de la administración–, sino que su proyección orbita sobre la estabilidad en el empleo.

38 Ver archivo denominado «11. Oficio 10110001-208 del 30 de noviembre de 2017», que reposa en el CD aportado con la contestación de la demanda (fl. 83 del expediente).

39 Ver archivo denominado «13. Resolución Rectoral No 43612 de 2017», ib.

40 Esa información se consignó en el acto administrativo demandado.

Y eso fue precisamente lo que realizó la universidad en el acto sometido a juicio, pues en este efectuó un análisis de los eventuales empleos que el demandante podía desempeñar de acuerdo con su condición de salud.

En primer lugar, descartó su vinculación como docente de hora cátedra y/u ocasional, bajo la consideración de que se trata de cargos de duración limitada y sujetos a las necesidades del servicio de la universidad. Por ende, estimó que una incorporación a este tipo de empleos no garantizaría la estabilidad laboral que emana de los padecimientos de salud.

En segundo lugar, concluyó que la mejor forma de privilegiar la condición del accionante era la vinculación en un empleo de tipo administrativo, específicamente en el denominado como “coordinador académico”, toda vez que este tenía una asignación salarial fija y superior a la de los cargos de docente de hora cátedra41 u ocasional, amén de que con tal designación se garantizaba su mínimo vital y la respectiva estabilidad.

Por lo que sigue, es evidente que el ente universitario antes que desconocer la garantía de estabilidad, le dio pleno cumplimiento, al punto de ubicar al accionante en un empleo con vocación de permanencia y ajustado a su discapacidad vocal, por lo que no se puede afirmar que las razones consignadas en el acto cuestionado adolecen de falsa motivación.

En consecuencia, este cargo no prospera.

Resolución del segundo interrogante: ¿En la sentencia apelada el tribunal omitió resolver el cargo de nulidad según el cual el acto demandado infringió las normas en que debía fundarse?

La Sala advierte que en la sentencia apelada el tribunal guardó silencio frente al cargo de nulidad42 arriba señalado. No obstante, tal omisión tampoco conduce a anular el acto administrativo demandado, por cuanto:

Aunque invocó como desconocidas varias disposiciones de la Constitución Política –arts. 4, 13, 47, 53, 54–, así como de las Leyes 762 de 2002 –arts. I, II,

III, y VII–, 1346 de 2009 –arts. 1, 3, 4 y 5– y 1618 de 2013 –art. 13–, no explicó de qué manera la Universidad de Antioquia, con la emisión de la decisión demandada, discriminó al actor por su discapacidad.

En efecto, en tal acápite, el abogado solo expresó que del cotejo entre tal determinación y las normas citadas como violadas se desprende la vulneración del

41 Aunque expresó que en el mes de enero de 2017 el actor, como docente de hora cátedra percibió una remuneración superior, tal salario no es permanente ni continúo, porque depende del número de horas asignadas y su respectivo valor.

42 En la alzada el abogado complementó ese cargo, mediante la transcripción de apartes de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros soportes jurídicos. Empero, la Subsección no puede abordar su estudio, en razón a que la oportunidad para ello feneció con el escrito de reforma en el que tal disenso quedó materializado.

derecho a la igualdad de su cliente y la desmejora salarial de la que fue objeto, pero, se reitera, no dio mayores razones de esa conclusión.

Así, y en lo que respecta al derecho a la igualdad, el recurrente no referenció ni probó que en situaciones similares a la de su mandante, la universidad adoptó una decisión diametralmente opuesta a la sometida a juicio.

Igualmente, tampoco quedo probado que con ese acto administrativo se produjo una desmejora salarial, toda vez que, como antes quedó dicho, en tal decisorio la universidad desplegó un análisis comparativo de valores recibidos por el actor entre los meses de octubre de 2016 y agosto de 2017 y, a partir de ello concluyó que el empleo que mejor garantizaba su estabilidad laboral y el mínimo vital era el de coordinador académico en el que finalmente este fue nombrado.

En consecuencia, la actitud adoptada por la parte actora frente a las afirmaciones realizadas en el acto demandado fue pasiva, en razón a que:

No se opuso a la manifestación según la cual ninguno de los cargos docentes podía privilegiar la estabilidad laboral reforzada, dada su limitación temporal y su sujeción a las necesidades del servicio.

No controvirtió los valores dinerarios que según la universidad percibió en el aludido interregno.

Y guardó silencio frente al hecho según el cual su cliente renunció al recurso de reposición presentado en contra del acto demandado y, en consecuencia, que aceptó el cargo que la institución accionada le ofreció.

En este orden de ideas, esta Subsección no advierte que el acto demandado haya infringido normas de superior jerarquía, antes, por el contrario, quedó probado que la Universidad de Antioquía actuó dentro del marco que las reglas jurídicas vigentes le imponían, por lo que se confirmará la sentencia apelada.

Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A., efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 29 de septiembre del 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió el señor Roberth Augusto Uribe Álvarez en contra de la Universidad de Antioquia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Consejero de Estado Consejero de Estado (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

 

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