Radicación: 08-001-23-33-000-2018-00711-01 (70.359)
Demandante: Diana Marcela Elles Meléndez y otros Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional y otros
Referencia: Reparación directa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 08-001-23-33-000-2018-00711-01 (70.359)
Demandante: Diana Marcela Elles Meléndez y otros Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional y otros Referencia: Reparación directa
Temas: RESPONSABILIDAD MÉDICO HOSPITALARIA – Extracción del órgano equivocado / CULPA MÉDICA
– Omisión de verificar la identidad del órgano pese a la información diagnóstica previa / FUERO DE ATRACCIÓN – Pretensiones conexas contra entidades públicas y particulares (arts. 140 y 165 CPACA) / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA – Facultad del juez de fijar la causa para pedir sin desnaturalizar la voluntad del demandante / TRANSMISIÓN POR CAUSA DE MUERTE – Legitimación de los herederos / CADUCIDAD – Dos años desde el conocimiento del daño (art. 164 CPACA) / DAÑOS SEPARABLES – La caducidad se computa frente a cada daño según el hecho dañoso del que proviene y la caducidad de unas pretensiones no priva a ese hecho de su incidencia causal en un daño posterior / RESPONSABILIDAD DE PARTICULARES EN SALUD – Se rige por el derecho privado, incluidos los parámetros de tasación, porque el fuero de atracción traslada la jurisdicción y no el régimen sustancial / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA – La clínica responde por el hecho del profesional que actúa dentro de su organización asistencial y por sus deberes de seguridad (art. 2344 C.C.) / CAUSALIDAD EN RESPONSABILIDAD MÉDICA – Insuficiencia de la causalidad adecuada frente al acto quirúrgico del que no obra prueba directa / RES IPSA LOQUITUR, CULPA VIRTUAL Y RESULTADO DESPROPORCIONADO – Criterios probatorios cuando el acto médico es complejo; exigen que el daño ocurra en la esfera de control del responsable / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – Se descarta si lo probado es un curso causal que condujo objetivamente a la muerte / REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN – Contribución de la víctima al daño (art. 2357 C.C.) / PERJUICIOS MORALES Y DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN – Criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 27 de marzo de 2025 / CONTRATO DE SEGURO EN MODALIDAD DE OCURRENCIA – Ampara solo los actos médicos ocurridos en vigencia de la póliza, aunque el daño se manifieste después (art. 1131 del Código de Comercio).
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por el médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz, la Organización Clínica General del Norte S.A. (demandados) y la parte demandante contra la sentencia del 4 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Síntesis de la decisión
Se modificará la sentencia de primera instancia para declarar la caducidad de las pretensiones formuladas para la masa sucesoral de la señora Diana María Meléndez Surmay y las que los demandantes presentaron a nombre propio por la extracción del único riñón sano de su madre y hermana, que afectó la vida familiar.
También se modificará porque el daño indemnizable es la muerte y no la pérdida de la oportunidad de vivir un tiempo adicional. En consecuencia, se revocará el lucro cesante reconocido a las hijas, se reducirá al 20% el descuento por el hecho de la propia víctima y se aplicará de manera uniforme a todos los perjuicios, y se modificará la cuantía del daño a la vida de relación.
Así mismo, se confirmará: 1) la responsabilidad solidaria del médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz y de la Organización Clínica General del Norte S.A. por el acto negligente de extirpar el riñón sano de la señora Diana María Meléndez Surmay que generó su muerte; 2) la exoneración del Ministerio de Educación Nacional, la Fiduprevisora S.A. y el departamento de La Guajira; 3) la ausencia de cobertura de la póliza de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
ANTECEDENTES
La demanda
El 16 de agosto de 20181, Rafael Meléndez Surmay, Diana Marcela y María Alejandra Elles Meléndez presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Educación Nacional, el departamento de la Guajira, la Fiduciaria La Previsora S.A., la Clínica Las Peñitas S.A., la Organización Clínica General del Norte S.A., la Sociedad Médica Clínica Riohacha S.A.S., Liberty Seguros S.A.2 y el médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz para que se los declare responsables por la extracción errónea del único riñón sano de Diana María Meléndez Surmay que le generó la pérdida de la función renal, necesidad de trasplante y muerte.
El señor Rafael Meléndez Surmay, Diana Marcela y María Alejandra Elles Meléndez son el hermano y las hijas, respectivamente, de la paciente fallecida Diana María Meléndez Surmay.
A nombre propio pidieron la indemnización del daño emergente, el daño a la vida de relación y los perjuicios psíquicos y morales porque la extracción del riñón sano de su hermana y madre alteró la vida familiar y le causó la muerte.
Para la masa sucesoral, las hijas pidieron la indemnización de los perjuicios morales, daño a la vida de relación, daño a la salud y el lucro cesante que su madre sufrió en vida por la extracción del riñón. Se trata de daños y perjuicios que la paciente no reclamó en vida y que son trasmisibles por causa de muerte como se explicará más adelante.
Hechos
Diana María Meléndez Surmay era docente de vinculación nacional, afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-. Como usuaria de ese régimen, recibía atención en salud a través de la red de instituciones contratadas por el Fondo.
El 31 de marzo de 2008, acudió al servicio de urgencias de la Sociedad Médica Clínica Riohacha S.A.S. por dolor abdominal y náuseas. Tras los exámenes y valoraciones, le diagnosticaron daño renal izquierdo y le ordenaron una “nefrectomía izquierda”3.
El 21 de abril de 2008, en la Organización Clínica General del Norte de Barranquilla, el médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz realizó la cirugía. Durante el procedimiento extrajo el riñón derecho sano y funcional. El error fue evidente en el posoperatorio, cuando la paciente presentó insuficiencia renal aguda y ausencia de producción de orina.
El 27 de abril de 2008 le practicaron una nueva intervención para retirar el riñón izquierdo, que era el órgano comprometido. A partir de ese momento, la
3 Significa extracción del riñón.
paciente quedó anéfrica4 y necesitó hemodiálisis permanente mientras la evaluaban para trasplante renal.
Después de las cirugías, presentó múltiples complicaciones. Padeció infecciones, alteraciones respiratorias y deterioro progresivo de su función renal.
El 11 de febrero de 2009 recibió un trasplante, que en los años siguientes presentó dificultades.
En abril de 2016 ingresó a la unidad de cuidados intensivos de la Organización Clínica General del Norte por falla del trasplante renal, sepsis e insuficiencia respiratoria. Permaneció hospitalizada durante más de 50 días y falleció el 4 de junio de 2016.
La muerte de Diana María Meléndez Surmay se originó en el error quirúrgico del 21 de abril de 2008 cuando le extrajeron el riñón sano. Este hecho produjo la pérdida definitiva de la función renal, la necesidad de terapias sustitutivas y de un trasplante, lo que desencadenó en un deterioro progresivo que culminó con su fallecimiento.
Criterios de atribución expuestos en la demanda para cada entidad demandada
La responsabilidad del médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz se fundamentó en la ejecución del acto quirúrgico del 21 de abril de 2008 cuando extrajo por error el riñón derecho de Diana María Meléndez Surmay. Se trató de una conducta previsible y evitable porque conocía el cuadro clínico de la paciente y contaba con veinticuatro años de experiencia en urología.
La responsabilidad de la Organización Clínica General del Norte S.A. se estructuró por su calidad de institución tratante, empleadora del médico Escorcia Quiroz y ejecutora del contrato de prestación de servicios suscrito con la Fiduciaria La Previsora S.A., administradora del FOMAG.
A la Sociedad Médica Clínica Riohacha S.A.S. se le atribuyó responsabilidad por su intervención inicial en la atención de la paciente. Se le reprochó no contar con los especialistas ni los equipos necesarios para atender una urgencia renal y haber demorado la remisión a una institución de mayor complejidad.
A la Fiduciaria La Previsora S.A., la Nación–Ministerio de Educación Nacional y el departamento de La Guajira se les imputó responsabilidad como garantes del régimen especial de salud del FOMAG. Tenían la obligación de asegurar que la red prestadora cumpliera los estándares de calidad exigidos por la ley y de ejercer vigilancia sobre su ejecución.
Frente a la Clínica Las Peñitas y Liberty Seguros S.A. no se formuló cargo alguno.
Las contestaciones de la demanda
La Organización Clínica General del Norte S.A. contestó la demanda y se
4 Ausencia de ambos riñones por extirpación quirúrgica.
opuso a las pretensiones5. La atención médica brindada a Diana María Meléndez Surmay fue adecuada y se ajustó a los protocolos médicos. La paciente presentaba múltiples patologías graves antes de ingresar a la institución y negó la existencia de negligencia o falla médica.
El procedimiento de nefrectomía se realizó por el lado correcto -izquierdo- y la extracción del riñón sano obedeció a alteraciones anatómicas que dificultaron la identificación del órgano durante la cirugía. Las complicaciones posteriores y el fallecimiento no le son atribuibles porque la paciente incumplió el tratamiento y las recomendaciones médicas después del trasplante.
Propuso las excepciones de caducidad, culpa exclusiva de la víctima e inexistencia de nexo causal. Llamó en garantía a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Liberty Seguros S.A. alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva6. No existía prueba que acreditara vínculo contractual con la Organización Clínica General del Norte S.A. ni con los demás demandados.
La Clínica las Peñitas S.A.S. pidió su absolución porque no prestó atención médica a Diana María Meléndez Surmay7.
El departamento de La Guajira contestó la demanda8. El daño se produjo por la actuación del médico tratante y no participó en la prestación directa del servicio médico cuestionado.
El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación del proceso9. No tenía a su cargo la prestación del servicio médico asistencial del magisterio, que era administrado por el FOMAG a través de la Fiduciaria La Previsora S.A.
La Fiduciaria La Previsora S.A., como administradora del FOMAG, se opuso a las pretensiones y alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva10. No intervino en la prestación directa de los servicios médicos y su función se limitó a la administración del fondo.
El médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz también contestó la demanda11. La cirugía se realizó conforme a la lex artis12 y la extracción del riñón sano se debió a las alteraciones anatómicas de la paciente que dificultaron la identificación de los órganos durante el procedimiento.
Negó que existiera relación causal entre la cirugía y la muerte. El deterioro posterior obedeció al rechazo del trasplante renal y al incumplimiento del tratamiento médico de inmunosupresión. Propuso las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, ausencia de daño indemnizable y caducidad.
12 Estándares técnicos y científicos que orientan la actuación médica conforme al estado de la ciencia y las circunstancias del caso.
La Sociedad Médica Clínica Riohacha S.A.S. no contestó la demanda.
La respuesta de la llamada en garantía13
Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., en su condición de llamada en garantía de la Organización Clínica General del Norte S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda. No le constaban los hechos y la póliza de seguro suscrita no se encontraba vigente para la fecha en que se prestó la atención médica a la señora Meléndez Surmay. En todo caso, el siniestro alegado se encontraba por fuera de la cobertura del contrato de seguro14.
La sentencia de primera instancia15
En sentencia del 4 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda16.
Descartó la caducidad del medio de control de reparación directa. Aunque la extracción del riñón sano ocurrió en abril de 2008, el daño se concretó el 4 de junio de 2016 cuando Diana María Meléndez Surmay falleció. La demanda se radicó a tiempo el 16 de agosto de 2018, incluida la suspensión del plazo por el trámite conciliatorio.
Declaró la falta de legitimación material en la causa por pasiva de Liberty Seguros S.A., la Clínica Las Peñitas SAS, la Sociedad Médica Clínica Riohacha S.A.S, Ministerio de Educación Nacional, la Fiduprevisora S.A. y el departamento de La Guajira porque la extracción del riñón sano se realizó en la Organización Clínica General del Norte y estuvo a cargo del médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz y no prestaron el servicio médico.
Declaró la responsabilidad solidaria de la Organización Clínica General del Norte S.A. y el médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz por los siguientes motivos.
A Diana María Meléndez Surmay le diagnosticaron hidronefrosis izquierda y le programaron una nefrectomía que hizo el médico Escorcia Quiroz en la Organización Clínica General del Norte S.A. Sin embargo, en la intervención extrajo el riñón derecho funcional, circunstancia que no podía catalogarse como un evento imprevisible o irresistible porque existían elementos clínicos suficientes que imponían un mayor deber de cuidado.
Aunque la segunda nefrectomía permitió establecer que el riñón izquierdo se encontraba en una posición anatómica más alta, lo que explicaba la confusión que
13 El llamamiento en garantía efectuado por la Organización Clínica General del Norte S.A. en contra de Mapfre Seguros Generales de Colombia fue admitido por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 28 de abril de 2021 (f. 780-782 c-4).
15 Mediante auto del 16 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Atlántico indicó que, conforme al artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, las excepciones previas podían resolverse por auto cuando no requirieran prueba. Frente a la caducidad, sostuvo que no era posible definir su ocurrencia en ese estadio procesal, al ser necesario el debate probatorio, y que las cuestiones relativas a la legitimación en la causa por pasiva debían resolverse en la sentencia (f. 873-877 c-5). El 23 y 30 de junio de 2022 (f. 1014-1023 c-6 Cd. No. 2 y 3) se celebró la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, oportunidad en la que se agotaron las etapas previstas en la norma en comento. Los días 6, 12, 14, 19, 26 y 28 de julio (f. 1067-1100 c-6 Cd No. 5, 4 y 5); 2, 4 y 11 de agosto (f. 1101-1107 c-6 Cd. No. 6.); y 20 de septiembre de 2022 (f. 1165-1167 c-6 Cd No. 7), se practicaron las pruebas decretadas en dicha audiencia. Por auto del 4 de octubre de 2022 se ordenó la presentación de alegatos de conclusión por escrito.
se presentó en la cirugía inicial, ello no excluía el deber de diligencia y cuidado exigible al especialista y a la institución prestadora. Ese hallazgo, precisamente, era un elemento que debió anticiparse.
La Organización Clínica General del Norte S.A. y el médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz generaron en la paciente un daño porque le extrajeron el riñón sano y causaron falla renal al dejarla con el izquierdo que no funcionaba. La sometieron a un trasplante con mayores riesgos a los que tenía de conservar el órgano sano.
Pese al error médico y el trasplante, la paciente no siguió el tratamiento de inmunosupresión para que organismo no lo rechazara y murió. Este evento constituye culpa de la víctima y redujo la indemnización de perjuicios en un 40%.
No condenó a la llamada en garantía porque el acto médico ocurrió fuera de la vigencia de la póliza.
Indemnizó los perjuicios así:
Lucro cesante para las dos hijas hasta que cumplan 25 años porque se presume dependían económicamente de su madre. Esta condena no fue por la muerte sino, por “la pérdida de oportunidad de que la víctima directa viviera por un tiempo adicional a pesar de la insuficiencia renal crónica que sufrió”. Para Diana Elles Meléndez $70.984.824,38 y María Elles Meléndez $104.517.071,94.
Morales para cada una de las hijas reducidos en 40%, $36.000.000. Para el hermano $18.000.000.
Vida en relación para cada una de las hijas, $25.000.000.
No condenó en costas.
Los recursos de apelación17
El médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz apeló la sentencia para que se revoque18. El medio de control de reparación directa caducó porque el daño se concretó en la cirugía de la extracción del riñón sano el 21 de abril de 2008 y no en la muerte. Lo que ocurrió a partir de esta fecha fueron los perjuicios. La demanda se presentó extemporáneamente en 2018.
La sentencia es incongruente porque reconoce que la cirugía se hizo por el lado correcto y la extracción del riñón sano obedeció a una alteración anatómica extraordinaria. Ninguna prueba calificó su actuación como negligente ni apartada de la lex artis. Además, la paciente murió ocho años después de la extracción del riñón sano por incumplir el tratamiento de inmunosupresión.
Objetó la condena por pérdida de oportunidad porque el Tribunal dijo que el
17 Los recursos de apelación fueron admitidos mediante auto del 25 de enero de 2024. En dicha providencia se indicó, por error, que también se admitía la impugnación presentada por la Clínica Las Peñitas S.A.S; no obstante, esta entidad no interpuso recurso alguno, en tanto resultó absuelta en la sentencia de primera instancia. La confusión se originó en que la Clínica Las Peñitas S.A.S. y la Organización Clínica General del Norte S.A. comparten el mismo apoderado judicial, y así se identificó en el escrito de apelación que radicó en favor de esta última, al punto que los argumentos desarrollados en dicho escrito se encuentran exclusivamente dirigidos a controvertir la declaratoria de responsabilidad de esta entidad (f. 1425 c-ppal).
daño indemnizable es la muerte, pero liquidó este perjuicio a partir de la extracción del riñón sano. Además, la pérdida de oportunidad es un daño autónomo que la demanda no pidió.
En todo caso, si la segunda instancia confirma la pérdida de oportunidad, debe establecerse el porcentaje.
El Tribunal no debió exonerar de responsabilidad al Ministerio de Educación Nacional, la Fiduprevisora S.A. y el departamento de La Guajira porque son garantes institucionales del régimen especial de salud del FOMAG.
El Tribunal descontó el 40% solo en la indemnización de perjuicios morales y no en los demás.
Finalmente, el Tribunal incurrió en errores aritméticos al liquidar el lucro cesante. No aplicó el acrecimiento pese a ser obligatorio, erró en fijar la renta actualizada y no descontó el 25% de gastos personales que destinaba la paciente en vida.
La Organización Clínica General del Norte S.A. apeló para que se revoque la sentencia19. Insistió en la excepción de caducidad. La imputación formulada en su contra se circunscribe a un hecho médico concreto y claramente delimitado en el tiempo, esto es, la primera nefrectomía practicada el 21 de abril de 2008. El término para ejercer el medio de control debió contabilizarse desde ese momento y no desde el fallecimiento.
La sentencia no analizó la historia clínica y se limitó a transcribir apartes de las declaraciones de los médicos especialistas sin darles el mérito que correspondía. Esos testigos fueron coincidentes en que la cirugía se realizó por el lado correcto y que el riñón izquierdo estaba desplazado hacia el diafragma, en una posición totalmente atípica. Se trató de un caso clínico especial:
Ingresó por el lado correcto y porque era impensable para él y para cualquier otro urólogo encontrar en donde debía estar el riñón izquierdo, el derecho y como si ello fuera poco, encontrar que el riñón derecho estaba agrandado por el trabajo extra que venía realizando desde mucho antes del ingreso y por lo tanto no fue posible que sospechara que el riñón que encontró y extrajo no era el izquierdo
La culpa en responsabilidad médica debe ser probada. No se demostró conducta culposa imputable al médico Escorcia Quiroz ni a la clínica. La causa real del deterioro posterior fue el incumplimiento reiterado de la paciente del tratamiento inmunosupresor tras el trasplante, hecho que los médicos especialistas confirmaron y la historia clínica documenta.
La liquidación del lucro cesante para las hijas es improcedente porque recibieron del FOMAG la pensión de sobreviviente hasta los veinticinco años.
El Tribunal se equivocó al negar el llamamiento en garantía formulado contra Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. Desconoció que es una póliza de ocurrencia y el siniestro amparado era la muerte de la señora Meléndez Surmay el 4 de junio de 2016 dentro de la vigencia y la aseguradora está obligada a responder.
19 F. 1345-1358 y 1355-1358 c-ppal.
El Tribunal erró al aplicar la Ley 100 de 1993 al analizar la responsabilidad de la Organización Clínica General del Norte S.A. porque la paciente era docente y debió aplicar la Ley 91 de 1989. Además, no era competente para decidir sobre la responsabilidad de prestadores de salud privados.
La parte demandante apeló para que se modifique la sentencia20. La extracción errónea del riñón sano causó directamente el deterioro y fallecimiento de Diana María Meléndez Surmay y descarta la tesis de la pérdida de oportunidad. Se probó la relación directa entre ese procedimiento y la muerte, por eso la indemnización del lucro cesante para las hijas debe ser por la muerte.
El Tribunal debió reconocer a los herederos el lucro cesante futuro que se causó a la víctima, sobre la base de su vida probable. Además, guardó silencio sobre el perjuicio moral, el daño a la vida de relación y el daño a la salud que sufrió la paciente en vida y que debe reconocerse a favor de la masa herencial. También omitió reconocer daño emergente para los demandantes que se generó por la extracción errónea del riñón.
La indemnización de los perjuicios morales debe ser con base en la unificación del Consejo de Estado y no en las cuantías de la jurisdicción ordinaria.
Debe revocarse la disminución de la condena por la concurrencia de culpas por el supuesto incumplimiento del tratamiento de inmunosupresión. De no quitarle el riñón bueno, podía vivir con este sin necesidad de un trasplante. No cabe duda de que la muerte fue por el error médico.
El Tribunal no valoró el dictamen del médico Jairo Hernández González que demuestra que el rechazo del trasplante fue porque el órgano cumplió la vida promedio, luego el incumplimiento de la inmunosupresión no incidió en su rechazo. En todo caso, las entidades condenadas tenían la obligación de prestar apoyo psicológico a la paciente cuando se enteraron de que no seguía la inmunosupresión, pero no lo hicieron.
El perito Jairo Hernández dictaminó que la paciente podía sobrevivir solo con el riñón sano por el tiempo de vida probable de una persona de su edad. Por este motivo, no se trató de una pérdida de oportunidad, sino de una falla en el servicio que produjo la muerte y así se deben indemnizar los perjuicios.
Reprochó la exoneración de las entidades de derecho público porque son responsables del aseguramiento en salud del magisterio y responden solidariamente por las fallas en la atención de sus afiliados.
Trámite relevante en segunda instancia
El auto del 25 de enero de 2024 admitió los recursos de apelación. En segunda instancia intervino el Ministerio de Educación y la Fiduciaria La Previsora para que se confirme se exoneración de responsabilidad. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
La Sala no encuentra causal de nulidad que invalide lo actuado y por eso se
resolverán los recursos de apelación. Se constataron los presupuestos de agotamiento de la conciliación21 y legitimación en la causa por activa22 y pasiva23. Los presupuestos de jurisdicción, competencia y caducidad son puntos de la apelación y se desarrollarán más adelante.
Por la relevancia para decidir los recursos, la Sala definirá la causa para demandar.
Facultad del juez para interpretar la causa para pedir de la demanda
La causa para pedir constituye un elemento esencial del proceso porque delimita el marco fáctico y jurídico dentro del cual debe abordarse la controversia. En cumplimiento de su función, el juez debe interpretar la demanda para identificar la intención del demandante, sin desnaturalizar su voluntad ni alterar los hechos24.
El juicio de responsabilidad se centra en el daño y la imputación se hace a partir de lo expuesto en la demanda o en su reforma con base en las pruebas incorporadas regular y oportunamente. Alterar este marco implica vulnerar el derecho fundamental al debido proceso porque sorprende a la parte demandada que estructura la defensa sobre los hechos inicialmente planteados25.
El fundamento legal de los límites del juez en interpretar la demanda corresponde al principio de congruencia de los artículos 187 de la Ley 1437 de 201126 y 281 del Código General del Proceso27 que impone a la sentencia ser
21 La solicitud de conciliación se presentó el 23 de enero de 2018 y la constancia de no conciliación tiene fecha del 23 de abril de ese mismo año. Constancia de no conciliación en archivo PDF: PRUEBA 39
22 Se demostró que Diana Marcela y María Alejandra Elles Meléndez son hijas de Diana María Meléndez Surmay y por tanto herederas legitimadas para reclamar la indemnización de perjuicios que su madre sufrió en vida, así como para pedir indemnización por los perjuicios a nombre propio. El señor Rafael Alfonso Meléndez Surmay acreditó ser el hermano y también está legitimado para pedir indemnización de perjuicios a nombre propio. Registros civiles de nacimiento en los folios 69 y 71 del cuaderno 1, y registro civil de defunción en el folio 83 del cuaderno 1.
23 En primera instancia se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Clínica Las Peñitas S.A., la Sociedad Médica Clínica Riohacha S.A.S. y Liberty Seguros S.A. -hoy HDI Seguros. Esta decisión no se apeló. La legitimación material por pasiva del médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz, la Organización Clínica General del Norte S.A., la Fiduciaria La Previsora S.A., la Nación-Ministerio de Educación Nacional y el departamento de La Guajira se revisará más adelante porque fue materia de apelación por los demandantes.
24 Así lo ha precisado esta Corporación: “(…) Será labor como juez de la reparación interpretar armónicamente la demanda que es sometida a su conocimiento, para que, teniendo en cuenta los límites que le impone la prohibición de alterar su causa petendi y la garantía del derecho de defensa de la contraparte, precise, de acuerdo con los hechos acreditados en el expediente, el daño antijurídico que se alega y la imputabilidad de que el mismo pueda ser atribuido al Estado”. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2023, expediente 58.201, M.P. María Adriana Marín).
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de octubre de 2016, expediente 34.357, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en decisión del 19 de febrero de 2021, expediente 54.320, M.P. María Adriana Marín.
26 “Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus (…)”.
27 “Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
consistente con los hechos, las pretensiones y las excepciones.
Identificación de los daños que invoca la demanda
De acuerdo con el Consejo de Estado28 y la Corte Suprema de Justicia29, demandar para la masa sucesoral el derecho a la indemnización de perjuicios es posible porque es trasmisible a causa de muerte. El derecho a la reparación es de contenido patrimonial y cualquier indemnización que surja, no reclamada en vida, se transmite a los herederos.
Los recursos exigen precisar tres nociones que la demanda emplea de manera indistinta: hecho dañoso, daño y perjuicio.
El hecho dañoso es el evento –acción, omisión u operación administrativa–que genera el daño. Pertenece al plano de los hechos y su identificación es previa e independiente del juicio de responsabilidad porque constatar que un evento produjo un daño no significa que este resulte atribuible a quien se demanda.
Frente a daño y perjuicios, son términos abstractos sobre los que no existe una definición absoluta ajena a controversias doctrinales:
si bien en términos generales los conceptos son utilizados indistintamente, lo que explica que la jurisprudencia colombiana haya afirmado que "la palabra daño equivale exactamente a perjuicio", vale la pena precisar que las nociones, dependiendo de cómo sean tratadas, llaman la atención sobre formas diferentes de operar la responsabilidad civil, de concebir la legitimación en la causa para actuar y por tanto de indemnizar.
si bien la doctrina no ha profundizado sobre el punto, el profesor Benoit aportó algunos elementos que se encargaron de definirlo, al afirmar '... el daño es un hecho: es toda afrenta a la integridad de una cosa, de una persona, de una actividad, o de una situación [...] el perjuicio lo constituye el conjunto de elementos que aparecen como las diversas consecuencias que se derivan del daño para la víctima del mismo30
La distinción entre hecho dañoso, daño y perjuicio cumple una función precisa en este proceso. Aquí concurren dos hechos dañosos: la extracción del riñón funcional, el 21 de abril de 2008, y la muerte de la paciente, el 4 de junio de 2016. De esos hechos se desprenden varios daños y perjuicios.
A título personal, los daños que los demandantes invocan son la afectación del vínculo familiar por la extracción del riñón de la paciente y muerte de su madre y hermana, con los perjuicios morales, el daño a la vida de relación y el daño emergente que de ellos se siga.
Para la masa sucesoral, el daño es la afectación de la integridad física que la señora Diana María Meléndez Surmay sufrió en vida, del que se derivaron los perjuicios morales, el daño a la vida de relación, el daño a la salud y el lucro cesante
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio (…)”.
28 Ver sentencia del 19 de octubre de 2023, radicación 05001-23-31-000-2007-03206-01 (60.182), Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, entre otras.
29 Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de julio de 2010, expediente Expediente 11001-3103-035-1999-02191-01, entre otras
30 El Daño Análisis comparado de la Responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Juan Carlos Henao, Universidad Externado de Colombia, 1998, p 76
reclamados.
El siguiente cuadro ilustra cómo confluyen en el proceso los diversos hechos dañosos, daños y perjuicios en función de la calidad en que comparecen los demandantes:
| Facetas | Hecho dañoso | Daño | Perjuicios |
A título personal | 1) Extracción del riñón sano de su madre y hermana el 21 de abril de 2008 | 1) Afectación del vínculo familiar por la pérdida de la salud de la paciente, que quedó anéfrica y dependiente de diálisis y de un trasplante | Morales, daño a la vida de relación y daño emergente |
| 2) Muerte de su madre y hermana el 4 de junio de 2016 | 2) Pérdida de la madre y de la hermana | Morales, daño a la vida de relación y daño emergente | |
| Para la masa sucesoral de la señora Diana María Meléndez Surmay32 | Extracción que en vida sufrió la señora Diana María Meléndez Surmay de su riñón sano el 21 de abril de 2008 | Afectación de la integridad física de la señora Diana María Meléndez Surmay | Morales, daño a la vida de relación, daño a la salud y lucro cesante |
31 Las pretensiones de la demanda a título personal para las hijas y hermano de la paciente son las siguientes:
“Daño moral
DIANA MARCELA ELLES MELENDEZ, en su calidad de hija de la víctima, la suma equivalente la suma equivalente a 100 SMSLV, esto es, $78.124.200, por el dolor, sufrimiento, angustia, desconsuelo, zozobra, desazón debido al padecimiento de su mamá durante su enfermedad y el duelo de su muerte.
RAFAEL ALFONSO MELENDEZ SURMAY, en su calidad de hermano de la víctima, la suma equivalente a 50 SMSLV, esto es, $39.062.100, por el dolor, sufrimiento, angustia, desconsuelo, zozobra, desazón debido al padecimiento de su hermana durante su enfermedad y el duelo de su muerte.
-Daños a la vida de relación
DIANA MARCELA ELLES MELENDEZ, en su calidad de hija de la víctima, equivalente a 200 SMSLV, esto es, $156.248.400, quien no pudo continuar con su vida rutinaria al no contar con la presencia de su madre en el hogar, como apoyo para su crecimiento y desarrollo de la personalidad y acompañamiento en el desempeño de sus actividades educativas.
MARIA ALEJANDRA ELLES MELENDEZ, en su calidad de hija de la víctima, equivalente a 200 SMSLV, esto es, $156.248.400, quien era menor de edad y no pudo continuar con su vida rutinaria al no contar con la presencia de su madre en el hogar, como apoyo para su crecimiento y desarrollo de la personalidad y acompañamiento en el desempeño de sus actividades educativas.
32 Las pretensiones de la demanda para la masa herencial son las siguientes:
-“Daño moral
DIANA MARÍA MELÉNDEZ SURMAY (Q.E.P.D.), en su calidad de víctima, la suma equivalente a 100 SMSLV, esto es, $78.124.200, por el dolor, la aflicción, sufrimiento y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, depresión que tuvo que padecer como consecuencia de las complicaciones del procedimiento NEFRECTOMIA BILATERAL hasta el día de su muerte”.
-Por daños a la vida de relación
DIANA MARÍA MELÉNDEZ SURMAY (Q.E.P.D), en su calidad de víctima, equivalente a 200 SMSLV, esto es, $156.248.400, en razón a que la señora afecto su vida en virtud de la imposibilidad de trabajar, perder el rol que ostentaba como cabeza de familia y la limitación para continuar realizando actividades rutinarias y placenteras al lado de sus hijas.
-Por daños a la salud
DIANA MARÍA MELÉNDEZ SURMAY (Q.E.P.D), en su calidad de víctima, la suma equivalente a
100 SMSLV, $78.124.200, al sufrir afectación corporal y psicofísica como consecuencia del procedimiento NEFRECTOMIA BILATERAL hasta el día de su muerte.
-Daño emergente
La suma de dinero que le causo un detrimento patrimonial en razón a que se han visto obligado a costear los gastos médicos, tratamiento, medicamentos e insumos en ocasión de los perjuicios sufridos equivalentes a OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 834.000).
Correspondiente a las siguientes facturas:
No 79760, 80592, 81550, 82313, 88124, 83307 expedidas por Nefron S.A.S, Por un valor total de
$464.000
Se trata entonces de una acumulación subjetiva de pretensiones en los términos del artículo 88 del Código General del Proceso33 porque en una misma demanda se presentaron pretensiones de varias personas contra varias entidades demandadas con fundamento en dos imputaciones distintas (la extracción del riñón y la muerte).
No son excluyentes, se tramitan por el mismo procedimiento ordinario y medio de control de reparación directa previsto en la Ley 1437 de 2011, se nutren de las mismas pruebas como lo es la historia clínica y se encuentran en relación de dependencia porque están unidas a un mismo hecho inicial: extracción de un riñón sano.
La distinción tiene consecuencias precisas en la oportunidad del medio de control porque cada faceta involucra hechos dañosos y daños diferentes de los cuales surgen diversos perjuicios:
Alcance de los recursos de apelación
Los recursos se contrajeron a los siguientes cargos:
El médico Escorcia Quiroz para que se revoque la sentencia: (i) la caducidad;
(ii) la incongruencia entre reconocer que la cirugía se practicó por el costado correcto y que hubo una alteración anatómica extraordinaria y, aun así, condenarlo;
(iii) la improcedencia de la condena por pérdida de oportunidad y, en subsidio, su porcentaje; (iv) la exoneración del Ministerio de Educación Nacional, la Fiduprevisora S.A. y el departamento de La Guajira; (v) la aplicación del descuento del 40% solo a los perjuicios morales; y (vi) los errores aritméticos de la liquidación.
La Organización Clínica General del Norte S.A. para que se revoque: (i) la caducidad; (ii) la falta de valoración de la historia clínica y de los testimonios de los especialistas; (iii) la ausencia de prueba de la culpa médica; (iv) la improcedencia del lucro cesante de las hijas; (v) la negativa del llamamiento en garantía a Mapfre; y (vi) la aplicación de la Ley 100 de 1993 y la falta de competencia para juzgar a prestadores privados.
La parte demandante, para que se modifique: (i) que el daño indemnizable es la muerte y no la pérdida de oportunidad, con reliquidación del lucro cesante de las hijas; (ii) la falta de reconocimiento del lucro cesante futuro, los perjuicios morales, el daño a la vida de relación, el daño a la salud y el daño emergente sufridos en vida por la paciente; (iii) la liquidación de los perjuicios morales según la
Nº2668 expedida por Ramírez Tobón Teresita de Jesús – Hotel Nuevo Capitolio, por valor de
$140.000.
N66 487534 expedida por Éticos Serrano Gómez Ltda., por valor de $9010.
No FMA-499153 expedida por Drogas S&S s.a. por valor de $ 21.000.
Recibo de caja doctora Margarita Arteta – Psiquiatra $200.000.
-Lucro Cesante Pasado y Futuro
La suma de dinero dejada de percibir por la señora Diana María Meléndez Surmay (q.e.p.d), debido al daño padecido como consecuencia de la cirugía nefrectomia bilateral, que le impidió continuar ejerciendo sus funciones con una pérdida de la capacidad laboral del 85%.
33 “También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes o contra
uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos:
Cuando provengan de la misma causa.
Cuando versen sobre el mismo objeto.
Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.
Cuando deban servirse de unas mismas pruebas”.
unificación jurisprudencial del Consejo de Estado; (iv) la disminución por concurrencia de culpas; (v) la exoneración de las entidades públicas; y (vi) la omisión de las entidades condenadas de prestar apoyo psicológico.
Problemas jurídicos
La competencia de la Sala se limita a los cargos de los recursos. Dentro de ese marco revisará los siguientes problemas jurídicos que surgen de la oposición a la sentencia de primera instancia para confirmarla, revocarla o modificarla:
¿Debe computarse la caducidad frente a la muerte de Diana María Meléndez Surmay como daño único, según lo entendió el Tribunal, o autónomamente frente a: i) el daño que en vida sufrió la víctima directa, reclamado para la masa sucesoral, y ii) los daños propios de sus familiares, derivados tanto de la extracción del riñón como de su muerte? Y, en caso de haber caducado las pretensiones derivadas de la extracción del riñón, ¿puede ese hecho valorarse como antecedente causal de la muerte?
¿Era competente el Tribunal para juzgar conjuntamente a entidades públicas y particulares por fuero de atracción o los reparos de la clínica sobre la competencia de esta jurisdicción y la cita de la Ley 100 de 1993 desvirtúan la validez del juzgamiento?
¿Configuró la extracción del riñón funcional culpa médica imputable al médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz, aunque la cirugía se practicó por el costado indicado y existía una alteración anatómica atípica, o esas circunstancias permitían calificar el error como imprevisible, invencible o no culposo? Y, ante la ausencia de prueba directa de la conducta desplegada en el quirófano, ¿puede deducirse la culpa conforme a los estándares de res ipsa loquitur, culpa virtual y resultado desproporcionado, o ello supone invertir la carga de la prueba?
¿Responden solidariamente el médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz y la Organización Clínica General del Norte S.A. por el error quirúrgico, o la clínica debe exonerarse por ausencia de culpa propia, por falta de nexo con el acto médico o por no haberse probado adecuadamente su relación con el profesional que practicó la cirugía?
¿Acertó el Tribunal al calificar el daño indemnizable como pérdida de oportunidad de vivir un tiempo adicional, o la muerte es atribuible a la extracción del riñón funcional y, por tanto, el daño indemnizable es el fallecimiento?
¿Es pertinente la reducción del 40% que fijó el Tribunal por la falta de adherencia de la paciente al tratamiento inmunosupresor o esa conducta no tenía eficacia causal, debía incidir en una proporción menor o debía aplicarse de manera uniforme a todos los perjuicios reconocidos?
¿Debe exonerarse el Ministerio de Educación Nacional, la Fiduciaria La Previsora S.A. y el Departamento de La Guajira por no haber prestado directamente el servicio médico cuestionado, o debía declararse su responsabilidad por una falla propia en la garantía, vigilancia, control o aseguramiento del servicio de salud del magisterio?
¿Se probó la ausencia de cobertura de la póliza de Mapfre Seguros
Generales de Colombia S.A. porque el acto médico ocurrió por fuera de su vigencia, o el siniestro fue la muerte de la paciente ocurrida durante la vigencia del seguro?
¿La indemnización reconocida por el Tribunal debe confirmarse, revocarse o reliquidarse, teniendo en cuenta que: i) reconoció el lucro cesante sobre la base de la pérdida de oportunidad y no de la muerte; ii) no resolvió o negó perjuicios reclamados para la masa sucesoral; iii) reconoció daño a la vida de relación; iv) aplicó parámetros de tasación discutidos por la parte demandante; y v) pudo incurrir en errores aritméticos?
Tesis
Se modificará la sentencia de primera instancia porque:
Caducaron las pretensiones que los demandantes formularon a título personal por la afectación del vínculo familiar derivada de la pérdida de la salud de su madre y hermana tras la extracción del riñón sano.
Caducaron las pretensiones para la masa sucesoral por la afectación de la integridad física de la señora Diana María Meléndez Surmay tras la extracción del riñón sano.
La caducidad de esas pretensiones no impide valorar la extracción del riñón como antecedente causal de la muerte porque no extingue el hecho de que produjo daños posteriores en cabeza de los hijos y hermano con término de caducidad independiente.
El daño indemnizable es la muerte y no la pérdida de la oportunidad de vivir un tiempo adicional.
La condena se reduce en 20% por el hecho de la propia víctima, uniformemente para todos los perjuicios.
La liquidación se rehace sobre la muerte como daño indemnizable. Se revoca el lucro cesante reconocido a las hijas. Se mantiene la procedencia del daño a la vida de relación y se modifica su cuantía que se reduce y se actualiza. No hay lugar a examinar los errores aritméticos alegados porque se revoca la condena que los contenía.
Se confirmará en todo lo demás la sentencia de primera instancia porque:
El Tribunal era competente por fuero de atracción para juzgar a las entidades privadas demandadas.
La extracción del riñón funcional fue culposa y el médico Escorcia Quiroz y la Organización Clínica General del Norte S.A. responden solidariamente. Ante la ausencia de prueba directa de la conducta desplegada en el quirófano, la culpa se estableció conforme al res ipsa loquitur.
El Ministerio de Educación Nacional, la Fiduprevisora S.A. y el departamento de La Guajira no intervinieron en el acto médico ni se probó falla en el aseguramiento en salud.
La póliza de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. no ampara el acto médico de la extracción del riñón porque sucedió por fuera de su vigencia.
No prosperan el reparo de la Organización Clínica General del Norte S.A. sobre la cita de la Ley 100 de 1993 en lugar de la Ley 91 de 1989, ni el de la parte demandante sobre la omisión de prestar apoyo psicológico a la paciente.
Se desarrollarán los siguientes capítulos: i) jurisdicción y competencia, ii) oportunidad del medio de control de reparación directa, iii) consideraciones sobre la responsabilidad del Estado y de los sujetos de derecho privado por la prestación del servicio de salud, iv) desarrollo de la atención médica que recibió la paciente antes de su muerte, v) análisis de imputación de las entidades demandadas, vi) indemnización de perjuicios, vii) llamamiento en garantía a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. y viii) condena en costas.
Jurisdicción y competencia
La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está habilitada para conocer de la responsabilidad de las entidades públicas demandadas34 y la Subsección es competente para resolver el asunto en segunda instancia por razón de la cuantía35.
?Fuero de atracción: marco conceptual
El fuero de atracción permite que esta jurisdicción también conozca la responsabilidad de los sujetos de naturaleza privada. El artículo 165 de la Ley 1437 de 201136 establece que cuando el daño sea atribuido conjuntamente a una entidad pública y a un particular, las pretensiones pueden acumularse y la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para resolverlas todas37.
El factor de conexidad o fuero de atracción no opera de manera automática. La jurisprudencia de esta Corporación ha decantado que para su configuración es necesario que exista: (i) identidad entre los hechos y las causas que fundamentan la eventual declaratoria de responsabilidad de los sujetos demandados; (ii) una probabilidad razonable de que la entidad pública resulte condenada; y (iii) desde la demanda se planteen fundamentos fácticos y jurídicos para imputar el daño a la entidad estatal.
El segundo de esos presupuestos no figura en el texto del artículo 165 y
34 La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de los procesos dirigidos contra entidades públicas por responsabilidad extracontractual, conforme al numeral 1 del artículo 104 del CPACA, lo que habilita el conocimiento de las imputaciones dirigidas contra la Nación-Ministerio de Educación Nacional, el Departamento de La Guajira y la Fiduciaria La Previsora S.A.
35 La Subsección es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia por
razón de la cuantía, toda vez que las pretensiones superan los 500 SMLMV. Por concepto de lucro cesante se reclamó un total de $451.230.675, monto que excede el umbral exigido.
36 “ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. En la demanda se podrán acumular pretensiones de
nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para su conocimiento y resolución”.
37 La jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional reconoce que esta jurisdicción
tiene competencia para vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado cuando estas sean demandadas de manera concomitante con entidades públicas, sin importar que al finalizar el proceso se concluya que la entidad pública no es responsable de los daños que se le atribuyen. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2023, exp. 64.412, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 1° de marzo de 2018, exp. 43.629, C.P. Danilo Rojas Betancourth; y sentencia del 28 de agosto de 2019, exp. 52.603, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Corte Constitucional: auto 646 del 8 de septiembre de 2021, exp. CJU-477, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera y auto 1088 del 8 de junio de 2023, exp. CJU-2733, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
38 Corte Constitucional: auto 646 del 8 de septiembre de 2021, exp. CJU-477, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
corresponde a una construcción jurisprudencial que desarrolla la norma sin ampliarla. El inciso segundo del numeral 1 de ese artículo hace depender la competencia de lo que “en la demanda se afirme” sobre la causación del daño por un agente estatal y un particular, de suerte que, leída de manera literal, bastaría la afirmación del demandante para desplazar al juez natural del particular.
La exigencia de una probabilidad razonable de condena de la entidad pública opera como control de seriedad de esa afirmación e impide que la vinculación meramente nominal de un sujeto estatal se emplee para alterar la jurisdicción. Se trata de un juicio ex ante referido al momento de la presentación de la demanda y a la seriedad de la imputación allí formulada que no anticipa ni condiciona la decisión de fondo, por eso la competencia se conserva aunque posteriormente se exonere a la entidad estatal.
La habilitación de esta jurisdicción para estudiar la responsabilidad de los sujetos de derecho privado no implica que el proceso se rija por reglas distintas a las previstas para la acción ejercida. Los presupuestos procesales que habilitan un pronunciamiento de fondo -como la caducidad- deben examinarse a la luz del régimen que gobierna el cauce procesal elegido por los demandantes39.
El fuero de atracción permite la modificación de la jurisdicción, pero no el régimen jurídico al amparo del cual se deben resolver las pretensiones formuladas contra los particulares, a quienes les resultan vinculantes las reglas y criterios de la responsabilidad civil ordinarios y no las de la responsabilidad del Estado.
?Aplicación del fuero de atracción en el caso concreto
En este caso concurren los tres presupuestos del fuero de atracción. Existe identidad entre los hechos y las causas que sustentan las imputaciones formuladas contra los sujetos públicos y privados porque unas y otras se derivan de la misma atención médica brindada a la señora Meléndez Surmay.
Además, al momento de la demanda existía una probabilidad razonable de que las entidades públicas resultaran condenadas porque les atribuyó el incumplimiento de sus deberes de vigilancia y control sobre la red de prestadores del FOMAG a la que pertenecía la Organización Clínica General del Norte S.A. Así mismo, desde la demanda se plantearon los fundamentos fácticos y jurídicos para imputar el daño a las entidades estatales y la vinculación de los particulares a este proceso no obedeció a una maniobra procesal posterior.
Ante la coincidencia de los hechos y la posible concurrencia en su producción, se justifica la aplicación del fuero de atracción y se desestima el cargo de la Organización Clínica General del Norte S.A. según el cual el Tribunal carecía de competencia para juzgar la responsabilidad de un prestador de salud privado.
Oportunidad del medio de control de reparación directa
De conformidad con lo dispuesto en el literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, la demanda de reparación directa debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso, o desde cuando el demandante
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2025, expediente No. 68.207.
tuvo o debió tener conocimiento del daño, si este se conoció en fecha posterior y se prueba la imposibilidad de haberlo conocido antes.
En asuntos de responsabilidad médica por lesiones corporales, esta Corporación ha fijado como punto de partida para el conteo de la caducidad la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño, con la salvedad de que ese momento puede variar cuando al tiempo del suceso no existe certeza sobre la afectación, no se conoce su alcance o esta se manifiesta con posterioridad40.
En este caso el conteo de la caducidad es el siguiente:
| Facetas | Hecho dañoso | Daños | Caducidad |
Afectación del | |||
| Extracción del riñón sano de su madre y hermana el 21 de abril de 2008 | vínculo familiar por la pérdida de la salud de la paciente, que quedó anéfrica y dependiente de diálisis y de un trasplante. | Caducó. El término de dos años corrió desde el 22 de abril de 2008 hasta el 22 de abril de 2010. La demanda se presentó el 16 de agosto de 2018 | |
| A título | |||
| personal | |||
| No caducó. El término de | |||
| caducidad empezó a | |||
| correr el 5 de junio de | |||
| Muerte de su madre y hermana el 4 de junio de 2016 | Pérdida de la madre y de la hermana. | 2016 hasta el 5 de junio de 2018. La demanda se presentó a tiempo el 16 de agosto de 2018, incluida la | |
| suspensión por la | |||
| conciliación extrajudicial41. | |||
Para la masa sucesoral de la señora Diana María Meléndez Surmay | Extracción que en vida sufrió la señora Diana María Meléndez Surmay de su riñón sano el 21 de abril de 2008. | Afectación de la integridad física de la señora Diana María Meléndez Surmay | Caducó. El término de dos años corrió desde el 22 de abril de 2008 hasta el 22 de abril de 2010. La demanda se presentó el 16 de agosto de 2018. |
Se modificará la sentencia de primera instancia y se declarará la caducidad del medio de control de reparación directa respecto de las pretensiones formuladas para la masa sucesoral de la señora Diana María Meléndez Surmay y de las que los demandantes formularon a nombre propio por la extracción del riñón funcional de su madre y hermana.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2018, expediente 47.308, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Reiterado por esta Subsección, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de 2023, expediente 58.248, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
41 El 23 de enero de 2018 los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial,
cuando faltaban 132 días para el vencimiento. La audiencia se celebró el 23 de abril siguiente y ese mismo día se expidió el acta de no conciliación (f. 1687 c-9.). Con la suspensión del término por el trámite conciliatorio, el plazo vencía el 4 de septiembre de 2018.
Conviene aclarar que la caducidad declarada respecto de las pretensiones derivadas de la extracción del riñón no impide valorar ese mismo hecho para examinar la responsabilidad por la muerte.
En este caso concurren daños autónomos, sujetos a términos de caducidad independientes según el hecho dañoso del que provienen. De la extracción del riñón funcional derivaron la afectación de la integridad física que la paciente sufrió en vida, reclamada para la masa sucesoral, y la afectación del vínculo familiar que los demandantes padecieron a nombre propio. De la muerte deriva un daño propio y distinto para ellos, consistente en la pérdida de la madre y de la hermana. Cada uno tiene contenido, titulares y momento de producción diferenciados, y por eso cada uno cuenta con su propio término.
Aquí el primer hecho dañoso se produjo y se consolidó inmediatamente el 21 de abril de 2008 cuando la paciente perdió su único riñón funcional con consecuencias perceptibles desde ese momento –la anefria, diálisis permanente, orden de trasplante y afectación de la vida familiar por estas circunstancias–.
Lo que sucedió en 2016 -muerte- y en perspectiva de las hijas y hermano (no de la paciente) fue un hecho dañoso distinto con consecuencias diferentes a la extracción del riñón sano.
Desconocer las circunstancias fácticas de este proceso implica negar que un hecho dañoso puede generar distintos daños a lo largo del tiempo en función de quiénes son los perjudicados y los intereses jurídicos vulnerados. La relación entre hecho dañoso y daño no es lineal, sino que es compleja por la cantidad de intereses que pueden afectarse en un marco temporal que debe fijarse caso por caso.
Consideraciones sobre la responsabilidad del Estado y de los sujetos de derecho privado por la prestación del servicio de salud
La falla probada del servicio es el título de imputación aplicable a la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio médico asistencial. Luego de acudir a criterios como “falla presunta” 42 la jurisprudencia retomó la regla probatoria de que incumbe a las partes demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen43. Sin perjuicio de que el juez module la carga de la prueba en función de la facilidad en su acceso, circunstancias técnicas especiales, entre otros aspectos definidos por el artículo 167 del Código General del Proceso44.
El demandante debe demostrar el daño, la falla por una omisión o una acción negligente o irregular de la entidad estatal y el nexo de causalidad entre esa falla y el daño.
La entidad estatal puede exonerar su responsabilidad si acredita la diligencia y cuidado o que el daño sobrevino como consecuencia de una causa externa, como la culpa de la víctima o el hecho de un tercero, o que fue el desenlace natural de la
42 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de octubre de 1990. Expediente No. 5902. M.P. Gustavo de Greiff Restrepo.
43 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 2006. Expediente No. 15772.
M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
44 Se alude al Código General del Proceso porque es la norma vigente. Sin embargo, este proceso se rige por el Código de Procedimiento Civil
patología del paciente.
En el ámbito de prestadores de salud privados, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señala que la responsabilidad médica se configura cuando concurren un comportamiento antijurídico, un daño, un factor de atribución (subjetivo u objetivo) y un nexo causal entre la conducta y el daño45.
Tradicionalmente, la responsabilidad se fundamenta en elementos de carácter subjetivo como la intención deliberada de causar un daño o de incumplir con los deberes exigibles (dolo), así como en comportamientos marcados por negligencia, falta de pericia o imprudencia (culpa).
También se reconocen criterios objetivos de atribución, tales como la generación o aprovechamiento de un riesgo y la ausencia del resultado esperado, especialmente en actividades peligrosas o en aquellas en las que el compromiso del deudor es lograr un resultado específico46.
En cuanto a las instituciones prestadoras de servicios de salud, estas responden por los actos de sus empleados y colaboradores porque las personas jurídicas materializan su actividad a través de aquellos y por ser garantes dentro del sistema de salud47.
Res ipsa loquitur, culpa virtual y resultado desproporcionado como criterios útiles para abordar la responsabilidad médica
Las teorías clásicas sobre la causalidad –la equivalencia de las condiciones, la causa adecuada, la causa eficiente– operan sobre la base de que el acto médico y sus consecuencias pueden reconstruirse y compararse con lo que habría ocurrido sin la conducta que se juzga. Sin embargo, cuando esto no es posible por la complejidad del caso, la Corte Suprema habilita el empleo de los estándares de res ipsa loquitur, culpa virtual y resultado desproporcionado.
Este caso es de aquellos difíciles de reconstruir por la naturaleza del acto quirúrgico, sus consecuencias y el marco temporal sobre el cual se proyectaron sus consecuencias, entre 2008 y 2016. Por este motivo, se prescinde de las teorías clásicas de sobre causalidad y acudirá a tales estándares para revisar la culpa y la relación entre esta y la muerte de la paciente.
En sentencia del 27 de marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia precisó los criterios aplicables cuando la reconstrucción causal de un acto médico resulta particularmente difícil. Recordó que la jurisprudencia asume como causa aquella que, de acuerdo con la experiencia, resulte la más adecuada o idónea para producir el resultado, y señaló que "en caso de que la causalidad adecuada resulte
45 SC-003 de 2018: “causada una lesión o menoscabo en la salud”, corresponde al afectado “demostrar [los] elementos axiológicos integradores de la responsabilidad médica[:] la conducta antijurídica, el daño y la relación de causalidad entre este y aquella, así como la culpabilidad, considerando “la naturaleza de la responsabilidad (subjetiva u objetiva) o de la modalidad de las obligaciones de que se trata (de medio o de resultado)”.
Corte suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 27 de marzo de 2025, expediente 2013-00141-01.
46 Idem. Ejemplo de criterios de imputación objetiva: “De forma especial es dable que pueda
imputársele responsabilidad cuando no alcanzó un resultado determinado, lo que sucederá «en los casos en que haya una convención expresa, se trate de resultados de exámenes de laboratorio, recaiga sobre equipos ortopédicos o anticonceptivos de uso común, y todas las demás situaciones que puedan equipararse a las precedentes» (ibidem)”.
insuficiente, es dable acudir a los estándares res ipsa loquitur, culpa virtual y resultado desproporcionado, los cuales permiten decantar las reglas que han de gobernar la causalidad de los errores galénicos".
Las tres expresiones designan una misma herramienta de alternativa probatoria, nombrada de distinto modo según la tradición jurídica de origen48. Res ipsa loquitur en el common law, culpa virtual (faute virtuelle) en Francia y resultado o daño desproporcionado en España. Todas responden a la dificultad estructural que enfrenta el paciente para demostrar la negligencia médica y operan sobre la idea de que el daño producido es de tal modo insólito que solo pudo ocurrir mediando negligencia.
En sentencia del 24 de mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia reconoció que el estándar de res ipsa loquitur, culpa virtual y daño desproporcionado sirve también para analizar la culpa y no solo el nexo causal:
El trasfondo del ataque implica aceptar que el éxito de la pretensión indemnizatoria pendía de demostrar, entre otras cosas, la culpa del médico demandado Juan José Uribe Pardo, bien por la actividad directa del extremo demandante, como regla general, ora por la aplicación de otros estándares o criterios excepcionales de flexibilización en esa precisa materia, como supra se anticipó.
Esto último, al ser factible, en doctrina de esta Corporación, “(…) que el juez, con sujeción a las normas jurídicas y de la mano de las reglas de la experiencia, el sentido común, la ciencia o la lógica, deduzca ciertas presunciones (simples o de hombre) (…); o que lo haga a partir de indicios endoprocesales derivados de la conducta de las partes (artículo 249 ibídem); o que acuda a razonamientos lógicos como el principio res ipsa loquitur [la cosa habla por sí misma] (como cuando se olvida una gasa o material quirúrgico en la zona intervenida, o se amputa el miembro equivocado, etc.); o teniendo en consideración la manifiesta anormalidad de las consecuencias del acto médico deduzca una 'culpa virtual' o un 'resultado desproporcionado' (…)”.
Res ipsa loquitur –la cosa habla por sí misma– es la regla según la cual, cuando el objeto o el ámbito que causa el daño está bajo el control del demandado y se produce un resultado que no suele ocurrir en el curso normal de los acontecimientos si quienes controlan la situación actúan con diligencia, la falta de explicación por parte de aquel constituye prueba razonable de que el daño se produjo por falta de diligencia50.
Culpa virtual es la denominación francesa construida sobre la anormalidad del resultado. Permite presumir la responsabilidad del profesional cuando media un resultado de tal entidad y naturaleza ilógica que solo puede deberse a una negligencia51.
48 Fuente doctrinal para este razonamiento: 1) Anales de Derecho, Res Ipsa Loquitur y Daño Desproporcionado en la Responsabilidad Médica, Marina Álvarez Sarabia, Universidad de Murcia.
2) Revista Jurídica Piélagus, Vol. 21 No. 1, Res Ipsa Loquitur y su aplicación en materia de responsabilidad civil médica en Colombia, Iván Mauricio Paéz Sierra, Universidad Surcolombiana. 3) Navarro Michel, .M. (2003). Sobre la aplicación de la regla res ipsa loquitur en el ámbito sanitario. Anuario De Derecho Civil, 56(3), 1197–1230. https://revistas.mjusticia.gob.es/index.php/ADC/article/view/3072 4) Revista CESCO de Derecho de Consumo N°8/2013, El Daño Desproporcionado, Marta María Sánchez García, Universidad Castilla La Mancha
49 SC7110-2017, radicación n.° 05001-31-03-012-2006-00234-01
50 NAVARRO MICHEL, Mónica. «Sobre la aplicación de la regla res ipsa loquitur en el ámbito sanitario». En: Anuario de Derecho Civil, t. 56, fasc. 3, 2003, pp. 1197-1198; ÁLVAREZ SARABIA, ob. cit., p. 12.
51 ÁLVAREZ SARABIA, ob. cit., p. 9; SÁNCHEZ GARCÍA, ob. cit., pp. 242 y 250.
Resultado desproporcionado es la formulación española y se define como aquel daño no previsto ni explicable en la esfera de la actuación profesional médica, dada su desproporción con lo que es usual comparativamente, atendiendo a las reglas de la experiencia y el sentido común, al estado de la ciencia y a las circunstancias de tiempo y lugar. Su efecto propio consiste en trasladar al facultativo el deber de explicar las circunstancias en que el daño se produjo, en virtud del principio de facilidad y proximidad probatoria. La ausencia u omisión de esa explicación es lo que hace surgir la deducción de negligencia52.
La culpa virtual y el resultado desproporcionado se construyen sobre la anormalidad del desenlace de un acto médico cuya ejecución no aparece desviada por sí misma. El res ipsa loquitur, en cambio, opera cuando el suceso mismo revela la negligencia.
Se trata de razonamientos inferenciales que admiten prueba en contrario mediante la demostración de una conducta ajustada a la lex artis o de la explicación satisfactoria de la causa real del resultado53.
Conviene precisar el lugar que estos estándares ocupan en el régimen de la carga de la prueba. La regla general del artículo 167 del Código General del Proceso es que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. En materia de responsabilidad médica significa que corresponde al demandante acreditar el daño, la culpa y el nexo causal. Los criterios de res ipsa loquitur, culpa virtual y resultado desproporcionado no desplazan esa regla ni relevan al actor de su carga.
Lo que hacen es permitir que esa carga se satisfaga mediante prueba indirecta. No se trata de presunciones legales –que solo el legislador puede establecer– ni un régimen de responsabilidad objetiva, sino presunciones judiciales o de hombre que el juez construye a partir de hechos probados, conforme a la apreciación conjunta de las pruebas según las reglas de la sana crítica y a los criterios que gobiernan la prueba indiciaria.
El demandante debe acreditar los hechos base de la inferencia: que se produjo un daño, que es anómalo o desproporcionado frente a lo que ocurre en el curso normal de los acontecimientos cuando se obra con diligencia, y que tuvo lugar dentro del ámbito de actuación y control del demandado.
El estándar no es una teoría causal alternativa sino una regla de inferencia que opera sobre hechos probados. Por eso la Corte Suprema precisó que sirve para analizar la culpa y no solo el nexo causal, la inferencia es una sola y se proyecta sobre ambos elementos.
La doctrina identifica un rasgo común a los tres criterios y es que el daño tenga lugar por una conducta comprendida en la esfera de acción o campo de actuación del responsable54. Este requisito no llega al punto de reclamar el conocimiento pormenorizado de la conducta ni la individualización de quien la ejecutó materialmente. Tampoco supone que el demandado tenga bajo sujeción el
52 ÁLVAREZ SARABIA, ob. cit., p. 10; SÁNCHEZ GARCÍA, ob. cit., p. 251
53 SÁNCHEZ GARCÍA, ob. cit., conclusión 5.ª; NAVARRO MICHEL, ob. cit., p. 1228, quien advierte que de la anormalidad del daño no se sigue de manera automática la negligencia del profesional
54 SÁNCHEZ GARCÍA, ob. cit.; ÁLVAREZ SARABIA, ob. cit., p. 15; NAVARRO MICHEL, ob. cit., p.
1204; PÁEZ SIERRA, ob. cit.
instrumento o la situación en el instante mismo en que el daño sobrevino. Basta con que estuviera en posición de gobernarlos y que pudiera hacerlo. Esa posición se establece atendiendo al ámbito en que se desenvuelve su ejercicio profesional y a la ventaja de conocimiento técnico que allí ostenta55.
Lo determinante no es el grado de dominio efectivamente ejercido, sino la aptitud para eliminar explicaciones alternativas. La prueba debe permitir que tanto el obrar del propio paciente como la injerencia de terceros ajenos queden reducidos a hipótesis improbables56. Esta exigencia converge con el criterio de la Corte Suprema de Justicia, que para imputar un daño exige “que el juez declare que un hecho es obra de un agente, deberá estar probado en el proceso (sin importar a quien corresponda aportar la prueba), que el hecho desencadenante del daño ocurrió bajo su esfera de control y que actuó o dejó de actuar teniendo el deber jurídico de evitar el daño”57.
Dicho de otro modo, por grave que resulte el daño, no puede imputarse al profesional aquello que se produjo fuera del ámbito que le era propio, ni aquello que corresponde a un riesgo inherente al procedimiento, cuya materialización no genera daño indemnizable justamente por no provenir de un comportamiento culposo58.
El desarrollo de la atención médica que recibió la paciente antes de su muerte
Tras la extracción errónea del riñón derecho el 21 de abril de 2008 por el médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz de la Organización Clínica General del Norte S.A., el 27 de abril de 2008 el urólogo Bey Brochero practicó59 a la paciente la nefrectomía izquierda60. Como consecuencia, quedó sin riñones.
A partir de ese momento, requirió diálisis para el mantenimiento de sus funciones vitales y necesitó varias hospitalizaciones relacionadas con la insuficiencia renal y complicaciones relacionadas61.
El 11 de febrero de 2009 recibió un trasplante de riñón en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín62.
Tras seguimiento y observación clínica se dejó constancia de una evolución posoperatoria favorable y de la adaptación inicial al injerto renal, y se ordenó su alta el 28 de febrero de 2009, con las advertencias propias de la intervención y signos de alarma63.
Luego del trasplante, la paciente presentó síntomas de rechazo del injerto y deterioro progresivo de la función renal, episodios que fueron atendidos en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín64 y en la Organización Clínica General del
55 ÁLVAREZ SARABIA, ob. cit., p. 15; NAVARRO MICHEL, ob. cit., p. 1204 y nota 17
56 ÁLVAREZ SARABIA, ob. cit., p. 15; NAVARRO MICHEL, ob. cit., p. 1204
57 CSJ, Sala de Casación Civil, sentencia SC13925-2016 del 30 de septiembre de 2016, rad. 05001-31-03-003-2005-00174-01
58 CSJ, Sala de Casación Civil, sentencia SC7110-2017
59 Previo a la cirugía se suscribió el correspondiente consentimiento informado, el cual fue firmado por su hermano. F. 423-424 c-10.
Norte S.A65. Ambas instituciones registraron el incumplimiento del tratamiento inmunosupresor66:
Nota del 23 de noviembre de 2010 en la historia clínica del Hospital San Vicente de Paúl de Medellín: “refiere que no toma medicamentos de forma adecuada y suspendió prednisolona […] se evidencia no adherencia al tratamiento”.
Nota del 17 de diciembre de 2015 en la historia clínica de la Organización Clínica General del Norte: “refiere no tomarse el medicamento tipo tacrolimus a las horas indicadas y no presenta buena adherencia”.
En febrero de 2016, reingresó al Hospital San Vicente de Paúl de Medellín por deterioro progresivo de la función renal, diarrea crónica y pérdida de peso. Fue dada de alta con diagnóstico de disfunción crónica del implante, entre otras comorbilidades67.
El 10 de abril de 2016, Diana María Meléndez Surmay ingresó al servicio de urgencias de la Organización Clínica General del Norte S.A. por vómito, diarrea y cólicos de aproximadamente tres semanas de evolución. El diagnóstico inicial fue "colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas"68.
Los exámenes de laboratorio iniciales revelaron niveles de creatinina y nitrógeno ureico -indicadores de la función renal- gravemente alterados, lo que llevó a diagnosticar una insuficiencia renal aguda. Ante la severidad del cuadro, fue trasladada a la UCI, donde el diagnóstico evolucionó a falla y rechazo del trasplante de riñón69.
Durante su hospitalización, entre el 17 de abril y el 7 de mayo de 2016, la paciente presentó edema facial, color urémico70, acumulación de líquido en el abdomen y diarrea persistente. Aunque los médicos registraron que se mantenía con signos vitales estables, también documentaron un deterioro progresivo de la función renal y la presencia de complicaciones infecciosas71.
El 11 de mayo de 2016 su estado se agravó. Desarrolló insuficiencia respiratoria, una crisis de presión arterial, edema agudo de pulmón, infección generalizada de origen pulmonar y neumonía. Desde ese momento requirió conexión a un respirador mecánico, medicamentos para sostener la presión arterial y sesiones de hemodiálisis de forma continua. Su pronóstico fue calificado como reservado72.
El 2 de junio de 2016 presentó un paro cardiorrespiratorio, fue reanimada con presión arterial inestable, sin producción de orina y dependiente del respirador mecánico73. A las 8:16 am del 4 de junio de 2016, sufrió un nuevo paro
66 Consiste en el uso de medicamentos que reducen la actividad del sistema inmunológico. Se utiliza principalmente para evitar que el cuerpo rechace un órgano trasplantado y para controlar enfermedades autoinmunes.
70 Alteraciones en la coloración de la piel y la orina que ocurren debido a la uremia (acumulación de toxinas y desechos en la sangre que los riñones no logran filtrar), un cuadro grave asociado a la insuficiencia renal crónica.
cardiorrespiratorio, se activó el protocolo de reanimación con maniobras básicas y avanzadas durante 30 minutos y murió74.
La historia clínica de la Organización Clínica General del Norte S.A. anotó como causa principal de muerte "falla y rechazo del trasplante de riñón”75.
Análisis de imputación de las entidades demandadas
Los recursos de apelación exigen revisar si la muerte es imputable al médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz, la Organización Clínica General del Norte S.A., el Ministerio de Educación Nacional, la Fiduprevisora S.A. como administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de La Guajira o el incumplimiento del tratamiento de inmunosupresión.
Análisis de culpabilidad en la extracción del riñón sano
Corresponde determinar si el error quirúrgico obedeció a un actuar negligente, imprudente o falto de pericia, o si fue un resultado imprevisible que no era exigible evitar.
La obligación del médico es de medio y no de resultado y el solo desenlace adverso no acredita la culpa. Esta se establece por comparación con la lex artis, es decir, con las reglas técnicas que rigen la práctica de la especialidad al momento de la intervención. Hay culpa –por negligencia, imprudencia o impericia– cuando el daño era previsible y evitable si se observan esas reglas. Y cuando el expediente no ofrece prueba directa de la conducta desplegada, la negligencia puede deducirse conforme al res ipsa loquitur, la culpa virtual y el resultado desproporcionado.
En primera instancia declaró el urólogo Bey Brochero quien hizo la segunda cirugía para extraer el riñón afectado y dijo que la incisión quirúrgica inicial del médico Escorcia Quiroz fue adecuada. Sin embargo, este último no encontró el riñón de inmediato, sino que amplió el corte hacia arriba y lo halló adherido al diafragma en una posición más alta de lo habitual. Explicó que el riñón izquierdo se movió hacia ese lugar como mecanismo de defensa a las infecciones que generaron cicatrices que lo fijaron progresivamente al diafragma.
El médico Bey Brochero destacó que el riñón izquierdo presentaba una textura dura y múltiples adherencias. Se trató de una situación atípica, pues al ingresar por el lado izquierdo y estar el riñón de ese lado desplazado hacia arriba, se visualizaba el derecho porque la distancia entre ambos era de apenas tres centímetros.
El médico internista e intensivista José Jaraba Sierra testificó que conoció a la paciente cuando fue trasladada de La Guajira con un diagnóstico de riñón izquierdo hidronefrótico y excluido. Explicó que el órgano generó que el derecho asumiera su función, convirtiéndose en uno vicariante76 y desplazó al izquierdo hacia una posición más elevada y dificultó su identificación.
En el mismo sentido, el médico infectólogo Felipe González declaró que el abordaje quirúrgico fue el correcto y que, ante alteraciones anatómicas como la
76 Es decir, un órgano que suple la función del otro.
descrita, el riñón puede variar su ubicación habitual y dificultar su identificación.
El 1 de abril de 2008, veinte días antes de la cirugía inicial, a la paciente le realizaron una ecografía de abdomen total y el hallazgo sobre el riñón izquierdo fue el siguiente:
Riñón izquierdo con dilatación pielocalicilar importante
Los hallazgos son compatibles con pancreatitis? Dilatación pielocalicilar izquierda importante por probable obstrucción ureteral izquierda77
El expediente no ofrece prueba directa de la conducta que el cirujano desplegó en el quirófano durante la cirugía y tampoco sobre las verificaciones que precedieron a la extirpación del órgano. De hecho, los médicos que declararon reconocieron lo difícil que fue ubicar el riñón afectado y no advirtieron negligencia en el médico Escorcia Quiroz. Sin embargo, la apreciación de los testigos no releva a la Sala de valorar la conducta ni constituye una causa que explique satisfactoriamente la extirpación del órgano sano.
Esa ausencia de prueba directa es lo que hace insuficiente las teoría clásicas de causalidad para explicar por el acto médico del 21 de abril de 2008. La reconstrucción de lo ocurrido en ese momento es precisamente el supuesto para el que los estándares fueron concebidos.
Esa insuficiencia tiene un alcance delimitado. No se predica de toda la atención médica que recibió la paciente ni de la cadena de sucesos posterior a la cirugía, que consta en las historias clínicas de las instituciones tratantes y fue objeto de dictamen pericial. Se circunscribe al acto quirúrgico del 21 de abril de 2008, que es el momento respecto del cual la prueba directa falta.
De las tres formulaciones, la que corresponde a esta situación fáctica es el res ipsa loquitur. La paciente ingresó al quirófano para que le extirparan el riñón que ya no funcionaba y salió sin el único órgano funcional. Ese suceso no ocurre en el curso normal de una nefrectomía cuando el cirujano actúa con diligencia, se produjo dentro de su ámbito de control y no recibió explicación que lo hiciera comprensible sin negligencia.
No se trata aquí de inferir una conducta negligente a partir de un desenlace desproporcionado frente a lo esperado, que es el terreno propio de la culpa virtual y del resultado desproporcionado, sino de un hecho que por sí mismo revela la inobservancia del deber de identificar el órgano antes de extirparlo. Ello no supone que las otras dos denominaciones designen instituciones diversas –son la misma herramienta nombrada según la tradición jurídica de origen–, sino que la formulación aplicable es la que corresponde a la estructura del suceso examinado.
Además, el daño tuvo lugar dentro del campo propio de actuación del responsable. La lectura de los estudios diagnósticos, la identificación del órgano y su contraste con la descripción de los exámenes previos pertenecían a la especialidad del cirujano y estaban bajo su control, sin que sea necesario conocer el detalle exacto de la conducta desplegada ni el momento preciso en que la verificación se omitió. La falta de prueba sobre cómo el cirujano identificó el órgano extirpado no puede favorecerlo ni trasladar su consecuencia al paciente.
77 Página 99 de archivo PDF: 01 DEMANDA Y ANEXOS DE FOLIO 1 A 126
Tampoco se probó causa ajena a la conducta del cirujano que explique satisfactoriamente la extirpación del riñón sano. Los testimonios indican que el riñón izquierdo migró hacia una posición más elevada, mientras que el riñón derecho asumió su función. Esa configuración anatómica –invocada como explicación del error– permite comprender la dificultad que enfrentó el cirujano para ubicar el órgano en el sitio esperado, pero no acredita que la dificultad fuera insuperable ni eliminaba el deber de verificar la identidad del riñón antes de extirparlo.
El error tampoco puede calificarse de invencible como lo alega el médico. La ecografía practicada veinte días antes de la cirugía describía un riñón izquierdo con dilatación pielocalicilar importante por probable obstrucción ureteral izquierda, y el urólogo Bey Brochero que días después extrajo ese órgano lo halló con textura dura y con múltiples adherencias. Son características que lo diferenciaban del riñón derecho, que era el órgano funcional.
Además, se trataba de un especialista en urología que conoce la anatomía del sistema renal y está entrenado para intervenir en ese campo. Frente al procedimiento que ejecutaba y a la información diagnóstica de que disponía, su formación y experiencia le imponían un estándar de diligencia cualificado que comprendía el deber de identificar correctamente el órgano antes de extirparlo.
No hay incongruencia entre reconocer que la cirugía se practicó por el costado correcto y declarar la culpa del médico, como lo plantea el cirujano Escorcia Quiroz en su apelación. El reproche no recae sobre la vía de acceso ni sobre la existencia de la anomalía anatómica, sino sobre la omisión de verificar la identidad del órgano antes de extirparlo.
Tampoco se dejaron de valorar la historia clínica y los testimonios de los especialistas como lo alega la Organización Clínica General del Norte S.A. en la apelación. Ambos medios se apreciaron y se les reconoció el alcance que tienen: explican la dificultad para ubicar el órgano en el sitio esperado, pero no dan cuenta de un impedimento para contrastar el órgano hallado con la descripción de los exámenes previos, que es la omisión reprochada. Ninguna de esas circunstancias constituye, entonces, una causa que explique satisfactoriamente el resultado.
En conclusión, se descartan las apelaciones del médico y de la Organización Clínica General del Norte S.A. sobre la ausencia de prueba de la culpa. Se confirmará que el médico Escorcia Quiroz actuó con culpa, a título de negligencia, al extraer el riñón sano, porque el resultado de la intervención solo se explica por la omisión del deber de identificar el órgano antes de extirparlo.
Análisis del nexo causal entre la extracción del riñón sano y la muerte de la señora Diana María Meléndez Surmay
El análisis del nexo causal entre la conducta culposa del médico y la muerte de la paciente parte de lo acreditado por el dictamen pericial en el sentido de que la expectativa de vida de la paciente con solo el riñón sano era la promedio. Es decir, la paciente podía llevar una vida normal con su riñón derecho y su expectativa de vida no se reducía por la extirpación del izquierdo, que era el órgano excluido y sin función. Así lo constató el peritaje del médico Jairo Hernán González que aportó la parte actora, sin que haya prueba que diga lo contrario:
- Dictamen que aportó la parte actora:
2.1.- La nefrectomía del riñón sano, en una paciente que previamente no tenía alteración de la tasa de filtración glomerular, y la cesación de las funciones del riñón nativo de manera abrupta, inducen falla renal terminal que conlleva la paciente a hemodiálisis y posteriormente al trasplante renal, estos eventos conducen a disminuir la expectativa de vida, añadir una carga de enfermedad a la paciente que no hubiese tenido con su riñón nativo, pues se reitera que este se encontraba sano. 2.2.- La nefrectomía accidental del riñón sano condujo a la paciente a enfermedad renal terminal y posteriormente a hemodiálisis por cerca de 11 meses y luego a trasplantarse de riñón. El trasplante renal tiene implícito el uso de medicamentos inmunosupresores como los esteroides que pueden desencadenar efectos adversos como alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, diabetes mellitus, hiperlipidemia, depresión o empeoramiento de estas condiciones si son preexistentes. 3.3.- La nefrectomía del riñón nativo sano de la paciente y la posterior nefrectomía total conducen a la muerte de la paciente debido a complicaciones derivadas de los riesgos a los que fue expuesta.
¿Cuánto hubiera sido el tiempo de vida estimado si DIANA MELENDEZ queda con su riñón derecho? R/. Con la función renal reportada antes de los eventos el único dato valedero son las curvas de expectativa de vida al nacer que superaría para ella los 70 años teniendo en cuenta que según el DANE hoy para mujeres es de 80 años y al momento de nacer la paciente en el año 1969 era de 68 años aproximadamente78.
En primera instancia se escucharon los testimonios79 de médicos especialistas que conocieron el caso de Diana María Meléndez Surmay por su vínculo con la Organización Clínica General del Norte S.A. Esa circunstancia no conduce al rechazo automático de sus versiones, pero sí exige que sus afirmaciones sean apreciadas con mayor rigor y confrontadas con los demás medios de convicción obrantes en el expediente80.
Tales testimonios81 coinciden en que la adherencia al tratamiento
78 El dictamen se encuentra en: Archivo PDF 93_93AGREGARMEMORIAL. El auto del 4 de octubre de 2022 del Tribunal explica cómo se incorporó al proceso:
“Mediante informe de fecha 29 de septiembre de 2022, la Secretaría de este tribunal da cuenta al despacho del suscrito magistrado, que en audiencia de pruebas de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se recaudaron las pruebas, por lo que el expediente se encuentra pendiente de correr traslado de alegatos. En lo concerniente a la solicitud del apoderado del señor Omar Guillermo Escorcia Quiroz, de fijar fecha de audiencia de pruebas para recepcionar declaración al señor Jairo Hernández Gonzales Bautista, perito que elaboró el dictamen aportado por el apoderado de la parte demandante, para que fuera sustentado en audiencia de pruebas teniendo en cuenta que la pericia tiene como finalidad contradecir el dictamen pericial que el demandado, Omar Escorcia Quiroz, aportó en la contestación de la demanda. Esta corporación judicial advierte que la valoración de este contra dictamen se tendrá en cuenta en la sentencia, pues dicho dictamen no fue decretado como prueba, sino que fue aportado para controvertir el dictamen pericial que aportó el demandado y que fue decretado en audiencia inicial de fecha veintitrés (23) de junio de 2022, el cual, posteriormente, fue sustentado en audiencia de pruebas.
Esto, de conformidad con lo establecido en el artículo 228 del CGP, que establece: 'La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones' ”.
79 Los testimonios se escucharon en audiencia de práctica de pruebas celebrada los días 6, 12, 14, 19, 26 y 28 de julio (f. 1067-1100 c-6 Cd No. 5, 4 y 5); 2, 4 y 11 de agosto (f. 1101-1107 c-6
Cd. No. 6.); y 20 de septiembre de 2022 (f. 1165-1167 c-6 Cd No. 7).
80 Si bien el ordenamiento jurídico trata como sospechosas para declarar las personas que, en criterio del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas (Art. 211 CGP), el Consejo de Estado ha establecido que no pueden descartarse de plano sus versiones, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, sentencia del 14 de julio de 2016, C.P. Hernán Andrade Rincón, exp. 36932. 81 Bey Brochero indicó que la paciente no cumplía adecuadamente el tratamiento; José Jaraba Sierra señaló que la no adherencia es contraproducente y puede anticipar el deterioro; Felipe González explicó que su incumplimiento genera rechazo del injerto; Carlos Rebolledo advirtió que el éxito del trasplante depende del seguimiento estricto del tratamiento; Álvaro Viñas atribuyó los episodios de rechazo a la falta de adherencia; y Rafael del Castillo Gómez destacó que su incumplimiento puede implicar la pérdida del órgano trasplantado.
inmunosupresor es determinante para la supervivencia del injerto. Indicaron que su incumplimiento puede generar rechazo del órgano, pérdida de la función renal y aumento del riesgo de complicaciones infecciosas, mientras que una adecuada observancia del tratamiento puede prolongar significativamente la vida del paciente trasplantado.
El dictamen del médico forense Manuel Martínez Orozco señaló que el trasplante tuvo una evolución inicial favorable, sin embargo, la paciente no se adhirió al tratamiento. Indicó que la suspensión de los medicamentos inmunosupresores puede ocasionar rechazo celular agudo y pérdida irreversible de la función renal.
Precisó que el rechazo del injerto es un riesgo inherente a todo trasplante, pero que en este caso se incrementó por la suspensión de la medicación y redujo la expectativa de vida del órgano trasplantado.
En la audiencia de contradicción83, el perito reiteró que la no adherencia constituye un factor relevante en el rechazo, sin que ello elimine el riesgo propio del procedimiento que subsiste incluso con un manejo adecuado.
Es cierto que la sentencia del Tribunal guardó silencio sobre el dictamen que la parte demandante aportó, rendido por el médico Jairo Hernández González, para contradecir el peritaje del médico forense Manuel Martínez Orozco. Esa omisión no impide que la Sala lo valore en esta instancia, en conjunto con los demás medios de prueba. El peritaje que aportó la parte actora concluyó que “la nefrectomía del riñón sano nativo sano de la paciente y la posterior nefrectomía total conducen a la muerte de la paciente debido a complicaciones derivadas de los riesgos a los que fue expuesta”84.
La parte demandante también sostuvo, con apoyo en ese dictamen, que el rechazo del injerto obedeció a que el órgano trasplantado cumplió su vida útil promedio y no a la falta de inmunosupresión. Frente a la conducta de la paciente, en cambio, el dictamen no descartó que la suspensión de la medicación incrementara el riesgo de rechazo tal y como lo señaló el peritaje del médico forense.
La falta de adherencia al tratamiento inmunosupresor incidió en el resultado. El dictamen indicó que la suspensión de la medicación puede ocasionar rechazo celular agudo y pérdida irreversible de la función renal y que en este caso incrementó el riesgo de rechazo y redujo la expectativa de vida del órgano. Sin embargo, el propio perito precisó que la no adherencia no elimina ese riesgo. Su aptitud causal es de agravación y no de producción autónoma del resultado.
La atención que recibió la paciente constituyó un acto médico complejo, desarrollado en instituciones distintas entre 2008 y 2016, con intervención sucesiva de varios profesionales y sin prueba directa que permita reconstruir el modo en que se produjo el daño ni asignar la incidencia de cada intervención en la muerte. Es precisamente ese escenario el que la Corte Suprema contempla cuando admite acudir a los estándares de res ipsa loquitur, culpa virtual o resultado desproporcionado. La ausencia de prueba sobre la incidencia concreta de cada acto no es un obstáculo para su aplicación, sino el supuesto que la justifica.
83 Audiencia del 20 de septiembre de 2022 (f. 1165-1167 c-6 Cd No. 7).
84 Folios 1170 1180, cuaderno 7
Ninguno de tales criterios sirve para cuantificar el aporte causal de cada intervención porque esa operación es justamente la que resulta imposible. Opera de otro modo y es para verificar si el resultado, considerado en conjunto, admite una explicación distinta de la conducta negligente situada en la esfera de control del demandado. Si no la admite, el resultado le es atribuible sin necesidad de descomponer la cadena en tramos ni de establecer cuánto aportó cada eslabón.
Aplicado a este caso, el examen arroja el siguiente resultado. La diálisis, el trasplante y la inmunosupresión fueron el tratamiento necesario de la condición que el error quirúrgico creó. La paciente quedó sometida a ellos únicamente porque perdió su único riñón funcional. Ninguno de esos tratamientos constituye una explicación alternativa a la muerte, todos pertenecen al curso que la extracción puso en marcha.
Lo mismo ocurre con el rechazo del injerto que la historia clínica registró como causa principal de la muerte. El dictamen precisó que es un riesgo inherente a todo trasplante y que subsiste incluso con un manejo adecuado de la inmunosupresión. Como la paciente llegó al trasplante por la pérdida de su único órgano funcional, ese riesgo no existía antes de la intervención, de modo que su materialización no rompe la inferencia.
En criterio de la Sala de decisión, la extracción del único riñón funcional de una paciente que ingresó para la extirpación del órgano que ya no funcionaba y la consecuente pérdida de función renal no es una consecuencia que ocurre en el curso normal de los acontecimientos cuando quienes controlan la intervención actúan con diligencia. La desproporción se aprecia con mayor nitidez frente a lo que la prueba acredita: la paciente podía vivir con su riñón derecho y conservar una expectativa de vida promedio.
Además, el resultado se produjo dentro de la esfera –u órbita– de control del cirujano. Ese campo comprende las actividades que durante la intervención le pertenecían de manera exclusiva como la lectura de los estudios diagnósticos que describían un riñón izquierdo con dilatación pielocalicilar importante, el contraste de esa descripción con el órgano hallado, la verificación de la identidad del riñón antes de extirparlo y la toma de decisiones en el quirófano. Ninguna de esas actividades dependía de la paciente ni de un tercero y todas eran exigibles a un especialista en urología.
La esfera de control opera respecto del acto quirúrgico y no se prolonga en el tiempo. Sostener lo contrario supondría atribuir al cirujano el dominio de intervenciones en las que no participó, practicadas por otros profesionales y en otras instituciones. La atribución de las consecuencias posteriores obedece a una razón distinta ya expuesta: el cirujano dominaba en exclusiva el único momento en que el error podía evitarse, y lo que vino después no le es imputable como conducta propia sino como desarrollo del curso que su omisión puso en marcha.
La prueba acredita, además, que el trasplante no era una solución definitiva. El dictamen del médico forense señaló que el rechazo del injerto es un riesgo inherente a todo trasplante, que subsiste incluso con un manejo adecuado de la inmunosupresión, y la parte demandante sostuvo, con apoyo en su propio dictamen, que el injerto cumplió su vida útil promedio. Así, la sujeción de por vida a la inmunosupresión y la exposición a la falla del injerto –que se produjo después de
más de siete años de función– formaban parte del curso que la extracción del riñón funcional puso en marcha.
La enfermedad de base que motivó la extracción del riñón izquierdo enfermo no comprometía la expectativa de vida porque solo afectaba ese órgano que estaba sin función, mientras el derecho la asumía con filtración normal. Así las cosas, la extirpación del riñón sano no fue un factor concurrente a la muerte, sino la conducta culposa misma que la generó. El rechazo del injerto fue un riesgo inherente a una situación de trasplante que solo existió por causa de esa conducta. Y la falta de adherencia agravó un curso ya desencadenado, sin ofrecer una explicación distinta.
La Sala no está ante una pluralidad de explicaciones posibles entre las cuales resulte imposible elegir que es el presupuesto de la pérdida de oportunidad. El resultado admite una sola explicación -conducta culposa- y ninguno de los factores invocados la desplaza. Por eso el daño indemnizable no es la oportunidad de vivir un tiempo adicional sino la muerte, y la incidencia de la conducta de la paciente se traduce en la reducción proporcional de la condena que ordena el artículo 2357 del Código Civil. Prospera en este punto el reparo de la parte demandante y se revocará la calificación del daño que hizo el Tribunal.
Ante la ausencia de una cuantificación técnica de la incidencia causal que tuvo la suspensión de la inmunosupresión y en aplicación del artículo 2357 del Código Civil, la condena se reducirá en 20% por prudente arbitrio judicial. Este porcentaje es inferior al 40% que fijó el Tribunal porque, conforme al dictamen, el rechazo del injerto es un riesgo inherente al trasplante que subsiste incluso con un manejo adecuado de la medicación y el órgano conservó su función durante más de siete años, de modo que la conducta de la paciente agravó el curso causal sin producirlo.
El reparo de la parte demandante sobre que las entidades demandadas debían prestar apoyo psicológico a la paciente cuando advirtieron que no seguía el tratamiento no altera la reducción de la condena. Ese reparo no se formuló como pretensión indemnizatoria autónoma por falla en la atención, sino como razón para descartar o atenuar la incidencia causal de la conducta de la paciente, y en esos términos se resuelve.
Ese acompañamiento pudo favorecer la adherencia al tratamiento, pero su ausencia no rompe el nexo causal ni desplaza la incidencia que su inobservancia tuvo en la pérdida del injerto.
Apartarse del tratamiento conserva relevancia como factor causal concurrente en la producción del daño y sustenta la reducción en la proporción que aquí se reconoce.
En conclusión, se probó el nexo causal entre la muerte de la paciente y la extracción negligente del riñón sano.
Atribución de responsabilidad al médico cirujano, las entidades públicas y privadas demandadas
Acreditada la culpa en la extracción del riñón, corresponde establecer a quién se atribuye la responsabilidad por la muerte.
El médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz responde directamente por su propia conducta. Fue él quien practicó la nefrectomía y omitió verificar la identidad del órgano antes de extirparlo. Esa omisión determinó la extracción del riñón funcional y muerte de la paciente.
La Organización Clínica General del Norte S.A. responde de manera directa, y no indirecta. El médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz actuó dentro de su organización asistencial y en desarrollo del servicio que ella prestaba a la paciente. La cirugía se practicó en sus instalaciones con sus medios y como parte de la prestación a su cargo.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia reconoce que las instituciones médicas, como clínicas y hospitales, responden de forma directa por el hecho de sus trabajadores y dependientes, “dado que en ellos se conforma y exterioriza la voluntad del ente colectivo”85. La clínica no puede escindir su posición del médico que hizo la nefrectomía para presentar el error como un episodio personal del profesional. Fue a través de él que desarrolló su propia actividad asistencial y sobre esa prestación recaían sus deberes de seguridad y organización.
De esa concurrencia surge la consecuencia del artículo 2344 del Código Civil86. Quienes con su culpa han intervenido en la causación de un mismo daño responden solidariamente frente a la víctima por todo el perjuicio, sin que este se divida en cuotas entre los responsables. Esa es la fuente de la solidaridad que declaró el Tribunal y que se confirmará entre el médico Ómar Guillermo Escorcia Quiroz y la Organización Clínica General del Norte S.A.
La invocación que el Tribunal hizo de la Ley 100 de 1993 en lugar de la Ley 91 de 1989 no altera esa conclusión. Cualquiera que sea el régimen de afiliación de la paciente docente los elementos que deben probarse para comprometer a la clínica son los mismos –la culpa en la prestación del servicio, el daño y el nexo causal–, de modo que el reparo de la Organización Clínica General del Norte S.A. sobre el régimen que aplicó el Tribunal no incide en la decisión.
En consecuencia, se confirmará la responsabilidad solidaria87 de ambos demandados.
Distinta es la situación de la Nación-Ministerio de Educación Nacional, la Fiduciaria La Previsora S.A. y el Departamento de La Guajira. Conforme a la Ley 91 de 1989, su obligación se circunscribe al manejo del régimen prestacional y de seguridad social de los docentes del sector público. Su responsabilidad puede verse comprometida por omisiones administrativas en la garantía de la cobertura y acceso al sistema o por fallas en el deber de vigilancia y control sobre las instituciones encargadas de prestar el servicio de salud.
85 Sentencia del 27 de marzo de 2025, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, SC072-2025 Radicación n.º 66001-31-03-004-2013-00141-01
86 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más
personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.
87 De conformidad con el artículo 2344 del Código Civil dispone que dos o más personas serán
solidariamente responsables de todo perjuicio procedente de la misma culpa, entonces, por efecto de esa fuente de solidaridad de origen legal la víctima queda facultada para hacer exigible la obligación indemnizatoria a cualquiera de los sujetos que participaron en la producción del daño siempre y cuando la culpa fuese la misma.
Conviene precisar la posición procesal de la Fiduciaria La Previsora S.A. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, pero sin personería jurídica, creada por el artículo 3 de la Ley 91 de 1989, cuyos recursos administra la Fiduciaria La Previsora S.A. Como el fondo carece de personería, no comparece por sí mismo al proceso: la demanda se dirigió contra la sociedad fiduciaria, que obra como su administradora y vocera. De ahí que la legitimación en la causa por pasiva se predique de la fiduciaria y que la imputación que pueda hacérsele se circunscriba a una falla propia en la administración del fondo –el aseguramiento, la contratación de la red, la autorización de los servicios o la vigilancia sobre los prestadores–, sin que responda por los actos médicos ejecutados por la institución prestadora, que no estaban bajo su dirección ni control.
Ese alcance se confirma con el numeral 2° del artículo 5° de la Ley 91 de 1989, que fija como objetivo del fondo garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales, “que contratará con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo”. La norma no le atribuye la ejecución del acto médico sino su aseguramiento por intermedio de terceros, de modo que la garantía que consagra es de organización del sistema de atención –selección y contratación de la red, autorización de los servicios, continuidad de la cobertura y vigilancia sobre los prestadores– y no una garantía integral del resultado de cada intervención.
La dirección técnica del procedimiento, la elección de los medios materiales y personales y la custodia de la información clínica permanecen en cabeza de la institución contratada. Por eso el incumplimiento del deber legal solo se configura cuando se acredita una falla propia del fondo o de quien lo administra en alguno de esos frentes, y no por el solo hecho de que la red prestadora haya incurrido en un error médico.
Ninguna de esas situaciones se probó. La historia clínica da cuenta de que Diana María Meléndez Surmay contó con cobertura integral del sistema: las remisiones a diferentes ciudades fueron oportunas, los medicamentos fueron suministrados, no se le negó cita ni autorización alguna y la atención se mantuvo en cada etapa del tratamiento durante el curso de la enfermedad hasta su muerte, sin que se probara falla, demora o exclusión de cobertura que comprometiera su responsabilidad.
Tampoco se acreditó una falla en el deber de vigilancia y control sobre la red prestadora. El expediente no tiene pruebas de que las entidades públicas omitieron supervisar la Organización Clínica General del Norte S.A., ni de que conocieron irregularidades en la prestación del servicio que las obligaran a intervenir. A ello se suma que el acto quirúrgico, los estudios diagnósticos y la historia clínica no pertenecían a su campo de actuación, pues el control exclusivo sobre los medios materiales y personales empleados y la custodia de la información clínica correspondían a la institución prestadora, de modo que el daño no tuvo lugar dentro de su esfera de control.
La garantía institucional del régimen de salud del magisterio no convierte a estas entidades en aseguradoras universales de toda falla médica de la red prestadora: su responsabilidad, en los términos del numeral 2° del artículo 5° de la Ley 91 de 1989, exige una falla propia en el aseguramiento, la contratación, la vigilancia, la autorización o la continuidad del servicio. Como esa falla no se
acreditó, no hay lugar a declarar su responsabilidad. El error quirúrgico resulta imputable al médico tratante y a la institución en la que se practicó la cirugía. Se niegan los reparos que sobre este punto formularon la parte demandante y el médico Escorcia Quiroz en los recursos de apelación y se confirmará la sentencia que las exoneró.
Indemnización de perjuicios
Solo se revisará la indemnización de perjuicios que los demandantes pidieron a nombre propio por la muerte de Diana María Meléndez Surmay. En aplicación del artículo 2357 del Código Civil, se reducirán en 20% por la conducta de la víctima. Esta reducción recae en todos los perjuicios y prospera la apelación del médico para que el descuento aplique a toda la condena.
El fuero de atracción traslada la jurisdicción, pero no el régimen sustancial. Por eso la responsabilidad de las entidades públicas se examinó bajo el título de falla probada del servicio, mientras que la de los demandados particulares se rige por el régimen ordinario –comportamiento antijurídico, daño, factor de atribución y nexo causal– y su solidaridad por el artículo 2344 del Código Civil. Esa separación se extiende a la tasación de la indemnización que se hace con los parámetros de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Morales
El perjuicio moral alude al dolor, la angustia y en general al padecimiento emocional que experimenta la víctima directa o quienes resultan afectados por la muerte o lesión de un ser querido. Su reparación parte del entendimiento de que este tipo de daño se manifiesta en sentimientos cuya intensidad depende del vínculo afectivo existente con la víctima.
La parte actora apeló la indemnización de los perjuicios morales para que se incrementen con base en la unificación del Consejo de Estado y no en las cuantías de la jurisdicción ordinaria.
No se revisa la indemnización de los perjuicios morales con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado porque el fuero de atracción no modifica el régimen sustantivo de responsabilidad, incluida la indemnización de perjuicios. Sí se revisará conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
En sentencia SC072 de 2025 del 27 de marzo de 202588, la Corte Suprema de Justicia actualizó el parámetro indicativo indemnizatorios del perjuicio moral en caso de muerte en 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). A los hijos corresponde el 100% y a los hermanos el 50%.
Se indemnizará a cada hija 100 SMMLV89 y al hermano 50 SMMLV, reducido en 20%, para un total de 60 SMMLV ($105.054.300) y 40 SMMLV respectivamente ($70.036.200).
La indemnización para el hermano se limita a lo pedido en la demanda que fue $39.062.100 (valor actualizado a agosto de 2026 corresponde a $62.873.626)
88 Radicación n.º 66001-31-03-004-2013-00141-01
89 La demanda pidió para cada hija la indemnización del perjuicio moral por la muerte de su madre en $78.124.200 (el valor actualizado no supera los 60 SMMLV de 2026).
porque es lo máximo que se puede conceder y los 40 SMMLV de 2026 ($70.036.200) excede dicho monto. El principio de congruencia impone este límite90.
FÓRMULA DE ACTUALIZACIÓN POR INFLACIÓN
Valor actualizado = Valor original × (IPC fecha final / IPC fecha inicial)
OPERACIÓN
$39.062.100 × (160,42 / 99,30) = $63.105.156
RESULTADO
Monto original: COP 39.062.100 (agosto 2018)
Monto actualizado: COP 62.873.626 (agosto 2026)
Daño emergente
La demanda pidió indemnizar el daño emergente en $834.000 consistente en:
La suma de dinero que le causó un detrimento patrimonial en razón a que se han visto obligado a costear los gastos médicos, tratamiento, medicamentos e insumos, en ocasión de los perjuicios sufridos equivalentes a OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 834.000).
Correspondiente a las siguientes facturas:
No 79760, 80592, 81550, 82313, 88124, 83307 expedidas por Nefron S.A.S, por un valor total de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($464.000)
(Prueba 23 y 32)
N°2668 expedida por Ramírez Tobón Teresita de Jesús – Hotel Nuevo Capitolio, por valor de $140.000.
N66 487534 expedida por Éticos Serrano Gómez Ltda., por valor de $9010.
No FMA-499153 expedida por Drogas S&S s.a. por valor de $ 21.000.
Recibo de caja doctora Margarita Arteta – Psiquiatra $200.000.
Se confirmará la sentencia del Tribunal que negó esta pretensión porque son gastos que se causaron a favor de la paciente en vida, pretensión que caducó.
No prospera la apelación de la parte actora para que se indemnice el daño emergente, por la misma razón.
Lucro cesante
El Tribunal reconoció lucro cesante a favor de Diana Marcela y María Alejandra Elles Meléndez hasta la edad de veinticinco años por la pérdida de oportunidad de que su madre viviera un tiempo adicional y les proporcionara soporte económico.
Se revocará esta condena porque la demanda no pidió indemnización del lucro cesante para las hijas por la muerte de su madre. Por lo mismo, el reparo de la Organización Clínica General del Norte S.A. sobre la improcedencia de ese lucro cesante por haber recibido las hijas la pensión de sobreviviente del FOMAG hasta los veinticinco años queda sin objeto: revocada la condena por incongruencia, la Sala no debe examinar si esa prestación compensaba el perjuicio.
90 Artículo 281 Código General del Proceso: “No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último”.
El artículo 281 del Código General del Proceso dice que la sentencia debe corresponder con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda. Así mismo, que “no podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta”.
La pretensión indemnizatoria de lucro cesante es la siguiente:
Lucro cesante pasado y futuro
La suma de dinero dejada de percibir por la señora Diana María Meléndez Surmay (QEPD) debido al daño padecido como consecuencia de la cirugía nefrectomía bilateral que le impidió continuar ejerciendo sus funciones con una pérdida de la capacidad laboral del 85%.
De acuerdo con la Resolución 009 de febrero de 2010 mi poderdante laboraba como docente de vinculación nacional en la Institución Educativa Livio Reginaldo en el municipio de Riohacha, con una asignación básica mensual de $1.899.113
Esta pretensión pertenece al daño que en vida sufrió la paciente y que los demandantes pidieron para la masa sucesoral. Sin embargo, como el medio de control de reparación directa respecto de ese daño caducó, es improcedente reconocerla.
El Tribunal dictó una sentencia extra petita91 porque condenó al pago de una indemnización que no pidió la demanda. Como los recursos de apelación del médico y de la Clínica General del Norte S.A. se opusieron a la condena por lucro cesante, se revocará la sentencia de primera instancia en este punto.
Daño a la vida de relación o al agrado
En sentencia del 27 de marzo de 202592, la Corte Suprema de Justicia actualizó los parámetros indemnizatorios de daños extrapatrimoniales. Definió el daño a la vida de relación como la imposibilidad de la víctima de disfrutar o realizar las actividades de recreo, disfrute o sosiego, e incluso las normales o esenciales de la vida –comer, beber, levantarse, acostarse, caminar, controlar esfínteres, realizar labores domésticas, manejar dispositivos–, como consecuencia del daño. Se diferencia del perjuicio moral en que se refleja en la esfera externa del individuo y no en los sentimientos y afectos.
En esa sentencia, la Corte reconoció que este perjuicio no solo lo sufre la víctima directa, sino que también surge por la muerte del cónyuge, compañero permanente “o equivalentes”. El criterio que subyace al daño a la vida de relación en personas diferentes a la víctima directa es que no es exclusivo de lesiones personales, sino la supresión o alteración objetiva de las actividades que desarrollaba con la víctima.
La Corte sugirió un máximo indemnizatorio de 200 SMMLV, sin perjuicio de que el juez se aparte según las particularidades del caso. La guía indemnizatoria sugiere que, en caso de muerte de un familiar, se reconozca el 40% del tope.
Este perjuicio no se presume, sino que debe probarse y su valoración está deferida al prudente arbitrio del juzgador, quien debe tomar en consideración las
91 Cuando el juez condena por algo que la demanda no pidió
92 Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, SC072-2025, radicación 66001-31-03-004-2013-00141-01
circunstancias del caso y de los damnificados, para evitar estimaciones excesivas o irrisorias que desdibujen el instituto de la responsabilidad civil93.
Cuando murió su madre, Diana Marcela Elles Meléndez tenía 19 años y María Alejandra Elles Meléndez 1794. Aunque no eran niñas, sino adolescentes, la muerte de una madre implica la supresión objetiva de las actividades que ambas desarrollaban con ella y que estructuraban su vida cotidiana. A partir de su muerte, su madre dejó de compartir con ellas y su rutina cambió para siempre porque la figura materna es irremplazable. Es una afectación autónoma y diferenciable del perjuicio moral ya reconocido que se limita a la parte emocional.
La parte demandante no apeló el monto de la indemnización del daño a la vida de relación, pero el médico sí cuestionó que no se redujera por la conducta de la paciente de suspender el tratamiento por eso se revisará el reparo de este último.
La condena que el Tribunal impuso para indemnizar el daño a la vida de relación de cada una de las hijas por la muerte de su madre es de $25.000.000. Se reducirá en 20% por la participación de la paciente en su muerte al ser un punto de apelación del médico: $25.000.000 menos el 20% equivale a $20.000.000. Esta suma actualizada a agosto de 2026 equivale a:
Fórmula Ra = Rh × (IPC final / IPC inicial). Donde Rh es la renta histórica.
Se emplea la serie de empalme del DANE IPC de noviembre de 2022 = 124,46 e IPC de agosto de 2026 = 160,42.
Así: $20.000.000 × (160,42 / 124,46) = $25.778.563
Así mismo, se confirmará la negativa de indemnizar el daño a la vida de relación para la masa sucesoral de la paciente por caducidad del medio de control. Por la misma razón son improcedentes el perjuicio moral y el daño a la salud que la parte demandante reclamó para la masa sucesoral por la afectación que la paciente sufrió en vida, de modo que tampoco prospera el cargo en esos dos extremos.
- Llamamiento en garantía a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
La póliza número 1001213003383, denominada RC Profesional Instituciones Médicas se suscribió bajo la modalidad de ocurrencia y estuvo vigente del 17 de junio de 2015 al 16 de junio de 2016. El tomador y asegurado es la Organización Clínica General del Norte S.A. y el beneficiario es cualquier tercero afectado95.
El seguro ampara la responsabilidad de “cualquier acto médico derivado de la prestación de servicios profesionales de atención en salud de las personas” y la responsabilidad “que provenga de acciones u omisiones de sus empleados y/o de los profesionales y/o auxiliares intervinientes, con relación al acto médico".
La cláusula 1.4 de las condiciones generales de la póliza establece que está cubierto el “el acto médico o, que diera origen a las lesiones personales alegados, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) que dicho acto médico haya ocurrido durante la vigencia de esta póliza”96.
94 Registros civiles de nacimiento en folios 69 y 71, cuaderno 1
Como exclusión de la póliza se estipuló que la aseguradora no cubre:
Reclamaciones y/o indemnizaciones que el asegurado tenga que pagar por lesiones corporales que sean consecuencia directa o indirecta de actos médicos ocurridos fuera del período de la cobertura de la póliza
En este caso, el acto médico que generó la muerte de la paciente fue la extracción del riñón sano el 21 de abril de 2008, fecha anterior a la vigencia de la póliza número 1001213003383. Se trata de un acto médico no cubierto por el seguro.
No prospera el reparo según el cual el siniestro relevante fue la muerte de la paciente, ocurrida durante la vigencia del seguro. La póliza se contrató bajo la modalidad de ocurrencia y su cláusula 1.4 condiciona la cobertura a que el acto médico que dio origen a las lesiones haya ocurrido durante la vigencia, de modo que el hecho que delimita el amparo es la conducta médica y no la fecha en que se manifestó el daño.
A la misma conclusión conduce la exclusión transcrita, que descarta las indemnizaciones por lesiones corporales que sean consecuencia directa o indirecta de actos médicos ocurridos fuera del período de cobertura: la muerte del 4 de junio de 2016 es consecuencia del acto médico de 2008 y queda comprendida en esa exclusión.
En consecuencia, se confirmará la decisión que declaró la ausencia de cobertura propuesta por Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Condena en costas
El artículo 365 del CGP menciona que la condena en costas se impone a “quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación [y] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. No se condenará en costas porque ninguno de los recursos prosperó completamente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa respecto de las pretensiones formuladas para la masa sucesoral de la señora Diana María Meléndez Surmay y las que formularon los demandantes a nombre propio por la extracción del riñón funcional de su madre.
SEGUNDO: REVOCAR la condena al pago de la indemnización del lucro cesante para Diana Marcela Elles Meléndez y María Alejandra Elles Meléndez.
TERCERO: MODIFICAR el numeral 5 de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 4 de noviembre de 2022 sobre la condena al pago de la indemnización de los perjuicios morales y daño a la vida de relación. Esta condena queda así:
Pagar a Diana Marcela Elles Meléndez y María Alejandra Elles Meléndez, cada una,
$25.778.563 de indemnización del daño a la vida de relación.
Pagar a Diana Marcela Elles Meléndez y a María Alejandra Elles Meléndez, cada una,
$105.054.300 por concepto de perjuicios morales y a Rafael Alfonso Meléndez Surmay, $63.105.156 por el mismo concepto.
CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia.
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.
SEXTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
VF
| Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. | ![]() |
2
_20260907_obj_1.gif)