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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., primero (1º) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-24-000-2013-00317-00

Demandante: María del Socorro González Baldión Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social Medio de control: Nulidad

Tema: Competencia para decidir acerca de los servicios y/o procedimientos que se incluyen el POS, así como su actualización.

Decisión: Niega las pretensiones de la demanda. Sin condena en costas

 Sentencia de única instancia

La Sala procede a decidir la demanda promovida por la señora María del Socorro González Baldión, en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad, contra los numerales 695101 y 750201 del Anexo 2 «LISTADO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD», del Acuerdo 29 del 28 de diciembre 2011 expedido por la Comisión de Regulación en Salud (CRES)1.

I. DEMANDA

1.1. Pretensiones

La demandante planteó las siguientes pretensiones2:

De manera principal el objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de los numerales 695101 y 750201 del Anexo 2 “LISTADO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD”, del Acuerdo 29 de 2011 de la CRES.

En segundo lugar, y considerando la evidente falta de competencia y falsa motivación que tienen los actos administrativos señalados, respetuosamente solicito que al admitir la presente demanda se ordene la suspensión provisional de los mismos.

1.2. Normas vulneradas y concepto de violación

La demandante invocó como normas vulneradas los artículos 6, 48 y 121 de la Constitución Política; las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011. Como sustento de lo anterior invocó los siguientes cargos:

1 Sus funciones fueron asumidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

2 Expediente digital índice 52, documento denominado: 23_110010324000201300317003EXPEDIENTEDIGICUADERNO120220804161754 (1).

i) Falta de competencia

Adujo que la CRES al expedir el Acuerdo 29 de 2011 (parcialmente demandado), señaló como fundamentos del mismo sus «facultades legales» y «en especial las que le confieren el numeral 1 del artículo 7° de la Ley 1122 de 2007», «el Artículo 25 de la Ley 1438 de 2011 y la Sentencia T-760 de 2008 de la Honorable Corte Constitucional».

Precisó que ninguna de dichas preceptivas hablan del aborto o de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ni facultan a la CRES para incluir medicamentos y/o procedimientos que no están dentro del marco de la ley.

Manifestó que, con la sentencia judicial citada, ocurre algo similar, pues el resuelve de la sentencia «T-769 del 31 de Julio 2008»3 se dan instrucciones a la CRES, pero no se le asignan (ni se le podrían asignar) nuevas facultades, ni allí se hace referencia a procedimientos de aborto o de «interrupción voluntaria del embarazo» (IVE).

Afirmó que el Congreso de la República (legislador ordinario) no ha proferido ninguna ley sobre el llamado servicio IVE, esto es, sobre los casos de aborto que, a la luz de la sentencia C-355 de 2006 no son constitutivos de delito, y ante la ausencia de dicha legislación, el legislador extraordinario o excepcional, esto es, el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, no puede reglamentar su prestación por vía de Decreto, como equivocadamente lo pretendió con el Decreto 4444 de 2006, o por vía de Circular, como pretendió hacerlo la Superintendencia Nacional de Salud por medio de las Circulares Externas 058 de 2009 y 03 de 2011 (incluso contrariando la suspensión provisional del Decreto 4444 de 2006).

Explicó que se cae de su peso pensar que la demandada, una unidad administrativa especial integrada por los ministros de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, así como por cinco comisionados expertos designados por el presidente de la República, sí pueda decidir su inclusión en el plan obligatorio de salud como lo hizo en el anexo 2 del Acuerdo 29 de 2011.

Alegó que el Consejo de Estado en sentencia del 13 de marzo de 2013, aclaró que el

«Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud o quien haga sus veces, según sus competencias, no puedan definir las políticas públicas en materia de salud y seguridad social en especial en cuanto al POS, en relación con los aspectos que fueron objeto de la decisión de despenalización del aborto». Y aludió que una vez suprimido el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), y habiendo la CRES asumido sus funciones, en virtud del artículo 3° de la Ley 1122 de 2007, está claro que la misma tampoco obtuvo la competencia para decidir la inclusión del aborto en el POS. Lo que igualmente puede decirse del Ministerio de Salud, una vez este asumió las funciones de la CRES, como resultado de su supresión por medio del artículo 1 del Decreto 2560 del 10 de diciembre de 2012.

Refirió que la Ley 100 de 1993, en su artículo 162, con referencia al POS dice que «este Plan permitirá la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan», propósito en el que, por tanto, a su juicio, no puede sustentarse la inclusión de los procedimientos de aborto para los casos despenalizados, pues, salvo el llamado «aborto terapéutico», ninguno de estos procedimientos se dirigen a la promoción y fomento de la salud, ni a la prevención, diagnóstico, tratamiento, y rehabilitación de las diferentes patologías.

3 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.

Expresó que el parágrafo 2° del artículo citado, dice que «los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud serán actualizados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los cambios en la estructura demográfica de la población, el perfil epidemiológico nacional, la tecnología apropiada disponible en el país y las condiciones financieras del sistema», por lo que consideró que es claro que la inclusión de los procedimientos abortivos debería tener un sustento semejante y no un Decreto o su norma técnica, la jurisprudencia o, como sucedió en el caso de las normas aquí demandadas, no tener ningún sustento en absoluto (para lo que basta con que se soliciten a la CRES los antecedentes de lo dispuesto en los numerales demandados).

Concluyó que ninguna de las normas señaladas como fundamento del Acuerdo 029 de 2011 autorizan o asignan a la CRES la competencia para incluir al plan obligatorio de salud procedimientos quirúrgicos cuyo objetivo sea producir el aborto o la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en los casos despenalizados por la sentencia C-355 de 2006 (en donde la expresión IVE ni siquiera aparece), tal como se ha hecho en el anexo 2 de ese Acuerdo.

ii) Falsa motivación de las normas demandadas:

Indicó que instauró un derecho de petición4 ante el Ministerio de Salud y Protección Social en el que elevó la siguiente consulta «¿Cuál es el sustento jurídico de la inclusión de los siguientes procedimientos en el Anexo 2 (Listado de Servicios y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud) del Acuerdo 29 de 2011 de la CRES? -695101 ASPIRACIÓN AL VACÍO DE ÚTERO PARA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO -750201 DILATACIÓN Y LEGRADO PARA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO».

Mencionó que el 30 de abril de 20135 obtuvo como respuesta un oficio suscrito por la subdirectora de Beneficios en Aseguramiento de la Dirección de Regulación en Beneficios, Costos y Tarifas de Aseguramiento en Salud, en el cual indicó que el sustento jurídico se encontraba en la sentencia C-355 de 2006, el Decreto 4444 de 2006 y la Resolución 4905 de 2006, así como la sentencia T-627 de 2012 de la Corte Constitucional.

Precisó que, en relación con lo anterior, la sentencia C-355 de 2006 no dispuso la inclusión del aborto en el POS, y que, además, reiteraba que la Sección Primera del Consejo de Estado en la mencionada sentencia del 13 de marzo de 2013, aclaró que

«No cabe duda que la sentencia C-355 de 2006 no tuvo por objeto consagrar el derecho al aborto, sino despenalizar tres eventos en los cuales su práctica no es constitutiva de delito».

Destacó que la misma funcionaria del Ministerio de Salud reconoció que el Decreto 4444 de 2006 fue el sustento de la inclusión de los procedimientos de aborto en el Acuerdo 029 de 2011, aunque, sostuvo en su respuesta que para entonces este decreto se encontraba en «proceso de nulidad», cuando lo cierto es que 10 días antes de la consulta ya había sido declarada la nulidad de ese acto administrativo, decisión (con efecto retroactivo) que además había sido notoria en diferentes medios de comunicación.

Alegó que la sentencia T-627 de 2012 no puede ser sustento del Acuerdo 029 de 2011, pues no solo porque las sentencias de tutela no pueden hacer las veces de ley, sino porque, en todo caso, este acto fue expedido en el año anterior a que fuera proferida esa decisión judicial. Y la mención del Acuerdo 350 de 2006, también es irrelevante, debido a que fue derogado por el Acuerdo 08 de 2009 (que, a su vez, fue derogado por el Acuerdo aquí demandado).

4 Radicado 201342400518312.

5 Radicado 201331100563351.

Adujo que el 7 de mayo de 20136 radicó petición ante el Ministerio de Salud en el que insistió que, si el Decreto 4444 de 2006 era el sustento para que los procedimientos de aborto estén en el POS, el Ministerio debería actualizar el Listado de Servicios y Procedimientos eliminando los identificados con los numerales 695101 y 750201 aquí demandados.

Manifestó que, el 24 de mayo de 20137 el Ministerio dio respuesta negando los efectos retroactivos de la nulidad del Decreto 4444 de 2006, que afectan al Acuerdo 029 de 2011, bajo el argumento de que la Corte Constitucional en la sentencia T-152 de 2009 señaló que la pérdida de fuerza ejecutoria por decaimiento, la ilegalidad o inconstitucionalidad, es sobrevenida, es decir, que se produce con posterioridad a su expedición y, que, por lo tanto, siendo nulo el Decreto 4444 de 2009 según fallo del Consejo de Estado, esto no aplica para las normas o actos administrativos no derivados de ese mismo acto por lo que no opera para el Acuerdo 029 de 2011 de la CRES.

Afirmó que el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo -CCA- dice que un acto administrativo pierde su ejecutoriedad cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de derecho, asunto sobre el que la Corte Constitucional se manifestó en la sentencia C-069 del 23 de febrero de 19958.

Alegó que, a partir de la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado9 se entiende que, para este caso concreto, siendo el Decreto 4444 de 2006 el sustento jurídico de la inclusión de los procedimientos de aborto en el Anexo 2 del Acuerdo 029 de 2011, tal inclusión quedó sin efecto desde el momento en que dicho decreto fue suspendido y, sobre todo, desde que el mismo fue anulado.

Refirió que, cuando se expidió el Acuerdo 029 de 2011 no era aplicable el Decreto 4444 de 2006, pues la Sección Primera del Consejo de Estado ya había decretado la suspensión provisional de los efectos Jurídicos del mismo por medio de auto del 15 de octubre de 200910, mientras que el Acuerdo 029 fue proferido el 28 de diciembre de 2011.

Advirtió que la reproducción del Decreto 4444 de 2006, por parte del Acuerdo 029 de 2011, es evidente pues, en su artículo 4, señalaba que «los servicios de salud de que trata el presente Decreto que se encuentren contenidos en los Planes Obligatorios de Salud de los regímenes contributivo y subsidiado para las afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, se cubrirán con cargo a la Unidad de Pago por Capitación del respectivo régimen». En esos términos el Decreto 4444 de 2006 se refería a los procedimientos de aborto en el POS. Indicó que, actualmente no existe una norma que se refiera a ese tema, ni existía una norma vigente en ese sentido cuando se expidió el Acuerdo 029 de la CRES.

Indicó que los funcionarios de la CRES incurrieron en una de las causales de mala conducta contempladas en el artículo 76 del C.C.A, vigente para entonces, al reproducir

«actos suspendidos o anulados por la jurisdicción en lo contencioso administrativo cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión».

Sostuvo que luego de que fuera suspendido el Decreto 4444 de 2006 y se produjera el necesario decaimiento administrativo de todas las normas fundamentadas en el mismo,

6 Radicado 201342300638982.

7 Radicado 20133100687731.

8 MP. Hernando Herrera Vergara.

9 Ver, por ejemplo, la Sentencia del 23 de julio de 2009 proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativa, Radicado 76001-23-31-000-2002-00452-01(16404), C.P. Hugo Femando Bastidas.

10 Ref.: Expediente 2008-00256-00. CP. María Clara Rojas Lasso.

los funcionarios de la CRES no solo se extralimitaron en sus competencias -abrogándose funciones del Congreso de la República-, sino que incurrieron en una falsa motivación, toda vez que señalaron fundamentos insuficientes. Por lo que ahora que el citado Decreto no está simplemente suspendido, sino que, ya ha sido anulado, es inaceptable que se mantenga la situación actual del POS sin que se hagan las respectivas actualizaciones.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Ministerio de Salud y Protección Social11 solicitó que se desestimen las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

Que el gobierno nacional, a través de la entonces Comisión de Regulación en Salud - CRES-, de acuerdo con sus competencias legales y, en especial, las que le fueron conferidas por los artículos 7°-1 de la Ley 1122 de 2007 y 25 de la Ley 1438 de 2011, así como el numeral décimo séptimo de la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, fue, en su momento, la entidad competente para definir y modificar el POS y para actualizar el Plan de Beneficios.

Adujo que la actualización y aclaración del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, objeto del Acuerdo 029 de 2011, fue el resultado de un proceso dinámico, sistemático, participativo, continuo y permanente para el cual se establecieron metodologías y procesos técnicos que garantizaban que los planes obligatorios de salud respondieran a las necesidades de los afiliados, teniendo en cuenta su financiación con la Unidad de Pago por Capitación, la sostenibilidad financiera del sistema y los recursos existentes en el país, de conformidad con lo señalado por la ley y por la Corte Constitucional.

Manifestó que en la decisión adoptada por el Consejo de Estado en la sentencia de 13 de marzo de 201312, que declaró la nulidad del Decreto 4444 de 2006, se indicó que: «la decisión adoptada en este fallo en modo alguno comprende pronunciamiento sobre la legalidad del contenido normativo del acto acusado, puesto que la razón que acarrea su nulidad es, según quedó expuesto, la vulneración del artículo 189, numeral 11 de la C.P. Tampoco significa que el gobierno nacional o el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud o quien haga sus veces, según sus competencias, no puedan definir las políticas públicas en materia de salud y seguridad social en especial en cuanto al POS, en relación con los aspectos que fueron objeto de la decisión de despenalización del aborto».

Afirmó que mediante la inclusión de los procedimientos de «Aspiración al Vacío de Útero para Terminación del Embarazo» y «Dilatación y Legrado para Terminación del Embarazo» se buscó la forma de darle un soporte pragmático a lo establecido por la sentencia C-355 de 2006.

Alegó que los tres casos señalados por la Corte Constitucional, en los cuales no se incurre en el delito de aborto, sin existir el procedimiento médico para eso, vulneraría abiertamente las necesidades de los afiliados, dentro de una sociedad que está en constante cambio. Si la Administración hubiera hecho caso omiso de efectuar tales inclusiones dentro del POS, tal inadvertencia atentaría abiertamente en contra de los fines estatales y, en tal sentido, gran parte de las tecnologías señaladas en los anexos del Acuerdo 29 tendrían que excluirse porque no existe norma de carácter legal que autorice explícitamente la inclusión de cada uno de los procedimientos indicados en ellos.

11 Expediente digital índice 52 de Samai. En documento denominado: RTA 35_1100103240002013003170015EXPEDIENTEDIGICUADERNO120220804161754

12 Radicado 11001-03- 24-000-2008-00256-00

Expresó que, frente a la presunta indebida e insuficiente motivación, el Acuerdo 029 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud - CRES, se fundó en las facultades previstas en el numeral 1 del artículo 7° de la Ley 1122 de 2007, y en lo ordenado por el artículo 25° de la Ley 1438 de 2011, y la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional.

Indicó que el anexo 2 del Acuerdo 029 «Listado de procedimientos del POS» incluía los Códigos Únicos de Procedimientos en Salud -CUPS 695101 y 750201 así:

Precisó que tales procedimientos se encontraban cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud, previo a la expedición del Acuerdo 029, como en el Acuerdo 350 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud - CNSSS y los Acuerdos 003 y 008 de la Comisión de Regulación en Salud – CRES.

Mencionó que independientemente que se decretara la nulidad de los códigos 695101 y 750201 del anexo 2 del Acuerdo 029 de 2011 de la CRES, dichos procedimientos se encontraban cubiertos por el POS de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Acuerdo 029 de 2011 de la CRES, disposición que se reitera en el artículo 132 del POS vigente, contenido en la Resolución 5521 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Propuso la excepción de «INEPTA DEMANDA POR DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO», la cual hizo consistir en que el Acuerdo 29 de 2011, fue expresamente derogado por el artículo 137 de la Resolución 5521 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que considera improcedente el análisis de legalidad que el Consejo de Estado realice con respecto a los códigos demandados.

III. FIJACIÓN DEL LITIGIO

En la audiencia inicial celebrada el 11 de octubre de 201913, el Despacho sustanciador resolvió la excepción previa propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social14 y delimitó el objeto del litigio, frente a lo cual, las partes, el coadyuvante15 y el Ministerio Público manifestaron conformidad, así:

[L]os cargos que plantea la demandante en su solicitud son dos: (i) el de falta de competencia y (ii) el de falsa motivación; por lo que, previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa que corresponde a la parte actora y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 281 del Código General del Proceso, así como las excepciones propuestas y las que de oficio se encontraren probadas, en los términos del artículo 282 del mismo Código, se deberá decidir:

13 Índice 52 del aplicativo Samai. En el documento denominado:

55_ED_CUADERNO1NULIDAD_34ACTAAUDIENCIAINICIAL(.pdf) NroActua 52

14 Declaró que no prosperaba la excepción previa denominada «INEPTA DEMANDA POR DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO» por considerar, en síntesis, que dicha figura «no impide el estudio de fondo de los cargos formulados, en razón de los efectos jurídicos que produjo el acto durante su vigencia; en consecuencia, el hecho de alegar que se presentó el decaimiento del acto cuestionado por haber sido derogado no releva a la Sala de examinar su legalidad».

15 El señor David Felipe Ramírez Pabón fue reconocido como coadyuvante de la actora, en dicha diligencia.

Sobre la falta de competencia:

¿Era competente la Comisión de Regulación en Salud (CRES) para incluir en el anexo 2 del Acuerdo 29 del 28 de diciembre de 2011, que trata del listado de servicios y procedimientos obligatorios de salud, la aspiración al vacío de útero para terminación del embarazo (Código 695101) y la dilatación y legrado para terminación del embarazo (Código 750201)? Si la respuesta fuese que no era competente la Sala deberá pronunciarse sobre la nulidad del acto acusado.

Sobre la falsa motivación:

1. ¿Es cierto que el sustento jurídico que tuvo la Comisión de Regulación en Salud, para incluir en el Anexo 2 del Acuerdo 29 del 28 de diciembre de 2011, la aspiración al vacío de útero para terminación del embarazo (Código 695101) y la dilatación y legrado para terminación del embarazo (Código 750201), se encontraba en la sentencia C-355 de 2006, el Decreto 4444 de 2006 y la Resolución 4905 de 2006, así como en la sentencia T-627 de 2012 de la Corte Constitucional?

2. Si es cierto la afirmación anterior, ¿es cierto que el Decreto 4444 de 2006, declarado nulo, se encontraba suspendido por el Consejo de Estado al expedirse el Acuerdo 29 del 28 de diciembre de 2011?

3. Si 1 y/o 2 son ciertos, ¿era insuficiente tal sustento jurídico para incluir en el listado del Acuerdo 29 del 28 de diciembre de 2011, la aspiración al vacío de útero para terminación del embarazo (Código 695101) y la dilatación y legrado para terminación del embarazo (Código 750201)?

4. Si lo dicho en el numeral 3 es cierto, ¿ello conllevaría a la falsa motivación del acto acusado y, consecuentemente, a su nulidad?

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto 11 de octubre de 2019 dictado en el marco de la audiencia inicial, el Despacho corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto. Dentro del término concedido, la demandada presentó alegatos, mientras que la demandante guardó silencio.

IV.1. El Ministerio de Salud y Protección Social presentó escrito de alegatos16 en el que reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y señaló lo siguiente:

Que pese a tratarse de un derecho fundamental, no todos los aspectos relacionados con el ejercicio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) deben estar sometidos a la regulación a través de una ley estatutaria, ya que esta apreciación supondría desconocer la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional17 en relación con el alcance excepcional y restrictivo con que debe interpretarse la cláusula de reserva de ley en materia de derechos fundamentales.

Manifestó que la competencia del Ministerio de Salud y Protección Social para dictar «en desarrollo de la ley» las normas necesarias para cumplir sus funciones y atender los servicios, así como organizar el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se debe entender teniendo en cuenta que «el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Constitucional implica que tanto las autoridades judiciales como las administrativas deben sentirse obligadas al acatamiento del contenido normativo que se ha identificado respecto de un texto constitucional o de un derecho

16 Índice 52 del aplicativo Samai. En el documento denominado:

56_ED_CUADERNO1NULIDAD_35OTROS-ALEGATOSDECONCLUSIÓN(.pdf) NroActua 52

17 Corte Constitucional, Sentencia C-013 de 1993

fundamental», por lo tanto, como autoridad administrativa no está vinculada únicamente a la letra del texto constitucional, sino también a los precedentes dictados por la Corte Constitucional.

Afirmó que el Consejo de Estado ya se ha pronunciado sobre la potestad administrativa para regular aspectos relacionados con derechos fundamentales, y puntualmente sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En fallo de 201618 señaló que es claro que el reglamento que así se expidiera, además de su carácter circunstancial y transitorio, se estatuiría en cumplimiento de una orden judicial dictada con el fin de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución y asegurar los derechos fundamentales, escenario ante el cual el juez contencioso no podría más que mostrarse respetuoso de la colaboración armónica entre dos poderes públicos.

Alegó que la Corte Constitucional ha sido enfática al ordenar expresamente al Ministerio de Salud y Protección Social regular la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), para garantizar su acceso seguro y oportuno dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público rindió concepto19 en el que solicitó que no se declare la nulidad de los numerales 695101 y 750201 del anexo 2 «listado de procedimientos y servicios del plan obligatorio de salud» del Acuerdo 029 de 2011, por medio del cual «se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza íntegramente el plan obligatorio de salud», expedido por la extinta Comisión de Regulación en Salud - CRES, atendiendo que se encontraban ajustados al ordenamiento constitucional y legal.

Expresó que el acto acusado no incurrió en falsa motivación, puesto que se fundamentó en la sentencia de la Corte Constitucional T-760 de 2008. En dicha decisión, el tribunal constitucional fue claro en disponer que se debía actualizar de forma integral los Planes Obligatorios de Salud (POS) por parte de la Comisión Nacional de Regulación en Salud, la cual se materializó con la expedición de dicha reglamentación.

Mencionó que en cuanto a la incorporación al POS de los procedimientos sobre «la aspiración al vacío de útero para terminación del embarazo», incluida «la aspiración manual enduterina (ameu con aspirador plástico pequeño) y la aspiración eléctrica endouterina (aeeu)» -código 695101- y «la dilatación y legrado para la terminación del embarazo» -código 750201-, es el resultado armónico, coherente y congruente de lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C- 355 de 2006 y, T- 760 de 2008.

Sostuvo que tanto el Decreto 4444 de 200620 como la Resolución 4905 de 200621 fueron el resultado de la sentencia C-355 de 2006. Fundamentos jurídicos aquellos, que no se citaron y no necesitaban citarse dentro de la sustentación y/o motivación del Acuerdo 029 de 2011, pues dicho acto se expidió para darle cumplimiento a una orden constitucional.

18 Consejo de Estado. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero

ponente: GUILLERMO VARGAS AVALA. Trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00257-00

19 Índice 52 del aplicativo Samai. En el documento denominado:

57_ED_CUADERNO1NULIDAD_36OTROS-CONCEPTOMINISTERIOPUBLICO(.pdf) NroActua 52

20 «Por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva»

21 «Por la cual se adopta la Norma Técnica para la atención de la interrupción Voluntaria del Embarazo - IVE-».

Adujo que se generó una relación directamente proporcional entre lo decidido y mencionado por la Corte Constitucional en la sentencia C- 355 de 2006 -derecho a la IVE oportuna y segura- y lo regulado e integrado al POS por parte de la Comisión Nacional de Regulación en Salud con el Acuerdo 029 de 2011 a cargo de las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

Afirmó que si bien la demandante trajo a colación el pronunciamiento del Consejo de Estado dentro del radicado 110010324000200800256-00 del 13 de marzo de 2013, en el que se consideró que «No cabe duda que la sentencia C- 355 de 2006 no tuvo por objeto consagrar el derecho al aborto, sino despenalizar tres eventos en los cuales su práctica no es constitutiva de delito», el mismo no se puede considerar como un criterio vinculante de interpretación y aplicación erga omnes.

Explicó que en dicha providencia se declaró nulo el Decreto 4444 de 2006, por considerar que el gobierno había excedido la facultad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, por lo que la valoración de nulidad se dio frente a un presupuesto procesal -competencia-, más no en relación con el contenido.

Expresó que, respecto a la falta de competencia, el numeral primero del artículo 7 de la Ley 1122 de 2007 dispone que la Comisión de Regulación en Salud ejercerá las siguientes funciones: «Definir y modificar los Planes Obligatorios de Salud (POS) que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) garantizarán a los afiliados según las normas de los Regímenes Contributivo y Subsidiado».

Indicó que, bajo dicha competencia normativa, la Corte Constitucional mediante sentencia T-760 de 2008, en el ordinal décimo séptimo, le ordenó a la Comisión de Regulación en Salud actualizar los Planes Obligatorios de Salud. Por consiguiente, mal hubiera hecho la Comisión Nacional de Regulación en Salud en no contemplar su regulación de forma específica en el Acuerdo 029 de 2011, esto es, como uno de los procedimientos obligatorios que se debían cubrir con el POS, pues la decisión de la Corte Constitucional en esa materia no se hubiese podido materializar si no se generaban los mecanismos que garantizaran a las mujeres en condiciones seguras y dignas la posibilidad de interrumpir el embarazo en los tres casos que fueron analizados por la Corte y que fueron despenalizados.

Mencionó que lo que hizo la Comisión con la actualización de los servicios de salud POS, fue dar aplicación a la competencia que le señalaba la Ley para formalizar una orden constitucional, cuyo efecto consistió en proteger un derecho fundamental.

Sostuvo que, en oposición, resulta abiertamente desmedido, como lo pretende la demandante, que la Comisión Nacional de Regulación en Salud solo abordara el tema de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) si el artículo 7 de la Ley 1122 de 2007 así lo señalaba expresamente. Eso implicaría que no solo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, sino todo tipo de servicio médico o medicamento que se convirtiera en POS, debía tener como fuente la disposición expresa del legislador, lo cual a todas luces desdice de la técnica legislativa y de las facultades de los órganos de regulación, aunado a la desviación del principio de la colaboración armónica entre poderes, instituido este como referente en la Constitución de 1991.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes:

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 149.1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo22 y en el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto.

7.2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si los numerales 695101 y 750201 del anexo 2

«listado de procedimientos y servicios del plan obligatorio de salud» del Acuerdo 29 de 2011 fueron expedidos con falta de competencia y falsa motivación.

7.3. Acto acusado

El aparte del acto demandado:

COMISIÓN DE REGULACIÓN EN SALUD A C U E R D O N Ú M E R O 0 2 9 D E 2 0 1 1

(28 DE DICIEMBRE DE 2011)

«Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud»

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN EN SALUD

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren el numeral 1 del Artículo 7º de la Ley 1122 de 2007, y en atención a lo ordenado por el Artículo 25º de la Ley 1438 de 2011 y la Sentencia T-760 de 2008 de la Honorable Corte Constitucional

[…]

Anexo 2:

ANEXO 2 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD

CUPSDESCRIPCIÓNNIVELACLARACIÓN
695101ASPIRACIÓN AL VACIO DE UTERO PARA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO2INCLUYE LA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA (AMEU CON ASPIRADOR PLÁSTICO PEQUEÑO) Y LA ASPIRACIÓN ELÉCTRICA ENDOUTERINA
(AEEU).
750201DILATACIÓN Y LEGRADO PARA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO3

22 modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021.

7.4. Cuestión previa

La Sala advierte que el acto acusado fue expresamente derogado por el artículo 137 de la Resolución 5521 del 27 de diciembre 2013, «Por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud (POS)», expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En atención a que la derogatoria del acto censurado no afecta su validez, dado que mantuvo su presunción de legalidad por el lapso en que produjo efectos con base en las normas vigentes durante su existencia en el ordenamiento jurídico, en el presente asunto, resulta procedente emitir un pronunciamiento de fondo sobre su legalidad.

7.5. Caso concreto

El presente asunto se contrae a establecer si la demandada era competente para incluir en el anexo 2 -referente al listado de servicios y procedimientos obligatorios de salud-del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, la aspiración al vacío de útero para terminación del embarazo correspondiente al código 695101, y la dilatación y legrado para terminación del embarazo con código 750201.

Así mismo, frente a la falsa motivación alegada, se deberá determinar si es cierto que el sustento jurídico que tuvo la Comisión de Regulación en Salud para ordenar dicha inclusión en el listado de servicios y procedimientos obligatorios de salud se encontraba en la sentencia C-355 de 2006, el Decreto 4444 de 2006 y la Resolución 4905 de 2006, así como en la sentencia T-627 de 2012 de la Corte Constitucional. Y si la motivación efectuada al respecto fue suficiente.

7.5.1. Análisis del cargo por falta de competencia

Se procede a establecer si la extinta Comisión de Regulación en Salud (CRES) tenía la atribución para incluir en el anexo 2 del Acuerdo 29 de 2011, los códigos 695101 y 750201 referentes a procedimientos de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), dentro del listado de servicios y tratamientos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud - POS-.

El artículo 7 del Decreto 806 del 30 de abril de 199823, vigente24 al momento de la expedición del acto parcialmente acusado, definió el POS, así:

ARTÍCULO 7º. Plan Obligatorio de Salud, POS. Es el conjunto básico de servicios de atención en salud a que tiene derecho, en caso de necesitarlos, todo afiliado al Régimen Contributivo que cumpla con las obligaciones establecidas para el efecto y que está obligada a garantizar a sus afiliados las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y Entidades Adaptadas, EAS, debidamente autorizadas, por la Superintendencia Nacional de Salud o por el Gobierno Nacional respectivamente, para funcionar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Sus contenidos son definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud e incluye educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, en los diferentes niveles de complejidad así como el suministro de medicamentos esenciales en su denominación genérica.

23 «Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional»

24 Fue derogado por el Decreto 2353 de 2015

A través de este plan integral de servicios y con sujeción a lo establecido en el artículo 162 de la Ley 100 de 1993, se debe responder a todos los problemas de salud conforme al manual de intervenciones, actividades y procedimientos y el listado de medicamentos definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

Las Entidades Promotoras de Salud y las Adaptadas podrán incluir el tratamiento con medicinas alternativas autorizadas para su ejercicio en Colombia, de conformidad con su eficacia y seguridad comprobada.

Entonces, el POS hace referencia al conjunto de servicios de atención en salud, dentro de los que se encuentra la prevención, tratamiento, procedimientos y suministro de medicamentos, entre otros. Cabe señalar que, en un principio, la Ley 100 de 1993 indicó que al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud le correspondía definir el contenido del Plan Obligatorio de Salud -POS, en su calidad de organismo de dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1122 de 200725, se creó la Comisión de Regulación en Salud (CRES)26, a la cual, en el numeral 1º del artículo 7 ibidem, se le asignó como una de sus funciones

«[D]efinir y modificar los Planes Obligatorios de Salud (POS) que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) garantizarán a los afiliados según las normas de los Regímenes Contributivo y Subsidiado». [Se destaca]

Por tanto, es claro para la Sala que la ley le otorgó facultades a la extinta CRES para definir el listado de procedimientos o tratamientos médicos, así como medicamentos y demás servicios que serían cubiertos dentro del Plan Obligatorio de Salud y, fue precisamente conforme a dicha competencia, que la Corte Constitucional en sentencia T-760 de 2008 le ordenó efectuar definiciones al respecto27.

En la referida providencia, la citada Corporación advirtió un trato diferencial y explicó que existían dos planes obligatorios de salud con coberturas distintas. Que el POS contenía servicios que se consideran básicos, y al cual tienen derecho las personas que hacen parte del régimen contributivo. Mientras que el plan de beneficios, el cual garantiza a las personas que forman parte del régimen subsidiado (POS subsidiado), solo contempla algunos de los servicios contenidos en el primero.

Por esa razón, en aquella sentencia, la Corte Constitucional precisó que, aunque se considera constitucional que democráticamente se establezca un trato diferencial en el goce efectivo del derecho a la salud entre aquellos que contribuyen al Sistema de Salud y aquellos que son beneficiarios por solidaridad, por las capacidades financieras y administrativas de la sociedad y del Estado, este ha de ser temporal, por lo que estimó que no es posible, aceptar indefinidamente que a las personas que menos recursos

25 La cual se promulgó con el objeto de realizar ajustes al Sistema General Social en Salud para el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios.

26 Como una unidad administrativa especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al Ministerio de la Protección Social,

27 «Décimo séptimo. - Ordenar a la Comisión Nacional de Regulación en Salud la actualización integral de los Planes Obligatorios de Salud (POS). Para el cumplimiento de esta orden la Comisión deberá garantizar la participación directa y efectiva de la comunidad médica y de los usuarios del sistema de salud, según lo indicado en el apartado (6.1.1.2.). En dicha revisión integral deberá: (i) definir con claridad cuáles son los servicios de salud que se encuentran incluidos dentro de los planes de beneficios, valorando los criterios de ley así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional; (ii) establecer cuáles son los servicios que están excluidos así como aquellos que no se encuentran comprendidos en los planes de beneficios pero que van a ser incluidos gradualmente, indicando cuáles son las metas para la ampliación y las fechas en las que serán cumplidas; (iii) decidir qué servicios pasan a ser suprimidos de los planes de beneficios, indicando las razones específicas por las cuales se toma dicha decisión, en aras de una mayor protección de los derechos, según las prioridades en materia de salud; y (iv) tener en cuenta, para las decisiones de incluir o excluir un servicio de salud, la sostenibilidad del sistema de salud así como la financiación del plan de beneficios por la UPC y las demás fuentes de financiación».

tienen en la sociedad solo se les garantice el acceso a algunos de los servicios de salud que se consideran básicos y señala que la «obligación de unificar los planes de servicios de salud del régimen contributivo y subsidiado surge pues, del deber constitucional de garantizar a toda persona el acceso a los servicios de salud en condiciones de universalidad y equidad». [Negrillas fuera del texto]

En virtud de dicho trato diferencial, el Congreso de la República reformó el Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la Ley 1438 de 2011, la cual incluyó

«disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos los residentes, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera»28.

A su vez, el artículo 25 de la referida ley prevé que el Plan de Beneficios en Salud (PBS) deberá actualizarse integralmente una vez cada dos (2) años atendiendo los cambios en el perfil epidemiológico y carga de la enfermedad de la población, disponibilidad de recursos, equilibrio y medicamentos extraordinarios no explícitos dentro del Plan de Beneficios, por la autoridad correspondiente para ello.

Así mismo, en cumplimiento del fallo citado y de la mencionada Ley 1438 de 2011, artículo 25, la CRES expidió el Acuerdo 28 de 2011. Dicha preceptiva fue sustituida por el Acuerdo 029 de 2011 (parcialmente censurado), cuyo objeto fue la «definición, aclaración y actualización integral del Plan Obligatorio de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidiado, que deberá ser aplicado por las entidades promotoras de salud y los prestadores de servicios de salud a los afiliados».

En su artículo 80, indicó que los «Listados de Principios Activos y Medicamentos, Procedimientos y Servicios, que están contenidos en los anexos 01, 02 y 03, respectivamente, hacen parte integral del presente Acuerdo y su aplicación tiene carácter obligatorio». En el anexo 2, se observan los códigos cuestionados por la actora, el 695101 que hace referencia a la «ASPIRACIÓN AL VACIO DE UTERO PARA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO» y el 750201 relativo a la «DILATACIÓN Y LEGRADO

PARA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO», demandados en el sub lite.

Al examinarlos, encuentra la Sala que tales códigos únicamente describen dos procedimientos médicos que se incorporan en el POS. No se advierte que se haya regulado ni autorizado su realización, pues simplemente se describen como parte de una extensa lista de tratamientos, servicios y/o medicamentos cubiertos por el sistema de seguridad social en salud.

Así las cosas, no le asiste razón a la actora cuando alega la nulidad de la inclusión de tales procedimientos al considerar que el Gobierno nacional no podía reglamentarlos por no haberse proferido ley que los regulara, pues, por una parte, al efectuarse la citada inclusión al POS no se establecieron requisitos y/o condiciones para su procedencia29, y, por la otra, la determinación de despenalizar el aborto de manera excepcional fue establecida por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-355 de 2006, en la cual precisó las eximentes de responsabilidad penal.

En efecto, a través de dicha providencia, la Corte Constitucional examinó la demanda de inconstitucionalidad instaurada en contra del numeral 7 del artículo 3230, de los artículos

28 Segundo párrafo del artículo 1

29 Se trata de una lista meramente enunciativa

30 Artículo 32. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: […] 7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar// El que exceda los limites propios de las causales consagradas en los numerales

12231, 12432, y de la expresión «o en mujer menor de catorce años» contenida en el artículo 12333 de la Ley 599 de 2000 «por la cual se expide el Código Penal» los cuales tipificaban el aborto. Al respecto, la citada corporación judicial resolvió lo siguiente:

Primero. Negar las solicitudes de nulidad de conformidad con lo expuesto en el punto 2.3. de la parte considerativa de esta sentencia.

Segundo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 32, numeral 7 de la Ley 599 de 2000, por los cargos examinados en la presente sentencia.

Tercero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y,

(iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Cuarto. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “o en mujer menor de catorce años” contenida en el artículo 123 de la Ley 599 de 2000.

Quinto. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 124 de la Ley 599 de 2000. [Subrayas fuera del texto]

En dicho pronunciamiento, la Corte Constitucional fue clara en que, «para todos los efectos jurídicos, incluyendo la aplicación del principio de favorabilidad, las decisiones adoptadas en esta sentencia tienen vigencia inmediata y el goce de los derechos por estar protegidos no requiere de desarrollo legal o reglamentario alguno».34 Lo anterior, tuvo como fundamento la inminencia de proteger el derecho a la vida de las mujeres que interrumpen la gestación35, para disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad y la salud sexual y reproductiva de éstas.

Ante la despenalización del delito de aborto en ciertos eventos, se presentaría un impacto en los servicios de salud ante la necesidad de realizar el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Por tanto, aunque en la sentencia C-355 de 2006 no se refirió al tema de la cobertura en salud, dicha determinación implicaba que el Estado adoptara medidas para hacerlo efectivo.

En esas condiciones, la Sala advierte que, aunque no hubiese una norma expedida por el legislador que previera los casos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), se requería incluir tal procedimiento dentro del POS, para que las mujeres que se

3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible.

31 ARTÍCULO 122. Aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años// A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior.

32 ARTÍCULO 124. Circunstancias de atenuación punitiva. La pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de ovulo fecundado no consentidas. (Inexequible)

PARÁGRAFO. En los eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto. (Exequible)

33 ARTÍCULO 123. Aborto sin consentimiento. El que causare el aborto sin consentimiento de la mujer o en mujer menor de catorce años, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años. [Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE].

34 Negrillas fuera del texto

35 Incursas en alguno de los eventos previstos por la Corte Constitucional.

encontraran en los eventos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006 pudieran acceder de manera segura y oportuna a este. Aunado a que, la incorporación de estos procedimientos médicos al listado POS no introducía o alteraba los presupuestos de procedencia de la IVE, sino que desarrollaba una materia relacionada con la organización y financiación de los servicios de salud.

En este contexto, resulta oportuno precisar que, si bien esta Sección, mediante sentencia de 13 de marzo de 201336, declaró la nulidad del Decreto 4444 de 200637 al considerar, en síntesis, que al haberse regulado la prestación de los servicios de salud de interrupción voluntaria del embarazo en los casos establecidos en la sentencia C-355 de 2006, con fundamento en el artículo 189 de la Constitución, sin que existiese una ley para reglamentar, se incurrió en la infracción de normas superiores, lo cierto es que en dicha decisión se advirtió «que la decisión adoptada en este fallo en modo alguno comprende pronunciamiento sobre la legalidad del contenido normativo del acto acusado, puesto que la razón que acarrea su nulidad es, según quedó expuesto, la vulneración del artículo 189, numeral 11 de la C.P. Tampoco significa que el Gobierno Nacional o el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud o quien haga sus veces, según sus competencias, no puedan definir las políticas públicas en materia de salud y seguridad social en especial en cuanto al POS, en relación con los aspectos que fueron objeto de la decisión de despenalización del aborto». [Negrillas por fuera del texto original]

Lo anterior significa que la administración, después de la declaratoria de nulidad del Decreto 4444 de 2006, sí podía impartir políticas públicas de salud relacionadas con los eventos en que el aborto fue despenalizado mediante la sentencia C-355 de 2006, siempre y cuando se realizara dentro del marco de competencias y funciones correspondientes.

En este orden de ideas, la Sala concluye que: i) la CRES se encontraba plenamente facultada para definir y modificar los planes obligatorios de salud que las EPS debían garantizar a sus afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado, así como para actualizar integralmente los planes obligatorios de salud; y ii) los procedimientos incorporados en el aparte acusado no solo era de obligatoria inclusión conforme al deber que tiene el Estado de proveer los servicios y tratamientos médicos a sus administrados, sino que no implicaba regulación ni autorización alguna frente a la despenalización del aborto en los eventos señalados por la Corte Constitucional en sentencia C-355 de 2006.

Por las anteriores razones, la Sala encuentra que el cargo por falta de competencia alegado por la demandante no tiene vocación de prosperidad.

7.5.2. De la falsa motivación del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011

Este vicio se configura cuando las razones invocadas en la fundamentación de un acto administrativo son contrarias a la realidad, es decir, que se presenta divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados cómo fuente por la administración pública.

En el presente asunto, la Sala examinará si es cierto que el aparte demandado del Acuerdo 029 de 2011 tuvo su sustento jurídico en la sentencia C-355 de 2006, el Decreto 4444 de 2006 y la Resolución 4905 de 2006, así como en la sentencia T-627 de 2012 de la Corte Constitucional. Y si la motivación efectuada al respecto fue suficiente.

36 Expediente 11001-03-24-000-2008-00256-00.

37 «Por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva».

Para resolver lo anterior, se transcriben los considerandos del Acuerdo 029 de 2011 (parcialmente acusado), por los cuales se indicó lo siguiente:

Que mediante el Acuerdo 028 de 2011 la Comisión de Regulación en Salud definió, aclaró y actualizó integralmente el Plan Obligatorio de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1438 de 2011, y lo estipulado por la Honorable Corte Constitucional en la Orden Décimo Séptima de la Sentencia T-760 de 2008, en los términos y condiciones señaladas en dicha Sentencia.

Que para la expedición del Acuerdo 28 de 2011 se surtió un proceso amplio e incluyente de participación ciudadana de conformidad con lo establecido en la Ley 1438 de 2010 y la orden Décimo Séptima de la Sentencia T-760 de 2008.

Que el citado Acuerdo 028 de 2011 estableció que su entrada en vigencia se produciría a partir del 1° de enero de 2012.

Que una vez expedido y publicado el Acuerdo 028 de 2011, la Comisión de Regulación en Salud a través del sitio web oficial www.cres.gov.co, abrió un espacio del 5 al 21 de diciembre de 2011 con el fin de que se remitieran comentarios, observaciones y aportes a dicho Acuerdo con el propósito de analizarlas y hacer las correcciones que fueren pertinentes.

Que una vez analizados los comentarios, observaciones y aportes presentados por diferentes entidades y personas se considera procedente la realización de algunas modificaciones y correcciones al contenido del Acuerdo 028 de 2011 con el fin de procurar la mayor precisión posible del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado.

Que la actualización y aclaración del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado es parte de un proceso dinámico, sistemático, participativo, continuo y permanente para el cual se han establecido metodologías y procesos técnicos que garantizan que los planes obligatorios de salud respondan a las necesidades de los afiliados, teniendo en cuenta su financiación con la Unidad de Pago por Capitación, la sostenibilidad financiera del Sistema y los recursos existentes en el país.

Que con el fin de facilitar la labor de interpretación normativa por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se ha considerado pertinente la expedición integral de un nuevo cuerpo normativo que sustituya en su integridad el Acuerdo 028 de 2011.

Que se cuenta con el pronunciamiento de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial – Comisión de Regulación en Salud, en el cual se conceptúa que el texto del presente Acuerdo se encuentra ajustado a derecho.

Por su parte, el numeral 1º del artículo 7 de la Ley 1122 de 2007 establecía que la Comisión de Regulación en Salud se encontraba facultada para «[d]efinir y modificar los Planes Obligatorios de Salud (POS) que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) garantizarán a los afiliados según las normas de los Regímenes Contributivo y Subsidiado». El artículo 25 de la Ley 1438 de 2011 señalaba que el «Plan de Beneficios sólo podrá ser actualizado por la autoridad administrativa competente para ello».

Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008 ordenó, entre otras, lo siguiente:

Décimo séptimo. - Ordenar a la Comisión Nacional de Regulación en Salud la actualización integral de los Planes Obligatorios de Salud (POS). Para el cumplimiento de esta orden la Comisión deberá garantizar la participación directa y efectiva de la comunidad médica y de los usuarios del sistema de salud, según lo indicado en el apartado (6.1.1.2.). En dicha revisión integral deberá: (i) definir con claridad cuáles son los servicios de

salud que se encuentran incluidos dentro de los planes de beneficios, valorando los criterios de ley así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional; (ii) establecer cuáles son los servicios que están excluidos así como aquellos que no se encuentran comprendidos en los planes de beneficios pero que van a ser incluidos gradualmente, indicando cuáles son las metas para la ampliación y las fechas en las que serán cumplidas;

(iii) decidir qué servicios pasan a ser suprimidos de los planes de beneficios, indicando las razones específicas por las cuales se toma dicha decisión, en aras de una mayor protección de los derechos, según las prioridades en materia de salud; y (iv) tener en cuenta, para las decisiones de incluir o excluir un servicio de salud, la sostenibilidad del sistema de salud así como la financiación del plan de beneficios por la UPC y las demás fuentes de financiación. […] [Negrillas fuera del texto]

De lo expuesto, la Sala advierte que, contrario a lo manifestado por la demandante, el acto demandado parcialmente no se sustentó en el Decreto 4444 de 2006 ni en las sentencias C-355 de 2006 y T-627 de 2012, sino que se fundamentó en los artículos 7º-1 de la Ley 1122 de 2007 y 25 de la Ley 1438 de 2011, así como en la sentencia T-760 de 2008.

De ahí que la motivación del acto demandado parcialmente corresponde a las facultades legales que en su momento fueron atribuidas a la Comisión de Regulación en Salud y al cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008, que le ordenó a dicha entidad definir con claridad cuáles son los servicios de salud que se encuentran incluidos dentro de los planes de beneficios, así como los que serían suprimidos, etc.

Así las cosas, en el presente asunto tampoco se configuró la falsa motivación del acto demandado parcialmente, pues la manifestación de la administración obedeció a criterios de legalidad, certeza de los hechos y apreciación razonable de tales aspectos.

Además, el hecho de que el Ministerio de Salud y Protección Social le haya informado a la demandante, en respuesta a las peticiones que elevó, que la motivación del acto acusado parcialmente se sustentó en sentencias y regulaciones distintas de aquellas expresamente contenidas en el propio Acuerdo, no tiene la virtualidad de alterar, complementar o sustituir la verdadera motivación del acto administrativo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, se denegarán las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

7.5.3. Costas

Visto el artículo 188 del CPACA38, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.

38 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Consejero de Estado Presidente

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON

Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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