
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., primero (1º) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-24-000-2013-00452-00
Demandante: Ramiro Rodríguez López
Demandado: Nación - Ministerio de Salud y Protección Social
Medio de control: Nulidad
Tema: Potestad reglamentaria derivada o de segundo grado. Competencia del Ministerio de Salud y Protección Social para reglamentar los planes bienales de inversiones públicas en salud
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda. Sin condena en costas
Sentencia de única instancia
La Sala procede a decidir la demanda promovida por el señor Ramiro Rodríguez López, en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad, contra las resoluciones 2514 de 29 de agosto de 20121 y 1985 de 11 de junio de 20132 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
El demandante planteó la siguiente pretensión3:
Son nulas las resoluciones 2514 del 2012 y 1985 del 2013, publicadas respectivamente en los Diarios Oficiales 48538 y 48820 del 30 de agosto del 2012 y el 13 de junio del 2013, respectivamente.
Normas vulneradas y concepto de violación
El demandante invocó como normas vulneradas los artículos 13, 115, 121, 189 numeral
11, 208, 287, 298, 313, 322, 356 y 362 de la Constitución. Como sustento de lo anterior, manifestó que los actos acusados fueron expedidos sin competencia, con violación de la ley y con falsa motivación, por las siguientes razones:
1 «Por la cual se reglamentan los procedimientos para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y control de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud».
2 «Por la cual se establece el procedimiento que las entidades territoriales deben seguir para incluir tos proyectos de inversión en sus Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, en el marco de la Ley 1608 de 2013, y se dictan otras disposiciones».
Señaló que las resoluciones demandadas constituyen una limitación inconstitucional a las atribuciones propias de las entidades territoriales, violatorias de la autonomía política, administrativa y presupuestal y de las garantías que tienen respecto de su patrimonio, las cuales no pueden ser impuestas por ningún órgano estatal del nivel nacional y mucho menos por un ministerio que pretende actuar autónomamente y sin siquiera contar con la dirección del presidente de la República, quien es el jefe directo de los ministros.
Sostuvo que las resoluciones demandadas establecen un tratamiento discriminatorio en contra de los entes públicos y a favor de los particulares, por lo que vulneran el artículo 13 de la Constitución. Al respecto, se refirió a la sentencia C-615 del 2002, en la que la Corte Constitucional declaró inexequibles algunos segmentos normativos del artículo 65 de la Ley 715 del 2001, por determinar un tratamiento discriminatorio entre el sector público y los particulares.
Indicó que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió las resoluciones demandadas abrogándose facultades que la Constitución no le ha otorgado y que en el hipotético caso de existir no pueden ser ejercidas sino bajo la dirección del presidente de la República, sin que ello haya ocurrido, pues:
-El titular de la potestad reglamentaria de las leyes es el presidente de la República (numeral 11 artículo 189 de la Constitución), por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social carece de tal facultad desde la perspectiva constitucional.
- El Congreso de la República puede facultar al presidente de la República para expedir normas con fuerza de ley, al tenor de lo dispuesto por el numeral 10° del artículo 150 de la Constitución. Es decir que el Ministerio de Salud y Protección Social no puede ser facultado por el Congreso Nacional para expedir normas de competencia del órgano parlamentario.
-El artículo 208 de la Constitución determina que es competencia de los ministros la de formular las políticas generales pertinentes a su despacho, bajo la dirección del presidente de la República. Es decir que en este punto no existe autonomía de los ministros.
-El artículo 115 de la Constitución determina que el Gobierno lo conforman el presidente de la República y los ministros, requiriéndose la firma de estos en los decretos, para que tengan valor y poder normativo. Pero no se contempla la viabilidad para que los ministros tengan iniciativa en la expedición de actos de carácter general que pretendan reglamentar las leyes.
Por las anteriores razones, concluyó que el Ministerio de Salud y Protección Social al expedir las resoluciones acusadas procedió con incompetencia, falsa motivación y violación directa de la constitución, «además, las facultades previstas en el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, no consagra potestad normativa o reglamentaria autónoma a favor de los ministros».
El Ministerio de Salud y Protección Social4 solicitó negar las súplicas de la demanda, toda vez que el demandante no probó ni siquiera sumariamente la vulneración de normas en las que presuntamente incurrió al expedir los actos acusados.
Afirmó que sí tenía competencia para expedir las resoluciones acusadas, dado que el legislador, a través de los artículos 65 de la Ley 715 de 2001, 5 de la Ley 1438 de 2011 y 173 de la Ley 100 de 1993, determinó que el Ministerio de la Protección Social hoy Ministerio de Salud y Protección Social es quien regulará lo relacionado con los planes bienales de inversión.
Precisó que la Ley 1608 de 2013 adoptó medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del sector Salud, estableciendo como requisito que dichas inversiones debían estar incluidas y articuladas con los planes bienales de inversión en salud, con el fin de poder desarrollar dicha ley, se estableció el trámite correspondiente, mediante la Resolución 1985 de 2013, acto que no viola la autonomía patrimonial de las entidades territoriales, por cuanto se deja a cargo de los departamentos y distritos la aprobación de los planes bienales de proyectos diferentes a los de control especial y de los destinados a la adquisición de unidades móviles de salud, ambulancias básicas y medicalizadas.
Refirió que el plan bienal de inversiones en salud es un instrumento de planeación que permite programar los recursos de inversión y la racionalización del desarrollo de la oferta de servicios de salud, mediante el registro, validación y aprobación de las inversiones en infraestructura física de todos los niveles de complejidad y las de dotación en equipamiento y tecnología biomédica que son necesarios en la prestación de los servicios considerados y definidos como de control especial.
Indicó que, en desarrollo de las normas que regulan los planes bienales de inversión en salud, implementó un aplicativo web que permite que las diferentes instituciones involucradas en el proceso realicen las acciones respectivas y definidas en las resoluciones 2514 de 2012 y 1985 de 2013. Las entidades que deben realizar acciones son: las Empresas Sociales del Estado, las Direcciones Locales de Salud, las Direcciones Territoriales de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social.
Enfatizó que no se trata de una limitante en la autonomía conferida a las Empresas Sociales del Estado, sino un instrumento de planeación que permite tanto a las Empresas Sociales del Estado, como a las Direcciones Locales y Territoriales de Salud y la Nación priorizar las inversiones en salud y validar su coherencia con el Programa Territorial de Reorganización Rediseño y Modernización de Redes de ESE. Aunque no tienen una función directa en el aplicativo, los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud están incluidos en el proceso.
Frente al argumento del demandante consistente en que los actos acusados son discriminatorios en contra de los entes públicos y en favor de los particulares, sostuvo que se debe tener en cuenta que la sentencia C-615 de 2002, estudió el artículo 65 de la Ley 715 de 2001 y la proporcionalidad al regular intervención adoptada por el legislador frente a la libertad de empresa y competencia, declarando inexequible las expresiones
«privada» entendiendo que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas, no estarán sometidas al plan de inversiones ni podrán ser sancionadas, como lo preveía la citada ley. Sin embargo, no cuestiona lo relacionado a la obligación de las entidades públicas a cumplir con lo allí establecido.
Finalmente, propuso las excepciones que denominó «inexistencia de causales de nulidad» y «de oficio».
En la audiencia inicial celebrada el 22 de noviembre de 2019, el Despacho sustanciador delimitó el objeto del litigio, así:
En cuanto a la violación de la ley:
¿Infringen los actos acusados, uno, todos o cualquiera de los siguientes artículos: preámbulo y artículos 13, 115, 121, 189 numeral 11, 208, 287, 298, 313, 322, 356 y 362 de la Constitución Política, así como el artículo 61 de la Ley 489 de 1998?
En cuanto al cargo de funcionario sin competencia:
¿Se encontraba facultado el Ministerio de Salud y Protección Social para expedir los actos acusados o por el contrario excedió su competencia?
Respecto del cargo de falsa motivación:
Previo análisis de la carga argumentativa que corresponde al demandante la Sala se pronunciará sobre el cargo de falsa motivación propuesto por la misma parte.
Si la respuesta a cualquiera de los interrogantes anteriores fuera afirmativa, deberá la Sala pronunciarse sobre la legalidad de los actos acusados.
Mediante auto de 24 de enero de 20205, el Despacho corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto. Dentro del término concedido la demandada presentó alegatos, mientras que el demandante guardó silencio.
El Ministerio de Salud y Protección Social presentó escrito de alegatos en el que, en términos generales, reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la demanda. Así, insistió en que fue el legislador el que determinó que fuera esa la cartera ministerial, la que regulara la relacionado con los planes bienales de inversión.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público6 rindió concepto en el que solicitó negar las pretensiones de la demanda, en razón a que no se demostraron las causales de nulidad invocadas contra las resoluciones 2514 de 2012 y 1985 de 2013.
En primer lugar, consideró que la Resolución 2514 de 2012 fue expedida en acatamiento de las disposiciones legales que habilitaban al Ministerio de Salud y Protección Social para su emisión, acto administrativo que dentro de su motivación mencionó y explicó dicha habilitación, cumpliendo además con la facultad o competencia que sobre el particular le concedió el artículo 173 de la Ley 100 de 1993, por lo cual no podría estimarse que con ella hubiese existido violación de las normas superiores que fueron invocadas en la demanda.
Frente a la Resolución 1985 de 2013, estimó que esta se expidió respetando los parámetros y la habilitación contenida en las normas citadas, pues lo que hizo el ministerio fue establecer el procedimiento que las entidades territoriales debían seguir para incluir los proyectos de inversión en sus planes bienales de inversiones públicas en salud, en los términos señalados por el legislador. Además, se expidió conforme a la competencia asignada por el artículo 5 de la Ley 1438 de 2011, que adicionó el numeral
42.22 al artículo 42 de la Ley 715 de 2001, normas que contienen la facultad de reglamentación y aprobación que el legislador otorgó al Ministerio de Salud y Protección
Social frente a los planes bienales de inversiones públicas para la prestación de los servicios de salud de los departamentos, distritos y municipios.
Concluyó que las resoluciones acusadas fueron emitidas con la competencia legalmente asignada, por el funcionario competente para ello, y motivadas en la necesidad de cumplir con un imperativo legal de regulación y aprobación atribuido al Ministerio de Salud y Protección Social.
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes:
- Competencia
- Planteamiento del problema jurídico
- Actos acusados
De conformidad con lo establecido en el artículo 149.1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7 y en el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto.
El problema jurídico que se debe resolver en el presente proceso fue fijado en la audiencia inicial realizada el día 22 de noviembre de 2019, en la siguiente forma:
1. En cuanto a la violación de la ley:
¿Infringen los actos acusados, uno, todos o cualquiera de los siguientes artículos: preámbulo y artículos 13, 115, 121, 189 numeral 11, 208, 287, 298, 313, 322, 356 y 362 de la Constitución Política, así como el artículo 61 de la Ley 489 de 1998?
2, En cuanto al cargo de funcionario sin competencia:
¿Se encontraba facultado el Ministerio de Salud y Protección Social para expedir los actos acusados o por el contrario excedió su competencia?
3. Respecto del cargo de falsa motivación:
Previo análisis de la carga argumentativa que corresponde al demandante la Sala se pronunciará sobre el cargo de falsa motivación propuesto por la misma parte.
4. Si la respuesta a cualquiera de los interrogantes anteriores fuera afirmativa, deberá la Sala pronunciarse sobre la legalidad de los actos acusados.
La Resolución 2514 de 2012 establece lo siguiente:
RESOLUCIÓN 2514 DE 2012
(Agosto 29)
7 modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021.
Por la cual se reglamentan los procedimientos para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y control de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud
LA MINISTRA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 173 de la Ley 100 de 1993 y en el numeral 42.22 y 43.2.7 del artículo 42 y el artículo 65 de la Ley 715 de 2001, y
CONSIDERANDO
[…]
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Objeto y campo de aplicación. La presente resolución tiene por objeto establecer los procedimientos para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y control de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, que deberán incluir los siguientes tipos de proyectos de inversión:
Inversiones en infraestructura física.
Inversiones en dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de salud considerados como de control especial de oferta, señalados en el artículo 2 de la presente resolución.
Parágrafo 1. La formulación de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud es de carácter obligatorio para los departamentos, distritos y municipios de todo el territorio nacional.
Parágrafo 2. Se excluyen de la aplicación de las disposiciones de la presente resolución, las Inversiones Públicas en Salud que realicen las entidades que hacen parte de los regímenes de excepción, previstos en la Ley 100 de 1993.
ARTÍCULO 2. Servicios de salud de control especial de oferta. La dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de salud considerados como de control especial de oferta, deberán ser los relacionados con los siguientes servicios:
Servicios de Nefrología - Diálisis Renal.
Servicios de Oncología, Radioterapia y Oncología clínica.
Servicios de medicina nuclear.
Servicios de Radiología e Imágenes Diagnósticas de Mediana y Alta Complejidad, de acuerdo con lo establecido por el Sistema Único de Habilitación.
Unidades de Cuidados intermedios e Intensivos Neonatal, Pediátrico y Adultos.
Servicios de Obstetricia de Mediana y Alta Complejidad.
Cirugía Cardiovascular.
Cirugía Neurológica.
Cirugía Ortopédica.
Cirugía de Trasplante e Implante.
ARTÍCULO 3. Registro de proyectos. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas, los municipios, las Direcciones Departamentales y/o Distritales de Salud, registrarán, en el aplicativo que para el efecto disponga este Ministerio, todos los proyectos de inversión en infraestructura física, y los proyectos de dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de salud considerados como de control especial de oferta, señalados en el artículo 2 de la presente resolución.
ARTÍCULO 4. Procedimiento para la formulación, presentación y aprobación de los planes bienales de inversiones en salud. El procedimiento para la formulación, presentación y aprobación de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud que contenga los proyectos de infraestructura y dotación definidos en la presente Resolución, será el siguiente:
Dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes de marzo del año de inicio del periodo de gobierno del jefe de la entidad territorial y dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes de marzo del tercer año del período de gobierno del jefe de la entidad territorial, la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública, conforme al estudio de necesidades, procederá a formular los proyectos estableciendo las fuentes de financiación y los recursos disponibles para su ejecución.
Cada proyecto formulado debe ser registrado en forma individual por la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública, en el aplicativo dispuesto por este Ministerio para tal fin y remitido a través del mismo aplicativo al municipio o distrito, donde se vaya a desarrollar el proyecto.
Una vez recibidos en el municipio, a través del aplicativo, los proyectos registrados por parte de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública, el municipio dentro de los quince (15) días calendario siguientes, procederá a:
Registrar sus propios proyectos.
Realizar un consolidado de la totalidad de proyectos de la jurisdicción del municipio.
Remitir el consolidado mediante el aplicativo a la Dirección Departamental de Salud correspondiente.
Si transcurrido el término, aquí establecido, el municipio no realiza el envío mediante el aplicativo, éste se realizará en forma automática.
Cuando se pretenda financiar un proyecto de infraestructura o dotación con recursos del municipio en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas de su jurisdicción, este deberá ser registrado por la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública beneficiada.
Una vez recibido, a través del aplicativo, el consolidado de proyectos de cada uno de los municipios en el caso de los departamentos, y de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas en el caso de los distritos, las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes, procederán a registrar sus propios proyectos y a revisar, en el caso del departamento, los proyectos presentados por los municipios de su jurisdicción.
Cuando se pretenda financiar un proyecto de infraestructura o dotación con recursos del departamento o distrito en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas de su jurisdicción, el proyecto deberá ser registrado por la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública beneficiada.
Los proyectos registrados que presenten objeciones por parte del departamento o distrito, deberán ser devueltos al municipio o a la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública, según el caso, vía el aplicativo dispuesto para tal fin, especificando las causales por las cuales no se consideran viables. Los proyectos podrán ser corregidos y
presentados nuevamente dentro de los diez (10) días calendario siguientes al registro de las observaciones. Si al cabo de dicho término no se presentan las correcciones, se entenderá que el municipio y/o la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública desiste de dicho proyecto.
Vencido el plazo anterior, los departamentos y los distritos, a través de las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, según el caso, procederán a consolidar los proyectos de inversión de los municipios e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas de su jurisdicción, según sea el caso, y a presentarlos en los diez (10) días calendario siguientes al Consejo Territorial de Salud, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva, especificando cada uno de los proyectos presentados.
Una vez cumplido el anterior término, los departamentos y los distritos a través de las Direcciones Departamentales y/o Distritales de Salud deberán, dentro de los diez (10) días calendario siguientes, registrar en el aplicativo dispuesto para tal fin, los proyectos que fueron presentados al Consejo Territorial de Salud, especificando el nombre del proyecto, el cual debe ser igual al registrado inicialmente, la fecha de presentación al Consejo Territorial de Salud y el número del acta.
Una vez registrados los datos y vencido el término anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes se procederá a consolidar mediante el aplicativo, los proyectos por municipio, los cuales se constituirán, previa aprobación por parte de este Ministerio, en el Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud del departamento. Para el caso de los distritos, corresponderá al consolidado de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas de su jurisdicción. Dichos consolidados será remitidos en el mismo término, mediante el aplicativo, al Ministerio de Salud y Protección Social para su aprobación.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en un término de cuarenta (40) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo mediante el aplicativo del Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud del departamento o distrito, procederá a:
Realizar el estudio de cada uno de los proyectos.
Expedir el respectivo concepto de aprobación o no, decisión que será registrada en el aplicativo y estará a disposición de las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de los municipios y de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas que formularon los proyectos.
i. Los proyectos aprobados y consolidados en el aplicativo constituyen el Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud del departamento, del distrito y de los municipios, el cual estará dispuesto en el aplicativo.
j. Los proyectos no aprobados quedarán registrados en el sistema, debiendo especificar las causas o motivos de la negación, siendo posible según el caso, realizar los ajustes correspondientes para presentarlos nuevamente, cumpliendo el procedimiento previsto en los anteriores literales.
Parágrafo 1. En el aplicativo definido por este Ministerio, se deberá diligenciar la información que sea requerida en relación a los proyectos de inversión señalados en el artículo 1 de la presente resolución.
Parágrafo 2. El estudio que realice este Ministerio a los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, contemplará la revisión de la inversión bajo los criterios de desarrollo de redes.
Parágrafo 3. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas del orden nacional, registrarán en el aplicativo definido para el efecto por este Ministerio, la información de los proyectos, los cuales se remitirán por este mismo medio, a los municipios o distritos de la jurisdicción donde se vaya a desarrollar el proyecto, debiendo cumplir con los términos y procedimientos definidos en la presente resolución.
Parágrafo 4. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas no podrán realizar inversiones en proyectos que no se encuentren incluidos en los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo 5. Cumplidos los plazos para la formulación y presentación de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud establecidos en el presente artículo, el Ministerio de Salud y Protección Social reportará a los organismos de vigilancia y control, el listado de los departamentos y distritos que no lo presentaron para las acciones que se estimen pertinentes.
Parágrafo transitorio. Para la vigencia 2012 - 2013, los plazos aquí definidos inician a partir del 31 de agosto del 2012 y culminan el 31 de diciembre de 2012.
ARTÍCULO 5. Ajustes, modificaciones o adiciones a los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud: En caso de requerirse ajustes, modificaciones o adiciones a los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud aprobados por este Ministerio, los municipios, las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud podrán solicitar aprobación a los cambios, cumpliendo los procedimientos establecidos en el artículo 4 de la presente resolución. No podrán presentarse ajustes a los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, durante el último trimestre de la vigencia del mismo.
ARTÍCULO 6. Aplicativo de planes bienales de inversiones en salud. El aplicativo de Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, dispuesto por este Ministerio, permite el registro de la información por parte de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública, de los municipios, distritos, departamentos y del Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de llevar a cabo el procedimiento para la formulación, presentación, aprobación y ajuste de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, definido en la presente resolución.
Cada usuario dispondrá de su propia clave de acceso, la cual será asignada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
ARTÍCULO 7. Periodo y vigencia del plan. Los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud serán elaborados por períodos de dos (2) años, de manera que coincidan con el inicio y la mitad del período de gobierno del jefe de la entidad territorial respectiva y su vigencia será de dos (2) años contados a partir de su aprobación por parte de este Ministerio.
Los proyectos de inversión aprobados en los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud que no culminen en las dos vigencias del Plan, deben ser registrados en los siguientes Planes Bienales hasta su culminación, por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas, los municipios, departamentos o distritos, que lo estén ejecutando. Estos proyectos no requerirán del trámite previsto en el artículo 4 de la presente resolución, por estar ya aprobados.
Artículo 8. Ejecución de proyectos de inversión. Para la ejecución de los proyectos de inversión aprobados en los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, se requerirá:
Los de infraestructura física con valor igual o superior a mil (1.000) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, deben contar con concepto técnico de viabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Cuando dicho valor sea inferior, el concepto lo emitirá la Dirección Departamental o Distrital de Salud correspondiente.
Los de dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de salud considerados como de control especial de oferta, para su ejecución, deben contar con concepto técnico de viabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo. Todo proyecto de inversión, que se deba presentar al Ministerio de Salud y Protección Social para concepto técnico de viabilidad, debe estar incluido en el Plan Bienal de Inversión Pública en Salud.
ARTÍCULO 9. Seguimiento y control de la inversión. El seguimiento y control de la inversión de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, está constituido por el conjunto de procesos e instrumentos que permiten verificar que la programación de los recursos en infraestructura y dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de salud considerados como de control especial de oferta, se realice en forma oportuna y eficiente. A más tardar el 30 de diciembre y el 30 de junio de cada vigencia, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas, los municipios, los departamentos y distritos, deberán reportar en el aplicativo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social, todas las inversiones ejecutadas de los proyectos que fueron aprobados en los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud.
Cuando lo estime necesario, y con el fin de validar la información reportada, la Dirección Departamental y/o Distrital de Salud y/o el Ministerio de Salud y Protección Social podrán efectuar visitas de verificación o utilizar otros mecanismos de información que permitan establecer el cumplimiento de lo informado en el aplicativo.
ARTÍCULO 10. Prohibiciones. No podrán girarse recursos del orden nacional, departamental, distrital o municipal, ni realizarse ningún tipo de inversión en infraestructura ni en dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de control especial de oferta, a proyectos que no hagan parte de los Planes Bienales de Inversión pública en Salud aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social.
ARTÍCULO 11. Sanciones. En el evento en que una Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública, un municipio, departamento o distrito realice inversiones en infraestructura y/o dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de control especial de oferta, en proyectos no incluidos en el Plan Bienal de Inversiones Pública de Salud aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, los organismos de vigilancia y control impondrán las sanciones a que haya lugar.
ARTÍCULO 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, deroga la Resolución No. 5123 de 2006 y las demás normas que le sean contrarias.
Resolución 1985 de 2013:
RESOLUCIÓN 1985 DE 2013
(Junio 11)
Por la cual se establece el procedimiento que las entidades territoriales deben seguir para incluir los proyectos de inversión en sus Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, en el Marco de la Ley 1608 de 2013, y se dictan otras disposiciones
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las conferidas por el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993 y en desarrollo de los artículos 2°, numeral 4 y 4° de la Ley 1608 de 2013, y
CONSIDERANDO:
[…]
RESUELVE
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el procedimiento que las entidades territoriales deben seguir para incluir los proyectos de inversión en sus
respectivos Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, en el Marco de la Ley 1608 de 2013, así como las acciones para garantizar su seguimiento y control.
Artículo 2°. Articulación de los proyectos de inversión en el marco de la red de prestación de servicios. El departamento o distrito deberá verificar que los proyectos de inversión a financiar con los recursos de que tratan los artículos 2°, numeral 4 y 4° de la Ley 1608 de 2013 y que vayan a ser incluidos en su respectivo Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud, se encuentren articulados en el marco de la organización de la red de prestación de servicios del correspondiente departamento o distrito.
Artículo 3°. Procedimiento para la inclusión de los proyectos de inversión en los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud.
Los proyectos de inversión para infraestructura física y dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de salud, considerados como de control especial de oferta, a ser financiados con los recursos definidos en los artículos 2°, numeral 4 y 4° de la Ley 1608 de 2013, deberán cumplir con el procedimiento establecido en la Resolución 2514 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. En el evento que la inclusión de estos proyectos requiera la modificación, adición o ajuste de los Planes Bienales de Inversión aprobados por este Ministerio, en atención a lo previsto en el artículo 5° de la Resolución 2514 de 2012, se aplicará, en cualquier tiempo, el procedimiento previsto en el artículo 4° de la precitada resolución.
Los proyectos de dotación de equipos diferentes a los de control especial y los destinados a la adquisición de unidades móviles de salud, ambulancias básicas y medicalizadas, a ser financiados con los recursos definidos en los artículos 2° numeral 4 y 4° de la Ley 1608 de 2013, deberán surtir el siguiente procedimiento:
Los municipios registrarán los proyectos de inversión en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social para los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud.
El municipio remitirá los proyectos mediante el aplicativo a la Dirección Departamental de Salud correspondiente.
Una vez recibido a través del aplicativo el consolidado de proyectos de cada uno de los municipios, las Direcciones Departamentales de Salud dentro de los veinte
(20) días calendario siguientes, procederán a registrar sus propios proyectos y a revisar los presentados por los municipios de su jurisdicción.
Los proyectos registrados que presenten objeciones por parte de la Dirección Departamental de Salud, deberán ser devueltos al municipio, vía el aplicativo dispuesto para tal fin, especificando las causales por las cuales no se consideran viables. Dichos proyectos podrán ser corregidos y presentados nuevamente dentro de los diez (10) días calendario siguientes al registro de las observaciones, al cabo de los cuales, de no presentarse las correcciones, se entenderá que el municipio desiste del respectivo proyecto.
Dentro de los diez 10 días calendario siguientes al vencimiento del plazo contemplado en los literales c) o d), según el caso, las Direcciones Departamentales de Salud, procederán tanto a consolidar los proyectos de inversión de su jurisdicción, como a presentarlos al Consejo Territorial de Salud, de lo cual dejará constancia en el acta respectiva, especificando cada uno de los proyectos presentados.
Tratándose de distritos, el registro de sus proyectos se efectuará a través de las Direcciones Distritales de Salud, en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social. Una vez realizada su consolidación, el distrito deberá presentarlos en los diez (10) días calendario siguiente al Consejo Territorial de Salud, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva, especificando cada uno de los proyectos presentados.
Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término previsto en los literales e) y f) del presente numeral, los departamentos y distritos, a través de las Direcciones Departamentales y/o Distritales de Salud, deberán registrar en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin, los proyectos que fueron presentados al Consejo Territorial de Salud, especificando el nombre del proyecto, el cual debe ser igual al registrado inicialmente, la fecha de presentación al Consejo Territorial de Salud y el número del acta. Cumplido este trámite, se entenderán avalados por el departamento y/o distrito y quedarán incluidos en el Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud del departamento o distrito, según sea el caso.
Parágrafo 1°. Los municipios no podrán realizar inversiones con los recursos definidos en los artículos 2° numeral 4 y 4° de la Ley 1608 de 2013, en proyectos que no se encuentren incluidos en los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud avalados por el departamento.
Parágrafo 2°. El procedimiento previsto en este artículo será aplicable también a aquellos proyectos que se financien con recursos del Sistema General de Regalías, cuando así lo determine la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.
Artículo 4°. Proyectos de adquisición de ambulancias y unidades móviles de salud. Cuando los proyectos correspondan a la adquisición de ambulancias básicas o medicalizadas y/o unidades móviles, las entidades territoriales deberán tener en cuenta lo siguiente:
La entidad territorial no podrá de manera directa prestar los servicios de transporte asistencial básico o medicalizado de pacientes, ni operar de manera directa la unidad móvil de salud.
Únicamente se podrán adquirir ambulancias medicalizadas cuando la Empresa Social del Estado que la va a tener a cargo, sea de segundo o tercer nivel de atención.
Parágrafo. Una vez adquirida la ambulancia o la unidad móvil de salud, deberá remitirse al Ministerio de Salud y Protección Social – Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres, copia de acta de ingreso al almacén de la institución y de la tarjeta de propiedad del vehículo, para ser incluida en la base de datos que para tal fin dispone este Ministerio.
Artículo 5°. Aplicativo de Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud. Para efecto de los proyectos de inversión de que trata la presente resolución, a ser incluidos en los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud y financiados con los recursos definidos en los artículos 2° numeral 4 y 4° de la Ley 1608 de 2013, el aplicativo de Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, dispuesto por este Ministerio, permitirá el registro de la información por parte de los municipios, distritos y departamentos, en las condiciones definidas en la presente resolución. Cada usuario dispondrá y utilizará la clave de acceso vigente que haya sido asignada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Artículo 6°. Seguimiento y control de las inversiones. A más tardar el 30 de diciembre y el 30 de junio de cada vigencia, los municipios, distritos y departamentos, deberán reportar en el aplicativo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social, todas las inversiones ejecutadas de los proyectos que fueron aprobados en cumplimiento de la presente resolución. Cuando lo estimen necesario y con el fin de validar la información reportada, la Dirección Departamental y/o Distrital de Salud y/o este Ministerio, podrán efectuar visitas de verificación o utilizar otros mecanismos de información que permitan establecer el cumplimiento de lo informado en el aplicativo.
Artículo 7°. Sanciones. En el evento en que un municipio, distrito o departamento realice inversiones en proyectos financiados con los recursos definidos en los artículos 2° numeral 4 y 4° de la ley 1608 de 2013, sin dar cumplimiento a lo previsto en la presente
resolución, los organismos de vigilancia y control impondrán las sanciones a que haya lugar.
Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
- Cuestión previa
- Caso concreto
La Sala advierte que la Resolución 2514 de 2012 actualmente no se encuentra vigente, dado que fue expresamente derogada por el artículo 368 de la Resolución 2373 de 2025
«Por la cual se define la metodología para formular, actualizar y ajustar los Planes Maestros de Inversiones en Infraestructura y Dotación en Salud y se dictan otras disposiciones».
En atención a que la derogatoria de la Resolución 2514 de 2012 no afecta su validez, por cuanto mantuvo su presunción de legalidad por el lapso en que produjo efectos con base en las normas vigentes durante su existencia en el ordenamiento jurídico, resulta procedente que la Sala emita un pronunciamiento de fondo sobre su legalidad.
El demandante manifestó que las resoluciones demandadas fueron expedidas sin competencia, con violación de normas superiores y con falsa motivación. Previo a estudiar tales cargos de nulidad, la Sala considera necesario efectuar las siguientes precisiones:
En primer lugar, la Sala advierte que, si bien el demandante al fundamentar el cargo por violación de las normas superiores relacionó varias disposiciones de la Constitución Política, lo cierto es que concreta su inconformidad en que los actos acusados establecen una limitación a las entidades territoriales afectando la autonomía política, administrativa y presupuestal que estas tienen respecto de su patrimonio, por tanto, el análisis se realizará desde esta perspectiva.
En cuanto al cargo de falsa motivación, la Sala encuentra que no cumple con la carga mínima argumentativa9, en razón a que el demandante omitió explicar o exponer las razones en que se fundamentaba. En consecuencia, no se efectuará un pronunciamiento autónomo de fondo.
En este punto, se recuerda que el demandante cuestiona que el Ministerio de Salud y Protección Social haya ejercido una potestad reglamentaria que la Constitución reserva únicamente al presidente de la República. A partir de esa premisa, enfatizó que las resoluciones acusadas fueron expedidas por autoridad carente de competencia, puesto
8 «ARTÍCULO 36. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga la Resolución 2514 de 2012, y su modificatoria la Resolución 2131 de 2021 y el artículo 4 de la Resolución 5096 de 2017».
9 El marco del juicio de legalidad lo delimita la parte demandante, a quien corresponde identificar las disposiciones que vulneradas y exponer las razones de su infracción; el juez decide dentro de ese marco, en virtud del principio de congruencia previsto en el artículo 187 del CPACA, sin que pueda fundar la nulidad en normas no invocadas ni suplir las deficiencias argumentativas de la demanda. En ese sentido, la Sección Primera ha señalado que el juez «no puede realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con base en normas no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones expuestas en la demanda» (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de junio de 2014, rad. 25000-23-24-000-2005-00434-01, MP María Elizabeth García González, con reiteración de la providencia de 27 de noviembre de 2003). Por tanto, la invocación abstracta de normas, sin desarrollo argumentativo que confronte cada disposición con el acto demandado, impide un pronunciamiento autónomo de fondo.
que los ministros no se encuentran facultados para expedir de manera autónoma actos administrativos de carácter general destinados a reglamentar la ley.
Para resolver lo anterior, la Sala empieza por señalar que el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política prevé que le corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
De manera reiterada esta Sección ha indicado que dicha facultad se circunscribe a que el citado mandatario dicte normas orientadas a la «correcta ejecución de la ley sin necesidad de disposición expresa que la conceda»10, así mismo, que el alcance de la potestad reglamentaria «depende de la valoración política que el Legislador haga de la materia que desarrolla pues puede regular íntegramente una materia sin dejar margen alguna a la reglamentación, o abstenerse de reglar algunos aspectos, que el Presidente la reglamente para su debida aplicación»11.
Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han señalado que el ejecutivo debe limitarse a desarrollar la ley y subordinarse a su contenido, es decir, que debe regular únicamente sobre aspectos que requieran de precisión para su correcta implementación. Por consiguiente, no resulta procedente que se modifique, amplíe o restrinja el sentido de la ley con nuevos mandatos o preceptos o que se excluyan disposiciones reguladas en aquella, pues tal actuar implicaría un desbordamiento de las facultades otorgadas en el citado artículo 189-11 de la Carta Política.
Frente a la titularidad de la potestad reglamentaria derivada o de segundo grado, esta Sección12 ha indicado lo siguiente:
[…] en principio, la potestad reglamentaria permanente está radicada únicamente en cabeza del Presidente y tiene como función expedir las disposiciones jurídicas de carácter general que se consideren necesarias para desarrollar las reglas y principios que se hayan fijado en éstas.
No obstante, y de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, se ha precisado que el margen de la potestad reglamentaria puede igualmente ejercerse por otras autoridades administrativas a través de la potestad secundaria o derivada.
Esta Corporación, en sentencia del 20 de noviembre de 201413 se refirió a la potestad reglamentaria derivada o de segundo grado así:
“La potestad reglamentaria es la facultad constitucional atribuida de manera permanente a algunas autoridades para expedir un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto para la debida ejecución de la ley, a través de las cuales se desarrollan las reglas y principios en ella fijados. Su propósito es señalar aquellos detalles y pormenores necesarios que permiten la debida aplicación de la ley, sin que en ningún caso pueden modificarla, ampliarla o restringirla en cuanto a su contenido material o alcance.
10Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00571-00.
12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de agosto de 2021, radicación núm. 11001032400020110037200 C.P.: Oswaldo Giraldo López.
13 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia del 20 de noviembre de 2014; Radicado No. 11001-03-24-000-2010-00119-00; C.P. Guillermo Vargas Ayala.
El sistema configurado por la Constitución Política de 1991 atribuyó de manera principal la titularidad de la potestad reglamentaria al Presidente de la República, según lo refleja el numeral 11 de su artículo 189. No obstante lo anterior, tal como ha sido precisado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado14 la propia Carta también se encargó de radicar en forma precisa la potestad de producción de actos normativos de efectos generales y de carácter reglamentario en otros órganos constitucionales ubicados dentro de la Rama Ejecutiva (como por ejemplo los Ministerios) y aun fuera de ella.
La Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que la potestad reglamentaria que ostentan los Ministerios es derivada o de segundo grado. En efecto, esta facultad de expedir actos generales, en el caso de los Ministerios, se ejerce en todo caso, frente a la potestad reglamentaria del Presidente de la República, con criterio residual y subordinado. Esta facultad reglamentaria encuentra sustento constitucional en el artículo 208 de la Constitución política, en cuyo inciso primero se establece que: “Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.”.
En este mismo sentido, esta sección, en sentencia del 18 de julio de 201915, aludió a las dimensiones o niveles de la potestad reglamentaria de la siguiente forma:
“Por lo mismo, esta Sección ha determinado que esa potestad reglamentaria que ostentan los ministerios es derivada o de segundo grado y, en efecto, la facultad de expedir actos generales en el caso de esas entidades se ejerce, frente a la potestad reglamentaria del Presidente de la República, con criterio residual y subordinado.
Y es que resultaría absurdo pretender que el Presidente de la República estuviese obligado a ejercer de manera personal y directa sus facultades reglamentarias en todos y cada uno de los ámbitos de la gestión pública, realidad incontrovertible ante la cual la puesta en marcha de esquemas y estrategias de descentralización, delegación y desconcentración, así como la conformación de sectores y de sistemas sectoriales de gestión, se hace imprescindible para garantizar el correcto desempeño de la administración pública.
En ese sentido, desconocer a los ministros la facultad de expedir reglamentaciones en materias que son propias de sus Despachos, resultaría contrario a los principios de racionalidad, celeridad, eficacia y economía previstos en el artículo 209 de la Carta y a los propios lineamientos de la Ley 489. El principio del efecto útil de las normas obliga a desechar esa interpretación pues, de acogerse, haría nugatoria la competencia que constitucionalmente corresponde a los ministerios conforme al artículo 208 de la Constitución, produciría la atrofia de la administración, tornaría ineficiente la toma de decisiones e impediría al jefe de la respectiva Cartera desempeñarse como tal.
Ello, sin perjuicio de resaltar, debido a la inmediación temática y el dominio técnico jurídico que ostentan quienes tienen a cargo el manejo directo de dichos asuntos especializados, como sucede con los ministerios, que son esas y no otras las autoridades idóneas, capacitadas y llamadas a producir e impartir esas instrucciones.
14 Entre otras sentencias, en la Corte Constitucional, ver las siguientes: C-805 de 2001; C-917 de 2002; C-1005 de 2008; C-372 de 2009 y C-748 de 2011. Y del Consejo de Estado, entre otras, las Sentencias de la Sección Tercera de 14 de agosto de 2008, proferida en el expediente con radicado núm. 11001-03-26-000-1999-00012-01(16230), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y 7 de octubre de 2009, proferida en el expediente núm. 11001-03-26-000-2000-08448-01(18448), C.P. Enrique Gil Botero.
15 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Radicado No. 11001-03-24-000-2011-00163 -00; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón
Se sale de los parámetros y principios de la administración moderna y de la complejidad del Estado colombiano, pretender que aún este tipo de reglamentación deba ser expedido por el Presidente de la República, más cuando son tantas las materias y los niveles jerárquicos en que ello se requiere, que generaría una concentración y dilación contraria a los principios de eficacia, economía y celeridad consagrados en el referido artículo 209 de la Constitución Política, para cuyo cumplimiento, justamente, la misma norma prevé los mecanismos de la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
La potestad normativa residual, secundaria y derivada se justifica en la medida en que es en los organismos administrativos en donde reposa la información directamente relacionada con el funcionamiento práctico de las herramientas de creación legislativa. La inmediación que se da entre dichos entes, los temas reales de implementación de la legislación y sus usuarios, imponen que sean aquellos los que señalen la microregulación de la Ley.
En consecuencia, resulta evidente que el ministerio del ramo está facultado para dictar reglamentos o actos administrativos de contenido general en los asuntos de su competencia, desde luego, con sujeción a la ley y al reglamento y sin rebasar el ámbito de regulación normativa de una y otro.”
Bajo las anteriores premisas, si bien la Constitución le otorgó la potestad reglamentaria al presidente, lo cierto es que, en general, en la rama ejecutiva y aun fuera de ella se puede ejercer lo que se denomina la potestad derivada o de segundo grado para expedir actos generales con criterio residual y subordinado.
Así, la potestad reglamentaria podrá ejercerse por parte de algunas autoridades, como los Ministerios, sus entidades adscritas, las corporaciones autónomas regionales16 y otras17 con el fin de proferir las reglas jurídicas de carácter general y abstracto que determinen la forma en la que se desarrollan las pautas y principios fijados en la ley y así establecer los parámetros u orientaciones para su debida aplicación. Ello, claro está, dentro de la órbita de las funciones que son propias de la entidad que expide la reglamentación, lo que tiene una doble connotación; por una parte, porque rige el principio de conformidad con el cual la competencia es reglada; y por otra, porque, a partir de tal principio, la llamada
16 Sentencia C-593 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz. “Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo; […] son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales, y entre la administración central nacional y la descentralizada por servicios y territorialmente, que están encargados, principalmente, aun cuando no exclusivamente, de funciones policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con la preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo cual, y dentro del marco de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 339 de la Carta Política, las autoriza para participar, en los casos señalados en la ley, como agentes del Gobierno Nacional […]”.
17 Sentencia C-1005 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto “[…] Cierto es, entonces, que la Constitucioìn le asignoì a determinados oìrganos en lo atinente a ciertas materias una facultad de regulacioìn. Este fue, por ejemplo, el caso del Consejo Superior de la Judicatura entidad que según el artiìculo 257 Superior “le corresponde con sujecioìn a la ley “[d]ictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administracioìn de Justicia, los relacionados con la organizacioìn y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulacioìn de los traìmites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.” Ha Mencionado la Corte igualmente el caso del Contralor General de la República quien según el artiìculo 268 C. N. debe “[p]rescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nacioìn e indicar los criterios de evaluacioìn financiera, operativa y de resultados que deberaìn seguirse." (Numeral 1o) y "Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial." (Numeral 12). A su vez, al Contador General, funcionario de la Rama Ejecutiva, le correspondiìa, de acuerdo con el artiìculo 354 de la Constitucioìn, "... determinar las normas contables que deben regir en el paiìs, conforme a la ley.” Del mismo modo, que la Junta Directiva del Banco de la República ejerciìa las competencias de regulacioìn que le correspondiìan de acuerdo con lo dispuesto en los artiìculos 371 y 372 de la Constitucioìn”.
a orientar de la mejor manera la aplicación del ordenamiento jurídico es precisamente la entidad especializada en la materia, ya que cuenta con los elementos adecuados para ello.
Es decir que son estos entes administrativos las autoridades idóneas y capacitadas para establecer las instrucciones y herramientas prácticas que se consideren necesarias para la debida aplicación de las leyes, a través de actos administrativos de carácter general y abstracto. [Subrayas fuera del texto]
De lo expuesto, la Sala encuentra que, en principio, la potestad reglamentaria radica en el presidente de la República de manera permanente, sin embargo, de esta se desprende la facultad secundaria o derivada que es la ejercida por otros sujetos de la función administrativa como es el caso de los ministros, cuya finalidad es la de precisar, conforme a sus respectivas competencias, determinados aspectos y pormenores necesarios para la debida aplicación de la ley con un criterio residual y subordinado, es decir, que se encuentra circunscrita al desarrollo de aspectos específicos, técnicos y operativos propios de su sector.
De acuerdo con las sentencias C-917 de 2002 y C-1005 de 2008, el fundamento de esta competencia secundaria puede provenir de 2 fuentes, la primera, del principio de inmediación técnica derivada de la especialidad funcional y del conocimiento técnico que tiene cada autoridad respecto de las materias propias de su sector; y, la segunda, de una atribución legal directa, numerales 2 y 3 del artículo 59 de la ley 489 de 1998, que permite a los ministerios y departamentos administrativos ejercer las funciones que legalmente le sean atribuidas para el desarrollo de materias determinadas.
Ahora bien, al examinar los actos acusados, la Sala advierte lo siguiente:
La Resolución núm. 2514 de 201218 tuvo por finalidad establecer el procedimiento que deben seguir las entidades territoriales para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y control de los planes bienales de inversiones públicas en salud.
Dicha resolución se fundamentó en las leyes 100 de 1993, 715 de 2001 y 1438 de 2011. Al examinar dichas normativas, la Sala encuentra que el numeral 3 del artículo 173 de la referida Ley 100 faculta al Ministerio de Salud para «Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las Entidades Promotoras de Salud, por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales, distritales y locales de salud».
18 El artículo 1 prevé: «ARTÍCULO 1. Objeto y campo de aplicación. La presente resolución tiene por objeto establecer los procedimientos para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y control de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, que deberán incluir los siguientes tipos de proyectos de inversión:
Inversiones en infraestructura física.
Inversiones en dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de salud considerados como de control especial de oferta, señalados en el artículo 2 de la presente resolución.
Parágrafo 1. La formulación de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud es de carácter obligatorio para los departamentos, distritos y municipios de todo el territorio nacional.
Parágrafo 2. Se excluyen de la aplicación de las disposiciones de la presente resolución, las Inversiones Públicas en Salud que realicen las entidades que hacen parte de los regímenes de excepción, previstos en la Ley 100 de 1993».
El artículo 54 de la Ley 715 de 2001 establece que «La red de servicios de salud se organizará por grados de complejidad relacionados entre sí mediante un sistema de referencia y contrarreferencia que provea las normas técnicas y administrativas con el fin de prestar al usuario servicios de salud acordes con sus necesidades, atendiendo los requerimientos de eficiencia y oportunidad, de acuerdo con la reglamentación que para tales efectos expida el Ministerio de Salud». [Se destaca]
A su vez, el artículo 6519 ibidem preveía que «las secretarías de salud departamentales y distritales prepararán cada dos años un plan bienal de inversiones públicas y privadas en salud, en el cual se incluirán las destinadas a infraestructura, dotación o equipos biomédicos que el Ministerio de Salud determine que sean de control especial»20. De igual manera, que los «Planes bienales deberán contar con la aprobación del Ministerio de Salud, para que se pueda iniciar cualquier obra o proceso de adquisición de bienes o servicios contemplado en ellos». [Se destaca]
Por su parte, el artículo 5 de la Ley 1438 de 2011, que adicionó varios numerales al artículo 42 de la Ley 715 de 2001, indicó que le corresponde a la Nación la aprobación de los planes bienales de inversiones públicas para la prestación de los servicios de salud, de los departamentos y distritos en los términos que determine el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 5°. Competencias de los distintos niveles de la Administración Pública. Adicionar al artículo 42 de la Ley 715 de 2001 los siguientes numerales:
42.22. Aprobar los Planes Bienales de Inversiones Públicas, para la prestación de los servicios de salud, de los departamentos y distritos, en los términos que determine el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con la política de prestación de servicios de salud.
42.23. Diseñar indicadores para medir logros en salud, determinar la metodología para su aplicación, así como la distribución de recursos de conformidad con estos, cuando la ley así lo autorice. Los indicadores deberán medir los logros del Sistema General de Segundad (Sic) Social en Salud, frente a todos los actores del sistema.
Modificar los siguientes numerales del artículo 43 y 44, de la Ley 715 del 2001, así:
43.2.7. Avalar los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, de los municipios de su jurisdicción, en los términos que defina el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con la política de prestación de servidos de salud, cuyo consolidado constituye el Plan Bienal de Inversiones Públicas Departamentales.
43.3.4. Formular y ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas departamentales.
43.3.9. Asistir técnicamente y supervisar a los municipios, en la prestación del Plan de Intervenciones Colectivas, y las acciones de salud pública individuales que se realicen en su jurisdicción. El Ministerio de la Protección Social reglamentará el proceso de asistencia técnica, con recursos financieros, tecnológicos, humanos, gestión de procesos y resultados esperados. [Subrayas por fuera del texto original]
La Resolución núm. 1985 de 201321 reguló el procedimiento para incluir los proyectos de inversión en los planes bienales de inversiones públicas en salud, así como definir
20 Palabra subrayada declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-615 de 2002.
21 «Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el procedimiento que las entidades territoriales deben seguir para incluir los proyectos de inversión en sus respectivos Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, en el Marco de la Ley 1608 de 2013, así como las acciones para garantizar su seguimiento y control».
mecanismos de seguimiento y control sobre la ejecución de dichos recursos y las sanciones, la cual se fundamentó en le Ley 1608 de 2013.
La Sala advierte que, mediante la Ley 1608 de 2013 se definieron las «medidas para mejorar el flujo de recursos y la liquidez del Sector Salud a través del uso de recursos que corresponden a saldos o excedentes de cuentas maestras del Régimen Subsidiado de Salud, aportes patronales y rentas cedidas, y definir mecanismos para el financiamiento de las deudas reconocidas del Régimen Subsidiado de Salud por las entidades territoriales en el marco de lo señalado en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011»22.
El artículo 2 ibidem estableció que los saldos de las cuentas maestras del régimen subsidiado de salud podrán usarse, entre otros, «[e]n la inversión en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red pública de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en el marco de la organización de la red de prestación de servicios. […]. Estas inversiones deberán estar incluidas en el Plan Bienal de Inversiones en salud del respectivo departamento o distrito»23. A su vez, el artículo 4 indicó que «[l]os proyectos de infraestructura y renovación tecnológica deberán estar articulados con los planes bienales de las Entidades Territoriales y con la organización de la red de prestación de servicios».
De lo explicado, la Sala encuentra que la Resolución 2514 de 2012 fue expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social en ejercicio de sus facultades legales conferidas por los artículos 173 de la Ley 100 de 1993, 42, 43 y 65 de la Ley 715 de 2001, modificados y adicionados por la Ley 1438 de 2011. Mientras que la Resolución 1985 de 2013 lo fue también en el citado artículo 173 y la Ley 1608 de 2013. Ambos actos se limitaron a regular la operatividad de los planes bienales, sin introducir modificación distinta a las previstas en las normas respectivas.
Igualmente, del análisis normativo, la Sala observa que el legislador le atribuyó expresamente al Ministerio de Salud y Protección Social la competencia para definir los procedimientos para la formulación, aprobación y seguimiento de los planes bienales de inversiones públicas en el sector salud.
Por tanto, para la Sala, el Ministerio de Salud y Protección Social al expedir los actos acusados no se extralimitó de la órbita de sus facultades, sino que, por el contrario, actuó en el marco de sus competencias, profiriendo actos administrativos generales y abstractos dirigidos a establecer el procedimiento i) que deben seguir las entidades territoriales para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y control de los planes bienales de inversiones públicas en salud; y ii) para incluir los proyectos de inversión en los planes bienales de inversiones públicas en salud.
Además, contrario a lo manifestado por el demandante, si bien la Constitución le otorgó la potestad reglamentaria al presidente de la República, lo cierto es que, en el presente caso, en virtud de la potestad derivada o de segundo grado, el Ministerio de Salud y Protección Social se encontraba facultado para expedir los actos generales para la debida aplicación de las leyes 715 de 2001 y 1608 de 2013, en lo atinente a la regulación al plan bienal de inversiones públicas en el sector salud, que, por su naturaleza especializada y técnica, corresponden a la órbita funcional de dicha cartera ministerial.
En este contexto, la Sala también estima oportuno señalar que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-615 de 200224, declaró inexequibles las expresiones del artículo 65 de la Ley 715 de 2001, que extendían el régimen de aprobación de inversiones a las instituciones de carácter privadas, dejando la inclusión y aprobación de estos respecto del sector público, motivo por el cual la regulación impartida por el Ministerio de Salud y Protección Social para exigir su cumplimiento encuentra respaldo en dicha disposición normativa.
En consecuencia, la Sala concluye que el presente cargo no tiene vocación de prosperidad.
- Análisis del cargo de violación de normas superiores
- Costas
El artículo 1º de la Constitución Política consagra que «Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales». Este precepto constitucional implica que la organización territorial del Estado Colombiano se estructura a partir de dos principios fundamentales, unidad estatal y autonomía de las entidades territoriales, pilares fundantes de toda la organización y el funcionamiento del Estado, y en particular, la distribución y articulación de competencias entre la Nación y las entidades territoriales25.
El principio de autonomía territorial hace referencia a la capacidad de cada uno de los niveles territoriales para dirigir y gestionar todos aquellos asuntos y materias que se encuentren en el ámbito de sus intereses. El artículo 287 superior señala que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley, atributo que conforme a esta misma disposición se concreta en (i) la capacidad de gobernarse por autoridades propias, (ii) la potestad de ejercer las competencias que les correspondan; (iii) la facultad de administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y
(iv) el derecho a participar en las rentas nacionales.
La jurisprudencia constitucional ha indicado que el principio de unidad y autonomía deben armonizarse, de manera tal que al interpretarlos y aplicarlos se obtenga su pleno equilibrio y coexistencia, sin que ninguno de ellos sea absoluto en perjuicio del otro: el concepto de unidad del Estado colombiano no puede ser utilizado como pretexto para desconocer la capacidad de autogestión de las entidades territoriales, y a su turno, la autonomía de las entidades territoriales no puede ser entendida de manera omnímoda, hasta el punto de hacer nugatorias las competencias naturales de las instancias territoriales centrales.
En este sentido, de acuerdo con la Corte Constitucional, cuando el artículo 287 Superior define la autonomía como la capacidad de que gozan las entidades territoriales para
24 «Primero: Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y privadas en salud” contenida en el inciso primero del artículo 65 de la Ley 715 de 2001. Segundo: Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “No podraìn realizarse inversiones en infraestructura, dotación o equipos, que no se encuentren en el plan bienal de inversiones en salud” y “Cuando las instituciones privadas realicen inversiones por fuera del plan bienal, no podraìn ser contratadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenidas en el inciso tercero del artículo 65 de la Ley 715 de 2001. Tercero: Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “o privadas” e “y las instituciones privadas no podraìn ser contratadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud" contenidas en el inciso cuarto del artículo 65 de la Ley 715 de 2001».
25 La Corte Constitucional se ha referido al contenido y alcance de estos principios y a su armonización en reiterada jurisprudencia, destacándose de sus pronunciamientos, entre muchos otros, los contenidos en las Sentencias C-535 de 1996, C-579 de 2001, C-149 de 2010, C-937 de 2010, así como en el Auto 383 de 2010.
gestionar sus propios intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley, se afirman los intereses locales, pero se reconoce la supremacía de un ordenamiento superior, con lo cual la autonomía de las entidades territoriales no se configura como poder soberano, sino que se explica en un contexto unitario. De esta forma, el equilibrio entre ambos principios se constituye entonces a través de limitaciones: por un lado, el principio de autonomía debe desarrollarse dentro de los límites de la Constitución y la ley, con lo cual se reconoce la posición de superioridad del Estado unitario, y por el otro, el principio unitario debe respetar un espacio esencial de autonomía cuyo límite lo constituye el ámbito en que se desarrolla esta última.
En el caso concreto, el demandante manifestó que los actos acusados establecen una limitación a las entidades territoriales que afecta su autonomía política, administrativa y presupuestal que estas tienen respecto de su patrimonio.
Respecto de lo anterior, la Sala encuentra que no le asiste razón al demandante, en razón a que parte de una premisa inexistente, habida cuenta que los actos cuestionados no regulan la forma en que los entes territoriales deben invertir sus recursos, sino que establecen los procedimientos para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y control de los planes bienales de inversiones públicas en salud (Resolución 2514 de 2012), así como el trámite para incluir los proyectos de inversión en tales planes (Resolución 1985 de 2013).
Es de recordar que los actos acusados son instrumentos de coordinación y planificación expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, cuya competencia se restringe a la aprobación de los proyectos presentados por los entes territoriales, validar que estos se encuentren articulados con la política nacional de salud, entre otras funciones de coordinación y apoyo técnico.
Además, en los actos acusados se reconoce que le corresponde a los departamentos, distritos y municipios formular los proyectos para que sean incluidos en los planes bienales de inversiones públicas en salud, igualmente, identificar las necesidades, asignar los recursos y ejecutar los proyectos.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la reglamentación impartida mediante los actos acusados no afecta la autonomía de las entidades territoriales. Por ende, el cargo no está llamado a prosperar. En conclusión, se denegarán las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.
Visto el artículo 188 del CPACA27, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
27 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”.
FALLA:
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejero de Estado Presidente
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.