
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., primero (1º) de octubre de dos veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-24-000-2015-00158-00
Demandantes: Sociedad Colombiana de Gastroenterología y otros Demandado: Nación - Ministerio de Salud y Protección Social Medio de control: Nulidad
Tema: De la atribución legal para la emisión de títulos o certificaciones académicas. De la regulación del ejercicio profesional de la salud. Diferencias entre un estándar y un título de idoneidad
Decisión: Niega las pretensiones de la demanda. Sin condena en costas
Sentencia de única instancia
La Sala procede a decidir la demanda promovida por la Sociedad Colombiana de Gastroenterología, Asociación Colombiana de Hepatología, Asociación Colombiana de Coloproctología y Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, por conducto de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad, contra el aparte «o en una Institución Prestadora de Servicios de Salud, en Colombia o el exterior» previsto en el Manual de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud, adoptado por el artículo 2 de la Resolución núm. 1441 del 6 de mayo de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
I. DEMANDA
1.1. Pretensiones
La parte demandante planteó las siguientes pretensiones1:
Se declare la nulidad de la expresión «o en una Institución Prestadora de Servicios de Salud, en Colombia o el exterior» de la Resolución 1441 del 6 de mayo de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Una vez ejecutoriada la sentencia que le ponga fin a la presente acción, se comunique a la autoridad administrativa que profirió el acto, para los efectos legales consiguientes.
1.2. Normas vulneradas y concepto de violación
La parte actora invocó como normas vulneradas los artículos 2 y 26 de la Constitución Política; 24 de la Ley 30 de 1992; 88 de la Ley 115 de 1994 (modificado por el artículo 2
de la Ley 1650 de 2013); 185 de la Ley 100 de 1993; 1° del Decreto 1011 de 2006; y 2,
3 y 37 de la Ley 1164 de 2007.
1 0004 del aplicativo Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, en el documento denominado: 33_INDICE_EXPEDIENTE_DIGITALIZADO(.pdf) NroActua 41.
1.2.1. Cargos de violación
Como cargo de la violación, la parte actora invocó la «infracción de las normas en que debió fundarse y sin competencia», el cual sustentó en los siguientes términos:
Indicó que en el caso concreto el aparte del acto demandado se expidió con infracción de las normas en que debió fundarse y sin competencia. No se otorgó un espacio efectivo para la participación de las asociaciones colombianas de gastroenterología, quienes han concluido que el tiempo de formación mínima para endoscopia digestiva básica debe ser de dos años, y de por lo menos un año más para endoscopia avanzada. Adicionalmente se ha expresado por los expertos, que el requisito formativo para acceder a capacitarse en endoscopia digestiva debe ser el pertenecer a un programa de subespecialidad en enfermedades digestivas, clínico o quirúrgico, de adultos o niños, o en otras palabras, no cualquier profesional podría practicarlo.
Afirmó que la Resolución 1441 del 6 de mayo de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones, señaló que serán los:
«[m]édicos especialistas quienes podrán realizar los procedimientos endoscópicos diagnósticos y/o terapéuticos, relacionados con su especialidad, para los cuales demuestren haber adquirido la competencia durante el desarrollo del pensum académico o certificación de formación en la realización de la endoscopia específica ofertada, certificada por una universidad nacional o extranjera, o en una Institución Prestadora de Servicios de Salud, en Colombia o en el exterior, debidamente reconocida por el Estado».
Explicó que lo anterior viola la normatividad superior que sobre esta materia se ha expedido, dado que la Ley 30 de 1992, establece en su artículo 24 que el «título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma». Que a renglón seguido se observa que el «otorgamiento de títulos en la Educación Superior es de competencia exclusiva de las instituciones de ese nivel de conformidad con la presente Ley».
Adujo que el artículo 88 de la ley 115 de 1994, modificado por el artículo 2 de la ley 1650 de 2013, establece el concepto de título académico y señala que su otorgamiento es de competencia de las instituciones educativas y de las instituciones del Estado señaladas para verificar, homologar o convalidar conocimientos y su entrega estará sujeta única y exclusivamente al cumplimiento de los requisitos académicos establecidos por cada institución. Por lo tanto, las instituciones prestadoras del servicio de salud no son competentes para certificar la idoneidad o experiencia de quienes van a contratar o han contratado para cumplir dicho fin.
Explicó que lo anterior resulta incompatible con la legislación nacional hasta el punto en que deja entredicho la idoneidad académica y formativa de quien pretende realizar una endoscopia digestiva, por cuanto, se está frente a un conflicto de intereses, pues el que certifica la idoneidad de una persona en este aspecto es el mismo que se beneficiará de los servicios que aquel preste y ofrece.
Señaló que el artículo 185 de la Ley 100 de 1993 establece que son funciones de las instituciones de servicios de salud prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en dicha norma. En armonía con dicha preceptiva el artículo 1° del Decreto 1011 de 2006 señaló que se considera prestadores de servicios de salud a las
instituciones que presten dicho servicio, así como los profesionales independientes de salud y a los servicios de transporte especial de pacientes.
Precisó que las instituciones prestadoras de servicios de salud carecen de competencia para certificar que un médico especialista ha «adquirido la competencia durante el desarrollo del pensum académico» o para certificar que aquel realizó la debida
«formación en la realización de la endoscopia específica ofertada».
Argumentó que entre los principios generales establecidos en el artículo 2 de la Ley 1164 de 2007 prevé que el talento humano se regirá por su calidad, es decir, la formación y el desempeño debe caracterizarse por el logro de los mayores beneficios posibles en formación y atención con los menores riesgos para los usuarios de dicho servicio. Como componente de calidad se reconocen el ejercicio idóneo de competencias propias de cada profesión u ocupación en salud y la satisfacción, así como el mejoramiento de la salud de los usuarios de los servicios.
Indicó que, así mismo, el artículo 3 de la Ley 1164 de 2007 prevé que el desempeño del talento humano en salud es objeto de vigilancia y control por parte del Estado, que las competencias propias de las profesiones y ocupaciones según los títulos o certificados respectivos, obtenidos legalmente deben ser respetadas por los prestadores y aseguradores de servicios de salud, incluyendo la individualidad de los procesos de atención.
Manifestó que, en cuanto al ejercicio competente, el artículo 37 de la Ley 1164 de 2007 señaló que debe ser ejecutado de acuerdo con sus potestades, las cuales deben corresponder a sus títulos o certificados expedidos por la entidad educativa. Así mismo, prevé que no se comprometerán a realizar labores que excedan su capacidad.
Relató que de las normas mencionadas, se concluye que las instituciones prestadoras del servicio de salud no tienen capacidad dentro de un Estado Social de Derecho de certificar que un médico especialista ha adquirido la competencia durante el desarrollo del pensum académico o para certificar que aquél realizó la debida formación en la realización de la endoscopia específica ofertada, pues, esto vulnera la normatividad superior en que debió fundarse, en la cual se indica que solo las instituciones de educación superior o en todo caso una entidad educativa puede certificar lo propio.
Solicitó que con el objetivo de asegurar la calidad y seguridad en la atención de los pacientes por parte de especialistas que han adquirido la competencia esencial en los procesos clínicos y procedimientos comunes, como es el deber del Estado, se proceda a declarar la nulidad del aparte acusado «o en una institución prestadora de servicios de salud en Colombia o el exterior» de la Resolución 1441 del 6 de mayo de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Ministerio de Salud y Protección Social2 solicitó negar las súplicas de la demanda, con fundamento en lo siguiente:
Que dicho ente ministerial se encuentra habilitado para dictar normas de carácter general dentro de la órbita de sus competencias y atendiendo su carácter de organismo rector en materia de salud, ejecutó y adoptó a través de la Resolución 1441 de 2013, por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de
2 Ibidem, folios 78 y ss del expediente.
servicios de salud para habilitar los servicios y se adoptan otras disposiciones, las políticas tendientes a garantizar dicho derecho.
Alegó que las medidas adoptadas en el acto administrativo cuya legalidad se discute, obedecieron al campo de acción delimitado en los artículos 154, 156 y 173 de la Ley 100 de 1993; 4 y 56 de la Ley 715 de 2001; 4 (parágrafo 1), 5 y 6 del Decreto 1011 de 2006;
2 del Decreto 4107 de 2011. Por consiguiente, las actividades desplegadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como las decisiones adoptadas con el fin de desarrollar los parámetros consagrados en la ley, se circunscribieron a los objetivos que en materia de prestación de servicios de salud le compete reglamentar, esto es,
«formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública, y promoción social en salud».
Precisó que la parte demandada no avala el otorgamiento de títulos académicos por parte de instituciones diferentes a aquellas educativas o de educación superior, toda vez que, como se desprende del contenido de la Resolución 1441 de 2013, la prestación del servicio de endoscopias digestivas, exigía al prestador contar con médicos especialistas, es decir, con talento humano que ostente los títulos académicos de educación superior de pregrado en medicina y de la especialidad relacionada con los procedimientos endoscópicos diagnósticos y/o terapéuticos a realizar.
Indicó que la norma demandada no vulnera la normatividad invocada por la parte actora, en la medida en que la misma no prevé, autoriza o avala el otorgamiento de títulos académicos por parte de instituciones diferentes a las instituciones educativas o de educación superior.
Mencionó que, por el contrario, la norma demandada acoge y respeta la ley, por cuánto para la prestación del servicio de endoscopias digestivas exige al prestador contar con médicos especialistas, lo que significa, que el talento humano ostente títulos académicos de educación superior de pregrado en medicina y de la especialidad relacionada con los procedimientos ya mencionados, títulos que obligatoriamente tienen que haber sido expedidos por instituciones de educación superior como únicos entes autorizados en el país para ello.
Afirmó que la norma demandada está en consonancia con el ejercicio idóneo de las competencias profesionales requeridas para la prestación del servicio de endoscopias digestivas, pues respeta y acata los artículos 2, 3 y 7 de la Ley 1164 de 2007, en la medida en que exige para la prestación del servicio de endoscopias digestivas la acreditación de títulos académicos de educación superior de pregrado en medicina y, de especialización por parte del talento humano en salud.
Adujo que, frente al argumento de falta de competencia para la expedición del aparte del acto acusado, precisó que, sí la tiene, en su calidad de ente rector de la prestación de los servicios de salud, de conformidad con lo previsto en el Decreto 4107 de 2011.
Señaló que, en relación con la supuesta inexistencia de un espacio efectivo para la participación de las asociaciones colombianas de gastroenterología, el Ministerio de Salud y Protección Social realizó una revisión de la norma de habilitación, la Resolución 1043 de 2006, sus anexos técnicos 1 y 2 así como las normas que lo adicionaban. En desarrollo de dicha revisión, en lo relacionado con la actualización de los criterios establecidos para el servicio de gastroenterología -endoscopia de vías digestivas- se realizaron las siguientes actividades:
1. Se dejó claro que las propuestas de modificación deberían tener en cuenta que los beneficios no superaran los riesgos dentro de la atención de los pacientes usuarios de ese servicio.
2. Se realizaron varias publicaciones de las propuestas de modificación a la Resolución 1043 de 2006 en la página de la entidad demandada, en la cual se dio un término para que los interesados allegaran sus observaciones y propuestas. Como sustento de ello, elaboró tablas que resumen el comportamiento de los actores para cada una de las fechas en que se publicó la propuesta.
3. De acuerdo con los datos encontrados en el DANE, se revisó el contenido del plan decenal de salud pública DPS, 2012-2021, elaborado por el Ministerio «Entre los años 1985 y 2005 el riesgo de morir por tumores estuvo un mayor aumento en ambos géneros, lo que se tradujo en una pérdida del 0,4346 año de esperanza de vida en hombres entre los 70 y más años y de 0,3809 años en mujeres con edades entre 65 y más años».
Precisó que según las estadísticas que sirvieron de base para la construcción del plan decenal de salud pública el tumor maligno de estómago alcanzó cifras superiores llegando a producir el 14.3% de las muertes en el 2010, por lo tanto, al ser una de las primeras causas de cáncer en el país, se consideró procedente continuar manteniendo el servicio de endoscopia digestiva clarificando los criterios de talento humano, con el fin de facilitar el acceso de los usuarios a medios diagnósticos como lo es la endoscopia.
4. Se realizó un análisis de las normas que regulan los programas de formación encontrando lo siguiente:
La Ley 115 de 1994 «Por la cual se expide la ley general de educación» y la cual señala las normas generales para regular el servicio público de la educación, define la educación formal como «aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos, establece ésta misma ley que la educación formal cuenta con tres niveles a) preescolar, b) básica (primaria y secundaria) y c) media». Explicó que al nivel de educación media le sigue el nivel de educación superior, el cual se encuentra regulado por la Ley 30 de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este nivel se clasifica así: a) Instituciones técnicas profesionales, b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y c) Universidades.
Señaló que la mencionada ley, define la «Educación No Formal como aquella que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de 1994». Precisó que la educación no formal se rige por los principios y fines generales de la educación establecidos en dicha ley. Promueve el perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria.
Adujo que en las instituciones de educación no formal se podrán ofrecer programas de formación laboral en artes y oficios, de formación académica y en materias conducentes a validación de niveles y grados propios de la educación formal, definidos en la citada ley. Y que, para la validación de niveles y grados de la educación formal, el gobierno nacional expedirá la reglamentación respectiva.
Explicó que la educación informal es considerada como «todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios de
comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados»
Manifestó que la educación de adultos comprende igualmente las acciones y procesos de educación informal, que tienen como objetivo ofrecer oportunidades para adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, como también de educación permanente, de fomento, promoción, difusión y acceso a la cultura, y de transmisión, apropiación y valorización de tradiciones, costumbres y comportamientos sociales. Su organización y ejecución no requieren de autorización previa por parte de las secretarías de educación departamentales y distritales.
Alegó que de las discusiones y análisis que se realizaron y la revisión del marco legal sobre los tipos de educación, se concluyó que no se recomienda abrir criterios para endoscopias diferentes a endoscopias digestivas, adicionalmente, que no es viable definir tiempos mínimos de estudio para poder realizar endoscopias digestivas, por cuanto, la habilitación no define competencias y porque el tiempo de formación, no garantiza que el profesional haya adquirido las competencias y que para el talento humano que interviene en el procedimiento del servicio de endoscopia digestiva, es decir los médicos especialistas, deberán demostrar haber adquirido la competencia durante el desarrollo del pensum académico o mediante la certificación de formación en la realización de la endoscopia específica ofertada, la cual debería estar certificada por una universidad nacional o extranjera, o en una institución prestadora de servicios de salud, en Colombia o el exterior, debidamente reconocida por el Estado, dado que en algunos países, las certificaciones de estudios las realizan prestadores de servicios de salud y no establecimientos educativos.
Concluyó que conforme a la Resolución 1441 de 2013, se recomienda, entonces, que la endoscopia sea realizada por las especialidades correspondientes sin exigir tiempo determinado para adquirir la competencia de la toma de endoscopias por tratarse de un tipo de educación informal y, adicionalmente, se determinó que dichas certificaciones serían reconocidas si eran expedidas de parte de prestadores de servicios de salud e instituciones educativas reconocidas por el Estado a nivel nacional e internacional, «para restringir dicho aval solo a éstos actores y a la vez facilitar el acceso al servicio de endoscopia digestiva a los usuarios, sobre la base que el cáncer de estómago ocupa una de las primeras causas de cáncer en el país».
III. FIJACIÓN DEL LITIGIO
En la audiencia inicial3 celebrada el 26 de julio de 2019, el Despacho sustanciador4 delimitó el objeto del litigio, frente a lo cual la entidad demandada5 y el Ministerio Público manifestaron conformidad, así:
El Despacho en Sala Unitaria identifica que las partes están de acuerdo en la existencia del acto acusado, este es: el Manual de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud (adoptado por el artículo 2 de la Resolución Núm. 1441 de 2013 y el cual hace parte integral de la misma resolución), en su numeral 2.3.2.5, aparte del Grupo: «Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica» -Servicio: «Endoscopias digestivas» -Estándar: «Talento
3 0004 del aplicativo Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, en el documento denominado:
33_INDICE_EXPEDIENTE_DIGITALIZADO(.pdf) NroActua 41.
4 Resolvió la excepción de cosa juzgada con respecto de los procesos 2013-000319 y 2013-00440. Frente al primero que accedió a las pretensiones, en cuanto anuló la expresión «especialistas en medicina estética», consideró que no existía identidad de causa petendi. Y, en relación con el segundo, se determinó que por cuanto se denegaron las súplicas, no procedía análisis al respecto.
Así mismo prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y corrió traslado de 10 días para alegar de conclusión.
5 La parte actora no compareció a la audiencia ni presentó excusa.
Humano»; y en su contenido, según el cual el criterio de habilitación para el servicio:
«endoscopias digestivas», en el estándar de «talento humano», de los prestadores de servicios de salud, es que cuentan con médicos especialistas quienes podrán realizar los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos relacionados con su especialidad, para los cuales demuestren haber adquirido la competencia certificada por una institución prestadoras de servicios de salud, en Colombia o el exterior.
Acorde con la demanda, la admisión de la misma, y su contestación, el despacho advierte que el objeto de la litis trata de un asunto de puro derecho.
En este sentido, corresponde establecer, previo el análisis de la carga argumentativa que corresponde a las partes:
Si el aparte del acto acusado incurre en la causal de haber sido expedidos con infracción de las normas en que debería fundarse, desconociendo los artículos 24 de la Ley 30 en 1992; 88 de la Ley 115 de 1994; 185 de la Ley 100 de 1993; 2, numerales 1 y 2 del artículo
3 y artículo 37 de la Ley 1164 de 2007; y 1 del Decreto 1011 de 2006.
En caso de que alguna o todas las respuestas anteriores sean afirmativas deberá pronunciarse la sala sobre la procedencia de la declaratoria de nulidad solicitada.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
En la audiencia inicial6 celebrada el 26 de julio de 2019, el Despacho corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto. Dentro del término concedido la demandada presentó alegatos, mientras que los demandantes guardaron silencio.
IV.1. El Ministerio de Salud y Protección Social presentó escrito de alegatos en el que señaló que «para el efecto reitero todos y cada uno de los argumentos expuestos por esta entidad en la contestación de la demanda».
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Agente del Ministerio Público7 rindió concepto8 en el que solicitó denegar las pretensiones de la demanda en el evento de que se entienda que las IPS pueden certificar la práctica o experiencia en el procedimiento de endoscopia y no en su formación. En caso contrario, es decir, si se entiende que las mencionadas entidades certifican formación, el aparte acusado debe declararse nulo, por ser contrario al artículo 26 de la Constitución y las normas de la Ley 30 de 1992 y la Ley 100 de 1993.
Argumentó que, por la redacción desafortunada del aparte acusado, se pueden generar dos interpretaciones, tanto la expuesta por la parte actora como la indicada por la demandada. La primera, por cuanto el acto en censura establece que debe exigirse una certificación de formación en la realización de la endoscopia específica ofertada, certificada por una universidad nacional o extranjera o en una institución prestadora de servicios de salud, en Colombia o el exterior, debidamente reconocida por el Estado.
Indicó que esta redacción puede llevar a la inferencia de que las IPS pueden certificar la formación, asunto que solo le corresponde por competencias instituciones educativas en los términos del artículo 26 de la Constitución y la Ley 30 de 1992. En tanto las
6 0004 del aplicativo Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, en el documento denominado:
33_INDICE_EXPEDIENTE_DIGITALIZADO(.pdf) NroActua 41.
7 Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, Dra. Sonia Patricia Tellez Beltrán
8 Índice 43 del aplicativo Samai. En el documento denominado: ED_CUADERNO1NULIDADPORINCONSTITUCIONALIDAD_28OTROS-CONCEPTOMINISTERIOPUBLICO(.pdf) NroActua 43.
instituciones educativas de educación superior están llamadas a certificar aquella, lo que impediría que las IPS, como entidades especializadas en salud (Ley 100 de 1993) pudieran extender la mencionada certificación -formación- asunto que, como tal, implica que en el aparte acusado se entiende contrario el precepto constitucional y legal que señalan que solo las instituciones de educación superior tienen la capacidad de certificar la formación.
Manifestó que, sin embargo, es claro que según las observaciones que fueron presentadas, las diferentes asociaciones profesionales, entidades prestadoras de servicios y universidades, indicaron que la endoscopia es un procedimiento y no un saber especialidad para una sola área, razón por la cual no existe una formación específica en esta, en tanto se ve como un procedimiento y una práctica en distintas especialidades, en donde lo que se debe garantizar es la competencia para su realización.
Relató que según lo advirtieron en las observaciones, una cosa es la habilitación para ejercer el procedimiento y, otra, diversa, que se tenga la competencia por parte del profesional para realizarlo, en el que los tiempos de estudio no pueden garantizar esta.
Alegó que debe entender que, para realizar el procedimiento de endoscopia, los prestadores del servicio de salud deben contar con médicos especialistas, requisito que hace referencia al título habilitante que solo puede otorgar una institución de educación superior, la especialidad no se circunscribía una específica en el área de salud. Y demostrar haber adquirido la competencia que, según la Real Academia de la Lengua, hace referencia a la pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado, es decir, la experiencia en este específico procedimiento.
Adujo que, de una lectura correcta del aparte demandado, las IPS no se encuentran habilitadas para expedir títulos de idoneidad médica, por cuanto no es su competencia y no fue la intención de quien expidió el acto, pues lo que aquel previó no es una certificación en formación, sino en la práctica de endoscopias que, no es un área de saber sino un procedimiento médico.
Señaló que la certificación de formación en la realización de la endoscopia específica ofertada por una institución prestadora de servicios de salud en Colombia o el exterior, debidamente reconocida por el Estado, solo puede hacer referencia a una certificación que el médico especialista laboró y practicó endoscopias, es decir, que tiene la experiencia práctica en dicho procedimiento.
Argumentó que, si el aparte acusado se interpreta en el sentido que lo hacen los demandantes, es decir, que las IPS pueden certificar formación, resultaría contrario a las leyes 30 de 1992 y 100 de 1993, en tanto que solo las instituciones de educación superior pueden certificar esta y, por lo tanto, el aparte debe ser declarado contrario a estas disposiciones.
Indicó que, sin embargo, como el aparte acusado puede ser interpretado de forma diversa, es decir, en el sentido que las IPS pueden certificar la práctica o experiencia en el mencionado procedimiento y no en su formación, esta interpretación en aplicación del principio de conservación de las normas se ajusta al ordenamiento.
Manifestó que, en caso contrario, es decir, si se entiende que las mencionadas entidades certifican formación, el aparte acusado debe entenderse contrario al artículo 26 de la Constitución, así como de las leyes 30 de 1992 y 100 de 1993.
Relató que entender que el aparte acusado se refiere a la práctica o experiencia en el mencionado procedimiento y no en la formación, es una interpretación que se ajusta a
las normas antes citadas y por lo tanto no sería necesario su exclusión del ordenamiento jurídico.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes:
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 149.1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9 y en el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto.
7.2. El acto acusado10
El aparte acusado se encuentra contenido en el Manual de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud, el cual fue adoptado por el artículo 2 de la Resolución 1441 de 2013 que hace parte integral de la misma. Concretamente se sitúa en el numeral 2.3.2.5, del Grupo de «Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica» en el folio 74 del citado manual, referente al servicio de «Endoscopias digestivas» en el estándar de
«Talento Humano», cuyo aparte es del siguiente tenor:
Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
Servicio: Endoscopias digestivas Descripción del Servicio:
Servicio en el que personal médico especializado mediante el uso de aparatos dotados de fibra óptica o video endoscopio puede realizar procedimientos con fines diagnósticos y/o terapéuticos al interior de las cavidades corporales, con fines diagnósticos y/o terapéuticos
| Talento Humano | Cuenta con médicos especialistas quienes podrán realizar los procedimientos endoscópicos diagnósticos y/o terapéuticos, relacionados con su especialidad, para los cuales demuestren haber adquirido la competencia durante el desarrollo del pensum académico o certificación de formación en la realización de la endoscopia específica ofertada certificada por una universidad nacional o extranjera, o en una Institución Prestadora de Servicios de Salud, en Colombia o el exterior, debidamente reconocida por el Estado. [Se resalta el aparte que es demandado] |
9 modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021.
10 Según se informó en la audiencia inicial la Resolución 1441 de 2013 ha sido demandada en los procesos: 11001032400020130050300, 11001032400020130044100, 11001032400020130055700,
11001032400020130029700, 11001032400020150010900, 11001032400020180002100,
11001032600020160001400, 11001032400020130031900 y 11001032400020130044000.
7.3. Cuestión previa
La Sala advierte que el acto acusado no se encuentra vigente, dado que fue expresamente derogado por el artículo 2111 de la Resolución 2003 de 2014 «Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud».
En atención a que la derogatoria del acto censurado no afecta su validez, por cuanto este mantuvo su presunción de legalidad por el lapso en que produjo efectos con base en las normas vigentes durante su existencia en el ordenamiento jurídico, resulta procedente que la Sala emita un pronunciamiento de fondo sobre su legalidad.
7.4. Planteamiento del problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver en el presente proceso fue fijado en la audiencia inicial realizada el día 26 de julio de 2019, en la siguiente forma:
Si el aparte del acto acusado incurre en la causal de haber sido expedidos con infracción de las normas en que debería fundarse, desconociendo los artículos 24 de la Ley 30 en 1992; 88 de la Ley 115 de 1994; 185 de la Ley 100 de 1993; 2, numerales 1 y 2 del artículo
3 y artículo 37 de la Ley 1164 de 2007; y 1 del Decreto 1011 de 2006.
7.5. Análisis del caso concreto
A juicio de la sociedad actora, el aparte en censura vulneró la normatividad vigente al momento de su expedición, por cuanto dispone que para el apoyo diagnóstico y terapéutico del servicio de endoscopias digestivas, el talento humano debe contar con personal médico especializado que demuestre haber adquirido la competencia durante el desarrollo del pensum académico o certificación de formación en la realización de la endoscopia específica ofertada certificada por una universidad nacional o extranjera, «o en una Institución Prestadora de Servicios de Salud, en Colombia o el exterior»12, debidamente reconocida por el Estado.
Considera que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS- carecen de competencia para certificar que un médico especialista ha «adquirido la competencia durante el desarrollo del pensum académico» o para certificar que aquel realizó la debida
«formación en la realización de la endoscopia específica ofertada», por lo que se vulneró el ordenamiento jurídico.
En este orden de ideas, el presente asunto se contrae a establecer si el precepto cuestionado impone a las IPS competencias asignadas a las instituciones de educación superior, al prever que otorguen certificación de formación en la realización de endoscopia específica como las ofertadas por las universidades.
Para el efecto, la Sala analizará: i) Las atribuciones legales para la emisión de títulos o certificaciones académicas, (en atención a que en el contexto del aparte demandado se hace referencia al pensum académico y certificaciones universitarias de manera disyuntiva con las certificaciones que al respecto pueda expedir una IPS). ii) La regulación frente al ejercicio profesional en el área de la salud. iii) La calidad del servicio de salud. Y, iv) Diferencias entre un estándar y un título de idoneidad
11 «Artículo 21. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 1441 de 2013 y las demás disposiciones que le sean contrarias».
i) Atribución legal para la emisión de títulos o certificaciones académicas
El artículo 26 de la Constitución Política prevé que todas las personas son libres de escoger profesión u oficio y que la ley podrá exigir títulos de idoneidad. Así mismo, señala que las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Por su parte, el artículo 67 ibidem consagra que la educación tiene una función social, por cuanto busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
La Corte Constitucional13 ha precisado que el artículo 26 citado se extiende en dos dimensiones, una interna y otra externa14. La primera, referida a la posición de escoger profesión u oficio. Y la segunda, concerniente «al ejercicio de la profesión u oficio seleccionado, sobre la cual el Estado tiene mayores posibilidades de injerencia en tanto trascienda la esfera individual y tenga un impacto en la vida social»15 [negrillas fuera del texto].
Por consiguiente, la Corte ha indicado que el legislador puede exigir títulos de idoneidad y, a través de las autoridades competentes, ejercer inspección y vigilancia; en relación con las ocupaciones, artes y oficios o profesiones, la existencia de normatividad al respecto dependerá de la exigencia de formación académica y de la implicación de un riesgo social.
Al respecto, se ha precisado que la razón por la cual se exige la obtención de títulos profesionales tiene fundamento, por una parte, que presume la idoneidad del profesional y, por la otra, en la protección hacia la colectividad en general para que no resulte afectada por el inadecuado ejercicio de las profesiones, pues con ello se garantiza la capacidad para el desempeño en determinada área y, por lo tanto, se asegura que con el ejercicio correspondiente no se cause daño o perjuicio a terceros y no se atente contra las buenas costumbres, la salud o la integridad física de las personas.
Esta Corporación16, al examinar la resolución aquí cuestionada, pero en un aparte distinto17, frente a los títulos de idoneidad, señaló lo siguiente:
13 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-442 de 2019.
14 «Esta comprensión ha estado presente en la jurisprudencia de la Corte desde sus inicios (ver, por ejemplo, la Sentencia C-606 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón: “[s]i bien la Constitución garantiza el derecho a escoger profesión u oficio, lo cierto es que tal derecho se vería lesionado si de él no se dedujera el derecho a ejercer la profesión u oficio escogido, en condiciones de libertad e igualdad, dentro de los parámetros de la Constitución.”) y se mantiene hoy sin modificaciones sustanciales.
En algunas decisiones se destacó que, como todo derecho fundamental, el derecho previsto en el artículo 26 Constitucional cuenta con límites intrínsecos, que derivan del propio alcance y definición del bien jurídico, y extrínsecos, que tienen que ver con aquellos que resultan -expresa o implícitamente- de la Constitución y la ley, que responden en términos generales a la necesidad de garantizar otros derechos fundamentales a todos los miembros de la sociedad. Al respecto ver, por ejemplo, las sentencias C-393 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-212 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y, C-149 de 2009.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo» (Sentencia C-442 de 2019).
16 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, radicado 11001 03 24 000
201300319 00, C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
17 Del MANUAL DE HABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD:
«Consulta Externa de Medicina Estética:
Estándar:
Talento Humano. A partir de la presente norma, cuenta con médico especialista en medicina estética o médicos especialistas que cuenten en su formación académica con entrenamiento en procedimientos de medicina estética, relacionados con su especialidad» [Se demandó lo subrayado]
«Servicio: Cirugía mediana y alta complejidad. Descripción del Servicio:
Tanto la jurisprudencia constitucional como la administrativa han reconocido la importancia de la reserva legal de la exigencia de títulos de idoneidad […]. Así, por ejemplo, como lo ha afirmado recientemente esta Sala de Decisión, a la luz de la regulación constitucional de este asunto y de su comprensión jurisprudencial “no cabe duda que compete al legislador de manera privativa la facultad de exigir títulos de idoneidad”18. En últimas, “el título legalmente expedido, prueba la formación académica. Y la facultad del legislador para exigirlo no resulta de abstrusos razonamientos, sino del texto inequívoco de la norma constitucional”19.
[…]
Ahora bien, que la Constitución autorice al legislador a exigir títulos de idoneidad no significa que este sea libre de establecer este requisito de cualquier manera. Es necesario, para que no lesione el derecho fundamental a ejercer la profesión u oficio libremente escogida, que se atiendan los límites señalados por el texto de la Carta, en especial el tener siempre como propósito la protección de la comunidad frente a determinados riesgos sociales y asegurar el respeto por los derechos fundamentales ajenos, eventualmente puestos en peligro por el ejercicio de una determinada actividad profesional. En cuanto al concepto de riesgo social la jurisprudencia constitucional ha remarcado que:
“(…) no se refiere a la protección constitucional contra contingencias individuales eventuales sino al amparo del interés general, esto es, a la defensa y salvaguarda de intereses colectivos que se materializan en la protección de los derechos constitucionales de los posibles usuarios del servicio. En efecto, esta Corporación ya había manifestado que la limitación al libre ejercicio de una actividad sólo es posible “por razones irresistibles, como cuando su ejercicio excesivo no se concilia con la necesidad de convivir”20. Por ende, en primer término, el riesgo social que genera la actividad social debe ser claro y afectar, o poner en peligro, el interés general y derechos fundamentales; pero eso no es suficiente; es además necesario que ese riesgo pueda ser disminuido de manera sustantiva gracias a una formación académica específica. En efecto, no tiene sentido que la ley profesionalice ciertos oficios e imponga, como requisito para su ejercicio, un título de idoneidad, si los riesgos de esa actividad no pueden ser claramente reducidos gracias a una formación, pues, de no ser así, la exigencia del título sería inadecuada e innecesaria. Por ende, sólo puede limitarse el derecho a ejercer un oficio y exigirse un título de idoneidad, cuando la actividad genera (i) un riesgo de magnitud considerable, (ii) que es susceptible de control o de disminución a través de una formación académica específica.”21
Esto ha justificado, por ejemplo, que en virtud de la trascendencia social de la medicina la Corte Constitucional haya avalado la exigencia de título profesional para su ejercicio22 o, requisito más severo aún, del diploma de especialista para el ejercicio de la
Servicio destinado a la realización de procedimientos e intervenciones quirúrgicas que requieren recurso médico especializado, estancia hospitalaria, en algunas ocasiones equipamiento específico y de tecnología de punta por procedimiento siempre en salas quirúrgicas.
Cirugía mediana y alta complejidad Estándar:
Talento Humano: Adicional a lo establecido en servicios quirúrgicos de baja complejidad cuenta con…
3. Los médicos con especialidades quirúrgicas que cuenten en su pensum o formación académica adicional con entrenamiento en procedimientos de cirugía estética directamente relacionados con su especialidad, podrán realizar esos procedimientos» [Se demandó lo subrayado]
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de octubre de 2014, Rad. No. 2005-00340-01. C.P.: María Claudia Rojas Lasso. En sentido análogo pueden consultarse, también de esta misma Sección, las sentencias de 1 de noviembre de 2007, Rad. No. 11001-03-26-000-1999-00004-01. C.P.: Rafael Ostau de Lafont Pianeta; de 31 de octubre de 2013, Rad. No. 11001-03-24-000-2006-00018-00. C.P.: Marco Antonio Velilla; y de 23 de octubre de 2014, Rad. No. 2005-00340-01. C.P.: María Claudia Rojas Lasso.
19 Corte Constitucional, sentencia C-377 de 1994.
22 Corte Constitucional, sentencia C-277 de 1994.
anestesiología23 o para la radiología24; exigencias a todas luces razonables en tanto se trata de ámbitos complejos, presididos por riesgos ostensibles para toda la comunidad, que se buscan contrarrestar eficazmente mediante el requerimiento de una formación cualificada […].
De este modo, no hay duda para la Sala que conforme a la regulación constitucional de la libertad consagrada por el artículo 26 de la Constitución solo la ley puede exigir títulos de idoneidad, entendidos, según las disposiciones de la ley 30 de 1992, como aquellos expedidos por alguna institución de educación superior debidamente acreditada, previo cumplimiento de los requisitos respectivos, en alguno de los campos de acción de la educación superior, a saber: la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía. Por ende, […] la exigencia de acreditación de uno de estos diplomas como condicionante para el ejercicio legítimo de una actividad profesional o técnica debe contar con soporte legal. [Negrillas fuera del texto].
Así las cosas, solo la ley puede exigir títulos de idoneidad, es decir, los expedidos por alguna institución de educación superior debidamente acreditada. En efecto, la Ley 30 de 1992 que organiza el servicio público de la educación superior, en el segundo inciso de su artículo 26 expresamente señala que el «otorgamiento de títulos en la educación superior es de competencia exclusiva de las instituciones de ese nivel» [negrillas fuera del texto]. Así mismo, el artículo 88 de la Ley 115 de 199425, prevé que el título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona natural por haber recibido una formación en la educación por niveles y grados y acumulado los saberes definidos por el Proyecto Educativo Institucional. Y que tal otorgamiento de títulos es de competencia de las instituciones educativas y de las instituciones del Estado señaladas para verificar, homologar o convalidar conocimientos.
Ahora bien, cabe mencionar que, comoquiera que el aparte bajo análisis puede interpretarse de dos maneras, esto es, como un estándar o regulación prevista por la administración para el ejercicio de cierto procedimiento; o, como, la exigencia de un título de idoneidad para los mismos efectos, la Sala deberá dilucidar su contexto y finalidad.
Al respecto, se precisa destacar que esta Sección26 efectuó una diferencia entre tales conceptos, es decir, entre un estándar y un título de idoneidad. Explicó que no cualquier requisito de idoneidad puede equipararse a la exigencia de un título de tal característica, pues, aunque el artículo 26 de la Constitución define una reserva de ley en relación con la exigencia de los mencionados títulos para el ejercicio de una profesión u oficio, no la establece respecto de las distintas formas de regulación que habilitan el ejercicio de las profesiones de impacto social. En tal sentido, se explicó lo siguiente:
[e]n primer lugar, por la naturaleza de la autoridad que los impone; pues mientras que por expreso mandato constitucional solo la ley puede exigir los segundos27 (artículo 26), los primeros pueden ser fijados por la ley en desarrollo de la cláusula general de competencia que le atribuye el artículo 150 de la Constitución, pero también pueden ser definidos por la Administración en desarrollo de una habilitación legal, como ocurre en el caso sub examine. Esto último será lo más frecuente, pues habida consideración del carácter técnico de estas determinaciones, de la habitual generalidad de la ley y de las rigideces de sus procedimientos de expedición, consciente de sus limitaciones formales y cognoscitivas, el legislador opta regularmente por remitir esta responsabilidad a la Administración, técnicamente más cualificada que él y funcionalmente provista de una herramienta que, como su potestad normativa (artículos 122, 123, 189, 208 y 365 de la Constitución), le
23 Corte Constitucional, sentencia C-280 de 1995.
24 Corte Constitucional, sentencia C-038 de 2003.
25 «Por la cual se expide la Ley General de Educación»
26 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, radicado 11001 03 24 000
201300319 00, C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
permite atender de forma específica y con mayor flexibilidad las exigencias que plantea la fijación y adaptación permanente de una regulación tan especializada y detallada como la definición del estándar técnico de un servicio público concreto (para el caso que nos ocupa, p. ej., el servicio de atención médica).
ii) La regulación del ejercicio profesional en el área de la salud
La Ley 1164 de 200728 establece las disposiciones en materia del talento humano en salud, dispone en el numeral 2º de su artículo 3º que «las competencias propias de las profesiones y ocupaciones según los títulos o certificados respectivos, obtenidos legalmente deben ser respetadas por los prestadores y aseguradores de servicios de salud, incluyendo la individualidad de los procesos de atención», y el último inciso del artículo 37 ibidem, consagra que el talento humano en salud debe ser ubicado de acuerdo a sus competencias correspondientes a sus títulos o certificados expedidos por la entidad educativa.
Al respecto, esta Corporación29 precisó que el conocimiento especializado y acreditado por parte de los profesionales de la salud constituye un componente esencial de las características del marco legal establecido por las leyes 1164 de 2007 y 1438 de 201130, debido a los elevados riesgos sociales inherentes al ejercicio de la profesión, pues su mala praxis puede conllevar a la afectación de derechos fundamentales, lo cual es un aspecto de gran relevancia para el Estado.
Indicó, igualmente, que las normas que regulan el sector salud deben ser interpretadas de manera armónica y compatibilizarse para efectos de determinar cuál es, en últimas, el régimen jurídico que rige el ejercicio de la profesión médica y que, al efectuarse una interpretación sistemática, «aun cuando en Colombia solo existen dos especialidades médicas legalmente exigidas […] y solo la ley puede exigir títulos de idoneidad, ello no excluye la exigencia de otros requisitos fijados por la ley o al amparo de ella para el desarrollo de las actividades relacionadas con la prestación de los servicios de salud»31.
Lo anterior, en atención a que el ejercicio de la práctica médica no solo conlleva a riesgo social en términos generales, sino que, además puede afectar derechos fundamentales como lo es el de la vida y calidad de vida, así como la confianza en el sistema de salud, su personal médico y científico, e, igualmente, de las autoridades que lo regulan.
iii) La calidad del servicio de salud
El numeral 9 del artículo 153 de la Ley 100 de 199332 consagra la calidad como un fundamento del servicio público de salud y principio rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud. A su vez, el artículo 227 ibidem33 establece que el control y evaluación de la calidad es facultad del gobierno nacional.
28 «Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud».
29 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, radicado 11001 03 24 000
201300319 00, C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
30«Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones».
32 «9. Calidad. El sistema establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios la calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y prácticas profesional. De acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno, las instituciones prestadoras deberán estar acreditadas ante las entidades de vigilancia».
33 «ARTÍCULO 227. Control y Evaluación de la Calidad del Servicio de Salud. Es facultad del Gobierno Nacional expedir las normas relativas a la organización de un sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, incluyendo la auditoría médica de obligatorio desarrollo en las Entidades
Por su parte, el Decreto 1011 del 3 de abril de 200634 prevé que el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SOGCS- realizará acciones tendientes a la mejora de los resultados de la atención en salud, centrados en el usuario, la cual debe minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.
El artículo 4 del referido decreto dispone que el Ministerio de Protección Social35 ajustará periódicamente y de manera progresiva, los estándares que hacen parte de los diversos componentes del SOGCS, de conformidad con el desarrollo del país, con los avances del sector y con los resultados de las evaluaciones adelantadas por las Entidades Departamentales, Distritales de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.
El artículo 7 ibidem indica que los estándares de habilitación establecidos por el Ministerio de la Protección Social corresponden a las condiciones de capacidad tecnológica y científica del Sistema Único de Habilitación para Prestadores de Servicios de Salud.
iv) Diferencias entre un estándar y un título de idoneidad
Esta Sección, en sentencia del 9 de diciembre de 201636, explicó que los estándares se diferencian de los títulos de idoneidad, en primer lugar, por la naturaleza de la autoridad que los impone. En tal sentido, precisó que mientras que, por expreso mandato constitucional solo la ley puede exigir los referidos títulos de idoneidad, los estándares pueden ser fijados por la ley en desarrollo de la cláusula general de competencia que le atribuye el artículo 150 de la Constitución, también pueden ser definidos por la administración en desarrollo de una habilitación legal, toda vez que el legislador opta regularmente por remitir esta responsabilidad a la administración, técnicamente más cualificada que él.
En la citada sentencia, se indicó que, además, en cuanto a las diferencias que se advierten en relación con el contenido de las normas que fijan como requisito un estándar y un título de idoneidad, se tiene que a pesar de ser los dos estatuidos por normas jurídicas, su sustancia interna no es equiparable. Dado que mientras que el contenido del precepto que fija un estándar supone la definición de un nivel mínimo o máximo de algo que servirá como patrón o referencia para medir la validez o la calidad y que admite cierta flexibilidad y heterogeneidad en su cumplimiento37, el de la disposición que exige un título de idoneidad es una regla en sentido estricto, esto es, una norma con estructura cerrada que impone un mandato definitivo que se debe cumplir igual en todos los casos.
Promotoras de Salud, con el objeto de garantizar la adecuada calidad en la prestación de los servicios. La información producida será de conocimiento público».
34 «Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud»
35 Hoy Ministerio de Salud y Protección Social
36 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 9 de diciembre de 2016, radicado 11001-03-24-000-2013-00440-00, M.P. María Elizabeth García González.
37 Como comenta MAC´CORMICK, son estándares “porque se espera que quien tiene que decidir aplicando cualquiera de ellos se asegure de que sean satisfechos al menos hasta cierto punto o hasta cumplir un estándar adecuado”. Cfr. MAC´CORMICK, Neil. Instituciones de Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2011, p. 49.
En efecto, en la mencionada sentencia del 9 de diciembre de 2016, se precisó que «las reglas ordenan, prohíben, permiten o atribuyen competencias a través de una prescripción clara, compuesta de un supuesto de hecho detallado y una consecuencia jurídica inequívoca, los estándares presentan una textura más abierta, que buscan medir algo, para lo cual aspiran orientar la conducta de su destinatario sin predeterminarlo todo38, es decir, como una modalidad normativa intermedia entre las reglas y los principios39».
Igualmente, esta Sección precisó que otra distinción entre los estándares y los títulos de idoneidad se advierte por las razones que justifican su imposición. La definición de estándares, en el actual contexto jurídico, político, económico y social que enmarca los servicios públicos, no resulta en absoluto excepcional y puede tener lugar en múltiples escenarios, uno de ellos: la instauración de un sistema de calidad que exija la medición de los niveles de calidad de las decisiones, actividades, programas o servicios que se prestan. Son, en consecuencia, un recurso legítimo y habitual de las autoridades para garantizar la calidad de los servicios públicos.
Adicionalmente, en la citada sentencia del 9 de diciembre de 2016, se indicó lo siguiente:
En este orden, y aquí se advierte otra diferencia notable entre unos y otros, derivada del contexto en el que se adopta cada una de estas determinaciones, mientras que los títulos de idoneidad supondrán la verificación legal de unos riesgos sociales elevados en la práctica de una determinada disciplina profesional susceptibles de ser manejados o controlados mediante la cualificación profesional de quienes se dedican a ella, los estándares proceden en escenarios en los que la ley no puede llevar a cabo una programación material plena de los actos y decisiones de la Administración, por lo que el reconocimiento y la configuración de competencias discrecionales en cabeza de ésta resultan imperiosas. La definición legal de fines o de programas teleológicos, así como de responsabilidades puntuales genéricamente descritas, de instrumentos específicos y de estructuras procedimentales que deben condicionar formalmente la validez de lo decidido y actuado, se erigen así en vías aptas para enmarcar y dirigir la discrecionalidad administrativa que surge, y que tendrá su primera expresión en una ampliación de la potestad normativa que la Constitución reconoce a la Administración y que en estos eventos desborda con creces el limitado ámbito de los reglamentos ejecutivos o secundum legem (artículo 189.11 de la Constitución).
Ello es común, por ejemplo, en el marco de la implementación de políticas públicas preocupadas elevar la calidad de la atención dispensada a los usuarios de un servicio público y por gestionar del modo más eficiente posible las restricciones financieras de los establecimientos a su cargo (públicos o privados, es indiferente a la luz de la liberalización experimentada por el sector de los servicios públicos, que impone enfocarse en la atención del usuario antes que en la naturaleza jurídica –pública o privada- de quien presta el servicio). En estos supuestos, por su carácter técnico, proximidad y conocimiento especializado del sector y capacidad de adaptación rápida al cambio (en las necesidades públicas, los conocimientos científicos, los recursos disponibles, etc.), será la Administración quien tendrá la responsabilidad de definir tales estándares, si la ley así lo prevé. Y su contenido, estrictamente técnico, podrá abarcar asuntos tan variados como
38 Como ha sido señalado por la doctrina anglosajona, los estándares remiten parte del poder de decisión a un momento distinto al de la producción de la norma, pues toda vez que no todo queda definido en el enunciado correspondiente, abren un margen de discrecionalidad que puede resultar útil en ciertos ámbitos y es clave, como técnica regulatoria, para el diseño de determinadas estructuras institucionales. Cfr. SCHAUER, Frederick. “The Convergence of Rules and Standards”, en New Zeland Law Review, No. 303, 2003, pp. 305 y ss.
39 Sobre la distinción entre reglas y principios como categorías normativas fundamentales, véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 7 de octubre de 2009, Rad. No. No 05360-31-03-001-2003-00164-01. M.P.: Edgardo Villamil Portilla. Esta dualidad expresa una visión muy arraigada en la teoría general del Derecho contemporáneo, cfr. GUASTINI, Riccardo. Interpretar y argumentar, 2ª Edición, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, pp. 184 y ss.
cómo se desarrolla un determinado proceso, se presta un servicio o se gestiona un asunto en aras de tomar en consideración las distintas variables presentes en la ejecución de la política (costos, beneficios, riesgos, participación ciudadana, etc.) y de cristalizar los objetivos finales perseguidos.
Por último, no hay duda que existen también marcadas diferencias en las consecuencias jurídicas que siguen de la pretermisión de una u otra exigencia, que se traducirán en el ejercicio ilegal de la medicina o de una de sus especialidades en el caso del desconocimiento de un título de idoneidad establecido por el legislador en este campo, con graves consecuencias disciplinarias –e incluso penales en alguna época- para las personas que incurren en dicho comportamiento, y en una infracción administrativa que comprometerá la habilitación de la institución prestadora de servicio en el evento de ignorar un estándar. Esto, habida cuenta que mientras que el título de idoneidad es una exigencia dirigida a las personas que se desempeñan en un determinado campo profesional, el estándar regula el servicio y la actividad a cargo de las instituciones que lo prestan. [Subrayas del texto]
v) Solución al cargo por infracción de normas superiores
Descendiendo al fondo del asunto, en atención a las precisiones efectuadas en precedencia, se deberá establecer si el aparte en censura regula aspectos técnicos para el procedimiento de endoscopia, o si, por el contrario, exige la acreditación de formación en el mismo.
Se precisa que el aparte acusado no se encuentra directamente contenido en la Resolución 1441 de 2013, sino, en su anexo, correspondiente al Manual de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud, el cual fue adoptado por el artículo 2 ibidem. El aparte se encuentra ubicado en el punto 2.3.2.5 del citado manual, en el acápite del Grupo de «Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica» en la página 74, referente al servicio de «Endoscopias digestivas» en el estándar de «Talento Humano».
El aparte demandado es del siguiente tenor (es lo que se resalta):
2.3.2 Estándares y Criterios de Habilitación por Servicio
2.3.2.1 Todos los servicios
Los criterios definidos a continuación corresponden a aquellos que deben ser cumplidos por los prestadores para cualquier servicio objeto de habilitación que se pretenda prestar.
[…]
Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
Servicio: Endoscopias digestivas
Descripción del Servicio:
Servicio en el que personal médico especializado mediante el uso de aparatos dotados de fibra óptica o video endoscopio puede realizar procedimientos con fines diagnósticos
y/o terapéuticos al interior de las cavidades corporales, con fines diagnósticos y/o terapéuticos
Endoscopia
| Estándar | Criterio |
| Talento Humano | Cuenta con médicos especialistas quienes podrán realizar los procedimientos endoscópicos diagnósticos y/o terapéuticos, relacionados con su especialidad, para los cuales demuestren haber adquirido la competencia durante el desarrollo del pensum académico o certificación de formación en la realización de la endoscopia específica ofertada certificada por una universidad nacional o extranjera, o en una |
| Institución Prestadora de Servicios de Salud, en Colombia o el exterior, debidamente reconocida por el Estado. | |
De lo anterior, la Sala advierte que el Ministerio de Salud y Protección Social habilita a las IPS para emitir certificaciones de formación que acrediten que un médico especialista cuenta con las competencias para realizar los procedimientos endoscópicos diagnósticos y/o terapéuticos.
En atención a lo anterior, para la Sala, la expresión acusada debe examinarse en el contexto de su expedición, en aplicación a la sentencia que se hizo alusión en el acápite anterior. Veamos:
- Fue expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en virtud de los artículos 173-3 de la Ley 100 de 1993; 56 de la Ley 715 de 2001; 2 del Decreto
Ley 4107 de 2011; 7, 8 y 14 del Decreto 1011 de 2006; 58 de la Ley 1438 de 201140 y en desarrollo de los capítulos I y II del Decreto 1011 de 2006.
- Hace parte de los criterios que deben ser cumplidos por los prestadores del servicio de salud que presten el servicio de endoscopias diagnósticos y/o terapéuticos.
- Dicho procedimiento debe ser realizado por médico especialista en el área de su especialidad. Es decir, se exige contar con título de educación. Adicionalmente, Debe haber adquirido la competencia mediante: a) el desarrollo del pensum académico, o b) certificación de formación expedida por una universidad nacional o extranjera, o también expedida por una IPS en Colombia o en el exterior, debidamente reconocida por el Estado.
De lo anterior, se advierte que se trata de un estándar técnico de calidad y habilitación de los servicios de salud definido por el Ministerio de Salud y Protección Social, y no de la exigencia de un título académico, pues se circunscribe a establecer los requisitos que deben cumplir los prestadores del servicio de salud, especialmente con la idoneidad del talento humano con el que deben contar para prestar ciertos procedimientos.
Ahora bien, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra competencia como la: «Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado».
En consecuencia, la Sala considera que el hecho de que el aparte del acto acusado faculte a las IPS expedir certificaciones de formación que acredite que el médico especialista adquirió las competencias en la realización de la endoscopia no implica que dichas instituciones puedan otorgar títulos académicos, simplemente las habilitó para certificar la formación práctica, entrenamiento o experiencia en la realización de dicho procedimiento.
Además, la determinación de la demandada de habilitar a las IPS para certificar competencias en el procedimiento de endoscopia no constituye que cualquier profesional de la salud puede realizar dicho procedimiento, sino solo aquellos que cuenten con la formación académica requerida -especialista-.
De ahí que las IPS se encuentren habilitadas para certificar que un médico especialista, según la experticia adquirida en dicha institución, realizó procedimientos endoscópicos diagnósticos y/o terapéuticos. Lo cual guarda debida consonancia con la naturaleza de
40 Modificado por el artículo 118 del Decreto-ley 019 de 2012.
las IPS, las cuales se limitan a prestar los servicios en el área de la salud, de conformidad con el artículo 185 de la Ley 100 de 199341.
Bajo este razonamiento, la Sala concluye que la certificación de formación a la que alude el aparte demandado hace referencia a la práctica o praxis que debe acreditar el médico especialista en la realización de la endoscopia, más no a la acreditación de formación educativa en esa área o procedimiento. En consecuencia, al atribuírsele a una institución prestadora de servicios de salud (IPS) la facultad para certificar dicha experiencia no vulnera el ordenamiento jurídico.
vi) Solución al cargo por falta de participación
La Ley 1164 de 2007 prevé en el sector salud el principio de la concertación como el mecanismo por medio del cual «deben establecer[se] espacios y mecanismos para propiciar acercamientos conceptuales y operativos que permitan definir líneas compartidas de acción, por parte de los diferentes actores que intervienen en la prestación de los servicios de salud». (artículo 2).
En el presente asunto, los demandantes manifestaron que la demandada no concedió a las asociaciones colombianas de gastroenterología un espacio efectivo para la participación en relación con las disposiciones previstas en el precepto en censura.
En contraste, el Ministerio de Salud y Protección Social alegó que sí se había otorgado ese espacio de participación, conforme lo prevé la norma de habilitación, la Resolución 1043 de 2006, sus anexos técnicos 1 y 2, así como las normas que lo adicionaban y modificaban como fueron las Resoluciones 2680 y 3763 de 2007.
Ahora bien, la Sala observa que, al argumentar este punto, la parte actora se refiere a la falta de participación de las «asociaciones colombianas de gastroenterología», mas no a la Asociación Colombiana de Gastroenterología (ACG), Asociación Colombiana de Hepatología (ACH), a la Asociación Colombiana de Coloproctología y la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva (ACED) en estricto sentido.
Establecido lo anterior, se observa que, previa expedición del acto en censura parcialmente, la entidad demandada concedió un espacio para que los interesados allegaran sus observaciones y propuestas, tal como se logra apreciar del siguiente cuadro aportado en la contestación de la demanda:
| Fecha | Sociedad o Asociación | Radicado | Propuesta |
| Agosto de 2010 | Asociación Colombiana de Gastroenterología | 224971 | Envían observaciones sobre tema de sedación en endoscopias. Informando que no requieren presencia de anestesiólogo, en los casos de sedación moderada ASAI y II con requerimiento de entrenamiento básico. Y para ansiolisis sedación moderada y |
41 «ARTÍCULO 185. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Son funciones de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la presente Ley.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios deben tener como principios básicos la calidad y la eficiencia y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. Además, propenderán a la libre concurrencia en sus acciones, proveyendo información oportuna, suficiente y veraz a los usuarios y evitando el abuso de posición dominante en el sistema».
| profunda entrenamiento en reanimación cardiopulmonar. | |||
| Julio de 2010 | Secretaría de Salud de Bogotá y Cundinamarca | Correo electrónico | Presentan inquietudes sobre infraestructura. Preguntando si requieren unidad sanitaria con lavamanos y áreas de recepción de pacientes con disponibilidad de oxígeno independiente |
| Julio de 2011 | Dirección Departamental de Antioquia | correo electrónico | Pág. 242 En endoscopias otras. No se debe dejar otras sino especificar cuáles y darle código nuevo a cada una |
| Agosto de 2011 | Asociación Colombiana de Cirugía | 251500 | Cirujanos generales requieren entrenamiento formal certificado por entidad educativa reconocida por el Estado. Endoscopia es un procedimiento Dx y terapéutico común en varias especialidades médicas. Entrenamiento requerido un año. La autoridad sanitaria debe garantizar la destreza y el conocimiento idóneo de quienes habilitan este servicio |
| Agosto de 2011 | Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva | 292135 | Gastroenterología, cirugía gastrointestinal y coloproctología, Proponen que aquellos que no cuenten dentro de su especialidad con formación en endoscopia, deberán cursar 2 años de práctica para adquirir competencia |
| Agosto de 2011 | Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva | 243733 | Gastroenterología, cirugía gastrointestinal y coloproctología, proponen que aquellos que no cuenten dentro de su especialidad con formación en endoscopia deberá cursar 2 años de práctica para adquirir competencia |
| Agosto de 2011 | Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva | 243725 | Gastroenterología, cirugía gastrointestinal y coloproctología, proponen que aquellos que no cuenten dentro de su especialidad con formación de endoscopia, deberán cursar 2 años de práctica para adquirir competencia |
| Agosto de 2011 | Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva | 243738 | Gastroenterología, cirugía gastrointestinal y coloproctología, proponen que aquellos que no cuenten dentro de su especialidad con formación de endoscopia, deberán cursar 2 años de práctica para adquirir competencia |
| Agosto de 2011 | Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva | 243686 | Gastroenterología, cirugía gastrointestinal y coloproctología, proponen que aquellos que no cuenten dentro de su especialidad con formación de endoscopia, deberán cursar 2 años de práctica para adquirir competencia |
| Agosto de 2011 | Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva | 243696 | Gastroenterología, cirugía gastrointestinal y coloproctología, proponen que aquellos que no cuenten dentro de su especialidad con formación de endoscopia, deberán cursar 2 años de práctica para adquirir competencia |
| Agosto de 2011 | Hospital militar central | 252156 | 1 año de formación |
| Los procedimientos de endoscopia no son especialidades médicas, ni mucho menos áreas del saber, son sólo técnicas diagnósticas y terapéuticas que pueden ser comunes a varias especialidades. | |||
| Certificar por parte de una entidad competente No estimular grupos minoritarios | |||
| noviembre de 2011 | Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva | 94 | Gastroenterología, cirugía gastrointestinal y coloproctología, proponen que aquellos que no cuenten dentro de su especialidad con formación de endoscopia, deberán cursar 2 años de práctica para adquirir competencia |
| Diciembre de 2011 | Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva | 370792 | Gastroenterología, cirugía gastrointestinal y coloproctología, proponen que aquellos que no cuenten dentro de su especialidad con formación de endoscopia, deberán cursar 2 años de práctica para adquirir competencia |
| Fecha | Participantes | Resumen de la observación | |
| 1 de marzo de 2012 | Asociación Colombiana De Endoscopia | Tiempo mínimo de entrenamiento será de 2 años. | |
| Presidente | El entrenamiento mínimo de debería ser certificado por universidad | ||
| Presidente electo | |||
| Director de Talento Humano del MS y PS | |||
| Consultora DPS y AP | |||
| Profesional especializado de la DPS y AP | |||
| Coordinador de la dirección de TH del MS y PS | |||
| 13 de marzo de 2012 | Decano y Miembro del Comité de Ética Presidente de la Sociedad de Cirugía Director de Talento Humano en Salud de MS y PS | Dentro de la Universidad Militar, los cirujanos rotan por endoscopia donde el estudiante se somete a número de casos supervisado con delegación progresiva de actividades. Se generan competencias básicas de endoscopia. Permite manejar muchas patologías | |
| Subdirector de la Dirección de Talento Humano De Salud del MS y PS | Endoscopia no es una especialidad es un apoyo para el Dx y en tto No debe ser del dominio de una sola especialidad | ||
| Profesional Especializado Dirección Prestación de Servicios y Atención Primaria del MS y PS | No se puede convertir un procedimiento en un área del saber | ||
| 14 de marzo de 2012 | Federación Colombiana de Ginecología | Solicitan poder capacitar a los que no han contado con las competencias dentro de su especialización. | |
| Presidente, Tesorero Director de Talento Humano MS y PS | Hay 2 niveles el básico y el avanzado. | ||
| Consultora de MS y PS | No pedir entrenamiento adicional cuando soporten Fellow. | ||
| Laparoscopia en el mundo no es una especialización | |||
| 15 de febrero de 2013 | Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva (ACED) Decano y Miembro del Comité de Ética | En consenso promovido por la misma asociación, en el cual participaron varios expertos en el tema de diversas áreas y universidades envían resultados de encuesta promovida por asociación con diferentes gremios. | |
| Subdirector de la Dirección de Talento Humano en Salud del MS y PS Profesional especializado Dirección Prestación de Servicios y Atención Primaria del MS y PS | De lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social, realizó una solicitud al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud IETS para evaluar la calidad metodológica del consenso. El IETS realiza la revisión y se transcribe textualmente el resultado enviado en el ítem de conclusiones | ||
| «CONCLUSIONES Este consenso aunque tenía un objetivo válido y pertinente, tiene dificultades importantes metodológicas y de participación de implicados, así como de especialidad e independencia, que no lo hacen un candidato para la toma de | |||
| decisiones. Adicionalmente, falencias en la estructuración de las preguntas de la encuesta, y en la redacción del texto del artículo, permiten desestimular su lectura, por considerarse muy propenso a sesgos no controlados, y la incertidumbre acerca de la veracidad de sus conclusiones es alta. Es llamativo que el aspecto del número de procedimientos, más que la duración del posgrado, no analizadas a profundidad en el artículo del consenso, resumen su discurso alrededor del tema del número de endoscopias necesarias para la certificación ideal del endoscopista. Es necesario profundizar más al respecto y es recomendable, antes de establecer o desarrollar consensos, realizar una revisión crítica de la literatura analizar las experiencias de otros países y asociaciones expertas en el tema. Esto no se relaciona con que el tema debe resumirse a número de procedimientos, pero resulta una discusión obligada donde se analicen pros y contras de cada una de las opciones, antes de definir qué es la duración de la formulación del posgrado en gastroenterología el parámetro ideal para certificar una formación en endoscopia» | |||
| Fecha | Participantes | Resumen de la observación | |
| 26 de mayo de 2014 | Viceministro de salud Director PS y AP del MS y PS Presidente IPS Gutmédica Director médico Gutmédica | En endoscopias la interdependencia no debería requerir para cuando sea terapéutica él «contar con» hospitalización. Se informa que ese requerimiento es obligatorio para manejar las complicaciones posibles del procedimiento | |
En atención a las observaciones presentadas, la cartera ministerial demandada solicitó opiniones de otros sectores como la academia, prestadores nacionales e internacionales, entre otros, tal como se aprecia del siguiente aportado por dicha entidad:
| Fuente | Propuesta | Análisis del Ministerio DPSS y DTHS |
| sociedades | ||
| Sociedad de endoscopia y gastroenterología | Médicos gastroenterólogo, gastroenterólogo pediatra, coloproctólogo, cirujano gastroenterólogo, podrán | La endoscopia no es una especialidad. |
| realizar la endoscopia digestiva, sin requisito adicional. Los cirujanos generales, internistas, pediatras y cirujanos pediatras, sólo podrán realizarlo con entrenamiento de 2 años | Los gastroenterólogos no tienen la competencia para realizar todas las endoscopias gastroenterológicas existentes, en especial las terapéuticas avanzadas. Los posgrados en gastroenterología investigados ofrecen en promedio 6 meses para endoscopia alta y 6 meses para endoscopia baja | |
| Sociedad de Gineco Obstetricia y de Cirugía Laparoscópica | Solicitan poder capacitar a los que no han contado con las competencias dentro de su especialización. La situación es diferente a cada especialidad. Diferente Cx laparoscopia en Cx general, cardiovascular, G-O. Solo 5 facultades. Los procedimientos en laparoscopia hay 2 niveles básicos y avanzado. Básico: Debe ser dado por la especialidad. Avanzado: Entrenamiento adicional (certificación de experiencia o institucional o Fellow) NO PUEDE SER EXIGIBLE. Federación Colombiana de G-O: Hizo comité de certificación revisando HV y ha certificado casi 100 personas en el país. La certificación se hace y se formaron diplomados y la especialidad en laparoscopia avanzada. Y no limita el nivel básico ni los que han adquirido con la vida. Sociedad de Cx certifique y rectifica sin costo. Creen que son las sociedades científicas quienes deben hacerlo. | Hay endoscopias en diferentes especialidades, no debería abrirse a listados de especialidades médicas. |
Laparoscopia en el mundo no es una especialidad | ||
| Presidente de la asociación de cirugía | Varias especialidades pueden realizar endoscopia y considera que no se deben dividir en avanzada y básica, puesto que cualquier especialista que realice endoscopia debería hacer básica y avanzada. Para quienes no han adquirido competencia en su especialización deberán certificar un año de entrenamiento adicional en universidad convalidada por el Ministerio de Educación. El gastroenterólogo pediatra, gastroenterólogo y cirujano pediatra, cirujano gastrointestinal podrán realizar endoscopias. Convalidar cursos y estudios en el exterior. | Desacuerdo con que se considere que cualquier especialista que realice endoscopias, podría ser endoscopia básica y avanzada, puesto que se pueden realizar entrenamientos solo de básica y no contar con el entrenamiento de endoscopia avanzada. |
| Sociedad de Medicina Interna | Médicos internistas y gastroenterólogos podrán realizar endoscopia digestiva y coloproctólogo la endoscopia baja | habilitación no determina competencias |
| Sociedad de Cirugía Endoscópica | No existen en Colombia programas de entrenamiento para los especialistas que no han adquirido la competencia durante la especialización. Aclara que la Universidad de Caldas ofrece el entrenamiento de 6 meses en alta y 6 meses en baja pero condicionado a cursar la especialidad en gastroenterología endoscopia quirúrgica. | Habilitación no determina competencias |
| En Colombia ninguna especialidad garantiza un entrenamiento suficiente para abarcar la endoscopia básica y avanzada. Recomienda el modelo americano de número de procedimientos para certificar: Así: 140 procedimientos para básica alta y 200 procedimientos para básica baja. | ||
| Sociedad de Cirugía Pediátrica y Sociedad de Pediatría | No contestaron | |
| Academia | ||
| Universidad de Caldas | Los diferentes especialistas pueden utilizar la endoscopia. Para el caso de especialistas que no han adquirido las competencias en su pensum, recomiendan para el endoscopio digestivo mínimo de un año para su entrenamiento. Ofrecen posgrado de 2 años para gastroenterología y endoscopia quirúrgica dirigido a cirujanos generales. | De acuerdo con el punto de vista relacionado con la posibilidad de los diferentes especialistas pueden realizar la endoscopia en lo que corresponda a sus competencias. |
| Universidad Militar Nueva Granada | De acuerdo con la propuesta del grupo del ministerio de salud y protección social […] Consideran que la mejor forma de definir el tema es por competencias y no por tiempo ni número de procedimientos. | Las competencias no son materia de habilitación |
| Prestadores Internacionales | ||
| Clínica Alemana de Santiago, Chile- Centro de | «Respecto al número de procedimientos o el tiempo de formación de los | Reflexionar sobre las competencias que no son de habilitación, pero |
| entrenamiento de endoscopia | médicos, mi postura es que no hay que certificar a los médicos, sino a los Centros de Formación (según volumen de procedimientos por diagnóstico, publicaciones, reconocimiento de alguna Universidad, currículum de los doctores, etc.) Nosotros formamos médicos en endoscopia avanzada en cuatro a 6 meses dedicación exclusiva de 08:00 a 18:00 de lunes a viernes. En nuestra unidad hacemos 1200 endoscopias mensuales y 2200 cirugías endoscópicas (ERCP) al año; tenemos máximo 5 residentes simultáneos, terminan 2 y entran 2 a su rotación. Respecto a la duración de los programas, creo importante el tiempo de dedicación real al tema, ya que puede existir un programa de formación de 2 años pero con 2 horas diarias en endoscopía o un programa de 6 meses con 10 horas diarias en endoscopía. Igualmente importante es evaluar el número de endoscopias realizadas por los alumnos (no solo observar). Debo decir que el tema es complejo, hay un trasfondo económico en todo el mundo (especialmente, cuando existe un sistema de medicina privado). Ojalá se pueda tratar el tema pensando en lo mejor para el paciente y no solo para el médico» | deben ser abortadas por educación al brindar la oferta a los estudiantes. Definir el tiempo entonces no ayuda a blindar de riesgos de mala práctica. Debe ser más específico, pero la norma de habilitación no es la pertinente para abordar el caso. |
| Prestadores Nacionales | ||
| Concepto oficial del Centro de Entrenamiento de la Fundación FOSCAL | No existe en Colombia programas de entrenamiento para los especialistas que no han adquirido la competencia durante la especialización. Aclara que la Universidad de Caldas ofrece el entrenamiento de 6 meses en alta y 6 meses en baja pero condicionado a cursar la especialidad en gastroenterología endoscopia quirúrgica. En Colombia ninguna especialidad garantiza un entrenamiento suficiente para abarcar la endoscopia básica y avanzada. Recomienda el modelo americano de número de procedimientos para certificar: Así: 140 procedimientos para básica alta y 200 procedimientos para básica baja. | Criterios que no deben hacer parte de la habilitación. |
| Servicio de endoscopia y cirugía endoscópica de la Clínica General del Norte | Endoscopia no es una especialidad sino una destreza técnica para varias especialidades. El entrenamiento debería ser con base en número de procedimientos y competencias y no tiempo. | Las destrezas no son materia de habilitación. |
| SINES Ministerio de Educación | ||
| Pensum Universidad del Rosario | Ofrece posgrado en gastroenterología y dentro de su pensum curricular desarrollan 6 meses de endoscopia alta y 6 meses de baja. Solo para médicos internistas. | Las universidades no ofrecen práctica de endoscopia, mayor a 6 meses, dentro de sus especialidades |
| Pensum Universidad Militar Nueva Granada | Ofrecen posgrado en Gastroenterología a Médicos internistas y dentro de su Pensum curricular desarrollan 5 meses de endoscopia alta y 5 meses para baja. | Las universidades no ofrecen práctica de endoscopia, mayor a 6 meses, dentro de sus especialidades |
De lo expuesto, la Sala encuentra que, contrario a lo manifestado por la parte demandante, el ministerio demandado sí garantizó la participación de varios actores del sector salud para que presentaran sus observaciones u opiniones sobre el proyecto de acto administrativo, incluido a las asociaciones de gastroenterología. Tan cierto es ello que intervino la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva (ACED); el decano y miembro del Comité de Ética; la Sociedad de Cirugía Endoscópica; la Sociedad de Medicina Interna; el presidente de la asociación de cirugía; la Sociedad de Gineco Obstetricia y de Cirugía Laparoscópica, la Federación Colombiana de Ginecología, entre otras muchas más.
Por tanto, el cargo propuesto por la parte demandante no tiene vocación de prosperidad. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.
7.6. Costas
Visto el artículo 188 del CPACA42, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejero de Estado Presidente
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
42 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.