Buscar search
Índice developer_guide

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-24-000-2016-00390-00

Demandante: Hernando Salcedo Tamayo

Demandado: Nación – Superintendencia Nacional de Salud

Medio de control: Nulidad

Tema: Potestad de la Superintendencia Nacional de Salud para expedir circulares en el sector salud.

Decisión: Niega las pretensiones de la demanda. Sin condena en costas.

 Sentencia de única instancia

La Sala procede a decidir la demanda promovida por el señor Hernando Salcedo Tamayo, en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad, contra la Circular núm. 000013 del 27 de julio del 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud1.

I. DEMANDA2

1.1. Pretensiones

El demandante planteó las siguientes pretensiones3:

Que se decrete la NULIDAD total de la INCONSTITUCIONAL E ILEGAL CIRCULAR 00013 27 DE JULIO DEL 2015 EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD,

con la que se pretende abrogarse competencias de supraconstituyente, de reglamentar una sentencia de la Corte Constitucional, y de actuar legislador positivo al querer despenalizar el homicidio por piedad, cumpliendo una supuesta orden ilegal por cierto que jamás fue dada por la Corte Constitucional a la superintendencia de salud en forma alguna sino únicamente al ministerio de salud como se lee claramente en el resuelve de la sentencia T-970 del 2014.

PROCEDENCIA DE ACCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO ES UN VERDADERO ACTO ADMINISTRATIVO EJERCE COMO SUPRACONSTITUYENTE LEGISLADOR POSITIVO-FUNCION DE COORDINACION -AFECTA A TERCEROS SE ABROGA COMPETENCIA LEGISLADOR DESPENALIZANDO EL HOMICIDIO POR

1 «POR LA CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN CUARTA DE LA SENTENCIA T-970 DE 2014 EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS PARA HACER'EFECTIVO EL DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD».

2 Mediante auto de 18 de diciembre de 2017, se admitió la presente demanda.

3 Índice 00058 del aplicativo Samai, denominado:

31_ED_CUADERNO1NULIDAD_02DEMANDAYANEXOS-DEMANDA(.pdf)

PIEDAD QUE SON INDEPENDIENTES -REGLAMENTA SENTENCIAS DE LA CORTE-JAMAS LA CORTE LE ORDENO ALGO A LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD-CREA

COMITES Y LE COLOCA FUNCIONES. [Subrayas y negrillas originales del texto]

1.2. Normas vulneradas y concepto de violación

El demandante señaló como normas vulneradas los artículos 6, 11, 12, 18, 19, 44, 48,

49, 90, 91, 93, 114, 116, 121, 150, 152, 189-11 y 209 de la Constitución Política y la Ley 100 de 1993. Como sustento de lo anterior, invocó los siguientes cargos de violación:

«FALTA DE COMPETENCIA JAMÁS LA CORTE CONSTITUCIONAL LE ORDENA COSA ALGUNA RESPECTO DE LA EUTANASIA Y PROCEDE A REGLAMENTAR COMITÉS MÉDICOS»

Manifestó que la falta de competencia de la demandada para reglamentar una sentencia de la Corte Constitucional viola los artículos 6°, 121, 122 y 189, numeral 11, de la Constitución Política.

Señaló que la facultad de la superintendencia consistente en ejercer la potestad reglamentaria para la cumplida ejecución de las leyes supone necesariamente que dicha facultad se restringa al contenido expreso de las normas o leyes que se reglamentan, sin excederla ni modificarla, tal como lo indicó la Corte Constitucional mediante las sentencias C-512 de 1997 y C-320 de 1999 en las que precisó que la potestad reglamentaria no es absoluta. De tal manera que, cualquier exceso en el uso de la facultad reglamentaria por parte del ejecutivo, se traduce en inconstitucionalidad.

Afirmó que «la reglamentación de una sentencia», como en este caso, «instiga al funcionario de la fiscalía e indirectamente al juez a cometer un delito y a extralimitarse en sus funciones en que se funda el acto acusado», pues, asegura que «no contiene en ninguno de sus apartes un soporte constitucional o legal de competencia», pues, las sentencias no se pueden reglamentar.

Argumentó que los artículos 6°, 121 y 122 de la Carta Política establecen que las autoridades solo pueden cumplir las funciones que les han atribuido la ley o el reglamento y que, por ende, son responsables por extralimitación en el ejercicio de estas y responderán por esa causa.

Indicó que, al expedirse la Circular núm. 000013 del 2015, «en el fondo es la reglamentación de una sentencia en razón de la expedición del acto que se acusa, se han violado varias normas y tratados de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad aprobados y ratificados por el estado colombiano», por lo que la Carta de 1991 y varias normas del ordenamiento jurídico resultan directamente desconocidas, pues estas no le dan facultades ni competencias para reglamentar el derecho a la vida.

Alegó que la «Resolución 1216 del 20 de abril del 2015» establece la pena de muerte para cualquier niño, porque no existe un límite penal «y ya la norma no tendría ese carácter preventivo, sino que, por cualquier causa se podría matar por piedad porque un fiscal la absolvería totalmente de reglamentar la eutanasia activa sin establecer protecciones, para implantar en forma indiscriminada el asesinato reglamentando supuestamente una orden inconstitucional e ilegal de la Corte Constitucional».

Relató que la reglamentación de una sentencia por medio de una Circular es totalmente inconstitucional e ilegal. El Consejo de Estado en sentencia del 13 de marzo de 2013, en

el proceso núm.11001032400020080025600 sostuvo que se vulnera la potestad reglamentaria del gobierno nacional cuando se pretende reglamentar una sentencia.

Explicó que, dicha corporación precisó que las facultades reglamentarias establecidas por el artículo 189, numeral 11, de la Carta es un mecanismo tendiente para garantizar la cumplida ejecución de las leyes, siendo ese el único fin autorizado por ese mandato superior, razón por la cual es presupuesto sine qua non para que se pueda hacer uso de tal facultad, la existencia de una ley o decreto ley que requiera ser desarrollada en virtud del reglamento.

Aseveró que el vicio de nulidad estriba en el hecho consistente en que la demandada carece de competencia para interpretar y reglamentar. Fijar los alcances de las sentencias de la Corte Constitucional es ilegal y querer actuar como supra constituyente y legislador positivo no era un asunto del resorte de la demandada. Sin embargo, si a manera de discusión se admitiera que seguía siendo necesaria la interpretación y reglamentación del nuevo texto constitucional, lo cierto es que dicha temática era un asunto del resorte exclusivo del legislador.

Adujo que la Superintendencia Nacional de Salud indica que, con su circular buscaba lograr mayor claridad frente a la aplicación de la instrucción e investigación y, señaló que, expedía una directiva que tendría vigencia hasta tanto se emitiese la ley estatutaria reglamentaria del acto legislativo, por lo que con ello reconoció que era el legislador el llamado a reglamentar y a interpretar el texto constitucional reformado ante la reserva legal que existe sobre tal materia.

«EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO»

Señaló que de conformidad con el epígrafe de la Circular que se demanda, a través de ella se buscaba adoptar «una orden no dada por la corte por lo que su expedición que parte también de una ilegal orden de la corte constitucional, los fundamentos jurídicos para la aplicación de dicho Acto cuando ni la constitución ni la ley le dan competencias legislativas y de reglamentación».

Precisó que el vicio de nulidad que afecta la circular acusada consiste en que se desconoció el deber de competencia que debió preceder a la expedición del acto acusado, de manera unilateral promulgó una decisión, para cuyo ejercicio, requería una orden de la Corte Constitucional tanto en la parte considerativa como en la resolutiva, sin embargo, de manera alguna se emitieron órdenes a cargo de la Superintendencia demandada.

Alegó que, con ocasión de la expedición del acto acusado, se incurrió en violación de los artículos: 6, 116, 121, 221 y 250 de la Constitución Política.

«INFRACCIÓN DE NORMAS JURÍDICAS SUPERIORES»

Alegó que la Superintendencia se arrogó, como propia, una función que correspondía al Ministerio de Salud y Protección Social y, que por ende, el acto acusado violó las normas en que debió sustentarse, «razón por la cual se encuentra viciado de nulidad infringiendo normas jurídicas superiores y la expedición irregular salta de bulto con un aparente grado de instrucción, pero este ordenando y reglamentando y fundando comités de médicos», lo cual no es de su competencia como tampoco reglamentar derechos fundamentales.

«FALSA MOTIVACIÓN TOTAL-SE BASA EN ORDENES DE LA CORTE QUE JAMAS LE FUERON DADAS EN LA TUTELA 970 DEL 2014»

Arguyó que la falsa motivación se advierte del mismo texto, pues la Circular cuestionada denota un aparente grado de instrucción, pero ordena, reglamenta y funda comités de médicos, «cuando jamás lo puede ser ni aun cumpliendo una ilegal orden de la Corte, y menos cuando la misma no lo ordena». Esa Circular es un verdadero acto administrativo arropado de una ilegalidad manifiesta.

Argumentó que la entidad demandada procede a reglamentar la constitución de Comités sin razón alguna, incluso más allá de lo ordenado por la Corte Constitucional al Ministerio de Salud y Protección Social y establece su conformación, bajo el sustento de una orden inexistente.

Indicó que el numeral 2° de las conclusiones «de la Directiva 000013 del 2014», se encuentra viciada de nulidad por errónea y falsa motivación al incurrir en violación de los artículos: 6, 116, 121 y 228 de la Constitución Política.

«OTRAS NORMAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS POR LA CIRCULAR EXTERNA O ACTO ADMINISTRATIVO»

Alegó que se infringió el artículo 11 superior, pues el derecho a la vida es inviolable. Colombia no admite excepciones, dado que el constituyente primario así lo estableció y, además, se deduce del mismo artículo que la vida comienza desde la concepción y la protección va hasta la muerte natural, por lo que se amenaza claramente el derecho a la vida.

Relató que el acto acusado vulneró el artículo 12 ibidem, al usar métodos crueles e inhumanos y degradantes, pues permite la muerte de miles de niños inocentes, dado que rechaza una vida «para que no salga costosa a las entidades de salud», se desecha la vida como algo sin valor, por lo que no es comprensible que la entidad demandada que, debe protegerla, haga lo contrario.

Mencionó que se violó el artículo 18 Constitucional, por cuanto la circular censurada no establece si los médicos pueden invocar la objeción de conciencia cuando el asesinato, por medio de la eutanasia, atente contra sus principios, éticos y religiosos, claramente protegidos, así como el juramento hipocrático, pues deben velar por la vida de los pacientes.

Aseveró que la Circular demandada infringió el artículo 19 ibidem, dado que no permite un acompañamiento espiritual cuando la inmensa mayoría profesa la religión cristiana-católica, pues no permite a los médicos ni al personal hospitalario pedir y solicitar la protección de su religión que le prohíbe en todos los casos proceder a asesinar inocentes. Y como ha sucedido en todos los países en donde se ha establecido la eutanasia o asesinato de personas, estas dejan de acudir a las entidades públicas y acuden a las privadas e incluso a otros países.

Adujo que se vulnera el artículo 44 Superior, por cuanto el acto en censura se constituye en una despenalización al permitir asesinar inocentes, se burla del legislador y le causa grave daño a los que tienen protección constitucional y legal desde la concepción. Además, de llegar a quedar vivo podría sufrir graves daños en su salud y el acto no contempla tal situación.

Arguyó que la Circular da a entender que se está estableciendo la «EUGENESIA» de la raza superior de la ideología nazi, porque se podrá asesinar al supuestamente inservible

por las EPS al no estar prohibido e incluso a la madre. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás y está demostrado que la circular viola este mandato constitucional, como quiera que atenta contra la integridad de los niños al causarles graves daños a su vida y salud desde la concepción y es deber del Estado protegerlos desde la misma.

Señaló que el acto acusado viola el artículo 48 ibidem, dado que los recursos de la salud se están utilizando para temas distintos de la seguridad social, pues se destinan para fines de homicidios en donde el Estado causa graves daños en la vida para favorecer intereses de grandes compañías que envuelven sus intereses con falsos derechos, de dudosa aplicación.

Manifestó que se infringe el artículo 49 Constitucional, pues el Estado no está garantizando una protección y recuperación de la salud, sino que, por el contrario, está proponiendo a los habitantes, en especial a los niños, a que sufran grandes daños en su vida y salud porque se «ASESINA SERES VIVOS», por lo que el Estado tendrá que pagar los graves daños que se causen, al permitir el uso de un asesinato para garantizar un derecho falso.

Afirmó que la Circular demandada viola el artículo 90 ibidem, al establecer los comités sin tener competencia constitucional ni legal, lo cual generará múltiples demandas en contra. Explicó que no existe coordinación entre entidades que incluye reglamentaciones que causa graves daños a la vida y salud de una gran población.

Argumentó que se vulnera el artículo 91 ibidem, por cuanto el acto acusado amenaza la vida de menores y niños, ancianos. Además, se constituye en una infracción manifiesta de un precepto constitucional principal que es el derecho a la vida y la salud y en el acto no realiza esta advertencia.

Indicó que viola el artículo 93 Superior, por cuanto todos los tratados suscritos por Colombia establecen la protección de la persona desde la concepción hasta la muerte natural sin excepción alguna, por lo que los derechos y los deberes consagrados en la Carta Política, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Alegó que el acto cuestionado vulnera el artículo 114 Constitucional, por considerar que la Superintendencia Nacional de Salud está ejerciendo una función que no le corresponde al ser un instructivo de juzgamiento de la eutanasia, pues, lo está despenalizando al establecer el uso indiscriminado de la muerte, lo cual causa un grave daño a la mujer y niñas de Colombia al cambiarse la Constitución.

Relató que se infringió el artículo 150 ibidem, dado que de manera sesgada se pretende interpretar o reformar o derogar leyes, lo cual produce graves daños, dado que en la práctica despenaliza el aborto. Además, no establece ninguna restricción para las niñas menores.

Mencionó que la Superintendencia Nacional de Salud violó el artículo 152 Superior, por cuanto no cuenta con la facultad que es exclusiva del congreso, mediante ley estatutaria, pues ni siquiera la Corte Constitucional se puede erigir en un organismo que determina cuales son los derechos fundamentales.

Aseveró que se vulneró el artículo 209 ibidem, dado que a través del acto acusado se atenta contra la moral pública al permitir el asesinato masivo de un número considerable de personas, pues el Estado les «suministra la droga para matarlos», sin tener registros y autorizaciones. La demandada no recibió de la Corte Constitucional mandato alguno,

actuó en forma ilegal y con dolo porque sabía o debía saber de los graves daños que puede producir.

Adujo que se infringió el artículo 211 Superior, debido a que la Superintendencia Nacional de Salud se abrogó competencia al pretender legalizar el aborto y reglamentar la vida en forma indiscriminada y grave, con lo cual amenazó dicho derecho fundamental, dado que permitió que por instrumentos legales no autorizados se adoptaran decisiones relativas al mismo, el cual se ha constituido como el principal derecho, sin el cual no existe ningún otro.

Arguyó que la Circular es un acto administrativo que busca hacer que el servicio allí regulado sea obligatorio, se financie públicamente con los recursos del Plan Obligatorio de Salud en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo. También atenta contra el derecho a la igualdad y cercena el derecho fundamental de la objeción de conciencia, porque permite que con el dinero de los ciudadanos y sin contar con su autorización se utilice para asesinar personas indefensas.

«NORMAS Y TRATADOS DE DERECHO INTERNACIONAL -BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD- NORMAS INTERNACIONALES»

Señaló que la demandada está violando en forma flagrante los tratados internacionales que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pues está permitiendo el asesinato indiscriminado en todas las circunstancias, ya que ha permitido en cualquier caso la muerte de los más indefensos niños y ancianos, fungiendo como legislador y con competencias no otorgadas ni conferidas.

Manifestó que el derecho internacional protege la vida del no nacido desde la concepción, lo que conlleva la obligación estatal de adoptar medidas legislativas efectivas que hagan realidad dicha protección.

«VIOLACION DEL DERECHO A LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA LA MUERTE NATURAL -ESTABLECIDA EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE HACEN PARTE DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD»

Argumentó que en el salvamento de voto de la sentencia C- 355 del 20064 se recogen 6 fallos de la Corte Constitucional que establecen que la protección de la vida debe ser desde la concepción hasta la muerte natural. También tratados que permiten que otro operador jurídico de la misma categoría, como lo es el Consejo de Estado, se aparte de dicha interpretación que solo adquiere relevancia como principio auxiliar, toda vez que la reglamentación del derecho a la vida solo compete al legislador, por lo que el acto está violando en forma flagrante los tratados internacionales.

«La vida en los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad»

Indicó que la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, en sus artículos 3º y 6° prevé lo siguiente:

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

[…]

4 Por medio de la cual se despenalizó el aborto

Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica

Explicó que dichas disposiciones no consagran conceptos jurídicos indeterminados que deban ser precisados por los Estados o por los organismos internacionales, sino que es el reconocimiento de titularidad de derechos en cabeza de todo ser humano individual, cualquiera que sea la etapa de su desarrollo histórico en que se encuentre.

Alegó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos -CADH-, en el numera 2º del artículo 1º indica con toda claridad que «Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano», lo cual no deja margen a los Estados para interpretarlo en un sentido diferente al que con claridad arroja su lectura literal.

Relató que la identidad entre las nociones de ser humano y de persona, de la cual se deriva el no nacido, como ser humano que es, se constituye en el titular de los derechos amparados por esa Convención. Adicionalmente, el artículo 4º ibidem, señala que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir de la concepción.

Mencionó que la interpretación armónica del Preámbulo y los artículos 1° y 6° de la Convención en cita, lleva a concluir que la expresión «niño» comprende a los seres humanos no nacidos y que, respecto de ellos, se extiende la protección especial de derechos que dispensa el tratado, entre ellos, el derecho a la vida, por lo que no es posible sostener, como lo hace la sentencia, que los derechos humanos no establezcan con precisión que todo ser humano, desde la concepción, es titular del derecho a la vida.

«El bloque de constitucionalidad y las diversas fuentes del Derecho Internacional»

Aseveró que los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, conforme a la reiterada jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto de la Constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción.

Señaló que, por su parte, el bloque de constitucionalidad está compuesto por todas aquellas normas, de diversa jerarquía, que sirven como parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Entre ellas, los tratados sobre derechos humanos, las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, las leyes estatutarias. Los tratados internacionales que no versan sobre derechos humanos no forman parte del bloque de constitucionalidad, como tampoco las normas internacionales distintas de los tratados de derechos humanos, por no estar mencionadas como prevalentes por la Carta.

Manifestó que del derecho internacional no emana ninguna obligación de despenalizar el aborto, o limitar otro derecho como la vida para quitarla como un derecho fundamental. Los tratados internacionales de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad expresamente reconocen el derecho a la vida de todos los seres humanos desde el momento mismo de la concepción.

Afirmó que, si no existía obligación internacional convencional ni de derecho consuetudinario de legalizar total o parcialmente el aborto, tampoco existía jurisprudencia de un tribunal internacional en tal sentido, y no podía decirse que las recomendaciones de los órganos de monitoreo de los tratados de derechos humanos

sobre el tema fueran vinculantes, por lo que no existían límites internacionales a la soberanía legislativa del Congreso de la República que pudieran ser tenidos en cuenta.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Nación - Superintendencia Nacional de Salud5, por conducto de apoderado, indicó que los cargos invocados en la demanda «no están llamados a responder» por carencia de fundamentos legales y que, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la demanda.

Señaló que en obedecimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia T-970 de 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución núm. 1216 del 20 de abril de 2015, «Por medio de la cual se da cumplimiento a la orden cuarta de la sentencia T-970 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional en relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los Comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad».

Manifestó que dicho mandato, estableció las directrices para la conformación de los Comités Científicos Interdisciplinarios para el derecho a morir con dignidad, los cuales actuarían en los casos y en las condiciones definidas en las sentencias C-239 de 1997 y T-970 de 2014. En el capítulo II de los Comités Científico- Interdisciplinarios para el derecho a morir con dignidad, se precisó lo siguiente:

Artículo 5°. Organización de los Comités Científicos- Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con Dignidad. Las instituciones Prestadoras de Salud- IPS- que tengan habilitado el servicio de hospitalización de mediana o alta complejidad para hospitalización oncológica o el servicio de atención institucional de paciente crónico o el servicio de atención domiciliaria para paciente crónico, que cuenten con los respectivos protocolos de manejo para el cuidado paliativo, conformaran al interior de cada entidad un Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad, en adelante el Comité, en los términos previstos en la presente Resolución. Parágrafo. La IPS que no tenga tales servicios deberá, de forma inmediata, poner en conocimiento dicha situación a la Entidad Promotora de Salud- EPS- a la cual, está afiliada la persona que solicite el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, con el propósito de que coordine todo lo relacionado en aras de garantizar tal derecho.

Afirmó que la Superintendencia activó el aparato administrativo en acatamiento del artículo 12 de la citada resolución, el cual estableció ciertas funciones en relación con el procedimiento para morir con dignidad y otras a las EPS. Sin embargo, resaltó que no lo hizo para dar cumplimiento a la sentencia T-970 de 2014, pues dicha entidad no es destinataria de esta. Por lo tanto, desempeñó sus funciones constitucionales y legales propias de inspección, vigilancia y control, en otras palabras, la expedición de la Circular núm. 000013 del 27 de julio de 2015 obedece única y exclusivamente al cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1122 de 2007.

Argumentó que en consonancia con el artículo 121 de la Ley 1438 de 2011, se encuentra acreditado que la demandada debe ejercer funciones de inspección, vigilancia y control a las Entidades Promotoras de Salud del régimen Contributivo y Subsidiado, Direcciones Territoriales de Salud y los prestadores de servicios de salud, públicos, privados, mixtos, entre otros, para que estas en cumplimiento a las directrices emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social se cumplan, so pena de ser objeto de algún proceso administrativo sancionatorio en caso de renuencia si es del caso.

5 Índice 00058 del aplicativo Samai, denominado: 4_ED_CUADERNO1NULIDAD_15CONTESTACIONDEMAND(.pdf)

Indicó que, si la Resolución 1216 de 2015 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social estableció unas directrices provenientes de una orden judicial, es precisamente en virtud de las competencias establecidas en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud que se expidió la Circular núm. 000013 de 2015, precisamente para el ejercicio correcto a sus vigiladas.

Alegó que, conforme a lo señalado por el Consejo de Estado en sentencias del 18 de agosto de 1989 y 18 de octubre de 1994, referidas a las Circulares, estas se expiden con el fin de prevenir un incumplimiento y para divulgar el conocimiento de la orden dada por la Corte Constitucional, así como de la Resolución expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y no la de fungir como legislador negativo.

Relató que en la Ley 489 de 1998 y el Decreto 4107 de 2011, al Ministerio de Salud y Protección Social le corresponde como objetivo primordial, la fijación y adopción de políticas, planes generales, programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de su objetivo misional tanto de rango constitucional como legal; en tanto las Superintendencias, y en este caso la de Salud le corresponde ejercer todas aquellas actividades que en desarrollo de la inspección, vigilancia y control hacia sus vigiladas se cumplan.

Propuso las siguientes excepciones:

«PRESUNCION DE LEGALIDAD DEL ACTO ACUSADO». La hizo consistir en el hecho de que el acto demandado goza de presunción de legalidad, que, además, aplica las atribuciones que por ley tiene, puesto que la naturaleza de la Superintendencia Nacional de Salud, en virtud de lo establecido en el artículo 6 del Decreto 262 de 2013, la obliga a emitir instrucciones a los sujetos vigilados sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones normativas (Resolución 1216 de 2015) que regulan su actividad.

Señaló que, por tratarse de una circular administrativa, esta tiene por objeto dar a conocer una directriz sobre cómo debe cumplirse las disposiciones normativas contentivas en la Resolución 1216 de 2015 y, por tanto, lejos de concluir que la entidad se extralimitó en sus funciones, la Superintendencia Nacional de Salud ejerció de manera legal las atribuciones que por ley le encomienda.

«GENERICA». Solicitó que se declare probada la excepción propuesta y todas aquellas excepciones de mérito que no hubiesen sido presentadas, pero que hayan sido de acuerdo con la ley debidamente probadas dentro del proceso.

III. FIJACIÓN DEL LITIGIO

En la audiencia inicial celebrada el 7 de septiembre de 20186, el Despacho sustanciador delimitó el objeto del litigio, frente a lo cual el actor, la entidad demandada y el Ministerio Público manifestaron conformidad, así:

1. El 27 de julio de 2015, el Superintendente Nacional de Salud expidió la Circular nro. 000013, mediante la cual se impartieron instrucciones a los prestadores de servicios de salud, entidades administradoras de planes de beneficios, entidades territoriales y usuarios de los Servicios de salud.

2. La Circular nro. 000013, expedida por el Superintendente Nacional de Salud, es un acto administrativo, susceptible de control jurisdiccional.

6 Índice 000058 del aplicativo Samai. En el documento denominado:

50_ED_CUADERNO1NULIDAD_21ACTAAUDIENCIAINICI-ACTAAUDIENCIAINICIAL(.pdf) NroActua 58

3. La Circular nro. 000013, expedida por el Superintendente Nacional de Salud, estuvo antecedida por la Resolución nro. 1216 de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

4. La Circular nro. 000013 y la Resolución nro. 1216, ambas de 2015, estuvieron antecedidas de la sentencia de Tutela de la Corte Constitucional nro. T- 970 de 2014.

II. No obstante las coincidencias, el demandante manifiesta que el acto acusado. Circular nro. 000013 de 2015, expedida por el Superintendente Nacional de Salud, debe ser declarado nulo, por haber sido proferida por funcionario que carece de competencia, en forma irregular, incurriendo en falsa motivación e infringiendo normas superiores. Teniendo en cuenta, en cada caso, las normas que invoca el actor y las razones que aduce, los problemas jurídicos que habrán de abordarse son los siguientes:

A. En relación con la falta de competencia:

1. Incurrió el Superintendente Nacional de Salud en falta de competencia, al expedir la Circular nro. 000013 de 2015, porque:

1.1. ¿Cumplió una supuesta orden de la Corte Constitucional que nunca le fue dada?

1.2. ¿Reglamentó una sentencia de la Corte Constitucional?

1.3. ¿Precisó el alcance y efectos de una norma constitucional, competencia reservada al legislador?

1.4. ¿Ejerció una facultad reglamentaria que no le confirió el Congreso de la República?

1.5. ¿Ejerció una facultad reglamentaria reservada al Presidente de la República?

1.6. ¿Interpretó o reglamentó un tipo penal?

1.7. ¿Instigó a los funcionarios de la Fiscalía y a los jueces a cometer delitos?

1.8. ¿Se extralimitó en sus funciones?

2. Si la respuesta a uno o varios de los anteriores interrogantes fuere afirmativa, la Sala entrará a analizar si procede la declaratoria de nulidad del acto acusado

B. En relación con la expedición irregular: ¿Infringió el Superintendente Nacional de Salud, en el trámite de la expedición de la Circular nro. 000013 de 2015, en uno, varios o todos de los siguientes artículos 6, 116, 121, 221 y 250 de la Constitución Política? Si la respuesta fuera positiva, la Sala entraría a analizar si el acto es nulo, por haber sido expedido irregularmente.

C. En relación con la falsa motivación:

¿Es cierto que la Circular nro. 000013 de 2015, en el numeral 2° de las CONCLUSIONES, se amparó en una supuesta orden inexistente de la Corte Constitucional? Si la respuesta fuera positiva, la Sala entraría a analizar si el acto o el aparte acusado, es nulo por falsa motivación.

D. En relación con infracción a norma superior:

¿Infringe la Circular nro. 000013 de 2015, expedida por el Superintendente Nacional de Salud, uno, todos o cualquiera de los siguientes artículos: 11; 12; 18; 19; 44; 48; 49; 90;

91; 93; 114; 150, numerales 1, 2 y 8; 152, letra a; 209, y 211 de la Constitución Política; 3, y 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, numeral 2, y 4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Preámbulo; 1, y 6 de la Declaración de los Derechos del Niño? Si la respuesta fuera afirmativa, la Sala entraría a analizar la procedencia de declarar la nulidad del acto.

III. Atendiendo la contestación a la demanda, deben analizarse así mismo las atribuciones del Superintendente Nacional de Salud para expedir el acto, teniendo en cuenta lo previsto, entre otros, en el artículo 39 de la Ley 1122 de 2007; artículo 121 de la Ley 1438 de 2011; Ley 489 de 1998 y Decreto 4107 de 2011; artículo 6 del Decreto 2462 de 2013, y la Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social nro. 1216 de 2015.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de 3 de julio de 20197, el Despacho corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto. Dentro del término concedido la demandada presentó alegatos, mientras que el demandante guardó silencio.

IV.1. La Superintendencia Nacional de Salud presentó escrito de alegatos en el que reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló lo siguiente:

Que tal y como ha quedado demostrado dentro del proceso a través de los medios probatorios decretados, practicados e incorporados al expediente, la entidad demandada como órgano de inspección, vigilancia y control del sector salud, ha acatado y actuado de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley, por lo que la solicitud de nulidad del acto administrativo demandado en el sub-lite, no debe prosperar, puesto que fue expedido con sujeción a las disposiciones legales vigentes.

Indicó que en el asunto bajo examen no se configuran causales que permita declarar la nulidad de la Circular externa núm. 13 de 27 de julio de 2015, expedida por el Superintendente Nacional de Salud, pues se deben tener en cuenta las disposiciones normativas que subyacen de la orden de la Corte Constitucional en sentencia T-970 de 2014.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agente del Ministerio Público rindió concepto8 en el que solicitó declarar la legalidad de la Circular núm. 000013 de 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, con fundamento en los siguientes argumentos:

En diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional se ha indicado que el derecho fundamental a la vida debe ser concebido desde la dignidad, por lo que no basta garantizarla en sí misma, sino con dignidad, por lo que, bajo esta concepción, se llegó a la configuración del derecho fundamental a morir dignamente, derecho innominado en la Constitución, pero cuya determinación era factible a partir de otros derechos nominados, como el de la vida, la libre determinación, el autocuidado o derecho a la salud, etc.

Argumentó que en la sentencia C-239 de 1997, la Corte Constitucional reconoció el derecho de los individuos a decidir sobre la forma como quieren vivir y, por ende, a no ser forzados por nadie, entiéndase sociedad, Estado o familia a prolongar su vida cuando las circunstancias por las que atraviesa su existencia son incompatibles con el concepto de dignidad humana, por lo que el Estado estaba en la obligación de garantizar tanto el derecho a vivir dignamente como el derecho a morir dignamente.

Alegó que el homicidio por piedad cuando ha existido consentimiento informado del titular del derecho exonera de responsabilidad al médico tratante, en tanto si bien la conducta es antijurídica, no es culpable. Bajo esos referentes, señaló la necesidad de regular las formas en que se podía dar el llamado consentimiento informado y, a su vez, exhortó al Congreso a regular el derecho a morir dignamente.

7 Índice 000058 del aplicativo Samai, documento denominado: 60_ED_CUADERNO1NULIDAD_31AUTOPRONUNCIAPRUEB-AUTOSEPRONUNCIASOBREPRUEBASFIJAELLITIGIOYORDENATRASLADOPARAALEGAR(.pdf)

NroActua 58

8 Índice 000058 del aplicativo Samai. En el documento denominado:

66_ED_CUADERNO1NULIDAD_37OTROS-CONCEPTOMINISTERIOPÚBLICO(.pdf)

Precisó que, pese a los intentos de regulación en el Congreso de la República, no había sido posible la expedición de una ley que desarrollara este derecho, razón por la cual en 2014, una de las Salas de Revisión de la Corte Constitucional profirió la sentencia T-970 de 2014, en la que, además de hacer algunas precisiones terminológicas relacionadas con conceptos médicos como eutanasia, distanasia, adistanasia o antidistanasia, el suicidio asistido, cuidados paliativos y/o ortotanasia, indicó que, si bien la configuración normativa era importante en esta materia, su inexistencia se convertía en una barrera para la materialización del derecho fundamental a morir dignamente, razón por la que la se establecieron algunos requisitos y mecanismos para hacer posible el procedimiento de eutanasia.

Relató que para hacer viable el procedimiento, se ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras, la constitución de un Comité Interdisciplinario en cada una de las instituciones prestadoras de salud, cuya función principal es evaluar y decidir sobre las solicitudes de eutanasia que se presenten.

Mencionó que, igualmente, la Corte Constitucional señaló unos pasos que debían agotarse, tales como i) la manifestación libre de la persona que padece una enfermedad terminal y sufre dolores intensos al médico tratante de su deseo de ejercer el derecho a la muerte digna; ii) el médico tratante debe convocar al Comité Científico Interdisciplinario, iii) la reiteración de morir dignamente por parte del paciente y, iv) cumplidos los requisitos, el comité debe programar el procedimiento en un término máximo de 15 días. Igualmente, indicó que el paciente en cualquier momento puede cambiar de decisión.

Aseveró que expresamente la sentencia T-970 de 2014 ordenó al Ministerio de Salud que, en el término de 30 días, emitiera una directriz y dispusiera lo necesario para que los hospitales, clínicas, IPS, EPS, y en general, los prestadores de salud, conformaran el Comité Interdisciplinario y cumplieran con las obligaciones emitidas en el fallo, por lo que el citado ente ministerial expidió la Resolución 1216 de 2015, en la que explicó varios términos e indicó la creación y el funcionamiento de los Comités Científico-Disciplinarios, fijó su organización, conformación, funciones, instalación, sesiones y procedimiento.

Adujo que, si bien es cierto que, le asiste razón al demandante cuando afirma que la Corte Constitucional emitió la orden con destino al Ministerio de Salud y Protección Social y no a la Superintendencia Nacional de Salud, también lo es que dicho cartera ministerial la cumplió con la expedición de la mencionada resolución y, que lo que hace el acto acusado es reiterar las directrices dictadas por el Ministerio de Salud, para que todos los vigilados cumplan las disposiciones relativas a los Comités Científico-Disciplinarios.

Indicó que es necesario un pronunciamiento de la Sección Primera frente a la referida resolución, la cual fue demandada y se encontraba en curso el proceso 2015-00194-00 y 2015-00213-009 acumulados10.

Arguyó que la Circular núm. 000013 del 27 de julio de 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, pese a que señala que dicta instrucciones a las IPS, en relación con los comités científicos interdisciplinarios, la verdad es que reitera las

9 Efectuada la búsqueda pertinente se advierte que efectivamente se ha demandado la Resolución 1216 de 20 de abril de 2015 en varias ocasiones. Se acumularon las demandas al expediente núm. 11001-03-24-000-2015-00194-00 (Consejera Nubia Margoth Peña) las cuales se encontraban radicadas bajo los núms.: 111001-03-24-000-2015-000195-00, 11001-03-24-000-2015-00196-00, 11001-03- 24-000-2015-

00213-00 y 11001-03- 24-000-2018-02206-00. En la actualidad el proceso se encuentra al despacho para sentencia desde el 19 de enero de 2026

10 Ver auto 7 de marzo de 2025, proferido dentro del expediente 11001-03- 24-000-2015-00194-00 que acumula demandas. En gestión documentos del aplicativo de Samai, denominado: 58Autoqueresuel_20150019400MARCOFIDE(.pdf) NroActua 118

directrices qué fijó el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 1216 de 2015.

Manifestó que las funciones de inspección, vigilancia y control, en los términos de la Corte Constitucional, se pueden definir como mecanismos leves o intermedios de control, cuya finalidad es detectar irregularidades en la prestación de un servicio, mientras el control implica el poder de adoptar o tomar correctivos frente al vigilado. En ese orden, la circular tiene como sustento tales facultades y la consagrada en el numeral 4º del artículo 6 del Decreto 2462 de 2013, relativa a emitir instrucciones a los sujetos que vigila.

Señaló que, conforme a dicha potestad, la demandada tenía la competencia para expedir el acto acusado, el cual solo reitera los criterios técnicos para efectuar el procedimiento para la aplicación de las normas y órdenes jurisprudenciales referidas al derecho de morir dignamente.

Efectuó una comparación entre lo que dispone el acto acusado y la Resolución 1216 de 2015, de lo cual pudo advertir que la Superintendencia no interpretó, reglamentó o desarrolló el derecho a morir dignamente como se afirma en la demanda, pues lo que hizo fue reiterar las directrices que sobre los Comités Interdisciplinarios hizo el Ministerio de Salud y Protección Social por orden directa y expresa de la Corte Constitucional, para indicar que su incumplimiento daría lugar a los procesos sancionatorios.

Alegó que fue la Corte Constitucional la que, en ejercicio de su función de intérprete autorizado de la Constitución y garante de los derechos fundamentales, enunció y le dio autonomía al derecho fundamental a morir dignamente, sentencia C-239 de 1997, e igualmente ante la omisión del legislador de expedir una regulación de este derecho y ante la barrera que implicaba esa ausencia de norma, en la sentencia T-970 de 2014 estableció los puntos esenciales para una regulación en la materia, razón por la que ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social dictar, en un plazo máximo de 30 días, una directriz específica sobre la conformación y funcionamiento de los Comités Científicos-Interdisciplinarios, mecanismo necesario para hacer exigible el derecho a morir dignamente.

Aseveró que la circular núm. 000013 de 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud se limita a indicar a las IPS y EPS su obligación de dar cumplimiento a la Resolución 1216 de 2015 sin regular aspectos relacionados con el derecho a morir dignamente, como erradamente se afirma en la demanda. Por tanto, no hay lugar a estudiar los planteamientos de la demanda por infracción de norma superior, falsa motivación o desvío de poder.

Adujo que el acto acusado no está reglamentando una decisión judicial, dado que la Superintendencia Nacional de Salud reitera lo expuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 1246 de 2015, entidad que profirió este acto en cumplimiento de una orden expresa de la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional y no en ejercicio de la facultad reglamentaria como erradamente lo entiende el demandante.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes:

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 149.1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11 y en el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto.

7.2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la Circular núm. 13 del 27 de julio del 2015, expedida por la superintendencia Nacional de salud fue expedida con falta de competencia, infracción de normas superiores, falsa motivación y expedición irregular.

7.3. El acto acusado

La circular acusada es la siguiente:

000013

Para: PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS, ENTIDADES TERRITORIALES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Asunto: POR LA CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN CUARTA DE LA SENTENCIA T-970 DE 2014 EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD.

Fecha: 27 Jul 2015

CONSIDERACIONES

I. Marco Legal General de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud aplicables al tema de la presente Circular

1. La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, tiene como objetivos…

[…]

II. Precedentes Jurisprudenciales de la Corte Constitucional

[…]

II. Orden de la Corte Constitucional

[…]

INSTRUCCIONES

PRIMERA: Para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas Públicas, Mixtas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y pertenecientes a los regímenes especiales y de excepción.

11 modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021.

a. Organización del Comité Científico interdisciplinario. Las IPS que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 5° de la Resolución 1216 de 2015, deberán conformar un comité científico interdisciplinario de acuerdo con lo señalado en el Artículo 6° de la Resolución y su correspondiente parágrafo.

Una vez integrado el comité mencionado en los términos previstos, éste tendrá una sesión de instalación en la cual adoptará el reglamento interno y designará un secretario técnico. Las actuaciones del comité deberán estar soportadas en documentos que cumplan requisitos de calidad técnica documental en el caso de las IPS privadas y para las IPS públicas deberán estar conforme a las normas generales de función archivística del Estado y propias del MECI.

b. Del Procedimiento para hacer efectivo el Derecho a Morir con Dignidad

Los siguientes aspectos deberán ser considerados tanto por el médico tratante como por el Comité Interdisciplinario:

-El diagnóstico del médico tratante, definido en el artículo 2° de la Resolución 1216 de 2015, será concordante con lo dispuesto por la Corte constitucional en relación con el primer presupuesto de materialización del derecho a morir dignamente denominado "f/j £/ padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores" el cual señala que deben darse dos requisitos; uno objetivo que implica que la enfermedad debe estar calificada por un especialista y otro subjetivo que indica que la enfermedad además, debe producir intenso dolor y sufrimiento a quien la padece.

-La solicitud de la persona mayor de edad del derecho fundamental a morir con dignidad, deberá cumplir con el presupuesto señalado en el numeral 7.2.3 del fallo de tutela 970 de 2015 denominado “(ii) E l consentimiento libre, informado e Inequívoco"; el consentimiento libre implica que no existan presiones de terceros sobre la decisión y que ésta provenga exclusivamente del paciente con el fin de poner fin al intenso dolor que padece. Informado, se refiere a que los especialistas deben brindar al paciente y a su familia, toda la información objetiva y necesaria para que no se tomen decisiones apresuradas. Inequívoco, este requisito se busca asegurar que la decisión del paciente de provocar su muerte sea consistente y que no sea el producto de episodios anímicos críticos o depresivos.

-El consentimiento sustituto será dado por quienes estén legitimados para hacerlo cuando el solicitante mayor de edad se encuentre en imposibilidad fáctica para manifestar su consentimiento, el cual deberá ser libre, informado e inequívoco por tal razón podrá ser previo a la enfermedad terminal cuando el paciente haya manifestado, antes de la misma su voluntad en tal sentido.

Para lo anterior y en virtud del numeral 7.5 del artículo 7 de la Resolución 1216 de 2015, el comité en aras de verificar los presupuestos relacionados con la autonomía y consentimiento del paciente, podrá definir los procedimientos, interconsultas y demás que se requieran para determinar en forma precisa tales condiciones, siempre que no excedan los términos otorgados en la sentencia T-970 de 2015.

-Los cuidados paliativos, deberán ser reiterados al momento de recibida la solicitud por el médico tratante, y/o poner en conocimiento al paciente y/o sus familiares el derecho que tiene a recibir cuidados paliativos como tratamiento integral del dolor, el alivio del sufrimiento y otros síntomas, de acuerdo con la Ley 1733 de 2014.'^ Lo anterior debe ser verificado por el Comité Interdisciplinario en virtud del numeral 7.1 del artículo 7°.

-De la Convocatoria del Comité y la Reiteración de la Solicitud. De conformidad con el artículo 9° de la Resolución 1216 de 2015, el médico tratante convocará al comité en el término máximo de un día a partir del recibo de la solicitud del paciente mediante informe dirigido a la secretaria técnica o a cualquiera de los miembros del comité.

Será el comité quien dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud, deberá verificar la existencia de los presupuestos contenidos en la Sentencia T-970 de 2014 y si estos se cumplen, preguntará al paciente o a los legitimados si reiteran su decisión.

De ser reiterada la decisión, el comité autorizará el procedimiento, el cual debe ser programado en la fecha en que el paciente indique o en su defecto en un término máximo de quince (15) días calendario a partir de la reiteración. De dicho procedimiento el Comité dejará constancia en la Historia Clínica correspondiente y enviará un documento al Ministerio de Salud y Protección Social reportando todos los hechos y condiciones que rodearon el procedimiento.

Cuando exista controversia sobre el diagnóstico de la condición de enfermedad terminal se podrá requerir una segunda opinión o la opinión de un grupo de expertos tal y como lo faculta el parágrafo 2° del artículo 2° y el parágrafo 2® del artículo 9® de la Resolución 1216 de 2015.-

-El quorum para deliberar, sesionar y decidir será el de la totalidad de sus integrantes y las decisiones serán tomadas de preferencia por consenso; en el caso de que el comité no llegue a un acuerdo, se admitirá la mayoría. En el evento de presentarse un caso fortuito o fuerza mayor o por existencia de conflicto de intereses no pueda el comité sesionar con la totalidad de sus integrantes, la entidad deberá designar de manera inmediata el profesional que lo reemplace del respectivo perfil.

-La Objeción de conciencia: La IPS debe contar con médicos no objetores de conciencia, o permitir el acceso de quienes no sean objetores para la práctica del procedimiento de eutanasia. En ningún caso la IPS podrá argumentar objeción de conciencia institucional para no practicar un procedimiento que cumpla con los requisitos establecidos en el fallo judicial y en la Resolución 1216 de 2015.

La eventual presentación de objeción de conciencia por parte del médico que practicará el procedimiento, será por escrito y motivada, ante lo cual el Comité ordenará a la IPS para que dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la objeción, reasigne a otro médico que lo realice.

Adicionalmente a las funciones de las IPS, relacionadas con la organización de los comités al interior de la Institución, así como las propias de los comités interdisciplinarios, de la secretaría técnica y de las asignadas al médico tratante en el procedimiento descrito en la norma, las IPS tienen las funciones específicas señaladas en el Articulo 12 de la Resolución 1216 de 2015, las cuales serán de obligatorio cumplimiento.

SEGUNDA. Para las Entidades Promotoras de Salud EPS Las funciones establecidas en el artículo 14 de la Resolución 1216 de 2015, serán de obligatorio cumplimiento y se hace énfasis en las siguientes:

-Las EPS no podrán interferir en la decisión tomada por el paciente o de los legitimados, en el caso del consentimiento sustituto.

-Deberá contar en su red prestadora de servicios con profesionales de la salud idóneos y suficientes para atender los requerimientos que puedan surgir en relación con la garantía del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir dignamente.

-Garantizará durante las diferentes fases tanto al paciente como a su familia la ayuda psicológica y médica que se requiera, así como la atención en salud derivada del procedimiento efectivo del derecho a morir con dignidad

TERCERA. En concordancia con lo establecido en el artículo 43 de la ley 715 de 2001, las Entidades Territoriales ejercerán la inspección y vigilancia de los Prestadores de

Servicios de Salud, dentro de su jurisdicción para que verifiquen el cumplimiento de las instrucciones que aquí se imparten.

CUARTA. Obligación de cumplimiento. Sobre las instrucciones aquí impartidas, las entidades vigiladas deben saber que éstas son sólo enunciativas y en ningún momento se puede desconocer alguna otra orden, recomendación o parámetro, establecido en la Resolución 1216 de 2015 o que realizare cualquiera otra autoridad o Juez de la República al respecto.

En la página web de la Superintendencia Nacional de Salud www.supersalud.gov.co. se publicará un instrumento que deberá ser diligenciado con la información en él requerida por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Empresas Promotoras de Salud de los procedimientos señalados en esta circular, quienes remitirán la información solicitada de conformidad con las indicaciones señaladas en el instructivo, de manera semestral en los términos que éste indique, con el fin de ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control.

La inobservancia e incumplimiento de las instrucciones impartidas en la presente circular y las dadas mediante la Resolución 1216 de 2015, acarrearán el inicio de un proceso administrativo sancionatorio.

QUINTA. Derogatoria y Vigencia. La presente circular rige a partir de su publicación y deroga cualquier otra circular o instrucciones que le sean contrarias. (Negrillas fuera del texto).

7.4. Cuestión previa

La Sala advierte que el acto acusado no se encuentra vigente dado que la Circular Externa 065 de 2021, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud «POR LA CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN  DE  LA  REGULACIÓN  PARA  HACER  EFECTIVO  EL  DERECHO

FUNDAMENTAL A MORIR CON DIGNIDAD», en su numeral VII, indicó expresamente que esta «rige a partir de su publicación y promulgación en el Diario Oficial y deroga la Circular Externa 013 de 2015»

Dicho acto se expidió conforme a la Resolución 971 del 2021, «Por medio de la cual se establece el procedimiento de recepción, trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia, así como las directrices para la organización y funcionamiento del Comité para hacer Efectivo del Derecho a Morir con Dignidad a través de la Eutanasia», expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En este orden de ideas, en atención a que la derogatoria del acto censurado no afecta su validez, dado que mantuvo su presunción de legalidad por el lapso en que produjo efectos con base en las normas vigentes durante su existencia en el ordenamiento jurídico, en el presente asunto, resulta procedente emitir un pronunciamiento de fondo sobre su legalidad.

7.5. Naturaleza de la Circular demandada

Esta Corporación ha definido las circulares como un instrumento jurídico que expresa

«una manifestación general de la administración con carácter obligatorio para sus destinatarios»12, «que refleja el poder jerárquico que tiene aquella frente a sus empleados o incluso frente a otras entidades que, de una u otra forma, se encuentran bajo su mando, lo que le permite ejercer facultades de instrucción a través de la

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-25-000-2012-00680-00.

expedición de documentos en los que se imparten indicaciones sobre la forma en que deben interpretarse y aplicarse determinadas normas jurídicas en esa órbita»13.

La Sección Primera del Consejo de Estado ha señalado que las circulares de servicio solo son objeto de control judicial, en los términos del inciso tercero del artículo 137 del CPACA14, cuando tengan la virtualidad de producir efectos jurídicos y vinculantes frente a los administrados.

En efecto, en sentencia de 11 de abril de 201915, esta Sección reiteró que «las circulares de servicios son susceptibles de ser demandadas cuando las mismas contengan una decisión de la autoridad pública capaz de producir efectos jurídicos y puedan, en consecuencia, tener fuerza vinculante frente al administrado por lo que, a contrario sensu, de no ser así, si se limita a reproducir lo decidido por otras normas o por otras instancias con el fin de instruir a los funcionarios encargados de ejercer determinadas competencias, entonces, la circular no será un acto susceptible de demanda».

En armonía con lo anterior, esta Sección, en sentencia de 20 de febrero de 202011

precisó lo siguiente:

Esta revisión de los pronunciamientos de la Sección en torno a la posición de la Corporación frente a los actos controlables, permite identificar que el criterio que impera y ante el cual se enfrenta el juzgador al momento de admitir la demanda16 o al decidir de fondo la misma, es aquel en el que se verifica si se cumplen los criterios que convergen para validar si el “pronunciamiento” demandado constituye o no un acto administrativo, pues no se limita a emitir una mera instrucción sino que debe abordar una situación de contenido jurídico para quienes la aplican o respecto de quienes se dirige.

Entonces, esta Sala destaca respecto del pronunciamiento de la Sección del año 2014, el cual se estructuró bajo la tesis del “ensanchamiento del ámbito del control judicial”, y que esta decisión rectifica, para reiterar que en materia de control lo relevante es privilegiar que los asuntos que se judicialicen interesen al ámbito del derecho. Conferirle trámite a “toda manifestación de la función administrativa”, bajo el entendido que es susceptible de control conllevaría un raudal de demandas en aumento, las que ocuparían en igual proporción la actividad judicial respecto de aquellos asuntos que sí contienen una manifestación susceptible de control, que es finalmente sobre las cuales debe dirigir su función.

Esta interpretación da cumplimiento al mandato superior que privilegia como fin del Estado el promover la vigencia de un orden justo, el cual se logra, entre otras formas, mediante la garantía de acceso a la administración de justicia para cuestionar los actos que por sus elementos, son controlables.

Precisamente y en orden a establecer cuándo un acto es susceptible de control, esta Sala privilegia el examen sobre la condición de acto demandable para establecer su carácter judiciable, sin atenerse al criterio de la “manifestación de la función administrativa” y a las diferentes denominaciones que giran en torno al ejercicio de la función administrativa, sin que implique que por este hecho son actos controlables de la jurisdicción.

[…]

13 Ibidem

14 «También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro»

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; Exp. 11001032400020120021100.

16 El Juez en todo caso cumple el control de legalidad en todas las etapas del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 del CPACA.

Estas condiciones y los desafíos del juez lo llevan necesariamente a identificar que estén presentes los elementos de la decisión de la administración para determinar si es posible concurrir a su control, pues lo cierto es que no toda actuación de la función administrativa tiene el contenido para ser objeto de examen judicial.

Ello, por cuanto ciertas actividades que cumple la administración, en desarrollo y organización de sus cometidos y funciones, no suponen el arraigo de los elementos de la decisión controlable, en tanto muchas veces tiene que ver con la operatividad de la función, esto es, la realización de una regulación previa, lo que no posibilita el examen de legalidad que sí se predica de una decisión con efectos jurídicos frente a los administrados.

[…]

Del análisis de las providencias dictadas en sentido contrario al pronunciamiento del año 2014, denominado “ensanchamiento del ámbito del control judicial” y de lo aquí expuesto, la Sala rectifica dicha posición, que permitía ejercer control judicial respecto de todas las denominadas circulares, instrucciones u órdenes, para, en su lugar, señalar que serán pasibles de enjuiciamiento ante la jurisdicción las decisiones administrativas, independientemente de su denominación, solo aquellas que tengan la capacidad de producir efectos jurídicos vinculantes y, por lo mismo, controladas por las causales de nulidad previstas por el legislador. [Negrillas por fuera del texto original]

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que las circulares de servicios, según sus efectos, se pueden clasificar en internas y externas, así:

Existen dos tipos de circulares, las externas y las internas. Las externas buscan orientar o direccionar la actuación de los particulares o administrados. Las internas buscan instruir a los funcionarios de la dependencia administrativa sobre el procedimiento que deben seguir en el desarrollo de sus actividades, en el cumplimiento de sus funciones, instrucciones que en un momento dado pueden llevar a que el funcionario tome decisiones que pueden tener un efecto jurídico sobre el administrado o el contribuyente tratándose de la Dian, efecto que podría no estar contemplado por una ley o decreto, caso en el cual la circular puede ser demandada ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Igual sucede con las circulares externas, pues estas pueden contener instrucciones u orientaciones que lleven al administrado a tomar unas decisiones que afecten sus propios intereses, afectación que ninguna ley o norma ha previsto, por tanto, es factible demandar la nulidad de dicha circular.

[…]

Estos actos no contienen normas jurídicas, sino instrucciones, reproducciones, orientaciones o parámetros que se expiden por las autoridades administrativas para señalar con sencillez, de manera técnica o práctica, la debida aplicación de las disposiciones legales ya existentes que aseguren el buen funcionamiento de la administración. Lo anterior obliga a concluir que son actos materiales que pueden tener o no alcance jurídico.17 [Negrillas por fuera del texto original]

Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala concluye que las circulares no se encuentran exentas de control judicial, toda vez que, cuando la administración excede la función meramente instructiva y genera disposiciones de obligatorio cumplimiento con la capacidad de afectar derechos o imponer deberes, se tornan susceptibles de control judicial18.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia de 26 de julio de 2018, exp. 11001325000 2011-00290-00 (1087-11).

18 Sentencia de 17 de julio de 2025, expediente 11001 03 24 000 2015 00567 00.

En el presente caso, la Sala considera que la Circular núm. 000013 de 2015, aquí acusada, es susceptible de control jurisdiccional, por cuanto no solo se limita a reiterar los parámetros legales, reglamentarios o jurisprudenciales sobre la materia que exponen, ni se circunscribe únicamente a la orientación de los destinatarios. Sino que, además, entre otras, dispone que conforme a las competencias otorgadas por el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, las entidades territoriales deben verificar el cumplimiento (por parte de los Prestadores de Servicios de Salud) de las instrucciones allí descritas. Así mismo, señala que la «inobservancia e incumplimiento de las instrucciones impartidas en la circular y las dadas mediante la Resolución 1216 de 2015, acarrearán el inicio de un proceso administrativo sancionatorio».

Adicionalmente, le impone a las citadas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y a las Empresas Promotoras de Salud diligenciar la información acerca de los procedimientos señalados en la circular conforme a las indicaciones previstas en el instructivo de la página web de la entidad demandada, lo cual se deberá diligenciar de manera semestral, con el fin de ejercer las respectivas funciones de inspección, vigilancia y control.

7.6. Caso concreto

7.6.1. Análisis del cargo por falta de competencia

El actor indica que, a través de la circular cuestionada la Superintendencia Nacional de Salud da cumplimiento a la sentencia T-970 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, a la cual, además, le dio alcance de norma superior, por lo que, a su juicio, la entidad demandada excedió sus competencias al asumir la potestad reglamentaria exclusiva del presidente de la República.

Frente a las facultades de la demandada, cabe precisar que para la época de expedición de la Circular núm. 000013 del 27 de julio de 2015, la norma que consagraba las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud era la Ley 1122 de 200719, aún vigente, la cual, prevé, entre otras, las siguientes:

ARTÍCULO 37. Ejes del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud. Para cumplir con las funciones de inspección, vigilancia y control la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá sus funciones teniendo como base los siguientes ejes:

[…]

3. Prestación de servicios de atención en salud pública. Su objetivo es vigilar que la prestación de los servicios de atención en salud individual y colectiva se haga en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

4. Atención al usuario y participación social. Su objetivo es garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como los deberes por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud; de igual forma promocionar y desarrollar los mecanismos de participación ciudadana y de protección al usuario del servicio de salud.

[…].

19 En la actualidad se encuentran también reguladas en el artículo 4º del Decreto 1080 de 2021

ARTÍCULO 39. Objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control, desarrollará, además de los señalados en otras disposiciones, los siguientes objetivos:

[…]

b) Exigir la observancia de los principios y fundamentos del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud;

c) Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo;

d) Proteger los derechos de los usuarios, en especial, su derecho al aseguramiento y al acceso al servicio de atención en salud, individual y colectiva, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en las fases de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud;

e) Velar porque la prestación de los servicios de salud se realice sin ningún tipo de presión o condicionamiento frente a los profesionales de la medicina y las instituciones prestadoras de salud;

[…].

Al respecto, esta Corporación20 al analizar las competencias previstas en dicha ley señaló que:

la ley confía a LA SUPERINTENDENCIA un conjunto de atribuciones encaminadas a facilitar el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales. Así, destaca la Sala que en desarrollo de sus funciones de vigilancia este órgano puede “advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio de salud, atención al usuario, participación social y demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud para el desarrollo de este” (literal B del artículo 35 de la ley 1122 de 2008, negrillas y subrayado fuera de texto).

Por ende, no cabe duda que en aras de cumplir con su papel de órgano de vigilancia, LA SUPERINTENDENCIA cuenta con la facultad de impartir instrucciones a los sujetos vigilados, como una forma anticipativa (ex ante o no reactiva) esencial para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. De lo que se trata, como ha explicado la jurisprudencia de esta Corporación, es de “instruir a los destinatarios de su vigilancia y control sobre la forma de ejecutar de la mejor manera posible las normas que regulan sus actividades, y respecto de ciertos requisitos que ellos deben cumplir en aras de facilitar las labores de verificación y encauzamiento de las actividades, que son necesarias para la efectiva vigilancia y control a cargo de dichas entidades”21.

[…]

Las instrucciones que imparte LA SUPERINTENDENCIA en ejercicio de esta atribución resultan tan relevantes dentro del funcionamiento del SGSSS, que su incumplimiento, al igual que el de la normatividad vigente sobre la prestación del servicio de salud, constituye una infracción administrativa merecedora de la sanción establecida en la ley (artículo 130.7 de la ley 1438 de 201122).

20 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 13 de octubre de 2016, radicado 11001-03-24-000-2013-00257-00, Consejero Ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Rad. No. 11001-03-26-000-1998-00017-00(15071). C.P.: Ramiro Saavedra Becerra.

22 Artículo 130. Conductas que vulneran el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el derecho a la salud. La Superintendencia Nacional de Salud, impondrá multas en las cuantías señaladas en la presente ley o revocará la licencia de funcionamiento, si a ello hubiere lugar, a las personas naturales y jurídicas que se encuentren dentro del ámbito de su vigilancia, así como a título personal a los representantes legales de las entidades públicas y

Así mismo, el numeral 2º del artículo 6 del Decreto 2462 de 201323, entonces vigente24, preveía que la Superintendencia Nacional de Salud contaba con la función de ejercer la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas constitucionales y legales que reglamentan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras del Sector Salud. Por su parte, el numeral 4º ibidem, contemplaba la función de emitir instrucciones a los sujetos vigilados sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones normativas que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación, entre otras.

Al examinar el acto acusado, se observa que, aunque en este, la entidad demandada señala, entre otras cuestiones, que se da cumplimiento a la sentencia T-970 de 2014, lo cierto es que, al fundamentarlo, la Superintendencia Nacional de Salud lo hizo conforme a la Resolución 1216 de 2015 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En efecto, en la Circular núm. 13 indicó que el citado ministerio había establecido obligaciones para los Prestadores de Servicios de Salud y Entidades Promotoras de Salud, tales como la «Organización del Comité Científico - Interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad»; la «Conformación del Comité Cientifico-lnterdisciplinario»;  las  «Funciones  del  Comité  Cíentlfico-lnterdiscipiinario»;  la

«Instalación de los Comités, sesiones, convocatorias y Quorum»; y, la relativa a impartir

«Funciones a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, a las EPS respecto del procedimiento efectivo el Derecho de Morir con Dignidad».

En atención a lo anterior, les indicó a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas Públicas, Mixtas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y pertenecientes a los regímenes especiales y de excepción que efectuaran la organización del Comité Científico Interdisciplinario. Y a las IPS que lo conformaran «de acuerdo con lo señalado en el Artículo 6° de la Resolución y su correspondiente parágrafo».

Ordenó que las actuaciones del comité se soportaran de manera documental y que en el caso de las IPS ya fueren privadas y/o públicas debían estar conforme a las normas generales de función archivística del Estado y propias del MECI.

En cuanto al trámite del derecho a morir con dignidad, regulado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la Resolución 1216 de 2015, en su capítulo III, artículos 15 a 1825, instruyó que se deberían tener en cuenta los aspectos considerados en aquella, en concordancia con la sentencia T-970 de 2014.

Adicionalmente, frente a las funciones de las IPS, relacionadas con la organización de los comités al interior de la Institución, así como las propias de los comités interdisciplinarios, de la secretaría técnica y de las asignadas al médico tratante en el procedimiento descrito en la norma, señaló que les corresponden las funciones

privadas, directores o secretarios de salud o quien haga sus veces, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funcionarios responsables de la administración y manejo de los recursos del sector salud en las entidades territoriales, funcionarios y empleados del sector público y privado de las entidades vigiladas por dicha Superintendencia, cuando violen las disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre otras, por incurrir en las siguientes conductas:

(…)

130.7 Incumplir las instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia, así como por la violación de la normatividad vigente sobre la prestación del servicio público de salud y el Sistema General de Segundad (Sic) Social en Salud.

23 «Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud».

24 Derogado por el artículo 43 del Decreto 1080 de 2021.

25 Referentes a la solicitud, trámite, desistimiento y la presentación de objeción de conciencia

específicas señaladas en el «Articulo 12 de la Resolución 1216 de 2015, las cuales serán de obligatorio cumplimiento».

Así mismo, se le indicó a las Entidades Promotoras de Salud EPS que las funciones establecidas en el artículo 14 de la Resolución 1216 de 2015, serían de obligatorio cumplimiento, enfatizando alguna de ellas.

Igualmente, señaló que las entidades territoriales ejercerían la inspección y vigilancia de los Prestadores de Servicios de Salud, dentro de su jurisdicción, potestad prevista en el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, con la finalidad de que se verificase el cumplimiento de las instrucciones impartidas.

Finalmente, en la Circular acusada, la Superintendencia fue clara en señalar que «Sobre las instrucciones aquí impartidas, las entidades vigiladas deben saber que éstas son sólo enunciativas y en ningún momento se puede desconocer alguna otra orden, recomendación o parámetro, establecido en la Resolución 1216 de 2015 o que realizare cualquiera otra autoridad o Juez de la República al respecto».

Así las cosas, de acuerdo con las disposiciones citadas y las instrucciones26 emitidas en la Circular demandada, se colige que esta fue expedida en uso de las facultades legales de la Superintendencia Nacional de Salud, pues, es su deber, entre otras, ejercer vigilancia, inspección y control sobre la prestación de servicios de atención en salud pública, ya sea individual y colectiva, de tal manera que se garantice su disponibilidad; así como los derechos de sus usuarios, verbigracia, el acceso al servicio de atención en salud, en conexidad con los deberes de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además, se encuentra facultada para ejercer la competencia preferente de la inspección, vigilancia y control frente a sus vigiladas.

En efecto, la entidad demandada instruyó a sus vigiladas para que dieran cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Resolución 1216 de 2015, en la cual se emitieron directrices para el funcionamiento de los comités que hacen efectivo el derecho a morir dignamente.

Lo anterior, en atención a que la Corte Constitucional elevó tal derecho a rango fundamental27, pues, tal como lo explicó en la sentencia T-970 de 2014, la protección del derecho a la vida «debe ser compatible con otros derechos como la dignidad y la autonomía. De ahí que frente a aquellas personas que padecen una enfermedad terminal ese deber cede ante su autonomía individual» y, por lo tanto, le ordenó al citado ente ministerial que emitiera una directriz y dispusiera todo lo necesario para que los hospitales, clínicas, IPS, EPS y, en general, prestadores del servicio de salud, conformaran el comité interdisciplinario mencionado y cumplieran con las obligaciones emitidas en dicha decisión. De igual manera, le ordenó sugerir a los médicos un protocolo médico que serviría como referente para los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente.

En consecuencia, la demandada no excedió sus facultades legales ni asumió las potestades reglamentarias del presidente de la República, pues es claro que la Circular demandada no ejecuta ley alguna, ni establece directrices adicionales ni complementarias ni se sale de la órbita de la decisión emitida por el ente ministerial, sino que, como ya se dijo, da instrucciones conforme a las directrices emanadas del Ministerio de Salud y Protección Social y, por ende, no elevó a rango de norma superior a la sentencia de la Corte Constitucional.

26 Transcritas ab initio de estas consideraciones.

27 Mediante pronunciamiento C-239 de 1997.

En efecto, la Superintendencia se limitó a instruir exclusivamente a sus vigiladas, es decir, a los prestadores de servicios de salud, entidades administradoras de planes de beneficios, entidades territoriales y usuarios de los servicios de salud. Y, tales directrices se circunscribieron a las indicaciones previstas por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 1216 de 2015, acto administrativo que goza de presunción de legalidad.

De ahí que, para la Sala, la Superintendencia Nacional de Salud ejerció sus competencias de inspección, control y vigilancia, conforme a las previsiones contenidas en la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 2462 de 2013.

En orden de ideas, resulta oportuno precisar que, la referencia a la que alude la Circular acusada frente a la obligación de reporte semestral de información y sobre la advertencia de consecuencias por su incumplimiento, no implica una extralimitación de sus funciones, sino que corresponde a una función propia de la facultad de inspección, vigilancia y control prevista en el artículo 6 del Decreto 2462 de 2013.

Sumado a lo expuesto, del contenido de la Circular acusada tampoco se desprende que se pretenda efectuar una regulación integral, estructural y completa sobre el núcleo esencial del derecho fundamental a morir dignamente, dado que fue la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-970 de 2014, la que fijó las reglas y procedimientos para garantizar la efectividad de esta garantía iusfundamental derivado de la ausencia de regulación legal sobre la materia.

Ahora bien, advierte la Sala que no le asiste razón al actor cuando afirma que el acto acusado «instiga al funcionario de la fiscalía e indirectamente al juez a cometer un delito y a extralimitarse en sus funciones», pues ninguna de las instrucciones emitidas se dirige a tales funcionarios ni exhortan a la comisión de delito alguno.

Tampoco se comparte la afirmación del demandante consistente en que el acto acusado pretende reglamentar un fallo judicial, dado que, tal como se ha precisado en este acápite, la Circular 000013 de 2015 únicamente se limitó a impartir instrucciones sobre la forma como se debe acatar la Resolución 1216 de 2015 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Finalmente, frente la vulneración de la Ley 100 de 1993 invocada por el actor, para la Sala no es posible emitir pronunciamiento al respecto, dado que omitió señalar los argumentos de la presunta violación, es decir, en cuanto a este motivo de inconformidad no se cumple con la carga argumentativa28.

7.6.2. Análisis del cargo por infracción de normas superiores

En el sentir del demandante, la Circular núm. 000013 de 2015 infringe las siguientes normas superiores: artículos 11; 12; 18; 19; 44; 48; 49; 90; 91; 93; 114; 150, numerales

1, 2 y 8; 152, literal a); 209, y 211 de la Constitución Política; 3, y 6 de la Declaración

28 El marco del juicio de legalidad lo delimita la parte demandante, a quien corresponde identificar las disposiciones que vulneradas y exponer las razones de su infracción; el juez decide dentro de ese marco, en virtud del principio de congruencia previsto en el artículo 187 del CPACA, sin que pueda fundar la nulidad en normas no invocadas ni suplir las deficiencias argumentativas de la demanda. En ese sentido, la Sección Primera ha señalado que el juez «no puede realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con base en normas no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones expuestas en la demanda» (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de junio de 2014, rad. 25000-23-24-000-2005-00434-01, MP María Elizabeth García González, con reiteración de la providencia de 27 de noviembre de 2003). Por tanto, la invocación abstracta de normas, sin desarrollo argumentativo que confronte cada disposición con el acto demandado, impide un pronunciamiento autónomo de fondo.

Universal de los Derechos Humanos DUDH; 1, numeral 2, y 4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos CADH, Preámbulo; 1, y 6 de la Convención de los Derechos del Niño CDN, pues, a su juicio, el acto acusado permite la muerte de niños inocentes29, a tratos inhumanos y degradantes30, vulnera el derecho a la objeción de conciencia31, la libertad religiosa32, estimula el uso indebido de los recursos de la salud33 y afecta el derecho a esta34.

Así mismo, considera que el establecimiento de comités generará demandas contra el Estado lo que incidirá en un daño patrimonial35, dado que no existe coordinación entre entidades que incluye reglamentaciones que causa graves daños a la vida y salud de una gran población.

Estima que la Superintendencia no cuenta con la facultad que es exclusiva del congreso36, mediante ley estatutaria, para determinar cuáles son los derechos fundamentales. Que se adjudicó competencia para legalizar y permitir el aborto. Igualmente, la moralidad pública, principio de la función administrativa37, pues, en su sentir, el Estado les «suministra la droga» a personas para matarlas.

Considera, igualmente, que se vulneraron los tratados internacionales38, dado que, en ellos, se protege el derecho a la vida y este no se ha limitado, ni el aborto ha sido despenalizado.

Al examinar tales alegaciones de cara al contenido de la Circular en censura, encuentra la Sala que no le asiste razón al actor, toda vez que el acto cuestionado no expide normatividad alguna frente al derecho a la vida, no lo deroga, ni autoriza la muerte de la población en general y, menos aún, de menores de edad, ancianos ni de otro sujeto de especial protección constitucional.

Tampoco establece reglamentación alguna al respecto, dado que emite instrucciones que no impone normas de ninguna índole. Por lo tanto, no se vulnera el principio de la moralidad administrativa, pues no es cierto que la Circular hubiese autorizado el suministro de droga, ni que hubiese asumido las funciones propias del presidente de la República39, tal como se explicó al resolver el primer cargo, pues es claro que el Superintendente actuó dentro del marco de su competencia.

Además, al no haberse ejercido facultad legisladora, la Superintendencia no asumió las potestades del Congreso. Se reitera, la Circular no reguló, sino que orientó a sus vigiladas frente al cumplimiento de las directrices previstas en la Resolución 1216 de 2015 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Frente al argumento relativo a que los comités generarán demandas y a la falta de coordinación con las demás entidades, es una inferencia que carece de asidero jurídico, pues, la Circular demandada no establece su creación y, por el contrario, su ausencia generaría la vulneración del derecho a morir dignamente, pues no existiría un trámite para su respectiva materialización. Trámite que tampoco prevé la Circular demandada,

29 Artículos 11 y 44 de la C.P.

30 Artículo 12 de la C.P.

31 Artículo 18 de la C.P.

32 Artículo 19 de la C.P.

33 Artículo 48 de la C.P.

34 Artículo 49 de la C.P.

35 Artículos 90 y 91 de la C.P.

36 Artículos 114 y 150 de la C.P.

37 Artículo 209 de la C.P.

38 Artículo 93 de la C.P.

39 Artículo 211 de la C.P.

pues este se estableció mediante la citada Resolución 1216 de 2015, la cual, no es objeto de contienda en este asunto.

En consecuencia, tampoco se encuentra sustento con respecto al señalamiento efectuado por el demandante relativo a la indebida destinación de los recursos estatales del sector salud, pues, la Circular no ordena la destinación de dicho capital ni de ningún otro, por lo que este argumento tampoco tiene vocación de prosperar. Como tampoco el relativo a la infracción del derecho a la salud, dado que el acto acusado no prevé disposición que lo impida o disminuya.

En cuanto al derecho a la objeción de conciencia y a la libertad religiosa, se observa que en el acto acusado no se dictaron disposiciones que se opusieran a la libertad de culto ni prohibió invocar la mentada objeción. Respecto a esta última, la Circular se remitió a lo establecido en el numeral 12.5 del artículo 12 de la Resolución 1216 de 2015, el cual no prohíbe que se invoque tal derecho, por el contrario, estableció el trámite a seguir en el evento en que el médico tratante objete la eutanasia; además, a la fecha, dicha resolución aún conserva su presunción de legalidad.

En relación con los tratados internacionales (DUDH, la CADH y la CDN) integrantes del bloque de constitucionalidad, previsto en el artículo 93 superior, tampoco se vislumbran vulnerados conforme se ha explicado, dado que la Circular no consagró normas de ninguna índole, no derogó derechos, no despenalizó el aborto, ni reguló la eutanasia, y mucho menos autorizó muerte alguna, ya que se limitó a emitir instrucciones y con destino a sus vigiladas, conforme a las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que no es cierto que se hayan vulnerado tales convenios.

Adicionalmente, lo que la Sala observa es que el demandante muestra su inconformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoce el derecho a morir dignamente, lo cual escapa del juicio de legalidad que se debe realizar sobre la Circular aquí demandada, dado que únicamente se limitó a impartir instrucciones sobre la forma como se debe acatar la Resolución 1216 de 2015 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

7.6.3. Análisis del cargo por expedición irregular

A juicio del actor, la Circular en censura se expidió de forma irregular, pues en su trámite se vulneraron los artículos 6, 116, 121, 221 y 250 de la Constitución Política. Sin embargo, al analizar tales disposiciones con respecto al acto acusado, no se advierte la infracción aducida.

El artículo 6 ibidem, consagra la responsabilidad de las autoridades por vulnerar el ordenamiento jurídico, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, aspecto analizado en el acápite precedente, en el cual se pudo concluir que el Superintendente Nacional de Salud al expedir el acto acusado no incurrió en tales conductas, pues actuó dentro de la órbita de su competencia.

El artículo 116 superior, prevé que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. Que también lo hace la Justicia Penal Militar y la Jurisdicción Agraria y Rural. A juicio de la Sala dicha disposición no se advierte vulnerada con la expedición de la Circular núm. 000013 de 2015, pues esta no es de orden jurisdiccional ni emite órdenes que sean de exclusiva competencia de las autoridades citadas.

Tampoco se encuentra vulnerado el artículo 221 ibidem, pues este hace referencia a que ninguna autoridad del Estado podrá realizar funciones distintas de las que le atribuye el ordenamiento jurídico y, en el caso sub examine, el Superintendente no ejerció funciones distintas a las asignadas por la ley, tal como se explicó en el primer acápite de esta providencia. Menos aún se encuentra infringido el artículo 221 constitucional, pues la Circular demandada no menciona en parte alguna a los miembros de la Fuerza Pública.

Finalmente, en cuanto al artículo 250 Superior referente a que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, etc. Encuentra la Sala que no se observa vulnerado, dado que el acto en censura no emite orden alguna a cargo de la Fiscalía, ni le impide el ejercicio de sus funciones legales ni constitucionales, pues como se explicó en el análisis del primer cargo, la Circular lo que expide son instrucciones y a cargo de sus vigiladas exclusivamente.

7.6.4. Análisis del cargo por falsa motivación

Alega el actor que el acto demandado incurrió en falsa motivación, al ampararse en una supuesta orden inexistente de la Corte Constitucional. Al respecto, se reiteran los argumentos expuestos en precedencia, pues, el Superintendente no reglamentó las órdenes emitidas por dicha corporación judicial en sentencia T-970 de 2014, sino en las directrices emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 1216 de 2015, por lo tanto, el acto cuestionado no incurrió en falsa motivación, sino que, por el contrario, se encuentra debidamente motivado, al soportarse en la reglamentación mencionada.

Con fundamento en las consideraciones desarrolladas en esta sentencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

7.6.5. Costas

Visto el artículo 188 del CPACA40, la Sala considera que no hay lugar a imponer condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.

TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

40 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Consejero de Estado Presidente

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON

Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

×
Volver arriba