
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-24-000-2017-00048-00
Demandante: Ulfany Castillo López
Demandado: Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sanción disciplinaria proferida por el Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
Decisión: Negar la nulidad de los actos administrativos demandados
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Ulfany Castillo López contra las Resoluciones núms. 000-1633 de 12 de diciembre de 2014 y T-000-0137 de 12 de agosto de 2015, mediante las cuales se impuso y confirmó una sanción disciplinaria.
ANTECEDENTES
La demanda
La señora Ulfany Castillo López, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), contra la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores2, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
Primera: Solicito a este Honorable Cuerpo Colegiado que declare la Nulidad de los siguientes actos administrativos, proferidos por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores – Unidad Administrativa Especial:
Resolución No. 000-1633 de 12 de diciembre de 2014.
Resolución No. T-000-0137 de 12 de agosto de 2015.
Segunda: Que, como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho de la Demandante, ordene a la Junta Central de Contadores levantar la suspensión de la Inscripción Profesional por el término de doce (12) meses, retirándose dicha
1 La demanda fue radicada el 18 de diciembre de 2015 y obra en el índice 52 de Samai.
2 La Unidad es una entidad pública del orden nacional, descentralizada por servicios, con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera (Decreto 1955 de 2010)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1
sanción de la base de datos de la Junta Central de Contadores, oficiándose para el efecto.
Tercera: Que se condene en Costas y Agencias en Derecho a la Entidad Demandada (subrayado y negrita del original).
Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones, la señora Ulfany Castillo López señaló que se desempeñó como revisora fiscal principal de Interbolsa S.A. y de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, en calidad de delegada de la firma Grant Thornton Ulloa Garzón & Asociados, posteriormente absorbida mediante fusión por Grant Thornton Fast & ABS Auditores y Consultores Ltda.
Expuso que, mediante la Resolución núm. 1795 de 2 de noviembre de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, debido a la suspensión en el pago de sus obligaciones y que, a través de la Resolución núm. 1812 de 7 de noviembre siguiente, dispuso su liquidación forzosa administrativa.
Agregó que la Superintendencia de Sociedades decretó, mediante Auto núm. 400-015955 de 16 de noviembre de 2012, la apertura del proceso de reorganización de Interbolsa S.A., sociedad holding, y que, posteriormente, ordenó la terminación de dicho trámite y la apertura de la liquidación judicial.
Relató que, con ocasión de esos acontecimientos, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores inició de oficio, el 22 de noviembre de 2012, diligencias previas contra los contadores públicos, revisores fiscales y sociedades de contaduría que hubieran prestado sus servicios a la sociedad holding y a la comisionista. La decisión de apertura le fue notificada personalmente el 6 de agosto de 2013.
Indicó que, mediante auto de 25 de noviembre de 2013, el Tribunal Disciplinario formuló cargos contra ella, el señor Carlos Alberto Posada González y la sociedad Grant Thornton Fast & ABS Auditores y Consultores Ltda., por la presunta vulneración de los artículos 6, 7, 10, 37.4, 37.6, 37.10, 45 y 70 de la Ley 43 de 19903.
Manifestó que, en su condición de revisora fiscal, se le reprochó no haberse pronunciado oportunamente ni haber ejercido las medidas de control correspondientes frente a los préstamos otorgados a particulares, las operaciones repo4 garantizadas con acciones de Fabricato, las diferencias advertidas en las cifras de los estados financieros y la situación económica y de liquidez de las sociedades.
Añadió que también se le atribuyó no haber informado a las autoridades de inspección y vigilancia sobre las dificultades financieras que atravesaban las sociedades y sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por sus administradores, circunstancias que, según la autoridad disciplinaria, habrían contribuido a la liquidación de la sociedad comisionista.
3 «Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones».
4 Una operación repo (o acuerdo de recompra, repurchase agreement) es un préstamo de dinero a corto plazo garantizado por un activo financiero, donde una parte vende un título y se compromete a recomprarlo en una fecha posterior por un precio mayor.
Señaló que el pliego de cargos le fue notificado por conducto de su apoderado el 2 de diciembre de 2013 y que presentó descargos el 27 del mismo mes y año. En ese escrito controvirtió las irregularidades atribuidas, explicó el alcance de sus funciones como revisora fiscal y sostuvo que la Junta Central de Contadores había interpretado de manera equivocada las operaciones repo, los ajustes de garantías y la distribución de responsabilidades dentro del sistema de administración de riesgos.
Adujo que, durante la actuación disciplinaria, rindió versión libre y varias ampliaciones los días 24 de septiembre de 2013, 18 de marzo, 19 de mayo y 12 de junio de 2014. Asimismo, señaló que se recibieron los testimonios de personas que habían participado en los trabajos de auditoría y revisoría fiscal de las sociedades investigadas.
Afirmó que, mediante escrito de 20 de mayo de 2014, solicitó recibir la declaración de los profesionales que elaboraron el concepto contable de 3 de mayo de 2013, con el fin de que explicaran y aclararan técnicamente sus conclusiones. Sin embargo, por auto de 17 de julio de 2014, la entidad negó esa prueba debido a que aquellos ya no se encontraban vinculados a la Junta Central de Contadores y, en su lugar, ordenó que otros profesionales efectuaran una nueva visita y rindieran un concepto que confirmara, aclarara, corrigiera o ampliara el anterior.
Indicó que el segundo concepto contable fue rendido el 25 de septiembre de 2014 y que solicitó la comparecencia de sus autores para que aclararan y complementaran sus conclusiones. No obstante, mediante auto de 29 de octubre de 2014, la autoridad disciplinaria rechazó de plano la prueba, con el argumento de que los conceptos tenían una función orientadora y carecían de fuerza vinculante.
Manifestó que la investigación fue cerrada el 4 de noviembre de 2014 y que presentó alegatos de conclusión el día 24 del mismo mes y año.
Expuso que, mediante la Resolución núm. 000-1633 de 12 de diciembre de 2014, el Tribunal Disciplinario declaró su responsabilidad y le impuso la sanción de suspensión de la inscripción profesional por el término de doce (12) meses. Para adoptar esa determinación, consideró que había ejercido un control parcial e inoportuno sobre las sociedades, por considerar que la revisión de los estados financieros se efectuaba trimestralmente y no de manera permanente.
Precisó que, en esa misma decisión, la entidad reconoció que el cargo relacionado con las diferencias entre los estados financieros y los libros oficiales había sido desvirtuado, debido a que los saldos coincidían y las inconsistencias detectadas correspondían a aspectos de presentación. Pese a ello, estimó que subsistían las demás conductas omisivas, calificó la falta como grave y la atribuyó a título de dolo.
Finalmente, señaló que interpuso recurso de reposición contra el fallo sancionatorio y que, mediante la Resolución núm. T-000-0137 de 12 de agosto de 2015, el Tribunal Disciplinario confirmó la decisión.
Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación
La parte actora invocó como vulnerados el artículo 29 de la Constitución Política; los artículos 7, 10, 37, 45 y 70 de la Ley 43 de 1990; los artículos 5, 6, 9, 13, 128, 129, 138,
141 y 142 de la Ley 734 de 2002; los artículos 174, 177, 187 y 238 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 137 del CPACA.
Formuló los cargos que denominó «violación al debido proceso y derecho a la defensa» y «falsa motivación», cuyo concepto desarrolló bajo los siguientes subtítulos:
«Primer cargo: violación al debido proceso y derecho a la defensa»
La demandante sostuvo que no podía ser sancionada a título de dolo sin soporte probatorio y que la Junta Central de Contadores desconoció la presunción de inocencia, la carga probatoria del Estado, la apreciación integral de las pruebas y los derechos de defensa y contradicción.
«La violación del artículo 29 de la Constitución Nacional sobre el debido proceso»
Afirmó que los actos acusados fueron expedidos sin observar las garantías previstas en el artículo 29 de la Constitución Política, pues la Junta no confrontó integralmente las pruebas favorables y desfavorables, restringió la contradicción de los elementos técnicos utilizados para sancionarla y declaró su responsabilidad sin acreditarla suficientemente.
Consideró que esas irregularidades también desconocieron los principios de ilicitud sustancial, culpabilidad, necesidad y carga de la prueba, imparcialidad en su recaudo, contradicción, apreciación integral y certeza para sancionar.
«Presunción de inocencia»
Manifestó que la Junta Central de Contadores, influida por la notoriedad pública de la crisis de Interbolsa y por las publicaciones periodísticas incorporadas a la actuación, presumió su responsabilidad por las actuaciones de los administradores de Interbolsa S.A., sociedad holding, e Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, sin individualizar los hechos que permitían atribuirle el incumplimiento de sus funciones.
Adujo que no existía prueba técnica, contable o financiera de que las operaciones repo sobre acciones de Fabricato estuvieran prohibidas, que la comisionista hubiera excedido los límites aplicables o que presentara un déficit de garantías equivalente al 89% de su patrimonio.
Explicó que los $117.159.031.338 mencionados en el Acta núm. 51 de 25 de julio de 2012 correspondían a las garantías que debían constituirse como consecuencia del cambio en los porcentajes de descuento o haircuts establecidos por la Bolsa de Valores de Colombia. Precisó que aproximadamente $16.000 millones eran exigibles en julio de 2012 y que la suma restante debía ajustarse a partir del 3 de septiembre siguiente. Por ello, sostuvo que no estaba demostrado un déficit actual de garantías y que la duda debía resolverse en su favor, conforme al artículo 29 de la Constitución Política y al artículo 9 de la Ley 734 de 2002.
«Indebida valoración de la prueba por omisión y distorsión»
Indicó que los actos acusados relacionaron y transcribieron parcialmente las pruebas, pero no valoraron integralmente las aportadas por la defensa. Añadió que la entidad distorsionó sus versiones libres al atribuirles afirmaciones que no se desprendían de su contenido completo.
Respecto de Interbolsa S.A., sociedad holding, explicó que los préstamos a particulares surgieron durante el tercer trimestre de 2012 y que la revisoría fiscal conoció sus
variaciones cuando recibió los estados financieros con corte a 30 de septiembre de ese año. Señaló que comunicó sus observaciones a la administración mediante las cartas de control de 7 de noviembre y 31 de diciembre de 2012, por lo que consideró contrario a las pruebas afirmar que hubiera guardado silencio.
En relación con la comisionista, sostuvo que las operaciones repo eran propias del mercado de valores y se encontraban sometidas a límites y controles especiales. Expuso que, para el 31 de mayo de 2012, su patrimonio técnico ascendía a $116.826.210.749 y que el límite individual del 30% equivalía a $35.047.863.225, sin que se hubiera demostrado que alguno de los clientes lo hubiese superado.
También reprochó la falta de valoración del informe elaborado el 9 de agosto de 2012 por Value and Risk Rating S.A., mediante el cual se mantuvo la calificación AA+ para el riesgo de contraparte de la comisionista. Según afirmó, ese documento destacaba su solidez financiera, posición en el mercado, relación de liquidez superior a uno, patrimonio de
$128.481 millones e índice de solvencia del 16,47%, superior a los límites legales.
Agregó que el Comité de Riesgos no informó a la junta directiva sobre un déficit de garantías o una situación de iliquidez, sino acerca de los ajustes derivados de los nuevos porcentajes de descuento establecidos por la Bolsa de Valores de Colombia. En consecuencia, estimó que la Junta Central de Contadores atribuyó al Acta núm. 51 un alcance contrario a su contenido.
Sostuvo que se omitió valorar la Resolución núm. 1795 de 2 de noviembre de 2012, mediante la cual la Superintendencia Financiera tomó posesión de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa. Señaló que la medida se fundó en la imposibilidad de pagar un crédito intradía por $20.000 millones el 1 de noviembre anterior, y no en irregularidades contables o actos de corrupción conocidos por la revisoría fiscal.
«Indebida valoración de la prueba por cercenamiento»
Afirmó que la Junta Central de Contadores cercenó el contenido de la Resolución núm. 1812 de 7 de noviembre de 2012, mediante la cual la Superintendencia Financiera ordenó la liquidación forzosa administrativa de la comisionista. Explicó que esa decisión obedeció a la persistencia de las restricciones de liquidez, la suspensión del pago de obligaciones, la pérdida de confianza de las entidades proveedoras de recursos, la imposibilidad de obtener nuevas fuentes de financiación y la inexistencia de alternativas viables para continuar desarrollando el objeto social.
A su juicio, la Junta descontextualizó ese acto al afirmar que la falta de información de la revisora fiscal sobre presuntos actos de corrupción había conducido, entre otras razones, a la liquidación de la comisionista. Sostuvo que la Superintendencia Financiera no señaló esos actos ni las omisiones de la revisoría fiscal como causa de la medida, y que tampoco se demostró que hubiera conocido previamente tales conductas.
«Normas violadas y concepto de la violación»
En relación con los artículos 6, 7, 10, 37, 45 y 70 de la Ley 43 de 1990, la demandante manifestó que la Junta no determinó los elementos concretos de las conductas atribuidas ni explicó cómo se produjo el desconocimiento de los principios contables, las normas de auditoría y los deberes éticos invocados.
Señaló que la auditoría fue planeada y documentada mediante la herramienta Voyager, en la cual se evaluaron la continuidad del cliente, la independencia de los auditores, el conocimiento de la entidad y de su entorno, el control interno, los riesgos inherentes, las partes relacionadas y la estrategia de auditoría. Agregó que los estados financieros fueron confrontados con los registros contables antes de su transmisión a la Superintendencia Financiera.
Afirmó que los actos acusados no precisaron cuáles registros carecían de respaldo, qué saldos o cifras no habían sido tomados fielmente de los libros, cuál principio ético fue desconocido, qué riesgo injustificado ocasionó con su actuación ni qué actos fraudulentos conoció y omitió informar. Añadió que el artículo 10 de la Ley 43 de 1990 regulaba los efectos de la fe pública otorgada por el contador, pero no describía, por sí solo, una conducta sancionable.
Asimismo, señaló que no expuso a las sociedades ni a terceros a riesgos injustificados y que, conforme al artículo 41 de la Ley 43 de 1990, no podía responder por las decisiones administrativas adoptadas por los órganos sociales. Por ello, concluyó que la Junta no acreditó los elementos estructurales de las infracciones y la sancionó por conductas omisivas carentes de determinación y demostración.
«Del derecho de defensa y contradicción»
Sostuvo que la entidad omitió valorar las declaraciones rendidas por la señora Yolima Azucena Echeverría Buitrón y José Jairo Simbaqueva Valero. Según expuso, esos testimonios demostraban que la Gerencia de Riesgos monitoreaba diariamente las operaciones e informaba a la administración y a la Superintendencia Financiera; que la revisoría fiscal verificaba los sistemas de administración de riesgos, pero no intervenía en las decisiones estratégicas de la comisionista; y que la auditoría se desarrolló conforme a la metodología de la firma.
Agregó que, según esas declaraciones, la evaluación de los riesgos de mercado y liquidez correspondiente a 2012 estaba programada para octubre, pero no concluyó antes de la intervención porque la información solicitada no fue entregada; que el trabajo de auditoría comprendía el conocimiento del negocio, el control interno, el análisis de riesgos y la práctica de pruebas sustantivas; y que, antes del 1 de noviembre de 2012, no se habían advertido irregularidades contables ni circunstancias que desvirtuaran la continuidad de la comisionista como negocio en marcha.
También reprochó que no se hubiera permitido la contradicción de los conceptos contables de 3 de mayo de 2013 y 25 de septiembre de 2014. Respecto del primero, explicó que solicitó escuchar a sus autores para que aclararan las conclusiones técnicas, pero la Junta negó la petición porque ya no se encontraban vinculados a la entidad y ordenó que otros profesionales efectuaran nuevas visitas y elaboraran un concepto destinado a confirmar, aclarar, corregir o ampliar el informe inicial.
Rendido el segundo concepto, solicitó la declaración de quienes lo suscribieron. Sin embargo, mediante auto de 29 de octubre de 2014, el Tribunal Disciplinario rechazó de plano la petición porque los conceptos tenían una función orientadora, no eran vinculantes ni producían efectos jurídicos directos. Posteriormente, por auto de 4 de noviembre de ese año, declaró cerrada la investigación.
La actora sostuvo que, como los conceptos fueron incorporados al expediente y utilizados para formular los cargos y sustentar la sanción, debía permitírsele interrogar a sus
autores y solicitar su aclaración. Por tanto, consideró que su calificación como simples opiniones no vinculantes desconoció los artículos 138 de la Ley 734 de 2002 y 238 del Código de Procedimiento Civil y vulneró sus derechos de defensa y contradicción.
«Falsa motivación»
Sostuvo que los actos acusados fueron expedidos con falsa motivación, porque los fundamentos fácticos invocados por la Junta Central de Contadores no eran reales o no correspondían con el contenido de las pruebas recaudadas.
En concreto, afirmó que la entidad: (i) presumió su responsabilidad por la crisis de Interbolsa a partir de su notoriedad pública y de las publicaciones periodísticas incorporadas a la actuación, sin individualizar ni probar las omisiones atribuidas; (ii) confundió los préstamos concedidos por Interbolsa S.A., sociedad holding, con las operaciones repo efectuadas por Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa; (iii) atribuyó al Acta núm. 51 un déficit de garantías actual que, según la actora, no se desprendía de su contenido; (iv) desconoció las comunicaciones dirigidas a la administración cuando la revisoría fiscal tuvo acceso a la información financiera; y (v) relacionó la toma de posesión y liquidación de la comisionista con presuntos actos de corrupción que no fueron identificados en las resoluciones de la Superintendencia Financiera ni se demostró que ella hubiera conocido.
También señaló que la Junta distorsionó sus versiones libres y omitió valorar los testimonios, los documentos sobre la metodología de auditoría, las cartas de control, el informe de Value and Risk Rating S.A. y las decisiones de la Superintendencia Financiera, elementos que, en su criterio, demostraban el cumplimiento de sus funciones.
Por último, afirmó que fue sancionada a título de dolo sin prueba cierta de que hubiera conocido las irregularidades y decidido conscientemente omitir sus deberes. En consecuencia, consideró desconocidas la presunción de inocencia, la prohibición de responsabilidad objetiva y la exigencia de certeza para sancionar.
TRÁMITE DEL PROCESO
Admisión
Mediante auto de 29 de septiembre de 20165, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, inadmitió la demanda para que la parte actora estimara razonadamente la cuantía, acreditara el agotamiento de la conciliación prejudicial y aportara copia de la demanda y de sus anexos en medio magnético.
La demandante interpuso recurso de reposición6 contra esa decisión y, simultáneamente, subsanó7 la demanda, explicando que las pretensiones carecían de contenido económico, pues únicamente se solicitaba levantar la suspensión de la inscripción profesional y retirar la sanción de la base de datos, motivo por el cual no procedía estimar la cuantía ni agotar la conciliación prejudicial. Asimismo, aportó en medio magnético la demanda y sus anexos.
5 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado A44F46366F4E0067 0CB4304684CAB4BE B57581DE055B26FD 5A4C4A5F2EF5847E denominado “ED_C02_06AutoAdmiteInadmite ORechazaDemanda(.pdf)”.
6 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado CF09EFDDD6E0E3E5 E770A95634E7479D 87865149585D0400 92A3B96549CBB4BC denominado “ED_C02_07RecursosSuplicaReposicion(.pdf)”.
7 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado E828BA162A672394 45C653034481FB7F 5987BF58C5E23F50 2DA06EAD82E20ACA denominado “ED_C02_10SubsanacionDemanda(.pdf)”.
Por esa razón, el 21 de octubre de 20168, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, remitió el asunto por competencia al Consejo de Estado, para su conocimiento en única instancia, de conformidad con el numeral 2 del artículo 149 del CPACA.
Recibido el expediente, a través de auto de 5 de abril de 20179, esta Corporación inadmitió la demanda, por cuanto no se habían aportado las copias para efectuar las notificaciones y traslados correspondientes. Una vez subsanada10, por auto de 15 de marzo de 2018, se admitió y se ordenó notificar a la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado11.
Medida cautelar
En escrito seguido a la demanda, la actora solicitó la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados12, petición que fue negada por el despacho mediante auto de 7 de mayo de 201813, por cuanto la presunta vulneración del debido proceso y la indebida valoración probatoria requerían un examen integral de los antecedentes administrativos y de las pruebas recaudadas. Asimismo, se advirtió que la medida resultaba inocua, debido a que la sanción de suspensión de la inscripción profesional por doce (12) meses había quedado ejecutoriada el 16 de septiembre de 2015 y su término ya había transcurrido.
Contestación de la demanda
La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, por intermedio de apoderada judicial, contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
Sostuvo que las Resoluciones núms. 000-1633 de 12 de diciembre de 2014 y T-000-0137 de 12 de agosto de 2015 fueron expedidas por la autoridad competente, con fundamento en los artículos 6, 7, 10, 37, 45 y 70 de la Ley 43 de 1990 y con observancia de las normas que regulan el ejercicio de la profesión contable.
Respecto de la labor desempeñada por la señora Castillo López frente a Interbolsa S.A., sociedad holding, señaló que, a partir de los conceptos contables, los informes de revisoría fiscal y el Auto núm. 430-000043 de 2 de enero de 2013, mediante el cual la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de esa empresa, se encontraron demostradas las siguientes omisiones: (i) no pronunciarse oportunamente ni ejercer medidas de control frente al riesgo de iliquidez derivado de los préstamos otorgados a particulares vinculados al Grupo Interbolsa, algunos de ellos ajenos al objeto
8 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 2E7DA9E4AF2E4EAC B62E328B4C45AAE6 0CFF903DA5CE517A E7BB2467E7E5CC27 denominado “ED_C02_11AutoQueResuelve(.pdf)”.
9 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 78717EB949374E08 D4242904A208C22D B5F315DFB644CCD4 7EE140AC5D36FC9F denominado “ED_C02_15AutoAdmiteInadmite ORechaza Demanda(.pdf)”.
10 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 68BC6D7DC89BEF47 4F723F3529A5E816 1F76BE7A08E0049A B378A305E2D7FC66 denominado “ED_C02_16SubsanacionDemanda(.pdf)”.
11 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado E9EC7485EB3D53D3 739C573A66A3D5B1 5FA507D330E70D2D C2A347E3B89B0D0E denominado “ED_C02_17AutoAdmiteInadmite ORechaza Demanda(.pdf)”.
12 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 43D9B335C88AB8A2 6C9DF096388EC067 CB74586CC1370056 CA15814223CD4226 denominado “ED_C04_01OtrosCuaderno04Medida Cautelar(.pdf)”, págs. 5 - 7.
social y sin garantías reales suficientes, así como frente a la concentración de las operaciones repo garantizadas con acciones de Fabricato en varios de esos mismos terceros; (ii) no efectuar seguimiento ni explicar las diferencias advertidas en las cifras de los préstamos a particulares registradas en los informes de revisoría fiscal correspondientes a septiembre y octubre de 2012; y (iii) no informar oportunamente a las autoridades de inspección, vigilancia y control acerca de las dificultades financieras y económicas de la sociedad.
En relación con Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, indicó que contra la demandante se formularon tres cargos. Explicó que se desvirtuó el relacionado con la supuesta falta de correspondencia entre algunos saldos incluidos en los estados financieros de 31 de diciembre de 2011 y 30 de septiembre de 2012 y los registrados en los libros oficiales, pues durante la actuación se estableció que las cifras coincidían, particularmente con las notas de los estados financieros de 2011 y el libro mayor.
Afirmó que, en cambio, se demostraron los otros dos cargos, consistentes en que la señora Ulfany Castillo López, en su condición de revisora fiscal delegada: (i) no se pronunció oportunamente ni adoptó medidas de control frente al déficit de garantías de las operaciones repo, especialmente las respaldadas con acciones de Fabricato; y (ii) no informó oportunamente a los órganos de administración ni a las autoridades de inspección, vigilancia y control acerca de la situación de iliquidez y de las graves dificultades financieras y económicas de la comisionista.
Sostuvo que la propia disciplinada reconoció en sus descargos que la revisión se realizaba trimestralmente y después de transmitida la información; que los estados financieros de septiembre de 2012 le fueron entregados el 26 de octubre y el archivo plano el día 30 siguiente; y que, pese a haber advertido variaciones relevantes en las cuentas 1250, 1370 y 2315, solo informó sobre ellas el 7 de noviembre de 2012, después de que la Superintendencia Financiera ordenara la toma de posesión de la comisionista mediante la Resolución núm. 1795 de 2 de noviembre de 2012 y el mismo día en que dispuso su liquidación forzosa administrativa a través de la Resolución núm. 1812. En consecuencia, consideró que la actora incumplió el deber permanente de vigilancia propio de la revisoría fiscal, pues no ejerció un control asiduo ni informó oportunamente acerca de las irregularidades que comprometían la continuidad de la sociedad.
Frente a la presunta vulneración del debido proceso, manifestó que la demandante conoció los cargos, presentó descargos, formuló solicitudes de nulidad e interpuso recurso de reposición contra la decisión sancionatoria. En consecuencia, estimó que tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas y ejercer su derecho de defensa durante todas las etapas de la actuación, y que el fallo cumplió los requisitos establecidos en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002.
Negó que los actos acusados estuvieran falsamente motivados, pues la responsabilidad disciplinaria se fundó en las pruebas incorporadas al expediente núm. 2012-117 y en el incumplimiento de los deberes de diligencia, vigilancia, control y revelación inherentes a la revisoría fiscal. Añadió que el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores era competente para investigar y sancionar esas conductas, de conformidad con los artículos 20 y 28 de la Ley 43 de 1990.
Finalmente, formuló como excepciones de mérito las denominadas (i) «desatención elemental de las normas que rigen la profesión contable», sustentada en que la actora incumplió los deberes de vigilancia e información, al no advertir oportunamente la situación de iliquidez de Interbolsa ni pronunciarse sobre las inconsistencias de sus
estados financieros; (ii) «inexistencia de vicios en la expedición de los actos administrativos», por cuanto las resoluciones acusadas fueron proferidas por la autoridad competente, con fundamento en las normas aplicables y mediante una actuación en la que se resolvieron las solicitudes de la disciplinada, sin desconocer las formalidades legales; y, (iii) «buena fe», debido a que la investigación disciplinaria se adelantó conforme a los procedimientos previstos en las Leyes 43 de 1990, 734 de 2002 y 1437 de 2011 y se garantizaron los derechos procesales de la demandante14.
Audiencia inicial
En la audiencia inicial celebrada el 19 de octubre de 2018, el despacho declaró saneado el proceso, fijó el litigio15 y se pronunció sobre las pruebas solicitadas por las partes. En particular, tuvo como pruebas documentales las aportadas al expediente, entre ellas, el proceso disciplinario núm. 2012-117, la Liquidación Oficial de Revisión núm. 322412016000016 de 20 de enero de 2016 y los conceptos contables elaborados con ocasión de la inspección practicada a Interbolsa. Asimismo, decretó los testimonios de los señores Germán Sáenz González y Jhon Jairo Useche Céspedes y de la señora Ángela Patricia Carreño Mora.
Audiencia de pruebas
En la audiencia de pruebas celebrada el 7 de diciembre de 201816 se recibió el testimonio de los señores José Germán Sáenz González y Ángela Patricia Carreño Mora, y se
14 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado E268E2BB49F41F40 980CAD571EB10F01 687896430A6542EF 107DCE31FCBDE844 denominado “ED_C02_18ContestacionDeLaDemanda(.pdf)”. 15 «[E]l Despacho observa que las partes coinciden en que la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores expidió los actos administrativos números 000-1633 del 12 de diciembre de 2014 y T-000-137 del 12 de agosto de 2015, por los cuales se sancionó disciplinariamente a la demandante. // En concreto, los cargos que la parte actora invoca son los siguientes: // 1. Falsa motivación: que se fundamenta así: // 1.1. Los hechos que sirvieron de base para la imposición de la sanción NO SON CIERTOS, y // 1.2. Adicionalmente, no hay correspondencia entre la decisión que se adoptó y los motivos aducidos en los actos acusados. // 1.3. Lo dicho anteriormente, en concepto de la demandante, proviene de una inadecuada valoración de la prueba que trae como consecuencia la violación al debido proceso y de su derecho de defensa por: (i) desconocimiento de la presunción de inocencia; (ii) la indebida valoración de la prueba por omisión y distorsión; (iii) la indebida valoración de la prueba por cercenamiento y (iv) la violación del derecho de defensa y contradicción, por infracción del artículo 29 de la Constitución Política y de los artículos 7, 10, 37, 45 y 70 de la Ley 43 de 1990; 5, 6, 9, 13, 128, 129, 138, 141 y 142 de la Ley 734 de 2002; 174, 177,
187 y 238 del Código de Procedimiento Civil y, 137 de la Ley 1437 de 2011. // En consecuencia, la Sala examinará si: // 1. No son ciertos los motivos contenidos en el acto demandado, para sancionar a la actora, y // 2. Si no hay correspondencia entre los motivos y la decisión que se adoptó. // Para ese examen se analizará el acervo probatorio con el fin de determinar si la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores desconoció la presunción de inocencia; valoró indebidamente la prueba por omisión y distorsión; valoró indebidamente la prueba por cercenamiento; desconoció el derecho de defensa y contradicción, y desconoció el debido proceso y el derecho de defensa, con infracción de uno, todos o varios de los siguientes artículos: 29 de la Constitución Política; 7, 10, 37, 45 y 70 de la Ley 43 de 1990; 5,
6, 9, 13, 128, 129, 138, 141 y 142 de la Ley 734 de 2002; 174, 177, 187 y 238 del Código de Procedimiento Civil y, 137 de la Ley 1437 de 2011. // 3. Una vez realizado el examen anterior, la Sala determinará si los actos acusados son nulos. // 4. De advertirse la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá la Sala proceder a su protección, con fundamento en lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-197 de 1999, aun cuando el actor no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. // 5. Por último, si llegara a prosperar la nulidad de los actos administrativos, la jurisdicción deberá pronunciarse sobre la procedencia del restablecimiento del derecho, de conformidad con lo demandado».
16 Actas obrantes en el índice 52 de Samai, documento electrónico con certificado E22ADAF7E25B27D7 E665A5992A511F4D BD0D89804489ECBD E2AFB6175B268CAF denominado “ED_C03_01Acta
DeAudienciaDePruebas(.pdf)”, y documento electrónico con certificado D76D715B188E2A9F D4FCABD416DA6AA0 A7517613CE5B587E 1C0294028522D99D denominado “ED_C03_02Acta
DeAudienciaDePruebas(.pdf)”, la grabación de la audiencia en el mismo índice en el documento electrónico
prescindió de la recepción del testimonio del señor Jhon Jairo Useche Céspedes, por cuanto no fue posible ubicarlo.
Precluida la etapa probatoria, el 4 de marzo de 201917, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera concepto.
Alegatos de conclusión
La parte actora reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda. Como precisiones adicionales, adujo que los estados financieros eran transmitidos directamente a la Superintendencia Financiera junto con el dictamen de la revisora fiscal, por lo que esa autoridad tenía conocimiento de la información contable. Agregó que, una vez ordenada la toma de posesión de la comisionista el 2 de noviembre de 2012, cesó la actividad de la revisoría fiscal y la administración quedó a cargo del agente especial designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín, circunstancia que, a su juicio, impedía exigirle un pronunciamiento posterior sobre el incumplimiento del crédito intradía ocurrido el día anterior18.
La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores insistió en los argumentos expuestos en la contestación y cuestionó la imparcialidad del testigo Germán Sáenz González, por ser socio de Grant Thornton, firma sancionada en la misma actuación disciplinaria y que también demandó la legalidad de la decisión adoptada en su contra. Agregó que su declaración contradecía los descargos de la demandante, pues, mientras aquél afirmó que se efectuaban validaciones diarias y transmisiones mensuales, la señora Castillo López reconoció que revisaba trimestralmente los estados financieros. De esa diferencia infirió que ejerció sus funciones de manera esporádica y no realizó el control permanente exigido por el artículo 207 del Código de Comercio y la Ley 43 de 1990.
Asimismo, indicó que la señora Ángela Patricia Carreño Mora declaró que durante la visita practicada no se encontraron informes ni actas en los que la revisora fiscal hubiera advertido los problemas de liquidez, el registro extracontable de las comisiones adeudadas, los riesgos relacionados con el gobierno corporativo o los antecedentes sancionatorios por exceder los límites aplicables a las operaciones repo. Añadió que, según la testigo, desde 2008 existían observaciones de la Superintendencia Financiera y del Autorregulador del Mercado de Valores sobre el manejo de los recursos de la comisionista y que los créditos intradía constituían una práctica recurrente19.
En esa oportunidad procesal, el Ministerio Público guardó silencio.
con certificado CF1E98473A6B7DB8 FFD2123F1FAF9552 F4398F62D37F0FF9 ED7D172427BF42B2
denominado “folio cd 388(.rar)”.
17 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 5224074BE10C8964 C6AB110544B125D1 4AF53F9A6C5759FA 8879D130AF5D6A5F denominado “ED_C03_04AutoQuePrescindeDeLaAudiencia YCorreTrasladoParaAlegatos(.pdf)”.
18 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 3CCF64027B8C84F0 D35FE87FCE9FD65F 9BF915D9BEC240D3 C489E353B8DC208A denominado “ED_C03_06OtrosAlegatosDeConclusion UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”.
19 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 7DE8BE0448F0FB64 978A40251CA1EBCD 93AAB7104D034F8F 05537D33146A0C44 denominado “ED_C03_07OtrosAlegatos DeConclusionParteDemandante(.pdf)”.
CONSIDERACIONES
- Competencia
- Actos administrativos demandados21
- La Resolución núm. 000-1633 de 12 de diciembre de 2014, “Por medio de la cual se emite fallo de única instancia dentro de una investigación disciplinaria”, expedida por el presidente del Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, dentro del expediente disciplinario núm. 2012–117, cuya parte resolutiva es del siguiente tenor22:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, el artículo
149.2 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201920, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, expedidos por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Primera de esta Corporación es competente para conocer, en única instancia, del presente asunto, por tratarse del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin cuantía, promovido contra actos administrativos expedidos por una entidad del orden nacional.
RESUELVE
PRIMERO: Declárese la responsabilidad disciplinaria de los Contadores Públicos ULFANY CASTILLO LOPEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. […] con tarjeta profesional […], CARLOS ALBERTO POSADA GONZALEZ […], y la sociedad GRANT THORTON FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA con Nit. […]
SEGUNDO: Sanciónese disciplinariamente a los Contadores Públicos ULFANY CASTILLO LOPEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. […] con tarjeta profesional […] y CARLOS ALBERTO POSADA GONZALEZ […], imponiéndoles sanción de SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN PROFESIONAL por el término de DOCE (12) MESES, y a la sociedad GRANT THORTON FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA con Nit […] y RIP. 66, con CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO
PROFESIONAL, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído, lapso durante el cual no podrá ejercer la profesión.
20 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
21 Las resoluciones acusadas también fueron demandadas por el contador Carlos Alberto Posada González y por la sociedad Grant Thornton Ulloa Garzón & Asociados -hoy Grant Thornton Fast & ABS Auditores y Consultores Ltda.-. El proceso promovido por el primero fue conocido en única instancia por esta Sección, bajo el radicado núm. 11001-03-24-000-2016-00077-00, y terminó mediante auto interlocutorio de 3 de diciembre de 2021, por el cual se aceptó el desistimiento de la demanda. Por su parte, en el proceso iniciado por la sociedad en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (con pretensiones económicas – reconocimiento de perjuicios materiales), la Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones mediante sentencia de 10 de diciembre de 2025. Contra esa decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, admitido por esta Sección el 24 de abril de 2026, cuyo conocimiento corresponde al despacho de la consejera Nubia Margoth Peña Garzón, bajo el radicado núm. 25000-23-41-000-2015-02303-03, expediente que se encuentra al despacho para fallo desde el 19 de mayo de 2026.
22 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 373EE434AAE316EB 1EAE8365CC7C066E 65C05B2E1BC3B2D3 60FEB86C731DFB11 denominado “ED_C01_01DemandaYAnexos (.pdf)”, págs. 66 – 113.
TERCERO: Notifíquese personalmente esta providencia a los Contadores Públicos ULFANY CASTILLO LOPEZ y CARLOS ALBERTO
POSADA GONZALEZ y a la sociedad GRANT THORTON FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA […].
CUARTO: En firme la presente providencia de fallo, ordénese inscribir la sanción en la base de datos de la Junta Central de Contadores, fecha a partir de la cual comenzará a regir la misma, y procédase al archivo físico del Expediente Disciplinario No. 2012-117.
Este acto administrativo, en sus partes más relevantes, indicó lo siguiente:
[…] ANÁLISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES
[…] - Para finalizar, la situación de la profesional ULFANNY CASTILLO LOPEZ en calidad de revisora fiscal delegada de la sociedad GRANT THORNTON ULLOA GARZON & ASOCIADOS para ejercer en la sociedad INTERBOLSA S.A. y la sociedad COMISIONISTA DE BOLSA INTERBOLSA S.A., se demostró lo siguiente:
[…]
Los cargos endilgados mediante auto del 25 de Noviembre de 2013, a la citada revisora fiscal delegada, en su totalidad, no fueron desvirtuados durante las diversas etapas de la investigación disciplinaria, en razón a ello, las piezas procesales obrantes en el proceso determinan que la conducta reprochable fue cometida por la disciplinada.
Plenamente se comprobó que la revisión de los estados financieros y la transmisión de los mismos […] eran efectuadas por parte de la implicada CASTILLO LÓPEZ de forma trimestral, según versa en lo expuesto en el escrito de descargos que reza así: (folio185 y 186):
“...Nuestra revisión trimestral de estados financieros se hacía posterior a su transmisión en razón a que los mismos eran suministrados por la Administración el mismo día de su vencimiento; los estados financieros de septiembre fueron entregados por el área de contabilidad el día 26 de octubre a las 3:22 p.m. y el archivo plano de trasmisión fue suministrado fue suministrado el martes 30 de octubre a las 3:47 p.m... (…)
Nuestra revisión trimestral a 30 de septiembre de 2012 evidenciamos que las principales variaciones se presentaron en las cuentas 1250, 1370 y 2315...”
Este acto […] demuestra […] que el órgano de fiscalización no desarrollaba su actividad con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, pues el delegatario para ejercer inspección permanente a la administración y validar la información allegada a esta, de forma arbitraria y en abierta ruptura de la normatividad vigente, ejerció su rol esporádicamente cada tres (3) meses.
Sumado a lo verificado por este Tribunal Disciplinario, se extraen de las piezas procesales que, a continuación se detallan, que la implicada ULFANNY CASTILLO LOPEZ ejerció un control parcializado e inoportuno para fiscalizar el tipo de actividades desplegadas en el mercado de valores como en las sociedades pertenecientes a la HOLDING.
[Tabla de dictámenes, informes y memorandos de la revisoría fiscal de 10 de mayo de 2010 a 25 de enero de 2013]
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el documento de orientación profesional de fecha 21 de junio de 2008, define que el control ejercido por el Revisor Fiscal debe ser asiduo y permanente, pero se debe ser cauto en este para evitar caer en la intromisión en las actividades administrativas que limitarían su independencia y lo convertirían en un coadministrador de la sociedad.
Concordante con ello, el Código de Comercio, en su artículo 207, establece […] “dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios”.
Esta disposición normativa es clara y precisa en determinar que la Revisoría Fiscal es la defensa del interés público, por eso cuando se advierte una irregularidad debe ser informada oportunamente y ejercer una inspección permanente para controlar riesgos en el desempeño de la sociedad y, pesar de ello, en las diversas etapas procesales no se evidenció, siquiera sumariamente, que ULFANY CASTILLO LOPEZ ejerciera un control asiduo sobre la sociedad INTERBOLSA S.A. y la COMISIONISTA DE BOLSA INTERBOLSA S.A.
En efecto, una vez analizado el material probatorio obrante en el expediente y los argumentos aducidos por el apoderado de la implicada, observe este Tribunal que frente al cargo relacionado con los dictaminar estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2011 y 2012, se pudo establecer que los saldos se encuentran acordes con los consignados en los libros oficiales, particularmente para el dictamen de la vigencia 2011, las notas oficiales (folio 14 al 51 cuaderno PTV) guardan coincidencia con el informe del libro mayor de la sociedad COMlSIONlSTA DE BOLSA INTERBOLSA (folio 140 cuaderno ibidem).
Por lo anterior, se concluye que las diferencias de saldo libro mayor y de balance corresponde a una compensación del rubro de inversiones y derivados, tal y como se detalla en la nota No. 4 de los estados financieros obrantes a folio 27.
Respecto a los estados financieros del año 2012, se verificó que la inconsistencia de las líneas de asteriscos en los libros mayores y de balance corresponde a una indebida presentación, lo que no implica una irregularidad en las cifras, ni en el balance general.
Lo anterior, fue puesto en consideración de Este Tribunal por la Revisora fiscal ULFANY CASTILLO, quien se pronunció en diligencia de versión libre y espontánea rendida ante este Despacho, el día 24 de septiembre de 2013 (folio 136 al 140 del cuaderno No. 1) y a las preguntas formuladas contesto […]
Es decir, que el cargo en mención fue desvirtuado, razón por la cual frente a este hecho no hay lugar a pronunciarse de fondo para la Revisora Fiscal delegada, ULFANY CASTILLO LOPEZ.
Sin embargo, al subsistir otras conductas irregulares indicadas en el acápite de cargos, este Tribunal Disciplinario procede a emitir el respective fallo sancionatorio al verificar conductas reprochables atribuibles a los contadores ULFANY CASTILLO LOPEZ, CARLOS ALBERTO POSADA GONZALEZ y a la sociedad de revisoría fiscal GRANT THORTON ULLOA GARZON & ASOCIADOS hoy GRANT THORNTON FAST & ABS AUDITORES. […]
CALIFICACION DE LA FALTA
De acuerdo con el artículo 8° de la Ley 43 de 1990, los Contadores Públicos están obligados a observar las normas de la ética profesional, actuar con sujeción a las normas de auditoria generalmente aceptadas, cumplir con las normas vigentes y que
el registro y la información contable se fundamente en los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Por otra parte, la Contaduría Pública tiene el fin de satisfacer necesidades de la sociedad, (artículo 35 de la Ley 43/90), y su ejercicio tiene como fundamento los principios básicos de la ética profesional entre los cuales se encuentran el de integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observancia de disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética.
Como quiera que la aplicación de la sanción ética exige que el Tribunal Disciplinario aprecie todas las circunstancias objetivas y subjetivas que han condicionado el comportamiento del profesional investigado, a efectos de individualizar la sanción, es decir, para adaptar la sanción al autor de la transgresión, es por lo que debe existir proporcionalidad entre los cargos formulados, declarados y probados, y la sanción finalmente impuesta, no solo con respecto al tipo de sanción, sino también, con respecto al término de la misma, en aquellas donde el legislador estableció los límites de su lapso o monto. (Artículo 23 Ley 43 de 1990).
En el caso que nos ocupa, el comportamiento que vulnera la ética profesional se puede calificar como GRAVE dada la vulneración a las normas éticas de la profesional, desconocer las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la profesión, y actuar con quebrantamiento de las normas de auditoria generalmente aceptadas preceptos contenidos en la Ley 43 de 1990, a título de DOLO como consecuencia del actuar profesional de los Contadores Públicos ULFANY CASTILLO LOPEZ y CARLOS ALBERTO POSADA GONZALEZ, sociedad de revisoría fiscal GRANT THORTON ULLOA GARZON & ASOCIADOS hoy GRANT THORNTON
FAST & ABS AUDITORES, quienes en virtud de su conocimiento en la actividad contable, conforme a las normas legales, comprometieron su capacidad calificada, favoreciendo intereses particulares, en perjuicio de la confianza pública. del patrimonio de los particulares y del propio Estado, vulnerando los artículos 6,7.10, 37.4, 37.6. 37.10. 45 y 70.
GRADUACION DE LA SANCION
De conformidad con los cargos formulados se sustenta la graduación de la sanción atendiendo los criterios establecidos en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo, en cuanto resultaren aplicables.
De conformidad con los cargos formulados se sustenta la graduación de la sanción atendiendo los criterios establecidos en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo, el cual señala:
“(...) ARTÍCULO 50. GRADUACION DE LAS SANCIONES. Salvo lo dispuesto en
leyes especiales. la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables:
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes".
Quiero ello decir que la graduación de la sanción a imponer debe atender a un estudio minucioso en aras a que la misma sea acorde con la falta disciplinaria cometida por el profesional de la Contaduría Pública. Lo anterior con el fin de que la potestad ejercida por el Tribunal Disciplinario conduzca a resultados proporcionales garantizando el principio de igualdad de los investigados.
En consecuencia, este Tribunal Disciplinario considera que los Contadores Públicos ULFANY CASTILLO LOPEZ, CARLOS ALBERTO POSADA GONZALEZ y la sociedad GRANT THORTON FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA
vulneraron la ética profesional, por lo tanto, le es atribuible la imposición de sanciones disciplinarias de conformidad con el artículo 23 de la Ley 43 de 1990.
“ARTICULO 23. DE LAS SANCIONES. La Junta Central de Contadores podrá imponer las siguientes sanciones:
Amonestaciones en el caso de faltas laves.
Multas sucesivas hasta de cinco salarios mínimos cada una.
Suspensión de la inscripción.
Cancelación de la inscripción.
Concordante con la norma precitada para la sociedad de contadores públicos les será aplicable el literal a), parágrafo 1° del artículo 26 ibidem señala:
“… Artículo 26. Parágrafo 1º. Se podrá cancelar el permiso de funcionamiento de las Sociedades de Contadores Públicos en los siguientes casos:
a) Cuando por grave negligencia o dolo de la firma, sus socios o los dependientes de la compañía, actuaren a nombre de la sociedad de Contadores Públicos y desarrollaren actividades contrarias a la ley o a la ética profesional…”.
- La Resolución núm. T-000-0137 de 12 de agosto de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición contra un fallo sancionatorio contenido en la Resolución No. 000-1633 de 12 de diciembre de 2014”, expedida por el presidente del Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, dentro del expediente disciplinario núm. 2012–117, cuya parte resolutiva prevé23:
RESUELVE
PRIMERO: Niéguese el recurso de reposición en contra de la Resolución No. 000-1633 del 12 de diciembre de 2014, presentado por el Dr. Miguel Antonio Cabezas Balcázar, obrando en calidad de apoderado de la investigada ULFANY CASTILLO LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. […] con tarjeta profesional […], por los motivos expuestos en esta providencia.
[…]
CUARTO: Confírmese en todas sus partes la Resolución No. 000-1633 de fecha 12 de diciembre de 2014, mediante la cual se decidió sancionar disciplinariamente a los Contadores Públicos ULFANY CASTILLO LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. […] con tarjeta profesional […], y CARLOS ALBERTO POSADA GONZÁLEZ, [...], con SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
PROFESIONAL por el término de DOCE (12) MESES, y a la sociedad GRANT THORNTON FAST & ABS AUDITORES Y
CONSULTORES LTDA., identificada con Nit. […] y Rip. 66, con CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO
PROFESIONAL, de conformidad con los motivos expuestos en esta providencia.
Este acto administrativo, en lo que concierne al presente asunto, señaló:
23 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 373EE434AAE316EB 1EAE8365CC7C066E 65C05B2E1BC3B2D3 60FEB86C731DFB11 denominado “ED_C01_01DemandaYAnexos (.pdf)”, págs. 115 – 167.
[…] CONSIDERACIONES
De los argumentos expuestos por el apoderado de la disciplinada ULFANY CASTILLO LOPEZ
[…] Ahora bien, el Tribunal Disciplinario entrara a desatar el recurso interpuesto por el Dr. Cabezas Balcazar, sustentado mediante escrito con radicado 34085.14 del 22 de Diciembre de 2014, atendiendo cada uno de los argumentos propuestos en este.
En primer lugar, señala el recurrente que existe una “... falta de motivación en la resolución No. 000-1633 de 12 de Diciembre de 2014 que conduce a su anulación por violación a la garantía del debido proceso...”, debido a los siguientes aspectos:
La Resolución no recoge cada uno de los temas planteados en el escrito de alegatos de conclusión.
[…] Cabe precisar, por este Tribunal Disciplinario que los argumentos puestos a colación en el escrito de alegatos referido propendieron por identificar errores de apreciación probatoria, cuyo eje central correspondió al concepto contable de fecha 25 de septiembre de 2014, el cual aduce la defensa, se edificó en conjeturas y dudas que considera insuficientes para imponer una sanción disciplinaria.
Al respecto, debe decirse en primer lugar que en el auto de apertura de Diligencias Previas de fecha 22 de noviembre de 2012, se ordenó la práctica de diligencias entre ellas, la comisión de un profesional o profesionales contables adscritos al departamento jurídico de la Junta Central de Contadores, para que emitiera un concepto previa visita de verificación a la sociedad INTERBOLSA S.A.
Que una vez notificado personalmente dicho auto a la Contadora Publica ULFANY CASTILLO, el 06 de agosto de 2013, se garantizó a ésta el derecho a la contradicción de tal prueba, comoquiera que estuvo siempre a su disposición el Expediente Disciplinario para su eventual revisión, y pronunciamiento sobre el mismo.
Ahora bien, yerra el memorialista al indicar que el concepto en cuestión fue edificado sobre conjeturas, pues obran dentro del plenario copia de los papeles de trabajo que recogen los soportes documentales y demás información, sobre los cuales fue emitido tal pronunciamiento.
Igualmente, es relevante señalar que se tuvieron en cuenta los demás documentos probatorios obrantes en el expediente que fueron de vital importancia para llegar a la certeza de los hechos y de ese modo proferir la decisión atacada, así entonces, el concepto contable no fue la única prueba que se tuvo en cuenta al momento de proferir la Resolución de fallo que hoy nos ocupa, comoquiera que es un documento que hace parte de un todo que fue valorado en conjunto y no de manera separada y exclusiva, como lo pretende hacer ver el memorialista.
Así entonces, los argumentos puestos a colación por el togado no proporcionaron elementos de juicio categóricos y determinantes a este Tribunal para desvirtuar los cargos provisionales endilgados a la profesional ULFANY CASTILLO LOPEZ en calidad de Revisora Fiscal de INTERBOLSA S.A. e INTERBOLSA COMISIONISTA DE BOLSA S.A., pues se reitera, el concepto del 25 de Septiembre de 2014 emitido por los contadores comisionados de esta entidad, no fue el Único elemento y base para determinar el reproche ético de la aludida contadora publica contenido en la Resolución de Fallo No. 000-1633 del 12 de Diciembre de 2014, por lo tanto, la manifestación de inconformidad no tiene asidero por parte de este Tribunal Disciplinario debido a que el estudio de los alegatos esgrimidos fue surtido en los términos expuestos.
Carencia de valoración jurídica de los medios probatorios
[…] Para el caso que nos atañe, el objeto de la investigación disciplinaria a la Contadora Pública ULFANY LOPEZ CASTILLO fue plasmado en el Cargo formulado por este Tribunal del auto del 25 de Noviembre de 2013, referente a una conducta omisiva desplegada por esta, al no haber emitido pronunciamiento de las situaciones de iliquidez, las graves dificultades financieras y económicas que atravesaban las sociedades INTERBOLSA S.A. HOLDING S.A. e INTERBOLSA COMISIONISTA DE
BOLSA S.A., traducido esto, en forma permanente durante el ejercicio de Revisora Fiscal de la sociedad INTERBOLSA S.A. e INTERBOLSA COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
Se observa así, tal como quedó señalado en la Resolución objeto de recurso, con fundamento en la valoración de las pruebas obrantes a folios 841 a 844, que la investigada ULFANY CASTILLO LOPEZ ejerció un control fiscal parcializado e inoportuno, situación que confirma el cargo endilgado por este Tribunal Disciplinario.
Finalmente, debe resaltarse que el material probatorio obrante en el expediente, se valoró en conjunto como un solo acervo probatorio, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil Colombiano en su artículo 187 el cual dice lo siguiente:
“(...)
Art. 187. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
EI juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
Nota General. Los medios de prueba no están sometidos a un sistema legal predeterminado por haberse abandonado el criterio de apreciación legal o tarifaria.
La estimación probatoria esta librada al conocimiento y experiencia del juez y a su capacidad razonadora, factores extranormativos que permiten la valoración pertinente. No es probable, entonces, que el fallador caiga en quebrantamientos de Ley al realizar su tarea de ponderación y valoración.
El funcionario goza de discrecionalidad para valorar, apreciar y calificar el testimonio, tendrá en cuenta los principios de la sana critica, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y las singularidades que puedan observarse.(...)” (Negrillas y subrayado de éste Tribunal)
En concordancia con lo anterior, éste Tribunal estudio y analizó los soportes documentales que fueron aportados por los órganos estatales pertinentes y las demás decretadas por esta entidad, al igual que los argumentos y documentos aportados por la respectiva defensa de los investigados, valorándolos de manera conjunta como un solo acervo probatorio, de acuerdo a las reglas de la sana critica.
Bajo la explicación dada, queda demostrado que no es cierto el argumento de la defensa de la carencia de estructura del fallo sancionatorio por la falta de valoración jurídica de los medios probatorios.
De la no obligatoriedad de la sociedad INTERBOLSA S.A. (Holding) para cumplir con la implementación de los sistemas de administración de riesgos de mercado y operativo.
El recurrente afirma que no hubo pronunciamiento frente a la obligatoriedad de la sociedad INTERBOLSA S.A. HOLDING en cumplir con la implementación de los sistemas de administración de riesgos de mercado y operativo, dado que la función de la Superintendencia Financiera es controlar la actividad de emisión y los aspectos o circunstancias que puedan repercutir o afectar su desarrollo de su objeto social, lo que lo lleva a concluir, que se desvirtuó el cargo imputado a su prohijada.
Valga precisar, que el Tribunal Disciplinario sólo tiene competencia para pronunciarse respecto de entidades financieras que estén vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia S.A., frente a temas estrictamente disciplinarios, pues dicha entidad cumple con la función de proteger y garantizar el interés público contenido en el artículo 335 de la Constitución Nacional, concernientes a asegurar la fluidez del sistema de pagos, la estabilidad de las instituciones financieras y garantizar el respeto a los derechos del público en general.
Así, cada entidad cumple con funciones especiales, que una vez ejecutadas pueden llegar a ser objeto de competencia de otras, para el caso en concreto, se tiene que tanto la Superintendencia Financiera como la de Sociedades, realizaron las labores de investigación a las que estaban obligados, y una vez determinadas las irregularidades que hoy nos ocupan, dieron traslado a esta entidad para que se pronunciara en lo referente rigurosamente a conductas disciplinarias. […]
Por lo anterior, la tesis propuesta por el memorialista no puede ser acogida por este Tribunal Disciplinaria habida cuenta que la profesional de la contaduría pública no puede delegar su responsabilidad como ente fiscalizador a la entidad de vigilancia, inspección y control de las aludidas sociedades, aún más cuando con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que la disciplinada CASTILLO LOPEZ omitió emitir pronunciamiento de las operaciones irregulares de la sociedad INTERBOLSA
S.A. HOLDING e INTERBOLSA COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
Carencia de pronunciamiento frente a las operaciones repos activos cuenta 1250, préstamos a particulares cuenta 1370 y operaciones repos pasivos cuenta 2315
Sobre este punto, este Tribunal resalta, tal y como se hizo en la resolución objeto de estudio, que:
“...Se tiene como antecedentes de la medida de toma de bienes, haberes y negocios de la SOCIEDAD COMISIONISTA INTERBOLSA S.A. e INTERBOLSA S.A. EN
LIQUIDACION, avocada el día 02 de noviembre de 2012, por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución N° 1795, por medio de la cual se ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la sociedad COMISIONISTA DE BOLSA INTERBOLSA S.A. con Nit. 900.221.113-7 por haber
incurrido en la causal prevista en el literal a) del numeral 1 del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – EOSF, consistente en la suspensión del pago de sus obligaciones, según versa en numeral tercero de la parte considerativa de la Resolución No N°1812 del 07 de Noviembre de 2012, visible a folios 48 a 53 del Cd. 7...” (Negrilla fuera del texto).
Se extrae de lo citado que las sociedades COMISIONISTA INTERBOLSA S.A. e INTERBOLSA S.A. EN LIQUIDACION, fueron objeto de la medida de toma de posesión de bienes, haberes y negocios por orden de la Superintendencia Financiera de Colombia S.A. mediante Resolución No. 1795 del 02 de Noviembre de 2012, y como obra en el plenario en los folios transcritos, obedeció a la falta de liquidación de las sociedades citadas.
Concatenado a ello, se advierte en el pliego de cargos que las cuentas referidas 1250, 1730 y 2315 solo fueron un riesgo a las sociedades hasta los meses de Septiembre y Octubre de 2012, y que fueron objeto de pronunciamiento de la
Revisora Fiscal Delegada ULFANY CASTILLO LOPEZ hasta el día 07 de noviembre de 2012, fecha en la cual ya se había materializado la orden de toma de posesión, haberes y bienes ordenada por la Superintendencia Financiera de Colombia S.A. el día 02 de Noviembre de 2012.
Con fundamento en esto, y examinado el expediente en lo pertinente a la cuentas citadas por el recurrente el Tribunal Disciplinario no observa que se hayan desvirtuado los cargos, por el contrario mantiene incólume la decisión adoptada con fundamento en la pieza procesal Resolución N° 1795, por medio de la cual se ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la sociedad COMISIONISTA DE BOLSA INTERBOLSA S.A. por la Superintendencia Financiera de Colombia S.A, que declara, sin duda alguna, que la función de fiscalización, en el sentido, de cerciorarse de que las operaciones desplegadas por las sociedad INTERBOLSA S.A. HOLDING e INTERBOLSA COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
estuvieran ajustadas a la ley y los estatutos, no fueron ejercidas de forma asidua y permanente por la Revisora Fiscal CASTILLO LOPEZ. […]
Ausencia de pronunciamiento frente a los artículos noticiosos aportados al plenario.
Sobre este punto, es prudente hacer una precisión, quizás omitida por el apoderado, en el entendido que este Tribunal Disciplinario inició de oficio la indagación preliminar del expediente disciplinario 2012-117, sin determinar, identificar o individualizar algún involucrado en esa actuación, habida cuenta la complejidad del caso.
Para el caso concreto, las noticias del diario portafolio visibles a folios 17 a 20, acompañadas del auto 400-015955 del 16 de Noviembre de 2012 por el cual la Superintendencia de Sociedades ordenó el decreto de oficio la apertura del proceso de reorganización empresarial de INTERBOLSA S.A. (Folios 9 a 16), fueron los elementos probatorios categóricos para sustentar la apertura de oficio del proceso, tal y como se expresó en la resolución objeto de estudio, a folio 831, así:
“…Las situaciones precitadas fueron de conocimiento público propagadas por diferentes medios de comunicación, noticias que obran en el expediente y que fueron objeto de análisis en su conjunto con los diferentes actos administrativos citados y proferidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Sociedades, visibles en los anexos de los tres
(3) cuadernos principales.
Advirtiendo las circunstancias descritas, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores ordenó iniciar de oficio la apertura de diligencias previas a los profesionales de la Contaduría Pública y firmas de contadores públicos que prestan sus servicios, que ejercieron y/o ejercen funciones en INTERBOLSA S.A., así como su comisionista de bolsa, del mismo nombre, por haber incurrido en presuntas faltas en el ejercicio de la profesión..." (Negrilla fuera de texto)
Así las cosas, el impulso procesal de este Tribunal inició con la apertura de oficio de la etapa preliminar, con base, en principio, en los elementos probatorios aludidos y, con ello, se dio continuidad a cada una de las oportunidades procesales tendientes a esclarecer los hechos materia de averiguación. En consecuencia, este argumento es desestimado por parte de este Tribunal pues como se expuso las noticias del diario portafolio fueron objeto de pronunciamiento por parte de este cuerpo colegiado en la Resolución No 000-1633 del 12 de Diciembre de 2014.
Falta de fundamentos probatorios, jurídicos y fácticos en los cuales calificó de graves el pliego de cargos de la Revisor Fiscal; y razonamientos lógicos que conduzcan a la posible existencia de un actuar doloso
Esta inconformidad contiene varias partes a tratar. En primer lugar, la Resolución No. 000-1633 del 12 de Diciembre de 2014, guarda relación directa e idéntica con los hechos y el provisional reproche contenido en el auto de cargos del 25 de Noviembre de 2013, y como ya se mencionó, la conducta de la contadora publica se limitó a la omisión de pronunciamiento en los términos establecidos en el auto en comento (folios 145 a 181 Cd. 1), es decir, que a partir del aludido auto de cargos se establecieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, traducido esto como los supuestos fácticos.
Aunado a la resolución impugnada, este Tribunal observa que se elevaron en debida forma los cargos endilgados a la Revisora Fiscal Delegada ULFANY CASTILLO LOPEZ y que la decisión adoptada en su contra fue sustentada en el acápite, única y exclusivamente, referido a esta investigada. Por lo tanto, no es de recibo la inconformidad presentada por el apoderado.
En segundo lugar, respecto del actuar doloso de la profesional de la contaduría, es necesario precisar por parte de este Tribunal Disciplinario, que la disciplinada en virtud de la profesión que ostenta conoce, sin lugar a dudas, los lineamientos y postulados éticos establecidos en la Ley 43 de 1990, referentes a considerar y estudiar al usuario de sus servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con las circunstancias particulares de su actividad, sean éstas internas o externas, con el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y los métodos más adecuados para el tipo de ente económico y la clase de trabajo que se le ha encomendado, observando en todos los casos los siguientes principios básicos de ética profesional, tales como integridad, independencia, responsabilidad, observancia de las disposiciones normativas.
Así mismo, e inherente a la aplicación de los principios y normas que regulan la profesión, el profesional que ejerce el cargo como Revisor Fiscal tiene la obligación de prever las consecuencias que pueden ocasionarse con las omisiones o extralimitaciones en su proceder profesional, y de esta manera tomar las medidas necesarias en aras de evitar un resultado perjudicial para el ente económico o contrario a derecho.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C - 948 de 2002, Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis, señala que la conducta dolosa en materia disciplinaria debe entenderse así:
"...La idea de dolo en el derecho disciplinario no está referida únicamente a los aspectos de conocimiento y voluntad, sino que se resuelven en el concepto de previsión efectiva, de este modo la previsibilidad se considera el antecedente lógico y psicológico para evitar un resultado contrario a derecho y no deseado. La culpa en el derecho disciplinario no se genera por negligencia, impericia, imprudencia, como en el derecho penal, sino que obedece a la noción de diligencia exigible a quien desempeña funciones públicas, en razón de su especial deber de sujeción para con el Estado..." (Negrilla fuera de texto)
De esta manera, la falta atribuida a título de DOLO fue endilgada a la Revisora Fiscal Delegada al comprobarse que pese a sus conocimientos profesionales, y a su deber de previsión y diligencia, esta pretermitió cumplir con los lineamientos contenidos en los numerales 6, 7, 10, 37.4, 37.6 y 70 de la Ley 43 de 1990, esto es observar los principios generalmente aceptados en Colombia, las normas de auditoria generalmente aceptadas, la responsabilidad en las actuaciones propias a su profesión, la observancia de otras disposiciones, la conducta ética que acredite la profesión, y garantizar la confianza en sus dictámenes y/o opiniones, y a pesar de ello, la disciplinada no emitió pronunciamiento en las situaciones de iliquidez, las graves dificultades financieras y económicas que atravesaba las sociedades INTERBOLSA S.A. HOLDING S.A. e INTERBOLSA COMISIONISTA DE BOLSA
S.A., las cuales fueron objeto de toma de posesión por la Superintendencia Financiera de Colombia S.A. y proceso de reorganización por parte de la Superintendencia de Sociedades. En los mismos términos, no pronunciarse respecto de las diferencias e inconsistencias presentadas en las cifras relacionadas con préstamos a particulares ni ejercer oportunamente el control y vigilancia sobre estos aspectos. Esta conducta fue objeto de pronunciamiento de fondo en la resolución recurrida y, bajo ese entendido, este Tribunal no acoge inconformidad planteada.
Para finalizar, el libelista sostiene que no existe ningún elemento jurídico ni probatorio ni mucho menos fáctico que resulte conducente para la imposición a título de DOLO de la conducta reprochable a la disciplinada. Sin embargo, con los argumentos expuestos, estima este Tribunal que dicha asevera no tiene asidero.
Carencia de pronunciamiento frente al tema de negocio en marcha
Sobre esta inconformidad, el Tribunal debe destacar que la definición propuesta para la expresión “negocio en marcha” proporcionada por la Superintendencia de Sociedades en los términos de la Circular Externa 1115-000006 del 23 de Diciembre de 2010, es así:
“…En relación con las empresas en liquidación, la norma básica de la continuidad contenida en el artículo 7° del Decreto 2649, establece que los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuara o no funcionando normalmente en periodos futuros. Esta norma indica que en caso de que el ente económico no vaya a continuar en marcha, la información contable así deberá expresarlo. Lo anterior conlleva a reconocer, preparar y difundir información sobre una base comprensiva de contabilidad diferente a la que utiliza una entidad en marcha...”
Se colige de lo anterior, que la puesta en marcha avoca la finalización y culminación del desarrollo del objeto social de la persona jurídica, para el caso que nos atañe las sociedades INTERBOLSA S.A. y COMISIONISTA DE BOLSA S.A., no cesaron sus actividades comerciales y financieras por decisión propia sino por la orden de la Superintendencia Financiera de Colombia debido a la falta de liquidez en sus operaciones, lo que conllevó a la toma de posesión, bienes y haberes, según versa en la Resolución No. 1795 del 2 de noviembre de 2012 y posterior liquidación decretada en la Resolución 1812 del 07 de noviembre del mismo año y proferida por la misma entidad (Folios 48 a 53 Cd. 1).
Destacando, que la decisión proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia conllevó a la remoción de los administradores y de los revisores fiscales según lo citado en el artículo cuarto de la Resolución 1812 del 07 de noviembre de 2012, visible a folio 48 del Cd. 1 del expediente.
En ese sentido, se advierte que posterior a los autos en mención, el día 26 de Junio de 2014, el Dr. IGNACIO JOSE ARGUELLO ANDRADE en calidad de liquidador de la sociedad INTERBOLSA S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL, presentó escrito con radicado interno número 14908.14 con el objeto de ampliar la denuncia en contra de los implicados.
En consecuencia, la expresión negocio en marcha no tenía connotación alguna en el fallo sancionatorio porque la actividad de fiscalización por parte de la disciplinada ULFANY CASTILLO LOPEZ, propendía por cerciorarse que las operaciones de la sociedades INTERBOLSA S.A. y COMISIONISTA DE BOLSA S.A. cumplieran con las leyes y los estatutos, a pesar de ello con conocimiento de sus obligaciones como Revisora Fiscal Delegada, omitió pronunciarse de forma oportuna, permanente y asidua, como consecuencia, la manifestación de inconformidad no tiene asidero por parte de este Tribunal Disciplinario.
Tergiversación del escrito de descargos y cambio del sentido del mismo
La inconformidad a tratar está fundamentada en la falta de valoración conjunta del escrito de descargos presentado por el apoderado de la disciplinada, que según este cercena su derecho de defensa, supuestamente apreciable a folios 185 y 186, donde expuso:
“...Nuestra revisión trimestral de estados financieros se hacía posterior a su transmisión en razón a que los mismos eran suministrados por la Administración el mismo día de su vencimiento; los estados financieros de septiembre fueron entregados por el área de contabilidad el día 26 de octubre a las 3:22 p.m. y el archivo plano de trasmisión fue suministrado el martes 30 de octubre a las 3:47 p.m… (…)
Nuestra revisión trimestral a 30 de septiembre de 2012 evidenciamos que las principales variaciones se presentaron en las cuentas 1250, 1370 y 2315..."
De lo anterior, precisa este Tribunal que no le asiste razón al recurrente por cuanto, si bien es cierto, la información a la Superintendencia Financiera Colombia debía transmitirse de forma trimestral conforme a la Circular Externa 004 del 09 de Marzo de 2012, no es menos cierto que la función de vigilancia y control de la revisora fiscal [no] debe estar supedita a dichos términos, olvidando la disciplinada que sus funciones son de carácter permanente y debe realizarlas todo el tiempo en procura de garantizar la gestión eficiente y transparente del administrador.
En virtud de lo anterior y de la importancia que reviste la revisoría fiscal dentro de los procesos de control y supervisión interna de las empresas, cabe traer a colación la Sentencia C-780 de 2001, reiterada en la Sentencia C-621 de 2003, de la Corte Constitucional, que señaló:
“(...) 6 La revisoría fiscal representa también un sello de garantía de la gestión eficiente y transparente del administrador; además, participa en la protección y estabilidad del sistema económico y en la generación de confianza en el manejo de los recursos. (…)”.
Así las cosas, esta manifestación de inconformidad presentada por el apoderado de la Revisora Fiscal Delegada no encuentra asidero por parte de este Tribunal Disciplinario.
En ese orden de ideas, este Tribunal Disciplinario, reitera, que no comparte ninguno de los argumentos esgrimidos por el apoderado de la disciplinada ULFANY CASTILLO LOPEZ y, como consecuencia, procederá a confirmar en todas sus partes la Resolución No. 000-1633 del 12 de Diciembre de 2014 […].
- Planteamiento del caso
- Análisis del caso
- Cargo por desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. Contradicción de los conceptos contables
Corresponde a la Sala determinar si los actos demandados a través de los cuales el Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores suspendió por doce meses la inscripción profesional de la señora Ulfany Castillo López, fueron expedidos con desconocimiento de su derecho de audiencia y defensa y se encuentran falsamente motivados.
Para la demandante, los actos acusados desconocieron el artículo 29 de la Constitución Política; los artículos 7, 10, 37, 45 y 70 de la Ley 43 de 1990; los artículos 5, 6, 9, 13, 128,
129, 138, 141 y 142 de la Ley 734 de 2002; los artículos 174, 177, 187 y 238 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 137 del CPACA, por cuanto, en relación con el derecho de audiencia y de defensa (i) la Junta Central de Contadores le impidió
controvertir los conceptos contables de 3 de mayo de 2013 y 25 de septiembre de 2014; asimismo, frente al cargo de falsa motivación, alegó que la entidad: (ii) presumió su responsabilidad por la crisis de Interbolsa a partir de su notoriedad pública y de publicaciones periodísticas, sin individualizar ni demostrar las omisiones atribuidas; (iii) confundió las operaciones de las dos sociedades y desconoció que informó sobre los préstamos concedidos por Interbolsa S.A., sociedad holding, cuando tuvo acceso a los estados financieros correspondientes; (iv) no demostró que las operaciones repo sobre acciones de Fabricato fueran irregulares, excedieran los límites aplicables o presentaran un déficit de garantías equivalente al 89% del patrimonio de la comisionista, atribuyó al Acta núm. 51 un alcance que no tenía y omitió valorar el informe de Value and Risk Rating S.A.; (v) no acreditó que hubiera conocido y omitido informar las dificultades financieras o los presuntos actos de corrupción de los administradores y desatendió las causas consignadas por la Superintendencia Financiera para tomar posesión y ordenar la liquidación de la comisionista; (vi) distorsionó sus versiones libres y omitió valorar los testimonios y documentos que daban cuenta de la metodología empleada, las actividades desarrolladas por la revisoría fiscal y la continuidad de la comisionista como negocio en marcha; y (vii) calificó la conducta como dolosa sin prueba cierta de que hubiera conocido las irregularidades y decidido conscientemente omitir el cumplimiento de sus deberes.
Por su parte, la Junta Central de Contadores sostuvo que durante la actuación disciplinaria se garantizaron los derechos de defensa y contradicción, pues la investigada conoció los conceptos, presentó descargos, solicitó pruebas, formuló alegatos e interpuso recurso de reposición. En cuanto a la motivación de los actos, afirmó que las pruebas demostraban que la actora no ejerció permanentemente sus funciones ni informó de manera oportuna sobre los préstamos a particulares, la concentración de las operaciones repo, los riesgos de liquidez y las dificultades financieras de las sociedades. Agregó que la calificación dolosa encontraba sustento en el conocimiento profesional de la disciplinada, la claridad de sus deberes y su omisión consciente de ejercer oportunamente las funciones de vigilancia e información.
Respecto de las excepciones de mérito denominadas «desatención elemental de las normas que rigen la profesión contable», «inexistencia de vicios en la expedición de los actos administrativos» y «buena fe», la Sala encuentra que se sustentan en los mismos argumentos de oposición expuestos en precedencia, por lo que serán examinadas al resolver el fondo de la controversia.
Por motivos metodológicos, la Sala examinará (i) si la incorporación y la forma de contradicción de los conceptos contables de 3 de mayo de 2013 y 25 de septiembre de 2014 vulneraron el derecho de audiencia y defensa de la señora Ulfany Castillo López. A continuación, se resolverá el cargo de falsa motivación, para lo cual se establecerá: (ii) si la responsabilidad fue presumida a partir de la notoriedad de la crisis o si las conductas quedaron debidamente individualizadas; (iii) el alcance y la oportunidad de la vigilancia ejercida frente a los préstamos concedidos por Interbolsa S.A., sociedad holding; (iv) el mérito probatorio del Acta núm. 51, de las operaciones repo y del informe de Value and Risk Rating S.A.; (v) el cumplimiento del deber de informar a las autoridades sobre los riesgos financieros y los presuntos actos de corrupción; (vi) la valoración de las versiones libres, los testimonios y los documentos relativos a la labor de revisoría fiscal; y (vii) el sustento probatorio de la imputación dolosa.
En cada uno de esos apartados se examinarán los argumentos de oposición y las excepciones de mérito de la Junta Central de Contadores, en cuanto se sustentan en las mismas razones de defensa.
La demandante sostuvo que la Junta Central de Contadores vulneró sus derechos de defensa y contradicción al impedirle controvertir los conceptos contables de 3 de mayo de 2013 y 25 de septiembre de 2014, pese a que fueron incorporados al expediente y utilizados para sustentar, respectivamente, la formulación de cargos y la sanción disciplinaria. Explicó que la entidad negó las declaraciones de los profesionales que los elaboraron y consideró que, con ello, desconoció el deber de apreciación integral de las pruebas previsto en el artículo 138 de la Ley 734 de 2002, así como el procedimiento establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil para la contradicción de los dictámenes periciales.
Sobre el particular, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que «el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas». Esta garantía comprende, entre otros contenidos, el derecho del investigado a conocer los elementos de convicción incorporados al expediente, solicitar y aportar pruebas, intervenir en su práctica y controvertir los que puedan ser utilizados en su contra.
El procedimiento sancionatorio aplicable a los contadores públicos se encuentra previsto, de manera especial, en el artículo 2824 de la Ley 43 de 1990, disposición que establece sus etapas básicas y reconoce al investigado la oportunidad de solicitar pruebas al contestar los cargos. Sin embargo, como dicha norma no reguló exhaustivamente el trámite disciplinario, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-530 de 200025, precisó que esa circunstancia no la hacía inconstitucional, pues los vacíos procedimentales podían llenarse, en primer lugar, con las normas generales del procedimiento administrativo y, en su defecto, con las disposiciones del Código Disciplinario Único. En concreto señaló:
La lectura integral de la ley y el examen detenido de la norma cuestionado permite concluir, que aun cuando ésta, comparada con las regulaciones de otros estatutos disciplinarios, puede presentar algunas falencias, por la circunstancia de no regular de manera minuciosa los trámites propios del proceso disciplinario que debe seguirse para juzgar las faltas en que incurran los sujetos disciplinados, ello no la hace inconstitucional, porque los vacíos del procedimiento pueden llenarse acudiendo a la integración normativa. Por consiguiente, tratándose de actuaciones administrativas disciplinarias contra sujetos privados aquéllos pueden llenarse
24 «ARTÍCULO 28. Del proceso. El proceso sancionador se tramitará así: // a) Las investigaciones correspondientes se iniciarán de oficio o previa denuncia escrita por la parte interesada que deberá ratificarse bajo juramento. // b) Dentro de los diez (10) días siguientes correrá el pliego de cargos, cumplidas las diligencias previas y allegadas las pruebas pertinentes a juicio de la Junta Central de Contadores, cuando se encontrare fundamento para abrir la investigación. // c) Recibido el pliego, el querellado dispondrá de veinte (20) días para contestar los cargos y para solicitar las pruebas, las cuales se practicarán los treinta (30) días siguientes; y // d) Cumplido lo anterior se proferirá la correspondiente resolución por la Junta Central de Contadores. Contra la providencia sólo procede el recurso de reposición, agotándose así la vía gubernativa salvo los casos de suspensión y cancelación, que serán apelables para ante el Ministro de Educación Nacional. // PARÁGRAFO. Tanto la notificación de pliego de cargos, como de la resolución de la Junta Central de Contadores, deberá hacerse personalmente dentro de los treinta (30) días siguientes. Cuando no fuere posible hallar al inculpado para notificarle personalmente el auto respectivo, la notificación se hará por edicto, que se fijará durante diez (10) días en la Secretaría de la Junta» (negrillas fuera de texto original).
25 Corte Constitucional, sentencia C-530 de 10 de mayo de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
con las normas del C.C.A. o en su defecto, con las normas del Código Único Disciplinario. Precisamente, se observa que el artículo 22 de la Ley 43 de 1990 dispone la integración normativa, cuando ordena que los pronunciamientos de la Junta de Contadores están sujetas a los recursos establecidos en el C.C.A. (negrillas fuera del texto original).
De acuerdo con esa regla, los aspectos no regulados por la Ley 43 de 1990 debían examinarse, en primer término, conforme al procedimiento administrativo general vigente para la época de la actuación, esto es, la Ley 1437 de 2011 (CPACA). En concordancia con ello, el artículo 34 del mismo código dispone que, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales, «[e]n lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».
En materia probatoria, el artículo 40 ibidem dispone que durante la actuación administrativa y hasta antes de la decisión de fondo podrán aportarse, solicitarse y practicarse pruebas de oficio o a petición del interesado y, además, prescribe que «[e]l interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo». La misma norma declara admisibles todos los medios de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil.
Sin embargo, dicha remisión no significa que todo documento de contenido técnico deba tramitarse como un dictamen pericial. Para el momento en que se inició la investigación disciplinaria – 22 de noviembre de 2012-, el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil (hoy 228 del CGP) regulaba la contradicción de esta clase de prueba y preveía, entre otros mecanismos, la posibilidad de solicitar su aclaración o complementación y objetarlo por error grave. Tales formalidades eran exigibles cuando el elemento de convicción tuviera materialmente la naturaleza de una experticia, no frente a cualquier informe o concepto elaborado por profesionales con conocimientos técnicos.
Sobre esta distinción, la Corte Constitucional explicó que el legislador había previsto una modalidad de prueba técnica distinta del dictamen pericial y precisó26:
Nótese que las experticias técnicas que hacen referencia éstas no son los mismos dictámenes periciales regulados en los artículos 233 a 242 del Código de Procedimiento Civil, ni los informes técnicos de entidades y dependencias oficiales que reglamenta el artículo 243 del mismo estatuto procesal, por cuanto no se practican por mandato judicial, ni en el curso de una actuación judicial que impliquen intervención del juez, ni están sometidos a las ritualidades de posesión, recusaciones e impedimentos que sí se exigen para los peritos. Por el contrario, este tipo de pruebas se origina en un encargo de la parte que lo escoge y sin la intervención judicial que delimite su práctica y su contenido, pues ello corresponde a una solicitud previa al proceso.
La incorporación de los conceptos técnicos se efectúa válidamente de la misma manera que se aportan al proceso las demás pruebas documentales, puesto que el Código de Procedimiento Civil expresamente señala que podrán ser aportados en las oportunidades procesales correspondientes para solicitar pruebas (demanda, complementación de la demanda, solicitud de excepciones, contestación de la demanda y escrito que contesta las excepciones).
En cuanto a la contradicción de los conceptos técnicos se tiene que no se ejerce mediante el traslado de 3 días, como ocurre en la prueba pericial, sino en las
26 Corte Constitucional, sentencia T-417 de 30 de abril de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
oportunidades previstas en el procedimiento para que la contraparte manifieste su oposición y sus razones para restar credibilidad al mismo […]
En similar sentido, esta Sección27 ha señalado que: (i) los informes o conceptos técnicos no coinciden con los dictámenes periciales; (ii) en aquellos prima la exposición y descripción de datos, situaciones o circunstancias observadas y las conclusiones derivadas de ellas; (iii) pueden incorporarse de la misma manera que las demás pruebas documentales; y (iv) su contradicción se ejerce en las oportunidades previstas en el procedimiento para que la contraparte manifieste las razones por las cuales cuestiona su contenido.
En el presente asunto, los conceptos de 3 de mayo de 2013 y 25 de septiembre de 2014 fueron elaborados por profesionales comisionados por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores como resultado de las visitas de inspección y del examen de la documentación contable, financiera y societaria recaudada. No fueron decretados ni practicados como dictámenes periciales, sino incorporados como informes técnicos destinados a orientar la actuación administrativa. Por consiguiente, no estaban sometidos necesariamente al traslado ni a las demás formalidades propias del dictamen pericial previstas en la normativa procesal citada. Ello no significaba, sin embargo, que pudieran sustraerse de contradicción, pues el artículo 40 del CPACA exigía que la investigada contara con una oportunidad efectiva para controvertirlos antes de la decisión de fondo.
En efecto, mediante auto de 22 de noviembre de 201228, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores inició la actuación encaminada a establecer la identidad y eventual responsabilidad de los contadores, revisores fiscales y firmas de contaduría que prestaron sus servicios a Interbolsa S.A., sociedad holding, y a Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa durante los años 2010, 2011 y 2012. Posteriormente, por auto de 30 de enero de 2013, comisionó a dos profesionales para inspeccionar los libros y soportes contables de ambas sociedades y rendir los conceptos correspondientes. Como resultado de esa actuación, el 3 de mayo siguiente se presentaron dos informes con conclusiones sobre los estados financieros, los préstamos otorgados a particulares, las operaciones repo y el supuesto déficit de garantías de la comisionista.
El auto de 25 de noviembre de 201329, mediante el cual se formularon cargos contra la señora Castillo López, se apoyó expresamente en esos documentos. En relación con la sociedad holding, se le atribuyó no haberse pronunciado oportunamente sobre las diferencias e inconsistencias relacionadas con los préstamos otorgados a particulares ni haber advertido las dificultades financieras de la compañía. Respecto de la comisionista, se le reprochó no haberse pronunciado frente a las diferencias entre los estados financieros y los libros oficiales, el riesgo derivado de las operaciones repo y el déficit de garantías consignado en el Acta de Junta Directiva núm. 51 de 25 de julio de 2012.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencias de 25 de enero de 2019, radicación n.° 11001-03-24-000-2013-00520-00 y de 24 de noviembre de 2021, radicación n.° 11001-03-24-000-2013-00404-00, ambas con ponencia del consejero Roberto Augusto Serrato Valdés.
28 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado D0F8C83062224336 E606CAA6D4E32F29 01F979F0B0C1E36B BB11302A9E79B4B5 denominado “ED_C05_01AnexosCuaderno1Pruebas YAnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 2 – 3.
29 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 373EE434AAE316EB 1EAE8365CC7C066E 65C05B2E1BC3B2D3 60FEB86C731DFB11 denominado “ED_C01_01DemandaYAnexos (.pdf)”, págs. 172 – 208.
El 20 de mayo de 201430, la defensa solicitó recibir las declaraciones de los autores de esos conceptos para que explicaran las fuentes y la metodología empleadas. Sin embargo, mediante auto de 17 de julio de 201431, el Tribunal Disciplinario negó la petición, por considerar que aquellos ya no se encontraban vinculados a la entidad, a pesar de reconocer la conducencia y pertinencia de la prueba. En su lugar, ordenó designar a otros profesionales contables para que practicaran nuevas visitas y elaboraran un concepto dirigido a confirmar, aclarar, corregir o ampliar el informe inicial. Así lo expresó:
[…] a pesar de su conducencia y pertinencia, [los] profesionales solicitados para rendir declaración frente al concepto técnico-contable […] ya no se encuentran vinculados a la Junta Central de Contadores. // No obstante, y en aras de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa […], se ordenará […] la asignación de otros profesionales contables […] con el fin de que efectúen una nueva visita […] que permita confirmar, aclarar, corregir y/o ampliar los aspectos contenidos en el concepto inicial […] que sirvieron de sustento al Auto de Cargos […].
La Sala considera que esa motivación resultaba insuficiente, pues la terminación del vínculo laboral o contractual de los profesionales con la Junta no demostraba la imposibilidad material o jurídica de citarlos. No obstante, la entidad dispuso una nueva revisión técnica de los mismos hechos y conclusiones que sustentaron la imputación, circunstancia que obliga a examinar si esa actuación y las oportunidades posteriores de defensa permitieron una contradicción materialmente suficiente.
Los días 232, 433 y 834 de septiembre de 2014, los nuevos profesionales comisionados practicaron diligencias de inspección en Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa en liquidación, Interbolsa S.A., sociedad holding en liquidación judicial, y Grant Thornton, durante las cuales solicitaron documentación contable, financiera, societaria y de revisoría fiscal correspondiente, principalmente, a los años 2011 y 2012.
Con fundamento en esa información, se elaboró el concepto de 25 de septiembre de 201435, en el que se examinaron nuevamente la información financiera de la sociedad holding y de la comisionista, los préstamos a vinculados, las operaciones repo, el balance fiduciario, el Acta núm. 51 y la oportunidad de los informes de revisoría fiscal. La nueva evaluación corrigió uno de los hallazgos iniciales, al establecer que los saldos de los estados financieros de la comisionista con corte a 31 de diciembre de 2011 coincidían con los libros oficiales, razón por la cual el Tribunal Disciplinario descartó el cargo relacionado con la falta de correspondencia entre esas cifras.
El 24 de octubre de 201436, la defensa solicitó escuchar a los señores Ángela Patricia Carreño Mora, Jhon Jairo Useche Céspedes y Eric Jesús Flórez Arias, autores del segundo concepto, para interrogarlos acerca de sus fuentes, metodología y conclusiones.
30 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado AD9652F44B7CA94B AF9F7DE56B9505AA 429E9783E315FECE BC2CA1E6A6F636EE denominado “ED_C02_29OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)”, págs. 69 – 71.
32 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 7CBE029DF050E001 137BDFA54211F2D3 E9696F2B630AC79D 4E5DE5B9BAF0A479 denominado “ED_C16_01AnexosCuaderno12PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 3 - 5.
35 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado C2B77D3AD1112449 425C63ADD5FACF27 7386E75FADC054AA C6F42B614B39C0E4 denominado “ED_C06_01AnexosCuaderno2PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 339 – 356.
36 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado AD9652F44B7CA94B AF9F7DE56B9505AA 429E9783E315FECE BC2CA1E6A6F636EE denominado “ED_C02_29OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)”, págs. 77 – 79.
En respuesta a una petición presentada ese mismo día, la Junta indicó que el documento constituía una opinión técnica orientadora, carente de fuerza vinculante, cuyo objeto consistía en confirmar, aclarar, corregir o ampliar el concepto inicial y contribuir al esclarecimiento de las cuestiones contables y financieras investigadas37.
Mediante auto de 29 de octubre siguiente38, el Tribunal Disciplinario rechazó la solicitud de recibir las declaraciones, por considerar que el documento tenía carácter orientador, no constituía un medio de prueba y, por esa razón, no podía ser objeto de contradicción. Al respecto, señaló:
[L]a solicitud [de] deponencia a los señores Ángela Patricia Carreño, John Jairo Useche Céspedes y Eric Jesús Arias, profesionales contables que fueron designados por esta entidad “JCC”, para que aclaren y expliquen desde el punto de vista técnico-contable el contenido sobre el cual se edificó el concepto contable de 25 de septiembre de 2014, no puede ser decretado ni practicado, habida cuenta que el concepto citado no cumple con los presupuestos legales para constituir un elemento probatorio y/o medio de prueba alguno dentro del expediente, en razón a que su naturaleza recae en una mera opinión o guía para apoyar la investigación disciplinaria, por lo cual no puede ser objeto de contradicción alguna por parte de los implicados.
Este razonamiento tampoco resulta jurídicamente acertado, por cuanto, el carácter orientador o no vinculante de un concepto significa que la autoridad no está obligada a acoger sus conclusiones y puede apartarse de ellas mediante una valoración motivada; sin embargo, no implica que el documento carezca de aptitud probatoria ni que pueda ser excluido de toda contradicción. En este caso, además, el concepto no contenía una opinión abstracta sobre normas contables, sino el resultado del examen de documentación contable, financiera, societaria y de revisoría fiscal efectuado por profesionales comisionados por la propia Junta con el propósito de revisar los hallazgos que sustentaban el auto de cargos.
De hecho, las Resoluciones núms. 000-1633 de 12 de diciembre de 2014 y T-000-0137 de 12 de agosto de 2015 incluyeron ese concepto dentro del conjunto probatorio valorado para determinar la responsabilidad disciplinaria. Por ello, la Junta no podía excluirlo de contradicción bajo el argumento de que carecía de naturaleza probatoria y, al mismo tiempo, atribuirle mérito al momento de adoptar la decisión sancionatoria.
La irregularidad advertida, sin embargo, no conduce por sí sola a la nulidad de los actos acusados. Como lo ha precisado esta Corporación, únicamente las irregularidades sustanciales o esenciales que comprometan efectivamente las garantías del investigado tienen aptitud para invalidar el acto sancionatorio39:
[E]sta Corporación quiere reiterar lo que ha sido una posición consolidada desde hace un importante tiempo, en el sentido de que no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera por sí sola la nulidad de los actos administrativos sancionatorios, toda vez que lo que interesa en el fondo es que no se haya incurrido en fallas de tal naturaleza que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso, o de la presunción de inocencia, es decir, solo las irregularidades sustanciales o esenciales, que implican violación de garantías o derechos fundamentales, acarrean la anulación de los actos sancionatorios.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 17 de mayo de 2018, radicación n.° 17001-23-33-000-2013-00585-01 (3623-14), C.P. William Hernández Gómez.
En el asunto examinado, la señora Castillo López conoció el segundo concepto antes del cierre de la investigación40 y, mediante escrito de 30 de octubre de 2014, cuestionó su naturaleza, alcance y efectos41. Asimismo, el 27 de octubre anterior42, el señor José Jairo Simbaqueva Valero, gerente de auditoría de Grant Thornton y testigo solicitado por la defensa, amplió su declaración con el propósito específico de controvertir sus conclusiones, oportunidad en la que explicó la metodología aplicada por la firma, cuestionó la utilización de información producida después de la intervención y diferenció la situación de las sociedades mientras operaban como negocio en marcha de aquella surgida durante su liquidación.
Adicionalmente, la señora Castillo López objetó en sus alegatos de conclusión la metodología y las premisas empleadas en el concepto 43, al sostener que el concepto empleaba expresiones hipotéticas; no individualizaba las transacciones ni los registros cuestionados; confrontaba la información correspondiente al funcionamiento ordinario de las sociedades con documentos producidos durante su liquidación; cuestionaba, sin fundamento suficiente, su independencia y la metodología de auditoría empleada; y le atribuía la omisión de detectar actuaciones fraudulentas, registros extracontables y decisiones administrativas que no le habían sido revelados. Asimismo, controvirtió la interpretación de los $117.159.031.338 consignados en el Acta núm. 51, la naturaleza de las operaciones repo y la confusión entre los préstamos otorgados por la sociedad holding y las operaciones de la comisionista.
Esos cuestionamientos fueron reiterados en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 000-1633 de 201444, en el cual, cuestionó nuevamente la metodología y las conclusiones del concepto, el mérito probatorio que podía atribuírsele y la negativa a recibir la declaración de sus autores.
De esta manera, aunque la investigada no pudo ejercer la modalidad específica de contradicción que pretendía -el interrogatorio de quienes elaboraron los conceptos-, sí conoció su contenido y contó con oportunidades para controvertir sus fuentes, metodología y conclusiones, aportar documentos, solicitar y practicar otras pruebas, allegar declaraciones dirigidas a desvirtuarlos, presentar alegatos e interponer el recurso procedente.
A ello se agrega que la sanción no se sustentó exclusivamente en esos conceptos, toda vez que, el Tribunal Disciplinario también valoró las actas de las juntas directivas de ambas sociedades, los estados financieros y libros oficiales, los informes y papeles de trabajo de la revisoría fiscal, las comunicaciones de 7 de noviembre y 31 de diciembre de 2012, las decisiones de las superintendencias, las versiones libres y los descargos de la señora Castillo López y las declaraciones recibidas durante la investigación.
40 Mediante auto de 4 de noviembre de 2014, la Junta cerró la investigación y corrió traslado para alegar de conclusión. Samai, índice 52, documento electrónico con certificado AD9652F44B7CA94B AF9F7DE56B9505AA 429E9783E315FECE BC2CA1E6A6F636EE denominado
“ED_C02_29OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)”, págs. 90 – 92.
42 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado C2B77D3AD1112449 425C63ADD5FACF27 7386E75FADC054AA C6F42B614B39C0E4 denominado “ED_C06_01AnexosCuaderno2PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 392 – 398.
43 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 6430D3E07C82B5D2 58602171FBE54549 8EB7F5BBAD70386C 1A673D5C30F164DA denominado “ED_C07_01AnexosCuaderno3PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 67 – 128.
44 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 2A015F75ECBD70B6 D34EF0A08A9C62D2 3CE5F0FF0E4F03E5 A6D1ED6D8D18482C denominado “ED_C08_01AnexosCuaderno4PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 58 – 70.
En esas condiciones, si bien la Junta motivó de manera insuficiente la negativa a recibir las declaraciones de los profesionales que elaboraron los conceptos y erró al afirmar que el segundo de ellos no podía ser objeto de contradicción por carecer de naturaleza probatoria, no se acreditó que tales irregularidades hubieran privado materialmente a la señora Castillo López de ejercer su derecho de defensa ni que las declaraciones omitidas tuvieran capacidad real para modificar el resultado de la actuación.
Por consiguiente, el cargo por desconocimiento del derecho de audiencia y defensa no prospera.
- Cargo por falsa motivación
- La alegada presunción de responsabilidad por la crisis de Interbolsa y la individualización de las omisiones sancionadas
Esta Corporación45 ha señalado que la falsa motivación como causal de nulidad del acto administrativo se configura cuando los fundamentos de hecho o de derecho invocados por la administración son inexistentes, contrarios a la realidad -bien por error o por razones engañosas o simuladas-, insuficientes para justificar la decisión o cuando se les atribuye un alcance que no tienen.
De igual manera, debido a la presunción de legalidad de los actos administrativos, esta Sección46 ha explicado que concierne a quien pretende desvirtuar la legalidad del acto demandado por la causal de falsa motivación «demostrar el vicio en el elemento causal de la decisión, es decir, la inexistencia o el error de los antecedentes de hecho y derecho que facultan su expedición o, en otras palabras, que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad».
Sin embargo, tratándose de actos disciplinarios, esa carga debe examinarse en armonía con los principios de presunción de inocencia, proscripción de la responsabilidad objetiva, carga probatoria del Estado, investigación integral y certeza para sancionar, previstos en la Ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único vigente para la época de los hechos-aplicable supletoriamente al procedimiento disciplinario adelantado por la Junta Central de Contadores, de acuerdo con la integración normativa señalada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 de 2000.
Con fundamento en estas premisas, la Sala examinará los motivos que finalmente sustentaron la sanción y resolverá separadamente los reparos formulados por la demandante.
La demandante sostuvo que la Junta Central de Contadores, influida por la notoriedad pública de la crisis de Interbolsa, presumió su responsabilidad por las actuaciones de los administradores, sin individualizar ni demostrar las omisiones que le atribuyó como revisora fiscal.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de junio de 2025, radicación n.° 25000-23-41-000-2016-00407-01, C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. En esta providencia se reiteró lo señalado en las sentencias de 14 de abril de 2016, radicación n.° 25000-23-24-000-2008-00265-01, C. P. María Claudia Rojas Lasso, y de 8 de junio de 2018, radicación n.° 11001-03-24-000-2009-00499-00, C. P. Hernando Sánchez Sánchez.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2019, radicación n.° 25000-23-24-000-2012-00509-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Por su parte, la entidad demandada señaló que las publicaciones periodísticas y las decisiones de las autoridades de supervisión únicamente dieron lugar a la apertura oficiosa de las diligencias previas, mientras que la responsabilidad fue declarada posteriormente con fundamento en las inspecciones, los conceptos contables y los demás documentos incorporados al expediente disciplinario.
Para resolver este reparo, la Sala recuerda que los artículos 947, 12848, 12949 y 14250 de la Ley 734 de 2002 imponían a la autoridad disciplinaria la carga de demostrar la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado, investigar con igual rigor las circunstancias favorables y desfavorables y abstenerse de sancionar mientras no existiera certeza probatoria. Por consiguiente, la notoriedad de una crisis empresarial podía justificar la apertura oficiosa de las diligencias previstas en el artículo 28 de la Ley 43 de 1990, pero no sustituía la individualización ni la prueba de las conductas atribuidas a cada profesional.
En el expediente se encuentra acreditado que la firma Grant Thornton Ulloa Garzón & Asociados fue designada revisora fiscal de Interbolsa S.A. y de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, y que delegó el ejercicio de esas funciones en la contadora pública Ulfany Castillo López. La demandante ejerció la revisoría fiscal de ambas sociedades durante los años 2010, 2011 y 2012; respecto de Interbolsa S.A., sociedad holding, hasta el 31 de diciembre de 2012 y, frente a la comisionista, dictaminó la información financiera hasta el corte de 31 de octubre de ese año51.
Para la época en que se inició la actuación disciplinaria ya se habían producido las siguientes decisiones administrativas relacionadas con la crisis de las sociedades:
47 «ARTÍCULO 9. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado».
48 «ARTÍCULO 128. NECESIDAD Y CARGA DE LA PRUEBA. Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado».
49 «ARTÍCULO 129. IMPARCIALIDAD DEL FUNCIONARIO EN LA BÚSQUEDA DE LA PRUEBA. El
funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio».
50 «ARTÍCULO 142. PRUEBA PARA SANCIONAR. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado».
51 La inscripción de la señora Ulfany Castillo López como revisora fiscal de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, efectuada el 11 de noviembre de 2009, consta en el certificado de existencia y representación legal obrante en: Samai, índice 52, documento electrónico con certificado D0F8C83062224336 E606CAA6D4E32F29 01F979F0B0C1E36B BB11302A9E79B4B5 denominado
“ED_C05_01AnexosCuaderno1PruebasYAnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentral DeContadores(.pdf)”., págs. 7 – 12. Asimismo, en las diferentes piezas procesales obrantes en el expediente, en particular, en la versión libre rendida el 24 de septiembre de 2013 ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, manifestó: «Yo estaba designada como revisora fiscal de la firma GRANT THORNTON ULLOA GARZÓN para llevar a cabo la revisoría fiscal en INTERBOLSA S.A., actué durante los años 2010, 2011 y 2012 hasta 31 de diciembre y en la comisionista de bolsa INTERBOLSA S.A., durante los mismos años, hasta octubre de 2012. […] En cuanto a la sociedad INTERBOLSA S.A., sí los dictaminé hasta 31 de diciembre de 2012. Y en cuanto a la Comisionista INTERBOLSA S.A., sí dictaminé los estados financieros de los años 2010, 2011, y hasta octubre 31 de 2012». Ver: Samai, índice 52, documento electrónico con certificado AD9652F44B7CA94B AF9F7DE56B9505AA 429E9783E315FECE BC2CA1E6A6F636EE denominado
“ED_C02_29OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)”, págs. 47 – 51.
Mediante la Resolución núm. 1795 de 2 de noviembre de 201252, la Superintendencia Financiera tomó posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, por haberse configurado la causal de suspensión en el pago de sus obligaciones. La medida se sustentó en que, el día anterior, la sociedad no pudo pagar un crédito intradía por $20.000 millones y las alternativas propuestas resultaron insuficientes para superar su problema de liquidez.
Posteriormente, a través de la Resolución núm. 1812 de 7 de noviembre de 201253, la misma autoridad ordenó la liquidación forzosa administrativa de la comisionista. Explicó que persistían las restricciones para acceder a líneas de crédito, no se había restablecido la confianza de las entidades proveedoras de recursos y la sociedad carecía de cupos intradía54 y overnight que le permitieran desarrollar normalmente sus operaciones y atender las obligaciones contraídas con sus clientes.
Por su parte, mediante el Auto núm. 400-015955 de 16 de noviembre de 201255, la Superintendencia de Sociedades abrió el proceso de reorganización de Interbolsa S.A., sociedad holding, al advertir que la liquidación de la comisionista había afectado su capacidad para atender las obligaciones de fondeo y que registraba incumplimientos, pérdidas y desvalorización de inversiones.
En este contexto, y ante las noticias difundidas sobre la situación de las sociedades, mediante auto de 22 de noviembre de 201256, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores inició de oficio diligencias previas bajo el expediente núm. 2012-117 contra los contadores públicos, revisores fiscales y firmas de contaduría que hubieran prestado sus servicios a las dos sociedades durante los años 2010, 2011 y 2012. También ordenó practicar una visita para recaudar información sobre su ejercicio profesional y recibir las versiones libres de quienes resultaran involucrados.
Por consiguiente, la averiguación no tuvo origen exclusivo en las publicaciones periodísticas, pues, estas fueron examinadas junto con las decisiones previamente adoptadas por las superintendencias Financiera y de Sociedades, las cuales daban cuenta de la toma de posesión y liquidación de la comisionista y de la apertura del proceso de reorganización de la sociedad holding. En todo caso, es claro que, el auto de 22 de noviembre de 2012 no identificó a la señora Castillo López ni formuló un juicio sobre su responsabilidad, sino que dispuso verificar la actuación de los profesionales que habían intervenido en la preparación, certificación y fiscalización de la información financiera de ambas sociedades.
52 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 373EE434AAE316EB 1EAE8365CC7C066E 65C05B2E1BC3B2D3 60FEB86C731DFB11 denominado “ED_C01_01DemandaYAnexos (.pdf)”, págs. 213 – 221.
53 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 373EE434AAE316EB 1EAE8365CC7C066E 65C05B2E1BC3B2D3 60FEB86C731DFB11 denominado “ED_C01_01DemandaYAnexos (.pdf)”, págs. 222 – 228.
54 Un cupo intradía (o crédito intradía) es un límite de financiación o descubierto autorizado que una entidad financiera otorga para ser utilizado y devuelto obligatoriamente dentro de la misma jornada operativa.
55 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 7CBE029DF050E001 137BDFA54211F2D3 E9696F2B630AC79D 4E5DE5B9BAF0A479 denominado
“ED_C16_01AnexosCuaderno12PruebasYAnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentral DeContadores(.pdf)”, págs. 259 – 265.
56 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado D0F8C83062224336 E606CAA6D4E32F29 01F979F0B0C1E36B BB11302A9E79B4B5 denominado “ED_C05_01AnexosCuaderno1Pruebas YAnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 2 – 3.
El 30 de enero de 201357, la Junta comisionó a dos profesionales para inspeccionar los libros y soportes de las sociedades y emitir concepto acerca de las posibles irregularidades contables y de la actuación de los contadores y revisores fiscales. Como resultado de esa diligencia, el 3 de mayo siguiente se rindieron conceptos separados respecto de Interbolsa S.A., sociedad holding58, y de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa59.
En relación con la sociedad holding, los profesionales confrontaron las comunicaciones de la revisoría fiscal de 7 de noviembre y 31 de diciembre de 2012 y advirtieron diferencias en las fechas y valores reportados respecto de los préstamos a particulares. También señalaron que esos créditos y las operaciones repo activas respaldadas con acciones de Fabricato aparecían concentrados en algunas de las mismas personas vinculadas al Grupo Interbolsa, sin que encontraran un pronunciamiento expreso sobre el riesgo de liquidez derivado de esa concentración.
Respecto de la comisionista, examinaron, entre otros documentos, los estados financieros, los libros oficiales, la planeación de auditoría y el Acta de Junta Directiva núm. 51 de 25 de julio de 2012. A partir de esta última concluyeron que existía un déficit de garantías por $117.159.031.338, equivalente al 89% del patrimonio de la sociedad, respecto del cual no encontraron un pronunciamiento de la revisoría fiscal.
El auto de apertura de la investigación disciplinaria fue notificado personalmente a la señora Castillo López el 6 de agosto de 201360, quien el 24 de septiembre siguiente61, rindió versión libre, en la que explicó las labores que había adelantado respecto de ambas sociedades, la oportunidad en que recibió la información financiera y las razones por las cuales consideraba que no había omitido sus deberes.
Con fundamento en los documentos recaudados, los conceptos de 3 de mayo de 2013 y la versión rendida por la investigada, el Tribunal Disciplinario profirió el auto de cargos de 25 de noviembre de 201362
En lo relacionado con Interbolsa S.A., sociedad holding, le atribuyó las siguientes omisiones:
[…] [N]o pronunciarse en su debida oportunidad, ni ejercer las medidas de control pertinentes frente a las irregularidades contables para el periodo 2012, verificadas en visita contable llevada a cabo por la Junta Central de Contadores, frente a situaciones tales como el riesgo de iliquidez que representaba para la sociedad la concesión de préstamos a particulares, pertenecientes al Grupo Interbolsa que no estaba comprendido dentro del objeto social, que además eran otorgados sin garantías
57 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado D0F8C83062224336 E606CAA6D4E32F29 01F979F0B0C1E36B BB11302A9E79B4B5 denominado “ED_C05_01AnexosCuaderno1Pruebas YAnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 54 – 56.
60 Así se desprende de los antecedentes consignados en el auto de cargos de 25 de noviembre de 2013, obrante en: Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 373EE434AAE316EB 1EAE8365CC7C066E 65C05B2E1BC3B2D3 60FEB86C731DFB11 denominado
“ED_C01_01DemandaYAnexos (.pdf)”, págs. 172 – 208.
61 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado AD9652F44B7CA94B AF9F7DE56B9505AA 429E9783E315FECE BC2CA1E6A6F636EE denominado “ED_C02_29OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)”, págs. 47 – 51.
62 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 373EE434AAE316EB 1EAE8365CC7C066E 65C05B2E1BC3B2D3 60FEB86C731DFB11 denominado “ED_C01_01DemandaYAnexos (.pdf)”, págs. 172 – 208.
reales y que adicionalmente el saldo de la Cuenta de Inversiones – Operaciones Repos garantizadas con acciones de Fabricato estaba conformado en su mayoría por las mismas personas a quienes fueron otorgados tales préstamos […].
[…] [N]o pronunciarse ni efectuar un seguimiento adecuado y oportuno en torno a las diferencias e inconsistencias que presentan las cifras relacionadas con préstamos a particulares, reflejadas en los informes de revisoría fiscal correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2012.
[…] [N]o informar oportunamente a las entidades de control y vigilancia sobre la grave situación financiera por la que atravesaba la sociedad INTERBOLSA S.A., que le impedía continuar desarrollando su objeto social, toda vez que su estructura financiera mostraba graves dificultades financieras y económicas, debido a presuntos actos de corrupción por parte de los órganos de administración de la sociedad, tal como da cuenta el Auto 430-000043 del 2 de enero de 2013 emanado de la Superintendencia de Sociedades (folios 10-16) que decreta su Liquidación Judicial, aspectos frente a los cuales la revisoría fiscal no se pronunció, teniendo en cuenta que a noviembre 15 de 2012, INTERBOLSA S.A., registraba pérdidas operacionales y netas las cuales ascendían en su orden a $222.292 millones y $242,933 millones, mientras a 31 de octubre del mismo año, estas pérdidas ascendían a $128,144 millones y $147.804 millones respectivamente.
En cuanto a Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, se le reprochó:
[…] [D]ictaminar estados financieros con corte a diciembre 31 de 2011 y a 30 de septiembre de 2012, en los cuales algunos de los saldos no se encuentran acordes con los correspondientes consignados en los libros oficiales, tal como se evidencia en el informe contable rendido por los profesionales comisionados por esta entidad […] y no se observa pronunciamiento alguno por parte de la revisora fiscal.
[…] [N]o pronunciarse oportunamente ni ejercer las medidas de control pertinentes frente al tema de Repos, toda vez que se evidenció según informe contable, un déficit de garantías por un valor total de $117.159.031.338 […], a junio de 2012, principalmente por Repos de Fabricato […] cuando el total del patrimonio de INTERBOLSA COMISIONISTA DE BOLSA ascendía a $131.410.270.489 […], con
lo cual el déficit de garantías representaba el 89% del patrimonio total de esa sociedad, situación [que] podría afectar la continuidad de la misma, como así sucedió.
[…] [N]o informar oportunamente a las entidades de control y vigilancia sobre la grave situación financiera por la que atravesaba la sociedad INTERBOLSA S.A., COMISIONISTA DE BOLSA que le impedía continuar desarrollando su objeto social, toda vez que su estructura financiera mostraba graves dificultades financieras y económicas, debido a presuntos actos de corrupción por parte de los órganos de administración de la sociedad, aspectos frente a los cuales la revisora fiscal no se pronunció, y que conllevó, entre otras razones, a ordenar la Liquidación Forzosa Administrativa […] al considerar la inviabilidad de la firma por la situación de iliquidez […].
El pliego señaló como infringidos los artículos 6, 7, 10, 37.4, 37.6 y 70 de la Ley 43 de 1990 y calificó provisionalmente las conductas como graves y dolosas. Por tanto, contrario a lo afirmado en la demanda, los cargos no atribuyeron a la señora Castillo López la causación de la crisis ni las decisiones adoptadas por los administradores. El reproche se concretó en la presunta omisión de los deberes de vigilancia, control e información que le correspondían como revisora fiscal delegada de cada sociedad.
Dentro del término de traslado, la señora Castillo López presentó descargos63, aportó documentos y explicó que la revisión trimestral de los estados financieros se efectuaba después de su transmisión, debido a la oportunidad en que la administración suministraba la información. Precisó que los estados financieros de septiembre de 2012 fueron entregados el 26 de octubre y que el archivo plano para su transmisión fue suministrado el día 30 siguiente. Añadió que, al revisar esa información, advirtió variaciones en las cuentas 1250 -operaciones repo activas, 1370 -préstamos a particulares y 2315 - operaciones repo pasivas y que comunicó sus observaciones a la administración el 7 de noviembre de 2012. En cuanto a las operaciones repo, sostuvo que solo tuvo conocimiento de ellas cuando fueron registradas en la contabilidad.
Para controvertir la falta de correspondencia entre los estados financieros de la comisionista y sus libros, aportó los análisis de variaciones, los papeles de trabajo, los estados financieros, sus archivos de transmisión y la información publicada por la Superintendencia Financiera. Sostuvo que los saldos coincidían y que los asteriscos observados en algunos reportes eran una deficiencia de impresión, no una inconsistencia de las cifras.
Durante la etapa probatoria, en síntesis, la Junta recibió las ampliaciones de versión de la investigada64 y los testimonios de integrantes del equipo de auditoría65, incorporó información remitida por las superintendencias66, practicó nuevas visitas a las sociedades y a Grant Thornton y ordenó elaborar un segundo concepto dirigido a confirmar, aclarar, corregir o ampliar las conclusiones iniciales. Este último fue rendido el 25 de septiembre de 201467.
Mediante la Resolución núm. 000-1633 de 12 de diciembre de 201468, el Tribunal Disciplinario suspendió por doce (12) meses la inscripción profesional de la señora Castillo López. Consideró que las pruebas demostraban un control «parcializado e inoportuno», porque la revisión de los estados financieros se efectuaba trimestralmente y las variaciones de las cuentas mencionadas solo fueron informadas el 7 de noviembre de 2012. Asimismo, sostuvo que no se acreditó el ejercicio de una fiscalización asidua frente a las situaciones que, en su criterio, comprometían la liquidez y continuidad de las sociedades.
63 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado D0F8C83062224336 E606CAA6D4E32F29 01F979F0B0C1E36B BB11302A9E79B4B5 denominado
“ED_C05_01AnexosCuaderno1PruebasYAnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentral DeContadores(.pdf)”, págs. 218 – 232.
64 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado AD9652F44B7CA94B AF9F7DE56B9505AA 429E9783E315FECE BC2CA1E6A6F636EE denominado “ED_C02_29OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)”, págs. 27 – 32, 33 – 38, 39 – 46.
65 Declaraciones de los señores Yolima Azucena Echeverría Buitrón, especialista en riesgos del equipo de auditoría desde el 2011 y José Jairo Simbaqueva Valero, gerente de auditoría de Grant Thornton, obrantes en: Ibidem, págs. 52 – 59 y 60 – 67.
66 Entre esta se encuentra, el informe de auditoría forense elaborado por KPMG Advisory Services Ltda. sobre la sociedad holding en liquidación judicial remitido por la Superintendencia de Sociedades. Samai, índice 52, documento electrónico con certificado C2B77D3AD1112449 425C63ADD5FACF27 7386E75FADC054AA C6F42B614B39C0E4 denominado
“ED_C06_01AnexosCuaderno2PruebasYAnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentral DeContadores(.pdf)”, págs. 12 – 152.
67 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado C2B77D3AD1112449 425C63ADD5FACF27 7386E75FADC054AA C6F42B614B39C0E4 denominado
“ED_C06_01AnexosCuaderno2PruebasYAnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentral DeContadores(.pdf)”, págs. 339 – 356.
68 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 373EE434AAE316EB 1EAE8365CC7C066E 65C05B2E1BC3B2D3 60FEB86C731DFB11 denominado “ED_C01_01DemandaYAnexos (.pdf)”, págs. 66-113.
En dicho acto, la Junta desvirtuó expresamente el cargo relativo a la falta de correspondencia entre los estados financieros de la comisionista y sus libros oficiales. Encontró que las diferencias de 2011 obedecían a la compensación de rubros de inversiones y derivados y que los asteriscos que aparecían en los libros de 2012 eran una deficiencia de presentación, sin incidencia sobre las cifras. Por tanto, ese comportamiento no integró los motivos definitivos de la sanción.
Al resolver el recurso de reposición mediante la Resolución núm. T-000-0137 de 12 de agosto de 201569, el Tribunal confirmó la sanción y precisó que la conducta imputada consistía en no emitir un pronunciamiento oportuno sobre las situaciones de iliquidez y las dificultades financieras de ambas sociedades ni ejercer control y vigilancia frente a las diferencias relacionadas con los préstamos a particulares. En particular, expresó:
Para el caso que nos atañe, el objeto de la investigación disciplinaria a la Contadora Pública ULFANY LOPEZ CASTILLO fue plasmado en el Cargo formulado por este Tribunal del auto del 25 de Noviembre de 2013, referente a una conducta omisiva desplegada por esta, al no haber emitido pronunciamiento de las situaciones de iliquidez, las graves dificultades financieras y económicas que atravesaban las sociedades INTERBOLSA S.A. HOLDING S.A. e INTERBOLSA
COMISIONISTA DE BOLSA S.A., traducido esto, en forma permanente durante el ejercicio de Revisora Fiscal de la sociedad INTERBOLSA S.A. e INTERBOLSA COMISIONISTA DE BOLSA S.A. […]
[…] [L]a disciplinada no emitió pronunciamiento en las situaciones de iliquidez, las graves dificultades financieras y económicas que atravesaba las sociedades INTERBOLSA S.A. HOLDING S.A. e INTERBOLSA COMISIONISTA DE
BOLSA S.A., las cuales fueron objeto de toma de posesión por la Superintendencia Financiera de Colombia S.A. y proceso de reorganización por parte de la Superintendencia de Sociedades. En los mismos términos, no pronunciarse respecto de las diferencias e inconsistencias presentadas en las cifras relacionadas con préstamos a particulares ni ejercer oportunamente el control y vigilancia sobre estos aspectos. Esta conducta fue objeto de pronunciamiento de fondo en la resolución recurrida y, bajo ese entendido, este Tribunal no acoge inconformidad planteada (negrillas fuera del texto original).
En relación con las publicaciones periodísticas, en la resolución se explicó que fueron examinadas junto con los actos expedidos por las superintendencias Financiera y de Sociedades y que esos elementos justificaron la apertura oficiosa de la etapa preliminar, dirigida a esclarecer los hechos, sin identificar inicialmente a un posible responsable70.
70 «Para el caso concreto, las noticias del diario portafolio visibles a folios 17 a 20, acompañadas del auto 400-015955 del 16 de Noviembre de 2012 por el cual la Superintendencia de Sociedades ordenó el decreto de oficio la apertura del proceso de reorganización empresarial de INTERBOLSA S.A. (Folios 9 a 16), fueron los elementos probatorios categóricos para sustentar la apertura de oficio del proceso, tal y como se expresó en la resolución objeto de estudio, a folio 831, así: //“…Las situaciones precitadas fueron de conocimiento público propagadas por diferentes medios de comunicación, noticias que obran en el expediente y que fueron objeto de análisis en su conjunto con los diferentes actos administrativos citados y proferidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Sociedades, visibles en los anexos de los tres (3) cuadernos principales. // Advirtiendo las circunstancias descritas, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores ordenó iniciar de oficio la apertura de diligencias previas a los profesionales de la Contaduría Pública y firmas de contadores públicos que prestan sus servicios, que ejercieron y/o ejercen funciones en INTERBOLSA S.A., así como su comisionista de bolsa, del mismo nombre, por haber incurrido en presuntas faltas en el ejercicio de la profesión..." (Negrilla fuera de texto) // Así las cosas, el impulso procesal de este Tribunal inició con la apertura de oficio de la etapa preliminar, con base, en principio, en los elementos probatorios aludidos y,
En este sentido, no advierte la Sala que las publicaciones hubieran sido utilizadas como prueba autónoma de la responsabilidad de la demandante, ni que el origen de la investigación evidencie un prejuzgamiento, puesto que, el artículo 28 de la Ley 43 de 1990 permitía iniciar el procedimiento sancionatorio de oficio y, en este asunto, las diligencias previas estuvieron dirigidas a identificar a los profesionales involucrados y establecer si existían fundamentos para formular cargos. Además, entre la apertura de la averiguación y la decisión sancionatoria se practicaron inspecciones, se elaboraron conceptos técnicos, se recibieron versiones y testimonios y se incorporaron documentos provenientes de las sociedades fiscalizadas y de las autoridades de supervisión.
Aunado a lo anterior, como se dejó visto, las conductas fueron individualizadas en el pliego de cargos y en los actos definitivos, pues se precisaron: (i) las sociedades frente a las cuales la hoy demandante ejerció la revisoría fiscal; (ii) las operaciones, cuentas y períodos examinados; (iii) los pronunciamientos y medidas de control presuntamente omitidos; y (iv) los órganos de administración y las autoridades a quienes, según la Junta, debía comunicarse la información. Por tanto, la sanción no se fundó formalmente en la crisis de Interbolsa considerada en abstracto ni en las actuaciones de sus administradores, sino en omisiones concretas relacionadas con el ejercicio de la revisoría fiscal.
Ahora bien, aunque la Resolución núm. 000-1633 de 2014 señaló que los cargos «no fueron desvirtuados», esa expresión no podía relevar a la Junta de demostrar la falta y la responsabilidad ni trasladar a la investigada la carga de acreditar que había actuado correctamente, en virtud del principio de presunción de inocencia. Sin embargo, examinados conjuntamente los actos acusados, se advierte que la sanción no se fundó exclusivamente en la ausencia de refutación, sino en la valoración conjunta del material probatorio conformado por los conceptos contables, los informes de revisoría fiscal, los estados financieros, las actas societarias y los documentos aportados por las autoridades de supervisión.
Por consiguiente, no prospera el argumento relativo a que la Junta presumió la responsabilidad de la demandante por la notoriedad de la crisis o dejó de individualizar las omisiones atribuidas. Una cuestión distinta es si las pruebas invocadas demostraban efectivamente: (i) el riesgo derivado de los préstamos efectuados por Interbolsa S.A., sociedad holding, y la falta de un pronunciamiento oportuno; (ii) el déficit de garantías y los riesgos asociados a las operaciones repo de la comisionista; (iii) el conocimiento de las dificultades financieras o de actos irregulares que debían informarse a las autoridades; y (iv) la imputación de esas omisiones a título de dolo, aspectos que serán examinados en los apartados siguientes, en los términos formulados en la demanda.
- Alcance y oportunidad de la vigilancia ejercida frente a los préstamos a particulares concedidos por Interbolsa S.A., sociedad holding
La demandante sostuvo que la Junta confundió las operaciones de Interbolsa S.A., sociedad holding, con las realizadas por Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa. Explicó que los préstamos a particulares fueron concedidos por la primera sociedad y que informó
con ello, se dio continuidad a cada una de las oportunidades procesales tendientes a esclarecer los hechos materia de averiguación. En consecuencia, este argumento es desestimado por parte de este Tribunal pues como se expuso las noticias del diario portafolio fueron objeto de pronunciamiento por parte de este cuerpo colegiado en la Resolución No 000-1633 del 12 de Diciembre de 2014». Resolución núm. T-000-0137 de 12 de agosto de 2015.
a la administración acerca de las variaciones y riesgos advertidos cuando recibió los estados financieros correspondientes a septiembre y octubre de 2012.
La entidad demandada señaló que la señora Castillo López no ejerció una vigilancia permanente ni se pronunció oportunamente sobre los créditos concedidos a personas vinculadas al Grupo Interbolsa, algunos de ellos ajenos al objeto social y sin garantías suficientes. Añadió que tampoco explicó las diferencias advertidas entre las cifras consignadas en sus informes de septiembre y octubre de 2012.
En consecuencia, corresponde a la Sala determinar: (i) si la Junta confundió las operaciones de las sociedades; (ii) desde qué momento la demandante conoció o estuvo en condiciones de conocer los préstamos concedidos por la sociedad holding; y (iii) si las comunicaciones e informes emitidos por la revisoría fiscal constituyeron una actuación oportuna y suficiente frente a los riesgos advertidos.
Para resolver estas cuestiones, la Sala precisa que el ordenamiento distingue las funciones de administración de las propias de la revisoría fiscal. El artículo 22 de la Ley 222 de 199571 atribuye la condición de administrador al representante legal, al liquidador, al factor, a los miembros de juntas o consejos directivos y a quienes ejerzan funciones administrativas conforme a los estatutos.
Por su parte, los numerales 2, 5 y 6 del artículo 207 del Código de Comercio72 asignan al revisor fiscal los deberes de informar por escrito y oportunamente las irregularidades advertidas; inspeccionar asiduamente los bienes y documentos de la sociedad; e impartir instrucciones, practicar inspecciones y solicitar los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.
Estas funciones se complementaban con el artículo 7 de la Ley 43 de 199073, que exigía una planeación apropiada del trabajo, la evaluación del sistema de control interno y la
71 «ARTÍCULO 22. ADMINISTRADORES. Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones».
72 «ARTÍCULO 207. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del revisor fiscal: // […] 2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios; // […] 5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título; // 6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales […]»
73 «ARTÍCULO 7º. De las normas de auditoría generalmente aceptadas. Las normas de auditoría generalmente aceptadas, se relacionan con las cualidades profesionales del Contador Público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y en su informe referente al mismo. Las normas de auditoría son las siguientes: // 1. Normas Personales. // a) El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la Contaduría Pública en Colombia. // b) El Contador Público debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. // c) En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, debe proceder con diligencia profesional. // 2. Normas relativas a la ejecución del trabajo. // a) El trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión apropiada sobre los asistentes, si los hubiere. // b) Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. // c) Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio del análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría, con el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los Estado Financieros sujetos a revisión. // 3. Normas relativas a la rendición de informes.
// a) Siempre que el nombre de un Contador Público sea asociado con estados financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con tales estados. Si practicó un examen de ellos, el Contador Público deberá expresar claramente el carácter de su examen, su alcance y su dictamen
obtención de evidencia válida y suficiente para sustentar los informes, y con los principios de responsabilidad y observancia de las disposiciones normativas previstos en los numerales 4 y 6 del artículo 37 de la misma ley74.
En concordancia con esas disposiciones, esta Sección ha señalado que las funciones de la revisoría fiscal para cuyo cumplimiento no se haya establecido un plazo deben ejercerse durante todo el período de vinculación del profesional, así:
[…] [L]a manifestación de que no le fueron entregados los documentos y soportes solicitados al contador, no constituye eximente de su responsabilidad, pues precisamente, por tratarse de funciones legalmente establecidas a las que no se les ha definido un término para su realización y sin que en el caso particular se hayan fijado plazos o condiciones para el ejercicio de la revisoría fiscal, ha de entenderse que las mismas son de carácter permanente durante el período de vinculación de dicho profesional y mientras dura la prestación de sus servicios; así, el revisor fiscal, de conformidad con los artículos 207 del Código de Comercio y 8 de la Ley 43 de 1990, debió dar oportuna cuenta de las irregularidades que ocurrían en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios; practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales; observar las normas de ética profesional y actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas […] (negrillas fuera del texto original).
En el sub examine, como se precisó en el acápite anterior, la Junta no confundió las operaciones de las dos sociedades, por cuanto en el auto de cargos se distinguió expresamente las conductas atribuidas respecto de cada una. En efecto, en relación con Interbolsa S.A., sociedad holding, le reprochó a la demandante:
profesional sobre lo razonable de la información contenida en dichos estados financieros. // b) El informe debe contener indicación sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. // c) El informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido aplicados de manera uniforme en el período corriente en relación con el período anterior.
// d) Cuando el Contador Público considere necesario expresar salvedades sobre algunas de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá expresarlas de manera clara e inequívoca, indicando a cuál de tales afirmaciones se refiere y los motivos e importancia de la salvedad en relación con los estados financieros tomados en conjunto. // e) Cuando el Contador Público considere no estar en condiciones de expresar un dictamen sobre los estados financieros tomados en conjunto deberá manifestarlo explícita y claramente. // PARÁGRAFO. Cuando fuera necesario, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, complementará y actualizará las normas de auditoría de aceptación general, de acuerdo con las funciones señaladas para este organismo en la presente ley».
74 «ARTÍCULO 37. En consecuencia, el Contador Público debe considerar y estudiar al usuario de sus servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con las circunstancias particulares de su actividad, sean éstas internas o externas, con el fin de aplicar, en cada caso, las técnicas y métodos más adecuados para el tipo de ente económico y la clase de trabajo que se le ha encomendado, observando en todos los casos, los siguientes principios básicos de ética profesional: // 37.4 Responsabilidad. Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio de la ética profesional, se encuentra implícitamente comprendida en todas y cada una de las normas de ética y reglas de conducta del Contador Público, es conveniente y justificada su mención expresa como principio para todos los niveles de la actividad contable. En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética, promueve la confianza de los usuarios de los servicios del Contador Público, compromete indiscutiblemente la capacidad calificada, requerida por el bien común de la profesión // […] 37.6 Observancia de las disposiciones normativas. El Contador Público deberá realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos. Además, deberá observar las recomendaciones recibidas de sus clientes o de los funcionarios competentes del ente que requiere sus servicios, siempre que éstos sean compatibles con los principios de integridad, objetividad e independencia, así como con los demás principios y normas de ética y reglas formales de conducta y actuación aplicables en las circunstancias».
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, radicación n.° 11001-03-24-000-2011-00472-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
[…] [N]o pronunciarse en su debida oportunidad, ni ejercer las medidas de control pertinentes […] frente a situaciones tales como el riesgo de iliquidez que representaba para la sociedad la concesión de préstamos a particulares, pertenecientes al Grupo Interbolsa[,] que no estaba comprendido dentro del objeto social […] y que adicionalmente el saldo de la Cuenta de Inversiones – Operaciones Repos garantizadas con acciones de Fabricato estaba conformado en su mayoría por las mismas personas a quienes fueron otorgados tales préstamos […].
[…] [N]o pronunciarse ni efectuar un seguimiento adecuado y oportuno en torno a las diferencias e inconsistencias que presentan las cifras relacionadas con préstamos a particulares, reflejadas en los informes de revisoría fiscal correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2012.
En cambio, frente a Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, el reproche se relacionó con las operaciones repo y sus garantías.
Si bien el Tribunal Disciplinario analizó conjuntamente las actuaciones adelantadas respecto de ambas sociedades, lo que no siempre permitió identificar de manera inmediata si las consideraciones se referían a los préstamos concedidos por la sociedad holding o a las operaciones repo realizadas por la comisionista; tal circunstancia no permite afirmar que el Tribunal hubiera trasladado materialmente las operaciones de una sociedad a la otra ni que hubiese modificado las conductas formuladas en el pliego de cargos.
En efecto, al resolver el recurso de reposición, la Resolución núm. T-000-0137 de 12 de agosto de 2015 precisó que la decisión sancionatoria guardaba «relación directa e idéntica con los hechos y el provisional reproche contenido en el auto de cargos» y que
«la conducta de la contadora pública se limitó a la omisión de pronunciamiento en los términos establecidos en el auto en comento». De esta manera, la autoridad remitió expresamente a la delimitación efectuada en el pliego, en el cual los préstamos a particulares fueron atribuidos a Interbolsa S.A., sociedad holding, mientras que las operaciones repo y sus garantías se relacionaron con Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, por lo que no se modificó el núcleo fáctico de las imputaciones.
Es cierto que, al sintetizar la conducta, la Resolución núm. T-000-0137 de 2015 utilizó expresiones conjuntas para referirse a las dificultades financieras de ambas sociedades76. Sin embargo, esas referencias correspondieron a la descripción general del deber de fiscalización ejercido frente a las dos entidades y no alteraron la asignación concreta de las operaciones: los préstamos a particulares permanecieron vinculados a la sociedad holding, mientras que el reproche respecto de la comisionista se relacionó con las operaciones repo y sus garantías. Por tanto, no prospera el argumento relativo a la confusión entre las operaciones de las sociedades.
Precisado lo anterior, la Sala observa que la omisión imputada respecto de la sociedad holding no consistió en una ausencia absoluta de pronunciamiento, sino en no haberlo emitido oportunamente ni haber ejercido con anterioridad una vigilancia permanente sobre los préstamos. Así se desprende del pliego de cargos, que reprochó «no
76 Al delimitar el objeto de la investigación, la Resolución núm. T-000-0137 de 2015 se refirió a «una conducta omisiva […] al no haber emitido pronunciamiento de las situaciones de iliquidez, las graves dificultades financieras y económicas que atravesaban las sociedades INTERBOLSA S.A. HOLDING S.A. e INTERBOLSA COMISIONISTA DE BOLSA S.A.». Más adelante concluyó que «la función de fiscalización, en el sentido de cerciorarse de que las operaciones desplegadas por las sociedades INTERBOLSA S.A. HOLDING e INTERBOLSA COMISIONISTA DE BOLSA S.A. estuvieran ajustadas a la ley y los estatutos, no fue ejercida de forma asidua y permanente por la Revisora Fiscal CASTILLO LÓPEZ».
pronunciarse en su debida oportunidad» y «no efectuar un seguimiento adecuado y oportuno», y de las resoluciones sancionatorias, que calificaron como tardías las comunicaciones emitidas después de revisar la información financiera de septiembre y octubre de 2012.
En sus descargos77, la señora Castillo López manifestó que la revisión de los estados financieros se efectuaba trimestralmente y con posterioridad a su transmisión, debido a que la administración suministraba la información el mismo día de su vencimiento. Precisó que los estados financieros de septiembre le fueron entregados el 26 de octubre de 2012 y que el archivo plano para su transmisión fue suministrado el día 30 siguiente. Añadió que, durante la revisión posterior, advirtió variaciones significativas en la cuenta 1370 - préstamos a particulares y que, una vez identificadas, las puso en conocimiento de la administración mediante la comunicación de 7 de noviembre de 201278.
En dicho informe, recibido en la presidencia de la sociedad holding el 9 de noviembre siguiente, la revisora fiscal registró préstamos por $33.469.084.005 y destacó, por su cuantía, los otorgados a Invertácticas S.A.S. y Alessandro Corridori. Respecto de la primera señaló que había recibido $15.200 millones y que era accionista de la Bolsa Mercantil de Colombia con una participación del 6,34%. En cuanto al señor Corridori, indicó que era accionista mayoritario de Fabricato, con una participación del 20%, y que había recibido $7.000 millones, de los cuales $6.100 millones habían sido registrados durante septiembre de 2012. En esa oportunidad, advirtió: «[t]eniendo en cuenta que el objeto social de la compañía no es otorgar créditos, consideramos esta situación como un riesgo para la sociedad».
Posteriormente, mediante comunicación de 31 de diciembre de 201279, informó que el saldo de los préstamos ascendía a $46.393.136.718; que algunos carecían de garantías suficientes; y que varios estaban respaldados con pagarés y prendas sobre acciones de Fabricato cuya negociación había sido suspendida. Al respecto, señaló:
Los préstamos a particulares[,] al no hacer parte del objeto social de la compañía[,] representan un riesgo para la misma, en razón a que dichos préstamos fueron otorgados a personas naturales y jurídicas que por su estructura financiera existe la probabilidad de no ser recuperados, y sus garantías no cuentan con el respaldo apropiado.
Si bien estas comunicaciones demuestran que la señora Castillo López informó a la administración acerca de los préstamos y de los riesgos identificados; lo cierto es que, no desvirtúan la omisión sancionada, pues esta se relacionó con la oportunidad del pronunciamiento y con la ausencia de medidas previas de inspección y seguimiento.
En efecto, los informes de 7 de noviembre y 31 de diciembre de 2012 daban cuenta de que algunos de los préstamos habían sido registrados desde agosto y septiembre de ese año, pese a que el primer pronunciamiento acreditado de la revisoría fiscal se produjo en noviembre. El concepto contable de 3 de mayo de 2013 destacó esta circunstancia al
77 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado D0F8C83062224336 E606CAA6D4E32F29 01F979F0B0C1E36B BB11302A9E79B4B5 denominado “ED_C05_01AnexosCuaderno1PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 233 – 236.
78 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 1BEC3DE02702F632 4932F7603F374AF8 23801FEF7BBF7A87 733DFF6CBFC19D5B denominado “ED_C12_01AnexosCuaderno8PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 32 – 35.
79 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 5E4C7A27F59460A1 F28720508A999263 097C878DA7C51FDE 13E101D219014584 denominado “ED_C14_01AnexosCuaderno10PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 185 – 193.
confrontar las fechas y los saldos consignados en ambas comunicaciones. Al respecto, señaló:
ALESSANDRO CORRIDORI, en el informe de noviembre 7 de 2012 figura con saldos de fechas 31 de agosto y 30 de septiembre, por valores de $900.000.000 y
$6.100.000.000, respectivamente […]. // MANANTIAL SPV S.A.S. [e]n el informe de noviembre 7 de 2012, figura con un saldo de $1.200.000.000 con fecha 31 de agosto de 2012 […]. // P & P INVESTMENT S.A.S. [e]n el informe de noviembre 7 de 2012 presenta un saldo de $4.063.636.718 con fecha 3 de septiembre de 2012 […]
El concepto técnico-contable de 25 de septiembre de 2014 examinó nuevamente la situación financiera de la sociedad holding y relacionó las inversiones efectuadas en filiales, los créditos o cupos de endeudamiento, su conexión con las operaciones repo y las discusiones adelantadas por los órganos societarios durante agosto y septiembre de 2012. A partir de los documentos inspeccionados, sus autores señalaron que no encontraron un pronunciamiento de la revisoría fiscal anterior a la intervención sobre los riesgos examinados:
[…] También está documentado en el expediente el otorgamiento de cupos de endeudamiento, en reuniones de Juntas Directivas y el Comité de Riesgos. El incremento de los créditos (cupos) era proporcional a la realización de operaciones repo, lo que provocó iliquidez en la SCB y pérdidas que tuvieron que ser reconocidas posteriormente por falta de garantías para su recuperación. // Sobre estos acontecimientos no se evidenció un pronunciamiento de la revisoría fiscal, de fecha anterior a la intervención y liquidación de la sociedad.
Esta última conclusión, elaborada después de la crisis y con fundamento en documentos recaudados durante las inspecciones, no demostraba el momento exacto en que la demandante conoció cada préstamo. Sin embargo, debía valorarse conjuntamente con las fechas registradas en los informes de la propia revisoría fiscal, los documentos societarios y las explicaciones rendidas durante la actuación disciplinaria.
En este sentido, en la declaración del señor José Jairo Simbaqueva Valero80, socio y gerente de auditoría de Grant Thornton, encargado de dirigir y supervisar el trabajo efectuado respecto de Interbolsa, explicó ante el Tribunal Disciplinario:
Nuestra revisión de ese estado financiero del tercer trimestre se hace en una fecha posterior al cierre del trimestre, es decir, 30 días después de cerrado el trimestre, por lo tanto a la revisoría fiscal le era imposible conocer en una fecha anterior al corte mencionado si habían préstamos a terceros.
La declaración permite establecer que los préstamos surgieron durante el tercer trimestre de 2012 y que fueron identificados al revisar los estados financieros después de su cierre. No obstante, no acredita que durante ese período la revisoría fiscal hubiera aplicado otros procedimientos para verificar la concesión de créditos, solicitado información sobre su evolución o advertido a la administración acerca de las restricciones que le impedían conocerlos oportunamente.
Asimismo, revisado el expediente no obran requerimientos de información, comunicaciones sobre limitaciones al alcance del trabajo ni advertencias anteriores a finales de octubre de 2012 dirigidas a establecer la existencia, cuantía, destinatarios y
80 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado AD9652F44B7CA94B AF9F7DE56B9505AA 429E9783E315FECE BC2CA1E6A6F636EE denominado “ED_C02_29OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)”, págs. 60 - 67.
garantías de los préstamos que venían registrándose desde agosto y septiembre. Tampoco la demandante ni el gerente de auditoría identificaron algún procedimiento concurrente de inspección o seguimiento sobre esa clase de operaciones, distinto de la revisión trimestral posterior al cierre.
De esta manera, la entrega tardía de los estados financieros explicaba la fecha en que se efectuó la revisión correspondiente al tercer trimestre, pero no desvirtuaba la falta de un control previo sobre operaciones que, por su cuantía, concentración, vinculación con integrantes del grupo y ajenidad al objeto social, exigían una vigilancia acorde con su nivel de riesgo.
Así las cosas, la función permanente de la revisoría fiscal no podía quedar supeditada exclusivamente a la recepción periódica de los estados financieros, pues comprendía la facultad y el deber de solicitar los documentos e informes necesarios para ejercer el control sobre los valores sociales y dejar constancia de las limitaciones que impidieran o dificultaran el ejercicio de su labor.
Esta conclusión no atribuye a la demandante la decisión de conceder los préstamos ni la responsabilidad por sus resultados económicos, pues, se itera el reproche se limita a la falta de una vigilancia y un pronunciamiento oportunos dentro del ámbito de las funciones de inspección, control e información que le correspondían como revisora fiscal.
Ahora bien, la Junta también sustentó la responsabilidad en las diferencias advertidas entre los saldos y las fechas de algunos préstamos consignados en los informes de 7 de noviembre y 31 de diciembre de 2012. La Resolución núm. T-000-0137 de 2015 mantuvo expresamente ese fundamento al señalar que la demandante no se pronunció «respecto de las diferencias e inconsistencias presentadas en las cifras relacionadas con préstamos a particulares ni [ejerció] oportunamente el control y vigilancia sobre estos aspectos».
Sin embargo, los actos acusados no explicaron por qué las variaciones identificadas constituían inconsistencias contables. En este punto acogieron la conclusión del concepto de 3 de mayo de 2013, que comparó informes correspondientes a cortes diferentes -30 de septiembre y 31 de octubre de 2012-, pero no individualizó un registro equivocado ni estableció que las variaciones no obedecieran a nuevos desembolsos, pagos, reclasificaciones u otros movimientos ocurridos entre ambos períodos. El concepto de 25 de septiembre de 2014 tampoco efectuó una nueva conciliación de esas cifras ni explicó técnicamente las diferencias.
Por ello, esta Sala considera que ese motivo resultaba insuficiente para demostrar una omisión autónoma de seguimiento sobre las supuestas inconsistencias. No obstante, considerando que se trataba de un fundamento adicional, su insuficiencia no desvirtúa la omisión principal relacionada con la detección y comunicación tardía de los préstamos, ni tiene la entidad necesaria para producir la nulidad de los actos.
En suma, las pruebas demuestran que la señora Castillo López informó a la administración sobre los préstamos en noviembre, una vez examinó los estados financieros de septiembre y octubre de 2012. No obstante, también acreditan que algunas de esas operaciones se encontraban registradas desde agosto y septiembre y que la revisoría fiscal no desplegó mecanismos de inspección, solicitud de información o control que permitieran advertirlas antes de la revisión trimestral.
Por consiguiente, la Sala encuentra acreditada la omisión consistente en no ejercer oportunamente las funciones de inspección y vigilancia ni advertir, antes del 7 de
noviembre de 2012, el riesgo que esos préstamos representaban para Interbolsa S.A., sociedad holding. Esta conducta desconoció los numerales 2, 5 y 6 del artículo 207 del Código de Comercio, debido a que la revisora fiscal no inspeccionó asiduamente los documentos relacionados con esas operaciones, no solicitó la información necesaria para mantener un control permanente sobre ellas ni informó oportunamente los riesgos advertidos. Asimismo, comprometió los artículos 7, 37.4 y 37.6 de la Ley 43 de 1990, pues no acreditó la aplicación de procedimientos de auditoría concurrentes que le permitieran obtener evidencia suficiente sobre los préstamos y cumplir, con la responsabilidad exigible y los deberes legales inherentes a su función.
En consecuencia, aunque le asiste razón a la demandante respecto de que las diferencias entre informes correspondientes a cortes distintos no demostraban por sí solas una irregularidad contable, esa imprecisión no desvirtúa el fundamento determinante de la decisión, relacionado con la falta de vigilancia y pronunciamiento oportunos frente a los préstamos concedidos por la sociedad holding. Por tanto, el argumento examinado no prospera.
- Operaciones repo de la comisionista: alcance probatorio del Acta núm. 51 y del informe de Value and Risk Rating S.A.
La demandante afirmó que la Junta Central de Contadores atribuyó al Acta núm. 51 de 25 de julio de 2012, correspondiente a la junta directiva de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, un alcance que no tenía. Explicó que las operaciones repo no constituían préstamos, sino operaciones propias del mercado de valores sometidas a una regulación especial; que no se demostró que aquellas estuvieran prohibidas ni que alguno de los clientes hubiera excedido el límite individual equivalente al 30% del patrimonio técnico; y que los $117.159.031.338 registrados en el acta no correspondían, en su totalidad, a un déficit actual de garantías equivalente al 89% del patrimonio de la comisionista, sino al impacto estimado de los nuevos porcentajes de descuento o haircuts, algunos de los cuales comenzarían a exigirse el 3 de septiembre de 2012.
Agregó que la entidad omitió valorar el informe emitido el 9 de agosto de 2012 por Value and Risk Rating S.A., mediante el cual se mantuvo la calificación AA+ para el riesgo de contraparte de la comisionista y se destacó su solvencia, patrimonio, posición en el mercado y capacidad para atender sus obligaciones.
Por su parte, la entidad demandada sostuvo que, aunque las operaciones repo estaban autorizadas y no se hubiera excedido el límite individual aplicable, la revisora fiscal debía pronunciarse oportunamente sobre su volumen y concentración, las garantías exigidas y los riesgos que representaban para la liquidez de la comisionista.
Sobre este argumento, la Sala precisa que, si bien las operaciones repo no podían asimilarse a los préstamos concedidos por Interbolsa S.A., sociedad holding, puesto que, aquellas eran operaciones propias del mercado de valores, sometidas a reglas especiales sobre límites, garantías y administración de riesgos; el reproche disciplinario no consistió en que las operaciones repo estuvieran prohibidas ni en que la revisora fiscal hubiera intervenido en la decisión empresarial de celebrarlas, sino en que omitió ejercer las medidas de control comprendidas dentro de sus funciones y pronunciarse oportunamente sobre los riesgos derivados de su volumen, concentración y garantías.
En el expediente está acreditado que, en la reunión documentada en el Acta núm. 51 de 25 de julio de 201281 - a la cual no asistió la señora Castillo López82- se presentaron los estados financieros y el informe del Comité de Riesgos correspondientes a junio de ese año. Allí se indicó que la comisionista realizaba el 39% de los repos pasivos del mercado y que las operaciones respaldadas con acciones de Fabricato representaban el 42,5% del total de sus repos. También se informó que los diez clientes con mayores compromisos se encontraban individualmente por debajo del límite equivalente al 30% del patrimonio técnico83.
En el apartado denominado «Resumen-Impacto Cambio Haircut Repos», el acta registró un «déficit total de garantías» por $117.159.031.338. Sin embargo, el mismo documento distinguió la fecha a partir de la cual serían exigibles los nuevos porcentajes de garantía:
A la fecha tenemos $10.001 millones garantizando los repos de BMC para dar cumplimiento al ajuste, total requerido de $15.401,7 millones, el saldo fue ajustado por los clientes. Las acciones FABRICATO, ENKA y ODINSA siguen siendo consideradas acciones líquidas, por lo tanto, el aumento del haircut será efectivo desde el 03/09/2012. (Desde hoy hasta el 03/09/2012 el haircut anterior sigue vigente). Las acciones COLTEJER, BMC, PFCORFICOL y VALOREM han pasado a ser consideradas acciones no líquidas, por este motivo el ajuste de garantías se debe realizar a partir de la fecha (16/07/2012).
De acuerdo con esa discriminación, $16.449.976.808 correspondían a ajustes exigibles inmediatamente, mientras que $100.709.054.530 se relacionaban con los nuevos porcentajes aplicables a Fabricato, Enka y Odinsa a partir del 3 de septiembre de 2012. Por consiguiente, los $117.159.031.338 no representaban, en su integridad, un déficit vencido y exigible al 25 de julio de ese año.
81 Samai, índice 52, carpeta comprimida con certificado 15599E2438DC7D8B C7FA063B5FB9FB73 CFAE61A2C969AAF2 475E317AAE0D2DEF denominado
“ED_C02_CD2Folio258AnexosDeLaDemanda(.zip)”, carpeta “CD 2 Folio 258”, archivo “Acta JD No.51 25 julio 12.pdf”.
82 Según el acta, a la reunión asistieron los miembros principales de la junta directiva, señores Jorge Arabia Wartenberg, José Rafael Saravia Pinilla, Luis Fernando Restrepo Jaramillo y Alfredo Ramos Bermúdez; además Juan Camilo Arango Medina (vicepresidente ejecutivo), Rodrigo Jaramillo Correa (presidente del grupo interbolsa), Juan Felipe Ruíz (gerente técnico del grupo), Leonardo Uribe Calle (contralor normativo) y Ruth Estella Upegui Mejía (secretaria general del Grupo Interbolsa).
83 Bolsa de Valores de Colombia, Circular Única, artículo 3.3.6.1, numeral 3, literal a), subliteral ii): «Una sociedad comisionista de bolsa no podrá mantener por cuenta de un mismo tercero, compromisos de recompra y operaciones a plazo y operaciones TTV sobre valores de Renta Variable, que sumadas superen los siguientes límites: […] ii. 30% del último patrimonio técnico tratándose de terceros personas naturales o jurídicas que no sean vigilados por la Superintendencia Financiera». Documento aportado como anexo de la demanda denominado “Circular Única Bolsa Valores Colombia.pdf”.
Tampoco se demostró que alguno de los clientes hubiera excedido el límite individual del 30%, previsto en la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia, según el cual una sociedad comisionista no podía mantener, por cuenta de un mismo tercero no vigilado por la Superintendencia Financiera, compromisos de recompra, operaciones a plazo y operaciones de transferencia temporal de valores que, sumados, superaran el 30% de su último patrimonio técnico. En el caso concreto, el papel de trabajo elaborado por la señora Castillo López el 1 de agosto de 2012 calculó ese límite en $35.047.863.224,70 y registró compromisos inferiores para los diez clientes examinados84.
| Patrimonio Técnico Mayo 2 | 116,826,210,749 | A | ||||
| C | Limite 30% Operaciones Re | 35,047,863,225 | B | |||
| Total Compromisos Pasivos Operaciones Repo Clientes | % de Compromisos Respecto al 30% Patrimonio Técnico | Excesos o defectos 30% del Patrimonio Técnico | ||||
| Invertacticas SAS | 34,428,257,657 | 29% | 619,605,568 | |||
| P&P Investment SAS | 34,398,608,864 | 29% | 649,254,361 | |||
| Jaramillo Palacios María Eugenía | 34,397,584,483 | 29% | 650,278,742 | |||
| Corridori Alessandro | 34,397,481,739 | 29% | 650,381,486 | |||
| Manrique y Manrique | 34,336,212,740 | 29% | 711,650,485 | |||
| Cromos S.A. | 34,005,927,246 | 29% | 1,041,935,979 | |||
| Jara Albarracin Manuel Guillermo | 32,529,153,022 | 28% | 2,518,710,203 | |||
| Manantial SPV SAS | 29,906,692,292 | 26% | 5,141,170,933 | |||
| Guiteco SAS | 28,024,816,374 | 24% | 7,023,046,851 | |||
| Valores incorporados | 24,419,202,833 | 21% | 10,628,660,392 | |||
| Total | 320,843,937,250 | |||||
| A | Información tomada del patrimonio técnico certificado a la Bolsa de Valores de Colombia y Superfinanciera | |||||
| B | Límite de operaciones según artículo 3.3.6.1 Circular Unica de la Bolsa de Valores, Compromisos máximos en operaciones repo | |||||
| C | Información suministrada por el área de riesgos de Interbolsa S.A. | |||||
| CONCLUSION | ||||||
| De acuerdo con la verificación de los límites máximos de las operaciones repos, se evidencia que los clientes que presentan mayor número de compromisos no han excedido el 30% del Patrimonio técnico de la sociedad a 31 de mayo de 2012. | ||||||
En este aspecto, le asiste razón a la demandante, toda vez que el concepto de 3 de mayo de 2013 interpretó el valor total señalado en el acta como un déficit actual de garantías y lo comparó con el patrimonio de la comisionista. Sobre esa base concluyó:
Respecto de la situación de déficit de garantías, principalmente por repos de Fabricato […] no se aprecia pronunciamiento alguno por parte de la revisoría fiscal, no obstante la representatividad de la cuantía del déficit de garantías a junio de 2012, que alcanzaba la cifra de $117.159.031.338 cuando el total del patrimonio de la sociedad comisionista de bolsa a la misma fecha ascendía a $131.410.270.489 […], es decir que el déficit de garantías representaba el 89% del patrimonio total de la sociedad, situación que podía afectar la continuidad de la misma.
La misma comprensión fue incorporada al auto de cargos de 25 de noviembre de 2013, en el cual se atribuyó a la demandante:
[N]o pronunciarse oportunamente ni ejercer las medidas de control pertinentes frente al tema de Repos, toda vez que se evidenció según informe contable, un déficit de
84 Samai, índice 52, carpeta comprimida con certificado 15599E2438DC7D8B C7FA063B5FB9FB73 CFAE61A2C969AAF2 475E317AAE0D2DEF denominado
“ED_C02_CD2Folio258AnexosDeLaDemanda(.zip)”, carpeta “CD 2 Folio 258”, archivo “Limites Operaciones Repo 30 junio 2012.xlsx”.
garantías por un valor total de $117.159.031.338 […], a junio de 2012, principalmente por Repos de Fabricato […] cuando el total del patrimonio de INTERBOLSA COMISIONISTA DE BOLSA ascendía a $131.410.270.489 […], con lo cual el déficit de garantías representaba el 89% del patrimonio total de esa sociedad, situación [que] podría afectar la continuidad de la misma, como así sucedió.
El concepto técnico de 25 de septiembre de 2014 mantuvo esa interpretación y afirmó, además, que la mayor parte del ajuste era inmediatamente exigible:
[…] según los informes de comité de riesgos de fecha junio de 2012 y que fueron consignados en acta número 51 de junta directiva de la sociedad, se presentaba un déficit de garantías por valor total de $117.159 millones y que de los cuales $100.709 millones requerían un ajuste de garantía inmediata. […] Respecto de las situaciones anteriores no aparece pronunciamiento alguno ni del Contador ni de la Revisoría Fiscal.
Esta última afirmación tampoco corresponde al contenido del Acta núm. 51, pues los
$100.709 millones se relacionaban, precisamente, con las especies cuyo nuevo haircut comenzaría a regir el 3 de septiembre de 2012, mientras que el ajuste inmediato ascendía aproximadamente a $16.449 millones.
No obstante, la equivocación sobre la exigibilidad de las garantías no agota el contenido probatorio del acta. En ella también consta que la junta directiva autorizó la ampliación de cupos para operaciones repo sobre acciones de Fabricato, pero solicitó a la administración reducir su volumen y concentración cuando las condiciones del mercado lo permitieran, debido al riesgo que representaban para la liquidez de la comisionista. Así se plasmó en el acta:
Hecha la presentación la administración solicita a los señores directores la ampliación de cupos para operaciones repo a los clientes apalancados en la especie Fabricato, el motivo de esta ampliación obedece a una estrategia de llevar a plazos más largos los fondeos y de esa forma bajar la presión que se tiene de la acción en el momento, al pasar a fondeos más amplios los valores se incrementan por los cálculos de los intereses, los señores directores aprueban esta ampliación no sin antes solicitarle a la administración un cuidado mayor al tema de los repos, se debe replantear una vez el mercado lo permita el volumen y concentración en esta línea del negocio, porque independiente de lo rentable el riesgo en momentos coyunturales es muy alto y compromete la liquidez de la compañía. // […] El contralor normativo hace un llamado a la administración para que situaciones como estas no afecten el patrimonio de la firma […] (negrillas fuera del texto original).
Por tanto, aunque el Acta núm. 51 no demostraba la existencia de un déficit actual equivalente al 89% del patrimonio, sí daba cuenta del volumen y la concentración de las operaciones repo, del incremento próximo de las garantías y de la advertencia expresa sobre el riesgo que aquellas representaban para la liquidez y el patrimonio de la comisionista.
El informe de Value and Risk Rating S.A. de 9 de agosto de 201285 tampoco desvirtúa esa conclusión. Es cierto que mantuvo la calificación AA+ para el riesgo de contraparte y destacó, entre otros aspectos, la posición de la comisionista en el mercado, un patrimonio de $128.481 millones, un índice de solvencia del 16,47% y una relación de liquidez
85 Samai, índice 52, carpeta comprimida con certificado 15599E2438DC7D8B C7FA063B5FB9FB73 CFAE61A2C969AAF2 475E317AAE0D2DEF denominado
“ED_C02_CD2Folio258AnexosDeLaDemanda(.zip)”, carpeta “CD 2 Folio 258”, archivo “INFORME CALIFICADORA INTERBOLSA 9 AGO 2012.pdf”.
superior a uno, todo lo cual, respaldaba la afirmación de la demandante según la cual, para ese momento, la sociedad no había sido calificada como inviable ni se había establecido una situación de cesación de pagos.
Sin embargo, el mismo informe señaló que el apalancamiento ajustado de la comisionista había aumentado a 3,57 veces y superaba su promedio histórico y el de sus pares. Asimismo, registró un indicador promedio anual de riesgo de liquidez negativo por
$115.432 millones, asociado a las necesidades de fondeo de las operaciones por cuenta propia, y recomendó limitar el apalancamiento para evitar que el patrimonio resultara comprometido en escenarios de tensión.
En consecuencia, aunque la calificación AA+ no demostraba la inviabilidad de la comisionista, tampoco acreditaba la inexistencia de riesgos financieros ni relevaba a la revisoría fiscal de vigilar las circunstancias allí advertidas.
Ahora bien, aunque la señora Castillo López no asistió a la reunión documentada en el Acta núm. 51, el papel de trabajo de 1 de agosto de 2012 demuestra que conoció el monto de las operaciones, los clientes involucrados y los límites individuales aplicables. Además, en la ampliación de versión de 12 de junio de 2014 afirmó que había realizado seguimiento a los ajustes de garantías exigidos sobre las acciones de Fabricato, Odinsa, Enka y Corficol, con fundamento en las comunicaciones que la administración dirigió a las autoridades de supervisión:
[D]ejo constancia que como revisora fiscal de Interbolsa realicé seguimiento al ajuste de garantías requerido por la Bolsa de Valores de Colombia […] lo cual se evidencia en las comunicaciones que me suministró la administración de Interbolsa con destino a la Superintendencia Financiera y al Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV.
Entre esos documentos se encontraban: (i) la respuesta de 29 de agosto de 2012, mediante la cual el representante legal de la comisionista informó al AMV las medidas adoptadas para constituir las garantías adicionales sobre acciones de Fabricato, Odinsa y Enka86; (ii) el requerimiento de la Superintendencia Financiera de 31 de agosto de 2012 sobre las medidas que se adoptarían frente a los ajustes correspondientes a BMC, Coltejer, Fabricato, Odinsa, Enka, Pfcorficol y Bonos Metrolinea87; y (iii) la respuesta de
7 de septiembre siguiente, en la cual la comisionista manifestó haber cumplido las exigencias impartidas por la Bolsa de Valores88.
Tales comunicaciones fueron elaboradas o recibidas por la administración y, por ello, no constituyen informes de revisoría fiscal. Sin embargo, la propia declaración de la hoy demandante permite establecer que conoció su contenido y que efectuó seguimiento a los ajustes allí reseñados.
También obran los memorandos de recomendaciones de control interno de 21 de septiembre89 y el 12 de octubre de 201290, suscritos por la señora Castillo López y
86 Samai, índice 52, carpeta comprimida con certificado 15599E2438DC7D8B C7FA063B5FB9FB73 CFAE61A2C969AAF2 475E317AAE0D2DEF denominado
“ED_C02_CD2Folio258AnexosDeLaDemanda(.zip)”, carpeta “CD 2 Folio 258”, archivos “Respuesta AMV Fabricato- Enka - Odinsa.pdf”.
87 Ibidem, archivo “Requerimiento Super Bonos Metrolinea y Acciones Fabricato.pdf”.
88 Ibidem, archivo “Respuesta Interbolsa Requerimiento Super 7 sep 2012.pdf”.
89 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 2A015F75ECBD70B6 D34EF0A08A9C62D2 3CE5F0FF0E4F03E5 A6D1ED6D8D18482C denominado “ED_C09_01AnexosCuaderno5PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 144 – 154.
dirigidos al presidente de la comisionista. En el primero formuló observaciones sobre cuentas por cobrar, provisiones y diferencias entre las cuentas fiduciarias; en el segundo se refirió a saldos negativos de clientes, disponibilidad de recursos y conciliaciones del balance fiduciario. Sin embargo, ninguno de esos documentos evaluó la concentración de las operaciones repo, los cambios en los porcentajes de garantía ni sus posibles efectos sobre la liquidez de la comisionista. Tampoco se aportó otro informe de revisoría fiscal anterior al 2 de noviembre de 2012 -fecha en que la Superintendencia Financiera ordenó la toma de posesión mediante la Resolución núm. 1795- que contuviera un pronunciamiento sobre esas circunstancias.
Como se explicó en el acápite precedente, los numerales 2, 5 y 6 del artículo 207 del Código de Comercio imponían a la revisora fiscal los deberes de informar oportunamente y por escrito las irregularidades advertidas en el funcionamiento de la sociedad, inspeccionar asiduamente sus bienes y documentos, e impartir instrucciones, practicar inspecciones y solicitar los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. Esas funciones concretaban los principios de responsabilidad y observancia de las disposiciones normativas previstos en los numerales 37.4 y 37.6 del artículo 37 de la Ley 43 de 1990, así como el deber establecido en el artículo 45 de no exponer al usuario de los servicios profesionales a riesgos injustificados.
Por consiguiente, el hecho de que la Bolsa de Valores administrara las garantías y verificara los límites de las operaciones no desplazaba las funciones propias de la revisoría fiscal. El cumplimiento de los límites individuales tampoco relevaba a la revisora fiscal de evaluar independientemente los efectos que el volumen y la concentración agregada de las operaciones podían producir sobre la liquidez y el patrimonio de la comisionista. Del mismo modo, el conocimiento que tuvieran la junta directiva, el Comité de Riesgos o el contralor normativo no sustituía el pronunciamiento que correspondía a la revisoría fiscal como órgano independiente de fiscalización.
Conviene precisar que, si bien la Resolución núm. T-000-0137 de 12 de agosto de 2015 no rectificó expresamente la interpretación según la cual los $117.159 millones constituían un déficit actual equivalente al 89% del patrimonio; tampoco reiteró esa proporción como fundamento determinante de la sanción, puesto que, en dicho acto el Tribunal Disciplinario mantuvo el reproche referido a la ausencia de un pronunciamiento oportuno y destacó que las funciones de vigilancia y control de la revisora fiscal eran permanentes y no podían supeditarse a revisiones periódicas o trimestrales. En esos términos, la conducta que permaneció sancionada consistió en «no pronunciarse oportunamente ni ejercer las medidas de control pertinentes frente al tema de repos».
Así, la motivación definitiva no se limitó a la supuesta existencia de un déficit actual equivalente al 89% del patrimonio, sino que comprendió el volumen y la concentración de las operaciones repo, la advertencia sobre sus posibles efectos en la liquidez, el incremento próximo de las garantías, el conocimiento que la demandante tenía de esas circunstancias y la ausencia de un pronunciamiento independiente de la revisoría fiscal anterior a la toma de posesión.
En suma, las pruebas no demostraban que las operaciones repo estuvieran prohibidas ni que los clientes identificados en el Acta núm. 51 hubieran excedido el límite individual aplicable. Tampoco permitían considerar que los $117.159.031.338 correspondieran íntegramente a un déficit inmediatamente exigible, pues el acta distinguía entre los ajustes que debían atenderse en ese momento y aquellos cuya exigibilidad comenzaría el 3 de septiembre de 2012.
No obstante, el Acta núm. 51 sí acreditaba el elevado volumen y la concentración de las operaciones repo sobre acciones de Fabricato, el aumento próximo de las garantías y la advertencia expresa sobre sus efectos en la liquidez. A su vez, el informe de Value and Risk Rating S.A., aunque mantuvo la calificación AA+, registró niveles elevados de apalancamiento y un indicador negativo de riesgo de liquidez. Valorados conjuntamente, esos documentos demostraban la existencia de riesgos relevantes que exigían seguimiento y un pronunciamiento oportuno de la revisoría fiscal.
Por tanto, es claro para la Sala que la referida imprecisión no eliminaba los restantes fundamentos probatorios de la conducta sancionada ni tenía la entidad suficiente para desvirtuar la motivación de los actos acusados. En consecuencia, el argumento no prospera.
- Deber de informar a las autoridades sobre los riesgos financieros y los presuntos actos de corrupción
- Valoración de las versiones libres, los testimonios y los documentos relativos a la labor de revisoría fiscal
La actora sostuvo que la Junta Central de Contadores le reprochó no haber informado a las autoridades acerca de las dificultades financieras y de los presuntos actos de corrupción de los administradores de Interbolsa, sin demostrar que hubiera conocido tales hechos. Añadió que las resoluciones expedidas por la Superintendencia Financiera no atribuyeron la toma de posesión y liquidación de la comisionista a actos fraudulentos ni a omisiones de la revisoría fiscal.
La entidad demandada afirmó que la señora Castillo López no informó oportunamente las circunstancias que comprometían la continuidad de las sociedades, pese a que el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio imponía al revisor fiscal el deber de colaborar con las autoridades de inspección y vigilancia y rendirles los informes a que hubiera lugar.
Para resolver el argumento, la Sala distinguirá entre la omisión de informar los riesgos financieros advertidos en cada sociedad y la falta de denuncia de los presuntos actos de corrupción, pues se trata de conductas con objetos y presupuestos diferentes.
Los numerales 2 y 3 del artículo 207 del Código de Comercio establecían, respectivamente, que el revisor fiscal debía dar cuenta oportuna y por escrito a los órganos sociales de las irregularidades ocurridas en el funcionamiento de la sociedad o en el desarrollo de sus negocios, así como colaborar con las autoridades de inspección y vigilancia y rendirles los informes a que hubiera lugar o que le fueran solicitados. A su vez, los numerales 5 y 6 le imponían inspeccionar asiduamente los bienes y documentos sociales y solicitar la información necesaria para ejercer un control permanente sobre los valores de la sociedad.
Como se expuso, el auto de 25 de noviembre de 2013 atribuyó a la demandante, respecto de Interbolsa S.A., sociedad holding, no haber informado a las entidades de inspección, vigilancia y control acerca de la grave situación financiera que, según la Junta, le impedía continuar desarrollando su objeto social y obedecía a «presuntos actos de corrupción por parte de los órganos de administración». Frente a Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, le reprochó igualmente no haber comunicado la situación financiera y económica que afectaba su continuidad y condujo a ordenar su liquidación forzosa administrativa.
La Resolución núm. T-000-0137 de 2015 mantuvo ese reproche al concluir que la señora Castillo López «no emitió pronunciamiento en las situaciones de iliquidez [y] las graves dificultades financieras y económicas que atravesaban las sociedades INTERBOLSA
S.A. HOLDING e INTERBOLSA COMISIONISTA DE BOLSA S.A.». Por consiguiente,
corresponde establecer si se acreditó la falta de información oportuna a las autoridades respecto de los riesgos financieros de ambas sociedades y cuál fue la incidencia de la referencia a los presuntos actos de corrupción.
En relación con la comisionista, la Resolución núm. 1795 de 2 de noviembre de 201291 demuestra que la Superintendencia Financiera ordenó la toma de posesión porque la sociedad suspendió el pago de sus obligaciones al no poder atender, el día anterior, un crédito intradía por $20.000 millones y porque las alternativas planteadas no permitían superar inmediatamente la restricción de liquidez. Posteriormente, mediante la Resolución núm. 1812 de 7 de noviembre siguiente92, dispuso su liquidación forzosa administrativa debido a que persistían esas dificultades, no se había restablecido la confianza de los proveedores de recursos y la sociedad carecía de cupos intradía y overnight.
La demandante invocó esas decisiones para sostener que la Junta no las había valorado y que no tuvo oportunidad de informar sobre el incumplimiento del crédito intradía, pues este ocurrió el 1 de noviembre de 2012 y la toma de posesión fue ordenada al día siguiente. Sin embargo, este argumento no desvirtúa la conducta sancionada, por cuanto el reproche no consistió en que debiera anticipar ese incumplimiento específico ni prever la pérdida definitiva de las fuentes de financiación, sino en no haber informado oportunamente los riesgos financieros advertibles antes de la suspensión de pagos.
Como se estableció en el acápite precedente, antes de la toma de posesión existían elementos relacionados con el volumen y la concentración de las operaciones repo, el incremento de las garantías y su posible incidencia sobre la liquidez de la comisionista. Aunque esas circunstancias no demostraban que la sociedad necesariamente suspendería el pago de sus obligaciones, sí requerían seguimiento y una evaluación independiente por parte de la revisoría fiscal.
Pese a ello, en el expediente no obra un informe presentado por la señora Castillo López a la Superintendencia Financiera, antes del 2 de noviembre de 2012, en el que hubiera evaluado conjuntamente esos riesgos. Las comunicaciones remitidas por la administración a esa entidad y al Autorregulador del Mercado de Valores daban cuenta de las medidas adoptadas para atender los ajustes de garantías, pero no constituían informes de revisoría fiscal ni suplían el deber independiente de colaborar con las autoridades de inspección y vigilancia y rendirles los informes a que hubiera lugar, previsto en el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio.
Respecto de Interbolsa S.A., sociedad holding, está acreditado que en la comunicación de 7 de noviembre de 201293, recibida en la presidencia de la compañía el día 9 siguiente, la señora Castillo López informó al presidente de la compañía acerca del incremento de los préstamos a particulares y advirtió que esas operaciones representaban un riesgo porque no hacían parte de su objeto social. Posteriormente emitió informes los días 28
91 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 373EE434AAE316EB 1EAE8365CC7C066E 65C05B2E1BC3B2D3 60FEB86C731DFB11 denominado “ED_C01_01DemandaYAnexos (.pdf)”, págs. 213 – 221.
93 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 1BEC3DE02702F632 4932F7603F374AF8 23801FEF7BBF7A87 733DFF6CBFC19D5B denominado “ED_C12_01AnexosCuaderno8PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 32 – 35.
de noviembre94, 795, 2896 y 31 de diciembre de 201297, en los cuales expuso limitaciones en el acceso a la información, propuso provisiones y señaló que varios préstamos carecían de garantías suficientes, presentaban dificultades de recuperación o podían afectar la continuidad de la sociedad como negocio en marcha.
Estos documentos demuestran que la demandante informó a los órganos internos de la sociedad holding, pero no acreditan que hubiera comunicado esos riesgos a la Superintendencia de Sociedades. Además, salvo la comunicación de 7 de noviembre, fueron emitidos después de que esa autoridad abriera el proceso de reorganización mediante el Auto núm. 400-015955 de 16 de noviembre de 201298.
Como se concluyó al examinar los préstamos concedidos por la sociedad holding, algunas de esas operaciones se encontraban registradas desde agosto y septiembre de 2012, pero solo fueron advertidas por la revisoría fiscal después de la revisión de los estados financieros de septiembre. La fecha en que la administración entregó esa información explicaba la oportunidad de la revisión trimestral, pero no desvirtuaba la falta de mecanismos previos de inspección y solicitud de información ni acreditaba que los riesgos derivados de los préstamos hubieran sido comunicados oportunamente a la autoridad de supervisión.
De esta manera, las pruebas respaldaban la conclusión de la Junta acerca de la falta de información oportuna a las respectivas autoridades sobre los riesgos financieros de las dos sociedades: en la comisionista, los asociados con la concentración de las operaciones repo, el incremento de las garantías y su incidencia sobre la liquidez; y, en la sociedad holding, los derivados de los préstamos a particulares, su ajenidad al objeto social y la insuficiencia de algunas garantías.
En cuanto a los presuntos actos de corrupción, la Sala verifica que la expresión fue utilizada en el auto de cargos al describir la situación de Interbolsa S.A., sociedad holding, sin individualizar la conducta concreta de los administradores, la oportunidad en que habría sido conocida por la revisora fiscal ni la autoridad ante la cual debía denunciarla. Sin embargo, ese supuesto no fue mantenido como una conducta autónoma en la decisión definitiva.
En efecto, la Resolución núm. T-000-0137 de 2015 sustentó la responsabilidad en la falta de pronunciamiento oportuno sobre las situaciones de iliquidez y las dificultades financieras y económicas de ambas sociedades, así como en las inconsistencias relacionadas con los préstamos a particulares, pero no sancionó autónomamente a la demandante por conocer actos de corrupción y omitir su denuncia. Por ello, la falta de individualización de esos actos no tiene entidad suficiente para desvirtuar la motivación de la sanción.
En gracia de discusión, si se entendiera que la omisión de denunciar actos de corrupción hizo parte de la motivación de la sanción, la falta de individualización de esos hechos no
97 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 5E4C7A27F59460A1 F28720508A999263 097C878DA7C51FDE 13E101D219014584 denominado “ED_C14_01AnexosCuaderno10PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 185 – 193.
98 Mediante auto núm. 400-015955 obrante en: Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 7CBE029DF050E001 137BDFA54211F2D3 E9696F2B630AC79D 4E5DE5B9BAF0A479 denominado
“ED_C16_01AnexosCuaderno12PruebasYAnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentral DeContadores(.pdf)”, págs. 259 – 265.
tendría entidad anulatoria, pues la declaratoria de responsabilidad se sustentó también, de manera autónoma y suficiente, en la falta de vigilancia e información oportuna sobre los riesgos financieros de ambas sociedades.
Como corolario de lo anterior, el reparo de la demandante no prospera, puesto que, las pruebas demostraban la existencia de riesgos financieros relevantes respecto de ambas sociedades y la ausencia de informes oportunos de la revisoría fiscal a las correspondientes autoridades de supervisión. A su vez, aunque la Junta no individualizó los presuntos actos de corrupción mencionados en el pliego de cargos, esa referencia no constituyó un fundamento autónomo de la sanción confirmada mediante la Resolución núm. T-000-0137 de 2015 y, por ello, carece de incidencia sobre su legalidad.
La demandante sostuvo que la Junta Central de Contadores valoró fragmentariamente las pruebas, distorsionó las explicaciones ofrecidas en sus versiones libres y omitió examinar las declaraciones de Yolima Azucena Echeverría Buitrón y José Jairo Simbaqueva Valero, así como los documentos que daban cuenta de la metodología y de los procedimientos desarrollados por la revisoría fiscal. En concreto, cuestionó que la referencia a la revisión trimestral de los estados financieros hubiera sido interpretada como si toda la actividad de revisoría fiscal se ejerciera con esa periodicidad y sostuvo que esos elementos demostraban que la administración y la Gerencia de Riesgos controlaban permanentemente las operaciones, que la auditoría se ejecutó conforme a la metodología de Grant Thornton y que, antes de la intervención, no se habían advertido irregularidades contables que desvirtuaran la continuidad del negocio.
La entidad demandada afirmó que el material probatorio fue apreciado conjuntamente y que las referidas declaraciones no desvirtuaban la falta de vigilancia permanente ni la ausencia de pronunciamientos oportunos acerca de los préstamos concedidos por Interbolsa S.A., sociedad holding, y de los riesgos derivados de las operaciones repo de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa.
Sobre el particular, el artículo 141 de la Ley 734 de 200299 - aplicable supletoriamente al procedimiento disciplinario adelantado por la Junta Central de Contadores- disponía que
«[l]as pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica» y que en toda decisión motivada debía exponerse razonadamente el mérito atribuido a aquellas que sustentaban la determinación. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la valoración probatoria debe sujetarse a las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, las cuales impiden desconocer el contenido objetivo de los elementos de convicción o atribuirles un alcance que no se desprenda de ellos100.
La valoración conjunta no obliga a la autoridad disciplinaria a mencionar exhaustivamente cada documento o declaración, ni a acoger la interpretación propuesta por la defensa. Sin embargo, sí le impone confrontar los elementos favorables y desfavorables al
99 «ARTÍCULO 141. APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. // En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que ésta se fundamenta».
100 «El sistema de la sana crítica o persuasión racional […] obliga al juzgador a establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Estas reglas […] impiden que aquel razone a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente, de manera contra evidente o dé un alcance y extensión a la prueba que no se desprenda de ella». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de julio de 2017, radicación n.° 15001-23-33-000-2012-00271-01 (4327-2013), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
investigado y explicar por qué las pruebas de descargo no desvirtúan la imputación, especialmente cuando se relacionan directamente con la oportunidad, permanencia y alcance de la conducta reprochada.
En cuanto a las versiones libres, el numeral 3 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002 reconocía al investigado el derecho a «ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del fallo de primera instancia». Esta Corporación ha precisado que dicha diligencia constituye un medio de defensa y no una prueba, pues no se recibe bajo juramento y se encuentra amparada por el derecho a no autoincriminarse. No obstante, tratándose de la versión rendida por el propio disciplinado, las explicaciones ofrecidas deben ser consideradas y contrastadas con el material probatorio101:
Sobre la naturaleza de la versión libre, el artículo 92 de la Ley 734 de 2002 la cataloga como el derecho que le asiste al disciplinado a ser escuchado en cualquier etapa de la actuación y hasta antes de adoptarse la decisión de instancia. La finalidad de la misma consiste en que el implicado manifieste su inconformidad frente a la apertura de una indagación preliminar o ante una eventual acusación, relate su visión de los acontecimientos por los cuales se le investiga o bien, admita su responsabilidad a través de la confesión.
Por tal razón, la versión libre no es un medio probatorio, y en contraste, es un instrumento de defensa […] a través del cual puede ejercer la contradicción frente a la actuación disciplinaria adelantada en su contra. Al tener este carácter, no es obligatorio rendirla y si decide hacerlo, la misma debe ser recepcionada libre de apremios de juramento u otra coacción, pues es claro que se debe garantizar el derecho de no autoincriminación.
[…] En cuanto a su propia versión, es claro que constituye un medio de defensa válido y es preciso valorarla con los demás medios probatorios.
En las versiones rendidas el 24 de septiembre de 2013 y el 12 de junio de 2014102, la señora Castillo López distinguió las situaciones relacionadas con cada sociedad. Respecto de Interbolsa S.A., sociedad holding, explicó que conoció los préstamos cuando recibió los estados financieros de septiembre de 2012, al finalizar octubre, y que comunicó sus observaciones a la administración el 7 de noviembre siguiente. En cuanto a la comisionista, manifestó que la suma consignada en el Acta núm. 51 correspondía a garantías exigibles en fechas posteriores y no a un déficit ya materializado por $117.159 millones; además, sostuvo que los clientes allí relacionados no habían excedido individualmente el límite del 30% del patrimonio técnico.
El alcance probatorio de esas explicaciones fue examinado en los numerales 3.4.2.2 y
3.4.2.3 de esta providencia. Como allí se concluyó, las versiones permitían identificar la postura defensiva de la investigada, pero no demostraban, por sí solas, la oportunidad y suficiencia del control ejercido frente a los préstamos de la sociedad holding y a los riesgos asociados a las operaciones repo de la comisionista.
Distinta consideración merece la afirmación contenida en la Resolución núm. 000-1633 de 2014 según la cual la señora Castillo López ejercía su función «esporádicamente cada tres meses». En sus descargos indicó que «nuestra revisión trimestral de estados
101 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 24 de mayo de 2017, radicación n.° 1001-03-25-000-2011-00588-00(2264-11), C.P. William Hernández Gómez.
102 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado AD9652F44B7CA94B AF9F7DE56B9505AA 429E9783E315FECE BC2CA1E6A6F636EE denominado “ED_C02_29OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)”, págs. 27-32 y 47-51.
financieros se hacía posterior a su transmisión», expresión que se refería a los estados financieros correspondientes a esos cortes y no a la periodicidad de todas las actividades de revisoría fiscal. Por tanto, la decisión inicial atribuyó a esa manifestación un alcance que no se desprendía de su contenido literal.
Los testimonios recaudados durante el procedimiento disciplinario corroboran que la labor desarrollada no se limitaba a los cierres trimestrales. La señora Yolima Azucena Echeverría Buitrón104, integrante del equipo de Grant Thornton y especialista en riesgos, explicó que la Gerencia de Riesgos monitoreaba diariamente las operaciones y que la revisoría fiscal evaluaba las políticas, los procedimientos y los controles implementados para administrarlas, sin intervenir en las decisiones estratégicas de la comisionista. No obstante, también manifestó que la evaluación de los riesgos de mercado y liquidez correspondiente a 2012, programada para octubre, no pudo concluirse porque la información solicitada no fue entregada antes de la intervención105:
En el año 2012, de acuerdo con el plan de trabajo que presentó la revisoría fiscal este trabajo estaba previsto para el mes de octubre, se envió la solicitud de información a la Gerencia de Riesgos […] pero la Gerencia de Riesgos no nos entregó la información para efectuar la evaluación, no alcanzamos a obtener respuesta porque en el mes de noviembre de 2012 se presentó la intervención y ya no tuvimos acceso a las instalaciones. […] [N]o se evalúan los riesgos de mercado porque ese no es el alcance de la revisoría fiscal […]. La función del revisor fiscal es evaluar el sistema que implementan las entidades para evitar los riesgos de mercado […]. La revisoría fiscal no [incide] en las decisiones estratégicas de la administración ni cuestiona los objetivos que ella tenga sobre los negocios que vaya a hacer.
Por su parte, el señor José Jairo Simbaqueva Valero, gerente de auditoría de Grant Thornton, señaló que la metodología aplicada comprendía la planeación, el conocimiento del negocio, la evaluación de riesgos, el examen del control interno y la práctica de pruebas sustantivas. Asimismo, afirmó que esa labor se desarrollaba permanentemente, aunque reconoció que los préstamos a terceros surgieron durante el tercer trimestre y que la revisión de los estados financieros correspondientes se efectuó después de su cierre106:
[…] [E]ste trabajo se desarrolla de manera permanente para concluir al final del año en la emisión de un dictamen y de la opinión del revisor fiscal sobre la razonabilidad de los estados financieros […]. [N]uestra revisión de ese estado financiero del tercer trimestre se hace en una fecha posterior al cierre del trimestre, es decir, 30 días después de cerrado el trimestre, por lo tanto a la revisoría fiscal le era imposible conocer en una fecha anterior al corte mencionado si habían préstamos a terceros.
En la ampliación de su declaración de 27 de octubre de 2014107, el mismo testigo reiteró que el trabajo fue planeado y ejecutado conforme a la metodología de Grant Thornton y
103 En sus descargos indicó: «nuestra revisión trimestral de estados financieros se hacía posterior a su transmisión en razón a que los mismos eran suministrados por la Administración el mismo día de su vencimiento» (negrillas fuera del texto original).
104 La valoración de este testimonio junto con el del señor José Jairo Simbaqueva Valero, en virtud de su vinculación con la empresa Grant Thornton se realiza de manera más rigurosa, en conjunto con las demás pruebas obrantes en el expediente.
105 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado AD9652F44B7CA94B AF9F7DE56B9505AA 429E9783E315FECE BC2CA1E6A6F636EE denominado “ED_C02_29OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)”, págs. 52-59.
107 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado C2B77D3AD1112449 425C63ADD5FACF27 7386E75FADC054AA C6F42B614B39C0E4 denominado “ED_C06_01AnexosCuaderno2PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 392-398.
cuestionó que se valorara la actuación de la revisoría fiscal a partir de información producida después de la intervención y durante la liquidación. Asimismo, manifestó que, mientras las sociedades operaron como negocio en marcha, los hallazgos identificados fueron comunicados mediante memorandos y cartas de control interno.
Sobre tales manifestaciones, se advierte que la vinculación de estos declarantes con Grant Thornton no permitía descartar sus testimonios de plano, pero exigía apreciarlos con mayor rigor y confrontarlos con las demás pruebas. En efecto, esta Corporación ha señalado que la relación del testigo con una de las partes puede hacerlo sospechoso, pero no priva automáticamente de mérito a su declaración, cuya credibilidad debe establecerse a partir de su contenido y de su concordancia con los restantes elementos del expediente108.
Examinadas de ese modo, para la Sala es claro que las declaraciones demuestran que existían una metodología, un equipo de auditoría y procedimientos diferentes de la revisión trimestral de los estados financieros; además, respaldan la explicación de que la revisoría fiscal no administraba directamente los riesgos ni adoptaba las decisiones empresariales. Sin embargo, también acreditan que la evaluación de los riesgos de mercado y liquidez programada para octubre de 2012 no concluyó y que los préstamos concedidos durante el tercer trimestre fueron examinados después de su cierre. Por consiguiente, no desvirtúan la falta de pronunciamientos específicos y oportunos sobre las situaciones examinadas en los acápites precedentes.
Los documentos obrantes en el expediente conducen a una conclusión semejante. Los memorandos de control interno de 21 de septiembre y 12 de octubre de 2012, relativos a la comisionista, dan cuenta de procedimientos relacionados con cuentas por cobrar, conciliaciones bancarias, saldos de clientes, cuentas fiduciarias y partidas pendientes de depuración; por su parte, las comunicaciones de 7 de noviembre y 31 de diciembre del mismo año demuestran que la revisora fiscal examinó los préstamos concedidos por la sociedad holding e informó posteriormente sus observaciones a la administración109.
El concepto técnico-contable de septiembre de 2014 también dejó constancia de que, durante la visita a Grant Thornton, se encontraron un informe de planeación, programas de auditoría, cartas de control interno, un programa para el ciclo de inversiones e intermediación y papeles de trabajo elaborados conforme a la metodología de la firma110. Por tanto, el expediente no permitía sostener que la demandante hubiera permanecido completamente inactiva entre los cierres trimestrales. No obstante, también es claro que
108 Sobre la valoración del testigo sospechoso, el Consejo de Estado ha señalado que los vínculos de parentesco, amistad, dependencia o interés con alguna de las partes no permiten descartar de plano la declaración, sino que exigen examinarla con mayor rigor, conforme a las reglas de la sana crítica y en conjunto con las demás pruebas. Véanse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de septiembre de 2010, radicación n.° 11001-03-24-000-2007-00191-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de julio de 2016, radicación n.° 41001-23-31-000-1999-00987-01 (36932), C.P. Hernán Andrade Rincón.
109 Los memorandos de control interno de 21 de septiembre y 12 de octubre de 2012 obran en: Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 2A015F75ECBD70B6 D34EF0A08A9C62D2 3CE5F0FF0E4F03E5 A6D1ED6D8D18482C denominado “ED_C09_01AnexosCuaderno5PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 134-154. Las comunicaciones de 7 de noviembre y 31 de diciembre de 2012 obran, respectivamente, en: Samai, índice 52, documentos electrónicos denominados “ED_C12_01AnexosCuaderno8PruebasYAnexosCopia ExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 32-35, y “ED_C14_01AnexosCuaderno10PruebasYAnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentral DeContadores(.pdf)”, págs. 185-193.
110 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado C2B77D3AD1112449 425C63ADD5FACF27 7386E75FADC054AA C6F42B614B39C0E4 denominado “ED_C06_01AnexosCuaderno2PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 339-356.
la existencia de una metodología o la práctica de procedimientos generales no demostraban que las situaciones concretas materia de reproche hubieran sido examinadas e informadas con la oportunidad exigida.
Tampoco la afirmación del señor Simbaqueva Valero, según la cual antes del 1 de noviembre de 2012 la información disponible permitía considerar a la comisionista como negocio en marcha, desvirtuaba los riesgos advertidos durante los meses anteriores. Como se explicó en los acápites precedentes, las medidas de intervención y liquidación no demostraban retrospectivamente que la revisora fiscal conociera con antelación la imposibilidad de pagar el crédito intradía o la inviabilidad definitiva de la sociedad; sin embargo, la continuidad del negocio no era incompatible con la existencia de riesgos de concentración, garantías y liquidez que requerían vigilancia. Además, el cargo que subsistió no se fundó en la falta de correspondencia entre los estados financieros y los libros oficiales, pues esa imputación fue expresamente desvirtuada en la Resolución núm. 000-1633 de 2014.
Durante el trámite de este proceso declararon los señores Germán Sáenz González y Ángela Patricia Carreño Mora. Aunque sus testimonios, por ser posteriores a los actos demandados, no pueden suplir la motivación ni las pruebas de la actuación disciplinaria, sí pueden ser considerados para esclarecer el alcance de los documentos examinados por la Junta.
Con este lindero, se observa que el señor Sáenz González, socio de Grant Thornton y director general del trabajo de revisoría fiscal, explicó que la firma aplicaba una metodología que comprendía actividades de planeación, evaluación de riesgos y validación de la información, y manifestó que los estados financieros eran tramitados mensualmente. Sin embargo, al ser interrogado sobre los pronunciamientos efectuados antes de la intervención, respondió que no le constaba si la señora Castillo López había convocado una reunión extraordinaria del órgano social o si en los dictámenes se habían advertido algunos de los riesgos examinados112.
A su turno, la señora Ángela Patricia Carreño Mora, integrante del grupo que practicó las visitas de inspección y elaboró el concepto técnico-contable de septiembre de 2014, explicó que el informe se preparó después de la intervención, con fundamento en los documentos encontrados durante las visitas y en la información suministrada por las autoridades de supervisión. Indicó que el propósito no consistía en efectuar una nueva auditoría, sino en verificar si existían pronunciamientos oportunos de la revisoría fiscal sobre las situaciones examinadas, y manifestó que dentro del conjunto documental inspeccionado no encontraron informes ni actas en los que aquella hubiera advertido los
111 Su vinculación con Grant Thornton no permite descartar de plano el testimonio, pero exige contrastarlo rigurosamente con los restantes medios de prueba.
112 «Preguntado: Sírvase indicar con qué periodicidad la señora Ulfany Castillo López intervenía en la revisión o trámite de la información financiera de Interbolsa y si le consta que hubiera convocado una asamblea extraordinaria, advertido en sus dictámenes los riesgos de iliquidez derivados de inversiones en el exterior o considerado los antecedentes registrados por el Autorregulador del Mercado de Valores. Contestó: La señora Ulfany Castillo tramitaba mensualmente los estados financieros. En cuanto a si convocó una asamblea extraordinaria para poner en conocimiento la situación financiera de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, no me consta. Tampoco me consta si en los dictámenes se advirtieron los riesgos de iliquidez relacionados con inversiones en el exterior o si se tuvieron en cuenta los antecedentes registrados por el autorregulador. En los años 2011 y 2012 no se hizo una evaluación específica de riesgos por tratarse de un cliente recurrente; esa evaluación se programaba de acuerdo con el conocimiento que se tenía del cliente». Registro audiovisual de la audiencia de pruebas celebrada el 7 de diciembre de 2018, obrante en la carpeta “CD 5 Folio 447.zip”, archivo denominado “201748.mp3”, min. 7:11 a 52:07.
problemas de liquidez y los riesgos relacionados con las operaciones repo. En relación con los resultados de esa verificación declaró113:
Preguntado: Sírvase explicar qué antecedentes regulatorios fueron identificados, qué documentación examinó durante la visita practicada a Interbolsa y si encontró informes o actas en los que la revisora fiscal hubiera advertido acerca de los problemas de liquidez, las obligaciones con los comisionistas o los riesgos existentes en la organización. Contestó: Desde antes de la intervención existían antecedentes de la Superintendencia Financiera y del Autorregulador del Mercado de Valores relacionados con irregularidades en el manejo de los recursos. Durante la visita in situ no encontramos informes ni actas de reuniones en los que la señora Ulfany Castillo hubiera advertido el problema de iliquidez. Tampoco encontramos que hubiera reportado que a los comisionistas no se les habían pagado sus comisiones ni que estas obligaciones no estaban registradas en la contabilidad. Esas comisiones se llevaban en unas tablas de Excel distintas de los libros contables y, por esa razón, los comisionistas tuvieron que presentarse en el proceso de liquidación. En los dictámenes tampoco encontramos advertencias sobre la falta de liquidez para atender los sobregiros bancarios, pese a que se acudía regularmente a préstamos intradía y existían antecedentes del autorregulador relacionados con las operaciones repo.
Esta declaración acreditaba el resultado de la revisión documental realizada por los profesionales comisionados, pero no demostraba la inexistencia absoluta de cualquier actividad de la revisoría fiscal, pues en el expediente reposaban memorandos, papeles de trabajo y comunicaciones emitidos durante 2012. La cuestión relevante no consistía, entonces, en establecer si hubo alguna actuación, sino en determinar si los documentos encontrados se referían a los riesgos materia de reproche y si fueron emitidos oportunamente, asuntos examinados en los numerales anteriores.
A partir de esta confrontación, la Sala advierte que la Resolución núm. 000-1633 de 2014 no examinó individualmente las declaraciones de los señores Echeverría Buitrón y Simbaqueva Valero y atribuyó un alcance excesivo a la referencia de la investigada a la revisión trimestral de los estados financieros. Sin embargo, al resolver el recurso de reposición, la Resolución núm. T-000-0137 de 2015 precisó que la responsabilidad se fundaba en el ejercicio de un control «parcializado e inoportuno» y señaló expresamente que el Tribunal había estudiado los documentos recaudados, así como los argumentos y elementos aportados por la defensa, «valorándolos de manera conjunta como un solo acervo probatorio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica».
La falta de un examen individual de esos elementos no demuestra que su consideración hubiera conducido a una decisión diferente, pues las razones de la sanción encuentran respaldo en el material probatorio recaudado. Aunque los testimonios y documentos acreditaban la existencia de una metodología, un equipo de trabajo y actividades de auditoría durante 2012, no desvirtuaban que: (i) la evaluación de los riesgos de mercado y liquidez no concluyó antes de la intervención; (ii) los préstamos concedidos por la sociedad holding fueron examinados después del cierre del tercer trimestre; y (iii) no se acreditó un pronunciamiento previo y específico de la revisoría fiscal sobre los riesgos asociados a la concentración de las operaciones repo y al incremento de las garantías.
Además, si bien esa decisión tampoco examinó separadamente cada uno de los testimonios invocados por la defensa, tal circunstancia no demuestra que hubieran sido omitidos, especialmente porque la Resolución núm. T-000-0137 de 2015 señaló que el material probatorio fue valorado conjuntamente y fundó la responsabilidad, no en la
113 Ibidem, min. 52:25 a 1:58:56.
ausencia absoluta de actividad entre los cierres contables, sino en la falta de oportunidad y suficiencia de la vigilancia ejercida frente a las situaciones imputadas.
Por tanto, habida cuenta de que las versiones libres, los testimonios y los documentos invocados por la demandante no desvirtúan las omisiones establecidas en los acápites precedentes, el argumento relacionado con la valoración fragmentaria del material probatorio no está llamado a prosperar.
- Sustento probatorio de la imputación dolosa
La demandante sostuvo que «no podía ser sancionada a título de dolo sin soporte probatorio alguno» y que no existía prueba que condujera a la certeza sobre las conductas imputadas y su responsabilidad. Con ese alcance, afirmó que la decisión desconoció la presunción de inocencia, la prohibición de responsabilidad objetiva y la exigencia de certeza previstas en los artículos 9, 13 y 142 de la Ley 734 de 2002.
Por su parte, la entidad demandada manifestó que la responsabilidad disciplinaria se fundó en el conjunto de pruebas recaudadas en el expediente núm. 2012-117 y en el incumplimiento de los deberes de diligencia, vigilancia, control e información inherentes a la revisoría fiscal.
Sobre la culpabilidad, debe precisarse que, el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, aplicable supletoriamente al procedimiento disciplinario adelantado por la Junta Central de Contadores, disponía que «[e]n materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva» y que las faltas únicamente eran sancionables a título de dolo o culpa114. Por consiguiente, la responsabilidad no podía derivarse exclusivamente de la existencia objetiva de una infracción o de sus consecuencias, sino que debía establecerse la modalidad subjetiva bajo la cual actuó la disciplinada.
Sobre el contenido de estas modalidades, ni la Ley 43 de 1990 ni la Ley 734 de 2002 definieron el dolo. Por ello, en virtud de la integración normativa prevista en el artículo 21115 de este último estatuto, resultaba procedente acudir al artículo 22 del Código Penal, conforme al cual la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción y quiere su realización, o cuando la prevé como probable y deja su no producción librada al azar116. De esa definición se desprenden un componente cognitivo,
114 «ARTÍCULO 13. CULPABILIDAD. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».
115 «ARTÍCULO 21. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario».
116 Así lo ha entendido la Corporación en asuntos con contornos fácticos similares: «El contenido de los grados de culpabilidad sancionables en materia disciplinaria -dolo y culpa- puede establecerse, como lo ha definido previamente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para el dolo atendiendo al Código Penal -por remisión expresa del artículo 21 de la Ley 734 de 2002- y para la culpa de conformidad con el artículo 44 -parágrafo- de la Ley 734 de 2002, en el cual se definen los conceptos de culpa gravísima - ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento- y culpa grave -inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones-. […] cuando en una decisión de la autoridad disciplinaria no existe referencia alguna a la valoración subjetiva de la conducta del sujeto disciplinable, en otras palabras, cuando se estructura la responsabilidad sin un estudio por lo menos formal de la culpabilidad, estamos ante una aplicación de responsabilidad objetiva prohibida por el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 y, en ese mismo orden, cuando
referido al conocimiento de los hechos y de la ilicitud, y uno volitivo, relacionado con la decisión de realizar la conducta contraria al deber.
La culpa, en cambio, se estructura por la infracción del deber objetivo de cuidado, cuando el resultado era previsible y el sujeto debía preverlo o, habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. En este sentido, el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 calificaba como gravísima la culpa derivada de la ignorancia supina, la desatención elemental o la violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, y como grave aquella originada en la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona imprime a sus actuaciones.
Tratándose de conductas omisivas, el dolo no exige demostrar un propósito de causar daño, obtener un beneficio o favorecer a un tercero. Lo relevante es establecer que el sujeto conocía la situación que activaba su deber, se encontraba en posibilidad de actuar y, pese a ello, decidió abstenerse de realizar la conducta exigida. Al respecto, esta Corporación ha explicado117:
[…] el componente volitivo del dolo […] no puede entenderse como la mala fe con la que actuó el disciplinado sino como un vínculo entre lo que este representó en su mente y lo acontecido en la realidad. Además, es necesario distinguir entre las conductas activas y omisivas, porque en las últimas, la demostración de la intención hacia la realización del comportamiento dependerá del predominio del elemento cognitivo. En ese sentido, la voluntad no juega un rol esencial en su estructuración, porque la abstención de hacer lo que se debe comportaría la configuración del dolo en su modalidad eventual (subrayas y negrillas fuera de texto).
Asimismo, salvo que exista confesión, el conocimiento y la voluntad difícilmente pueden acreditarse mediante prueba directa, por lo que resulta admisible inferirlos a partir de las circunstancias demostradas en el proceso. Para ese propósito, la jurisprudencia ha identificado indicios de aptitud, relacionados con la formación, experiencia y capacidad del disciplinado; de actitud, vinculados con su comportamiento anterior, concomitante y posterior; y de comprensión valorativa, referidos a la claridad del deber y a la posibilidad de comprender la ilicitud de la conducta118:
[…] salvo que se presente una confesión, y que esta se encuentre corroborada con lo probado con otros medios en el trámite, resulta casi imposible que exista una prueba directa de lo que conocía el sujeto y de cuál era su voluntad, por lo tanto, su comprobación dependerá de pruebas indirectas o indiciarias. […] Indicios de aptitud: tienen como propósito definir la capacidad que tenía el disciplinado para no haber cometido la falta […]. Indicios de actitud: están referidos a la planeación y anticipación de situaciones futuras […]. Indicios de comprensión valorativa: se refieren a la conciencia potencial de la ilicitud […].
a pesar del estudio formal de la culpabilidad de las pruebas del expediente se desprende que la conducta no fue cometida dentro de los grados de culpa descritos por la ley, estamos ante la ausencia de culpabilidad en los términos del artículo 44 -parágrafo- de la Ley 734 de 2002». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de julio de 2017, radicación n.° 15001-23-33-000-2012-00271-01 (4327-2013), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
117 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de septiembre de 2019, radicación núm. 11001-03-25-000-2012-00490-00 (1972-12), C. P. William Hernández Gómez.
118 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de septiembre de 2019, radicación n.° 11001-03-25-000-2012-00490-00 (1972-2012), C. P. William Hernández Gómez
En el presente caso, la Resolución núm. 000-1633 de 2014 calificó la conducta como grave y dolosa, porque los investigados, «en virtud de su conocimiento en la actividad contable», comprometieron su capacidad profesional y favorecieron intereses particulares119. Al resolver el recurso de reposición, la Resolución núm. T-000-0137 de 2015 precisó que la imputación subjetiva recaía sobre la omisión consciente de ejercer oportunamente las funciones de vigilancia y control, en los siguientes términos:
[…] la falta atribuida a título de DOLO fue endilgada a la Revisora Fiscal Delegada al comprobarse que, pese a sus conocimientos profesionales y a su deber de previsión y diligencia, pretermitió cumplir con los lineamientos contenidos en los numerales 6, 7, 10, 37.4, 37.6 y 70 de la Ley 43 de 1990[,] esto es[,] observar los principios generalmente aceptados en Colombia, las normas de auditoría generalmente aceptadas, la responsabilidad en las actuaciones propias a su profesión, la observancia de otras disposiciones, la conducta ética que acredite la profesión y garantizar la confianza en sus dictámenes y/o opiniones, y a pesar de ello, la disciplinada no emitió pronunciamiento en las situaciones de iliquidez, las graves dificultades financieras y económicas que atravesaban las sociedades INTERBOLSA
S.A. HOLDING e INTERBOLSA COMISIONISTA DE BOLSA S.A. […]. En los mismos
términos, no [se pronunció] respecto de las diferencias e inconsistencias presentadas en las cifras relacionadas con préstamos a particulares ni [ejerció] oportunamente el control y vigilancia sobre estos aspectos.
Para sustentar esa conclusión, el Tribunal Disciplinario atribuyó a la Sentencia C-948 de 2002120 una consideración según la cual el dolo comprendía la «previsión efectiva» del resultado contrario a derecho121. La Sala advierte que ese planteamiento fue consignado en la síntesis del concepto rendido por el Ministerio Público y no corresponde a una regla adoptada por la Corte Constitucional, que en esa providencia se limitó a estarse a lo resuelto en la Sentencia C-155 de 2002 respecto del artículo 13 de la Ley 734 de 2002. Esta imprecisión -que no fue formulada como reproche autónomo en la demanda- no determina la nulidad de los actos, pues la calificación dolosa no se sustentó exclusivamente en esa referencia, sino también en las circunstancias y pruebas examinadas por la Junta.
Precisado lo anterior, la Sala considera que la imputación subjetiva no se fundó únicamente en la formación profesional de la señora Castillo López ni en la posterior crisis de Interbolsa. Como se estableció en los acápites precedentes, el expediente contenía elementos relacionados con su aptitud profesional, el conocimiento efectivo de las operaciones examinadas, la claridad de los deberes y las razones por las cuales se abstuvo de emitir determinados pronunciamientos.
En primer lugar, está acreditado que la contadora Castillo López ejerció como revisora fiscal delegada de ambas sociedades durante los años 2010, 2011 y 2012. Por tanto, su
119 «En el caso que nos ocupa, el comportamiento que vulnera la ética profesional se puede calificar como GRAVE […] a título de DOLO como consecuencia del actuar profesional de los Contadores Públicos ULFANY CASTILLO LÓPEZ y CARLOS ALBERTO POSADA GONZÁLEZ [y de la] sociedad de revisoría fiscal GRANT THORNTON […], quienes en virtud de su conocimiento en la actividad contable, conforme a las normas legales, comprometieron su capacidad calificada, favoreciendo intereses particulares, en perjuicio de la confianza pública, del patrimonio de los particulares y del propio Estado […]».
120 Corte Constitucional, Sentencia C-948 de 6 de noviembre de 2002, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
121 En la resolución se citó como fundamento lo siguiente: «La idea de dolo en el derecho disciplinario no está referida únicamente a los aspectos de conocimiento y voluntad, sino que se resuelve en el concepto de previsión efectiva; de este modo, la previsibilidad se considera el antecedente lógico y psicológico para evitar un resultado contrario a derecho y no deseado. La culpa en el derecho disciplinario no se genera por negligencia, impericia [o] imprudencia, como en el derecho penal, sino que obedece a la noción de diligencia exigible a quien desempeña funciones públicas, en razón de su especial deber de sujeción para con el Estado».
formación, experiencia y permanencia en el cargo demostraban su capacidad para comprender los riesgos contables y financieros y conocer los deberes de inspección, vigilancia e información previstos en el artículo 207 del Código de Comercio y en la Ley 43 de 1990.
Si bien la experiencia profesional no demostraba, por sí sola, el dolo, lo cierto es que constituía un indicio de aptitud que debía valorarse con los restantes elementos de prueba. En particular, los memorandos emitidos antes de la intervención mostraban que la revisora fiscal conocía los mecanismos disponibles para comunicar hallazgos y solicitar correctivos, pues había informado a la administración sobre saldos negativos en cuentas de clientes, deficiencias en conciliaciones bancarias, recursos pendientes de invertir y riesgos relacionados con el manejo de bienes de terceros122.
En igual sentido, la carta de compromiso de 9 de julio de 2012123, mediante la cual la firma Grant Thornton Ulloa Garzón definió el alcance de la auditoría de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa para ese ejercicio, estableció expresamente la responsabilidad de comunicar a la junta directiva y a la administración las deficiencias materiales de control interno conocidas durante la auditoría, así como los fraudes que involucraran a la alta gerencia, las actuaciones ilegales y las dificultades relevantes advertidas durante el encargo. Por tanto, la demandante conocía que el deber de informar los hallazgos relevantes no se agotaba con la emisión del dictamen anual.
En segundo lugar, respecto de la comisionista, la hoja de trabajo denominada
«Cumplimiento de límites operaciones repos», elaborada el 1 de agosto de 2012124, demuestra que la señora Castillo López examinó la cuantía de las exposiciones individuales, identificó a los diez clientes con mayores compromisos y estableció el límite correspondiente al 30%125 del patrimonio técnico. Aunque el documento concluyó que
122 En orden cronológico, obran en el expediente: (i) la revisión con corte a 31 de agosto de 2010, en la que la revisoría fiscal advirtió la existencia recurrente de saldos negativos en las cuentas de clientes y recomendó establecer controles para evitar que sus recursos fueran utilizados en operaciones propias o de otros clientes, obrante en: Samai, índice 52, documento electrónico denominado “ED_C13_01AnexosCuadern9PruebasYAnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralD eContadores(.pdf)”, págs. 59-64; (ii) la revisión con corte a 31 de diciembre de 2010, en la que reiteró esas observaciones y recomendaciones, ibidem, págs. 17-24; (iii) el memorando de 7 de octubre de 2011, relativo a los procedimientos para la administración de portafolios de terceros, en el cual señaló deficiencias en los contratos, las conciliaciones bancarias y el registro de las comisiones, obrante en: Samai, índice 52, documento electrónico denominado “ED_C12_01AnexosCuaderno8PruebasYAnexosCopia ExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 291-297; (iv) el memorando de 28 de diciembre de 2011, en el que informó nuevamente saldos negativos en las cuentas de clientes y recomendó fortalecer los controles sobre la disponibilidad y separación de sus recursos, obrante en: Samai, índice 52, documento electrónico denominado “ED_C09_01AnexosCuaderno5PruebasYAnexosCopia ExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 121-132; (v) el memorando de 21 de septiembre de 2012, mediante el cual comunicó cuentas por cobrar sin provisionar y diferencias entre las cuentas de contratos de comisión y las cuentas fiduciarias de clientes, ibidem, págs. 144-154; y
(vi) el memorando de 12 de octubre de 2012, en el que advirtió la existencia de recursos pendientes de invertir, saldos negativos, faltantes en la disponibilidad de recursos y diferencias contables que requerían conciliación y fortalecimiento de los controles, ibidem, págs. 134-143.
123 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado CB56DDD5B0B70AA9 A6C32BD23EB0A805 756A85B07BACF6C7 23EE1D95D77F1140 denominado “ED_C10_01AnexosCuaderno6PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 236 - 241.
124 Samai, índice 52, carpeta comprimida con certificado 15599E2438DC7D8B C7FA063B5FB9FB73 CFAE61A2C969AAF2 475E317AAE0D2DEF denominada “ED_C02_CD2Folio258Anexos DeLaDemanda(.zip)”, carpeta “CD 2 Folio 258”, archivo “Limites Operaciones Repo 30 junio 2012.xlsx”. 125 Bolsa de Valores de Colombia, Circular Única, artículo 3.3.6.1, numeral 3, literal a), subliteral ii): «Una sociedad comisionista de bolsa no podrá mantener por cuenta de un mismo tercero, compromisos de recompra y operaciones a plazo y operaciones TTV sobre valores de Renta Variable, que sumadas superen los siguientes límites: […] ii. 30% del último patrimonio técnico tratándose de terceros personas naturales
ninguno de ellos excedía individualmente ese límite, sí acreditaba que la concentración de las operaciones repo y la magnitud de las exposiciones habían sido objeto de examen por parte de la revisoría fiscal.
A ello se suma que, en la ampliación de su versión de 12 de junio de 2014, la señora Castillo López afirmó haber realizado seguimiento a los ajustes de garantías exigidos sobre las acciones de Fabricato, Odinsa, Enka y Corficol, con fundamento en las comunicaciones remitidas por la administración a la Superintendencia Financiera y al Autorregulador del Mercado de Valores. En sus palabras, señaló126:
Dejo constancia que como revisora fiscal de Interbolsa realicé seguimiento al ajuste de garantías requerido por la Bolsa de Valores de Colombia […] lo cual se evidencia en las comunicaciones que me suministró la administración de Interbolsa con destino a la Superintendencia Financiera y al Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV-.
De esta manera, el conocimiento de las operaciones repo y del seguimiento efectuado a sus garantías no fue inferido únicamente de la condición profesional de la demandante, sino de sus propios papeles de trabajo y explicaciones.
Adicionalmente, aunque no obra constancia de que la señora Castillo López hubiera asistido a la sesión de junta directiva documentada en el Acta núm. 51 de 25 de julio de 2012, allí se registró la concentración de las operaciones repo sobre acciones de Fabricato, el volumen de los repos pasivos frente al mercado y la advertencia de la junta directiva acerca de sus efectos sobre la liquidez127:
[…] los señores directores aprueban esta ampliación no sin antes solicitarle a la administración un cuidado mayor al tema de los repos, se debe replantear una vez el mercado lo permita el volumen y concentración en esta línea del negocio, porque independiente de lo rentable el riesgo en momentos coyunturales es muy alto y compromete la liquidez de la compañía (negrillas fuera del texto original).
El acta, considerada aisladamente, no acreditaba que la demandante hubiera conocido su contenido en la fecha de la reunión, sin embargo, demostraba la existencia objetiva del riesgo. A su vez, la hoja de trabajo elaborada el 1 de agosto siguiente y el seguimiento reconocido por la demandante demostraban que tales operaciones se encontraban dentro de los asuntos examinados por la revisoría fiscal.
El elemento de mayor relevancia para establecer la razón por la cual no se produjo un pronunciamiento se encuentra en la explicación suministrada por la señora Castillo López en su versión libre de 24 de septiembre de 2013, quien al ser interrogada sobre lo consignado en el Acta núm. 51, manifestó128:
La revisoría fiscal no hizo ningún pronunciamiento porque se evidencia en las actas que este tema era de conocimiento de la junta directiva, del comité de
o jurídicas que no sean vigilados por la Superintendencia Financiera». Documento aportado como anexo de la demanda denominado “Circular Única Bolsa Valores Colombia.pdf”.
126 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado AD9652F44B7CA94B AF9F7DE56B9505AA 429E9783E315FECE BC2CA1E6A6F636EE denominado “ED_C02_29OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)”, págs. 27 - 32.
127 Samai, índice 52, carpeta comprimida denominada “ED_C02_CD2Folio258AnexosDeLa Demanda(.zip)”, carpeta “CD 2 Folio 258”, archivo “Acta JD No.51 25 julio 12.pdf”.
128 Samai, índice 52, documento electrónico con certificado AD9652F44B7CA94B AF9F7DE56B9505AA 429E9783E315FECE BC2CA1E6A6F636EE denominado “ED_C02_29OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)”, págs. 47 - 51.
riesgos, del contralor normativo y era una situación que la sociedad estaba tomando acciones para mitigar los posibles riesgos derivados de este tipo de operaciones (negrillas fuera del texto original).
Así las cosas, aunque la versión libre no constituye una prueba autónoma, esa explicación, proveniente de la propia investigada, debía contrastarse con los restantes elementos del expediente. Apreciada junto con la hoja de trabajo de 1 de agosto, las comunicaciones sobre los ajustes de garantías y la ausencia de un informe específico de la revisoría fiscal anterior a la intervención de la comisionista, permitía inferir que la falta de pronunciamiento no obedeció al desconocimiento de las operaciones, sino a que la demandante consideró suficiente que los órganos internos estuvieran informados y que la administración estuviera adoptando medidas.
Conviene precisar que, esa circunstancia no la relevaba a la revisora fiscal de formular una evaluación independiente y dejar constancia de su posición profesional, pues el conocimiento de la junta directiva, del Comité de Riesgos y del contralor normativo no sustituía la función legal de fiscalización. De igual forma, el control ejercido por la Bolsa de Valores sobre los límites y las garantías no desplazaba el deber de examinar la incidencia que el volumen, la concentración y el apalancamiento podían tener sobre la liquidez de la comisionista.
Los memorandos de 21 de septiembre129 y 12 de octubre de 2012130 corroboran que la revisoría fiscal continuó desarrollando procedimientos y comunicando hallazgos sobre otros asuntos. Sin embargo, no incluyeron una advertencia específica acerca de la concentración de las operaciones repo ni dejaron constancia de una restricción en el acceso a la información que impidiera evaluarla. Esa circunstancia no demostraba aisladamente el dolo, pero, apreciada con el conocimiento de las operaciones y la explicación suministrada por la demandante, reforzaba la inferencia de que la ausencia de pronunciamiento obedeció a una decisión consciente y no a la imposibilidad de conocer o comunicar el asunto.
Las declaraciones y documentos examinados en el acápite anterior no desvirtúan esa conclusión, pues, si bien acreditaban la existencia de una metodología, un equipo de trabajo y procedimientos distintos de la revisión trimestral, no demostraban que la demandante hubiera emitido una evaluación independiente sobre las operaciones repo examinadas ni que hubiera informado oportunamente una imposibilidad de culminarla.
129 En el memorando de 21 de septiembre de 2012, elaborado con fundamento en la revisión del balance fiduciario con cortes a 30 de junio y 31 de julio, la revisora fiscal advirtió: (i) cuentas por cobrar con antigüedad superior a 180 días que no habían sido provisionadas; y (ii) diferencias por $1.610.820.524 y
$877.612.285 entre las cuentas de contratos de comisión y administración de valores y las cuentas fiduciarias de clientes. Recomendó examinar la recuperabilidad de las partidas, constituir las provisiones necesarias, conciliar permanentemente las cuentas y fortalecer los controles sobre las operaciones con clientes. Ver. Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 2A015F75ECBD70B6 D34EF0A08A9C62D2 3CE5F0FF0E4F03E5 A6D1ED6D8D18482C denominado “ED_C09_01Anexos
Cuaderno5PruebasYAnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 144 - 154.
130 En el memorando de 12 de octubre de 2012, correspondiente al balance fiduciario de agosto, identificó recursos de clientes pendientes de invertir, saldos negativos por $1.333.719.554 -entre ellos, $214.820.368 a cargo de Mercancías y Valores S.A.-, un faltante de $215.916.636 en la muestra examinada al 18 de septiembre y diferencias en las cuentas utilizadas para registrar operaciones de clientes. Recomendó evaluar los controles sobre la disponibilidad de los recursos, identificar y separar diariamente los fondos de clientes de la posición propia y efectuar las conciliaciones y ajustes correspondientes. Ver. Samai, índice 52, documento electrónico con certificado 2A015F75ECBD70B6 D34EF0A08A9C62D2 3CE5F0FF0E4F03E5 A6D1ED6D8D18482C denominado “ED_C09_01AnexosCuaderno5PruebasY AnexosCopiaExpedienteDisciplinario2012117UAEJuntaCentralDeContadores(.pdf)”, págs. 97 - 106.
Tampoco el monitoreo efectuado por la Gerencia de Riesgos desplazaba la función propia de la revisoría fiscal.
Por su parte, el informe de Value and Risk Rating S.A. tampoco excluía la inferencia adoptada por la Junta. Como se explicó, la calificación AA+ coexistía con advertencias sobre los niveles de apalancamiento, las posiciones negativas del indicador de riesgo de liquidez y la necesidad de limitar y controlar aquellas exposiciones. Entonces, la calificación favorable no eliminaba los riesgos específicos ni relevaba a la revisoría fiscal de efectuar su propia valoración.
En tercer lugar, respecto de Interbolsa S.A., sociedad holding, la Sala advierte que no se acreditó que la demandante hubiera conocido los préstamos antes de recibir la información financiera de septiembre de 2012 y decidido ocultarlos. Sin embargo, el reproche definitivo no se limitó a la falta de información posterior a su conocimiento, sino que comprendió la omisión de ejercer un control permanente que permitiera advertirlos oportunamente.
En efecto, la propia demandante manifestó que la revisión de los estados financieros se efectuaba trimestralmente y después de su transmisión, debido a que la administración suministraba la información al vencimiento del plazo. Pese a conocer el carácter permanente de sus funciones y la entrega tardía de los documentos, no se acreditó que antes del cierre del trimestre hubiera solicitado esa información, implementado mecanismos alternativos de seguimiento o informado una limitación que le impidiera ejercer oportunamente la fiscalización. Tales circunstancias permitían a la Junta inferir que el conocimiento tardío no obedeció a un hecho imprevisible, sino a la forma en que se había organizado conscientemente la revisión de esa información.
Lo anterior no significa que la demandante hubiera decidido ocultar los préstamos ni que conociera anticipadamente su existencia. El elemento subjetivo se relacionó con la omisión consciente de ejercer de manera permanente los mecanismos de inspección y solicitud de información, pese a conocer que la revisión posterior a la transmisión trimestral impedía advertir oportunamente las operaciones. Por ello, la comunicación de 7 de noviembre de 2012 demostraba que se pronunció cuando examinó los estados financieros, pero no desvirtuaba el juicio sobre la falta de control anterior.
Así las cosas, la Junta no dedujo el dolo exclusivamente de la condición profesional de la señora Castillo López ni de los resultados adversos que posteriormente afectaron a las sociedades. La formación y experiencia acreditaban su aptitud para comprender los deberes; los informes emitidos con anterioridad demostraban que conocía los mecanismos para comunicar hallazgos; la hoja de trabajo de 1 de agosto y el seguimiento a los ajustes de garantías evidenciaban el conocimiento de las operaciones repo; su explicación acerca de que no se pronunció porque los órganos internos ya estaban informados permitía inferir que la abstención fue consciente; y, respecto de la sociedad holding, sus descargos mostraban que conocía las consecuencias de revisar la información únicamente después de su transmisión trimestral.
No era necesario demostrar que la demandante hubiera participado en las decisiones de los administradores, recibido un beneficio o pretendido provocar la suspensión de pagos, pues el dolo atribuido no recaía sobre la intención de causar la crisis de Interbolsa, sino sobre la omisión consciente de ejercer oportunamente una función propia e independiente.
Es cierto que la Resolución núm. 000-1633 de 2014 afirmó que la demandante había favorecido intereses particulares, sin individualizar cuáles eran ni explicar las actuaciones realizadas con esa finalidad. Sin embargo, esa expresión no constituyó el fundamento determinante de la imputación subjetiva finalmente adoptada, pues la Resolución núm. T-000-0137 de 2015 sustentó el dolo en el conocimiento de los deberes profesionales y de las situaciones examinadas, la omisión de pronunciamiento y la falta de un control oportuno y permanente.
Por consiguiente, el material probatorio permitía inferir razonablemente que la señora Castillo López conocía las circunstancias que activaban sus deberes frente a la comisionista y decidió no emitir un pronunciamiento independiente porque consideró suficiente la actuación de los órganos internos. Asimismo, respecto de la sociedad holding, conocía el carácter permanente de sus funciones y mantuvo un esquema de revisión que postergaba el examen de la información hasta después de su transmisión trimestral, sin que se acreditaran actuaciones previas dirigidas a superar esa limitación.
Aunque la demandante propuso una valoración diferente, no demostró que las premisas utilizadas por la Junta fueran inexistentes, contrarias a la realidad o insuficientes para sustentar razonablemente la modalidad subjetiva atribuida. Por tanto, no se configuró responsabilidad objetiva ni se desconocieron la presunción de inocencia y la exigencia de certeza previstas en los artículos 9, 13 y 142 de la Ley 734 de 2002.
En consecuencia, el argumento relacionado con la falta de sustento probatorio de la imputación dolosa no prospera.
Así las cosas, examinados los cargos propuestos, la Sala no advierte vicios de legalidad en los actos acusados, pues, en suma, la demandante tuvo la oportunidad efectiva de conocer y controvertir los conceptos contables; su responsabilidad no se dedujo de la notoriedad de la crisis de Interbolsa, sino de conductas individualizadas y de pruebas que acreditaban el incumplimiento de los deberes permanentes de vigilancia e información frente a ambas sociedades; y el material probatorio, valorado en conjunto, ofrecía sustento razonable para atribuirle las omisiones a título de dolo. Aunque se identificaron algunas imprecisiones en la motivación, estas no fueron determinantes para la decisión definitiva ni desvirtuaron las omisiones acreditadas. Por tanto, no se configuraron el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa ni la falsa motivación alegados.
En este orden de ideas, no hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas y, por tanto, se negarán las pretensiones de la demanda.
- Costas
La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA131, en concordancia con el artículo 365132 del CGP, aplicable al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
131 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. // En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
132 «Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]».
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.