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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación: 13001-23-33-000-2014-00435-01 (1427-2025)

Demandante: Sociedad San José de Torices SAS

Demandado: Nación, Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial Bolívar Tema: Intermediación laboral ilegal. Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 31 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 5, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

La demanda

Las pretensiones

La Sociedad San José de Torices SAS presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad de i) la Resolución 518 del 18 de julio de 2013, por medio de la cual el Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial de Bolívar la sancionó con una multa de $500.485.500 equivalentes a 849 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por incurrir en intermediación laboral ilegal; y ii) las resoluciones 631 del 3 de septiembre y 713 del 8 de octubre de 2013, con las que confirmó la anterior decisión.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) la cesación de los efectos de los actos demandados; ii) la no efectividad

1 Índice 2 de Samai, expediente digital. Documento 5, páginas 1 a 18. La demanda fue presentada el 19 de mayo de 2014.

2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

del cobro de la sanción impuesta; y iii) el reconocimiento y pago de $10.000.000 por concepto de los honorarios profesionales de abogado.

Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

La Sociedad San José de Torices SAS suscribió contratos con las empresas temporales Serempleos SA, Servicios Temporales Excelencia Laboral SAS y Emprendedora Laboral SAS, para el suministro de trabajadores en misión destinados a la prestación de servicios en salud3.

El Grupo de Atención al Ciudadano del Ministerio del Trabajo remitió a la Dirección Territorial Bolívar una denuncia anónima en la que se afirmó que las clínicas Blas de Lezo SA y San José de Torices SAS habían contratado a trabajadores mediante bolsas de empleo y retenido el pago de cesantías y liquidaciones laborales desde hacía más de 6 meses. A partir de lo cual, el Ministerio del Trabajo inició una actuación administrativa4.

A través de auto del 8 de mayo de 2013 abrió la investigación y le formuló el cargo de intermediación laboral ilegal, prohibida por el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

Mediante Resolución 518 del 18 de julio de 2013, la sancionó con una multa de

$500.485.500 equivalentes a 849 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por incurrir en intermediación laboral ilegal. Dicho dinero con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Regional Bolívar.

La anterior decisión fue confirmada a través de las resoluciones 631 del 3 de septiembre y 713 del 8 de octubre de 2013, al resolver los recursos de reposición y apelación respectivamente.

Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13 y 29 de la Constitución Política; 35 del Código Sustantivo del Trabajo; 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990; 63 de la Ley 1429 de 2010; 3, 47, 48, 49, 50 y 306 de la Ley 1437 de 2011; 140, 174, 175, 179 y

187 del Código de Procedimiento Civil; y el Decreto 4369 de 2006.

En cuanto al concepto de violación expuso que los actos demandados fueron expedidos con falsa motivación, violación del debido proceso y de los derechos de

3 Para mayor claridad se incluyen algunos hechos conforme con lo señalado por la demandante y lo señalado en las pruebas que obran en el expediente.

4 Con radicado 01779-2013-03-05-2013.

defensa y contradicción porque dentro de la investigación administrativa adelantada por el Ministerio del Trabajo, se adoptó la decisión sancionatoria sin brindarle la oportunidad de demostrar que había actuado de conformidad con lo previsto en las leyes 50 de 1990 y 1429 de 2010, toda vez que dicha autoridad rechazó las pruebas que le permitían desvirtuar los cargos formulados, sin una motivación suficiente. Adicionalmente, con desconocimiento del principio de congruencia porque modificó el alcance de la investigación y fundamentó la decisión con base en hechos y consideraciones distintos del objeto de imputación, en la medida en que la sanción que le impuso no guardaba correspondencia con el único cargo formulado. En consecuencia, pese a que los trabajadores no fueron vinculados a través de cooperativas de trabajo asociado sino a través de empresas de servicios temporales sin afectar los derechos constitucionales, legales o prestacionales, fue sancionada, es decir, sin que se acreditara que la contratación tuviera por objeto desarrollar actividades misionales permanentes por fuera de los eventos autorizados por la ley.

Contestación de la demanda

El Ministerio del Trabajo se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos5:

i) Adelantó la investigación e impuso la sanción, de conformidad con las facultades de inspección, vigilancia y control previstas en los artículos 485 y 486 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 1610 de 2013 y las normas reglamentarias;

ii) no definió derechos individuales ni declaró la existencia de un contrato de trabajo, sólo verificó el incumplimiento de las normas sobre intermediación laboral y el uso indebido de empresas de servicios temporales; iii) durante la investigación se demostró que la demandante contrató de manera permanente trabajadores en misión suministrados por las empresas Serempleos SA, Servicios Temporales Excelencia Laboral SAS y Emprendedora Laboral SAS para desarrollar actividades misionales propias de su objeto social, conducta prohibida por el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el Decreto 2025 de 2011; iv) la autorización de las empresas de servicios temporales no habilitaba su utilización por fuera de los eventos excepcionales previstos en los artículos 71, 77 y siguientes de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006; v) respetó las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y contradicción, y las pruebas solicitadas fueron negadas por carecer de pertinencia y conducencia; y vi) los actos administrativos se encontraban debidamente motivados, pues la sanción se fundamentó en los hechos acreditados durante la investigación y en la normativa que regula la intermediación laboral.

Propuso las excepciones de i) falta de integración del litisconsorcio, al considerar que el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena (Sena) era la entidad encargada del recaudo de la multa; ii) inexistencia de causa petendi, toda vez que

5 Índice 2 de Samai, expediente digital. Documento 5, páginas 208 a 220.

actuó dentro de la competencia legal para imponer sanciones por la vulneración de las normas de intermediación laboral; iii) cobro de lo no debido, en la medida en que no era procedente ordenar la devolución de alguna suma mientras el eventual recaudo correspondiera al Sena; iv) uso del error propio en beneficio, porque la demandante no ejerció oportunamente su defensa dentro del proceso de cobro coactivo; y v) la innominada.

El Sena, en calidad de tercero, se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de legitimación en la causa por pasiva, porque los actos administrativos cuya nulidad se pretendía fueron expedidos por el Ministerio del Trabajo. Propuso la excepción de la inexistencia de la obligación, pues los recursos recibidos provenían del acuerdo de formalización laboral suscrito entre la sociedad y el Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución 214 del 19 de mayo de 2015, en la que además se suspendieron los efectos de la sanción por 5 años, razón por la cual no estaba obligado a restituir suma alguna ni a asumir las consecuencias derivadas de la eventual nulidad de los actos acusados6.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 5 profirió la sentencia del 31 de mayo de 20247, en virtud de la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante8. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

La Sociedad San José de Torices SAS incurrió en intermediación laboral ilegal, prohibida por el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, al mantener vinculados de manera permanente a trabajadores suministrados por empresas de servicios temporales para desarrollar actividades misionales.

No se vulneró el debido proceso, porque el rechazo de las pruebas solicitadas en la actuación administrativa estuvo debidamente motivado en la falta de conducencia y pertinencia. No hubo incongruencia, pues la sanción se impuso con base en el cargo formulado en el auto de apertura, y las referencias a la estabilidad laboral y al derecho de asociación contenidas en la resolución sancionatoria no constituían nuevas imputaciones, sino una explicación de los derechos que podrían resultar afectados con ocasión de la intermediación laboral ilegal.

No se configuró la falsa motivación, toda vez que la sanción se encontraba debidamente motivada y sustentada en los hechos demostrados dentro de la actuación administrativa, pues el ministerio determinó que la sociedad había contratado trabajadores en misión suministrados por empresas de servicios

6 Expediente digital, cuaderno 2. Páginas 194 a 197.

7 Expediente digital, cuaderno 7.

8 «SEGUNDO: CONDENAR en costas de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del presente proveído».

temporales, de manera permanente, para el desarrollo de actividades misionales, con lo que excedió los supuestos excepcionales previstos en la Ley 50 de 1990, los decretos 4369 de 2006 y 2025 de 2011 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. En todo caso, el acuerdo de formalización laboral contenido en la Resolución 214 de 2015, y mediante la cual se suspendieron los efectos de la sanción, no incidían en el análisis de legalidad de los actos demandados, por tratarse de actuaciones posteriores a su expedición.

Condenó en costas a la parte demandante al no haber prosperado las pretensiones de la demanda.

El recurso de apelación

La sociedad San José de Torices SAS presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia con fundamento en lo siguiente9:

El artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 prohíbe exclusivamente la contratación de personal mediante cooperativas de trabajo asociado que desarrollen actividades de intermediación laboral o cualquier otra modalidad de vinculación que afecte los derechos laborales de los trabajadores. En ese sentido, el ministerio y el tribunal aplicaron indebidamente dicha disposición, porque no contrató personal a través de cooperativas de trabajo asociado, sino mediante empresas de servicios temporales debidamente autorizadas por el Ministerio del Trabajo para suministrar trabajadores en misión. No se demostró la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores en misión, toda vez que acreditó el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, horas extras, aportes al sistema de seguridad social y demás acreencias laborales. Además, la permanencia de los trabajadores durante varios años evidenciaba estabilidad laboral y no una actuación ilegal.

Los derechos de defensa y contradicción se vulneraron porque el Ministerio del Trabajo le negó el decreto de las pruebas que solicitó para demostrar que no había incurrido en intermediación laboral ilegal, pese a que eran oportunas, conducentes y pertinentes para demostrar la legalidad de la contratación y el cumplimiento de las obligaciones laborales respecto de los trabajadores en misión. Dicha decisión carecía de motivación suficiente, pues la autoridad sólo afirmó que las pruebas no eran pertinentes ni útiles, sin exponer las razones que sustentaban esa conclusión.

El principio de congruencia se desconoció al fundamentar la decisión sancionatoria en aspectos distintos de los que correspondía conforme con el único cargo que se le formuló; esto, en la medida en que el ministerio incorporó argumentos relacionados con una supuesta afectación al derecho de asociación sindical de los trabajadores en misión, aspecto que nunca hizo parte del pliego de

9 Expediente digital, cuaderno 7.

cargos ni fue objeto de la investigación inicial. En consecuencia, modificó los fundamentos de la imputación y desconoció el derecho de defensa.

No existía fundamento para condenarla en costas porque no se había acreditado alguna actuación temeraria, mala fe o una conducta dilatoria.

Pronunciamiento en segunda instancia

De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.

El Ministerio Público

El procurador delegado ante esta Corporación solicitó que se confirmara la sentencia recurrida, con fundamento en que la actuación administrativa se había adelantado con sujeción al debido proceso, las pruebas recaudadas acreditaron la configuración de la intermediación laboral ilegal prevista en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, la negativa de algunas pruebas estuvo debidamente motivada y no afectó el derecho de defensa, no se desconoció el principio de congruencia y la condena en costas se ajustó a los criterios previstos en el CPACA y el CGP11.

Consideraciones

Competencia

La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contenciosos Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos».

Los problemas jurídicos

De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia12, se circunscriben a establecer

10 Al respecto, ver auto a índice 4 de Samai.

11 Índice 9 de Samai.

12 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

¿si la sociedad San José de Torices SAS incurrió en la prohibición prevista en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 al contratar trabajadores en misión suministrados por empresas de servicios temporales para el desarrollo de actividades misionales permanentes?;

¿si los actos demandados son nulos por vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa al negar la práctica de las pruebas solicitadas por la investigada?

¿si los actos demandados son nulos por desconocer el principio de congruencia al fundamentar la sanción en hechos o aspectos distintos de los que sustentaron el cargo de intermediación laboral ilegal formulado por el Ministerio del Trabajo?

¿si debe revocarse la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia?

Marco normativo y jurisprudencial

Relaciones triangulares13. La tercerización y la intermediación laboral

Conforme con los artículos 71 a 73 de la Ley 50 de 199014, las empresas de servicios temporales son personas jurídicas cuyo objeto consiste en contratar la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante el envío de trabajadores en misión vinculados directamente por dichas empresas, las cuales conservan la calidad de empleadoras respecto de estos.

De conformidad con el artículo 74 de la citada norma, los trabajadores vinculados a estas empresas de servicios temporales pueden ser trabajadores de planta o trabajadores en misión. Los trabajadores de planta son quienes desarrollan su actividad en las dependencias propias de la empresa, mientras que los trabajadores

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

13 Término utilizado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión 3, en la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2022, SL3822-2022, radicado 91505, MP. Jorge Prada Sánchez.

14 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».

en misión son aquellos que esta envía a las dependencias de la empresa usuaria para cumplir con la tarea o el servicio contratado. En armonía con el artículo 71 ibidem, la empresa de servicios temporales conserva respecto de estos la calidad de empleadora y, por ende, el cumplimiento de las obligaciones laborales, prestacionales y de seguridad social previstas en la ley.

El artículo 77 de la referida ley restringe los eventos en los cuales las empresas usuarias pueden acudir al suministro de trabajadores en misión. Así, esta modalidad únicamente procede i) «[c]uando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo»; ii) «[c]uando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad»; y iii) «[p]ara atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis

(6) meses más».

En desarrollo de esa disposición, el parágrafo del artículo 6 del Decreto 4369 de 200615 estableció que «si cumplido el plazo de […] 6 meses más la prórroga […] la causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de dicho servicio». De esta manera, la utilización de trabajadores en misión para atender incrementos en la producción o en la prestación del servicio está sometida a un límite temporal. En consecuencia, la celebración sucesiva de contratos con empresas de servicios temporales para atender a una misma necesidad está proscrita mientras subsista la causa que dio origen a la contratación.

Posteriormente, el artículo 63 de la Ley 1429 de 201016 fortaleció la protección frente a las formas de intermediación laboral que afectan los derechos de los trabajadores al disponer que el personal requerido para el desarrollo de actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de cooperativas de trabajo asociado17 que hagan intermediación laboral ni bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales previstos en las normas laborales vigentes, en los siguientes términos:

«Artículo 63. Contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado. El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo

15 «Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras disposiciones».

16 «Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo».

17 Respecto de las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de intermediación laboral, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar, rad. 50001-23-31-000-2010-00567-01 (4103-2022).

ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes [...]».

En desarrollo de esa disposición, el artículo 1 del Decreto 2025 de 201118 señaló que, para los efectos del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, la intermediación laboral consiste en «el envío de trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o instituciones», actividad que es propia de las empresas de servicios temporales conforme con los artículos 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006. Asimismo, definió como «actividad misional permanente aquellas actividades o funciones directamente relacionadas con la producción del bien o servicios característicos de la empresa».

Al interpretar ese régimen normativo, esta Sección19 precisó que la intermediación laboral tiene por finalidad el «envío de trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o instituciones» y constituye una actividad propia de las empresas de servicios temporales. Asimismo, distinguió esta figura de la tercerización laboral, al señalar que esta última corresponde a la contratación para la producción de bienes o la prestación de servicios, «bajo su cuenta y riesgo», mientras que la intermediación laboral supone el suministro de trabajadores en misión a una empresa usuaria. Igualmente, recordó que las empresas de servicios temporales pueden suministrar trabajadores para colaborar temporalmente en el desarrollo de las actividades de la empresa usuaria, en los eventos expresamente previstos en los artículos 71 a 77 de la Ley 50 de 1990.

Por su parte, la Ley 1610 de 201320 fortaleció las funciones de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo y le atribuyó competencia para adelantar investigaciones administrativas e imponer las sanciones correspondientes cuando verifique el incumplimiento de las normas laborales, incluidas aquellas relacionadas con la utilización indebida de mecanismos de intermediación laboral.

De las disposiciones anteriores se desprende que el ordenamiento jurídico reconoce la intermediación laboral a través de empresas de servicios temporales como un mecanismo legítimo de suministro de trabajadores en misión, siempre que se utilice dentro de los eventos taxativamente previstos en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 y en las condiciones desarrolladas por el Decreto 4369 de 2006. En consecuencia, corresponde al Ministerio del Trabajo verificar, en cada caso concreto, si la utilización de dicha modalidad se ajusta a esos presupuestos legales o, por el contrario, si fue empleada para atender necesidades permanentes o en

18 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010».

19 Al respecto ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de julio de 2017, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad. 11001-03-25-000-2016-00485-00 (2218-2016).

20 «Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral».

condiciones que afecten los derechos constitucionales, legales y prestacionales de los trabajadores, supuesto en el cual procede el ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control.

Sobre el particular, la Sección Segunda21 de esta corporación identificó los criterios para determinar si la tercerización o la intermediación laboral se ajustan a la legalidad o si ocultan una relación laboral. Al efecto, citó los siguientes:

«1. La voluntariedad con la que las partes acuden a la forma contractual escogida.

  1. La finalidad con la que se acude a la forma contractual, «pues si se celebran contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones permanentes de la entidad, o si se acuerda la prestación de servicios personales subordinados a cambio de una remuneración económica con una cooperativa de trabajo, de tal forma que puedan retirarse trabajadores de sus nóminas, o recortarse plantas de personal, o se celebran contratos con empresas de servicios temporales para el desempeño de funciones propias del giro ordinario de los negocios empresariales, es evidente que se ha utilizado una forma contractual legal para desnaturalizar la relación laboral».22
  2. La prestación directa del servicio y el ánimo con el que el beneficiario del trabajo lo recibe, es decir, que «quien contrata un servicio personal de trabajo debe ser plenamente consciente de la naturaleza del vínculo acordado, pues si celebra un contrato de prestación de servicios profesionales no puede exigir subordinación del trabajador, o si celebra un contrato de prestación de servicios con una cooperativa de trabajo no puede ser ajeno a la relación laboral que se genera entre el trabajador y la cooperativa».
  3. Las cooperativas de trabajo asociado se apartan de su naturaleza y objeto cuando incurren en las siguientes prácticas:24
    1. Vincular a personas naturales no asociadas para «trabajos ocasionales o accidentales que recaigan sobre labores distintas de las que caracterizan el normal y permanente giro de las actividades de la cooperativa»25 o «reemplazar temporalmente al asociado que, de acuerdo con los estatutos o al régimen de trabajo asociado, se encuentre imposibilitado para prestar su servicio en relación con una tarea indispensable para el cumplimiento del objeto social de la cooperativa».
    2. Vincular «personal técnico especializado, necesario para el cumplimiento de un proyecto o programa dentro del objeto social de la cooperativa, para cuyo desarrollo no se cuente con un miembro de la misma, siempre que la persona escogida no quiera vincularse como asociado».27
    3. Suministrar mano de obra temporal, constituida por sus asociados, a usuarios o terceros beneficiarios.
    4. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de junio de 2022, radicado 11001-03-25-000-2016-00263-00 (1488-2016), MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.

      22 Corte Constitucional, Sentencia C-614 de 2009.

      23 Corte Constitucional, Sentencia C-614 de 2009.

      24 Corte Constitucional, Sentencia C-645 de 2011.

      25 Corte Constitucional, Sentencia C-645 de 2011.

      26 Corte Constitucional, Sentencia C-645 de 2011.

      27 Corte Constitucional, Sentencia C-645 de 2011.

    5. Participar como empresas de intermediación laboral.
    6. Remitir a un trabajador en misión para que asuma labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio.
    7. Crear un nexo de subordinación o dependencia entre uno de sus trabajadores y un tercero contratante».

Además, advirtió que conforme con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 solo se podía acudir a las empresas de servicios temporales en los siguientes 3 eventos: i) cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6 del CST28; ii) cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad;

iii) para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de 6 meses prorrogable hasta por 6 meses más. De manera que estas empresas «no pueden ser instrumentalizadas para cubrir necesidades permanentes de la usuaria o sustituir personal permanente, sino para cumplir las actividades excepcionales y temporales previstas [en la norma]»29

Caso concreto

Hechos probados

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente30:

Contratos suscritos entre la Sociedad San José de Torices SAS y las empresas temporales

El 1 de mayo de 2009, Servicios Temporales Presencia Inteligente Ltda y la Sociedad San José de Torices SAS, suscribieron un contrato de suministro de personal en misión cuyo objeto consistió en que la empresa de servicios temporales asumió la obligación de «suministrar todo el PERSONAL EN MISIÓN que por escrito le solicite la CONTRATANTE». La relación laboral existía exclusivamente entre la empresa de servicios temporales y los trabajadores en misión, por lo que aquella asumía el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. El suministro se sustentó en la variación del volumen de pacientes y a la necesidad de prestar servicios médicos hospitalarios integrales, sin que existiera certeza sobre el número de trabajadores requeridos en cada período. Se acordó una vigencia inicial de 6 meses, contados a partir del 1 de octubre de 2009,

28 Artículo 6. Trabajo ocasional. Trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. 29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL467-2019 del 6 de febrero de 2019, radicado: 71281

30 Índice 2 de Samai, expediente digital. En adelante se hará mención únicamente al cuaderno y las páginas en las que se encuentre ubicada la respectiva prueba.

con prórroga automática por períodos iguales «salvo manifestación escrita en contrario»31.

El 1 de diciembre de 2010 entre Servicios Temporales Excelencia Laboral SAS y la Sociedad San José de Torices SAS, suscribieron un contrato de suministro de personal en misión. El objeto consistió en que la empresa de servicios temporales asumió la obligación de «suministrar todo el PERSONAL EN MISIÓN que por escrito le solicite la CONTRATANTE». La relación laboral derivada del suministro «solo exist[tía] entre LA CONTRATISTA y los EMPLEADOS EN MISIÓN suministrados», razón por la cual todas las obligaciones laborales corresponderían exclusivamente a la empresa de servicios temporales; la que asumiría el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. El suministro se sustentó en la variación del volumen de pacientes y a la necesidad de prestar servicios médicos hospitalarios integrales, sin que existiera certeza sobre el número de trabajadores requeridos en cada período. Se acordó una vigencia inicial de 6 meses, contados a partir del 1 de diciembre de 2010, con prórroga automática por períodos iguales «salvo manifestación escrita en contrario»32.

El 3 de enero de 2012, Serempleos SA y la Clínica33 San José de Torices suscribieron un contrato mediante el cual, la empresa de servicios temporales «se obliga[ba] a colaborar con la Clínica San José de Torices en la prestación de servicios para atención de pacientes de programa de promoción y prevención en salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 2 del Decreto 1707 de 1991, a través de trabajadores en misión. El servicio objeto de este contrato será prestado por Serempleos S.A., a través de un número de trabajadores acorde con el volumen de trabajo a desarrollar, el cual será convenido entre las partes». Se dispuso que los trabajadores en misión eran trabajadores propios de la empresa temporal que ostentaba la calidad de empleador y asumía las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, entre ellas el pago de salarios, prestaciones sociales, horas extras y recargos. Estableció una vigencia inicial de 6 meses, prorrogable por otros 6 salvo manifestación en contrario con un mes de anticipación34.

El 10 de octubre de 2012, Servicios Temporales Emprendedora Laboral SAS y la Clínica35 San José de Torices, suscribieron un contrato de suministro de personal en misión mediante el cual, la empresa de servicios temporales se obligó a

«suministrar todo el PERSONAL EN MISIÓN, que por escrito le solicite LA CONTRATANTE». El suministro se sustentó en la variación del volumen de pacientes y a la necesidad de prestar servicios médicos hospitalarios integrales, sin que existiera certeza sobre el número de trabajadores requeridos en cada período. Se

31 Cuaderno 3, páginas 74 a 78

32 Cuaderno 3, páginas 69 a 63.

33 Así fue identificada en el respectivo contrato.

34 Cuaderno 3 páginas 65 y 66.

35 Así fue identificada en el respectivo contrato.

dispuso que la relación laboral derivada del suministro «solo exist[ía] entre LA CONTRATISTA y los EMPLEADOS EN MISIÓN suministrados» y que, en consecuencia,

«todas las obligaciones laborales que surjan o tengan relación con la prestación de los servicios personales del empleado estarán a cargo exclusivamente de LA CONTRATISTA»; la que asumiría el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, y mantendría vigente la licencia de funcionamiento como empresa de servicios temporales. Se acordó que el contrato tendría una vigencia inicial de 6 meses, comprendida entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, con prórroga automática por períodos iguales salvo manifestación escrita en contrario36.

2.5.1.2. En torno a la investigación administrativa y la decisión sancionatoria

Con ocasión de una denuncia anónima, mediante auto comisorio 0410 del 6 de mayo de 201337, el Ministerio del Trabajo comisionó al inspector quinto del trabajo de la Dirección Territorial de Bolívar para que adelantara una visita de carácter general a la empresa sociedad San José de Torices SAS con el fin de que constatara el cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores contratados a través de las «bolsas de empleos»38.

El 7 de mayo de 2013, el inspector practicó una visita administrativa a las instalaciones de la referida sociedad. En el Acta de Visita de Carácter General a Empresas dejó la siguiente constancia39:

La sociedad no contaba con organización sindical, tenía 4 trabajadores vinculados directamente y utilizaba contratos escritos, principalmente a término fijo de un año, sin registrar contratos a término indefinido, por obra o labor, ocasionales o transitorios.

169 personas se encontraban vinculadas mediante bolsa de empleo.

Contrató la prestación de servicios independientes de 51 médicos especialistas en diferentes áreas, quienes no cumplían un horario de trabajo ni prestaban sus servicios por requerimiento de la institución.

Desarrollaba parte de sus actividades mediante personal suministrado por las empresas de servicios temporales Emprendedora Laboral SAS, Serempleo SAS y Excelencia Laboral SAS, las cuales tenían en misión 67, 18 y 83 trabajadores, respectivamente.

Aportó la documentación requerida por el Ministerio del Trabajo, consistente en contratos de prestación de servicios, contratos celebrados con las empresas de

36 Cuaderno 3 páginas 59 a 64.

37 Con radicado 01779-2013-03-05-2013.

38 Cuaderno 3 páginas 3 a 5.

39 Cuaderno 1, páginas 38 a 41

servicios temporales, nómina de trabajadores directos, planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y comprobantes de pago de salarios, cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios correspondientes al año 2012.

Con fundamento en la documentación suministrada por la empresa, verificó aspectos relacionados con la jornada de trabajo, el trabajo suplementario, los descansos remunerados, las vacaciones, el pago de salarios y del auxilio de transporte, la existencia de reglamento interno de trabajo, los aportes parafiscales, la afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social, el programa de salud ocupacional y el reconocimiento y pago de prestaciones sociales.

Revisó el cumplimiento de la normativa laboral en materia de jornada de trabajo, trabajo suplementario, descansos remunerados, vacaciones, pago de salarios, auxilio de transporte, reglamento interno de trabajo, aportes parafiscales, afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social, programa de salud ocupacional y reconocimiento y pago de prestaciones sociales, entre ellas cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios.

Concluyó que la sociedad se encontraba al día en el pago de salarios, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios correspondientes al año 2012.

Mediante auto de apertura de investigación y formulación de cargos del 8 de mayo de 201340, el coordinador del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección Territorial Bolívar del Ministerio del Trabajo inició un procedimiento sancionatorio contra la Sociedad San José de Torices SAS, al advertir que contaba con más de 168 trabajadores suministrados por las empresas de servicios temporales en virtud de contratos vigentes con Excelencia Laboral SAS, desde el 1 de diciembre de 2010; Emprendedora Laboral SAS, desde el 1 de octubre de 2012; y Serempleo SAS, desde el 3 de enero de 2012. En consecuencia, le formuló el siguiente cargo único: «estar incursa en una prohibición laboral, como es la intermediación laboral ilegal, prohibida por el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010».

El 3 de junio de 201341, la Sociedad San José de Torices SAS presentó descargos frente al cargo referido con fundamento en que no había incurrido en intermediación laboral ilegal, pues el personal no había sido vinculado mediante cooperativas o precooperativas de trabajo asociado y no existía prueba de que se hubieran vulnerado los derechos constitucionales, legales o prestacionales de los trabajadores suministrados por las empresas de servicios temporales. Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo no había precisado cuál de las conductas previstas en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 le imputaba; había omitido recaudar las pruebas necesarias para acreditar la presunta infracción y había desconocido su derecho de defensa.

40 Cuaderno 1, páginas 42 a 44.

41 Cuaderno 1, Páginas 45 a 51.

Solicitó el archivo de la investigación y pidió la práctica de i) una inspección judicial a las instalaciones de la sociedad y de las empresas de servicios temporales con las que mantenía contratos, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal suministrado; y

ii) certificaciones expedidas por las empresas de servicios temporales para acreditar que reconocían y pagaban salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de los trabajadores en misión.

Mediante Auto del 24 de junio de 201342 el coordinador del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección Territorial Bolívar del Ministerio del Trabajo negó la práctica de las pruebas solicitadas por la sociedad San José de Torices SAS con fundamento en que la investigación se había iniciado para establecer si la empresa había incurrido en intermediación laboral ilegal, con fundamento en los hallazgos obtenidos durante la visita de inspección, según los cuales 168 trabajadores desarrollaban el objeto misional de la sociedad mediante su vinculación a través de empresas de servicios temporales. En consecuencia, el cargo formulado no estaba orientado a establecer si las empresas de servicios temporales cumplían con sus obligaciones laborales y de seguridad social frente a los trabajadores en misión, pues esos aspectos resultaban ajenos al objeto de la investigación y no guardaban relación con la presunta infracción consistente en la intermediación laboral ilegal. Asimismo, las garantías relacionadas con la estabilidad laboral y otros derechos fundamentales invocados por la investigada tampoco constituían el objeto del procedimiento administrativo ni dependían de la práctica de las pruebas solicitadas. En ese orden y con fundamento en el artículo

178 del Código de Procedimiento Civil, concluyó que las pruebas solicitadas resultaban inconducentes e innecesarias, razón por la cual las rechazó y negó su práctica.

El 7 de julio de 201343, la sociedad San José de Torices SAS solicitó la nulidad del auto que negó la práctica de pruebas, al considerar que había vulnerado sus derechos al debido proceso, de defensa y de contradicción. Sostuvo que las pruebas eran necesarias para demostrar que las empresas de servicios temporales cumplían con las obligaciones laborales y de seguridad social respecto de los trabajadores en misión, que el incremento de personal respondía a las necesidades del servicio y que la contratación se ajustaba a la normativa vigente, pues el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 únicamente prohibía la intermediación laboral realizada mediante cooperativas de trabajo asociado; y que la inspección judicial solicitada permitiría verificar esas circunstancias.

42 Cuaderno 1, páginas 52 y 53.

43 Cuaderno 1, páginas 55 a 62.

Mediante auto del 9 de julio de 201344, el coordinador del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección Territorial Bolívar del Ministerio del Trabajo negó la solicitud de nulidad referida con fundamento en que dicha providencia constituía un acto de trámite que no ponía fin a la actuación administrativa ni producía efectos jurídicos definitivos, así que no era susceptible de recursos ni configuraba causal de nulidad alguna.

Por auto del 25 de junio de 201345, el coordinador del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección Territorial Bolívar del Ministerio del Trabajo dispuso tener como pruebas los documentos allegados por la sociedad San José de Torices SAS, consistentes en copias de los contratos de suministro de personal en misión celebrados con las empresas de servicios temporales Emprendedora Laboral SAS, Serempleos SA, Servicios Temporales Excelencia Laboral SAS; las nóminas del personal en misión suministrado por dichas empresas; la nómina de los trabajadores vinculados directamente por la sociedad; el certificado de existencia y representación legal de la empresa y el poder conferido a su apoderado. Asimismo, tuvo en cuenta el Acta de Visita de Carácter General practicada por el Ministerio del Trabajo y, al considerar que no existían pruebas adicionales por practicar, prescindió del período probatorio y ordenó continuar con la actuación administrativa «[a]tendiendo los principios de Economía y Celeridad establecidos en el artículo 3° de la ley 1437 de 2011».

El 3 de julio de 201346 la entidad presentó alegatos de conclusión. Insistió en que se decretaran las pruebas previamente solicitadas.

A través de la Resolución 518 del 18 de julio de 201347 el Ministerio del Trabajo determinó que la sociedad demandante había incurrido en la causal prevista en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que prohíbe a las empresas utilizar mecanismos de intermediación laboral para desarrollar actividades misionales permanentes; la cual debía interpretarse conjuntamente con la regulación de las empresas de servicios temporales prevista en la Ley 50 de 1990, el Decreto 4369 de 2006 y el Decreto 2025 de 2011. En consecuencia, le impuso a la sociedad San José de Torices SAS una multa equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior, con fundamento en lo siguiente:

De conformidad con los contratos celebrados entre San José de Torices SAS y las empresas de servicios temporales, estas se habían obligado a suministrar personal en misión para atender los requerimientos de la clínica, conforme con el volumen de trabajo y las necesidades del servicio. La empresa usuaria definía el cargo requerido, el perfil del trabajador, las funciones que debía desempeñar, los exámenes exigidos para cada cargo y el tiempo durante el cual el personal prestaría

44 Cuaderno 1, páginas 83 y 84.

45 Cuaderno 1, páginas 71 y 72.

46 Cuaderno 1, páginas 74 a 81.

47 Cuaderno 1, páginas 85 a 99.

sus servicios, mientras que las empresas de servicios temporales asumían la selección y contratación de dichos trabajadores.

De acuerdo con el acta de visita, la sociedad tenía únicamente 4 trabajadores vinculados directamente y desarrollaba su actividad mediante 168 trabajadores en misión suministrados por las empresas de servicios temporales. Dicho personal prestaba servicios relacionados con el objeto social de la clínica, entre ellos servicios hospitalarios, médicos, odontológicos, de laboratorio y demás actividades asistenciales y administrativas necesarias para el funcionamiento de la institución.

La sociedad había desnaturalizado la figura del trabajador en misión, pues utilizaba de manera permanente personal suministrado por empresas de servicios temporales para ejecutar actividades misionales propias de su objeto social. En ese sentido, la contratación no correspondía a los supuestos autorizados por la legislación para el suministro temporal de personal, por el contrario, constituía una práctica de intermediación laboral no permitida, al destinar trabajadores en misión al desarrollo permanente de las actividades propias de la empresa usuaria.

De conformidad con lo señalado en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, el Decreto 2025 de 2011 y la sentencia C-330 de 2005, el propósito de dicha prohibición era impedir que las empresas acudieran de forma permanente a mecanismos de intermediación laboral para desarrollar su actividad misional y así garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores.

A través de Resolución 631 del 3 de septiembre de 201348, el coordinador del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección Territorial de Bolívar del Ministerio del Trabajo no repuso la anterior decisión con fundamento en que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 no solo proscribía la contratación mediante cooperativas de trabajo asociado cuando realizan intermediación laboral, sino también la utilización de empresas de servicios temporales para desarrollar actividades misionales permanentes por fuera de los eventos autorizados por la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006.

Mediante la Resolución 713 del 8 de octubre de 201349, el director territorial de Bolívar del Ministerio del Trabajo confirmó el acto sancionatorio al considerar que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 no solo prohibía la contratación de personal para actividades misionales permanentes a través de cooperativas de trabajo asociado que hicieran intermediación laboral, sino también mediante cualquier otra modalidad de vinculación que afectara los derechos constitucionales, legales y prestacionales de los trabajadores. Conforme con la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006, las empresas de servicios temporales únicamente podían suministrar trabajadores en misión para atender labores ocasionales, accidentales o transitorias, reemplazar personal en vacaciones, licencias o incapacidades o atender incrementos temporales en la producción o en la prestación del servicio, por el término previsto

48 Cuaderno 1, páginas 107 a 115.

49 Cuaderno 1, páginas 116 a 131.

en dichas disposiciones. En consecuencia, conforme con lo probado, la Sociedad San José de Torices SAS había utilizado trabajadores en misión para desarrollar de manera permanente actividades propias de su objeto social, por cuanto la prestación de los servicios hospitalarios se realizaba, en su mayor parte, mediante personal suministrado por estas empresas y no para atender alguno de los supuestos excepcionales autorizados por la ley; y que, en todo caso, el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema General de Seguridad Social no desvirtuaba la infracción, pues el reproche consistía en la utilización de esa modalidad de contratación para cubrir necesidades permanentes de la empresa usuaria.

A través de la Resolución 214 del 19 de mayo de 201550, el coordinador del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección Territorial de Bolívar del Ministerio del Trabajo suspendió por 5 años los efectos de la sanción impuesta mediante la Resolución 518 del 18 de julio de 2013, con fundamento en el artículo 13 de la Ley 1610 de 2013 y el artículo 10 del Decreto 2025 de 2011. La decisión se sustentó en que la sociedad San José de Torices SAS había suscrito un acuerdo de formalización laboral el 28 de enero de 2015, mediante el cual se comprometió a vincular progresivamente y de manera directa a los trabajadores que prestaban servicios a través de empresas de servicios temporales. Asimismo, se dispuso que la multa se reduciría en un 20% por cada año en que se mantuviera la vinculación laboral de los trabajadores formalizados, hasta su condonación total, en los términos previstos en la ley.

El 7 de julio de 201751, el inspector de trabajo practicó una visita de seguimiento al acuerdo referido, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Concluyó que durante diciembre de 2016 había vinculado directamente 4 trabajadores que anteriormente prestaban sus servicios a través de terceros y que, entre enero, febrero y junio de 2017, incorporó directamente otros 20 trabajadores mediante contratos a término fijo e indefinido, correspondientes a cargos de auxiliar de enfermería, fisioterapeuta, médico general y auxiliar de camillero. Que, adicionalmente, la sociedad contaba con 171 trabajadores vinculados directamente, cifra que superaba el número de trabajadores cuya formalización había sido prevista en el acuerdo. Por lo tanto, se debía determinar si había lugar al archivo de la actuación o a la continuación del procedimiento sancionatorio.

Análisis sustancial del caso concreto

De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto, las pruebas obrantes en el expediente y los argumentos formulados en el recurso de apelación,

50 Cuaderno 2, páginas 200 a 203.

51 Cuaderno 2, páginas 267 y 268.

la Sala analizará si los actos administrativos demandados se ajustaron al ordenamiento jurídico al concluir que la sociedad San José de Torices SAS incurrió en la prohibición prevista en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010; si vulneraron el debido proceso y los derechos de defensa y contradicción al negar la práctica de las pruebas solicitadas por la investigada; si desconocieron el principio de congruencia al fundamentar la sanción en aspectos ajenos al cargo de intermediación laboral ilegal formulado por el Ministerio del Trabajo; y, finalmente, si resultaba procedente la condena en costas impuesta por el a quo.

En torno a la prohibición prevista en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010

La sociedad sostuvo que la sanción se fundamentó en una indebida aplicación del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, pues contrató trabajadores en misión mediante empresas de servicios temporales autorizadas y no se acreditó la vulneración de los derechos laborales de estos.

En efecto, el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 no proscribe toda utilización de empresas de servicios temporales. De una parte, prohíbe la contratación de actividades misionales permanentes mediante cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que desarrollen intermediación laboral. De otra, permite el suministro de trabajadores en misión por empresas de servicios temporales, siempre que esa contratación corresponda a alguno de los eventos excepcionales previstos en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 y desarrollados por el Decreto 4369 de 2006, esto es, para atender labores ocasionales, accidentales o transitorias, reemplazar trabajadores en vacaciones, licencias o incapacidades, o atender incrementos temporales en la producción o en la prestación del servicio, dentro de los límites temporales establecidos por la ley.

En consecuencia, la sola circunstancia de que la sociedad hubiera contratado con empresas de servicios temporales autorizadas por el Ministerio del Trabajo no excluía la posibilidad de incurrir en la prohibición prevista en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. Lo jurídicamente relevante consistía en establecer si esa modalidad de contratación fue utilizada dentro de los supuestos excepcionales autorizados por la Ley 50 de 1990 o si, por el contrario, sirvió para atender de manera permanente las actividades misionales de la empresa usuaria.

Ahora bien, el Ministerio del Trabajo concluyó que la sociedad únicamente contaba con 4 trabajadores vinculados directamente, mientras que el desarrollo de los servicios asistenciales y administrativos propios de su objeto social era atendido por 168 trabajadores en misión suministrados por las empresas Emprendedora Laboral SAS, Serempleos SA, y Excelencia Laboral SAS.

Esa conclusión encuentra respaldo en los contratos de suministro de personal en

misión, los cuales evidencian que fueron suscritos con ocasión de la necesidad de atender la prestación de servicios médicos hospitalarios integrales, de acuerdo con el comportamiento de la demanda asistencial de la clínica. Situación que demuestra que el personal suministrado no estaba destinado a satisfacer una necesidad ocasional o extraordinaria, sino a desarrollar de manera ordinaria las actividades propias del objeto social de la institución.

A ello se suma que, aunque los contratos fueron suscritos inicialmente por períodos de 6 meses prorrogables, la sociedad acudió sucesivamente a distintas empresas de servicios temporales durante varios años para atender idénticas necesidades de personal. En efecto, los contratos fueron celebrados con Servicios Temporales Excelencia Laboral SAS desde diciembre de 2010; con Serempleos SA desde enero de 2012; y con Emprendedora Laboral SAS desde octubre de 2012. Esa contratación sucesiva evidencia que la demandante utilizó de manera permanente trabajadores para desarrollar las actividades misionales de la clínica, excediendo los eventos excepcionales previstos en los artículos 71 y 77 de la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 4369 de 2006, esto es, acudió de forma reiterada a una modalidad de vinculación concebida para atender necesidades excepcionales y temporales, incluso cuando la ley solo autoriza, en los eventos previstos para incrementos de la producción, el transporte, las ventas o los períodos estacionales, contratos de hasta 6 meses prorrogables por una sola vez por igual término.

Por esa razón, no prospera el argumento según el cual la permanencia de los trabajadores demostraba estabilidad laboral. Precisamente esa permanencia constituye uno de los elementos que permiten concluir que la contratación temporal fue utilizada para satisfacer necesidades permanentes de personal y no para atender situaciones excepcionales o transitorias.

Tampoco resulta de recibo el argumento relativo a que no se acreditó la afectación de los derechos laborales de los trabajadores. Si bien durante la visita administrativa se verificó el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social, ello no desvirtúa la infracción investigada. El reproche formulado por el Ministerio del Trabajo no consistió en el incumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas de servicios temporales, sino en la utilización de esa modalidad de contratación para desarrollar permanentemente las actividades misionales de la empresa usuaria por fuera de los eventos autorizados por la ley.

La protección que persigue esa disposición no se agota en garantizar el pago de las acreencias laborales, sino que comprende también impedir que una modalidad excepcional de contratación sea utilizada para sustituir permanentemente la contratación directa del personal que desarrolla las actividades misionales de la empresa usuaria.

En ese sentido, aun cuando las empresas de servicios temporales hubieran cumplido con sus obligaciones como empleadoras formales, ello no desvirtúa que la sociedad demandante hubiera utilizado esa figura para desarrollar de manera permanente su actividad asistencial, circunstancia que precisamente configura la intermediación laboral proscrita por el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. Por consiguiente, la Sala concluye que el Ministerio del Trabajo aplicó correctamente el régimen jurídico de la intermediación laboral, pues la sanción no se fundamentó en la sola existencia de contratos con empresas de servicios temporales, sino en que dichos contratos fueron utilizados de manera permanente para atender actividades misionales propias del objeto social de la clínica, por fuera de los eventos excepcionales previstos por la ley.

No pasa inadvertido para la Sala que la Resolución 214 de 2015 suspendió los efectos de la sanción con ocasión del acuerdo de formalización laboral celebrado entre la sociedad y el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, esa actuación administrativa no desvirtúa la legalidad de los actos acusados, pues la propia resolución parte del reconocimiento de que la empresa había utilizado trabajadores en misión para desarrollar su objeto social y, precisamente por ello, accedió a formalizar directamente a ese personal. Se trata de una medida posterior orientada a incentivar la formalización laboral y no de un pronunciamiento que deje sin fundamento la infracción declarada mediante la Resolución 518 de 2013.

En torno al desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa

La apelante sostuvo que durante la actuación administrativa se vulneraron el debido proceso y los derechos de defensa y contradicción porque el Ministerio del Trabajo negó las pruebas solicitadas, sin motivación suficiente, pese a que eran oportunas, conducentes y pertinentes para demostrar la legalidad de la contratación y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores.

De conformidad con los artículos 4752  y siguientes del CPACA, en las

52«Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan

actuaciones administrativas sancionatorias la autoridad debe decretar únicamente las pruebas que resulten conducentes, pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación. Por ello, la negativa de una prueba no constituye, por sí sola, una vulneración del debido proceso, siempre que recaiga sobre medios de convicción que no tengan aptitud para demostrar los hechos jurídicamente relevantes de la actuación.

En el presente asunto, el objeto de la investigación consistía en determinar si la sociedad utilizó trabajadores en misión suministrados por empresas de servicios temporales para desarrollar actividades misionales permanentes por fuera de los eventos excepcionales autorizados por la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006.

Las pruebas cuya práctica solicitó la investigada estaban dirigidas a demostrar, principalmente, que los trabajadores en misión recibían oportunamente salarios, prestaciones sociales, horas extras y aportes al Sistema General de Seguridad Social, así como que las empresas de servicios temporales cumplían las obligaciones derivadas de su condición de empleadoras.

Sin embargo, tales circunstancias no constituían el hecho objeto de investigación ni tenían la virtualidad de desacreditar la conducta imputada. Como quedó expuesto al resolver el cargo anterior, el reproche formulado por el Ministerio del Trabajo no se fundó en el eventual incumplimiento de obligaciones laborales por parte de las empresas de servicios temporales, sino en la utilización de esa modalidad de contratación para atender de manera permanente actividades propias del objeto social de la clínica.

En ese contexto, la Sala considera que las pruebas rechazadas no guardaban relación directa con el supuesto fáctico cuya verificación dio lugar a la actuación administrativa, razón por la cual su negativa no restringió materialmente el ejercicio del derecho de defensa ni impidió a la sociedad controvertir los elementos probatorios que sirvieron de fundamento a la sanción.

Adicionalmente, se observa que mediante Auto 0426 del 22 de mayo de 2013 la autoridad administrativa expuso las razones por las cuales consideró que las pruebas solicitadas carecían de conducencia y utilidad frente al objeto de la investigación, decisión que fue notificada a la investigada y frente a la cual esta ejerció los recursos previstos en la actuación administrativa.

En torno a la vulneración del principio de congruencia

La apelante sostuvo que el Ministerio del Trabajo había vulnerado el principio de

hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.

[…].» [Se resalta].

congruencia al sustentar la decisión sancionatoria en aspectos ajenos al cargo de intermediación laboral ilegal formulado, al incorporar consideraciones sobre una supuesta afectación del derecho de asociación sindical de los trabajadores en misión.

La Sala tampoco comparte ese planteamiento. De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso rige las actuaciones administrativas sancionatorias y garantiza que el investigado conozca oportunamente los cargos formulados para ejercer plenamente su derecho de defensa. En desarrollo de esa garantía, el artículo 47 del CPACA dispone que el acto de formulación de cargos debe contener, entre otros aspectos, «los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes». De ello se deriva que la decisión administrativa debe guardar correspondencia con los hechos y la conducta imputados, sin perjuicio de que la autoridad, al motivarla, exponga consideraciones jurídicas dirigidas a explicar el alcance de la norma presuntamente infringida o la finalidad de la prohibición objeto de investigación.

En el presente asunto, desde el auto de apertura de la investigación y de formulación de cargos la conducta atribuida a la sociedad consistió en haber contratado personal mediante empresas de servicios temporales para desarrollar actividades misionales permanentes, en contravía del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. Esa imputación permaneció inalterada durante toda la actuación administrativa.

Las referencias contenidas en las resoluciones que decidieron los recursos acerca del trabajo digno, la estabilidad laboral, la libertad sindical o los derechos fundamentales de los trabajadores no constituyeron nuevos cargos ni modificaron el fundamento fáctico de la investigación. Tales consideraciones fueron utilizadas por la administración para explicar la finalidad protectora del régimen jurídico de la intermediación laboral y justificar la interpretación de la norma aplicada, pero la conducta sancionada continuó siendo exactamente la misma, esto es, incurrir en la prohibición prevista en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

Por lo tanto, no existió modificación de la imputación ni afectación del derecho de defensa de la investigada.

Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma53.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia; en igual sentido, revocará la condena en costas impuesta en la primera instancia al no evidenciarse una actuación temeraria o dilatorita por parte de la entidad demandante que justifique su imposición.

Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la demandante incurrió en la prohibición prevista en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, por lo que los actos administrativos demandados se ajustaron al ordenamiento jurídico. Asimismo, no se acreditó la vulneración del debido proceso, de los derechos de defensa y contradicción ni del principio de congruencia durante la actuación administrativa. Se revocará la condena en costas impuesta en primera instancia, al no evidenciarse una actuación temeraria, dilatoria o de mala fe que justificara su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-

53 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal 2 de la sentencia proferida el 31 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 5 y, en su lugar, no condenar en costas de primera instancia, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 31 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 5, que negó las pretensiones de la demanda incoada por la Sociedad San José de Torices SAS contra la nación, Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial Bolívar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

FNM

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