CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
| Referencia: | Nulidad y restablecimiento del derecho |
| Radicación: | 19001-23-33-000-2019-00251-01 (29529) |
| Demandante: | Genfar S.A. |
| Demandada: | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN |
| Temas: | Impuesto sobre la renta año gravable 2015. Precios de transferencia. Operaciones de exportación con vinculados económicos del exterior. Métodos de precios de transferencia PC y TU. Comparables internos. Análisis de comparabilidad. Ajustes de comparabilidad. Carga probatoria de la Administración. |
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 5 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 172412019000004 de 29 de marzo de 2019, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Popayán, conforme lo dicho a lo largo del proveído.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del periodo gravable 2015, presentada por la compañía GENFAR S.A., identificada con NIT 817001644-1
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandada -DIAN, según las consideraciones señaladas».
ANTECEDENTES
Actuación Administrativa
El 20 de abril de 2016, Genfar S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2015 en la que determinó un saldo a pagar de $18.811.711.000.
El 21 de julio de 2016, la Compañía presentó la Declaración Informativa Individual de Precios de Transferencia y la documentación comprobatoria del período gravable 2015.
Previo requerimiento especial y respuesta a este, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán expidió la Liquidación Oficial de Revisión 172412019000004 del 28 de marzo de 2019, en la cual adicionó ingresos brutos operacionales en la suma de $35.861.770.000 con fundamento en la aplicación del método de precio comparable no controlado-PC, al considerar que es el método preferente que debía utilizar Genfar. En consecuencia, aumentó la renta líquida ordinaria del ejercicio y determinó un total saldo a pagar por impuesto de
$27.777.154.000 y una sanción por inexactitud liquidada al 100% en cuantía de
$8.965.443.000. El acto fue demandado per saltum.
DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Pretensiones y normas violadas
Mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la sociedad Genfar S.A. (en adelante Genfar o la Compañía) formuló las siguientes pretensiones1
«A. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 172412019000004 del 28 de marzo de 2019, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán.
Dicha disposición integra la actuación administrativa por medio de la cual la DIAN modificó oficialmente la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por la Compañía por el año gravable 2015.
B. Que como consecuencia de lo anterior se reestablezca el derecho de GENFAR de la siguiente manera:
Que se declare que los datos consignados por GENFAR en la declaración del impuesto sobre la renta del año 2015 son correctos.
Que se declare que no hay lugar a la imposición de la sanción por inexactitud determinada por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán en la liquidación oficial demandada, en razón a que mi representada no ha incurrido en ninguna (sic) de los hechos sancionables determinados por la ley.
Que se declare la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por GENFAR por el año gravable 2015.
Que se condene a la parte demandada y a favor de mi representada al pago de las costas y agencias en derecho en las cuales haya incurrido para su defensa en el trámite del presente medio de control.
Para determinar el monto de la condena en costas, esto es, de las expensas en que se incurrió para la atención del proceso (notificaciones, honorarios del perito, copias, entre otros) y las agencias en derecho (honorarios de abogados), solicito se tenta en cuenta las pruebas aportadas en esta reforma de la demanda.
Para determinar el monto de la condena en costas, solicito que se permita aportar en dicha instancia la totalidad de las facturas que soportan los gastos incurridos en la atención de este proceso, teniendo en cuenta que, a la fecha de la presentación de esta demanda, aún se encuentran pendientes por causar y facturar algunos de estos honorarios, por lo que resulta imposible para la Compañía aportar a la fecha la totalidad de dichas facturas. Igualmente, que se tenga en cuenta lo previsto en el Acuerdo PSAA-1610554 del 5 de agosto de 2016 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura».
Indicó como normas vulneradas los artículos 29 de la Constitución Política 260-3 numeral 1 y 4, 260-4, numeral 2 y 4, parágrafo, 705, 706, 742, 647 del ET; 4 del Decreto
3030 de 2013, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18 de las «Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias 2010».
Concepto de violación y oposición
Los cargos del concepto de violación expuestos por la demandante y las correspondientes oposiciones formuladas en la contestación se resumen así:
1 Samai CE, índice 3, folios 3 a 4 de la Reforma de la demanda.
Primer cargo: Firmeza de la declaración privada y extemporaneidad del requerimiento especial
- La sociedad demandante sostuvo que la declaración de renta del año gravable 2015 quedó en firme, porque el requerimiento especial fue notificado de manera extemporánea. Esto, debido a que el plazo ordinario de dos años vencía el 20 de abril de 2018 y el acto previo fue notificado el 3 de julio de 2018. Advirtió que la inspección tributaria decretada no suspendió el término para proferir y notificar el requerimiento especial por 3 meses, pues ello presupone una actuación material y efectiva de fiscalización dentro del término legal.
- La demandada se opuso al cargo y señaló que la inspección tributaría sí suspendió por 3 meses el término para notificar el requerimiento especial, pues fue efectivamente practicada y durante la actuación se recaudó la información relacionada con las ventas de la sociedad, los productos comercializados, los clientes y las operaciones realizadas con vinculados económicos. Precisó que la práctica de la inspección no se limita a las visitas presenciales, sino que comprende las distintas actuaciones de investigación y recaudo probatorio efectuadas en su desarrollo.
Indicó que la Administración utilizó la inspección para prolongar un término próximo a vencer, pese a que la actuación fiscalizadora debía desarrollarse dentro del plazo previsto para modificar la declaración. Con fundamento en ello sostuvo que, para cuando se notificó el requerimiento, la declaración se encontraba en firme. Agregó que las diligencias practicadas durante la inspección no justificaban la ampliación del término, pues parte de las pruebas utilizadas por la DIAN para sustentar la modificación de la declaración ya habían sido recaudadas antes de la inspección o podían obtenerse mediante requerimientos ordinarios, por lo que la diligencia no tuvo una verdadera finalidad probatoria.
Por lo anterior, sostuvo que el término para notificar el requerimiento especial se extendió hasta el 20 de julio de 2018, por lo que la notificación realizada el 3 de julio de ese año fue oportuna y la declaración privada no adquirió firmeza.
Segundo cargo: Aplicación del método de Precio Comparable No Controlado y comparabilidad de las operaciones
La sociedad demandante sostuvo que la Administración aplicó indebidamente el método de Precio Comparable No Controlado -PC-, al considerar comparables las ventas efectuadas a vinculados extranjeros con las realizadas a terceros independientes en Colombia. Afirmó que las operaciones no eran comparables porque correspondían a mercados distintos y se desarrollaban bajo condiciones económicas diferentes. Las ventas a vinculados se efectuaban en el mercado internacional y, principalmente, a distribuidores mayoristas, mientras que las operaciones utilizadas por la DIAN como comparables correspondían al mercado colombiano y comprendían compradores con características y funciones distintas.
Señaló que la comparabilidad no podía establecerse únicamente a partir de la identidad o semejanza de los productos, sino que era necesario examinar integralmente las características de las operaciones, las funciones desarrolladas, los activos empleados, los riesgos asumidos, las condiciones contractuales, los mercados geográficos y las estrategias comerciales, conforme con el artículo 260-4 del ET y las directrices de la OCDE. También cuestionó que se equipararan las operaciones realizadas con distribuidores mayoristas, minoristas y consumidores finales, pese a las diferencias existentes en las funciones que desempeñan dentro de la cadena de distribución.
Por lo anterior, defendió la utilización del método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación -TU- empleado en su documentación comprobatoria. Indicó que no existían comparables internos suficientemente fiables para aplicar el método PC y que el método utilizado por la sociedad permitía valorar adecuadamente las operaciones controladas.
Frente a este cargo, la DIAN defendió la utilización del método PC. Señaló que, cuando existen comparables internos, estos deben ser considerados de manera preferente para determinar el precio de plena competencia, siempre que las diferencias entre las operaciones no sean significativas o puedan eliminarse mediante ajustes razonables.
Explicó que Genfar fabricaba y comercializaba productos farmacéuticos y que los bienes vendidos en Colombia y en el exterior conservaban características físicas, composición química y calidad semejantes. A su juicio, las diferencias relacionadas con empaque, presentación o mercado no impedían la comparación.
Añadió que la propia sociedad contaba con operaciones con terceros independientes que podían utilizarse como comparables internos. Por ello consideró más directo y fiable comparar el precio de las ventas a vinculados con el precio pactado con independientes que acudir al método TU empleado en la documentación comprobatoria.
La Administración rechazó igualmente que la condición de mayorista o minorista hiciera, por sí sola, incomparables las operaciones. En su criterio, lo relevante era determinar si las diferencias económicas incidían materialmente en el precio y, de ser así, efectuar los ajustes correspondientes. Por esta razón concluyó que las ventas a vinculados del exterior y las realizadas a terceros independientes podían compararse mediante el método PC.
Tercer cargo: Improcedencia de los ajustes de comparabilidad efectuados por la DIAN
La demandante sostuvo de manera subsidiaria que, aun si se admitiera la aplicación del método PC, los ajustes realizados por la Administración no eliminaban las diferencias existentes entre las operaciones comparadas.
Adujo que los ajustes relacionados con gastos de ventas, mercadeo y descuentos no corregían las diferencias derivadas de los mercados geográficos, las funciones desempeñadas por los compradores, los niveles de comercialización y las demás condiciones económicas de las operaciones. Agregó que la Administración debía demostrar que los ajustes practicados eliminaban los efectos materiales de tales diferencias, de modo que el resultado obtenido permitiera establecer un precio fiable de plena competencia. Por ello, aseguró que las diferencias no podían neutralizarse mediante simples ajustes matemáticos.
Por lo anterior, cuestionó la adición de ingresos determinada en los actos acusados, pues, a su juicio, provenía de comparar operaciones que continuaban siendo económicamente distintas pese a los ajustes efectuados por la Administración.
La DIAN afirmó que sí tuvo en cuenta las diferencias existentes entre las operaciones y que, precisamente para mejorar su comparabilidad, efectuó los ajustes necesarios antes de aplicar el método PC. Explicó que reconoció las diferencias derivadas de los gastos de ventas y mercadeo incurridos en las operaciones nacionales y calculó que estos representaban el 22,12 % de las ventas del segmento. Igualmente, tuvo en cuenta los descuentos otorgados a clientes nacionales independientes, para los cuales determinó un porcentaje promedio del 8,81 %. Con
esos elementos efectuó un ajuste total del 30,93 % sobre los precios utilizados como comparables.
Una vez realizados los ajustes, comparó los precios obtenidos con aquellos pactados en las operaciones con vinculados y determinó una diferencia que condujo a adicionar ingresos por $35.861.770.430. Para la Administración, estos ajustes permitieron eliminar las principales distorsiones derivadas de las diferencias comerciales entre las operaciones y obtener un resultado suficientemente fiable para aplicar el método PC.
Cuarto Cargo: Improcedencia de la sanción por inexactitud
La demandante solicitó levantar la sanción por inexactitud. Alegó que la diferencia entre la declaración privada y la liquidación oficial obedeció a una controversia sobre la aplicación del régimen de precios de transferencia, particularmente respecto del método aplicable, la comparabilidad de las operaciones y los ajustes procedentes, y no a la inclusión de datos falsos, equivocados, incompletos o desfigurados.
Indicó que las operaciones fueron informadas a la Administración y estaban respaldadas por la documentación comprobatoria del año gravable 2015, de manera que la modificación oficial provenía de una valoración distinta de las condiciones en que aquellas debían analizarse para efectos del principio de plena competencia. En consecuencia, consideró improcedente la sanción por una diferencia de criterio relacionada con la aplicación del régimen de precios de transferencia.
La DIAN sostuvo que la sanción era procedente porque la aplicación incorrecta del régimen de precios de transferencia produjo la declaración de menores ingresos y, por consiguiente, un menor impuesto a cargo. Explicó que la sociedad utilizó el método TU pese a contar con comparables internos que permitían aplicar el método PC. Esa metodología habría llevado a declarar las operaciones con vinculados a precios inferiores a los que correspondían conforme al principio de plena competencia y a omitir ingresos fiscales.
Descartó la existencia de una diferencia de criterio que excluyera la sanción, pues, en su concepto, la controversia no surgía de una interpretación razonable del derecho aplicable sino de la indebida aplicación de las reglas de precios de transferencia.
SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA
El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandada, al considerar que la actuación de la administración no se ajustó al ordenamiento jurídico. Los motivos del fallo impugnado y los argumentos de la alzada son los siguientes:
Primer cargo: De la firmeza de la declaración privada. Notificación dentro del término legal del requerimiento especial
El a quo señaló que, de conformidad con el artículo 706 del ET, el término para notificar el requerimiento especial se suspende con ocasión de la práctica de la inspección tributara. Sin embargo, precisó que para ello no basta la simple expedición del auto que ordena la diligencia, sino que debe existir una actividad material de fiscalización. Con fundamento en las actuaciones de verificación de registros, soportes e información relacionada con las operaciones realizadas por Genfar en desarrollo de la inspección tributaria, concluyó que esta sí tuvo la virtualidad de suspender el término para notificar el acto previo. En consecuencia, el plazo para notificar el requerimiento
especial se extendió hasta el 20 de julio de 2018, y como este fue notificado hasta el 3 de julio de 2018, la actuación de la Administración fue oportuna.
Frente a este razonamiento, la parte demandada no presentó motivos de inconformidad.
Segundo cargo: Régimen de precios de transferencia y método aplicable
El Tribunal consideró que la Administración aplicó el método PC porque Genfar vendía productos con iguales características físicas, químicas y de calidad tanto a vinculados del exterior como a terceros independientes en Colombia. Sin embargo, precisó que ese análisis resultaba insuficiente, porque la comparabilidad no dependía únicamente de las características del producto. Indicó que la DIAN no efectuó un análisis suficiente de otros factores relevantes, como las funciones desarrolladas, los riesgos asumidos, el nivel de la cadena de distribución, el mercado geográfico, las condiciones económicas y las estrategias comerciales. Destacó que las operaciones con vinculados del exterior se desarrollaban bajo condiciones distintas de las ventas efectuadas a terceros independientes en Colombia y que tales diferencias podían incidir en la formación de los precios.
También consideró que los ajustes practicados por la Administración no desvirtuaban las razones expuestas por la contribuyente para utilizar el método TU ni demostraban que las operaciones seleccionadas por la DIAN fueran suficientemente comparables para aplicar el PC. En particular, estimó que la Administración no explicó de manera suficiente cómo los ajustes efectuados -por gastos de venta y mercadeo y por descuentos comerciales- eliminaban las diferencias existentes entre las transacciones comparadas. Por ello, concluyó que la Administración se limitó fundamentalmente a la similitud de los productos, sin efectuar un análisis suficientemente completo de las circunstancias económicas y funcionales que incidían en las operaciones.
De esta manera, el Tribunal señaló que la DIAN no demostró que el método PC fuera más apropiado que el método TU seleccionado por Genfar, ni desvirtuó las razones consignadas en la documentación comprobatoria para justificar la metodología utilizada.
La DIAN apeló esta decisión. Sostuvo que el Tribunal interpretó de manera equivocada las reglas sobre selección del método y comparabilidad, pues el método PC era el más apropiado para establecer si las operaciones realizadas por Genfar con sus vinculados cumplían el principio de plena competencia.
Afirmó que el artículo 260-3 del Estatuto Tributario y las Directrices de la OCDE permiten acudir preferentemente a los métodos tradicionales cuando existen comparables fiables y que, conforme con el artículo 260-4 ibidem, cuando existen comparables internos, el contribuyente debe considerarlos prioritariamente en su análisis. En este caso, GENFAR contaba con operaciones realizadas con terceros independientes que permitían comparar directamente los precios de los productos vendidos a vinculados del exterior.
Explicó que los productos comercializados con vinculados y terceros independientes eran los mismos y no presentaban diferencias relevantes en sus características físicas, químicas o de calidad. Por ello, consideró que existía un comparable interno que hacía más directa y fiable la aplicación del método PC que el método TU utilizado por la sociedad.
Añadió que las diferencias entre las operaciones no impedían su comparación, pues el régimen de precios de transferencia admite efectuar ajustes cuando aquellas
puedan incidir en el precio. En ese sentido, sostuvo que tuvo en cuenta las diferencias existentes entre las ventas efectuadas en Colombia y las realizadas a vinculados del exterior y practicó los ajustes necesarios para hacerlas comparables.
Precisó que reconoció un 22,12 % por gastos de ventas y mercadeo y un 8,81 % por descuentos, para un ajuste total del 30,93 %. A partir de los precios así ajustados, comparó las operaciones con terceros independientes con aquellas realizadas con vinculados y determinó los ingresos que, a su juicio, debían reconocerse conforme con el principio de plena competencia.
Cuestionó que el Tribunal considerara determinantes las diferencias relacionadas con el mercado geográfico, la moneda, la ubicación de los compradores y demás circunstancias económicas. Señaló que tales factores no hacen automáticamente incomparables las operaciones, pues debe demostrarse su incidencia material en el precio. A su juicio, la demandante no acreditó dicha incidencia ni demostró técnicamente que los ajustes efectuados por la Administración fueran insuficientes.
Finalmente, sostuvo que la selección inicial del método por el contribuyente no impedía a la Administración sustituirlo cuando, a partir de la fiscalización, estableciera la existencia de otro método más apropiado. En su criterio, la existencia de comparables internos y la posibilidad de efectuar ajustes justificaban la aplicación del PC y desvirtuaban la metodología utilizada por Genfar.
Por lo anterior, la DIAN insistió en la procedencia de la sanción por inexactitud. Señaló que la incorrecta aplicación del método TU por parte de la demandante condujo a determinar las operaciones con vinculados a precios inferiores a los que correspondían según el principio de plena competencia y, en consecuencia, a declarar menores ingresos y un menor impuesto a cargo. Afirmó que no se configuró una diferencia de criterios acerca de la interpretación de las normas tributarias, pues la sociedad utilizó un método que no correspondía a las características de las operaciones pese a disponer de comparables internos.
PRONUNCIAMIENTOS FINALES
La demandante2 dentro del término del artículo 247.4 del CPACA, se opuso al recurso de apelación y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Lo anterior, en tanto la DIAN no formuló verdaderos reparos contra las razones de la decisión de primera instancia, sino que reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión.
Frente al asunto de fondo, reiteró que el método de Precio Comparable No Controlado
–PC– propuesto por la DIAN no era adecuado, porque las operaciones efectuadas con vinculados del exterior y aquellas realizadas con terceros independientes no eran comparables. Agregó que, según las directrices de la OCDE, dicho método solo resulta fiable cuando las diferencias entre las operaciones no inciden materialmente en el precio o cuando sus efectos pueden eliminarse mediante ajustes suficientemente precisos. Por ello, defendió el método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación –TU– utilizado en su documentación comprobatoria.
Invocó la sentencia del 6 de junio de 2024, exp. 27402, la que consideró aplicable al caso por tratarse de una controversia análoga. Destacó que dicha providencia se concluyó que, aunque el método PC no podía descartarse de manera absoluta, la DIAN lo había aplicado incorrectamente porque los ajustes efectuados no eliminaban suficientemente las diferencias materiales entre las operaciones comparadas. Afirmó que en ambos asuntos se discutían ventas de inventarios producidos y no producidos
2 Samai CE, índice 14.
a vinculados del exterior y la sustitución del método TU por el PC, por lo que solicitó tener en cuenta ese precedente para resolver la controversia.
El Ministerio Público3 solicitó confirmar la sentencia. Consideró que Genfar acreditó la falsa motivación de la liquidación oficial, porque el método empleado por la sociedad comprendía mayores factores relevantes para determinar el precio de mercado. Explicó que, aunque el PC constituye un método directo, requiere que las operaciones sean comparables y que las diferencias que incidan materialmente en el precio puedan eliminarse mediante ajustes suficientemente precisos; de lo contrario, puede resultar más adecuado un método de utilidad transaccional.
Advirtió que no se demostró la existencia de operaciones con terceros independientes en situaciones comparables y que la DIAN sustentó el método PC esencialmente en la composición de los medicamentos, sin considerar otros factores que incidían en el precio, como los riesgos de mercado y cambiario, la producción y el mercadeo. Agregó que la Administración tampoco explicó por qué ese método resultaba más adecuado que el utilizado por Genfar, lo que respaldaba la falsa motivación de los actos demandados.
Finalmente, consideró improcedente la sanción por inexactitud por ausencia de tipicidad, pues consideró que la controversia correspondía a una diferencia de criterio sobre el derecho aplicable y no a la inclusión de hechos o cifras falsos.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problemas jurídicos
En los términos del recurso de apelación, compete a esta Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿La DIAN desvirtuó la aplicación del método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (TU) utilizado por Genfar para determinar el cumplimiento del principio de plena competencia en las operaciones de venta de inventarios a vinculados del exterior y justificó que el método de Precio Comparable No Controlado (PC) era el más apropiado, atendiendo a la comparabilidad de las operaciones y a los ajustes efectuados?
En caso de prosperar el reparo de la DIAN, ¿procede la sanción por inexactitud impuesta en el acto demandado?
Para resolver la controversia, la Sala examinará las reglas aplicables a la selección del método de precios de transferencia y a la comparabilidad de las operaciones. A partir de ellas, establecerá si las operaciones realizadas por Genfar con terceros independientes constituían comparables internos fiables para aplicar el método PC y si los ajustes efectuados por la DIAN permitían eliminar las diferencias materiales entre las transacciones comparadas. De prosperar los reparos de la apelante, se analizará la procedencia de la sanción por inexactitud.
No será objeto de pronunciamiento el cargo relativo a la firmeza de la declaración privada, pues la decisión adoptada por el Tribunal sobre ese cargo no fue objeto de apelación.
3 Samai CE, índice 15.
Régimen de precios de transferencia y selección del método aplicable
Los artículos 260-1 y siguientes del Estatuto Tributario regulan el régimen de precios de transferencia, aplicable a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realizan operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior. Este régimen busca que tales operaciones se valoren conforme con las condiciones que habrían pactado partes independientes en operaciones comparables, de manera que los ingresos, costos y deducciones reflejen condiciones de mercado y no aquellas que pudieran establecerse como consecuencia de la vinculación económica.
Para verificar el cumplimiento de ese principio, el Estatuto Tributario impone a los contribuyentes sometidos al régimen determinadas obligaciones formales. Así, el artículo 260-8 ib. prevé la presentación anual de la declaración informativa de precios de transferencia respecto de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas y, por su parte, el artículo 260-4 ib. exige preparar y enviar la documentación comprobatoria correspondiente, en la que debe sustentarse la correcta aplicación del régimen de precios de transferencia.
Para el año gravable 2015, el artículo 260-3 del Estatuto Tributario, en la redacción prevista por el artículo 113 de la Ley 1607 de 2012, contemplaba seis métodos para determinar el precio o margen de utilidad de las operaciones realizadas entre vinculados. Para efectos de la controversia objeto de análisis, resultan relevantes el método de precio comparable no controlado (PC) y el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación (TU).
El análisis de precios de transferencia parte de la identificación de las características de la operación controlada y de la selección del método más apropiado para evaluarla. Esta elección orienta la búsqueda de comparables y determina las condiciones que deben examinarse, pues, según la metodología utilizada, la comparación puede recaer sobre los precios de los productos, los márgenes de rentabilidad u otros indicadores económicos. Una vez identificados los comparables, corresponde verificar si presentan diferencias que afecten materialmente la comparación y, de ser necesario, si estas pueden eliminarse mediante ajustes suficientemente fiables. Aunque estas etapas están relacionadas y la información comparable disponible puede llevar a reconsiderar el método inicialmente seleccionado, la idoneidad de este constituye un presupuesto para obtener un resultado fiable4.
El método de precio comparable no controlado (PC) compara el precio de los bienes o servicios transferidos en una operación entre vinculados con el precio cobrado por bienes o servicios en una operación comparable entre partes independientes, en situaciones comparables. Por su parte, el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación (TU) determina, en operaciones entre vinculados, la utilidad de operación que habrían obtenido partes independientes en operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad que toman en cuenta variables como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo.
La selección del método debe atender a aquel que resulte más apropiado de acuerdo con las características de la operación analizada. Para establecerlo, el artículo 4 del Decreto 3030 de 2013 dispuso que deben considerarse: (i) los hechos y circunstancias de las transacciones controladas, a partir de un análisis funcional detallado; (ii) la disponibilidad de información confiable, particularmente de operaciones entre terceros independientes; (iii) el grado de comparabilidad entre las operaciones controladas y
4 OCDE, Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias, 2010, párrs. 2.2, 3.4 y 3.5. El párrafo 2.2 establece los criterios para seleccionar el método más apropiado; el 3.4 describe un proceso de análisis de comparabilidad que comprende la selección del método, la identificación de comparables y la realización de ajustes; y el 3.5 precisa que dicho proceso no es necesariamente lineal.
las independientes, y (iv) la confiabilidad de los ajustes de comparabilidad necesarios para eliminar las diferencias materiales entre unas y otras.
Para determinar la comparabilidad entre las operaciones controladas y aquellas realizadas entre partes independientes, el artículo 260-4 del Estatuto Tributario establece que deben considerarse las características de las operaciones; las funciones o actividades económicas significativas desarrolladas por las partes, incluidos los activos utilizados y los riesgos asumidos; los términos contractuales; las circunstancias económicas o de mercado, y las estrategias de negocios. Conforme con la misma disposición, dos operaciones son comparables cuando no existen diferencias significativas entre ellas que puedan afectar materialmente las condiciones analizadas mediante la metodología de precios de transferencia correspondiente o cuando, de existir, esas diferencias puedan eliminarse mediante ajustes suficientemente fiables.
En línea con lo anterior, las directrices de la OCDE sobre precios de transferencia de 2010 señalan que la comparabilidad no depende únicamente de la similitud de los bienes o servicios objeto de las operaciones, pues los precios de plena competencia pueden variar entre mercados aun respecto de bienes o servicios idénticos. Por ello, el análisis debe considerar las circunstancias económicas relevantes de las operaciones, entre estas, la localización geográfica y dimensión del mercado, el grado de competencia, la posición de compradores y vendedores, los niveles de oferta y demanda, la disponibilidad de bienes o servicios sustitutos, los costos de producción y transporte, el nivel del mercado y el momento en que se realiza la operación. De existir diferencias en estas condiciones que incidan significativamente en el precio, debe establecerse si es posible efectuar ajustes razonablemente precisos que permitan neutralizar sus efectos. De ahí, que la identidad o similitud de los bienes objeto de las operaciones no determina, por sí sola, la comparabilidad de sus precios, pues esta exige considerar las demás características económicamente relevantes de las transacciones.
Ahora bien, la posibilidad de efectuar ajustes no supone que cualquier diferencia entre las operaciones pueda ser neutralizada sin afectar la fiabilidad del análisis. Al respecto, las Directrices de la OCDE advierten que la necesidad de realizar numerosos ajustes o ajustes de considerable importancia sobre factores clave de comparabilidad puede ser indicativa de que las operaciones seleccionadas no son suficientemente comparables. De ahí que, además de identificar las diferencias existentes, deba evaluarse si estas pueden eliminarse mediante ajustes razonablemente precisos y fiables, sin desnaturalizar la comparación.
Estas exigencias de comparabilidad adquieren especial relevancia en la selección entre los métodos PC y TU. El primero, al comparar directamente los precios pactados en operaciones controladas con los establecidos entre partes independientes, exige que las operaciones confrontadas presenten un alto grado de comparabilidad, de manera que las diferencias existentes no afecten materialmente el precio o, de hacerlo, puedan eliminarse mediante ajustes razonablemente precisos y fiables. El TU, en cambio, compara indicadores de utilidad de operación, que pueden resultar menos sensibles a determinadas diferencias en los bienes y en las condiciones de la transacción, en cuanto su análisis se concentra principalmente en las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por las partes.
En esas condiciones, no existe una regla de preferencia automática entre los métodos PC y TU, pues su idoneidad depende de las características de la operación analizada, del grado de comparabilidad de la información disponible y de la fiabilidad de los ajustes necesarios. Así, cuando las diferencias entre las operaciones comprometan la confiabilidad de una comparación directa de precios y no puedan neutralizarse mediante ajustes suficientemente fiables, un método basado en indicadores de utilidad
puede resultar más apropiado para verificar el cumplimiento del principio de plena competencia.
En cuanto a las operaciones utilizadas como referencia para efectuar el análisis, el artículo 4 [numeral 4, literal c)] del Decreto 3030 de 2013 establecía que, de existir comparables internos, estos debían considerarse prioritariamente, siempre que no presentaran diferencias significativas frente a las operaciones analizadas que afectaran las condiciones objeto de comparación o que, de existir tales diferencias, fuera posible eliminarlas mediante ajustes técnicos, económicos o contables que optimizaran la comparación. Para ese propósito, debían examinarse las características de los bienes o servicios, las funciones o actividades económicas desarrolladas, incluidos los activos utilizados y los riesgos asumidos, los términos contractuales, las circunstancias económicas y las estrategias de negocio.
La documentación comprobatoria constituye el instrumento mediante el cual el contribuyente sustenta la aplicación del régimen de precios de transferencia y, en particular, las razones técnicas y económicas que justifican la selección del método empleado y el análisis de comparabilidad efectuado. No obstante, su presentación no determina por sí sola la corrección del método seleccionado, pues la Administración puede valorar su contenido conforme con las reglas de la sana crítica y controvertir los elementos técnicos en los que se sustenta. En sede judicial, corresponde al juez valorar conjuntamente la documentación comprobatoria, la declaración informativa y los demás elementos de prueba obrantes en el proceso, con el fin de establecer si las operaciones analizadas se ajustaron al principio de plena competencia.
Cuando la documentación comprobatoria contiene el correspondiente análisis funcional y de comparabilidad y expone las razones que sustentan la selección del método utilizado, su cuestionamiento por parte de la Administración debe estar respaldado por elementos técnicos que permitan establecer por qué dicho análisis no refleja adecuadamente las condiciones de plena competencia y por qué el método que pretende aplicar en su lugar ofrece mayor fiabilidad. Por ello, no basta con advertir la existencia de comparables internos, sino que debe establecerse que las diferencias entre las operaciones carecen de relevancia económica o pueden eliminarse mediante ajustes suficientemente fiables.
Antes de abordar el análisis de los factores de comparabilidad identificados por las partes, la Sala considera necesario precisar la metodología aplicable para examinar la legalidad de la actuación administrativa.
Cuando la Administración decide apartarse del método seleccionado por el contribuyente y sustituirlo por una metodología diferente, asume la carga de demostrar los presupuestos técnicos que justifican tal decisión. En ese contexto, la controversia no puede resolverse mediante el examen aislado de determinados factores de comparabilidad, sino siguiendo una secuencia lógica.
En primer lugar, debe verificarse si la Administración demostró que el método alternativo era más apropiado para la operación analizada. No basta la existencia de comparables internos; es necesario acreditar que estos permiten aplicar la metodología propuesta con un grado suficiente de confiabilidad.
En segundo lugar, debe examinarse si la Administración identificó las diferencias económicamente relevantes entre las operaciones comparadas, de conformidad con los factores de comparabilidad previstos en el artículo 260-4 del Estatuto Tributario.
Finalmente, debe establecerse si dichas diferencias fueron neutralizadas mediante ajustes suficientemente fiables o si la Administración justificó técnicamente por qué no
incidían materialmente en el precio. La valoración conjunta de estos aspectos permitirá determinar si la sustitución del método se encuentra técnicamente justificada y si los resultados obtenidos ofrecen un grado suficiente de fiabilidad
Esta distribución de la carga probatoria se deriva de que la Administración persigue el efecto jurídico consistente en modificar la declaración privada mediante la aplicación de una metodología distinta de la utilizada por el contribuyente. Por ello le corresponde demostrar tanto la pertinencia del método seleccionado como la comparabilidad de las operaciones empleadas y la suficiencia de los ajustes practicados.
Precisado lo anterior, la controversia no recae sobre el cumplimiento formal de las obligaciones derivadas del régimen de precios de transferencia, sino sobre la idoneidad del método utilizado para determinar si las operaciones analizadas se ajustaron al principio de plena competencia. En particular, corresponde a la Sala establecer si, atendidas las características económicamente relevantes de las transacciones y la información contenida en la documentación comprobatoria, el método TU empleado por la demandante resultaba apropiado o si, como lo sostuvo la DIAN, la existencia de operaciones realizadas con terceros independientes permitía acudir al método PC mediante el uso de comparables internos.
Del mismo modo, la Sala precisa que el control jurisdiccional que ejerce en este proceso recae sobre la legalidad de los actos administrativos demandados y sobre las razones efectivamente expuestas por la Administración para sustentar la modificación oficial. En consecuencia, el análisis debe circunscribirse a verificar si la DIAN acreditó, con fundamento en la motivación consignada en la liquidación oficial, que el método PC resultaba más apropiado que el método TU utilizado por la demandante y que las diferencias relevantes entre las operaciones comparadas fueron adecuadamente analizadas o neutralizadas mediante ajustes suficientemente fiables.
Por ello, el control de legalidad no puede extenderse a justificaciones técnicas o argumentaciones que no fueron desarrolladas en la actuación administrativa ni sustituir la motivación de los actos acusados por consideraciones que la Administración pudo haber planteado, pero que no incorporó a la controversia tributaria. El juez contencioso administrativo controla la juridicidad del acto acusado a partir de los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos efectivamente contenidos en él, sin sustituir a la Administración en el ejercicio de sus competencias.
De la información que reposa en el expediente administrativo se encuentra probado lo siguiente:
-El objeto social de Genfar constituye – principalmente – la fabricación, importación, exportación, compra, venta, transformación, comercialización, distribución y diseño de toda clase de productos farmacéuticos, biológicos, biotecnológicos, farmoquímicos, productos para diagnóstico, dietario, veterinarios, cosméticos, agroquímicos y productos conexos y complementarios a los anteriores que se relacionen directamente con el cuidado, mejoramiento y bienestar de la salud humana y animal5.
- En el año gravable 2015, Genfar S.A. obtuvo ingresos por venta de medicamentos a las vinculadas económicas Genfar Perú, Genfar Ecuador, Sanofi Adventis Panamá S.A., Genfar Casa de representaciones S.A., Sanofi Adventis de Chile S.A., Sanofi Adventis de Guatemala S.A., Merial LLP, Sanofi Adventis República Dominicana, por
$117.614.157.0006, que corresponden al 29.85% del total de los ingresos obtenidos ($393.135.772.154) ya que el 65.42% de tales ingresos correspondieron a ventas efectuadas en el mercado nacional a terceros independientes.
5 Samai CE, índice 3, pág. 40, documentación comprobatoria.
6 Samai CE, índice 3, pág. 11 a 12 c.a. 1
Para la evaluación de estas operaciones, la actora seleccionó el método de «márgenes transaccionales de utilidad de operación (TU)» y como indicador de rentabilidad el
«margen sobre costos y gastos (MCG)». Para el efecto, seleccionó seis comparables del sector manufacturero (farmacéuticas) ubicadas en India y Malasia, cuyo rango intercuartil de rentabilidad, medido a través del indicador MCG estaba entre el 12,488% y el 30,233%, con una mediana de 16,695%7.
- El estudio de precios de transferencia contiene un análisis funcional en el que se describieron las actividades desarrolladas por Genfar en las áreas de investigación y desarrollo, compras, manufactura, publicidad y mercadeo, comercialización, logística y manejo de inventarios, garantías y gestión administrativa.
En relación con las funciones comerciales, el estudio indicó que los esfuerzos administrativos, publicitarios y de mercadeo de Genfar estaban dirigidos principalmente al mercado colombiano y que la compañía asumía directamente los costos asociados a dichas actividades en ese mercado.
Frente a las operaciones de exportación realizadas con vinculados económicos del exterior, el estudio señaló que las actividades de mercadeo y promoción eran desarrolladas por las entidades vinculadas en los respectivos países de destino, las cuales asumían los costos y riesgos asociados a esas actividades.
Asimismo, la documentación destacó diferencias en varios factores de comparabilidad. En primer lugar, las operaciones comparadas se desarrollaban en mercados geográficos distintos, pues mientras las ventas a terceros independientes se realizaban en Colombia, las operaciones vinculadas correspondían a exportaciones a diversos países. En segundo lugar, los adquirentes desempeñaban roles diferentes dentro de la cadena de distribución, dado que los vinculados del exterior actuaban como distribuidores en sus respectivos mercados. En tercer lugar, las operaciones de exportación se pactaban en dólares estadounidenses, mientras que las ventas locales se realizaban en moneda nacional. Finalmente, las exportaciones estaban sujetas a condiciones contractuales internacionales de entrega, pactadas bajo términos FOB, FCA o CIP, según el país de destino.
Frente a los riesgos, el estudio identificó los de mercado, producto y cambiario. Respecto del primero (riesgo de mercado), señaló que Genfar localmente estaba expuesta a un mercado con diversos competidores, productores y distribuidores de medicamentos genéricos, circunstancia que generaba presiones sobre los precios8. Sin embargo, precisó que, tratándose de exportaciones a vinculados del exterior, eran estos quienes asumían el riesgo de mercado, a diferencia de las operaciones con terceros independientes. En cuanto al riesgo de producto, indicó que Genfar localmente lo asumía al otorgar garantías sobre los productos vendidos y responder por las devoluciones derivadas de problemas de calidad mientras que en el exterior, este riesgo lo asumía el vinculado del exterior. Finalmente, identificó el riesgo cambiario derivado de las variaciones en las monedas utilizadas en sus operaciones y describió los mecanismos empleados por la compañía para mitigarlo, entre ellos la transferencia de ese riesgo a clientes o proveedores, la cobertura natural y la utilización de instrumentos financieros.
En cuanto a los activos, la documentación comprobatoria remitió al anexo de los estados financieros para identificar aquellos involucrados en las actividades de negocio de la compañía.
7 Samai CE, índice 3, folios 88 a 97 del c.a. 1.
8 Samai CE, índice 3, folios 52 a 54 del c.a.1.
A partir del análisis conjunto de funciones, activos y riesgos, el estudio señaló que las diferencias en las funciones desarrolladas por las compañías vinculadas podían conducir a caracterizaciones distintas y que, por ello, la caracterización debía efectuarse específicamente para cada operación analizada.
A partir de ese análisis, la documentación comprobatoria elaborada por Genfar evaluó la aplicación del método PC a las ventas de inventarios producidos. Aunque la demandante en ese análisis identificó operaciones de venta de productos manufacturados tanto a vinculados del exterior como a terceros independientes, consideró que existían diferencias que afectaban la comparabilidad. En particular, señaló9:
«Los volúmenes comercializados son significativamente diferentes, la Compañía vende un 29.82% del total de sus ventas a sus vinculados del exterior mientras que el 2.54% es exportado a terceros independientes. Esta característica en las condiciones de venta afecta directamente el precio convenido y los descuentos otorgados.
Adicionalmente, también se presentan diferencias en las características de los mercados geográficos en los cuales dichos productos se comercializan, tales como, los canales y niveles de distribución, niveles de suministro y demanda, percepción del consumidor, estrategias comerciales, términos contractuales, entre otras, que impiden una comparación de precios confiable.
Asimismo, los costos asociados a la logística difieren en las ventas a vinculados y terceros del exterior, dado que las ventas a vinculados se hacen utilizando principalmente transportes por vía marítima y terrestre, mientras que a terceros independientes en general se hacen vía aérea.
Las muestras médicas utilizadas por lo vinculados son sacadas de su propio inventario. Por su parte, a los terceros independientes les son proporcionadas de forma gratuita y van debidamente marcadas de esta manera.
Para la gestión comercial, a las vinculadas se les envían los modelos de artes y demás para que contraten directamente la elaboración de su material publicitario puesto que ya conocen el desarrollo y la filosofía de Genfar. En contra posición, la Compañía asume los costos asociados a la gestión comercial en las ventas realizadas a los terceros independientes del exterior.
Por otra parte, no existe información disponible de transacciones efectuadas por los vinculados económicos de la compañía con terceros independientes. Por lo tanto, el PC en su versión interna no arrojaría resultados confiables.
Adicionalmente, no fue posible disponer de información pública de transacciones entre terceros independientes comparables a las llevadas a cabo por la Compañía con sus partes vinculadas. Aunque hubiera sido teóricamente posible contar con tal información, a los fines de aplicar este método en su versión externa, deberían tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las características de los productos, los intangibles de marca, las condiciones comerciales (plazo de pago, descuentos, volúmenes comercializados, etc), así como también las estrategias de negocio utilizadas por las compañías, que pudieran tener efecto sobre los precios y, por tanto, requerir ajustes que resulten difíciles de cuantificar, y sin los cuales se generarían resultados poco confiables en el estudio de precios de transferencia.
De este modo, el PC no resulta aplicable para analizar si esta operación cumple con el principio de plena competencia».
Posteriormente, el estudio seleccionó el método TU en su versión externa para las operaciones de venta de inventarios producidos y no producidos, al considerar que era el método que ofrecía mayor confiabilidad para las transacciones analizadas. Para su aplicación tomó a Genfar como parte analizada y acudió a compañías comparables dedicadas a actividades de manufactura y distribución, sobre cuya información financiera efectuó los ajustes contables correspondientes.
9 Samai CE, índice 3, folios 57 y 58 del c.a. 1.
No obstante, la DIAN en la liquidación oficial de revisión, rechazó el método TU utilizado por Genfar y aplicó el método PC respecto de las operaciones de venta de inventarios producidos a vinculados del exterior. Para ello, consideró que la sociedad realizaba ventas de los mismos productos farmacéuticos a terceros independientes en el mercado local y que, por tanto, contaba con comparables internos que debían ser tenidos en cuenta de manera prioritaria para determinar el cumplimiento del principio de plena competencia.
Para efectuar el análisis, la Administración comparó los precios de venta de cada producto a los vinculados del exterior con los precios cobrados por el mismo producto a clientes independientes locales durante el año 2015. A partir de esa comparación encontró diferencias en los precios de varios medicamentos y sostuvo que, aun tratándose de productos con iguales características10, los precios cobrados a los vinculados eran inferiores a los correspondientes a terceros independientes locales. La Administración sostuvo que la identidad de los productos permitía efectuar una comparación directa de los precios y que las diferencias existentes entre las operaciones no impedían aplicar el PC, en la medida en que podían ser objeto de ajustes. En ese sentido, analizó las funciones desarrolladas por Genfar en las ventas a terceros independientes y a vinculados del exterior y reconoció diferencias relacionadas, entre otros aspectos, con las «actividades de venta y mercadeo» y con
«los descuentos» concedidos en las operaciones.
Con el propósito de mejorar la comparabilidad, la DIAN determinó un ajuste del 22,12% por gastos de ventas y mercadeo y otro del 8,81 % por descuentos, para un total del 30,93%. Este porcentaje lo descontó de los precios correspondientes a las ventas realizadas a terceros independientes. A partir de los precios así ajustados, efectuó la comparación con los pactados con los vinculados del exterior y determinó los ingresos que, a su juicio, habría obtenido la sociedad de haberse observado el principio de plena competencia.
Como resultado de ese procedimiento, la Administración estableció una adición de ingresos por $35.861.770.430, al considerar que los precios pactados en las operaciones con vinculados del exterior eran inferiores a aquellos que habrían sido acordados entre partes independientes en operaciones comparables.
De lo anterior se advierte que la Administración no desconoció la existencia de diferencias entre las operaciones comparadas. Por el contrario, admitió algunas de ellas y efectuó ajustes dirigidos a neutralizar sus efectos. La discrepancia radica, entonces, en determinar si las ventas efectuadas a terceros independientes locales constituían comparables internos suficientemente fiables y, particularmente, si los ajustes practicados por la DIAN permitían eliminar las diferencias económicamente relevantes que podían incidir en el precio.
Para la Sala, la existencia de ventas de los mismos productos a vinculados del exterior y a terceros independientes locales constituye un elemento relevante para determinar la posibilidad de acudir a un comparable interno, pero no resulta suficiente, por sí sola, para establecer la procedencia del método PC. Como se indicó, la comparabilidad exige verificar que las diferencias existentes entre las operaciones no afecten materialmente el precio o, de hacerlo, que puedan eliminarse mediante ajustes suficientemente fiables.
En cuanto a las circunstancias económicas y al mercado geográfico, la documentación comprobatoria da cuenta de que las operaciones utilizadas por la DIAN como comparables correspondían a ventas efectuadas en el mercado nacional,
10 DEFLAZARACORT 6mg CJ x10 TAB, ATORVASTATINA 10mg CJ x 10Tab REC, EZOMEPRAZOL 40 mg CJ x 10 TAB RECUBIERTA, CEFADROXILO 500 mg CJ x 10 CAPSULAS, DICLOFENACO 100mg CJ x 20 TAB LIBERACIÓN PROLONGADA.
mientras que las operaciones controladas correspondían a ventas a vinculados ubicados en el exterior. El estudio identificó esta circunstancia entre las razones que impedían efectuar una comparación fiable mediante el método PC, al considerar que las condiciones particulares de cada mercado podían incidir en la determinación de los precios.
La Sala no considera que la sola existencia de mercados geográficos distintos impida acudir a comparables internos. Lo relevante es establecer si tales circunstancias generan efectos económicamente significativos sobre el precio y si esos efectos fueron analizados o ajustados adecuadamente.
Al respecto, la Sala observa que el ajuste del 30,93 % efectuado en la liquidación oficial no estuvo dirigido a reconocer esas diferencias. Como se indicó, dicho porcentaje correspondió a gastos de ventas y mercadeo y a descuentos, sin que se advierta un análisis dirigido a establecer la incidencia que podían tener las condiciones de los distintos mercados sobre los precios utilizados en la comparación. Si bien esta diferencia no hace necesariamente inaplicable el método PC, se observa que la DIAN no se refiere a estos, en particular a su irrelevancia económica, así como tampoco efectuó un ajuste destinado a neutralizar sus efectos. Por consiguiente, este elemento permaneció sin justificación dentro del análisis de comparabilidad que sirvió de fundamento a la determinación oficial.
En esas condiciones, la similitud de los medicamentos comercializados no bastaba para equiparar las operaciones, pues subsistía una diferencia relativa a las circunstancias económicas en las que se efectuaron las ventas que no quedó comprendida en los ajustes practicados por la Administración.
Esta valoración encuentra respaldo en el dictamen técnico11 aportado al proceso. Al examinar la metodología empleada por la Administración, los peritos advirtieron que la similitud de los productos constituía un elemento relevante para la aplicación del PC, pero no agotaba el análisis de comparabilidad, pues debían considerarse las restantes condiciones económicamente relevantes de las operaciones. En particular, identificaron diferencias asociadas al mercado geográfico, las condiciones económicas, la moneda y el tipo de cliente, que, a su juicio, no quedaron comprendidas en los ajustes efectuados por la DIAN.
La Sala precisa que esta conclusión no depende exclusivamente del contenido del dictamen. Surge del examen de la propia fundamentación de la liquidación oficial, en la que se identifican únicamente ajustes por gastos de ventas, mercadeo y descuentos, sin que se advierta un análisis equivalente respecto de otros factores de comparabilidad identificados por la documentación comprobatoria.
En relación con los riesgos asumidos, la documentación comprobatoria identificó diferencias en su distribución entre las operaciones analizadas. En particular, respecto del riesgo de mercado, señaló que en las exportaciones a vinculados del exterior eran estas quienes asumían el asociado a la comercialización de los productos en sus respectivos mercados.
Como se señaló anteriormente, la Sala advierte que los ajustes efectuados por la DIAN correspondieron a gastos de ventas y mercadeo y a descuentos y dentro de estos, no se observa que se hubiera reconocido la incidencia económica derivada de la distinta asignación del riesgo de mercado. Tampoco se observa en la liquidación oficial una cuantificación de ese factor o una explicación que permita concluir que carecía de incidencia en la formación del precio.
11 Samai CE, índice 3, folios 157 a 195 de los anexos de la reforma a la demanda.
De este modo, aunque la Administración reconoció y ajustó determinadas diferencias funcionales entre las operaciones, la distinta asignación del riesgo de mercado permaneció como un elemento diferenciador no comprendido en los ajustes efectuados. Esta conclusión coincide con el análisis técnico contenido en el dictamen, que identificó la distinta distribución del riesgo de mercado y señaló que este factor no fue neutralizado por los ajustes practicados por la Administración.
También se advierten diferencias relacionadas con el tipo de cliente y su posición en la cadena de comercialización. De acuerdo con la documentación comprobatoria, las vinculadas del exterior adquirían los medicamentos para comercializarlos posteriormente en sus respectivos mercados y asumían las funciones correspondientes a esa etapa de distribución. Por su parte, las operaciones utilizadas por la DIAN como comparables correspondían a ventas efectuadas a terceros independientes en el mercado nacional.
Esta circunstancia resulta relevante porque la posición del comprador en la cadena de distribución puede incidir en las funciones y riesgos que asume y, por esa vía, en el precio al que adquiere el producto. En este punto, la Liquidación Oficial se concentró en la identidad de los medicamentos y en los ajustes por ventas, mercadeo y descuentos, pero no se advierte que hubiera determinado si las condiciones comerciales derivadas de la posición de los compradores en la cadena eran equivalentes o si requerían algún ajuste adicional.
En cuanto a la moneda en la que se pactaron las operaciones, la documentación comprobatoria da cuenta de que las ventas efectuadas a vinculados del exterior se realizaban en dólares estadounidenses, mientras que los comparables internos seleccionados por la DIAN correspondían a operaciones efectuadas en el mercado nacional en pesos colombianos.
La diferencia en la moneda de denominación tampoco permite, por sí misma, concluir que las operaciones no sean comparables. Su relevancia depende de la incidencia económica que pueda producir sobre el precio y, especialmente, de la parte que asuma la exposición derivada de las fluctuaciones cambiarias. Sobre este último aspecto, la documentación comprobatoria señaló que Genfar asumía el riesgo cambiario derivado de sus operaciones. Sin embargo, en la liquidación oficial no se advierte un análisis específico dirigido a establecer si la diferente moneda y la exposición cambiaria incidían en los precios objeto de comparación, ni que alguno de los componentes del ajuste del 30,93 % estuviera destinado a reconocer ese efecto.
De este modo, la Sala no considera que la utilización de monedas diferentes impida, en sí misma, acudir a los comparables internos. Lo relevante es que, al efectuar la comparación, la Administración debía establecer si esa circunstancia generaba una diferencia económicamente significativa. La liquidación oficial no permite advertir que ese análisis se hubiera efectuado respecto del riesgo cambiario identificado en la documentación comprobatoria. Esta valoración encuentra respaldo en el dictamen técnico, que incluyó la moneda entre las condiciones económicas relevantes de las operaciones y cuestionó que los ajustes practicados por la Administración no hubieran reconocido la incidencia de ese factor en la comparabilidad.
El análisis comparativo efectuado por Genfar y por la DIAN de las circunstancias que rodearon las ventas locales y las de los vinculados del exterior se puede resumir en el siguiente cuadro:
Factor de comparabilidad | Operaciones con vinculados del exterior | Comparables usados por la DIAN | ¿La DIAN lo analizó en sus actos de determinación? | ¿La DIAN realizó ajuste por este concepto? | ¿Qué señaló Genfar en la documentación comprobatoria y en el dictamen? |
Mercado geográfico | Exportaciones a varios países de Latinoamérica | Mercado colombiano – Ventas a terceros independientes | No se advierte un análisis especifico de su incidencia económica | No se practicó un ajuste específico | Se señaló en la documentación comprobatoria que existen condiciones económicas, regulatorias y competitivas distintas. En la misma línea, el dictamen afirmó que estas diferencias no fueron neutralizadas en los actos de determinación expedidos por la DIAN. |
Tipo de cliente | Distribuidores vinculados que comercializan en sus países | Clientes independientes nacionales | No se advierte un análisis especifico de su incidencia económica | No se practicó un ajuste específico | En la documentación comprobatoria se señaló que los compradores ocupan posiciones distintas en la cadena de distribución, situación confirmanda en el dictamen. |
Riesgo de mercado | Lo asumen los distribuidores vinculados en cada país | Riesgo asumido por Genfar en la comercialización nacional | No se advierte un análisis especifico de su incidencia económica | No se practicó un ajuste específico | En el análisis funcional del estudio de atribución se identificó una asignación distinta del riesgo. |
| Riesgo cambiario | Operaciones en USD | Operaciones en COP | No se advierte un análisis especifico de su incidencia económica | No se practicó un ajuste específico | La documentación comprobatoria identificó exposición cambiaria diferenciada. |
Mercadeo y ventas | Mercadeo asumido por vinculadas del exterior | Mercadeo asumido por Genfar en Colombia | Sí | Sí (22,12%) | Reconocido por ambas partes |
| Descuentos comerciales | Condiciones distintas | Clientes independientes locales | Sí | Sí (8,81%) | Reconocido por ambas partes |
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera necesario precisar que el debate no consiste en determinar si cada una de las diferencias identificadas impedía por sí sola la utilización del método PC. Una vez la DIAN decidió sustituir el método TU aplicado por Genfar y adoptar el método PC, asumió la carga de demostrar:
que dicho método era más apropiado;
que los comparables internos seleccionados reunían condiciones suficientes de comparabilidad; y
que las diferencias relevantes fueron neutralizadas mediante ajustes suficientemente fiables o carecían de incidencia material en el precio12.
Sin embargo, la liquidación oficial únicamente desarrolló ajustes asociados a gastos de venta, mercadeo y descuentos, sin efectuar un examen técnico equivalente respecto de los demás factores identificados por la propia documentación comprobatoria, en donde la demandante señaló las razones por las cuales estas diferencias hacían que la aplicación del método PC no resultara aplicable y procediera a dar aplicación al método TU. En efecto, no acreditó suficientemente:
la superior confiabilidad del método PC frente al TU;
la comparabilidad suficiente de los comparables internos seleccionados; y
la idoneidad de los ajustes practicados.
12 En sentido semejante, IPCA Laboratories Ltd. v. DCIT (Income Tax Appellate Tribunal, Mumbai, 23 de junio de 2026). El Tribunal rechazó la sustitución del método de margen neto transaccional por el método de precio comparable al considerar que las diferencias geográficas, regulatorias, comerciales y logísticas entre las operaciones comparadas no habían sido adecuadamente analizadas ni neutralizadas mediante ajustes confiables. El Tribunal destacó que la mera existencia de comparables internos no basta para justificar el cambio del método empleado si la administración no demuestra la fiabilidad de la comparación.
Valorados en conjunto los anteriores elementos, el contraste entre la documentación comprobatoria y la liquidación oficial evidencia que subsistieron diferencias relacionadas con las condiciones de los mercados geográficos, la asignación del riesgo de mercado, las funciones asumidas por los adquirentes en la posterior comercialización de los productos y la exposición al riesgo cambiario, respecto de las cuales no se estableció que carecieran de incidencia en la formación del precio ni se efectuaron ajustes específicos dirigidos a neutralizar sus efectos.
En este punto resulta relevante que el ajuste del 30,93 % fue determinado a partir de dos conceptos concretos –gastos de ventas y mercadeo y descuentos–. Por ello, el hecho de que la Administración aplicara ese porcentaje a los precios de los terceros independientes no demuestra, por sí mismo, que las restantes diferencias entre las operaciones hubieran quedado eliminadas o las razones por las cuales consideró que estas circunstancias abordadas desde el estudio de precios de transferencia no fueran consideradas dentro de los ajustes propuestos. La existencia del ajuste no sustituye el análisis de comparabilidad, pues es necesario establecer qué diferencias pretende neutralizar, cómo fue cuantificado su efecto económico y en qué medida permite hacer comparables las operaciones. En consecuencia, respecto de los factores que no quedaron comprendidos en aquel porcentaje, correspondía establecer su incidencia económica o explicar técnicamente por qué no afectaban la comparabilidad, análisis que no se advierte suficientemente desarrollado en la liquidación oficial.
Lo anterior no significa que los comparables internos identificados por la DIAN debieran descartarse por el solo hecho de existir diferencias entre las operaciones. Lo determinante es que, en las condiciones concretas en que fue aplicado el método PC, la Administración no demostró que los precios de las ventas efectuadas a terceros independientes locales, después de los ajustes practicados, ofrecieran un grado de comparabilidad suficiente para determinar de manera fiable el precio de plena competencia de las operaciones realizadas con vinculados del exterior.
Esta valoración encuentra respaldo en el dictamen técnico aportado al proceso. Al examinar la metodología aplicada por la Administración, los peritos señalaron que, además de las diferencias reconocidas por la DIAN, subsistían otras relacionadas con las condiciones de mercado, la geografía, la moneda y el tipo de cliente que no quedaron comprendidas en los ajustes efectuados. En ese sentido, la insuficiencia advertida se desprende de la propia fundamentación de la liquidación oficial, aspecto corroborado por el dictamen técnico.
La debilidad de la determinación oficial no radica en un único factor de comparabilidad, sino en el efecto concurrente de varias diferencias relevantes que permanecieron sin análisis o sin justificación suficiente. Consideradas de manera aislada, ninguna de ellas bastaría para descartar la utilización del método PC; examinadas en conjunto, impiden concluir que los comparables internos utilizados por la DIAN alcanzaran el grado de comparabilidad y fiabilidad exigido para sustentar el ajuste propuesto. Por ello, la insuficiencia probatoria no recae sobre una diferencia específica, sino sobre la confiabilidad global del ejercicio de comparabilidad realizado por la Administración.
Esta conclusión resulta acorde con el criterio adoptado por la Sección en la sentencia del 6 de junio de 2024, exp. 2740213, en la que se precisó que la existencia de comparables internos y la identidad de los productos no determinan, por sí solas, la aplicación del PC, pues es necesario establecer que las diferencias entre las operaciones no afectan materialmente el precio o que sus efectos pueden eliminarse mediante ajustes suficientemente precisos. En esa oportunidad, la Sala concluyó que la aplicación del PC había sido incorrecta porque, pese a los ajustes efectuados por la
13 Sentencia del 6 de junio de 2024, exp. 27402, MP. Milton Chaves García.
Administración, permanecían diferencias relacionadas con las funciones, activos, riesgos, mercado geográfico, nivel de mercado y sujetos intervinientes.
Si bien las circunstancias de aquel asunto no son idénticas a las aquí analizadas, el criterio resulta aplicable en cuanto exige que la utilización del PC a partir de comparables internos esté precedida de una verificación suficiente de las diferencias económicamente relevantes y, cuando corresponda, de ajustes fiables que permitan neutralizar sus efectos.
En esas condiciones, la Sala precisa que la insuficiencia advertida no deriva de la inexistencia de los hechos considerados por la Administración. Está acreditado que Genfar comercializó los mismos productos con vinculados del exterior y con terceros independientes, que la DIAN identificó comparables internos y que efectuó ajustes para mejorar su comparabilidad. El reparo radica en que el análisis efectuado no demuestra que, después de los ajustes practicados, las operaciones hubieran alcanzado un grado de comparabilidad suficiente para aplicar de manera fiable el método PC, dadas las diferencias económicamente relevantes que, según se expuso, permanecieron sin neutralizar.
Además, las razones consignadas en la documentación comprobatoria permiten advertir que la selección del método TU no obedeció a una elección arbitraria del contribuyente, sino a la valoración de diferencias funcionales y económicas que podían afectar la fiabilidad de una comparación directa de precios.
Conclusión
La Sala concluye que la Administración no justificó suficientemente que el método PC, aplicado a partir de las ventas nacionales seleccionadas como comparables y de los ajustes practicados, ofreciera un resultado más fiable que el método TU utilizado por Genfar. En particular, no acreditó que las diferencias económicamente relevantes identificadas en el análisis de comparabilidad carecieran de incidencia material en el precio o hubieran sido neutralizadas mediante ajustes suficientemente fiables.
Por ello, la nulidad de los actos acusados no deriva de la existencia de diferencias entre las operaciones comparadas consideradas aisladamente, sino de la insuficiencia del análisis que debía sustentar la aplicación del método escogido por la Administración.
Por tanto, no se desvirtuó la metodología empleada por la demandante en la documentación comprobatoria para analizar las operaciones de venta de inventarios producidos a vinculados del exterior, de manera que no prospera el reparo formulado por la DIAN contra la decisión del Tribunal en este aspecto y se confirma la decisión de primera instancia.
En consideración a que no prospera el cargo de apelación de la DIAN respecto de la aplicación del método PC y se mantiene la nulidad del ajuste efectuado a los ingresos de Genfar, no hay lugar a analizar los argumentos relacionados con la sanción por inexactitud, cuya procedencia dependía de la modificación oficial cuestionada. En consecuencia, se confirmará la decisión del Tribunal.
Condena en costas a la parte demandada en esta instancia
Finalmente, la DIAN solicita revocar la condena en costas impuesta en primera instancia, porque afirma que actuó en ejercicio de sus funciones de fiscalización y se trata de un asunto de interés público.
Al respecto, la Sala precisa que aunque la DIAN actuó en ejercicio de sus funciones de fiscalización, ello no constituye una causal legal para excluir la condena en costas en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho referente a actos particulares. Por tanto, la procedencia de la condena en costas se rige por las reglas previstas para esta materia, sin que el ejercicio de las funciones de fiscalización de la Administración constituya, por sí mismo, una razón para excluirla.
En consecuencia, no prospera el reparo de la DIAN contra la condena en costas impuesta por el Tribunal, por lo que se confirmará la decisión de primera instancia en este aspecto.
De otra parte, como en esta instancia se confirma en su totalidad la sentencia apelada, la Sala condenará en agencias en derecho a la parte demandada, con un (1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo dispuesto por el Acuerdo No. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 202514 del Consejo Superior de la Judicatura, y en atención a lo establecido por el artículo 365.1 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
FALLA
Confirmar la sentencia apelada por las razones expuestas en esta providencia.
Condenar en costas en esta instancia a la parte demandada, en su modalidad de agencias en derecho, con un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con el Acuerdo No. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura y la parte motiva de esta providencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
| (Firmado electrónicamente) LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO Presidente | (Firmado electrónicamente) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Salva voto |
(Firmado electrónicamente) WILSON RAMOS GIRÓN | (Firmado electrónicamente) CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ |
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidado
14 “Por el cual se adiciona el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 que establece las tarifas de agencias en derecho”.