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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veintiséis (2026) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho

Radicación 19001-23-33-000-2019-00260-01 (29856)

Demandante EMERITA MUÑOZ

Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

Temas IVA 2014 y 2015. Adición de ingresos gravados. Procedencia de costos estimados o presuntos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que resolvió:

PRIMERO. - NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la señora Emerita Muñoz, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional DIAN, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. - Sin condena en costas […]1

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió seis liquidaciones oficiales de revisión a la demandante, con las que modificó sus declaraciones del impuesto sobre las ventas (IVA) del 1°, 2° y 3° bimestre del año 2014 y 3°, 4° y 5° bimestre del año 20152. En todas ellas, la DIAN adicionó ingresos brutos por operaciones gravadas y, en consecuencia, determinó un mayor impuesto a pagar en el periodo e impuso sanción por inexactitud en la tarifa del 100%.

La demandante interpuso recurso de reconsideración contra cada una de las liquidaciones oficiales, los cuales fueron resueltos por la administración en el sentido de confirmar los actos liquidatorios3.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

1 Samai Tribunal, índice 50.

2 Liquidaciones 172412018000002 del 13 de febrero de 2018, 172412018000008 del 11 de abril de 2018,

172412018000011 del 24 de mayo de 2018, 172412018000003 del 28 de febrero de 2018, 172412018000006 del 22 de

marzo de 2018 y 172412018000005 del 15 de marzo de 2018.

3 Resoluciones 900001 del 21 de febrero de 2019, 900004 de fecha 8 de abril de 2019, 900003 del 8 de abril de 2019,

172012019000001 del 19 de marzo de 2019, 900002 del 3 de abril de 2019, 172012019000002 del 22 de marzo de 2019.

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en las demandas acumuladas4, que plantean idénticas pretensiones y fundamentos, la parte demandante solicitó:

    1. Se declare la nulidad de los siguientes actos y actuaciones administrativas:
      1. De la LIQUIDACIÓN OFICIAL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS […]5 proferida por el jefe de la División de Gestión de Liquidación (A) de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán, por la cual se modificó la declaración del impuesto sobre las ventas [del periodo gravable respectivo].
      2. De la RESOLUCIÓN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN QUE CONFIRMA […] emitido por el Director
      3. Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán (A), que puso fin a la vía gubernativa confirmando la liquidación oficial de revisión referida en el punto anterior, así como los demás actos y actuaciones administrativas complementarias, que tengan su razón de ser en esta investigación y se desarrollaron en el expediente referido.

    2. A título de restablecimiento del derecho que se considera lesionado se hará la siguiente declaración:
      1. Declárese en firme la declaración privada de la contribuyente EMERITA MUÑOZ por el impuesto a las ventas [del periodo gravable respectivo].
      2. Acredítese ese valor a la cuenta corriente que por el [periodo gravable] le lleva la entidad demandada.
      3. Condene en costas a la demandada si hay lugar a ellas.

Invocó como normas violadas los artículos 2, 4, 29, 209 y 228 de la Constitución

Política; 2, 3, 87, 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo; 647, 683, 730, 772, 773 y 774 del Estatuto Tributario; y la Circular DIAN 0175 del 29 de octubre de 2001. A continuación, se resume el concepto de la violación:

Adujo que los actos demandados incurren en una falsa motivación, porque las conclusiones y juicios que plantearon no son acordes con la realidad económica de la demandante.

Precisó que las pruebas recabadas por la DIAN en la diligencia de registro carecen de veracidad y fueron interpretadas erróneamente desconociendo la realidad de la operación de venta. Específicamente, señaló que los «Informes de Caja», con base en los cuales la administración adicionó ingresos, son documentos internos dirigidos a la administración de la empresa, que no reflejan el dato final de ventas ni cumplen los requisitos de un informe diario de facturación, por lo cual no son prueba idónea de las ventas efectuadas. Enfatizó en que el informe de caja incluye valores que no corresponden a ventas, como los ingresos recibidos para terceros y otras operaciones, lo que explica la diferencia de ingreso advertida por los funcionarios, que distorsiona la realidad económica de la empresa.

Alegó que no todas las entradas de efectivo representan ingresos, por lo cual los datos consignados en el informe de caja deben contrastarse con la contabilidad. En este punto, expresó que la contabilidad constituye prueba en favor del contribuyente y adujo que en este caso la DIAN no la desvirtuó, por lo cual continúa siendo plena prueba de la realidad económica de la demandante. Adicionó que, la normatividad

4  Mediante Auto del 20 de enero de 2021, el Tribunal decretó la acumulación de los procesos con radicado 9001-23-33-002-2019-00241-00, 19001-23-33-002-2019-00250-00, 19001-23-33-003-2019-00255-00, 19001-23-33-003-2019-

00258-00, 19001-23-33-003-201900259-00 y 19001-23-33003-2019-00260-00, que corresponden al medio de control de nulidad y restablecimiento incoados por la actora contra los actos de determinación oficial del impuesto sobre las ventas (IVA) del 1°, 2° y 3° bimestre del año 2014 y del 3°, 4° y 5° bimestre del año 2015. Los cuadernos principales y de antecedentes administrativos de cada radicado se encuentran en el expediente digital, en el índice 03 de Samai.

5  Liquidaciones 172412018000002 del 13 de febrero de 2018, 172412018000008 del 11 de abril de 2018,

172412018000011 del 24 de mayo de 2018, 172412018000003 del 28 de febrero de 2018, 172412018000006 del 22 de

marzo de 2018 y 172412018000005 del 15 de marzo de 2018.

6 Resoluciones 900001 del 21 de febrero de 2019, 900004 de fecha 8 de abril de 2019, 900003 del 8 de abril de 2019,

172012019000001 del 19 de marzo de 2019, 900002 del 3 de abril de 2019, 172012019000002 del 22 de marzo de 2019.

establece una tarifa legal que asigna mayor valor probatorio a la contabilidad, por lo que esta debe prevalecer, especialmente ante las dudas razonables que genera el informe de caja.

Seguidamente, afirmó que fue falsa e indebida la motivación de los actos demandados, porque no consideraron en su integridad los medios probatorios y descartaron la contabilidad como prueba, con base en informes de caja que no dan cuenta de los ingresos percibidos por la demandante.

Sin perjuicio de lo expuesto, en el evento de considerar que existió omisión de ingresos, la demandante advirtió que la administración violó el debido proceso, porque no determinó los costos presuntos que establece el artículo 82 del Estatuto Tributario. Recordó que, de conformidad con el articulo 683 ibidem, la aplicación de las normas tributarias debe estar presidida por un relevante espíritu de justicia y que el Estado no aspira que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas de la Nación, por lo cual solicitó que se determinen los costos presuntos de que trata la referida norma, en relación con los ingresos adicionados.

Finalmente, se opuso a la sanción por inexactitud, afirmando que se le impuso sin fundamento y que, en todo caso, no hay lugar a ella cuando el menor impuesto a pagar resulta de una diferencia de criterio sobre la interpretación del derecho aplicable, como sucedió en este caso.

Oposición de la demanda

La DIAN se opuso a las pretensiones de cada una de las demandas acumuladas, presentando idénticos argumentos en todos los procesos7.

Controvirtió la alegada falsa motivación, arguyendo que las modificaciones de la declaración se fundaron en las pruebas obrantes en el expediente administrativo, de las cuales concluyó que la actora omitió declarar ingresos en el periodo y desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración.

Precisó que mediante la diligencia de registro y la documentación obtenida en los establecimientos de comercio «Depósito Nabor Rengifo» y «Depósito Santander», incluida la contabilidad de la contribuyente, la administración comprobó que ésta facturó mayores ingresos que no fueron declarados.

Explicó que la demandante tuvo la oportunidad de controvertir las actuaciones de la administración y reprochó que, teniendo la carga de la prueba, únicamente presentara cargos teóricos para desvirtuar las glosas propuestas, en lugar de aportar elementos probatorios como libros y soportes contables.

Adujo que, si bien la contabilidad constituye prueba en favor del contribuyente, ella se desvirtuó en este caso, pues se verificó que no registra la totalidad de las operaciones.

Rehusó la aplicación el artículo 82 del Estatuto Tributario para la determinación de costos presuntos asociados a los ingresos adicionados, porque esta norma solo está prevista para la enajenación de activos y no para actividades distintas como la

7 Samai, índice 03, Expediente digital – PDF Contestación. En el mismo índice obran los cuadernos principales de los procesos que fueron acumulados al presente radicado, con las contestaciones que presentó la entidad demandada frente a cada una de las demandas que interpuso la actora.

que desarrolla la actora, quien comercializa al por mayor productos alimenticios, farmacéuticos, materias primas agropecuarias, etc.

Frente a la sanción por inexactitud, advirtió que las conductas omisivas de la demandante configuran el supuesto sancionable, y afirmó que no existe diferencia de criterio frente al derecho aplicable.

Propuso la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa, en relación con los cargos de costos presuntos y la sanción por inexactitud, porque constituyen hechos nuevos que no fueron debatidos en el recurso de reconsideración. Sin embargo, la excepción fue negada por el tribunal mediante auto del 30 de junio de 20218.

Sentencia apelada

El Tribunal negó las pretensiones de las demandas acumuladas y se abstuvo de condenar en costas9, por los siguientes motivos:

Respecto de la adición de ingresos, explicó que, si bien se presume la veracidad de las declaraciones de impuestos, esto no exime a los contribuyentes de demostrar los hechos consignados en ellas, pues la presunción admite prueba en contrario y puede ser desvirtuada por la administración. Asimismo, expresó que la contabilidad puede ser desvirtuada por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley, en cuyo caso le corresponde al contribuyente aportar elementos que acrediten la existencia de sus operaciones.

Hizo recuento de las actuaciones adelantadas durante la investigación tributaria, entre estas, la diligencia de registro y requerimientos de información contable, a partir de las cuales la administración estableció una diferencia entre los ingresos declarados y los que arrojaba el sistema.

Indicó que, por solicitud de la demandante, en el proceso se decretó un dictamen pericial, y que en la audiencia de pruebas, la DIAN interrogó al perito respecto de si para rendir el dictamen se había tenido en cuenta los documentos y archivos que soportaban los actos acusados, frente a lo cual el perito respondió negativamente, informando que solo tuvo en cuenta la contabilidad y la declaración.

A partir de lo anterior, consideró que no se podía tener como prueba el dictamen pericial, pues no responde al interrogante sobre las diferencias advertidas por la DIAN y la declaración. Precisó que la discusión no versa sobre las diferencias entre la contabilidad y las declaraciones privadas (cuestión abordada por el perito), sino sobre las diferencias que halló la administración entre la contabilidad y los archivos extraídos con ocasión de la diligencia de registro.

Luego, citó los apartes de las liquidaciones oficiales en los que se expone el sustento de la adición de ingresos y destacó el hecho de que la actora no allegó la totalidad de la facturación que le requirió la administración.

Concluyó que la DIAN logró evidenciar ingresos superiores a los declarados por la actora, sin que esta última lograra descartarlos. En este punto, recordó que, si bien la administración tiene la carga de desvirtuar la veracidad de las declaraciones

8 Samai, índice 3. 22ED_C01_20Autopdf(.pdf) NroActua 3

9 Samai Tribunal, índice 50.

tributarias, también es cierto que, cuando presenta hallazgos que comprometen dicha veracidad, es al contribuyente a quien corresponde aportar los medios de convicción que respalden su liquidación.

A juicio del a quo, aunque la demandante sostuvo que los ingresos de caja suministran valores que no siempre constituyen ingresos, no cumplió la carga de acreditar dichos argumentos. Expresó que: «(...) los solos argumentos sin sustento probatorio, frente al análisis y exhaustivo de la DIAN al momento de advertir mayores valores, se queda en meras conjeturas, mismas que son insuficientes para ampara (sic) la carga probatoria que radica en el extremo activo»10.

Descartó la determinación de costos presuntos de acuerdo con el artículo 82 del Estatuto Tributario, porque esta norma no existe para suplir la inactividad probatoria de la parte demandante, habida cuenta que no se ocupó de acreditar los costos asociados a los ingresos hallados por la DIAN.

Despachó desfavorablemente los argumentos de la demandante sobre la sanción por inexactitud, señalando que la discusión no versó sobre una diferencia de criterios en el derecho aplicable, sino frente a la omisión en el reporte de ingresos.

Ordenó no condenar en costas.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión de primera instancia11, con fundamento en lo siguiente:

Insistió en que la contabilidad se llevó en debida forma y debe tenerse como plena prueba a su favor, y por tanto, la prueba idónea son los registros y comprobantes contables de las operaciones de venta. Que, los datos tomados por la DIAN como sustento de la adición de ingresos son contrarios a la realidad de las transacciones de la demandante, especialmente en lo referido a los informes de caja comprendidos entre enero y diciembre de 2014 en los establecimientos comerciales de Popayán y Santander de Quilichao.

Destacó que, de acuerdo con el dictamen pericial, la contabilidad de la actora se llevó con observancia de los principios y normas contables, tal como lo exigen los artículos 772 y 774 del Estatuto Tributario, registrada en la Cámara de Comercio y en el sistema contable Contapyme, y respaldada en comprobantes internos y externos.

Reprochó que el tribunal hubiera descartado el dictamen pericial solo por el hecho de no responder al interrogante planteado por la DIAN sobre la diferencia advertida en los actos y la declaración. Expresó que, aunque es cierto que en la audiencia de pruebas el perito manifestó que solo tuvo en cuenta la contabilidad y sus soportes, ello no justifica el desconocimiento de la experticia, cuando permite demostrar que la contabilidad es un medio de prueba idóneo. En este punto, recordó que las pruebas recaudadas deben valorarse en conjunto, considerando la conexión que existe entre ellas, en virtud del principio de unidad de la prueba.

También cuestionó la decisión frente al valor probatorio de la contabilidad, pues ignoró que goza de presunción de veracidad y constituye plena prueba en favor del

10  Ibidem, pág. 18.

11  Samai Tribunal, índice 53.

contribuyente. Afirmó que el tribunal desconoce la realidad materialmente probada con los documentos contables, «por la falta de cumplimiento de simples requisitos formales».

Señaló que no es cierto que sus argumentos se basaran en conjeturas sin demostración, pues las pruebas se encuentran detalladas en la contabilidad. A su juicio, en la contabilidad se encuentra demostrado que las sumas registradas en el informe de caja no corresponden a ingresos. Explicó que en la «contabilidad está demostrado que muchas de las operaciones que realiza la empresa se trata de compras de terceros que llevan sus cheques para ser cambiados posteriormente por mercancía, por lo que, en la primera operación, se registra el cheque en el informe de caja, porque está ingresando efectivo, pero en la contabilidad su contrapartida no es un ingreso sino una cuenta por pagar. Cuando se entrega la mercancía, se debita la cuenta por pagar y se contabiliza el ingreso, el cual se encuentra debidamente registrado en la contabilidad, con base en la cual se elaboran las declaraciones tributarias correspondientes». Concluyó que, la contabilidad tiene mayor valor probatorio que los informes de caja, pues estos no discriminan la naturaleza de la operación, no obstante, la DIAN y el tribunal la descartaron como prueba, por lo que solicita al juez de segunda instancia que la valore como una unidad probatoria indivisible.

En lo que atañe a la determinación de costos presuntos bajo el artículo 82 del ET, refutó que la demandante hubiera incurrido en inactividad probatoria, pues alegó en todo momento la prueba de la realidad económica basada en su contabilidad. Reiteró que, en virtud del principio de justicia previsto en el artículo 683 ibidem, no se pretende que el contribuyente asuma cargas superiores a aquellas que la ley les ha impuesto para coadyuvar al Estado, por lo cual solicitó que se le aplique la determinación de costos presuntos asociados a los ingresos adicionados por la administración.

Finalmente, sobre la sanción por inexactitud, insistió en que no se configura el hecho sancionable y que, en todo caso, se presenta una diferencia de criterios en el derecho aplicable, susceptible de exonerarle de la sanción.

Oposición a la apelación

La demandada guardó silencio.

Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no se pronunció.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Le corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de los actos demandados12, por medio de los cuales la DIAN modificó las declaraciones del impuesto sobre las ventas (IVA) del 1°, 2° y 3° bimestre del año 2014 y 3°, 4° y 5° bimestre del año 2015, presentadas por la demandante.

Atendiendo a los cargos de apelación formulados por la demandante -apelante única-

debe determinar la Sección la procedencia de: i) la adición de ingresos gravados,

12  Liquidaciones 172412018000002 del 13 de febrero de 2018, 172412018000008 del 11 de abril de 2018,

172412018000011 del 24 de mayo de 2018, 172412018000003 del 28 de febrero de 2018, 172412018000006 del 22 de

marzo de 2018 y 172412018000005 del 15 de marzo de 2018. Resoluciones 900001 del 21 de febrero de 2019, 900004

de fecha 8 de abril de 2019, Nro. 900003 del 8 de abril de 2019, 172012019000001 del 19 de marzo de 2019, 900002 del

3 de abril de 2019, 172012019000002 del 22 de marzo de 2019.

con base en las pruebas recabadas por la administración y las aportadas por la demandante, ii) la determinación de costos estimados o presuntos bajo el artículo 82 del Estatuto Tributario y iii) la sanción por inexactitud.

Análisis del caso concreto

Sobre la adición de ingresos gravados.

El Tribunal avaló la adición de ingresos, tras concluir que la DIAN logró desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias y que, por el contrario, la demandante no cumplió la carga de aportar medios probatorios que respalden su liquidación.

Para llegar a esa conclusión, hizo un recuento de las actuaciones adelantadas por la administración en el curso de la sede administrativa; negó valor probatorio al dictamen pericial contable incorporado en la audiencia de pruebas, por considerar que el mismo no responde a la discusión que suscita este caso; recordó que la contabilidad puede ser desvirtuada por la administración, y reprochó que la demandante hubiera justificado solo teóricamente las diferencias que la DIAN halló entre los ingresos declarados y aquellos que extrajo de los denominados «Informes de caja», sin aportar pruebas que soporten su planteamiento.

Para controvertir esta decisión, la demandante aseguró que su contabilidad se llevó en debida forma y refleja su realidad económica, tal como lo señaló el perito contador en su dictamen, al concluir que los registros contables coinciden con los datos reportados en sus declaraciones. Afirmó que los datos tomados por la administración de los informes de caja no corresponden a la realidad, y que el tribunal desconoció la realidad probada con la contabilidad por el incumplimiento de simples requisitos formales.

Cuestionó que el Tribunal descartara el dictamen pericial por no analizar la diferencia advertida en los actos y la declaración, pese a que la experticia permitía demostrar la idoneidad de la contabilidad como medio de prueba. Resaltó que sus argumentos no se basan en conjeturas, sino en la contabilidad, en la que se evidencia que las sumas registradas en los informes de caja no corresponden a ingresos, pues muchas operaciones corresponden a compras de terceros que llevan sus cheques para cambiarlos por mercancía, las cuales registra inicialmente como cuentas por pagar y, con la entrega de las mercancías, como ingresos.

Para resolver la presente controversia, se recuerda que, en virtud del principio de la carga de la prueba previsto en el artículo 167 del CGP, los hechos deben ser demostrados por quien los invoca a su favor. De ahí que, tratándose de la adición de ingresos, la carga de la prueba recae, en principio, sobre la DIAN, conforme con jurisprudencia reiterada en la que se ha reconocido que «cuando la administración ejerza dicha carga y demuestre la procedencia de aumentar la base imponible autoliquidada por el sujeto pasivo, es a este a quien corresponde desvirtuar los hallazgos de aquella»13

Así, una vez la administración comprueba, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, el supuesto de hecho que da lugar al aumento de ingresos -la obtención de ingresos adicionales a los declarados-, se desvirtúa la presunción de veracidad de la declaración y la carga de la prueba se traslada al contribuyente, a quien le corresponde controvertir la constatación realizada por la administración.

13 Sentencia del 16 de octubre de 2025, exp. 29399, M.P. Claudia Rodríguez Velásquez, que reitera las sentencias del 31 de mayo 2018, Exp. 20813, MP: Julio Roberto Piza Rodríguez y del 13 de diciembre de 2023, Exp. 26443, MP: Wilson Ramos Girón; entre otras.

Ahora bien, con miras a corroborar la existencia o inexistencia de las operaciones cuestionadas, o las circunstancias en que se produjeron, la administración puede practicar los distintos medios de prueba previstos en las normas tributarias o en el CGP, en cuanto estos sean compatibles con aquellos, según lo señala el artículo 742 del ET14; regla general de libertad probatoria (artículo 165 del CGP) que es aplicable en el presente caso, en la medida en que ninguna norma del ordenamiento tributario fija las pruebas conducentes para acreditar la realización de las operaciones que generan ingresos gravables con el impuesto sobre las ventas.

Por ende, la eficacia de los medios probatorios aportados para ese fin dependerá

«de [su] mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse» (artículo 743 del ET)15

Del mismo modo, el administrado puede acudir a los distintos medios de prueba para acreditar los ingresos declarados y/o desvirtuar los hallazgos de la administración, entre ellos, la contabilidad y los soportes internos y externos que la respaldan.

En cuanto a los libros de contabilidad, el artículo 772 del ET prevé que estos constituyen prueba a favor de los contribuyentes siempre que sean llevados en debida forma, para lo cual el artículo 773 ibidem exige que muestren fielmente el movimiento diario de ventas y compras, cumplan los requisitos señalados por el gobierno mediante reglamentos y permitan ejercer un control efectivo.

Asimismo, para que la contabilidad constituya prueba, el artículo 774 del ET dispone entre otros requisitos: que debe estar respaldada por comprobantes internos y externos, reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural y no haber sido desvirtuada por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley.

Así pues, la eficacia probatoria de los libros de contabilidad no es absoluta, ya que está sujeta a la verificación de la autoridad fiscal, que en desarrollo de sus facultades de fiscalización puede desvirtuarla a través de medios de prueba directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley.

En el caso bajo análisis, la Sección constató que, en los bimestres 1°, 2° y 3° del año 2014 y 3°, 4° y 5° del año 2015, la adición de ingresos se sustentó en las diferencias que halló la administración entre los ingresos declarados, y los registrados en la contabilidad, la información de facturación obtenida de los computadores de dos de sus establecimientos de comercio (depósito «Santander» y depósito «Nabor Rengifo»), y la carpeta relación de ventas diaria -informes de caja diario-; que aprehendió en las diligencias de registro ordenadas mediante Resolución No. 00234 del 3 de agosto de 2016, y con requerimientos ordinarios en los que se solicitaron documentos contables (balance de prueba, libro mayor y balance)16. Las principales irregularidades advertidas son las siguientes:

Por los bimestres fiscalizados del año 201417, la adición de ingresos respecto del establecimiento «Depósito Santander» se sustentó en las diferencias que encontró

14 Sentencia del 11 de mayo de 2017 (exp. 21373, MP: Milton Chaves García); del 05 de marzo de 2018 (Exp. 21783, MP: Jorge Octavio Ramírez) y del 25 de abril de 2018 y del 07 de octubre de 2021 (Exps. 21088 y 23149, MP: Julio Roberto Piza).

15 Sentencias del 19 de febrero de 2020 y del 05 de agosto de 2021 (Exps. 23296 y 22478, MP: Julio Roberto Piza); y del 02 de julio de 2026 (Exp. 29033, MP: Wilson Ramos Girón).

16  Samai, índice 03, expediente digital – Cuaderno de antecedentes administrativos (Caa).

17 Ibidem. Se pone de presente que corresponde a la misma irregularidad advertida en los bimestres cuestionados del año 2014. Como ejemplo se cita la Liquidación Oficial de Revisión 172412018000003 de 2018, correspondiente al 3 bimestre de 2014 (Cuaderno acumulado 3, radicado 2019-00259). Páginas LOR 9, 11, 13 y 16.

entre los ingresos registrados en la contabilidad y las entradas de efectivo consignadas en los informes de caja dispuestos en la «carpeta relación de ventas diaria», que presenta diariamente el saldo inicial (saldo final del día anterior), las entradas y salidas de efectivo. La administración precisó que «es el documento denominado Arqueo de Caja Diario, que no es otra cosa que el resume de transacciones generado por las ventas diarias del establecimiento y sirve para el control del destino del efectivo y determinar el efectivo al final del día y establecer con cuanto inicia el día siguiente».

Advirtió que «también se encontró que la contribuyente presuntamente realiza compra a nombre de terceros y no maneja cuenta de mercancías en consignación que soporten tal hecho. También quedó evidenciado que la contribuyente en el Depósito Santander repite numeración, una vez, 2 veces, 3 veces, y hasta 4 veces. Además, se encontró que en el Depósito Santander la contribuyente factura por computador con numeración no autorizada por la DIAN»

Por su parte, la adición de ingresos respecto del establecimiento «Nabor Rengifo» se motivó en las diferencias entre los ingresos declarados (y contabilizados) y la suma de las ventas totales según las facturas expedidas en cada periodo. Además, se puso de presente que no se pudo obtener información desde el sistema de facturación.

Comprobó que, en el Balance de Prueba de los periodos cuestionados, aportado por la actora en respuesta al requerimiento ordinario, las cuentas 4135 -Comercio al por mayor- y 2408 -IVA generado en ingresos- registran menores valores por ingresos e impuestos -respectivamente-, frente a los constatados en la investigación. Por tanto, concluyó que la contabilidad no refleja la realidad económica de la contribuyente.

Por los bimestres fiscalizados del año 201518, la adición de ingresos respecto de ambos establecimientos se sustentó en las diferencias entre los ingresos contabilizados y el total de ventas facturadas en cada periodo, determinada a partir de las bases de datos denominadas «ACUMUL» e «INFACU», de las que se extrajo información de las facturas de venta.

En efecto, la administración encontró que «De los archivos de imagen obtenidos en la operación de registro, directamente de la copia del sistema o aplicativo de facturación utilizado por la contribuyente, se observó que la contribuyente expidió las facturas dentro de los rangos autorizados por la administración, y se tomó la sumatoria de los ingresos registrados en las facturas consecutivas expedidas por la contribuyente, en los meses de septiembre y octubre de 2015; determinando que estos ingresos gravados son superiores a los ingresos gravados declarados».

Comprobó que, en el Balance de Prueba de los periodos cuestionados, aportado por la actora en respuesta al requerimiento ordinario, las cuentas 4135 - Comercio al por mayor - y 2408 -IVA generado en ingresos- registran menores valores por ingresos e impuestos -respectivamente-, frente a los constatados en la investigación. Por tanto, concluyó que la contabilidad no refleja la realidad económica de la contribuyente.

Con fundamento en estos hallazgos, la administración desconoció el valor probatorio de la contabilidad, pues consideró que no registra la totalidad de ingresos de la demandante y que, por lo tanto, la misma no se llevó en debida forma.

Por su parte, la demandante invocó como pruebas la contabilidad, y un dictamen pericial, en el cual se concluyó lo siguiente:

Efectuadas las verificaciones directamente sobre la contabilidad de la contribuyente EMERITA MUÑOZ, de los bimestres; 1º 2º y 3º de 2014 y 3º, 4º y 5º del año 2015, se evidencia una diferencia de valor poco representativo respecto al total de ingresos bimestrales y anuales, que además no afectaron la base gravable del IVA, por tratarse de ingresos excluidos.

18 Ibidem. Se pone de presente que corresponde a la misma irregularidad advertida en los bimestres cuestionados del año 2015. Como ejemplo se cita la Liquidación Oficial de Revisión 172412018000002 de 2018, correspondiente al 5 bimestre de 2015 (Cuaderno acumulado 2, radicado 2019-00258). Páginas LOR 9 y 10.

19  Samai, índice 03, expediente digital – PDF Dictamen pericial.

Esta diferencia de menor valor se evidenció en el 3º bimestre del año 2.015, por lo cual se verificó la declaración de renta del mismo año, comprobándose que no hay lugar a dicha diferencia en los ingresos totales del año que coinciden con la sumatoria de los ingresos bimestrales incluidos en las seis declaraciones de IVA del respectivo año.

Estos procedimientos desarrollados en esta labor de peritaje me permiten concluir que no existen diferencias entre los valores contabilizados y los valores declarados en los años 2014 y 2015 de las declaraciones de IVA y Renta20

En la audiencia de pruebas21, la DIAN realizó la contradicción del dictamen pericial, así:

PREGUNTA (DIAN): Usted al momento de realizar la verificación tuvo en cuenta la información que recaudó la DIAN en la visita de registro (…)?. Respuesta (Perito): (…) lo que usted menciona con respecto a los informes presentados por la DIAN no están confrontados en este informe. PREGUNTA: Es decir que usted únicamente se basó en la contabilidad de la demandante para realizar su dictamen pericial. Respuesta perito: Correcto.

A partir de lo expuesto, se observa que la DIAN cumplió con la carga de probar los ingresos adicionados, en la medida en que estos se sustentaron en facturas, informes de caja y la base de datos de facturación que evidenciaron mayores valores no contabilizados ni declarados. En efecto, estos elementos, recaudados en las instalaciones de la contribuyente durante la diligencia de registro, fueron cotejados con los documentos contables aportados por la misma, lo que permitió establecer las diferencias advertidas.

Para la Sección, los informes de caja constituyen un medio de prueba válido para cuestionar los ingresos declarados y soportar la adición de mayores valores, en tanto registran las entradas y salidas de efectivo durante un periodo determinado. En este caso, de su contenido se desprende que las entradas de efectivo registradas corresponden a ingresos por la venta de productos, atendiendo a la actividad comercial desarrollada por la actora, lo que también fue advertido por la DIAN al señalar que dichos documentos resumían las transacciones de ventas diarias. Afirmación que no fue desvirtuada por la contribuyente, quien tampoco acreditó que tales valores obedecieran a un concepto diferente.

En particular, la demandante se limitó a señalar que los informes de caja eran contrarios a la realidad y que los valores registrados inicialmente en dichos documentos correspondían a cheques recibidos de terceros que se contabilizaban como cuentas por pagar y que, solo al entregarse la mercancía, eran reconocidos como ingresos. Sin embargo, no acreditó el registro contable de las cuentas por pagar ni de los ingresos que, según afirma, correspondían a tales operaciones, ni allegó los elementos de pruebas que permitieran identificar cuáles de los valores tenían ese origen y verificar su posterior reconocimiento como ingreso.

A ello se suma que la DIAN advirtió que la contribuyente afirmaba realizar compras a nombre de terceros, pero no manejaba cuentas de mercancías en consignación que soportaran tales operaciones. Por tanto, la sola explicación sobre la dinámica contable de estas operaciones no permite establecer que los valores registrados en los informes de caja correspondieran a operaciones que ya hubieran sido declaradas como ingresos.

Por su parte, las facturas y la información del sistema de facturación constituyen medios de prueba idóneos para cuestionar los ingresos declarados y soportar la

20  Ibidem, pág. 4.

21  Samai, índice 11. Audiencia de pruebas (minuto 42:44 a 44:11)

adición, en tanto permiten acreditar las operaciones de venta realizadas por la demandante. Además, la factura constituye un documento soporte de las operaciones de venta, de conformidad con el artículo 771-2 del ET, sin que la demandante hubiera formulado reparo alguno frente a la facturación o desvirtuado las operaciones allí registradas.

A partir de estas pruebas, la DIAN cuestionó la contabilidad de la demandante en tanto no informaba la existencia de esas ventas, pues al comparar los libros con los informes de caja y los soportes de facturación evidenció que registran operaciones diferentes.

Una vez cuestionada la veracidad de la información consignada en las declaraciones, correspondía a la contribuyente acreditar que los ingresos registrados eran veraces y reflejaban la realidad de las operaciones. En consecuencia, la carga de la prueba se invirtió sobre la demandante, quien no la cumplió debidamente, pues se limitó a invocar la contabilidad y a aportar un dictamen pericial que se circunscribió a verificar la declaración y la contabilidad, sin confrontarlas con los hallazgos de la DIAN.

En efecto, el perito reconoció expresamente que en el dictamen no se confrontaron las inconsistencias advertidas por la DIAN, lo que también se evidencia en su contenido. Por ello, la experticia no permite tener por acreditada la veracidad de los valores declarados, pues no desvirtúa las diferencias establecidas por la administración, las cuales, se presentaron entre la declaración, la contabilidad, y los demás documentos recaudados durante la investigación, en particular, los informes de caja y la información de facturación.

Así, al no explicar ni desvirtuar los mayores valores determinados por la DIAN, el dictamen no resulta suficiente para controvertir la adición de ingresos. No basta, entonces, con afirmar que la experticia demuestra que la contabilidad constituye un medio de prueba idóneo, pues, precisamente, la falta de confrontación con los demás elementos probatorios impide establecer que aquella reflejara fielmente las operaciones de la sociedad, máxime cuando el propio dictamen identificó diferencias entre los valores declarados y los registrados contablemente.

De la valoración conjunta de las pruebas se observa que la contabilidad fue desvirtuada por las inconsistencias advertidas por la DIAN respecto de los ingresos consignados en las facturas y en los informes de caja. A ello se suma que, en algunos bimestres, se identificaron irregularidades en la facturación, como la repetición de numeración o el uso de numeración no autorizada, así como ausencia de información de facturación.

Además, el dictamen pericial encontró diferencias entre los valores declarados y los registrados en la contabilidad. Pese a ello, la contribuyente se limitó a invocar la contabilidad, sin identificar ni aportar los registros y soportes que permitieran explicar y justificar las diferencias advertidas. Estos hallazgos demuestran que la contabilidad no fue llevada en debida forma y, por tanto, no tiene el valor probatorio que establece el artículo 772 del ET.

Contrario a lo señalado por la apelante, el tribunal no desconoció la contabilidad por el incumplimiento de requisitos meramente formales, sino porque los demás elementos de prueba recaudados en la investigación evidenciaron inconsistencias que desvirtuaron su eficacia probatoria frente a los ingresos adicionados. No se

trata, entonces, de otorgar mayor valor probatorio a los informes de caja, las facturas o los demás documentos recaudados por la DIAN, sino de reconocer que estos elementos, valorados conjuntamente, desvirtuaron los registros contables al evidenciar diferencias que la contribuyente no logró justificar. Por tanto, mientras tales inconsistencias permanezcan sin explicación, la contabilidad no puede ser tenida como prueba suficiente para desvirtuar la adición de ingresos.

Debe tenerse en cuenta que a igual conclusión llegó esta Sección en sentencia del 17 de septiembre de 2026 (exp. 30798, M.P. Wilson Ramos Girón), que analizó el impuesto de renta del año 2015, en el que se concluyó que: «no le asiste razón a la apelante al señalar que estaba demostrado que llevó la contabilidad en debida forma y que, en consecuencia, debían avalarse los ingresos operacionales que declaró en la misma cuantía de los registros contables. Por el contrario, las pruebas que obran en el expediente, concretamente, los informes de facturación que aprehendió la Administración durante las diligencias de registro realizadas en los establecimientos de comercio de la contribuyente, dan cuenta de ventas superiores a las registradas en la contabilidad. Sobre este particular, la demandante no aportó ninguna prueba que permitiera concluir que la diferencia detectada entre esos documentos y la contabilidad no correspondía a ingresos por ventas, pues limitó su defensa a formular aseveraciones –irregularidad que subsiste en el recurso de apelación en el que se concretó en señalar que los informes de facturación incluían anticipos que inicialmente se registraban como cuentas por pagar y que, solo cuando se entregaba la mercancía pagada por anticipado, se registraban como ingresos–, sin aportar prueba alguna que las sustentara».

Así las cosas, la demandante no desvirtuó la legalidad de los actos acusados ni la conclusión a la que llegó la sentencia de primera instancia, por lo cual, de acuerdo con el análisis de las pruebas del proceso, se debe mantener la adición de ingresos, pues los soportes allegados, fueron debidamente valorados y la apelante no logró desvirtuar los presentados por la DIAN ni sus conclusiones.

No prospera el cargo de apelación.

Sobre la aplicación del artículo 82 del Estatuto Tributario, para la determinación de costos estimados o presuntos.

El tribunal descartó la determinación de costos estimados o presuntos de acuerdo con el artículo 82 del ET, bajo la premisa de que esta norma no existe para suplir la inactividad probatoria de la parte demandante, habida cuenta que no se ocupó de acreditar los costos asociados a los ingresos hallados por la DIAN.

La apelante refutó que hubiera incurrido en inactividad probatoria, aduciendo que en todo momento refirió su contabilidad como prueba de la realidad económica, e insistió en que se le debe aplicar el citado artículo 82 para la determinación de costos estimados o presuntos, en virtud del principio de justicia consagrado en el artículo 683 del ET.

Para dirimir este asunto, se pone de presente que, el artículo 82 del Estatuto Tributario no procede en aquellos casos en que el contribuyente no desplegó la actividad requerida para probar la existencia de las operaciones de compra de activos movibles que generaron las erogaciones que reclama como costos22, como ocurre en este caso, en el cual la actora no allegó pruebas que acreditaran la existencia de costos adicionales a los inicialmente declarados, que estuvieren asociados a los ingresos omitidos. Aunque la demandante nuevamente se refirió a

22 Sentencias del 5 de junio de 2025, exp. 29037, M.P. Wilson Ramos Girón; del 26 junio de 2025, exp. 27343, y del 10 de julio de 2025, exp. 27848, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del 20 de noviembre de 2025, exp. 27133, M.P. Claudia Rodríguez Velásquez.

su contabilidad y afirmó que ella es prueba de su realidad económica, no explicó cómo ella permite acreditar los costos asociados a los ingresos omitidos y, en todo caso, se recuerda que la misma fue desvirtuada con ocasión de los hallazgos referidos en el anterior cargo.

Con todo, se advierte que el artículo 82 del Estatuto Tributario no resulta aplicable al impuesto sobre las ventas aquí analizado, como lo ha señalado la Sección en sentencias del 24 de julio y del 4 de diciembre de 2025 (exp. 28397 y 29859, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello), pues se trata de una regulación del impuesto de renta, prevista para establecer de manera supletoria los costos de los contribuyentes de este tributo, sin que el legislador haya previsto su extensión al impuesto sobre las ventas.

Por consiguiente, el reconocimiento de estos costos no aplica para el caso analizado.

No prospera el cargo de apelación.

Sobre la sanción por inexactitud.

La demandante considera que es improcedente la sanción por inexactitud, porque no se configuró el supuesto sancionable y, en todo caso, se presentó una diferencia de criterios en cuanto a la apreciación jurídica de las normas aplicables, que da lugar a su exoneración de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 647 del Estatuto Tributario.

Sobre la configuración del hecho sancionable, se precisa que el artículo 647 ibídem tipifica dentro de las infracciones susceptibles de sanción la omisión de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, descuentos, inexistente o inexactos, así como la utilización de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor. Basta que se presente alguna de estas conductas para que proceda la sanción por inexactitud.

Habiéndose verificado la procedencia de la adición de ingresos, como consecuencia de su omisión en las declaraciones de IVA, procede la sanción por inexactitud.

En cuanto a la diferencia de criterios, la Sección ha señalado que esta causal de exoneración exige que la inexactitud haya sido consecuencia de una interpretación válida y razonable de las normas, sustentada en métodos o técnicas de interpretación legalmente aceptables, de manera que se acredite que existió un error sobre el derecho aplicable23. En este caso, la discusión no versó sobre el alcance o entendimiento de las normas, sino sobre los hechos (y pruebas) a partir de los cuales la administración concluyó que procedía la adición de ingresos gravados en los periodos objeto de fiscalización. Por este motivo, no es dable exonerar a la demandante de la sanción por inexactitud.

No prospera tampoco este cargo de apelación.

En consecuencia, la Sección confirmará la sentencia de primera instancia.

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia Exp. 28375 del 12 de febrero de 2026, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. También véanse la sentencias Exp. 25944 del 9 de junio de 2022, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y Exp. 21640 del 11 de junio de 2020, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

Costas

No habrá pronunciamiento en esta providencia frente a la primera instancia, dado que no se apeló la decisión del Tribunal de no imponer costas.

En cuanto a la condena en costas en esta instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, dado que esta providencia confirmó en todas sus partes la de primera instancia, se condenará en costas a la demandante. Conforme al acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025 se tasan las agencias en derecho en un (1) SMMLV. Por tanto, se ordenará al Tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 28 de noviembre de 2024.

CONDENAR en costas a la parte demandante según lo explicado en la parte motiva. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Presidente

(Firmado electrónicamente)

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN

(Firmado electrónicamente)

CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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