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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del Derecho

Radicación: 25000-23-37-000-2017-01687-02 (30916)

Demandante: Syngenta S.A.

Demandado: U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN

Temas: Impuesto sobre las ventas - Bimestres 4 y 6 de 2012. Firmeza de las declaraciones. Exención por exportación de servicios a vinculados en el exterior.

 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió:

“Primero: Declarar la nulidad de las Liquidaciones Oficiales de Revisión nro. 312412016000042 de 1 de junio de 2016 y nro. 312412016000028 de 26 de mayo de 2016, así como de las Resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración nro. 003862 y nro. 003861 de 7 de junio de 2017, por medio de las cuales la UAE DIAN modificó las declaraciones del impuesto sobre las ventas correspondientes a los bimestres 4° y 6°del año 2012, respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: En consecuencia y como restablecimiento del derecho, declarar que las declaraciones privadas de los bimestres 4° y 6° correspondientes al impuesto sobre las ventas del año gravable 2012 se encuentran en firme.

Tercero: No condenar en costas, por no encontrarlas causadas.”

ANTECEDENTES

El 10 de septiembre de 2012, Syngenta S.A. presentó la declaración del Impuesto sobre las Ventas –IVA– correspondiente al bimestre 4 de 2012, en la cual liquidó un saldo a favor de $91.124.0001. El 19 de febrero de 2015 solicitó la devolución de dicho saldo2 y, el 10 de julio siguiente, presentó corrección a la declaración, en la que lo redujo a $82.748.0003.

Previo Requerimiento Especial 312382015000106 del 3 de septiembre de 20154, la DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión 312412016000042 del 1.º de junio

1 Samai, exp. Tribunal, índice 37. «arch. 35_250002337000201701687014 EXPEDIENTEDIGICUADERNO220220513112940_TCZipDossier133276241160235203.pddf», p. 302, y exp. físico del Tribunal, cuaderno 1 de antecedentes administrativos, p. 102.

2 Exp. físico del Tribunal, cuaderno 1 de antecedentes administrativos, pp. 137-138.

3 Samai, exp. Tribunal, índice 37. «arch.

35_250002337000201701687014 EXPEDIENTEDIGICUADERNO220220513112940_TCZipDossier133276241160235203.pddf», p. 306, y

exp. físico del Tribunal, cuaderno 1 de antecedentes administrativos, p. 135.

4 Exp. físico del Tribunal, cuaderno 3 de antecedentes administrativos, pp. 266-277.

de 20165, mediante la cual modificó la declaración privada y rechazó ingresos exentos por $3.213.317.000. Contra esa decisión, Syngenta interpuso recurso de reconsideración6, resuelto mediante la Resolución 003862 de 7 de junio de 20177, que confirmó la modificación y, en aplicación del principio de favorabilidad, redujo la sanción por inexactitud del 160% al 100%.

El 11 de enero de 2013, Syngenta S.A. presentó la declaración del IVA correspondiente al bimestre 6 de 2012, en la que liquidó un saldo a favor de

$375.356.0008. El 11 de enero de 2015 solicitó la devolución de dicho saldo9 y, el 10 de julio siguiente, presentó corrección a la declaración, en la que lo redujo a

$341.356.00010.

Previo Requerimiento Especial 312382015000100 de 31 de agosto de 201511, la DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión 312412016000028 de 26 de mayo de 201612, mediante la cual modificó la declaración privada y rechazó ingresos exentos por $13.676.985.865. Contra esa decisión, Syngenta interpuso recurso de reconsideración13, resuelto mediante la Resolución 003861 de 7 de junio de 201714, que confirmó la modificación y, en aplicación del principio de favorabilidad, redujo la sanción por inexactitud del 160% al 100%.

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), Syngenta S.A. formuló las siguientes pretensiones15:

“A. Nulidad de los actos administrativos objetos del presente Medio de Control.

  1. Que se declare la nulidad total de las Liquidaciones Oficiales de Revisión No. 312412016000042 de 1 de junio de 2016 y No. 312412016000028 del 26 de mayo de 2016, expedidas por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN en relación con el Impuesto sobre las Ventas correspondiente a los Bimestres IV y VI de 2012, respectivamente.
  2. Que se declare la nulidad total de las Resoluciones que resuelven los recursos de reconsideración número 103862 003861 del 07 de junio de 2017 notificadas al 10 de julio de 2017 y proferidas por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN mediante las cuales se confirmaron las liquidaciones oficiales.

B. Que a título de restablecimiento del derecho se reconozca.

Que las declaraciones privadas de los bimestres IV y VI correspondientes al Impuesto sobre las ventas del año gravable 2012 se encuentran en firme.

5 Samai, exp. Tribunal, índice 37.

«arch. 35_250002337000201701687014 EXPEDIENTEDIGICUADERNO220220513112940_TCZipDossier133276241160235203.pddf», pp.

15-57 y exp. físico del Tribunal, cuaderno 3 de antecedentes administrativos, pp. 376-396. . 6 Samai, exp. Tribunal, índice 37. «arch. 35_250002337000201701687014 EXPEDIENTEDIGICUADERNO220220513112940_TCZipDossier133276241160235203.pddf». P. 104.

7 Ibidem. Pp. 108-138.

8 Samai, exp. Tribunal, índice 37.

«arch. 35_250002337000201701687014 EXPEDIENTEDIGICUADERNO220220513112940_TCZipDossier133276241160235203.pddf», p.

104 y exp. físico del Tribunal, cuaderno 2 de antecedentes administrativos, p. 169.

9 Exp. físico del Tribunal, cuaderno 4 de antecedentes administrativos, pp. 204-205.

10 Exp. físico del Tribunal, cuaderno 4 de antecedentes administrativos, p. 202.

11 Ibidem. P. 329-340.

12 Ibidem. Pp. 60-102.

13 Ibidem. Pp. 106.

14 Ibidem. Pp. 142-171.

15 Ibidem, «10_2500023370002017016870110EXPEDIENTEDIGICUADERNO120220513111904_TCZipDossier133276240403628773.pdf».

Que se continúe el trámite de las solicitudes de devolución y/o compensación de los saldos a favor liquidados en las declaraciones de los bimestres IV y VI de 2012, las cuales se adelantaron mediante los expedientes No. DL 2012 2015 0388 y No. DL 2012 2015 0370 respectivamente, las cuales fueron rechazadas provisionalmente por efectos del proceso de determinación oficial, y en consecuencia se liquiden los saldos a favor contenidos en las respectivas declaraciones tributarias, junto con los intereses corrientes y moratorios a que haya lugar.

C. Condena en Costas.

Condena en costas y apertura del incidente. Se condene en costas y apertura el incidente para la liquidación de las mismas contra la entidad demandada, de conformidad con el artículo 188 y 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

Invocó como disposiciones normativas vulneradas los artículos 2 y 9 de la Ley 527 de 1999; 703, 705, 705-1, 714 y 730 del Estatuto Tributario (ET); 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y 29 de la Constitución Política.

Como concepto de violación expuso lo siguiente:

Sostuvo que operó la firmeza de las declaraciones de IVA de los bimestres 4 y 6 de 2012, pues los requerimientos especiales 312382015000106 y 312382015000100 fueron expedidos y notificados extemporáneamente. Explicó que, conforme al artículo 705-1 del ET y al propósito de la Ley 223 de 1995 de simplificar y unificar los términos de firmeza, este debía contarse con referencia a la declaración de renta del año gravable 2012, presentada el 10 de abril de 2013 sin saldo a favor susceptible de devolución, y no desde la solicitud de devolución del saldo a favor liquidado en IVA, conforme lo coligió la DIAN. Por tanto, en el particular, las declaraciones quedaron en firme el 10 de abril de 2015, de modo que los requerimientos especiales notificados el 7 y el 1.º de septiembre de ese año fueron extemporáneos.

Adujo que cumplió los requisitos exigidos para acceder a la exención de IVA prevista en el literal e) del artículo 481 del ET respecto de la venta de servicios prestados en el país, utilizados exclusivamente en el exterior. Explicó que la Ley 223 de 1995 reconoció dicho beneficio y el Decreto 2681 de 1999 exigió a los exportadores radicar ante el Ministerio de Comercio Exterior una declaración escrita sobre los contratos, para su registro «previo al reintegro de las divisas». Bajo ese marco normativo, señaló que el contrato de manufactura y empaque suscrito con su vinculada en Panamá relativo a los servicios exportados fue radicado ante la referida cartera desde el año 2000, cuando la sociedad aún operaba bajo la razón social Novartis Agro Latinoamérica Norte S.A. y con ocasión de la autorización del programa Plan Vallejo. Posteriormente, tras el cambio de razón social a Syngenta S.A., el contrato actualizado fue presentado de nuevo ante la misma autoridad el 4 de enero de 2001. Afirmó que ese cambio de denominación social no implicó la creación de una persona jurídica distinta ni hacía necesario renovar el registro para cada periodo fiscal, como lo expuso la DIAN.

Adujo que la Ley 1111 de 2006 mantuvo las condiciones sustanciales de la exención previstas en la Ley 223 de 1995 y que el Decreto 1805 de 2010 modificó la oportunidad del trámite, al exigir que la radicación se efectuara antes de la prestación del servicio. Así, aunque consideraba consolidado el cumplimiento desde

2000 y 2001, volvió a presentar mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) el contrato de maquila el 27 de diciembre de 2010 y el de servicios administrativos el 31 de enero de 2011. Refirió que estos últimos trámites fueron devueltos por exigencias formales previstas en la Circular 022 de 2010, relacionadas con el diligenciamiento de casillas y el cargue de documentos, y que las causales de rechazo fueron publicadas en la citada ventanilla de manera tardía, sin comunicación oportuna que le permitiera subsanarlas antes de la derogatoria de la obligación de registro. Por ello, sostuvo que tales actuaciones desconocieron los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como sus derechos de publicidad, contradicción y debido proceso.

Finalmente, cuestionó que la DIAN condicionara la procedencia de la exención a que el registro hubiera sido culminado o aprobado por el Ministerio, pues, a su juicio, ni el artículo 481 del ET ni el Decreto 1805 de 2010 impusieron esa exigencia. A su juicio, su obligación consistía en radicar la declaración y los contratos, mientras que la verificación de las formalidades y la garantía de su cumplimiento, así como el posterior registro correspondía a una actuación propia de la entidad, sin que le fueran trasladables las consecuencias de su incumplimiento. En esa medida, adujo que las exigencias contenidas en la Circular 022 de 2010 no podían erigirse como requisitos sustanciales de la exención, ni hacer depender el beneficio de la culminación de una actuación administrativa posterior a la radicación.

Alegó que la DIAN negó la exención de IVA por la existencia de vinculación económica entre las partes contratantes de los servicios exportados, pese a que en las liquidaciones oficiales reconoció que esa circunstancia no impedía su procedencia. Sostuvo que la Administración no podía reabrir en sede de reconsideración una discusión previamente superada, pues ello desconocía los principios de seguridad jurídica y debido proceso.

En todo caso, sostuvo que el artículo 1.º del Decreto 1805 de 2010 admite que las empresas domiciliadas o residentes en el exterior puedan tener vinculación económica en Colombia, siempre que sean beneficiarias directas de servicios prestados en el país y estos sean utilizados exclusivamente en el exterior. Añadió que en el caso concreto se cumplieron las condiciones para acceder al beneficio, pues Syngenta Crop Protection S.A., domiciliada en Panamá, fue la beneficiaria directa de los servicios, estos no se consumieron en Colombia, Syngenta S.A. estaba inscrita como exportadora en el RUT y, además, registró los contratos y canalizó las divisas a través del mercado cambiario.

Adujo que en las resoluciones que decidieron los recursos de reconsideración la DIAN introdujo una nueva razón para negar la exención, al considerar los servicios de maquila como servicios intermedios de la producción sometidos al tratamiento tributario del bien resultante, lo que no fue planteado en las liquidaciones oficiales y que, además, sustentó indistintamente en los artículos 476 y 478 del ET.

Frente a este asunto, adujo que el artículo 478 del ET no regulaba los servicios de maquila ni la exportación de servicios y que, aun de aceptarse la tesis de la DIAN sobre la aplicación de la tarifa correspondiente al bien producido, el resultado tributario sería el mismo, pues dicho bien estaba exento de IVA por su exportación, conforme al literal a) del artículo 481 del ET. En consecuencia, la tarifa aplicable sería del 0 % y no se modificaría el impuesto determinado en las declaraciones privadas.

Señaló que la DIAN sustentó el rechazo de la exención en la falta de aprobación del registro de los contratos de exportación de servicios, pese a que Syngenta no fue debidamente notificada de las decisiones mediante las cuales el Ministerio formuló observaciones a las solicitudes presentadas en la VUCE. Sostuvo que la sola incorporación de esas respuestas al sistema, además de haberse efectuado entre uno y tres meses después de las radicaciones, no satisfizo las exigencias de notificación previstas en el CPACA y en la Ley 527 de 1999, pues no medió autorización para recibir decisiones por ese medio ni se garantizó su conocimiento cierto y oportuno; afirmó que solo tuvo noticia de la negativa durante el proceso de fiscalización, cuando ya no podía subsanar las inconsistencias ni controvertir la decisión. Añadió que, al asumir las funciones relacionadas con el registro de contratos de exportación de servicios en virtud del Decreto 4176 de 2011, la DIAN debía verificar que las actuaciones pendientes hubieran concluido mediante su debida notificación, por tanto, no podía oponerle decisiones que no le fueron comunicadas.

Alegó la vulneración del principio de favorabilidad, porque la Ley 1607 de 2012 y su Decreto Reglamentario 2223 de 2013 eliminaron el registro de los contratos de exportación de servicios como requisito para acceder a la exención de IVA. Sostuvo que la DIAN consideró inaplicable esa modificación a los periodos discutidos y que sustentó su postura en una interpretación literal de la ley; no obstante, refirió que a su juicio, la supresión posterior del requisito evidenciaba la eliminación de una formalidad excesiva y que, a partir de la Ley 1819 de 2016, debía preferirse la regulación más favorable. Ello, por cuanto el nuevo régimen sustituyó la exigencia del registro por la conservación de los documentos que acreditaran la existencia de la operación, sin requerir la aprobación previa del contrato para la procedencia de la exención.

Sostuvo que era procedente renovar el registro de los contratos de exportación de servicios respecto de operaciones correspondientes a periodos anteriores a 2013, pues, aunque el artículo 62 de la Ley 1111 de 2006 y el Decreto 1805 de 2010 fueron derogados por la Ley 1607 de 2012, continuaron produciendo efectos respecto de operaciones realizadas durante su vigencia y de situaciones jurídicas no consolidadas16. Con ello, explicó que solicitó adelantar un nuevo trámite registral para subsanar las formalidades que la DIAN extrañó en las solicitudes presentadas ante la VUCE, sin embargo, aquella se negó a tramitarlo con fundamento en que el requisito de registro desapareció del ordenamiento. Por ello, refirió que el eventual incumplimiento de esa formalidad no podía serle imputado, pues fue la propia autoridad la que impidió su subsanación.

Finalmente, alegó que no procedía la sanción por inexactitud, pues la controversia obedecía a una diferencia de criterios sobre los requisitos de la exención de IVA por exportación de servicios. Señaló que esa divergencia también se evidenciaba al interior de la DIAN, toda vez que las liquidaciones oficiales descartaron la vinculación económica como fundamento para negar el beneficio, mientras que las resoluciones de reconsideración retomaron ese argumento e incorporaron uno nuevo sobre el tratamiento de la maquila como servicio intermedio de la producción. Reprochó, además, que la Administración mantuviera la sanción sin pronunciarse sobre esta causal, prevista en el artículo 647 del ET.

16 Cargo introducido con la reforma de la demanda: Samai, exp. Tribunal, índice 37. «arch.

«10_2500023370002017016870110EXPEDIENTEDIGICUADERNO120220513111904_TCZipDossier133276240403628773.pdf».

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda conforme a los siguientes argumentos17:

Sostuvo que el término de firmeza de las declaraciones de IVA que arrojan saldo a favor y respecto de las cuales se solicita devolución debe contarse desde la presentación de dicha solicitud, conforme a los artículos 705 y 714 del ET, aun cuando la declaración de renta del mismo año gravable no determine saldo a favor; criterio que, afirmó, ha sido reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado. En el caso concreto, señaló que respecto del bimestre 4 de 2012 la solicitud de devolución subsanada fue presentada el 19 de febrero de 2015 y el requerimiento especial fue notificado el 7 de septiembre de 2015; y, frente al bimestre 6, la solicitud subsanada se presentó el 16 de febrero de 2015 y el requerimiento se notificó el 1.º de septiembre de ese año. Concluyó que, por tanto, ambos actos fueron expedidos oportunamente y que no operó la firmeza de las declaraciones.

Adujo que la reclasificación de los ingresos como provenientes de operaciones gravadas se sustentó en que, i) la demandante no cumplió el requisito de registro previo de los contratos ante la autoridad competente, y ii) existía vinculación económica entre ella como prestadora del servicio en Colombia y su beneficiaria en el exterior.

Sobre el registro previo, sostuvo que, aunque se trataba de una exigencia formal, su cumplimiento era necesario para acceder a la exención y debía verificarse antes de la prestación del servicio, condición que no se satisfizo respecto de los contratos radicados en los años 2010 y 2011 bajo los números 20101227-00170 y 20110131-00081, respectivamente, debido a que las inconsistencias advertidas por la autoridad competente no fueron subsanadas. Añadió que tampoco resultaba suficiente que el Ministerio de Comercio Exterior hubiera tenido conocimiento, desde 2000, del contrato de maquila celebrado entre Novartis Agrobusiness S.A. y Novartis Agro Latinoamérica Norte S.A., ni que en 2001 se le hubiera informado el cambio de razón social de esta última a Syngenta S.A., pues esa documentación correspondía a una sociedad que ya no se encontraba jurídicamente activa y a un contrato de 2001, distinto de los que originaron los ingresos discutidos en el año 2012.

Asimismo, respecto de la negativa de la exención por existencia de vinculación económica, adujo que, si bien el artículo 1 del Decreto 1805 de 2010 reconoce que el beneficiario del servicio domiciliado en el exterior puede tener cierto tipo de vinculación económica en Colombia, la exención no procede cuando el vinculado ubicado en el país se beneficia, total o parcialmente, del servicio contratado por la empresa del exterior. Bajo ese entendimiento, sostuvo que los servicios de maquila prestados a Syngenta Crop Protection S.A. Panamá no cumplían las condiciones para acceder al beneficio previsto en el literal e) del artículo 481 del ET.

En lo concerniente al desconocimiento del derecho de defensa alegado por la demandante, sostuvo que la sola radicación de la solicitud no equivalía al registro del contrato y que, aunque se trataba de un requisito formal, su cumplimiento era necesario para establecer la procedencia de la exención, por tratarse de un beneficio tributario de interpretación restrictiva; por ello, la falta de notificación de la

17 Ibidem. «arch.

«15_2500023370002017016870115EXPEDIENTEDIGICUADERNO120220513111904_TCZipDossier133276241284630613.pdf».

improbación no la relevaba de acreditar el registro de los contratos. Frente a la eliminación posterior de dicho requisito, señaló que el principio de favorabilidad previsto en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 se circunscribe al régimen sancionatorio y no resulta aplicable al cumplimiento de una condición para acceder a la exención, y agregó que la supresión del registro no impedía exigirlo respecto de servicios prestados cuando aquel se encontraba vigente, pues la ley rigió a partir del 26 de diciembre de 2012.

Adujo que la demandante no podía fundar su pretensión en la imposibilidad de solicitar nuevamente el registro de los contratos, pues ese argumento surgió de la respuesta dada por la entidad a una petición radicada el 17 de abril de 2018, en la que se indicó que dicho trámite ya no era posible toda vez que el requisito de registro había sido eliminado por la Ley 1607 de 2012. Alegó que este planteamiento no fue formulado en el recurso de reconsideración –ni podía haberlo sido, por ser posterior a la demanda– y que, por tanto, no se había agotado la vía administrativa respecto de él; además, precisó que la controversia discutida en sede administrativa no versó sobre una eventual «renovación» del registro, sino sobre la inexistencia del registro exigido para los contratos que amparaban los servicios prestados en 2012.

Finalmente, sobre la sanción por inexactitud, sostuvo que esta era procedente porque la demandante declaró como exentos ingresos que, a su juicio, eran gravados e incluyó impuestos descontables a los que no tenía derecho, lo que incidió en la determinación del saldo a favor. Agregó que no se configuraba una diferencia de criterios sobre la interpretación del derecho aplicable, pues la sociedad no cumplió los requisitos exigidos para acceder a la exención y, por tanto, no concurría una causal eximente de la sanción.

SENTENCIA APELADA

El 10 de julio de 2025 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, profirió sentencia de primera instancia mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, y la firmeza de las declaraciones privadas de los bimestres 4 y 6 correspondientes al impuesto sobre las ventas del año gravable 201218.

Como fundamento de su decisión, adujo que conforme al artículo 705-1 del ET, el término de firmeza de las declaraciones de IVA debe coincidir con el de la declaración de renta del mismo año gravable, con independencia de que aquellas arrojen un saldo a favor que sea solicitado en devolución. Para sustentar esta interpretación, citó la sentencia del Consejo de Estado del 5 de agosto de 2021, exp. 2210519, según la cual dicha disposición fue incorporada al ordenamiento con el propósito de unificar los términos de fiscalización, sin excepciones.

En el caso concreto, señaló que Syngenta presentó la declaración de renta del año gravable 2012 el 10 de abril de 201320, fecha en la cual vencía el plazo para declarar, y liquidó un saldo a pagar de $1.071.552.000, sin saldo a favor, por ende, sin mediar solicitud de devolución. Por ello, consideró aplicable la regla general de firmeza de dos años contados desde el vencimiento del término para declarar, con base en lo

18 El Tribunal no se pronunció sobre las pretensiones relativas a la continuación de los trámites de devolución y compensación de los saldos a favor, ni sobre el reconocimiento de los intereses corrientes y moratorios solicitados por la demandante.

19 MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

20 Exp. físico del Tribunal, cuaderno 3 de antecedentes administrativos, p. 334.

cual concluyó que las declaraciones de renta y, por remisión del artículo 705-1 del ET, las de IVA de los bimestres 4 y 6 de 2012 quedaron en firme el 10 de abril de 2015. Explicó que los emplazamientos para corregir, que habrían suspendido por un mes el término para notificar los requerimientos especiales, solo fueron notificados el 10 de junio de 2015, por lo que no produjeron ningún efecto. Finalmente, adujo que los requerimientos especiales respecto de los bimestres 6 y 4 fueron notificados el 1.º y el 7 de septiembre de 2015, respectivamente, esto es, cerca de cinco meses después de operada la firmeza, por lo cual concluyó que la DIAN actuó sin competencia temporal.

En virtud de lo anterior, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, declaró en firme las declaraciones privadas y se relevó del estudio de los cargos de fondo. Asimismo, se abstuvo de condenar en costas, al no haberse acreditado su causación.

RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandada interpuso recurso de apelación21, mediante el cual solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

Sostuvo que los requerimientos especiales fueron notificados oportunamente, toda vez que los artículos 705, 705-1 y 714 del ET debían interpretarse en el sentido de que, cuando la declaración de renta no presenta saldo a favor y la de IVA sí, el término de firmeza de esta última se contabiliza desde la solicitud de devolución, aun cuando ello implique que no coincida con el de renta. Afirmó que esa interpretación ampliaba la oportunidad de la Administración para ejercer sus facultades de fiscalización y correspondía al criterio acogido por el Consejo de Estado22 en la jurisprudencia vigente al momento en que desplegó su actuación administrativa. Añadió que la Ley 1819 de 2016 reafirmó esa finalidad al ampliar de dos a tres años los términos previstos en los artículos 705 y 714 del ET, sin modificar el 705-1.

Frente a ese entendimiento, cuestionó el cambio de criterio adoptado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en 202123, a partir del cual la firmeza de las declaraciones de IVA y retención en la fuente pasó a sujetarse, «sin excepción», a la correspondiente a renta. Afirmó que esa nueva interpretación reduce las facultades de fiscalización, desconoce la finalidad perseguida por el legislador –incluida la expresada en 2016– y no atiende a la particularidad del supuesto en el que la declaración de renta presenta saldo a pagar y la de IVA saldo a favor, lo que, en su criterio, exige una lectura armónica de los artículos 705, 705-1 y 714 del ET. Agregó que esa tesis desconoce la igualdad entre declaraciones con saldo a favor y solicitó, por ello, retomar el precedente anterior.

Subsidiariamente, sostuvo que, de mantenerse el criterio de 2021, este no debería aplicarse al caso concreto, pues los requerimientos especiales fueron notificados en 2015 con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial entonces vigente, bajo la convicción de que tenía competencia para expedirlos. Señaló que el cambio jurisprudencial se produjo aproximadamente seis años después de la notificación

21 Samai, exp. Tribunal, índice 63.

22 Al efecto, citó las sentencias del 5 de diciembre de 2011, exp. 17428, del 10 de diciembre de 2015, exp. 20235 y del 8 de

junio de 2016, exp. 20834.

23 Exp. 22105, Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

de los requerimientos y cuatro años después de iniciado el proceso judicial, y que su aplicación por el Tribunal impuso consecuencias jurídicas distintas a las previsibles al momento en que actuó. Por ello, alegó la afectación del debido proceso, la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima, e invocó la SU-406 de 201624 para solicitar que el nuevo precedente no se aplicara al asunto.

Sobre los cargos de fondo, sostuvo que no se cumplieron los requisitos para reconocer como exentos los ingresos derivados de la exportación de servicios. De una parte, afirmó que la demandante era vinculada económica de Syngenta Panamá S.A., beneficiaria de los servicios en el exterior, circunstancia que impedía aplicar la exención prevista en el literal e) del artículo 481 del ET, conforme al parágrafo 1 del artículo 1° del Decreto 1805 de 2010. De otra, señaló que tampoco se cumplió el requisito de registro previo previsto en el artículo 3 ibidem, pues, aunque los contratos de 27 de diciembre de 2010 y 31 de enero de 2011 fueron radicados ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presentaron inconsistencias que no fueron subsanadas y, por ello, fueron inadmitidos.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación presentado por la parte demandada se admitió mediante auto del 2 de julio de 202625 .

La demandante se pronunció26 en el sentido de indicar que el Tribunal acertó al concluir que las declaraciones de IVA de los bimestres 4 y 6 de 2012 se encontraban en firme cuando fueron notificados los requerimientos especiales, pues aplicó correctamente el criterio adoptado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia de 5 de agosto de 2021, que unificó las distintas interpretaciones sobre el alcance del artículo 705-1 del ET y sujetó la firmeza del IVA a la de la declaración de renta del período correspondiente. Añadió que ni la Ley 1819 de 2016 ni la confianza legítima invocada por la DIAN justificaban apartarse de ese entendimiento.

En cuanto al fondo del asunto, reiteró lo expuesto en la demanda y afirmó que la exención por exportación de servicios era procedente, porque la normativa exigía la radicación de los contratos, no su aprobación, y la vinculación económica con la beneficiaria extranjera no constituía por sí sola una causal de improcedencia.

El Ministerio Público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de las Liquidaciones Oficiales de Revisión 312412016000042 del 1.º de junio de 2016 y 312412016000028 del 26 de mayo de 2016, mediante las cuales la DIAN modificó las declaraciones del impuesto sobre las ventas de Syngenta S.A. correspondientes a los bimestres 4.º y 6.º de 2012, respectivamente, así como de las Resoluciones 003862 y 003861 del 7 de junio de 2017, que decidieron los recursos de reconsideración interpuestos contra aquellas, respectivamente.

24 MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

25 Samai, índice 4.

26 Ibidem.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada – apelante única– corresponde a la Sala establecer i) si debe modificarse el criterio adoptado por esta Sección en la sentencia del 5 de agosto de 2021 sobre el alcance del artículo 705-1 del ET o, subsidiariamente, exceptuarse su aplicación al caso concreto y, definido lo anterior, si las declaraciones de IVA de los bimestres 4.º y 6.º de 2012 se encontraban en firme cuando fueron notificados los requerimientos especiales27. De concluirse que las declaraciones no se encontraban en firme, deberá determinarse ii) si Syngenta cumplió el requisito de registro de los contratos de maquila y de servicios administrativos exigido para la procedencia de la exención por exportación de servicios, atendidas las radicaciones efectuadas ante la autoridad competente, las actuaciones surtidas a través de la VUCE y su notificación, así como la posterior solicitud de registro formulada; iii) si la vinculación económica entre la demandante y la beneficiaria de los servicios en el exterior impedía acceder a la exención; iv) si era procedente desconocer el tratamiento exento de los servicios de maquila por considerarlos servicios intermedios de la producción; y v) si había lugar a imponer la sanción por inexactitud.

Análisis del caso concreto

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca adujo que, conforme al artículo 705-1 del ET, el término de firmeza de las declaraciones de IVA de los bimestres 4 y 6 de 2012 debía coincidir con el de la declaración de renta de esa anualidad, con independencia de que aquellas hubieran arrojado saldos a favor posteriormente solicitados en devolución. De este modo, como la declaración de renta fue presentada oportunamente el 10 de abril de 2013, sin saldo a favor, contabilizó los dos años de firmeza desde esa fecha y concluyó que las declaraciones de IVA quedaron en firme el 10 de abril de 2015, antes de la notificación de los requerimientos especiales. A su turno, en la apelación, la DIAN sostuvo que cuando la declaración de renta no arroja saldo a favor y la de IVA sí, los artículos 705, 705-1 y 714 del ET permiten contabilizar el término de firmeza de esta última desde la respectiva solicitud de devolución, aunque ello implique separarlo del correspondiente a renta; de ahí que, a su juicio, los requerimientos notificados en septiembre de 2015 fueran oportunos. Para sustentar esa postura, solicitó retomar el criterio jurisprudencial anterior a 2021 o, subsidiariamente, exceptuar la aplicación del nuevo entendimiento al caso concreto.

A efectos de resolver este asunto, conviene señalar que antes de la sentencia proferida en el exp. 2210528, esta Sección había advertido la existencia de distintas interpretaciones sobre el alcance del artículo 705-1 del ET29 y la necesidad de definir si la firmeza de las declaraciones de IVA y retención en la fuente se sujetaba íntegramente a la de renta o solo compartía con esta el dies a quo30. Ello, por cuanto en algunos asuntos se sostuvo que las suspensiones del término de firmeza de la declaración de renta se proyectaban sobre las de IVA y retención en la fuente31; en

27 La Sala advierte que la apelación no controvierte el cómputo efectuado por el Tribunal para determinar la fecha de firmeza de las declaraciones, sino el criterio jurídico acogido para realizarlo. En ese orden, conforme al principio de congruencia – que exige correspondencia entre la decisión judicial y el debate planteado por las partes y garantiza su derecho al debido proceso–, se relevará de examinar dicho cómputo y circunscribirá su análisis a establecer si debe modificarse el entendimiento aplicado por el Tribunal o exceptuarse su aplicación al caso concreto.

28 Sentencia del 5 de agosto de 2021. MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

29 El artículo 705-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 134 de la Ley 223 de 1995, dispone: «Los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente, del contribuyente, a que se refieren los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario, serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año gravable».

30 Aclaración de voto del Dr. Julio Roberto Piza, a la sentencia proferida el 29 de abril de 2021 en el marco del exp. 23147, MP. Julio Roberto Piza.

31 Sentencia del 29 de junio de 2006, exp. 15064, MP. María Inés Ortiz Barbosa.

otros, que ciertos términos especiales aplicables a renta (v.gr., el beneficio de auditoría) no se extendían a aquellas y que, en consecuencia, el punto de partida para contabilizar la firmeza debía determinarse con referencia al vencimiento del plazo para presentar cada declaración32. El asunto fue resuelto por la sentencia del exp. 22105, en el primero de los sentidos indicados.

En esa providencia, la Sección modificó el criterio jurisprudencial relativo al cómputo de firmeza de las declaraciones de IVA con saldo a favor solicitado en devolución, cuando la declaración de renta del mismo período no lo generara. Señaló que, conforme al entendimiento anterior del artículo 705-1 del ET, en esos casos el término de firmeza se contabilizaba a partir de la presentación de la solicitud de devolución. Sin embargo, adoptó una nueva postura, según la cual dicho término debe sujetarse, sin excepción, al previsto para la firmeza de la declaración de renta del período gravable correspondiente. Adujo, como fundamento, que con la introducción del artículo 705-1, el legislador pretendió unificar los términos de fiscalización de las declaraciones de esos tributos correspondientes a un mismo período gravable, con el fin de permitir que los hallazgos advertidos en la declaración de renta pudieran proyectarse sobre las demás. Ello, «sin excepción alguna, constituyéndose así en la norma especial, posterior en el tiempo y en consecuencia de prevalente aplicación respecto de la regla de firmeza de carácter general prevista en los artículos 705 y 714 ibidem».

Esta Sala comparte esa consideración. La interpretación adoptada encuentra respaldo inmediato en el tenor literal del artículo 705-1 del ET, según el cual los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones de IVA y retención en la fuente «serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año gravable»33, sin que la disposición establezca excepción alguna a esa regla. Esta lectura, además de ajustarse al texto legal –que constituye el punto de partida de su interpretación conforme al artículo 27 del Código Civil34–, responde a la finalidad perseguida con la unificación de los términos de fiscalización.

En efecto, dicha unificación evita que la diferencia temporal en la presentación de las declaraciones reduzca injustificadamente la oportunidad de fiscalización de la DIAN, pues, de mantenerse términos autónomos, las declaraciones de IVA y retención en la fuente podrían adquirir firmeza antes de que feneciera el término para fiscalizar la declaración de renta del mismo periodo, de modo que los hallazgos advertidos en esta última ya no podrían incidir sobre las primeras.

Además, favorece la seguridad jurídica del contribuyente y la coherencia de la actuación administrativa, toda vez que procura que hechos económicos comunes a varios tributos permanezcan sometidos a fiscalización dentro de un mismo marco temporal. De admitirse términos independientes –porque la solicitud de devolución de un saldo a favor de IVA abriera un nuevo término de firmeza– podría ocurrir que una determinada operación se encontrara definitivamente consolidada frente al impuesto sobre la renta y, sin embargo, permaneciera abierta a revisión respecto del IVA, con la posibilidad de que la Administración efectuara valoraciones sucesivas y eventualmente divergentes sobre un mismo sustento fáctico.

32 Sentencias del 10 de septiembre de 2014, exp. 19924, MP. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 20 de septiembre de 2017, exp. 21372, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 15 de marzo de 2018, exp. 20725, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 28 de mayo de 2020, exp. 23136, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 27 de agosto de 2020, exp. 23567, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

33 Este criterio fue acogido en la sentencia del 2 de julio de 2026, exp. 29508. MP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.

34 Código Civil. «Artículo 27. Interpretación gramatical»: «Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu».

En ese contexto, el criterio jurisprudencial expuesto en la sentencia del exp. 22105, que se acoge, opera como criterio auxiliar de interpretación, puesto que reafirma un entendimiento sobre la disposición que, conforme se adujo en precedencia, encuentra sustento directo en su tenor literal y en la finalidad que orientó su expedición, al tiempo que contribuye a precisar y uniformar su alcance.

Tampoco desvirtúa el entendimiento según el cual el artículo 705-1 del ET unifica, sin excepción, los términos de firmeza de las declaraciones allí previstas el argumento de la apelante según el cual la Ley 1819 de 2016, al ampliar de dos a tres años los términos previstos en los artículos 705 y 714 del ET, confirmó la intención del legislador de fortalecer las facultades de fiscalización de la Administración. La reforma, sin embargo, mantuvo incólume el artículo 705-1 ib., de modo que la ampliación de aquellos términos no incidió en la regla especial de unificación allí prevista. En esas condiciones, la Sala no accede a la solicitud formulada en la apelación para para modificar el criterio jurisprudencial vigente sobre el alcance del artículo 705-1 del ET.

En cuanto a la solicitud de inaplicarlo al caso concreto, se considera lo siguiente:

Los cambios de precedente judicial, esto es, las modificaciones al contenido normativo de una disposición jurídica derivadas de una nueva interpretación, tienen, por regla general, efectos retrospectivos. En ese sentido, son de aplicación general e inmediata35 y recaen sobre todos los procesos que se encuentren en curso o pendientes de decisión. Se ha señalado, además, que los efectos retroactivos se encuentran, por regla general, proscritos y que los prospectivos –hacia el futuro–requieren una modulación expresa; de este modo, si la sentencia guarda silencio sobre su alcance temporal, debe colegirse la retrospectividad.

Esa aplicación retrospectiva se constata en la sentencia del exp. 2210536 (cuyo criterio se reiteró en el asunto sub examine) pues esta Sección no limitó hacia el futuro los efectos del cambio jurisprudencial. Por el contrario, aplicó el nuevo entendimiento al litigio que entonces resolvía, relativo a la declaración de IVA del 2.º bimestre de 2008 y a actuaciones administrativas surtidas años antes de la expedición de la providencia. En concreto, luego de determinar la fecha de firmeza de la declaración de renta, hizo extensivo ese mismo término a las declaraciones de IVA coincidentes con dicha anualidad y, con fundamento en ese cómputo, examinó la oportunidad del requerimiento especial; así, la propia providencia atribuyó carácter retrospectivo al criterio recién adoptado. A ello se aúna que las sentencias posteriores que han reiterado esa posición37 sistemáticamente la han aplicado para resolver controversias referidas a períodos gravables y actuaciones administrativas anteriores al 5 de agosto de 2021, lo que confirma que esta Sección no ha restringido el nuevo entendimiento a situaciones surgidas con posterioridad a su expedición.

La DIAN cuestionó en la apelación la aplicación de ese nuevo criterio al caso concreto. Sostuvo que, al proyectarse sobre un procedimiento administrativo adelantado bajo la jurisprudencia anterior, se vulneraron sus derechos al debido proceso, a la igualdad, a la confianza legítima y a la seguridad jurídica, pues se

35 Corte Constitucional. Sentencia T-044 de 2022. MP. Paola Andrea Meneses Mosquera.

36 Sentencia del 5 de agosto de 2021. MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

37 A saber, consúltense las sentencias proferidas el 16 de marzo de 2023, exp. 27077, MP. Wilson Ramos Girón; el 13 de abril de 2023, exp. 26155, MP. Wilson Ramos Girón y exp. 26901, MP. Myriam Stella Gutiérrez; el 27 de abril de 2023, exp. 26170, y el 29 de junio de 2023, exp. 27471, MP. Stella Jeannette Carvajal; el 30 de noviembre de 2023, exp. 27876, MP. Myriam Stella Gutiérrez Arguello; y el 2 de julio de 2026, exp. 29508, MP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.

atribuyeron a esa actuación consecuencias jurídicas distintas de las que podían preverse conforme al criterio vigente en ese momento.

Sobre este punto, la Sala estima que la sola existencia de una línea jurisprudencial anterior favorable no impide la aplicación retrospectiva del nuevo precedente, pues aquella no consolida, por sí misma, el derecho a su invariabilidad, es decir, a que la controversia sea resuelta conforme al criterio sustituido. En efecto, entender lo contrario supondría que todo cambio jurisprudencial podría dejar de aplicarse a quien resulta beneficiado por la interpretación anterior, si alega que confiaba en su permanencia, con lo cual se desvirtuaría la regla general de aplicación retrospectiva.

En cuanto a la sentencia SU-406 de 201638 invocada por la demandada, conviene señalar que si bien la Corte Constitucional reconoció, como regla general, la aplicación inmediata de los cambios de precedente, precisó que su alcance debe valorarse a partir de las circunstancias particulares del asunto, especialmente cuando la actuación de los sujetos procesales estuvo determinada por la jurisprudencia entonces vigente y el nuevo entendimiento puede producir consecuencias desfavorables que no podían ser previstas o evitadas. En tales eventos, admitió excepcionalmente la posibilidad de inaplicar la nueva jurisprudencia para preservar los derechos fundamentales comprometidos. Sin embargo, esa providencia no estableció que toda actuación realizada al amparo de un precedente posteriormente sustituido deba continuar siendo juzgada conforme a este.

Entenderlo así implicaría que, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, los cambios jurisprudenciales nunca podrían aplicarse retrospectivamente cuando la Administración hubiera expedido los actos acusados con fundamento en una interpretación que entonces le era favorable. La excepción terminaría, de ese modo, desplazando la regla general, pues bastaría acreditar la existencia del precedente anterior para impedir que el nuevo criterio rigiera los litigios pendientes. Por lo anterior, no prospera el cargo dirigido a que se inaplique al caso concreto el precedente jurisprudencial vigente.

En esa medida, establecido que el precedente resulta aplicable al asunto y dado que la apelante no controvirtió el cómputo efectuado con fundamento en esa regla, se mantiene la conclusión según la cual las declaraciones de IVA de los bimestres 4 y 6 de 2012 se encontraban en firme. Por tanto, la Sala se abstendrá de examinar los demás cargos formulados en el recurso de apelación.

Costas

De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, procede la condena en costas en segunda instancia contra la entidad demandada al haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado en todas sus partes la sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un

(1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo dispuesto por el Acuerdo No. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025. Por lo tanto, se ordenará al Tribunal dar trámite al respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

38 MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confirmar la sentencia del 10 de julio de 2025, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, por las razones expuestas en esta providencia.

Condenar en costas a la demandada en esta instancia, en el componente de agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase. La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN

(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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