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Referencia:

Radicación: Demandante: Demandada:

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00580-01 (29259)

Demandante: Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wison Ramos Girón

Bogotá, D.C., 01 de octubre de 2026

Nulidad y restablecimiento del derecho

25000-23-37-000-2020-00580-01 (29259)

Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas

Colpensiones

Temas: Liquidación de aportes a pensión. Motivación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelacióinterpuesto por la demandada contra la sentencia del 18 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvi

Primero. Declarar la nulidad de Liquidación Certificada de Deuda n.º AP 00110221 de 6 de octubre de 2018, proferida por … Colpensiones y de la Resolución n.º AP 00296896 de 16 de diciembre de 2019, mediante el cual modificó la Liquidación Certificada de Deuda n.º AP 00110221 de 6 de octubre de 2018, de conformidad con la parte considerativa de esta decisión.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declara que la [demandante] no está obligada a pagar las sumas determinadas en los actos administrativos que se anulan.

Tercero. No se condena en costas a la parte vencida, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

La demandada, mediante la Liquidación Certificada de Deuda AP 00110221, del 06 de octubre de 201 determinó una obligación por concepto de aportes al sistema pensional a cargo de la actora por $153.287.252 -deuda presunta por omisión y deuda presunta por diferencia en pago-. Posteriormente, mediante la Resolución AP 00296896. del 16 de diciembre de 2019, modificó dicha liquidación al depurar la información obrante en sus sistemas de información, disminuyendo la deuda a $89.228.12

Demand

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

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Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensione

Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución de liquidación certificada de deuda AP 00110221 del 6 de octubre de 2018 por la cual se determinó una obligación por aportes pensionales a favor de Colpensiones.

Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución de liquidación certificada de deuda AP 00296896 del 16 de diciembre de 2019 por la que se modifica la liquidación certificada de deuda AP 00110221 por un saldo de aportes pensionales a favor de Colpensiones.

Se restablezca el derecho de mi representado, en el sentido de que se declare que, efectivamente, no existen (sic) ni deuda presunta por valor de $89.082.078 y ni deuda real de $146.048 para un total de deuda de $89.228.126.

Se restablezca el derecho de mi representado, en el sentido de que se declare que mi representado no está obligado a cancelar las sumas cobradas por Colpensiones, ni reliquidar los pagos de aportes a pensión que pretende dicha entidad teniendo en cuenta que en su momento la demandante cumplió en debida forma con su obligación.

Se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho a que haya lugar por motivo del ejercicio de la presente acción, de acuerdo con lo que se pruebe dentro del proceso.

Invocó como normas vulneradas los artículos 49 de la Constitución; 42 y 137 del CPACA; 23, 24 y 57 de la Ley 100 de 1993 y 712 y 719 del ET (Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989), bajo el siguiente concepto de violació

Partió de señalar que los actos administrativos deben cumplir con los requisitos de existencia validez y eficacia y que la nulidad de estos se sustenta en la existencia de vicios que afectan su validez y desvirtuan la presunción de legalidad que los ampara; tras lo cual, se refirió a las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA. En específico, planteó los aspectos que se resumen a continuación:

-Infracción de las normas en que debía fundarse el acto. De forma general se refirió al alcance de dicha previsión, destacando que todos los actos debían fundarse y respetar los principios, lineamientos, directrices y mandatos del sistema jurídico superiores.

-Mecanismo frente a la mora del empleador. Indicó que la legislación contemplaba mecanismos para que las administradoras de pensiones cobraran y sancionaran el pago extemporáneo de aportes (arts. 23 y 24 de la Ley 100 de 1993). Explicó que los artículos 24 y 57 ídem, que consagraban las acciones de cobro, determinaban como procedimiento que, una vez vencidos los plazos para efectuar las correspondientes consignaciones, la entidad debía requerir al moroso mediante comunicación escrita -constituirlo en mora- y si pasados quince días, este no se pronunciaba, procedía emitir la liquidación, la cual prestaba mérito ejecutivo. Afirmó que dicha norma había sido desconocida por la demandante, al pretender un cobro que incluía periodos de veinte años atrás, cuando el ISS y posteriormente Colpensiones debieron cobrar con posterioridad a los quince días; de modo que la Administración se descuidó en el ejercicio de esa facultad «y pretende cobrar sin valores de deuda clara … aportes de períodos que sobrepasan el límite de tiempo incluso en que está obligada a conservar documentos», limitando así su defensa y estableciendo un sistema de actualización de datos que la autoincriminaba y un «proceso de cobro» que la puso en desventaja y ponía en duda la eficiencia de la Administración en cuanto a la verificación de la mora del empleador.

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Prescripción de la acción de cobro. Expuso que los aportes a la seguridad social tenían la naturaleza de contribuciones parafiscales, para cuyo control tenía facultades la demandada (Ley 383 de 1997, artículo 54 y Leyes 488 de 1993 y 633 de 2000, artículos 91 y 93 respectivamente), las cuales se ampliaban para las actividades de fiscalización del Estatuto Tributario (Libro V ídem), incluido el cobro coactivo, el cual podía adelantar sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria, cuyo procedimiento se encontraba regulado en el artículo 823 y ss del ET, lo cual comprendía el cobro de los aportes que debieron liquidarse al ISS-Colpensiones dentro del término de prescripción que establecía el artículo 817 ibidem en cinco años a partir de su exigibilidad, esto es desde el vencimiento del plazo en que debieron pagarse; término que se interrumpía por las causales previstas en el artículo 810 ejusdem.

Sin embargo, en este caso, el ISS no emitió liquidación certificada de la deuda hasta el año 2012, fecha en que entró a funcionar Colpensiones; de modo que al haber transcurrido más de cinco años desde su exigibilidad procedía declarar prescritas todas las obligaciones contenidas «en el mandamiento de pago de los períodos de junio de 2015 hacia atrás». Igualmente, adujo respecto de los periodos de 2015 en adelante, que tampoco había lugar a exigirlos, puesto que estos se liquidaron y pagaron en debida forma, lo cual habría podido verificar la Administración al cruzar las planillas de pago a través de los operadores de pago; sin embargo, en vez de hacerlo, le trasladó la carga de la prueba. Agregó que Colpensiones no podía ampararse en el término prescriptivo de la legislación civil, sobre todo cuando no le han sido retiradas las facultades de control de los aportes.

Desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Adujo que todo lo anterior contrariaba dicha jurisprudencia, pues la primera de las mencionadas corporaciones ha aplicado la prescripción de la acción de cobro por haber transcurrido más de cinco años desde su exigibilida y, la Corte Constitucional había enfatizado en la obligación de las administradoras de cobrarle a los empleadores.

Manifestó que resultaba contradictorio que la demandada hubiera iniciado los cobros pese a que no hubo reclamación alguna por parte de los trabajadores retirados -ya pensionados o incluso fallecidos- por motivos de faltantes de semanas cotizadas. Aseveró que existió mala fe por parte de la demandada al endilgarle una doble responsabilidad por aportes que reporta en mora, exigiéndole esfuerzos para probar los pagos, pese a que la demandada era quien tenía la obligación de cobrar en determinado tiempo y fue quien actuó con retraso y negligencia en sus funciones.

Adujo que el desconocimiento de las sentencias y de la norma, evidenciaba mala fe por parte de Colpensiones al pretender un doble pago de los aportes que la entidad reportaba en mora, pretendiendo que la actora recaudara pruebas y demostrara pagos, pese a que la entidad estaba obligada a realizar los cobros en un determinado tiempo; de modo que pretender cobrar más de cinco años atrás de aportes, era una absoluta negligencia que le generaba inestabilidad a las partes que conformaban el Sistema de Seguridad Social. Así, el hecho de que Colpensiones y el ISS no hubieran efectuado a tiempo el cobro de los supuestos aportes adeudados -además de no haber computado los respectivos pagos- daba lugar a que la entidad demandada asumiera los efectos de dicho retraso, lo cual conduciría a que la declarara a paz y salvo.

Violación del principio de confianza legítima de las decisiones de la Administración. Señaló que dicho principio fue desconocido, en tanto, se le impuso demostrar pagos de aportes a pensión desde el año 1995. Asimismo, arguyó que la entidad también atentó

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contra la lealtad y la confianza legítima de los aportantes, pues habiendo estos realizado los pagos, al no cruzar el ISS y Colpensiones los datos de pago, la entidad le generaba una deuda excediendo el tiempo límite para ello y sin haberla requerido previamente por mora o diferencias de pago pendientes. Además, con posterioridad a los actos demandados, le fueron expedidas dos resoluciones -AP 00205903, del 30 de abril de 2019, y AP 00313863, del 22 de enero de 2020-, la primera por valor de 713.804.275 y la segunda, por la cual se modificó la anterior, por la suma de $476.666.800, sobre los mismos períodos, generando incertidumbre y desconfianza pues se trataba de un mismo cotizante, pero con una deuda injustificadamente aumentada.

En tal contexto, afirmó que una entidad que usurpara las competencias del poder judicial, impusiera requisitos no contemplados para actuaciones específicas que desbordaban su campo de acción y que desconocía los principios rectores del sistema jurídico y tributario, constituía una grave afrenta al principio de confianza legítima que debía imperar. Alegó que lo anterior no podía existir, cuando la entidad definía las deudas como presuntas sin siquiera haber realizado verificaciones, no teniendo como comprobar las sumas efectivamente adeudadas y habiendo dejado pasar hasta veinte años para cobrar los aportes.

-Falta de espíritu de justicia. Reprochó que la demandada, con la finalidad de demostrar efectivos cobros, pretendiera que la actora pagara aportes por encima de lo que la ley le impuso «y por partida doble». Censuró que la Administración supusiera la inexistencia de unos pagos, solo por no tener durante años el reporte de los registros que le debió entregar la entidad [entiende la Sala que se refiere al ISS] y por no realizar en varios años los cobros que le fueron encomendados por la ley. Cuestionó el motivo por el cual Colpensiones le trasladaba la actualización de una información en un sistema, que debió recibir del ISS, pues ello excedía sus obligaciones.

-Falta de título para el cobro por parte de Colpensiones. Señaló que, los artículos 712 y 719 del ET, exigían que la liquidación oficial de revisión o de aforo contuvieran, entre otros requisitos, el período al cual correspondía, el sujeto pasivo, las bases de cuantificación, el monto del tributo, sanciones y la explicación sumaria de las modificaciones efectuadas por la autoridad; al respecto, advirtió que tales requisitos, según la jurisprudencia del Consejo de Estado- debían cumplirse en relación con el acto de determinación de los aportes parafiscales, en virtud de la remisión del artículo 54 de la Ley 383 de 1997 y porque, además, correspondía a aquellas circunstancias que le permitían determinar el origen de la obligación, el deudor y la cuantificación de las contribuciones, sin lo cual no era posible ejecutar la deuda por no ser clara ni expresa.

No obstante, en este caso, los actos demandados no indicaban las razones por las que la demandada consideraba que adeudaba aportes patrono-laborales en las cuantías que señalaba; pues no suministró información respecto de los trabajadores sobre los cuales no fueron realizados los pagos o se hicieron indebidamente, ni el monto base de liquidación, ni los demás elementos de los aportes. Tampoco Colpensiones dio explicaciones que permitieran establecer el fundamento de la deuda, especialmente cuando en sus manuales se limitaba a indicar que no tenía los reportes magnéticos, ni el detalle de los pagos realizados al ISS, lo que implicaba que en los actos no constara una obligación clara, expresa y actualmente exigible; es decir, que no era título ejecutivo.

Describió que la Administración había diseñado un sistema virtual como sede electrónica en la que relacionaba la información de las deudas de los empleadores, el cual habilitó para que estos actualizaran la información; seguido de lo cual, cuestionó que Colpensiones afirmara en sus instructivos no tener con medios magnéticos ni el detalle

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de pagos, cuando curiosamente tenía reportada en el aplicativo una información que esperaba fuera retroalimentada por el empleador; entonces, de dónde había tomado la entidad la información para endilgarle a la actora trabajadores que incluso no conocía y que, por tanto, configuraban una deuda inexistente.

En ese sentido, afirmó que se estaba en presencia de (i) falta de motivación de los actos; (ii) inconsistencia de la información reportada por la demandada; (iii) la manifestación de la entidad respecto de no poseer información, cuando en su momento debió recibir del ISS las bases y reportes de los pagos realizados por los empleadores o en su defecto, las bases de datos de los empleadores morosos. Así, no podía predicarse la existencia de una deuda y de un título. Adujo que la falta de información no la solucionaba la entidad expidiendo una liquidación de deuda, sino actualizando la información.

-Falsa motivación del acto administrativo. Aseveró que lo anterior evidenciaba la falta de asidero fáctico y jurídico de las conclusiones de los actos demandados, lo que se debía a su falta de motivación, pues omitían un ejercicio juicioso de argumentación y pretendían, mediante referencias insuficientes,que la demandante arribara a determinar cuáles fueron las inconsistencias identificadas y las razones de la deuda que le fue atribuida por concepto de aportes. Adujo que no podían tenerse como motivación las definiciones, la transcripción de normas, el parafraseo de su propia doctrina y el anexo de cuadros de deuda por cuya integridad «nadie velaba». Censuró que la demandada no explicó a qué aportes correspondían las «deudas presuntas por omisión» y las «deudas presuntas por diferencia en pago», lo cual se agravaba al tener las deudas presuntas diferentes clasificaciones; así, la deuda presunta por omisión podía derivarse de retiros retroactivos, pagos erróneos a fondo privado, medios magnéticos, pagos sin detalle y, a su vez, la presunta por diferencia en pagos podía obedecer a la corrección del IBC o del pago. Súmese a ello que tampoco fueron señalados los trabajadores respecto de los cuales se originaban las diferencias, todo lo cual impedía conocer las diferencias que le fueron endilgadas, lo que violaba el CPACA y particularmente el artículo 42 ídem.

En ese orden, se configuró una falta de motivación, pues los hechos que tuvo en cuenta la Administración no estuvieron debidamente demostrados; prueba de ello era la expedición de la liquidación sin el sustento de los pagos o de la información que probara la existencia de la deuda, sobre todo proviniendo del extinto ISS y por los periodos anteriores a octubre de 2012, año en que entró en funcionamiento Colpensiones. Lo anterior, pese a que el artículo 3 del Decreto 2013 de 2012 —porel cual se suprimió el ISS— estableció que dicha entidad presentaría, dentro de los seis (6) meses siguientes a su entrada en vigencia, un informe detallado de las acciones y del estado de cada uno de los procesos de cobro coactivo, así como de los recaudos que dentro de los mismos se hubieran obtenido.

Sin embargo, no existía, con anterioridad, ningún informe de cobro coactivo adelantado por el ISS que hubiese sido reportado a Colpensiones, de modo que esa entidad procedió al cobro sin tener antecedentes de la existencia de la mora que pudiera ser demostrada. Y sobre los periodos de octubre de 2012 en adelante, la entidad tampoco se esforzó en allegar prueba alguna de deuda; ni la resolución que resolvió el recurso evidenció prueba de la deuda, únicamente transcribió un cuadro con fechas y valores, sin especificar los tipos de deuda antes señalados. Agregó que la entidad no tenía una relación de los IBC, con los respectivos cálculos y el valor de los aportes que cruzara con lo ya pagado por la actora. Puso de presente que, entre los dos actos demandados, la deuda se disminuyó en $64.059.126, pese a que el segundo acto que la redujo había señalado —en su parte motiva— que la demandante había realizado pagos inconsistentes que afectaban la obligación de cobro, generando la deuda presunta por omisión de pagos. Adujo que si

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eso había sido, así, entonces como era posible que se hubiera disminuido la deuda; de modo que en esas condiciones, cómo podía la entidad hacer un justo y efectivo cobro ajustado a la realidad.

Planteó que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que hubieran conducido a una decisión diferente, como los pagos efectuados por la demandante y que allegó en su momento al ISS y hoy a Colpensiones, además de los que se reflejaban automáticamente en los sistemas a través de los operadores de aportes. Arguyó que hubiera sido medianamente confiable que la entidad hubiera manifestado que la mayoría de valores correspondían a deuda presunta por diferencia en el pago, pues existía la posibilidad de un error, más no que manifestara que la demandante no realizó los aportes debidos durante más de dos décadas y desconociera los pagos, relacionando deudas presuntas por omisión. Por último, censuró que la entidad manifestara que la depuración era una actividad que debía realizar el empleador por contar con la información, pues ello desconocía que el artículo 39 del Decreto 1406 de 1999 la obligaba a cobrarle a los empleadores dentro de los quince días siguientes.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensione Indicó que la actora estaba en la obligación de reintegrar los aportes para «salud» de los periodos señalados en los actos, pues no solo desconocía el proceso de la normativa reglamentaria del sector salud, sino que además «perpetuaba en el tiempo una destinación irregular de aportes parafiscales». Aseguró que la demandada expidió los actos conforme a la ley, no siendo procedente acceder a su nulidad.

Explicó que, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 99 del CPACA, la demandada profirió la liquidación certificada de la deuda, dado que a la fecha de la constitución en mora, el empleador no había pagado el objeto del proceso de cobro. Adujo que la normalización y pago de las obligaciones era deber del empleador, acorde con las normas vigentes (art. 17 de la Ley 200 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003 y el art.22 ejusdem). En esa línea, refirió que el artículo 23 de la Ley 100 consagraba para el empleador una sanción moratoria en caso de incumplimiento y que los artículos 24 y 57 ídem facultaban a las entidades administradoras para adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador, para lo cual prestaba mérito ejecutivo la liquidación que determinaba el valor adeudado.

Expuso que los mecanismos de cobro de dichos valores fueron reglamentados por el Decreto 2633 de 1994, el cual estableció los procedimientos para constituir en mora al empleador, crear grupos de cobro coactivo y cobrar por jurisdicción ordinaria una vez vencido el término de quince días. Por su parte, el artículo 39 del Decreto 1406 de 1999 determinó que el empleador debía asumir las consecuencias derivadas de errores, omisiones e inconsistencias en la información y tener a disposición del trabajador la autoliquidación y pago de aportes; adicionalmente, conforme con el Código de Comercio, debía conservar tal documentación en archivo magnético. En ese sentido, afirmó que la normalización y depuración de la deuda constituía una obligación del aportante; teniendo las administradoras la obligación de conservación y custodia, deberes que resultaban relevantes, en tanto el reconocimiento de la pensión dependía, en parte, de la suma de cotizaciones que el afiliado realizara. Seguidamente, aseveró que no existía cobro de lo no debido, ya que la demandante no había desvirtuado la deuda.

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Sobre la prescripción del cobro, adujo que el término previsto en el artículo 817 de ET y en el artículo 24 de la Ley 383 de 1997 solo aplicaba para las obligaciones fiscales y no para los aportes al Sistema de Seguridad Social, que tenían la naturaleza de contribuciones parafiscales, cuya obligación de pago no podía prescribir en la medida en que el empleador estaba obligado a realizar las cotizaciones durante la vigencia de la relación laboral, lo que subsistía aun después de su terminación, sin que el transcurso del tiempo lo exonerara de su cumplimiento, conforme lo había precisado la Corte Constitucional. (Sentencia C-577 del 04 de diciembre de 1995, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz). Tras ello, afirmó que no existía disposición legal que en materia de seguridad social señalara un término que extinguiera la posibilidad de accionar judicialmente contra el empleador que no pagaba oportunamente las cotizaciones.

Aseguró que la liquidación certificada de la deuda se ajustó a los artículos 24 de la Ley 100 de 1993 y 99 del CPACA, así como al manual de cobro de la entidad, pues la actora no había pagado la obligación, razón por la cual resultaba procedente su expedición por concepto de los aportes pensionales adeudados; puntualmente, una «deuda presunta» por valor de $89.082.078 y una «deuda real» por $146.048, para un total de $89.228.126. En ese sentido, la liquidación correspondía a una acreencia por aportes pensionales pendientes de pago, la cual establecía claramente las partes -acreedor y deudor-. Advirtió que el detalle de la obligación se encontraba discriminado en el aplicativo denominado «Portal del Aportante», para cuyo acceso y depuración se remitieron instructivos para el registro en la herramienta tecnológica, pago de obligaciones y proceso de depuración; sin embargo, la demandante hizo caso omiso y por ello se expidió la liquidación. Reiteró que, una vez surgía la obligación de efectuar los aportes al sistema de seguridad social, su pago se tornaba exigible junto con los intereses de mora que correspondieran.

Finalmente, insistió en que su actuación se encontraba respaldada por la normativa y la jurisprudencia aplicables y en que las liquidaciones certificadas de deuda constituían un título ejecutivo contentivo de una obligación clara, expresa y exigible, puesto que el empleador no había pagado la obligación objeto del cobro, al momento de su expedición. Además, planteó de forma general excepciones de fondo.

Sentencia apelada

El tribunal declaró la nulidad de los actos demandado Preliminarmente, advirtió que esa corporación ya había resuelto un asunto entre las mismas partes con identidad fáctica y jurídica; luego, encauzó el cargo de nulidad como falta de motivación de los actos acusados, en vez de falsa motivación acorde con la argumentación de la actora y, seguidamente, determinó que la liquidación certificada de la deuda solo había señalado que, la actora se había constituido en mora por el pago de los aportes pensionales por los periodos adeudados y que al no haberlos pagado, era procedente expedir la liquidación de la deuda.

Al respecto, señaló que los artículos 3.1.1.4 y 3.1.1.5 de la Resolución 504 de 2013, correspondiente al manual de cobro, preveían que la liquidación certificada prestaba mérito ejecutivo, por lo que debía ser clara, expresa y exigible, debiendo contener: «i) la ciudad y fecha de expedición, ii) acreedor - Colpensiones, iii) nombre, identificación y ubicación del deudor, iv) procedencia y plazo para interponer el recurso de reposición, v) valor de la deuda (capital e intereses). El detalle de la deuda podrá incluirse en el mismo documento o en documento anexo, y vi) la firma del funcionario competente», lo que no cumplía la liquidación. Si bien esta señalaba, en el ordinal 2, que el estado de cuenta contenía el detalle de la obligación y hacía parte integral de la liquidación, lo cierto era que, al revisarla, los conceptos incluidos tampoco cumplían lo

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anterior, pues los únicos datos eran los periodos y el valor de la deuda presunta por diferencia de pago y presunta por omisión (insertó imagen). Agregó que tampoco la Resolución AP-00296896, del 16 de diciembre de 2019, que modificó la Liquidación Certificada de Deuda, para reducirla, tenía suficiente motivación.

Observó que no se le explicó la fórmula para calcular los valores adeudados por aportes pensionales sobre los que no se efectuaron las cotizaciones o se hicieron por menor valor, lo cual no se subsanaba con el manual de cobro de la entidad y menos aún con la información reportada en el aplicativo «Portal del Aportante»; Colpensiones debió expresar en los actos todos los argumentos de hecho y derecho que respaldaban su decisión.

Por lo anterior, el a quo concluyó que los actos adolecían de falta de motivación, lo cual vulneró el debido proceso, al impedir el derecho de defensa.

Recurso de apelación

La demandada recurrió la decisión de primer grad Adujo que la actora tuvo pleno conocimiento de la deuda, puesto que en el segundo de los actos administrativos [el que resolvió el recurso], se le indicó que existían once planillas sin el detalle de los pagos, lo cual imposibilitaba a la entidad realizar un adecuado análisis de cada uno de los períodos en mora y la exhortó a efectuar el proceso de depuración y/o pago de la obligación, pues no se observó avance en tal proceso, pese a estar registrada la demandante en el portal del aportante desde el 28 de agosto de 2018. Al efecto, insertó un cuadro en el que se relacionaban las planillas, identificando fecha, número de referencia, documento, ciclo de cotización y señalaba la falta del detalle de los pagos.

Estimó como errada la conclusión del tribunal atinente a que las obligaciones no eran claras, pues los actos evidenciaban su debida motivación por el incumplimiento de los deberes del empleador. Seguidamente, tras referenciar el artículo 48 constitucional, señaló que la principal fuente de financiación del sistema pensional era la realización de los aportes a dicho subsistema y cualquier reconocimiento de este beneficio pensional pendía de las cotizaciones efectivamente realizadas.

Luego, destacó que, acorde con la Ley 100 de 1993, los empleadores estaban obligados a realizar el pago oportuno de los aportes, tanto del porcentaje a su cargo como del trabajador; siendo en todo caso el responsable por la totalidad del aporte, aun si no efectuaba el descuento del importe del trabajador. Advirtió que, en línea con lo anterior, las administradoras tenían competencia para efectuar el cobro de los aportes debidos, pudiendo adelantar las acciones correspondientes en caso de incumplimiento del trabajador; sin que tal facultad pudiera entenderse como un traslado de la obligación de pagar las cotizaciones, o como el establecimiento de algún tipo de solidaridad entre el empleador y la administradora.

Seguidamente, reiteró que no existía una disposición expresa sobre la prescripción de los aportes o la caducidad de las acciones de cobro; no pudiendo aplicarse analógicamente la regulación de prescripción del Estatuto Tributario, o de las normas laborales o civiles, dada la naturaleza especial de las prestaciones pensionales y sus características de imprescriptibilidad. Tras lo anterior, concluyó que se «incurrió en violación directa a un mandato superior, pues al darle a los recursos de la Seguridad Social una destinación diferente a la que fueron asignados, se está dando aplicación a una norma adjetiva infraconstitucional».

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Pronunciamientos finales

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instanci Estimó que los actos demandados no se encontraban debidamente motivados de acuerdo con las exigencias del manual interno de la entidad y las previstas por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Lo anterior, por cuanto el acto de liquidación y el que resolvió el recurso de reposición solo consignaron las sumas sin precisar el método de determinación, la discriminación por conductas y los valores por cada trabajador, ni tampoco el cálculo y determinación de los intereses de mora.

La demandante guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Preliminarmente, se precisa que el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño manifestó su impedimento para participar en la decisión por haber conocido con anterioridad el proceso de la referencia, cuando se desempeñaba como magistrado del tribunal de primera instancia (índice 17 Samai), el cual fue aceptado mediante auto del 25 de septiembre de 2025, con lo cual quedó separado del conocimiento de este asunto (índice 19 Samai).

Existiendo cuórum decisorio, juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos acusados, atendiendo los cargos de apelación planteados por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad de los actos demandados.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si los actos de los demandados fueron suficientemente motivados, como lo asegura la apelante.

Previo a decidir, se advierte que, si bien el demandado señaló en la Resolución AP- 00296896, del 16 de diciembre de 2019, que el escrito de la demandante no era formalmente un recurso de reposición contra la liquidación certificada de la deuda demandada, en la medida en que «no se indica de manera expresa o con pruebas la inconformidad que se pueda presentar al cobro»; lo cierto fue que atendió de fondo la inconformidad de la demandante y, tras evaluar la información que consideró inconsistente, determinó que debía modificar la liquidación certificada de la deuda, para disminuirla, fijándola en $89.228.126. Así, para la Sala, con dicho acto fue resuelto el recurso de reposición.

Análisis del caso concreto

La entidad apelante adujo que el tribunal erró al señalar que la obligación no era clara, pues los actos administrativos evidenciaban su debida motivación, pues la demandante incumplió sus deberes como empleadora. También defendió que la actora tuvo pleno conocimiento de la deuda, pues en el segundo de los actos administrativos; que en el segundo de los actos administrativos [el que resolvió el recurso], le indicó que existían once planillas sin el detalle de los pagos, lo cual imposibilitaba a la entidad realizar un adecuado análisis de cada uno de los períodos en mora y la exhortó a efectuar el proceso de depuración y/o pago de la obligación.

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00580-01 (29259)

Demandante: Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas

Por su parte, la actora planteó que, de conformidad con los artículos 712 y 719 del ET, las liquidaciones oficiales debían contener requisitos como el señalamiento del período, sujeto pasivo, bases de cuantificación, monto de los tributos, sanciones y la explicación sumaria de las modificaciones efectuadas. Indicó que la jurisprudencia ha establecido que tal contenido es aplicable a los actos de determinación de aportes, por remisión del artículo 54 de la Ley 383 de 1997. Añadió que lo anterior le permitía al deudor conocer la obligación y la suma debida, con lo cual, la ausencia de identificación del obligado, del tributo, la cifra adeudada, impedía la ejecución del título, por no ser claro y expreso. Insistió en que los actos acusados no relacionaron las bases de cuantificación a los efectos de endilgarle el incumplimiento de los aportes, ni tampoco tenían la información de los trabajadores respecto de los cuales no se hicieron los pretendidos aportes o se hicieron indebidamente, ni tampoco identificaron los demás elementos de la obligación.

Para el tribunal, la liquidación acusada y el estado de cuenta debían cumplir con la información que listaba los artículos 3.1.1.4 y 3.1.1.5 de la Resolución 504 de 2013; esto es: «i) la ciudad y fecha de expedición, ii) acreedor - Colpensiones, iii) nombre, identificación y ubicación del deudor, iv) procedencia y plazo para interponer el recurso de reposición, v) valor de la deuda (capital e intereses). El detalle de la deuda podrá incluirse en el mismo documento o en documento anexo, y vi) la firma del funcionario competente». Sin embargo, la liquidación solo incluía la relación de períodos y valores adeudados, sin incorporar la totalidad de los elementos exigidos por dicha regulación, lo que no se superó en el acto administrativo que modificó la liquidación certificada de la deuda [que resolvió el recurso]. Observó además que los actos no establecieron la fórmula que se utilizó para calcular las sumas debidas, lo que no se subsanaba con el manual de cobro de la entidad ni con la información disponible en el Portal del Aportante; los actos debieron incluir los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaban la decisión.

Para definir el debate planteado, partirá de señalar que la jurisprudencia de la Sala ha sido pacífica y reiterada en señalar que «[l]a motivación de un acto administrativo es, entonces, la expresión escrita de las razones de hecho y de derecho que fundamentan la decisión de la Administración. Por tal razón, … exige una ilustración siquiera sumaria de las circunstancias fácticas y jurídicas que soportan la decisión administrativa, de modo que la primera resulte suficiente, apta e idónea para explicar la segunda. A tal fin, no es válido que se empleen fórmulas vagas, genéricas e indeterminadas para justificar la decisión adoptada. Bajo este contexto, la sustentación del acto garantiza, además de la realización del principio de publicidad, la efectividad del derecho de defensa del administrado, en la medida en que permite apreciar con exactitud los motivos determinantes de la decisión; así como la tutela judicial efectiva de la que se debe encargar la jurisdicción contencioso–administrativa

La Sección igualmente ha precisado que los actos mediante los cuales se determinan obligaciones por concepto de aportes al Sistema de Protección Social deben contener los elementos suficientes para que el aportante pueda conocer el origen, alcance y cuantía de la deuda reclamada, como identificar «el tipo de incumplimiento, el año, el mes, el trabajador, los días trabajados, los pagos que constituyen salario y cuáles no, el total remunerado, el IBC, entre otros aspectos En específico, en la sentencia del 23 de noviembre de 2023 (exp. 27144, CP: Myriam Stella Gutiérrez), la Sala se pronunció en un proceso adelantado entre las mismas partes, que guardan con este similitud fáctica y jurídica, oportunidad en la cual se estableció que, acorde con la Resolución 504 de 2013, modificada por la Resolución 163 de 2015, mediante la cual Colpensiones adoptó su Manual de Cobro Administrativo, la determinación de las obligaciones a cargo de los aportantes debía efectuarse mediante un acto administrativo denominado «liquidación certificada de deuda», que ponía fin a la actuación de determinación, la cual debe contener «la naturaleza de la obligación y su detalle, lo que supone es que el acto debe identificar la conducta, los periodos discutidos,

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los trabajadores, los días trabajados, los pagos salariales y no salariales, el total de la remuneración y el ingreso base de cotización (en adelante IBC), así como todo aspecto relevante para que el deudor pueda ejercer efectivamente su derecho al debido proceso» (sentencia ut supra).

Para el caso, se observa que la Liquidación Certificada de Deuda AP 00110221, del 06 de octubre de 2018, identificó a la demandante como deudora, señaló que la obligación correspondía a los aportes pensionales adeudados y relacionó los períodos y valores objeto de cobro, discriminando las sumas atribuidas a la «deuda presunta» por omisión y la «deuda presunta por diferencia en pago»; hizo referencia a las disposiciones legales que, a juicio de la demandada, sustentaban la actuación administrativa y adjuntó el «anexo instructivo de ingreso al portal web del aportante PWA». Sin embargo, el contenido del acto no permite establecer los demás elementos que dieron lugar a la determinación de la obligación, pues no se identificaron los trabajadores por los cuales se originaron las deudas, ni el IBC que se tuvo en cuenta para su liquidación.

Por su parte, la Resolución AP 00296896, del 16 de diciembre de 2019, mediante la cual se resolvió el recurso, modificando la mencionada liquidación certificada de la deuda, no determinó los pagos considerados por la Administración para disminuir la deuda a $89.228.126; en cambio, señaló que, luego de analizar los sistemas de información de la entidad, se identificaron pagos inconsistentes, obligaciones derivadas de pagos incompletos o extemporáneos y once planillas sin detalle de afiliados; sobre esto último, mostró un cuadro en el que se relacionan números de documento, referencias, fechas de pago y ciclos de cotización y un instructivo con el alcance de las categorías de deuda presunta por omisión y presunta por diferencia de pago, así como pagos inconsistentes. En suma, dicho acto continuó sin individualizar los trabajadores respecto de los cuales se originaba la deuda, los ingresos base de cotización tenidos en cuenta para su determinación y la metodología empleada para calcular los valores finalmente exigidos.

Contextualizada así la situación, para la Sala los actos demandados adolecen de motivación, pues aunque identifican los períodos objeto de cobro y los valores reclamados, omiten determinar los trabajadores que originan la deuda determinada, la base de liquidación (IBC), los pagos de la actora que fueron considerados por la administración para disminuir la obligación, ni la metodología empleada para determinar las sumas exigidas; elementos que resultaban indispensables para establecer el origen y la cuantificación de la obligación reclamada, de modo que la aportante pudiera conocer, verificar y controvertir el acto de determinación, pues como lo ha señalado la Sala, la debida motivación del acto garantiza la efectividad del derecho de defensa del administrado, en la medida en que permite apreciar con exactitud los motivos determinantes de la decisión.

Ahora, la motivación que era requerida en los actos no podía reemplazarse ni mucho menos subsanarse con la remisión del «anexo instructivo de ingreso al portal web del aportante PWA», cuyo contenido ni siquiera detalló o explicó el demandado. No prospera el cargo de apelación.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada.

Conclusión

Como contenido interpretativo de la presente sentencia, la Sala establece que la motivación de los actos administrativos debe contener la información que permita identificar los elementos que fundaron la determinación de la obligación. A tales fines, no basta con indicar los períodos objeto de cobro y los valores adeudados, sino que deben precisarse los trabajadores que originaron la deuda, la base de liquidación (IBC), la

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metodología aplicada para determinar las sumas reclamadas, entre otros aspectos.

Costas

Conforme al artículo 365 del CGP, en concordancia con el artículo 188 del CPACA, el Acuerdo PCSJA25-12355, del 28 de noviembre de 2025 del CSJ, y el criterio mayoritario de la Secció se condenará en costas a la demandada en esta instancia por haber resultado vencida en el juicio. A tal efecto, se tasan las agencias en derecho en un salario mínimo a la ejecutoria de esta providencia. En consecuencia, se ordenará al tribunal tramitar el correspondiente incidente de liquidación, de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confirmar la sentencia apelada.

Condenar en costas a la parte demandada en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia, y fijar las agencias en derecho en un salario mínimo a la ejecutoria de la presente sentencia. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Aclaro voto

(Firmado electrónicamente)

CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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