Corte Constitucional
Comunicado de Prensa No. 33 del 28 de octubre de 2026
<Disponible el 30 de octubre de 2026>
La Corte Constitucional consideró que el artículo 300 de la Ley 2452 de 2025, al extender el procedimiento de fuero sindical a los asuntos en los que se pretenda el reintegro del trabajador en atención a la estabilidad laboral reforzada por fueros de maternidad, discapacidad, prepensión, acoso laboral y circunstancial, entre otros, no viola la reserva de ley estatutaria, puesto que no regula de forma integral ni modifica los elementos esenciales de la estabilidad laboral reforzada; tampoco establece un mecanismo indispensable para defenderla ni altera la estructura de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales
Sentencia C-352/26
M.P. Jorge Enrique Ibáñez
Najar Expediente D-17.082
1. Norma demandada
“LEY 2452 DE 2025
(abril 23)
Por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social
EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:
(...)
ARTÍCULO 300. EXTENSIÓN DE PROCEDIMIENTO A LOS FUEROS. Se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 293 a 297 que anteceden, los asuntos donde se pretenda el reintegro del trabajador, relativos a estabilidad reforzada, entre otros, los siguientes que se enuncian:
a) Fuero de maternidad que incluye al cónyuge, pareja, compañero o compañera permanente cuando no tengan un empleo formal;
b) Fuero por situación de discapacidad;
c) Fuero por prepensionado;
d) Acoso laboral; y
e) Fuero circunstancial.
Las acciones que emanan de estos procesos prescriben en dos (2) años a partir de la terminación del contrato de trabajo.
PARÁGRAFO. Cuando lo que se pretenda no sea el reintegro sino el resarcimiento por perjuicios se tramitará por el proceso ordinario y se aplicará el término general de prescripción.”
2. Decisión
ÚNICO. Declarar EXEQUIBLE el artículo 300 de la Ley 2452 de 2025, “por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”, por el cargo de violación a la reserva de ley estatutaria.
3. Síntesis de los fundamentos
La Corte conoció una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 300 de la Ley 2452 de 2025, “por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”, porque, a juicio del actor, debió tramitarse mediante ley estatutaria, en la medida en que regula de manera íntegra, estructural y directa el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada al instituir el mecanismo judicial para obtener el reintegro, con lo cual desconocería el literal a) del artículo 152 de la Constitución.
Superada la aptitud de la demanda, la Sala Plena se preguntó si el artículo 300 de la Ley 2452 de 2025, mediante el cual se extiende el procedimiento de fuero sindical, establecido en los artículos 293 a 297 de la misma ley, a los asuntos en los que se pretenda el reintegro del trabajador en atención a la estabilidad laboral reforzada por maternidad, que incluye al cónyuge, pareja, compañero o compañera permanente cuando no tengan un empleo formal, estén en situación de discapacidad, prepensión, acoso laboral y circunstancial, viola el artículo 152 de la Constitución Política al desconocer la reserva de ley estatutaria.
La Corte recordó que la reserva de ley estatutaria es excepcional y taxativa en los términos expresamente previstos por la Constitución, por lo cual debe interpretarse restrictivamente, atendiendo al contenido material de la norma y no a su nombre o ubicación. Solo se aplica cuando la disposición regula integral y estructuralmente un derecho fundamental, afecta su núcleo esencial o sus elementos esenciales, o establece un mecanismo constitucional indispensable para protegerlo. Por ello, la sola relación de una norma con un derecho fundamental, su carácter instrumental o la regulación de un procedimiento no bastan para exigir ese trámite.
En materia procesal, precisó que la regulación de los procedimientos judiciales ordinarios corresponde, por regla general, al legislador ordinario, incluso cuando esos trámites contribuyen a hacer efectivos derechos fundamentales, pues forman parte de la materia propia de los códigos. La reserva de ley estatutaria solo se activa cuando la norma establece la estructura básica de uno de tales mecanismos, regula de forma integral un procedimiento o recurso dirigido al amparo de los derechos fundamentales, siempre que se trate de un medio necesario e indispensable para asegurar su conservación; diseña o impacta un mecanismo de defensa de un derecho fundamental; o contiene aspectos trascendentales de la estructura y funcionamiento de los medios previstos para salvaguardar esos derechos, incluidos el régimen de competencias y el trámite de las medidas cautelares. También opera cuando, por medio de la regulación del procedimiento, se regula el derecho fundamental de forma integral, sistemática y completa o se afecta su núcleo esencial. Fuera de esos supuestos, los procesos judiciales pueden ser regulados por ley ordinaria, aunque tengan relación con derechos fundamentales.
Reiteró que el Legislador ordinario cuenta con un amplio margen para regular los procesos judiciales, las competencias y los términos de prescripción, siempre dentro de los límites constitucionales y aclaró que como la prescripción extingue la acción y no el derecho sustancial, establecer el plazo para ejercer la acción de reintegro no determina el contenido de ese derecho. Por ello, reconoció que dicha acción puede ser modificada, delimitada o incluso suprimida por una ley ordinaria.
Respecto de la estabilidad laboral reforzada recordó que es un derecho fundamental que desarrolla los principios de igualdad y no discriminación, y protege a quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Sus distintas formas de protección, como los fueros de maternidad, discapacidad, prepensión, acoso laboral y circunstancial, han sido reguladas mediante leyes ordinarias y precisadas por la jurisprudencia constitucional, y cada una mantiene su propio régimen sustantivo. En cuanto al reintegro indicó que es una consecuencia restitutoria y un mecanismo para proteger ese derecho, pero no se confunde con el derecho sustancial. Por ello, regular el procedimiento para solicitarlo no equivale, por sí solo, a regular el contenido del derecho fundamental.
Al analizar la disposición acusada, explicó que el artículo 300 de la Ley 2452 de 2025 establece tres reglas: (i) remite las pretensiones de reintegro por estabilidad laboral reforzada a un procedimiento preferente y sumario; (ii) fija un plazo de prescripción de dos años para ejercer las acciones, contado desde la terminación del contrato; y (iii) dispone que las pretensiones indemnizatorias se tramitan por el proceso ordinario y se sujeten al término general de prescripción.
La Corte concluyó que estas reglas tienen carácter procesal e instrumental: organizan el trámite judicial, pero no crean ni definen el derecho a la estabilidad laboral reforzada y que sus titulares, garantías, requisitos y consecuencias sustantivas siguen regulados por sus respectivas fuentes legales y jurisprudenciales. Aclaró que la norma tampoco altera el núcleo esencial del derecho, ni modifica los presupuestos sustantivos del reintegro. Además, que el trámite preferente puede favorecer la protección efectiva de quienes reclaman esa garantía.
La Corte indicó que la disposición tampoco establece un mecanismo constitucional de protección directa e indispensable, como la tutela o el hábeas corpus, ni modifica la estructura de esos mecanismos y que el proceso de reintegro es una vía ordinaria de reclamación, y su regulación no impide acudir a la tutela cuando se cumplan sus requisitos.
En consecuencia, consideró que la regulación dispuesta en el artículo 300 es un ejercicio legítimo de la facultad del legislador ordinario para establecer procedimientos y términos, que no vulnera la reserva de ley estatutaria, porque no regula integralmente la estabilidad laboral reforzada, no afecta su núcleo esencial ni configura un mecanismo indispensable para proteger derechos fundamentales. La norma determina un cauce procesal común para ciertas pretensiones de reintegro, sin unificar los regímenes sustantivos propios de cada modalidad de estabilidad reforzada.
3 Diario Oficial No. 53.077 de 2 de abril de 2025.