DOCUMENTO CONPES DNP 4056 DE 2021
(Bogotá, octubre 8 de 2021)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL - CONPES
DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Educación Nacional
Versión aprobada
Iván Duque Márquez
Presidente de la República
Marta Lucía Ramírez Blanco
Vicepresidenta de la República
| Daniel Palacios Martínez Ministro del Interior | Marta Lucía Ramírez Blanco Ministra de Relaciones Exteriores |
| José Manuel Restrepo Abondano Ministro de Hacienda y Crédito Público | Wilson Ruíz Orejuela Ministro de Justicia y del Derecho |
| Diego Andrés Molano Aponte Ministro de Defensa Nacional | Rodolfo Enrique Zea Navarro Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural |
| Fernando Ruíz Gómez Ministro de Salud y Protección Social | Ángel Custodio Cabrera Báez Ministro del Trabajo |
| Diego Mesa Puyo Ministro de Minas y Energía | María Ximena Lombana Villa Iba Ministra de Comercio, Industria y Turismo |
| María Victoria Angulo González Ministra de Educación Nacional | Carlos Alberto Frasser Arrieta Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible (E) |
| Jonathan Tybalt Malagón González Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio | Iván Mauricio Durán Pabón Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E) |
| Ángela María Orozco Gómez Ministra de Transporte | Angélica María Mayolo Obregón Ministra de Cultura |
| Guillermo Antonio Herrera Castaño Ministro del Deporte | Tito José Crissien Borrero Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación |
Alejandra Carolina Botero Barco
Directora General del Departamento Nacional de Planeación
| Daniel Gómez Gaviria Subdirector General Sectorial | Amparo García Montaña Subdirectora General Territorial |
Resumen ejecutivo
La generación de ambientes de aprendizaje que respondan a las necesidades de la comunidad educativa constituye uno de los aspectos prioritarios para aumentar el acceso y garantizar la adecuada prestación del servicio de educación preescolar, básica y media. De manera general, Colombia presenta un déficit cualitativo y cuantitativo[1] de aulas, que no permite responder de manera adecuada a factores demográficos como el crecimiento de la población entre los 5 y los 1 6 años y el incremento de la población migrante en edad escolar. Adicionalmente, existen brechas territoriales que se manifiestan en la mayor afluencia de población desescolarizada en zonas rurales y rurales dispersas, con afectación particular en los grupos étnicos del país. A esto se suman los efectos derivados del COVID-1 9, que además de incrementar la necesidad de adecuar las Instituciones educativas para cumplir con los criterios de bioseguridad, supone el tránsito de estudiantes del sector privado al sector oficial.
Si bien en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el Gobierno nacional ha adelantado las acciones necesarias para reducir el déficit de aulas identificado en el Documento CONPES 3831 de 2015, en la actualidad, existe un rezago de 24,4 puntos porcentuales en el cumplimiento de las metas programadas inicialmente dentro del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Esto pone de manifiesto la necesidad de realizar acciones y esfuerzos adicionales que promuevan la continuidad en los procesos de construcción y mejoramiento de infraestructura educativa.
En ese sentido, este documento pone a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), la declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión Construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje para la prestación del servicio educativo e implementación de estrategias de calidad y cobertura nacional liderado por el Ministerio de Educación Nacional. De esta manera, se busca incrementar y mejorar en un horizonte temporal de 3 años la capacidad de la infraestructura educativa y espacios de aprendizaje para la prestación adecuada del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, con énfasis en las comunidades rurales y los grupos étnicos a lo largo del territorio nacional.
Los recursos solicitados para la ejecución del proyecto permitirán beneficiar a cerca de 2.000 sedes educativas rurales, o ubicadas en municipios con alta demanda rural, con Mejoramientos[2] de infraestructura educativa, es decir con la habilitación de condiciones mínimas requeridas para su adecuado funcionamiento. Adicionalmente, honrando los acuerdos adquiridos con las comunidades étnicas y en las mesas de negociación de las movilizaciones sociales realizadas en el Chocó y Buenaventura; así como también los compromisos planteados en el PND 201 8-2022 en el Pacto por la Equidad de oportunidades para grupos étnicos, se adelantará la intervención de aproximadamente 157 sedes educativas que permitan responder a la demanda de cupos de educación preescolar, básica y media.
El horizonte temporal establecido para la implementación de acciones que respondan al objetivo planteado dentro de este documento contempla las vigencias 2022 a 2024. La ejecución de estas acciones se garantizará a través de la solicitud de una vigencia futura ordinaria por 540.000 millones de pesos; esto de acuerdo con el aval fiscal otorgado por el Consejo Superior de Política Fiscal el 6 de septiembre de 2021 y de conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003[3] y el artículo 2.8.1.7.1.2 del Decreto 1068 de 2015[4].
Clasificación: H52, 122, 128.
Palabras clave: infraestructura educativa, ambientes de aprendizaje, mejoramientos.
Tabla de contenido
| 1. | Introducción | 9 |
| 2. | Antecedentes y justificación | 11 |
| 2.1. | Antecedentes normativos en torno a la construcción y mejoramiento de infraestructura educativa | 11 |
| 2.2. | Antecedentes de política en torno a la construcción y mejoramiento de infraestructura educativa | 12 |
| 2.2.1. | PNIE | 14 |
| 2.2.2. | Compromisos adquiridos con territorios y grupos étnicos del país | 15 |
| 2.2.3. | PND 2018-2022 | 15 |
| 2.3. | Justificación | 17 |
| 3. | Diagnóstico | 18 |
| 3.1. | Insuficiente capacidad de la infraestructura escolar para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo, principalmente en zonas rurales del país | 18 |
| 3.1.1. | Limitada capacidad del sector oficial para responder a la demanda de cobertura | 18 |
| 3.1.2. | Inventarios de infraestructura educativa oficial | 21 |
| 3.1.1. | Identificación de necesidades en entornos rurales | 23 |
| 3.2. | Persistencia de brechas para acceder y permanecer en el sistema educativo de poblaciones étnicas o priorizadas con ejercicios de concertación, con criterios de inclusión y con un carácter cultural y de apropiación diferencial | 36 |
| 3.2.1. | Paro Cívico de Buenaventura | 36 |
| 3.2.2. | Paro Cívico de Chocó | 38 |
| 3.2.3. | CRIC | 39 |
| 3.2.4. | Mesa Permanente de Concertación Indígena y NARP | 40 |
| 3.2.5. | Pueblos y organizaciones indígenas | 41 |
| 4. | Definición de la política | 44 |
| 4.1. | Objetivo general | 44 |
| 4.2. | Objetivos específicos | 44 |
| 4.3. | Plan de acción | 44 |
| 4.4. | Descripción del proyecto | 44 |
| 4.4.1. | Desarrollo de mejoramientos de infraestructura educativa para el cierre de brechas en el acceso al sistema educativo | 45 |
| 4.4.2. | Generación de capacidades de infraestructura educativa que respondan a las necesidades de los grupos étnicos y procesos de acuerdos territoriales | 48 |
| 4.5. | Beneficios del proyecto | 49 |
| 4.6. | Seguimiento | 49 |
| 4.7. | Financiamiento | 50 |
| 5. | Recomendaciones | 52 |
| Anexo | 53 | |
| Anexo A. Plan de Acción y Seguimiento (PAS) | 53 | |
| Anexo B. Aval Fiscal | 54 | |
| Bibliografía | 55 | |
| ÍNDICE DE TABLAS | ||
| Tabla 1. Evolución de sedes de establecimientos educativos | 18 | |
| Tabla 2. Distribución de matrícula por sector | 19 | |
| Tabla 3. Distribución de matrícula por zona | 19 | |
| Tabla 4. Distribución de matrícula por grupos étnicos | 20 | |
| Tabla 5. Número de sedes afectadas por riesgo natural | 22 | |
| Tabla 6. Resumen sedes convocatorias 2015-2016 | 24 | |
| Tabla 7. Sedes postuladas por región 2015 - 2016 | 25 | |
| Tabla 8. Sedes intervenidas de la convocatoria 2015 - 2016 | 26 | |
| Tabla 9. Iniciativas PDET | 28 | |
| Tabla 10. Banco de proyectos y necesidades convocatoria 2019 | 30 | |
| Tabla 11. Proyectos priorizados Convocatoria 2019 | 31 | |
| Tabla 12. Banco de proyectos Convocatoria 2021 | 33 | |
| Tabla 13. Reporte de afectaciones Ola invernal 2021 | 35 | |
| Tabla 14. Resultados diagnóstico y avances por número de sedes, paro cívico Chocó | 38 | |
| Tabla 15. Diagnóstico de necesidades CRIC | 39 | |
| Tabla 16. Metas porcentuales de cumplimiento población indígena | 41 | |
| Tabla 17. Avances y necesidades - Plan de Inversión Población Indígena | 41 | |
| Tabla 18. Avances dotación de sedes educativas | 42 | |
| Tabla 19. Resultados evaluación técnica y jurídica, línea Indígena, convocatoria 2019 | 42 | |
| Tabla 20. Resultados evaluación técnica y jurídica, línea NARP, convocatoria 2019 por sede | 43 | |
SIGLAS Y ABREVIACIONES
| ART | Agencia de Renovación del Territorio |
| CIER | Censo de Infraestructura Educativa Regional |
| CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social |
| CRIC | Consejo Regional Indígena del Cauca |
| ETC | Entidades Territoriales Certificadas en Educación |
| FFIE | Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa |
| NARP | Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros |
| OIM | Organización Internacional para las Migraciones |
| PDET | Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial |
| PEER | Plan Especial de Educación Rural |
| PMI | Plan Macro de Implementación |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PNIE | Plan Nacional de Infraestructura Educativa |
| SGP | Sistema General de Participaciones |
| SGR | Sistema General de Regalías |
| Sicied | Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa |
| Simat | Sistema Integrado de Matrícula |
La limitada disponibilidad de aulas en zonas rurales y rurales dispersas del país y las deficiencias que presentan algunos ambientes de aprendizaje en cuanto a la habilitación de condiciones mínimas requeridas para su funcionamiento[5], son algunos de los principales retos para garantizar el acceso y una adecuada prestación del servicio educativo. De acuerdo con las estimaciones realizadas en el marco del Documento CONPES 3831 de 2015[6], por medio del cual se declaró de importancia estratégica el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) como determinante fundamental para la implementación de la jornada única escolar, el país contaba con un déficit de aulas calculado en 51.134, por lo que a través de su aprobación se establecieron acciones conducentes a mitigar este déficit en un horizonte temporal de 15 años; no obstante, de acuerdo con el aplicativo web SisCONPES con corte a julio de 2021, de las 26.557 aulas programadas para el 2021 solo se ha logrado avanzar en un 75,6 %.
Cabe señalar que, a partir del marco definido por el PNIE, durante los últimos años el Gobierno nacional ha avanzado de manera importante en la implementación de políticas para el fortalecimiento de la infraestructura educativa y el aumento de la cobertura, que garanticen el acceso equitativo al sistema educativo, el aumento de la permanencia escolar y el mejoramiento de la calidad a través de la generación de ambientes de aprendizaje que respondan a las necesidades de estudiantes y docentes; principalmente teniendo en cuenta las brechas persistentes en las zonas rurales del país, en las que, por ejemplo, en la educación media la cobertura bruta para 2020 se encontraba 24 puntos porcentuales por debajo de las zonas urbanas[7]. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 201 8-2022 en la línea de Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos se estableció metas relacionadas con el avance en la construcción, mejoramiento y habilitación de condiciones en la infraestructura educativa a partir de la culminación de 6.632 aulas y la entrega de 1 1.452 aulas nuevas en el cuatrienio.
Sin embargo, situaciones de diferente índole han provocado que las implicaciones que el déficit de aulas tiene sobre la cobertura educativa tiendan a incrementarse. En primer lugar, las movilizaciones sociales realizadas en el marco del paro cívico del Chocó en 2016 y el paro cívico de Buenaventura en 201 7, así como los espacios de concertación realizados con comunidades étnicas, pusieron en evidencia necesidades específicas de infraestructura educativa, particularmente en zonas rurales y rurales dispersas que no habían sido identificadas por PNIE. Por otra parte, los fenómenos migratorios que se han presentado durante los últimos años han hecho que la demanda por capacidad instalada en el sector educación aumente en cerca de 474.983 estudiantes, a lo que se suma el paso de aproximadamente 120.000 niñas niños y adolescentes de colegios públicos a colegios privados a raíz de la pandemia del COVID-19, y la proyección del crecimiento de la población entre los 5 y los 16 años, que de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, alcanzaría un máximo de 9,6 millones en 2024 (Departamento Nacional de Estadística [DAÑE], 2020).
A partir de este contexto, el presente documento presenta al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la solicitud de declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión Construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje para prestación del servicio educativo e implementación de estrategias de calidad y cobertura nacional a cargo del Ministerio de Educación Nacional, a través del cual se implementan los planes de inversión y de fortalecimiento a la infraestructura educativa oficial del país, en un compromiso articulado entre el Gobierno nacional y las administraciones territoriales para el fortalecimiento del acceso a la educación preescolar, básica y media oficial.
En ese sentido, el objetivo de este documento es incrementar y mejorar la capacidad de la infraestructura educativa oficial y la disposición de espacios de aprendizaje para la prestación adecuada del servicio en los niveles de preescolar, básica y media, con énfasis en las comunidades rurales y los grupos étnicos a lo largo del territorio nacional. Los recursos requeridos para su implementación serán solicitados a partir de una vigencia futura ordinaria por el monto de 540.000 millones de pesos, que garanticen la ejecución del proyecto hasta 2024 y que se destinarán a dos componentes: (i) un componente de mejoramientos que optimice las condiciones para la prestación del servicio de aproximadamente 2.000 sedes educativas; y (ii) un componente de grupos étnicos y acuerdos territoriales enfocado en la intervención de cerca 157 sedes educativas que permitan atender las necesidades de cobertura de estas comunidades.
Este documento CONPES consta de cinco secciones incluyendo la presente introducción. En la segunda sección se encuentran los antecedentes normativos y de política relacionados con la construcción y mejoramiento de infraestructura educativa y la justificación de la solicitud de declaratoria de importancia estratégica. La tercera sección presenta el diagnóstico asociado con la limitada capacidad de la infraestructura educativa para garantizar la adecuada prestación del servicio y la persistencia de brechas para acceder y permanecer en el sistema educativo de poblaciones étnicas o territorios priorizados en el marco de movilizaciones sociales. La cuarta sección presenta la definición de la política, los objetivos propuestos en el marco de la ejecución del proyecto de inversión, el plan de acción y seguimiento y el detalle de los recursos a solicitar a través del trámite de vigencia futura ordinaria. Finalmente, la quinta sección presenta las recomendaciones generadas a partir de la elaboración del presente documento.
2. Antecedentes y justificación
2.1. Antecedentes normativos en torno a la construcción y mejoramiento de infraestructura educativa
La construcción y el mejoramiento de infraestructura educativa se enmarca inicialmente en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. Esta plantea que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene la función social de garantizar el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. También establece que el Estado es responsable del servicio educativo y de garantizar su obligatoriedad para las niñas, niños y adolescentes entre los 5 y los 15 años (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
De otro lado, la Ley 115[8] en su artículo 138 plantea que los establecimientos educativos[9] deberían disponer de una infraestructura que cumpla con los requisitos mínimos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, de tal forma que cada establecimiento cuente con la estructura administrativa, la planta física y los medios educativos para garantizar una formación de calidad. Asimismo, el artículo 84 de esta ley establece que la infraestructura física debe ser evaluada con el fin de garantizar el mejoramiento en la prestación del servicio y la calidad educativa (Congreso de la República, 1994).
Por su parte, la Ley 715 de 2001[10] en su artículo 15 establece que los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones (SGP), de la bolsa de prestación del servicio educativo, se deben destinar a actividades dentro de las que se incluye la construcción de infraestructura educativa, el mantenimiento, el pago de servicios públicos y los gastos de funcionamiento de los establecimientos educativos (Congreso de la República, 2001). Esto aplica también para la bolsa de calidad matrícula, cuyos recursos pueden ser utilizados para la construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y dotación institucional de infraestructura educativa. En el caso de la bolsa de calidad gratuidad, el uso de los recursos para el mejoramiento y adecuación de infraestructura está permitido siempre y cuando se cuente con un estudio técnico aprobado por la Entidad Territorial Certificada en Educación (ETC) (Ministerio de Educación Nacional, 2012).
Posteriormente, en el 2011, la Ley 1451[11] en su artículo 143 definió que, para la construcción de infraestructura educativa, el Ministerio de Educación Nacional puede disponer de los recursos a los que hace referencia el numeral 4 del artículo 11 de la Ley 21 de 1982[12], para proyectos de construcción, mejoramiento en infraestructura y dotación de establecimientos educativos oficiales urbanos y rurales (Congreso de la República, 201 1).
2.2. Antecedentes de política en torno a la construcción y mejoramiento de infraestructura educativa
En lo que respecta a las acciones de política implementadas desde el sector educación relacionadas con la construcción y mejoramiento de infraestructura educativa, en el marco de la cumbre del milenio, el país se comprometió a avanzar en la ampliación de cobertura en educación. En ese sentido, el Documento CONPES Social 91 de 2005[13] propuso como estrategia para el logro de la educación básica universal en materia de infraestructura educativa el mejoramiento de la infraestructura escolar mediante el uso adecuado de los recursos correspondientes a la partida de calidad del SGP, los recursos asignados por Ley 21 de 1982 y los proyectos de inversión del Ministerio de Educación Nacional (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2005).
Seguido de esto, en busca de lograr el acceso universal a la educación preescolar, básica y media y promover la permanencia estudiantil, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010 Estado comunitario, desarrollo para todos consagró como una de las prioridades del sector educativo la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura educativa (DNP, 2007). A esto se suma lo establecido por el Plan Sectorial de Educación 2006-201 0 La Revolución Educativa (Ministerio de Educación Nacional, 2008) y el ejercicio de prospectiva realizado por el DNP y materializado en el documento Visión Colombia II Centenario: 2019 (DNP, 2010) que establecen la creación y el mejoramiento de la infraestructura educativa como uno de los factores necesarios para garantizar ambientes de aprendizaje apropiados para la enseñanza y la retención de niños, niñas y jóvenes en el servicio educativo.
Por otra parte, el PND 2014-2018 Todos por un nuevo país estableció como uno de sus objetivos la ampliación de la cobertura con calidad en todos los niveles educativos con énfasis en la educación media y en el cierre de brechas urbano-rurales. Para ello, destacó la importancia de diseñar estrategias que promovieran la adecuación y construcción de espacios físicos que contribuyeran a la ampliación de la cobertura y la implementación de la jornada única, principalmente en las zonas rurales del país, lo cual se materializaría a través de la creación del PNIE (DNP, 2015).
En la misma vía, el PND 2014-2018 promulga en su artículo 59 la creación del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media- FFIE. Este se constituye como una cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional que no tiene personería jurídica y que tiene la competencia de disponer de los recursos de financiación aprobados por la Ley 21 de 1992. A partir de ello y tal como lo establece el Decreto 1075 de 2015[14], el FFIE es el ente encargado de financiar y cofinanciar los proyectos que se realizan el marco de PNIE y para ello puede concurrir recursos de otras fuentes como el Sistema General de Regalías (SGR), aportes de los departamentos, distritos y municipios, asociaciones publico público privadas, excedentes del SGP, cooperación internacional, entre otros.
De otro lado, el Plan Decenal de Educación 2016-2026 El camino hacia la calidad y la equidad, establece como una de las prioridades del sector educativo garantizar la generación de infraestructura educativa de calidad, transversal a las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones para garantizar la ampliación de la cobertura educativa. Además, propone en el marco del desarrollo de la población rural la generación de infraestructuras adecuadas para la formación y recreación de comunidades educativas que permitan la inclusión de todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 2017).
En adición a ello, el Plan Marco de Implementación (PMI), cuyo objetivo es orientar las políticas públicas requeridas para el cumplimiento del acuerdo de Paz en un horizonte temporal de 15 años, incluye dentro del componente de educación la estrategia de cobertura de educación rural para prescolar, básica y media. Esta estrategia contempla la construcción, mejoramiento y adecuación de infraestructura educativa para la prestación del servicio e incluye dentro de sus indicadores de medición el número de sedes rurales construidas o mejoradas y el número de sedes rurales construidas o mejoradas en municipios pertenecientes al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (DNP, 201 8).
A partir del PMI, el Ministerio de Educación Nacional, con el acompañamiento del DNP, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entre otros, se construyó el Plan Especial de Educación Rural (PEER), cuya vigencia va hasta el año 2031. Este documento plantea como una de sus prioridades la implementación de la construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura rural. Para esto propone una estrategia de mejoramiento de la infraestructura y mobiliarios escolares cuyo objetivo principal es mitigar el déficit de aulas identificado en las zonas rurales del país (Ministerio de Educación Nacional, 2020).
A continuación, se hace énfasis en los antecedentes que enmarcan directamente el desarrollo de este Documento CONPES, como lo son el PNIE y el PND 2018-2022.
2.2.1. PNIE
El PNIE, consagrado por el Documento CONPES 3831 de 2015 Declaración de Importancia Estratégica del PNIE para la Implementación de la jornada única escolar, constituye uno de los mayores esfuerzos de largo plazo del sector educación por responder a las necesidades de infraestructura existentes en el país. A partir de las estimaciones del déficit cuantitativo de aulas calculado con datos de matrícula de 2013, el PNIE estableció una ruta de trabajo a ser ejecutada hasta el año 2030, dentro de la que se estimó la construcción de 51.1 34 aulas necesarias para la implementación de la jornada única en el 1 00 % de territorio nacional (DNP, 2015).
A partir de la aprobación de este documento de declaración de importancia estratégica, se estableció la meta de alcanzar el 60 % del objetivo del PNIE, lo que corresponde a la construcción, ampliación o mejoramiento de un total de 30.680 aulas. No obstante, a pesar de que el Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado una política activa para incrementar y mejorar la infraestructura educativa, de acuerdo con el seguimiento realizado a través de SisCONPES, a septiembre de 2021 el país cuenta con 20.884 aulas mejoradas, ampliadas y construidas.
Cabe señalar que el rezago presentado en el cumplimiento de la meta planteada inicialmente por el PNIE obedece a diversos factores dentro de los que se destacan: (i) las complejidades en los procesos de gestión para la cofinanciación de los territorios; (ii) retrasos en las obras por incumplimiento de algunos contratistas lo que ha implicado además todo un proceso jurídico para reasignaciones y nuevas adjudicaciones; y, finalmente, (iii) a pesar de que los recursos solicitados a través del Documento CONPES 3831 están programados hasta la vigencia 2023, no todas las fuentes de financiación adicionales a las del PGN previstas se lograron concretar en términos de los aportes de los territorios, tal como es el caso de los recursos del SGR y la conformación de Alianzas Público Privadas. En este sentido, sumado a la identificación de nuevas necesidades de ampliación de cobertura, derivadas de las dinámicas poblacionales mencionadas previamente, así como los compromisos del Gobierno nacional establecidos con grupos étnicos del y algunas entidades territoriales, se evidencia la necesidad de hacer esfuerzos adicionales para alcanzar los objetivos planteados en el marco del PNIE.
Asimismo, se debe mencionar que el déficit calculado en el marco del PNIE está asociado a una insuficiencia numérica de aulas en el país y no refleja el estado de estas, por lo que existen necesidades adicionales en términos de mejoramientos de la infraestructura a fin de optimizar las condiciones de prestación del servicio, principalmente en las zonas rurales y rurales dispersas al igual que en territorios priorizados.
2.2.2. Compromisos adquiridos con territorios y grupos étnicos del país
En lo que respecta a los grupos étnicos del país, durante los últimos años las movilizaciones ciudadanas realizadas en el marco del paro cívico del Chocó del 17 de agosto de 201 6, el paro cívico de Buenaventura del 1 6 de mayo de 2017 y los procesos de concertación desarrollados con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 2019, revelaron necesidades existentes en términos de infraestructura educativa que no habían sido contempladas por el PNIE. Con base en ello, el Gobierno nacional ha adquirido una serie de compromisos que se centran en la intervención sedes educativas focalizadas, con el propósito de dar respuesta a las necesidades de sus comunidades. Estos acuerdos, si bien se han contemplado de manera progresiva en los procesos de ampliación de cobertura del sector, aún no se han cumplido en su totalidad.
2.2.3. PND 2018-2022
Por su parte, el PND 2018 - 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad establece, dentro de su línea de Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos, el objetivo de Brindar una educación con calidad y fomentar la permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y media, la necesidad de implementar acciones orientadas a la generación de bienestar y equidad en el acceso a la educación. Dentro de ello, se incluye la generación de una política que visibilice los planes, programas y proyectos para la inversión en infraestructura escolar y dotación, para así proveer espacios pertinentes, seguros, cómodos y accesibles para los estudiantes y que promuevan el mejoramiento de la cobertura y la calidad educativa (DNP, 201 9).
Adicionalmente, el PND 2018 - 2022 establece la importancia de (i) priorizar la inversión en infraestructura en zonas donde se evidencia un alto grado de desigualdad; y (ii) responder al déficit existente en infraestructura educativa rural y a los requerimientos para la ampliación de la cobertura en la jornada única. Para lo anterior, resulta necesario dar continuidad a los procesos de construcción de nueva infraestructura y fortalecer las acciones enfocadas a su mejoramiento, ampliación y adecuación.
Por otra parte, el PND 2018-2022, dentro de la línea Estimular tanto la productividad como la equidad a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo, incluye el objetivo de Impulsar la potencialidad económica y la inclusión social regional a través de la especialización productiva y el acceso a bienes y servicios públicos con enfoque territorial en el que resalta como una de las prioridades del Gobierno nacional ampliar la atención integral a la primera infancia en las subregiones rurales. Para ello, plantea la necesidad de disponer de mejores ambientes de aprendizaje e infraestructura educativa que se adapte a las dinámicas territoriales y a las necesidades de la población escolar.
Finalmente, en cuanto a grupos étnicos, el PND 2018 - 2022 incluye dentro de las propuestas acordadas dentro del Pacto por la Equidad de oportunidades para grupos étnicos, la implementación de una estrategia para el mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos educativos que atienden población con presencia de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, con énfasis en las áreas rurales del país.
A partir de lo anterior y en atención a lo propuesto en el Documento CONPES 3831 mencionado previamente, el Gobierno nacional reestructuró el proyecto de inversión con código BPIN 2018011001145 Construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje para prestación del servicio educativo e implementación de estrategias de calidad y cobertura nacional. Esto permitió la implementación de programas y proyectos de infraestructura educativa gran escala a través de los cuáles desde 2018 hasta la fecha, se han entregado 1.565 sedes educativas, con un total de 9.1 20 aulas terminadas y funcionales y se han beneficiado a aproximadamente 496.000 estudiantes. Esto ha sido fortalecido por la convocatoria de mejoramientos rurales realizada en 2019 que benefició un total de 658 sedes rurales (475 están terminadas, 106 en ejecución de obra, 29 en diagnóstico y 48 en contratación).
No obstante, a partir de las proyecciones de población de personas entre los 5 y 1 6 años usando datos del censo de 2018, se estima un aumento de la demanda de infraestructura educativa, dado que el total de niños, niñas y adolescentes en este rango de edad para 2024 llegaría a los 9,6 millones, así como un aumento de la población escolar producto del proceso migratorio que a la fecha da cuenta de más de 470.000 estudiantes adicionales. Adicionalmente, en el marco de la implementación de la alternancia educativa a raíz del COVID-19 y el retorno a las actividades presenciales es prioritario garantizar en el corto plazo la generación de condiciones óptimas para el adecuado funcionamiento de la infraestructura educativa en el país.
2.3. Justificación
A partir de la información presentada en los antecedentes se puede evidenciar que durante los últimos años el Gobierno nacional ha realizado diferentes esfuerzos en términos de la construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa para garantizar la ampliación de la cobertura y la prestación del servicio en condiciones de calidad. Estos esfuerzos se han materializado en diferentes estrategias que han sido contempladas en instrumentos como los PND, el Plan Decenal de Educación y el PNIE aprobado por el CONPES 3831 de 2015.
Sin embargo, el balance de estas estrategias y, más específicamente del PNIE, muestra que el país todavía presenta un rezago en el cumplimiento de metas relacionadas con la construcción y mejoramiento de infraestructura educativa, lo que implica que no se ha logrado disminuir en el valor inicialmente proyectado el déficit de aulas identificado en el marco de la construcción de dicho plan en el plan, esto es consecuencia de factores asociados a dificultades en los procesos de cofinanciación territorial, el incumplimiento en la ejecución de obras, entre otros.
Por otra parte, durante los últimos años se han identificado necesidades de infraestructura educativa que no fueron contempladas inicialmente por el PNIE y que suponen la realización de esfuerzos adicionales por parte del Gobierno nacional. Esto incluye el déficit cualitativo existente en las sedes educativas ubicadas zonas rurales del país, y los requerimientos de infraestructura educativa visibilizados en las movilizaciones de grupos étnicos del Chocó, Buenaventura y Cauca.
En ese sentido, se requiere priorizar recursos que permitan avanzar de manera significativa en la implementación de las estrategias para facilitar el acceso con calidad a la educación preescolar, básica y media, principalmente en las zonas rurales del país y en las sedes donde se presta el servicio educativo a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. Lo anterior, implica un importante reto con el fin de disponer de adecuados ambientes de aprendizaje para niños, niñas y adolescentes del sistema educativo oficial, a fin de disminuir las brechas en el acceso y calidad de la educación.
3. DIAGNÓSTICO
La implementación de políticas públicas para el fortalecimiento en los territorios de la cobertura educativa en el sistema oficial a través de estrategias de acceso y permanencia en el sistema educativo ha presentado avances significativos en los últimos años. Esto de acuerdo con el reporte y el seguimiento de los indicadores asociados al proyecto de inversión para la construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje y en función de la implementación de políticas como las derivadas del PNIE y del PND 201 8-2022 y, además de los indicadores asociados, al PMI y al PEER, entre otros.
Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados, persisten problemáticas relacionadas con la capacidad de la infraestructura educativa, que no permiten garantizar las condiciones de habitabilidad, seguridad y calidad de los ambientes de aprendizaje, lo que dificulta la oportuna prestación del servicio educativo y afecta de manera critica a las niñas, niños y jóvenes de escasos recursos económicos, principalmente a los que habitan en las zonas rurales del país.
3.1. Insuficiente capacidad de la infraestructura escolar para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo, principalmente en zonas rurales del país
3.1.1. Limitada capacidad del sector oficial para responder a la demanda de cobertura
De acuerdo con el Sistema Integrado de Matrícula de educación preescolar, básica y media (Simat), en la actualidad el país cuenta con 8.772 establecimientos educativos oficiales que equivalen al 48 % de establecimientos del país y que se componen de 43.834 sedes (Tabla 1). Esto quiere decir que el sector oficial cuenta con más del 80 % de todas las sedes del país, lo que implica un esfuerzo importante en su administración y amplios retos de cobertura en el territorio desde el componente de instalaciones educativas (Ministerio de Educación Nacional, 2021). Durante los últimos años se ha presentado una reducción en el número de establecimientos educativos, la cual corresponde a ejercicios de distribución y optimización de las sedes para garantizar los ciclos educativos completos.
Tabla 1. Evolución de sedes de establecimientos educativos
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021).
Nota: |a| Los datos de la vigencia 2021 son de corte parcial y tienen fecha de junio de 2021.
La Tabla 2 muestra que el sector oficial alberga el 77,4 % de la matrícula actual total, equivalente a 7,65 millones de estudiantes; mientras que el sector privado cuenta con apenas el 17,3 % de la matricula, que equivale a 1,71 millones de estudiantes.
Tabla 2. Distribución de matrícula por sector
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021).
Nota: |a| Los datos de la vigencia 2021 son de corte parcial y tienen fecha de junio de 2021.
Al analizar la atención educativa por zona, los datos de Simat muestran que en lo que va de 2021, la matrícula en zonas rurales del país alcanza los 2,4 millones de estudiantes (Tabla 3. Distribución de matrícula por zona). Esto asociado a los datos presentados en la Tabla 1 quiere decir que aproximadamente el 80 % de las sedes oficiales del país debe atender el 24,4 % de la matrícula oficial, lo que obedece a las condiciones particulares del contexto geográfico colombiano, que hace que la dispersión poblacional sea considerable y que dadas las características del territorio como la poca accesibilidad a servicios públicos domiciliarios, existan limitaciones que hacen que las sedes educativas no cuenten con criterios mínimos o básicos de calidad para la prestación del servicio educativo.
Tabla 3. Distribución de matrícula por zona
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021).
Nota: |a| Cifras definitivas 2017-2019, 2020 con incorporación de auditorías. Los datos de la vigencia 2021 son de corte parcial y tienen fecha de julio de 2021.
No obstante, el valor observado respecto a la matrícula contratada, es decir matrícula oficial atendida en instituciones privadas, implica que no se cuenta con la capacidad desde el sector oficial para atender una población de cerca de 524.778 estudiantes adicionales. Esto se evidencia también en las zonas rurales toda vez que el 7% de la matricula oficial rural es atendida a través de instituciones privadas.
Ahora bien, en lo que respecta a las comunidades étnicas, la capacidad de instalada de infraestructura educativa debe acoplarse a condiciones sociales y culturales propias de sus territorios, por lo que las propuestas de infraestructura educativa deben ser coherentes y eficientes para que permitan concebir una oferta que sea consecuente con el componente cultural que las identifica. Esto en consideración de que al interior de estas comunidades, ubicadas en su mayoría en zonas rurales, la infraestructura educativa disponible se consolida como uno de los factores dinamizadores del desarrollo social y cultural. En Colombia, de la matrícula total, un 9,6 % de los estudiantes (948.332) se encuentran caracterizados dentro del Simat como población perteneciente a un grupo étnico. De estos, tal y como se muestra en la Tabla 4. Distribución de matrícula por grupos étnicos, cerca de un 4,7 % están en comunidades Indígenas y cerca de un 4,8 % en comunidades Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros (NARP) (Ministerio de Educación Nacional, 2021).
Tabla 4. Distribución de matrícula por grupos étnicos
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021).
Nota:,a) Los datos de la vigencia 2021 son de corte parcial y tienen fecha de junio de 2021.
Por otro lado, sumado a la alta demanda de matrícula que debe ser atendida en la capacidad instalada de las sedes oficiales, es importante añadir que de acuerdo con los datos del Simat, en lo que va de 2021 un total de 806.525 niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 16 años se encuentran por fuera del sistema educativo. Adicionalmente, se espera
que al finalizar el periodo la población migrante en edad escolar aumente a cerca de 474.000 estudiantes y que a raíz de los efectos de la pandemia sobre los ingresos de los hogares 120.000 estudiantes de colegios privados sean trasladados a colegios del sector oficial. Esto último, da cuenta de la necesidad de generar las condiciones mínimas de calidad, seguridad, conectividad, disponibilidad de servicios públicos, agua y saneamiento básico, que permitan no solamente contribuir a la reducción de déficit de aulas sino también responder a las necesidades actuales de infraestructura educativa por parte de la población escolar.
3.1.2. Inventarios de infraestructura educativa oficial
Conforme con la Ley 715 de 2001, la administración del servicio educativo es descentralizado. Esto quiere decir que los departamentos y los municipios certificados en educación son los administradores y responsables, entre otros aspectos, de la infraestructura escolar que propicie y garantice la prestación del servicio público de la educación y que contribuya al aumento de los índices de cobertura, acceso y permanencia de la población escolar. No obstante, el Ministerio de Educación Nacional como rector de política pública educativa, realiza procesos de asistencia técnica y fortalecimiento a la gestión territorial, a partir de los cuales acompaña instrumentos de inventarios de infraestructura escolar.
Para ello, el Ministerio de Educación Nacional ha puesto a disposición de las ETC el Censo Nacional de Infraestructura Educativa (CIER), cuyo objetivo servir de mecanismo de identificación de necesidades de infraestructura a partir del reporte voluntario de las ETC. En la actualidad, 86 ETC se encuentran capacitadas en el manejo de la metodología CIER, 76 cuentan con información cargada a los instrumentos de inventarios del Ministerio de Educación Nacional desde 2006, 64 utilizan formatos del Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa (Sicied) y 1 2 utilizan formatos CIER. Partiendo de ello, el CIER cuenta con datos de 8.671 de 8.772 establecimientos educativos en el país (98,8 %) y de 25.089 de 43.834 sedes educativas (57,2 %) lo que constituye una muestra importante de sedes que permite identificar afectaciones a la infraestructura como se muestra a continuación.
Riesgos naturales
Como se observa en la Tabla 5. Número de sedes afectadas por riesgo natural el total de sedes reportadas por el CIER con algún riesgo o afectación natural es de 7.925, de las cuales 1.600 tienen doble condición de riesgo y 166 triple condición de riesgo, siendo las más críticas. Entre las condiciones de riesgo más recurrentes se incluyen las situaciones de deslizamiento, derrumbe o remoción en mesa y los riesgos asociados a inundaciones. Esto representa un factor de riesgo por alertas y necesidades de mejoramiento o intervención en infraestructura educativa que impide hacer un adecuado acompañamiento a los procesos de cobertura y calidad para la prestación del servicio educativo.
Tabla 5. Número de sedes afectadas por riesgo natural
Riesgos antrópicos
Otro parámetro que afecta la infraestructura y que determina la necesidad de intervención o mejoramiento, tiene que ver con los riesgos antrópicos. Dentro de los reportes de inventarios disponibles en el CIER, en cerca de 3.871 sedes se presenta alguna condición de riesgo; en este grupo 366 cuentan con doble condición y 50 más reportan tres condiciones de riesgo. Estas condiciones de riesgo pueden estar asociadas a afectaciones por sustancias químicas o combustibles, cercanía o incidencia de vías, contaminación auditiva, contaminación de aire, vulnerabilidad estructural de las sedes, líneas de transmisión eléctrica, temas asociados a contaminación o minería, factores de orden público, rellenos sanitarios, entre otros (Ministerio de Educación Nacional, 2021).
Disponibilidad de servicios públicos
De acuerdo con la información disponible en el CIER, 2.430 sedes educativas cuentan con reporte de información correspondiente a disponibilidad de servicios públicos, a partir de lo cual se ha podido identificar que existe un déficit cuantitativo de cobertura y disponibilidad del 8 % para agua o energía, 32 % para gas y 17 % alcantarillado. Adicionalmente, al analizar el estado cualitativo de las sedes que reportan disponibilidad, se identifica que el 85 % de las sedes no cuentan con las condiciones óptimas en servicios de energía, el 93 % no tienen las condiciones apropiadas en gas, el 95 % en alcantarillado y 91 % en conectividad[15].
Inventario de infraestructura educativa rural en zonas rurales
Con respecto al inventario de infraestructura educativa oficial en las zonas rurales, Ministerio de Educación Nacional realizó en el marco del PEER un análisis con una muestra de aproximadamente 7.000 sedes educativas. Dentro de este ejercicio se pudo determinar que para 2018, la infraestructura educativa rural construida presentaba una antigüedad promedio de 37 años sin contar con los parámetros técnicos, normativos o de licénciamiento. Por otra parte, se identificó que un 80% de las sedes no contaba con red de gas, el 70% no contaba con alcantarillado, el 40% no contaba con acueducto y el 1 3% no contaba servicio de energía (Ministerio de Educación Nacional, 2018).
De otro lado, los datos del CIER utilizados para el ejercicio, muestran que el 36% de las sedes educativas no cumplían con la relación de baterías por estudiante. Esto debido a que para el momento de captura de la información dicha relación era de 36 estudiantes en promedio por batería sanitaria y de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana de Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares, la relación debería ser de 20 estudiantes por batería en preescolar y 25 en los demás grados (Ministerio de Educación Nacional, 2020).
Finalmente, el ejercicio evidencia que el 50% de las instituciones estaban afectadas por altas pendientes o fenómenos de remisión en masa, el 27% de sedes tienen riesgos y afectaciones por inundación y el 21% cuenta con afectaciones por cables de alta tensión o subestaciones. Adicionalmente se determinó que en términos generales las sedes que hacen parte de la muestra no cumplían con las relaciones mínimas de área por alumno, no cumplían con los criterios de sismo resistencia y ausencia de espacios especializados como laboratorios, aulas especializadas, comedores, entre otros.
3.1.3. Identificación de necesidades en entornos rurales
Dado que el reporte en el CIER es voluntario y que por lo tanto no permite tener una perspectiva global de las necesidades de infraestructura a lo largo del territorio nacional, durante los últimos años el Ministerio de Educación Nacional ha diseñado e implementado ejercicios de convocatorias de construcción y mejoramientos de infraestructura educativa. El objetivo de estos ejercicios es brindar oportunidades para que los territorios presenten sus necesidades de infraestructura al Ministerio de Educación Nacional. Con base en la información recolectada en cada convocatoria, se conforma un banco de proyectos postulados que son susceptibles de ser priorizados y fortalecidos a través de las modalidades de obras por impuestos, regalías, cooperación internacional o recursos nación; esto a partir de la focalización de territorios dispersos y el cruce de información con indicadores de pobreza que permitan identificar las sedes con mayores necesidades.
Es importante aclarar que una vez conformado el banco de proyectos y realizado el ejercicio de priorización de cada convocatoria, el Ministerio de Educación Nacional hace un seguimiento a los proyectos postulados a través del cruce de información con los proyectos priorizados y los nuevos proyectos que se presentan en cada convocatoria. De esta manera se identifican necesidades de infraestructura que aún no han sido atendidas y que persisten a lo largo del tiempo.
Partiendo de ello, a continuación, se presenta el estado del diagnóstico y ejecución de los bancos de necesidades reportadas y validadas por cada una de las ETC a partir de las (i) convocatorias 2015 y 2016 para mejoramiento rural; y (ii) Manos a la escuela fases I, II y II, Buenaventura, pacifico Nariñense, colegios nuevos y mejoramientos 201 9 y 2021.
Convocatorias 2015 y 2016
Durante los periodos 2015 y 2016 se realizaron 3 grandes convocatorias de infraestructura educativa a lo largo del territorio nacional. Las dos primeras convocatorias fueron ejecutadas en 2015 por parte del Ministerio de Educación Nacional y la tercera por parte del FFIE. Adicionalmente, se realizaron otras 2 convocatorias durante este mismo periodo, entre ellas, una para el municipio de Quibdó justificada en la ola invernal. El total de predios postulados en las convocatorias 2015 - 2016 se presentan en la Tabla 6.
Tabla 6. Resumen sedes convocatorias 2015-2016
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2016).
Tal y como lo muestra la Tabla 7, del total de predios postulados la mayor cantidad se encontraba en la región del Eje Cafetero, Antioquia y Pacífico con 1.687 predios seguida de la región Caribe con 1.429, la región Centro Oriente con 630, la región centro sur con 568 y por último la región de Bogotá, Llanos y Cundinamarca con 571.
Tabla 7. Sedes postuladas por región 2015-2016
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2016).
A partir del total de sedes postuladas para avanzar en la implementación del PNIE, conforme a los déficits identificados el Documento CONPES 3831 de 2015, se conformaron unos bancos de proyectos dentro de los que se han intervenido cerca de 544 proyectos (Tabla 8), que equivalen tan solo al 1 1 % de las necesidades identificadas en las sedes postuladas. Estas intervenciones corresponden a la habilitación, ampliación y mejoramiento de espacios escolares y a partir de ello se busca avanzar en la disminución de este déficit.
Tabla 8. Sedes intervenidas de la convocatoria 2015 - 2016
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2016).
Ahora bien, es preciso mencionar que las convocatorias de 2015 y 2016 fueron estructuradas con el objetivo de avanzar en la implementación de la jornada única en el marco del PNIE, por lo que solo se tuvieron en cuenta aquellas sedes que cumplieran con las características mínimas de infraestructura requeridas para tal fin. Es por esta razón que, si bien se han realizado avances importantes a nivel nacional en cuanto a la entrega de aulas nuevas y aulas mejoradas en el marco de las convocatorias de 2015 y 2016, la participación de las zonas rurales es de apenas del 25 % sobre el total las sedes presentadas.
Con base en estos análisis y en el resultado de necesidades identificadas en las convocatorias 2015-2016, se puede concluir que aún existen 4.341 proyectos con necesidades de intervención en infraestructura educativa, asociados con ambientes de aprendizaje, servicios especializados o complementarios. Este número de proyectos puede representar cerca de 21.665 aulas que requieren mejoramiento en su infraestructura, además de las acciones de saneamiento básico y servicios sanitarios.
Convocatorias para mejoramiento rural, manos a la escuela fases I, II y II, Buenaventura, pacifico Nariñense y convocatoria de mejoramiento 2019 y 2021
El Ministerio de Educación Nacional ha avanzado en los últimos años en ejercicios de fortalecimiento a la gestión territorial en zonas rurales conforme los indicadores y metas de fortalecimiento derivados tanto de políticas sectoriales, así como de las acciones derivadas de la implementación de acuerdos en municipios más afectados por el conflicto o Zonas Más
Afectadas por el Conflicto y PDET. En este contexto, para avanzar en la identificación de los diagnósticos y necesidades se iniciaron pilotos de mejoramiento denominados fase I de Manos a la escuela, a través de los cuales se ejecutaron obras de mejoramiento y adecuación de infraestructura educativa en 6 municipios beneficiando a 2.973 niños con una inversión de 976 millones de pesos. Posteriormente, se abrió la convocatoria de Manos a la escuela Fase II para los 170 municipios priorizados en la implementación de los PDET, que buscó la participación y apropiación de las escuelas como un espacio de construcción de tejido social.
Para esta convocatoria se identificaron necesidades focalizadas en 1.579 sedes educativas postuladas, por parte de 118 municipios de los 170 priorizados para la implementación de los PDET. De los predios postulados, 632 sedes educativas fueron viables y de estas 140 se priorizaron inicialmente para intervención y los 492 predios restantes viables quedaron en la base de datos del Ministerio de Educación Nacional para intervenciones posteriores.
Por otra parte, de los mejoramientos priorizados en esta convocatoria, inicialmente se ejecutaron 200 mejoramientos de infraestructura rural (Manos a la Escuela II), con una inversión de 17.221 millones de pesos (Convenio 1416 de 2017- Organización Internacional para las Migraciones (OIM)). La ejecución de los recursos se concentró en visitas de diagnóstico, obra, interventoría socialización y gerencia (proyectos los cuales están finalizados).
De igual forma, es preciso destacar los ejercicios de articulación con la ART y las altas consejerías por determinar de manera conjunta con las comunidades estas necesidades de infraestructura educativa. Estos ejercicios sirvieron para la formulación, estructuración e implementación de proyectos que se desarrollaron desde la construcción de los PDET con las comunidades a partir de las necesidades identificadas. Para el sector educación, se cuenta con cerca de 7.050 iniciativas dentro del pilar No 04 - Educación rural y primera infancia rural (Tabla 9), estas iniciativas dan cuenta la alta demanda de inversiones en infraestructura educativa en las siguientes subregiones del país.
Tabla 9. Iniciativas PDET
Fuente: ART, Listado de iniciativas, PDET, Sector Educativo (2020).
Por otro lado, se desarrollaron 15 obras de mejoramiento en el distrito de Buenaventura y 1 04 diagnósticos de infraestructura educativa. Adicionalmente, se realizó el diagnóstico de infraestructura y el mejoramiento de 12 sedes educativas en el pacífico nariñense con una inversión por el valor de 5.491 millones de pesos (Convenio No. 1458 de 2017 - OIM). En adición a ello, se ejecutaron 334 mejoramientos de infraestructura educativa rural (Manos a la Escuela III), con una inversión de 25.297 millones de pesos. Estos proyectos están finalizados e incluyen visitas de diagnóstico, obra, interventoría socialización y gerencia (No. 1 229 de 201 8 - Findeter).
Todos estos procesos han permitido posicionar al interior del Ministerio de Educación Nacional los ejercicios de convocatorias como una estrategia de levantamiento de necesidades y construcción de diagnósticos que permitan alinear los esfuerzos de fortalecimiento territorial e implementación de políticas públicas en materia de infraestructura educativa. Los pilotos implementados dieron paso a la primera gran convocatoria a nivel nacional desarrollada en 2019 y posteriormente a una segunda gran convocatoria que permite avanzar en acciones de mejoramiento de corto y mediano plazo.
Convocatoria de mejoramientos 2019
En el año 2019 el Ministerio de Educación Nacional abrió una convocatoria para mejoramiento de infraestructura educativa rural, mediante la Resolución 005944 del mismo año, para la selección de los proyectos que serían financiados o cofinanciados con recursos de reforma tributaria Ley 1943 de 2018 - Ley de Financiamiento y/o Ley 21 de 1982, cerrando el 22 de julio de 2019. Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación Nacional buscó conformar un banco de proyectos de necesidades y diagnósticos (Tabla 1 0) que permitiera promover el fortalecimiento de la infraestructura educativa existente para garantizar las condiciones de seguridad, acceso y permanencia para niñas, niños y jóvenes de todo el país. Esto se realizó en líneas de trabajo a saber de mejoramiento para sedes rurales, residencias escolares, comedores escolares rurales, etnoeducación (Indígenas y NARP), a la que aplicaron las ETC y los municipios no certificados para postular los predios que cumplían con los requisitos jurídicos y técnicos de la convocatoria.
Tabla 10. Banco de proyectos y necesidades convocatoria 2019
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2019). Datos de la Subdirección de Acceso.
En la convocatoria se presentarón un total de 4.501 sades de todo el país con necesidades de mejoramiento, de las cuales 658 sedes fuerón priorizadas (Tabla 11) para ser atendidas por el Ministerio de Educación Nacional con una inversión estimada de 187.665 millones de pesos.
Tabla 11. Proyectos priorizados Convocatoria 2019
Del banco de proyectos quedaron 3.843 Iniciativas pendientes por ser priorizadas para su fortalecimiento y ejecución. De la línea de comedores escolares se priorizó el 22 %, de la línea de comunidades indígenas el 10%, de la línea de mejoramiento rural el 1 3 %, de la línea NARP el 7 % y de residencias escolares el 13%.
Convocatoria de mejoramientos 2021
Con el propósito de avanzar en la atención de necesidades territoriales, el cierre de brechas, la mejora en las condiciones de la infraestructura educativa para la prestación del servicio educativo, la actualización del banco de proyectos y con la ejecución de obras de mejoramiento de la infraestructura educativa del país, el Ministerio de Educación Nacional estructuró la convocatoria de mejoramientos rurales 2021. Para ello, expidió la Resolución 07130 del 27 de abril de 2021, la cual se enfoca en 4 líneas de trabajo: mejoramiento general - zona rural, mejoramiento general - zonas urbanas en municipios de alta demanda rural, mejoramiento comedores y mejoramiento residencias escolares.
Tal y como se muestra en la Tabla 1 2, en la convocatoria se postularon 14.795 sedes de todo el país, de 32 departamentos y 988 municipios. Las sedes postuladas reportan un diagnóstico de necesidades por líneas de financiación que alcanza un total 19.796 requerimientos[16]. Estos requerimientos se distribuyen de la siguiente manera: 13.956 para mejoramiento general, que equivale a un 70 % de las necesidades; 839 por la línea de zonas urbanas de alta demanda rural, que equivale al 4 %, 4.568 postulaciones en la línea de comedores con un 23 % de participación y 433 residencias escolares con una participación del 2 % de las postulaciones.
Tabla 12. Banco de proyectos Convocatoria 2021
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021). Datos de la Subdirección de Acceso.
Con el cierre de la revisión documental de requisitos de la convocatoria y con la publicación de resultados a mediados de octubre de 2021, se podrán priorizar los proyectos, conforme las cofinanciaciones y los recursos asignados a la estrategia de fortalecimiento territorial.
Ola invernal 2021
Por otra parte, adicional al diagnóstico e identificación de necesidades de la convocatoria 2021, existe un criterio relevante para la priorización de proyectos de mejoramiento, derivado de las afectaciones por ola invernal. Conforme con las recomendaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y teniendo en consideración que derivado de la temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 4 de junio 2021 más de 38.700 familias presentaron algún tipo de afectación por estos eventos, con cerca de 1.015 eventos registrados en más de 481 municipios de 28 departamentos (Infobae, 2021),se coordinó con las ETC la validación y diagnóstico de las afectaciones presentadas en infraestructuras educativas y dotación, a partir de lo cual se identificó que cerca de 1.180 (Tabla 13) sedes de instituciones oficiales del país podrían tener alguna afectación por el fenómeno de ola invernal.
Tabla 13. Reporte de afectaciones Ola invernal 2021
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021). Datos de la Subdirección de Acceso. Corte 3 de septiembre de 2021.
Los diagnósticos del reporte de afectaciones muestran que el 76 % sedes educativas tiene al menos una afectación ya sea por mejoramiento, reubicación o dotación, el 24 % tiene al menos 2 tipos de afectación y un 1 % cuenta con tres afectaciones diferentes. Dentro del reporte, la ruralidad corresponde a un 58 % de las sedes identificadas reportadas.
3.2. Persistencia de brechas para acceder y permanecer en el sistema educativo de poblaciones étnicas o priorizadas con ejercicios de concertación, con criterios de inclusión y con un carácter cultural y de apropiación diferencial
3.2.1. Paro Cívico de Buenaventura
En el marco de los acuerdos suscritos con el comité del paro cívico del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura y con el objeto de avanzar en el plan de inversión derivado de los dichos acuerdos, se han realizado, diagnósticos, formulaciones y acciones para dar cumplimiento a los compromisos en dos líneas, mejoramiento general y obra nueva.
Línea de mejoramiento
De acuerdo con el plan de inversión para este componente derivado de las mesas de concertación, deben confluir esfuerzos presupuestóles tanto de la nación como del territorio por valor de 30.000 millones de pesos, de los cuales el Gobierno nacional debe aportar recursos por 12.000 millones de pesos. De estos, el Ministerio de Educación Nacional ha aportado a la fecha recursos por 6.000 millones de pesos quedando pendientes recursos por 6.000 millones de pesos, estimados en el plan de inversiones a razón de 2.000 millones de pesos anuales en las vigencias 2021,2022 y 2023.
Para establecer la focalización y posterior diagnóstico y priorización, inicialmente los miembros de la mesa del paro, con base en sus análisis preliminares de necesidades, focalizaron las sedes educativas que requerían mejoramiento. A partir de este insumo, el Ministerio de Educación Nacional adelantó los diagnósticos de las sedes educativas a través de un convenio suscrito con la OIM en el año 2017, dejando como resultado el diagnostico e identificación de necesidades y condiciones técnicas de 1 05 sedes educativas, insumo base para la intervención y ejecución de las inversiones correspondientes.
A partir de la concertación, focalización y diagnostico técnico de las sedes objeto de mejoramiento, el Ministerio de Educación Nacional avanzó en la ejecución de proyectos de la siguiente manera. Para el año 2017 se priorizaron recursos por valor de 3.000 millones de pesos, los cuales fueron priorizados y ejecutados a través de convenio con OIM. Con estos recursos se intervino la infraestructura de 14 sedes educativas priorizadas por la mesa del paro, a la fecha todas terminadas. Así las cosas, el compromiso establecido para dicha vigencia está cumplido. Para el año 2020 se priorizaron recursos por valor de 3.000 millones de pesos, los cuales se encuentran en ejecución de obra a través del FFIE, para la intervención de 16 sedes educativas priorizadas por la mesa del paro. Así las cosas, el compromiso de asignación de recursos para dicha vigencia está cumplido.
De manera complementaria, con la apertura de la convocatoria de mejoramientos 2021 derivada de la resolución 7130, se levantaron necesidades en Buenaventura. Allí, se identificaron 73 sedes que requieren acciones asociadas tanto a líneas y estrategias de mejoramiento general, como zonas urbanas con alta demanda de población rural y de comedores escolares, por lo que las sedes están postuladas en 98 iniciativas diferentes conforme la focalización y criterios de la convocatoria.
A partir del universo de las 105 sedes diagnosticadas en el marco de la mesa, así como de la identificación y diagnóstico de necesidades de la convocatoria 2021 en 73 sedes postuladas y en consideración a los avances con recursos de la nación en 30 sedes (14 priorizadas en 2017 y 1 6 en 2020), se requiere avanzar en la reducción del déficit de calidad y capacidad de la infraestructura educativa al servicio de las comunidades educativas del distrito.
Línea de obra nueva
Para la línea de obra nueva descrita en el plan de inversiones de la mesa de negociación se tiene un compromiso de inversión de recursos entre la nación y el territorio por 40.000 millones de pesos, de los cuales el Ministerio de Educación Nacional debe aportar cerca de 1 1 2.000 millones de pesos.
Con base en lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional suscribió un convenio interadministrativo con la ETC de Buenaventura (No 1.256 de 17 septiembre de 2017). Derivado de este convenio, los procesos de identificación de necesidades se determinaron a partir de los ejercicios de convocatorias del PNIE con base en el déficit identificado y de acuerdo con los parámetros y requisitos de dichas convocatorias, de este ejercicio se identificaron y postularon por parte de la ETC 12 sedes educativas.
Con esta focalización, el FFIE realizó un diagnóstico obteniendo como resultado el alcance y costo de ejecución de las 12 obras focalizadas, de las cuales 4 ya fueron priorizadas por un valor de inversión de cerca de 28.407 millones de pesos y 8 más están en proceso de priorización por un valor preliminar estimado de 56.606 de pesos millones de pesos.
Por la línea de obra nueva y con el ánimo de avanzar en el plan de inversión de las mesas de concertación, si bien se ha adelantado la priorización de 4 proyectos derivados del diagnóstico del FFIE, se requiere adelantar la ejecución de los 8 proyectos restantes de la focalización y de esta manera contribuir en la reducción de brechas que persisten en proyectos de inversión en infraestructura en el distrito de Buenaventura.
Para este componente, en el marco del paro cívico de Buenaventura, derivado de la focalización en las mesas y los diagnósticos técnicos realizados, las inversiones tanto por las líneas de mejoramiento como de obra nueva requieren continuar con la destinación de recursos para inversiones. Esto permitiría avanzar de manera progresiva con los proyectos de inversión en infraestructura conforme con la disponibilidad de la cofinanciación por parte del territorio como de las programaciones y capacidades técnicas que den cumplimiento a los montos del plan de inversión de la mesa con el Gobierno nacional, priorizando las acciones de mejoramiento de corto y mediano plazo derivadas de la convocatoria 2021 que permitan el retorno a la presencialidad y la reactivación del sector.
3.2.2. Paro Cívico de Chocó
Compromisos con la entidad territorial certificada del departamento de Chocó
La identificación de necesidades y diagnósticos en torno a los compromisos del paro cívico con Chocó, son resultado de las sedes priorizadas por la ETC en las convocatorias de predios del PNIE de 2015 y 2016. En estas convocatorias se postularon 135 sedes de instituciones educativas que resultaron viables jurídicamente y a partir de las cuales se suscribieron los compromisos.
En este sentido, el FFIE como cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional, y en coordinación con la Secretaría de Educación Departamental, inició la visita a 72 sedes educativas para determinar la viabilidad técnica. En consecuencia, 12 de esas sedes educativas presentaron observaciones por afectaciones y 60 sedes educativas alcanzan la viabilidad jurídica y técnica para ser intervenidas. Para avanzar en la ejecución de compromisos, el Ministerio de Educación Nacional priorizó, contrató y ejecutó 1 8 proyectos y 5 más se desarrollaron a través del FFIE, complementando en 15 sedes más en el año 2020.
A la fecha el estado del diagnóstico y avance en la ejecución de las 1 35 sedes postuladas en las convocatorias 2015 y 2016, es el siguiente:
Tabla 14. Resultados diagnóstico y avances por número de sedes, paro cívico Chocó
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021). Datos de la Subdirección de Acceso, corte a julio 2021.
De acuerdo con lo anterior, derivado del diagnóstico y situación actual de cumplimiento de compromisos y en consideración a la estimación y proyección de costos de las 22 sedes viables técnicamente por atender, estimados en cerca de 90.000 millones de pesos, además de las que puedan resultar viables de las que están pendientes de viabilidad técnica, se requieren recursos para avanzar en las inversiones que permitan reducir el déficit de infraestructura en la ETC del Chocó, la cual se prioriza en una ejecución progresiva, conforme con los aportes de cofinanciación territorial así como con los tiempos, cronogramas y capacidades de ejecución técnica en el territorio.
Compromisos con la entidad territorial certificada de la ciudad de Quibdó
Al igual que la mesa del paro cívico con la ETC Chocó, para el caso de Quibdó los proyectos se definieron con base en la convocatoria de predios del Ministerio de Educación Nacional del PNIE en 2016, resultando en 18 sedes educativas estructuradas por el FFIE y 20 que fueron descartadas por no cumplir con la viabilidad jurídica y técnica.
Frente a los avances en el cumplimiento de compromisos se han priorizado 5 proyectos con un valor de inversión de cerca de 58.479 millones de pesos de los cuales el Ministerio de Educación Nacional aporto 48.248 millones de pesos. Adicionalmente, en 2020 se priorizaron recursos por 1.000 millones de pesos para atender mejoramientos en 7 sedes educativas, en ejecución por parte del FFIE, para un total de 1 3 sedes, quedando 5 sedes pendientes de intervención, con unos montos de estructuración estimados en cerca de 1 8.000 millones de pesos, por lo que se requieren recursos para continuarla implementación progresiva de estos acuerdos y reducir el déficit de infraestructura en la ETC de Quibdó.
3.2.3. CRIC
A partir de la caracterización de sedes de instituciones educativas dentro de la jurisdicción del CRIC, se identifica una población objetivo de cerca de 27.973 estudiantes en 383 sedes educativas (Tabla 15). Con los ejercicios de diagnóstico e identificación de necesidades de la convocatoria de mejoramientos 2021, se encontraron necesidades de mejoramiento en 196 sedes que equivalen al 51 % del total y que representan cerca del 68 % de la matrícula reflejada en 19.032 estudiantes.
Tabla 15. Diagnóstico de necesidades CRIC
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021). Datos de la Subdirección de Acceso, corte a julio 2021.
Es relevante resaltar que dentro de la identificación de necesidades en sedes CRIC del Cauca, conforme con los datos de matrícula, se evidencia una capacidad de oferta de preescolar y primaria para atender cerca de 16.879 estudiantes. Esta capacidad disminuye en los grados de secundaria a cerca de 1 0.057 estudiantes, hasta llegar a 1.037 en el nivel de media, lo que exige desde el componente de infraestructura priorizar los mejoramientos para garantizar la capacidad instalada que permita dar continuar a los ciclos educativos completos, evitando riesgos por deserción en estas sedes oficiales.
3.2.4. Mesa Permanente de Concertación Indígena y NARP
Derivado de las concertaciones adelantadas en los espacios oficiales de interlocución con grupos étnicos (Espacio Nacional de Consulta Previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas), se definieron los siguientes indicadores que se encuentran cargados en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados, en el marco de los acuerdos establecidos en el Pacto XII del PND.
Pueblos y organizaciones indígenas
Diseño de línea de financiación de proyectos de Infraestructura establecida con monto de recursos asignados para el cuatrienio, para población Indígena concertada
Este indicador mide los avances en la formulación del plan de inversión de la estrategia para la priorización, convocatoria y asignación de recursos para la planeación y ejecución de proyectos en poblaciones indígenas.
El indicador se divide en diseño (10 %, finalizado en diciembre de 2019) e implementación (90 %). Se aclara que los recursos para el cumplimiento de este compromiso son fuente del PGN y se asignarán para la línea específica de proyectos de infraestructura educativa de pueblos indígenas, recursos correspondientes al cuatrienio por 60.000 millones de pesos, cuya meta a 2022 es el cumplimiento del 1 00 % de ese recurso:
Porcentaje de implementación de la línea de financiación de proyectos de infraestructura
Este indicador mide el porcentaje de implementación del plan de inversión en población indígena. Las metas asociadas al indicador se muestran en la Tabla 16.
Tabla 16. Metas porcentuales de cumplimiento población indígena
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Meta | 40% | 35 % | 25 % |
| Cumplimiento | 43,0 % | - | - |
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021). Datos de la Subdirección de Acceso, corte a julio 2021.
La Tabla 17 muestra los avances que hay con respecto al cumplimiento de la asignación de recursos por 60.000 millones de pesos en el cuatrienio:
Tabla 17. Avances y necesidades - Plan de Inversión Población Indígena
(Millones de pesos)
| Población | 2019 | 2020 | 2021 | Pendiente 2022 | Cuatrienio |
| Indígenas | 22.235 | 200 | 20.838 | 16.851 | 60.000 |
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021). Datos de la Subdirección de Acceso, corte a julio 2021.
El avance correspondiente se ve reflejado en inversión de infraestructura educativa y dotación de mobiliario escolar. El recurso se focalizó en el trazador presupuestal del componente indígena y para el cumplimiento final de la meta se requieren 16.851 millones de pesos con los que se permitirá avanzar en la reducción del déficit de infraestructura identificado.
Sedes Dotadas con mobiliario y elementos didácticos
Este indicador mide el número de sedes dotadas con mobiliario escolar y menaje cocina - comedor de 250 a 2022. Las metas asociadas a este indicador se muestran en la Tabla 18.
Tabla 1 8. Avances dotación de sedes educativas
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Meta | 140 | 150 | 60 |
| Cumplimiento | 82,3 % | - | - |
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021). Datos de la Subdirección de Acceso, corte a julio 2021
Durante la vigencia 2020, se entregó mobiliario escolar en 1 1 8 sedes educativas, llegando a un cumplimiento de la meta del 84,3 %. Sin embargo, durante la vigencia 2021 y a la fecha se han dotado 170 sedes educativas con un avance del 1 1 3 % sobre la meta del 2021.
Derivado de la convocatoria de mejoramiento rural, de la resolución No 5944 del 07 de junio de 2019 que tuvo como objeto "Convocar a las entidades territoriales para que postulen las instituciones educativas rurales y residencias escolares, con el fin de obtener recursos para el mejoramiento de su infraestructura escolar", se estableció una línea de postulación para población indígena (Ministerio de Educación Nacional, 2019). Los resultados y el estado de ejecución de proyectos se muestran en la Tabla 19.
Tabla 19. Resultados evaluación técnica y jurídica, línea Indígena, convocatoria 2019
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, datos de la Subdirección de Acceso, corte a julio 2021
Nota: (a) Del total de proyectos priorizados, existen 68 proyectos terminados y entregados - 2 proyectos en ejecución
Con base en el diagnóstico de necesidades resultado de la convocatoria, aún persisten requerimientos de mejoramiento en cerca de 330 sedes habilitadas que cumplieron los requisitos técnicos y jurídicos para su intervención.
Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera - NARP
Este indicador mide la creación de la línea específica para las convocatorias de mejoramientos de infraestructura de los establecimientos educativos rurales y urbanos donde existe mayor presencia de comunidades NARP.
Derivado de la convocatoria de mejoramiento rural de la resolución No 5944 del 07 de junio de 2019, que tuvo como objeto "Convocar a las entidades territoriales para que postulen las instituciones educativas rurales y residencias escolares, con el fin de obtener recursos para el mejoramiento de su infraestructura escolar" (Ministerio de Educación Nacional, 201 9), se estableció una línea de postulación NARP, cuyos resultados se presentan en la Tabla 20.
Tabla 20. Resultados evaluación técnica y jurídica, línea NARP, convocatoria 2019 por sede
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021). Datos de la Subdirección de Acceso, corte a julio 2021. Nota:,a) Del total de proyectos priorizados, existen 33 proyectos terminados y entregados - 1 proyecto en ejecución.
Si bien se han invertido recursos del levantamiento de necesidades resultado de la convocatoria, aún existen cerca de 142 sedes que no han podido ser intervenidas.
Adicional a este indicador, se estableció el de porcentaje de instituciones educativas con dotación de elementos didácticos, mobiliarios y demás herramientas que faciliten el ejercicio de la etnoeducación. Este indicador cuenta con un avance moderado en el periodo de cuatrienio. El avance correspondiente se ve reflejado en inversión de infraestructura educativa y dotación de mobiliario escolar, el recurso se focalizó en el trazador presupuestal del componente NARP en el proyecto de inversión del Ministerio de Educación Nacional.
4.1. Objetivo general
Incrementar y mejorar en un horizonte temporal de 3 años la capacidad de la infraestructura educativa y espacios de aprendizaje para la prestación adecuada del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, con énfasis en las comunidades rurales y grupos étnicos a lo largo del territorio nacional.
4.2. Objetivos específicos
OE 1. Fortalecer la infraestructura educativa a través de mejoramiento en sedes rurales o en municipios con alta demanda rural, para contribuir al cierre de brechas en el acceso y calidad de la educación con adecuados ambientes de aprendizaje.
OE 2. Priorizar las iniciativas relacionadas con el fortalecimiento progresivo de la infraestructura educativa de grupos étnicos y de territorios específicos, para atender a las necesidades identificadas en espacios de concertación y en el marco de movilizaciones sociales.
4.3. Plan de acción
Para el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos propuestos, dentro de este documento de declaratoria de importancia estratégica, el Ministerio de Educación Nacional gestionará en 2021 las vigencias futuras del proyecto de inversión Construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje para la prestación del servicio educativo e implementación de estrategias de calidad y cobertura nacional. Adicionalmente, el Ministerio realizará el seguimiento y divulgación del avance del proyecto de inversión por medio de informes semestrales entre 2022 y 2024.
4.4. Descripción del proyecto
El proyecto de inversión Construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje para la prestación del servicio educativo e implementación de estrategias de calidad y cobertura nacional con código BPIN 201801 1001 14, tiene como objetivo general incrementar y mejorar la capacidad de la infraestructura educativa y espacios de aprendizaje en los niveles de Educación Preescolar Básica y Media. Esto a través de la construcción de sedes educativas nuevas con sus espacios complementarios, el mejoramiento de ambientes de aprendizaje, la implementación del sistema de información del CIER en las 96 ETC y el fortalecimiento de la capacidad técnica a nivel central y territorial para establecer lineamientos y normas técnicos, para formular, desarrollar y efectuar seguimiento a los proyectos de infraestructura educativa.
Es así como el PND 201 8 - 2022 en el capítulo Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos establece metas relacionadas con el avance en la construcción, mejoramiento y habilitación de condiciones en la infraestructura educativa a partir de la entrega de un total de 1 8.084 aulas nuevas y terminadas. Para el caso de las aulas terminadas se tiene una meta de 6.632 para el cuatrienio sobre la cual hay un avance del 52.7% y para el caso de aulas nuevas se tiene una meta 1 1.452 aulas sobre la cual hay un avance del 58,7%. Esto sumado a las necesidades de infraestructura educativa planteadas a lo largo de este documento dan cuenta de la necesidad de garantizar la continuidad en la ejecución del proyecto de inversión con el compromiso de vigencias futuras hasta el año 2024.
Para lograr la implementación del proyecto, en lo relacionado con este documento CONPES, y en concordancia con los objetivos específicos planteados, se establecen dos componentes específicos que son: (i) desarrollo de mejoramientos de infraestructura educativa para el cierre de brechas en el acceso al sistema educativo; y (ii) generación de capacidades de infraestructura educativa que respondan a las necesidades de los grupos étnicos a nivel nacional.
Estos componentes buscan dar respuesta a las necesidades de infraestructura educativa, principalmente en zonas rurales, así como también dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional con los grupos étnicos del país. A continuación, se presenta la descripción de cada uno de ellos.
4.4.1. Desarrollo de mejoramientos de infraestructura educativa para el cierre de brechas en el acceso al sistema educativo
A través de esta primera línea de acción se busca garantizar el proceso de financiación y/o cofinanciación de mejoramientos de infraestructura oficial en el territorio nacional, en sedes de instituciones educativas rurales y sedes urbanas en municipios de alta demanda rural, así como de residencias y comedores escolares de sedes rurales, focalizadas en el marco de la convocatoria a las ETC y municipios que postularon proyectos al Ministerio de Educación Nacional. Lo anterior en virtud de la convocatoria de mejoramientos resolución 7130 de 2021 que el Ministerio de Educación Nacional efectuó entre el 27 de abril 2021 y el 21 de junio 2021.
En dicha convocatoria se postularon 14.795 sedes de todo el país, las cuales se presentaron en 19.796 líneas de inversión de 32 departamentos, de 988 municipios. El proceso cerró la fase de subsanación de información documental y actualmente se encuentra en fase de evaluación previo a la priorización de obras de infraestructura educativa, y se espera contar con la publicación de resultados definitivos de verificación de condiciones técnicas y jurídicas en octubre de 2021.
Por lo anterior y en consideración a la identificación de necesidades de mejoramientos en cerca de 14.795 sedes de instituciones educativas, la convocatoria establece la posibilidad de confluencia de recursos territoriales para apalancar y ampliar los alcances de la postulación. Por otra parte, con el fin de cerrar las brechas en materia de infraestructura en el territorio nacional, se requiere contar con la autorización para comprometer recursos de las vigencias 2022, 2023 y 2024 y de esta manera garantizar los recursos para financiar estos proyectos que serán ejecutados por la Unidad de Gestión del FFIE del Ministerio de Educación Nacional.
En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la convocatoria de mejoramientos consolidará un único banco de proyectos que, a partir de la identificación de necesidades de cara a garantizar las condiciones para la prestación del servicio educativo, permita de manera conjunta y con las diferentes fuentes de recursos que confluyen en el sector avanzar en una implementación y ejecución de obras de mejoramiento de manera recurrente. De esta manera, se busca dar cumplimiento a las metas sectoriales de mediano y largo plazo incluidas dentro PNIE el PMI de los acuerdos de Paz, el PEER y demás metas transversales de calidad y cobertura que requieren de condiciones de acceso y permanencia en la infraestructura educativa.
Los recursos requeridos para esta línea se determinan con base en las solicitudes y postulaciones realizadas en la actual convocatoria de mejoramientos, así como en el histórico de inversiones requeridas para convocatorias de mejoramiento rural y los avances, alcances y beneficios esperados con estas inversiones de recursos de las vigencias 2022 a 2024 en confluencia con los recursos de cofinanciación territorial. De esta forma se estima consolidar un ejercicio de fortalecimiento institucional con las ETC encargadas de la prestación del servicio educativo y llegar a intervenir aproximadamente 2.000 sedes educativas, con acciones de mejoramiento general, comedores escolares de zonas rurales, residencias escolares, así como de intervenciones en sedes urbanas de municipios con una confluencia y alta demanda de carácter rural, y así beneficiar cerca de 400.000 estudiantes y sus comunidades educativas.
A partir de los recursos aprobados por el presente documento, el Ministerio de Educación Nacional avanzará en mejorar y garantizar las condiciones de accesibilidad, seguridad, mitigación de riesgo, disponibilidad de servicios públicos, además de criterios de sostenibilidad ambiental, de las 2.000 sedes educativas. Esto en articulación con la normatividad aplicable al sector educativo y las directrices nacionales y sectoriales en torno al retorno y la presencialidad en las aulas de clase.
La territorialización de la inversión a realizar se relaciona con los parámetros de la convocatoria a partir de requisitos y priorizaciones sectoriales, conforme el cumplimiento de metas del PND asociados a las regiones y zonas determinadas en cada una de las líneas de postulación de la convocatoria. Es importante aclarar que de manera detallada la convocatoria establece una primera fase de diagnóstico y viabilidad que se entra a revisar en campo, por lo cual la intervención en un municipio o departamento dependerá de las condiciones in situ, si llega a determinarse una condición que impida su ejecución se priorizará el siguiente proyecto mejor calificado, así como del municipio o del departamento conforme los proyectos viables de la convocatoria de manera que permita materializar avances de forma consistente y soportada en materia técnica.
La distribución de las líneas en territorio se encuentra proyectada en cerca de 2.000 sedes educativas intervenidas, distribuidas de la siguiente manera.
Residencias escolares: con estos recursos se espera priorizar 41 residencias escolares, que equivalen al 1 0 % en 26 departamentos[17].
Comedores escolares: de las 4.568 sedes que se postularon se espera priorizar con estos recursos un total de 230 proyectos que equivalen al 5,2 %, lo anterior en los 32 departamentos, priorizando 230 municipios de los 578 postulados en la convocatoria.
Zonas urbanas con alta demanda rural: con esta inversión se beneficiarán 29 departamentos que postularon sedes por esta línea, en cumplimiento de los parámetros de postulación, exceptuando los departamentos de Amazonas, Guarnía y Quindío que no se presentaron por esta línea de inversión. Se espera intervenir 290 sedes en igual número de municipios, que equivalen al 34 % de las 839 sedes postuladas.
Mejoramiento general: por esta línea se espera atender los 32 departamentos con 1.493 sedes intervenidas, que equivalen al 11 % de las necesidades identificadas, atendiendo a cerca de 899 municipios.
Es importante aclarar qué a partir de la aprobación de los recursos solicitados a través de este documento, el Ministerio de Educación Nacional debe realizar la estimación de los avances que se tendrían en el desarrollo de proyectos de mejoramiento. Esto, en consideración de que los costos totales de la ejecución de los proyectos dependen también de la cofinanciación por parte de las ETC, por lo que el número de proyectos de mejoramiento puede variar.
4.4.2. Generación de capacidades de infraestructura educativa que respondan a las necesidades de los grupos étnicos y procesos de acuerdos territoriales
Las acciones que se ejecutarán en el marco de esta línea responden a los compromisos establecidos entre el Gobierno nacional con grupos étnicos y algunas entidades territoriales a lo largo del territorio nacional durante los últimos años. Estos compromisos incluyen las ETC de Chocó y Quibdó, el distrito de Buenaventura, el Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC y las comunidades NARP.
En primer lugar, los acuerdos adquiridos con el departamento del Chocó responden a necesidades identificadas en el marco del paro cívico ejecutado por las comunidades en el territorio en agosto de 2016. A partir de estas negociaciones, se acordó por parte del sector educación y de forma específica para el componente de infraestructura educativa, realizar el proceso de estructuración de los proyectos de 140 sedes viabilizadas en las postulaciones de predios 1,2 y 4. Frente a este compromiso, el Gobierno nacional a través de un análisis de las postulaciones realizadas en las convocatorias públicas No. 1,2 y 4 de los años 2015 y 201 6 otorgó concepto de viabilidad jurídica para 1 35 sedes educativas. En segundo lugar, el Gobierno departamental se comprometió a mantener la cofinanciación por valor de 20.000 millones de pesos, con recursos del SGR; mientras que el Gobierno nacional, se comprometió a garantizar los recursos restantes para la cofinanciación de la construcción y dotación de las sedes viabilizadas y priorizadas.
Por su parte, los compromisos adquiridos con la ETC de Quibdó establecen que el Gobierno nacional debe garantizar los recursos faltantes para la construcción de las sedes priorizadas. Dentro del total de sedes se incluyen 18 sedes que corresponden a las estructuradas por el FFIE en el marco de la convocatoria abierta por el Ministerio de Educación Nacional en el 201 6, y 20 sedes adicionales que fueron descartadas en el marco de la mesa del paro por no contar con viabilidad jurídica y técnica.
Ahora bien, en el caso del distrito de Buenaventura, los acuerdos establecidos responden al paro cívico realizado en mayo de 2017 y plantean la importancia de formular, en conjunto con el distrito, y con la participación de la mesa de educación del paro cívico, un Plan Maestro de Infraestructura Educativa para definir las intervenciones en cada uno de los establecimientos educativos oficiales del distrito de Buenaventura. El objetivo planteado sobre la mesa es que este Plan permita equilibrar la oferta educativa en el territorio y garantice ambientes de aprendizaje dignos para estudiantes y docentes e impactar la calidad educativa a través de una línea de mejoramientos y otra de obras nuevas.
En cuarto lugar, en el marco de la concertación de 2019 con el CRIC (que representa 115 Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos), los compromisos se enmarcan en los componentes pedagógico, político y administrativo del Sistema Educativo Indígena Propio, que buscan fortalecer la política de educación de los pueblos indígenas adscritos al CRIC en los componentes de educación propia, lo cual incluye la inversión en infraestructura educativa y la dotación de mobiliario.
De acuerdo con lo anterior, si bien el Gobierno nacional ha avanzado de manera importante en la construcción y mejoramiento de infraestructura educativa, es necesario contar con los recursos necesarios para poder dar continuidad a los procesos de ejecución de las convocatorias vigentes y a la atención a sedes que cuentan con concepto de viabilidad jurídico y técnico favorable. En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional priorizará recursos de inversión, para este componente étnico y de acuerdos en el marco de movilizaciones en los territorios, con la intervención de 157 sedes educativas.
Cabe anotar qué a partir de la aprobación de los recursos solicitados a través de este documento, el Ministerio de Educación Nacional debe realizar la estimación de los avances que se tendrían en el cumplimiento de compromisos adquiridos con grupos étnicos. Asimismo, es importante aclarar qué el impacto y alcance de los proyectos está supeditado a los diagnósticos y estudios técnicos de detalle a partir de los cuales se definirá técnicamente con las comunidades étnicas los alcances definitivos de las intervenciones, así como el cumplimiento de los criterios técnicos y normativos para iniciar la ejecución de los recursos.
4.5. Beneficios del proyecto
Tal como se mencionó en la descripción del proyecto, con la declaración de importancia estratégica y la gestión de vigencias futuras del proyecto de inversión Construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje para la prestación del servicio educativo e implementación de estrategias de calidad y cobertura nacional, se tiene como meta beneficiar 2.000 sedes educativas rurales con intervenciones de mejoramiento general, y 157 sedes educativas beneficiadas con obras de infraestructura como parte del componente étnico y de acuerdos territoriales.
4.6. Seguimiento
El seguimiento a la ejecución física y presupuestal de las acciones propuestas en el marco de este documento de política se realizará a través del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) que se encuentra en el Anexo A. En este se señalan los periodos de ejecución y las acciones contempladas para el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos de la política.
El reporte periódico del PAS será realizado por el Ministerio de Educación Nacional y posteriormente será consolidado por el DNP de acuerdo con lo establecido en el cronograma de seguimiento.
Tabla 22. Cronograma de seguimiento
4.7. Financiamiento
Los recursos financieros que garantizará para garantizar la sostenibilidad del proyecto Construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje para prestación del servicio educativo e implementación de estrategias de calidad y cobertura nacional del Ministerio de Educación Nacional con código BPIN 201801 1001 145, están acordes con el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2022-2025. Estos recursos del PGN serán aprobados mediante la figura de vigencias futuras ordinarias de conformidad con la Ley 819 de 2003[18] y el artículo 2.8.1.7.1.2 del Decreto 1068 de 2015.
Cabe señalar, que de acuerdo con lo definido por el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el proyecto de inversión denominado Construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje para prestación del servicio educativo e implementación de estrategias de calidad y cobertura nacional con código BPIN 201801 1001 145, cuenta con una apropiación según Decreto 1805 de 2020 Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 202 7, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos por valor de 395.278.408.629 pesos.
En este sentido, el Consejo Superior de Política Fiscal, en sesión del 6 de septiembre de 2021, emitió el aval fiscal previo para este proyecto que se presenta en el Anexo B. El costo total de la financiación el programa en sus dos componentes es de 540.000 millones de pesos.
Tabla 23. Recursos necesarios para financiar los componentes del proyecto
(Millones de pesos corrientes)
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2021). Subdirección de Acceso.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Educación Nacional, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, recomiendan al Consejo Nacional de Política Económica y Social.
1. Declarar de importancia estratégica el proyecto de inversión Construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje para prestación del servicio educativo e implementación de estrategias de calidad y cobertura nacional código BPIN 2018011001145, de conformidad con la Ley 819 de 2003.
2. Solicitar al DNP consolidar y divulgar la información del avance de las acciones según lo planteado en el Plan de Acción y Seguimiento. La información deberá ser proporcionada por las entidades involucradas en este documento de manera oportuna según lo establecido en el cronograma de seguimiento.
3. Solicitar al Ministerio de Educación Nacional implementar las acciones necesarias para adelantar el trámite correspondiente para la aprobación de las vigencias futuras requeridas para la financiación y ejecución del proyecto.
4. Solicitar al Ministerio de Educación Nacional adelantar las acciones necesarias para avanzar en las metas contempladas dentro del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 y el Plan Marco de Implementación, asociadas con la reducción del déficit cuantitativo y cualitativo de aulas a nivel nacional.
5. Solicitar al Ministerio de Educación Nacional avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional durante los últimos años con los grupos étnicos en cuanto a necesidades de infraestructura educativa.
Anexo A. Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Ver archivo de Excel adjunto.
Bibliografía
Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política De Colombia. Bogotá: Asamblea Nacional Constituiente.
Congreso de la República. (1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Bogotá: Congreso de la República.
Congreso de la República. (1993). Ley 60. Bogotá: Congreso de la República.
Congreso de la República. (2001). Ley 715 de Diciembre 21 de 2001. Bogotá: Congreso de la República.
Congreso de la República. (2011). Ley 1451 DE 201 7. Bogotá: Congreso de la República.
Congreso de la República. (2012). Ley 1508 de 2012. Bogotá: Congreso de la República.
Departamento Nacional de Estadística. (2020). Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Bogotá: Departamento Nacional de Estadística.
Departamento Nacional de Planeación. (1970). CONPES 677 "Política Educativa 1971 - 1973". Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Departamento Nacional de Planeación. (1991). CONPES 2518 "Política de Apertura Educativa". Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Departamento Nacional de Planeación. (1991). CONPES 2574 "Avance del plan de Apertura Educativa 1991 - 1994". Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Departamento Nacional de Planeación. (1997). CONPES 2952 "Autorización a la nación para la contratación de un crédito externo con la Banca Multilateral para financiar el programa de fortalecimiento de la gestión educativa",. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Departamento Nacional de Planeación. (2005). CONPES SOCIAL 91 "Metas y estrategioas de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio a - 2015". Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Departamento Nacional de Planeación. (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 "Estado comunitario, desarrollo para todos". Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Departamento Nacional de Planeación. (2009). CONPES 3634: "Importancia Estratégica de los Proyectos de Infraestructura Educativa". Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Departamento Nacional de Planeación. (2010). Visión Colombia II Centenario: 2019. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Departamento Nacional de Planeación. (2015). CONPES 3831 "Declaración de Importancia Estratégica del PNIE para la Implementación de la jornada única escolar". Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Departamento Nacional de Planeación. (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 "Todos por un nuevo país". Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Departamento Nacional de Planeación. (2018). Guía para el seguimiento de políticas públicas. Bogotá.
Departamento Nacional de Planeación. (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 "Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad". Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Infobae. (13 de junio de 2021). Colombia: Infobae. Obtenido de sitio web de Infobae: https://www.infobae.com/america/colombia/2021 /06/1 3/por-que-esta-lloviendo- tanto-en-colombia-y-hasta-cuando-se-extendera-la-ola-invernal/
Ministerio de Educación Nacional. (2018). Censo de Infraestructura Educativa Regional. Bogotá: Ministerio de Infraestructura Educativa Regional.
Ministerio de Educación Nacional. (2008). Plan sectorial de educación 2006 - 2010: La Revolución Educativa. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio de Educación Nacional. (2012). Guia para la administración de los recursos financieros del sector educativo. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio de Educación Nacional. (2019). Resolución No 005944. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio de Educación Nacional. (2020). Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio de Educación Nacional. (2020). Plan Especial de Educación Rural. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio de Educación Nacional. (2020). Sistema integrado de matrícula. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio de Educación Nacional. (2021). Censo Nacional de Infraestructura Educativa - CIER. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio de Educación Nacional. (202" Ministerio de Educación Nacional.
Sistema integrado de matrícula. Bogotá:
1. El déficit cuantitativo hace referencia al número de aulas requeridas para aumentar la cobertura educativa, mientras que el déficit cualitativo se refiere al no cumplimiento de requisitos mínimos con los que deberían contar las aulas para garantizar una adecuada prestación del servicio.
2. De acuerdo con el manual de uso conservación y mantenimiento de infraestructura educativa del Ministerio de Educación Nacional, los mejoramientos corresponden a obras de mantenimiento correctivo con el objeto de "renovar, recuperar, reparar o restaurar daños o deterioros ocasionados por el uso normal, por falta de mantenimiento predictivo, recurrente y preventivo, por el desgaste natural, por accidentes, por usos inadecuados de la infraestructura u otros factores externos". Algunos ejemplos de mejoramientos son: reposición de cubierta, pisos, aparatos sanitarios, cambios de dotaciones por tecnología obsoleta, renovación de mobiliario, etc. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1 759/articles-355996 archivo pdf manual uso.pdf.
3. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
4. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
5. Eficiencia, conectividad, disponibilidad de servicios públicos y saneamiento básico con los que debería contar la infraestructura educativa para funcionar de manera adecuada.
6. Disponible en: https://colaboracion.dnp.aov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3831.pdf.
7. Datos calculados de acuerdo con la información reportada en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat) y la clasificación de la Misión Rural para la Transformación del Campo del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
8. Por la cual se expide la Ley General de Educación.
9. Para objeto de comprensión del documento, la Ley 115 de 1994 establece los establecimientos educativos son todas las instituciones de carácter estatal, privadas o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta ley. Por su parte las sedes son plantas físicas independientes que conforman o hacen parte de un establecimiento educativo.
10. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
11. Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2011.
12. Por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y Se dictan otras disposiciones.
13. Disponible en https://colaboración.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/91.pdf.
14. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Educación.
15. Los datos corresponden a lo registrado en el CIER. El porcentaje de cada servicio público, sanitario o de saneamiento básico se calcula sobre el total de Instituciones que respondieron la pregunta asociada a cada servicio, por lo que el total de instituciones en cada caso puede variar.
16. El número de requerimientos es mayor el número de sedes postuladas en la medida en que la Convocatoria de mejoramientos 2021 permitió que las sedes educativas pudiesen postularse a diferentes lineas de inversión (Comedores, residencias, entre otros).
17. Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guarnía, Guavíare, Huíla, La Guajira, Magdalena, Meta, Normo, Norte De Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle Del Cauca, Vaupés y Vichada.
18. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
