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IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

SL1121-2026

Radicación n.° 11001-22-05-000-2024-00063-01

Acta 15

Bogotá D. C., seis (06) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

La Corte decide el recurso de anulación que interpusieron el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LAS CONCESIONES MADERERAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA PULPA PARA LA FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTON Y DERIVADOS DE ESTOS PROCESOS Y LAS ARTES GRÁFICAS DE COLOMBIA (SINTRAPULCAR) SECCIONAL BOGOTÁ y la empresa THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA SA contra el laudo arbitral que el Tribunal de arbitramento profirió el 24 de junio de 2024, con ocasión al conflicto colectivo suscitado entre las recurrentes.  

ANTECEDENTES

El 15 de diciembre de 2022, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Concesiones Madereras para la Transformación de la Pulpa para la Fabricación de Papel, Cartón y Derivados de estos Procesos y las Artes Gráficas de Colombia –Sintrapulcar– Seccional Bogotá, presentó pliego de peticiones a la empresa Thomas Greg & Sons de Colombia SA, lo que dio origen al proceso de negociación colectiva (f.os 235 a 249 Cuaderno Recurso de Anulación 2).

La etapa de arreglo directo se agotó el 20 de febrero de 2023, según acta final suscrita por las partes. Solamente se llegó a acuerdo respecto de las peticiones 1 –reconocimiento del sindicato– y 2 –campo de aplicación– (f.os 279 y 285).

Mediante Resolución 1088 de 23 de abril de 2024, el Ministerio del Trabajo convocó e integró un Tribunal de Arbitramento Obligatorio, en atención a la solicitud respectiva de la organización sindical, para que estudiara y decidiera el conflicto colectivo existente entre esta y la empresa Thomas Greg & Sons de Colombia SA (f.os 4 a 6 cuaderno recurso anulación 1).

Dicho Tribunal se instaló el 8 de mayo de 2024 y luego de haberse prorrogado el término para resolver, previa autorización de las partes, el 24 de junio de 2024 profirió el laudo respectivo (folios 368 a 442), que fue notificado el 27 de junio de 2024 a las partes (folio 464 a 466).

La organización sindical solicitó la aclaración del artículo 4 –auxilio sindical–, y la empresa pidió «aclarar y/o adicionar» los artículos 3 –sede sindical–, 6 –vigencia del laudo–, 7 literal a) –permisos sindicales remunerados–, 9 –alimentación–, 10 –auxilio de transporte–, 12 –varios–, 15 –primas de antigüedad–, 16 –prima de matrimonio–, 17 –prima de vacaciones–, 18 –auxilio para la promoción y cuidado de la salud–, 19 –servicios asistenciales–, 20 –provisión para vivienda–, 21 –auxilio de escolaridad–, 22 –auxilios varios– y 23 –pensión– (f.os 466 a 472).

El 10 de julio de 2024, los árbitros accedieron parcialmente a la aclaración solicitada por la empresa, y no admitieron la petición de aclaración del sindicato (f.os 5 a 8 cuaderno recurso de anulación 2).

Ambas partes interpusieron recurso de anulación, en el término legal (f.os 22).

En el laudo, el Tribunal refirió, como antecedentes, que la empresa tenía 233 trabajadores directos, 41 de ellos afiliados a Sintrapulcar, de los cuales 31 también estaban vinculados a Sintrathomas; que solamente tres trabajadores se beneficiaban del laudo anterior aplicable a las partes y que la empresa no había pactado convención colectiva de trabajo con Sintrapulcar, pero sí con Sintrathomas, la cual tenía una vigencia del 1.º de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2024. Además, destacó que este último era un sindicato mayoritario y, por tanto, su convención era aplicable «por extensión en la compañía».

También hizo alusión a su competencia para resolver cada uno de los puntos del pliego de peticiones no acordados por las partes, y destacó que se pronunciaría de fondo respecto de las materias de orden económico o sobre las cuales la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha aceptado la facultad de los árbitros. Así, indicó que en temas económicos los árbitros eran competentes para resolver en equidad conforme a la representatividad del sindicato, los potenciales beneficiarios del laudo, la situación financiera de la empresa, el sector en que esta opera y bajo la consideración de que las cargas no sean desproporcionadas.

El Tribunal precisó que estudió el pliego de peticiones conforme su competencia y los principios de equidad e igualdad y su desarrollo jurisprudencial, y que su decisión la adoptaba con el ánimo de mantener relaciones laborales en equidad e igualdad entre los trabajadores sindicalizados de ambas organizaciones existentes en la empresa, atendiendo la situación financiera particular de Thomas Greg & Sons SA. También indicó que había analizado en equidad el contenido del pliego respecto de laudo arbitral existente con Sintrapulcar y la convención colectiva de trabajo con Sintrathomas.

Explicó que las principales consideraciones y motivaciones para la expedición del laudo, eran las siguientes:

a) Sintrathomas es una organización sindical mayoritaria que lleva décadas de negociación colectiva con la empresa, mientras que Sintrapulcar es un sindicato con pocos años de interacción y negociación con Thomas Greg & Sons de Colombia SA.

b) La situación actual de la empresa es delicada. Sus labores de impresión, chequeras, loterías, documentos de identificación se vieron afectadas por la pandemia Covid 19.

c) Existe una tendencia irreversible a la virtualización y a la progresiva desaparición del papel. El producto de chequeras salió del mercado y la empresa perdió el monopolio comercial.

d) Según lo explicó el mismo sindicato, la continuidad del negocio de los pasaportes es incierta.

e) La empresa informó que otorga múltiples beneficios extralegales, significativamente superiores a los ofrecidos en el mercado y que ese sobrecosto es muy grave porque sus competidores no tienen ese tipo de gastos –«salario mínimo empresarial y vinculación laboral directa o de planta etc»–. Además, que ya no tenía el negocio de la impresión de cédulas de extranjería y la impresión de pasaportes se acabó.

f) Se debe fallar con base en los estados financieros que se presumen veraces, ofrecen datos objetivos y dan cuenta que en 2022 y 2023 bajaron los activos, la utilidad y los ingresos operacionales por la principal labor de la empresa relativa a la impresión de documentos de identidad, certificados electorales y pasaportes.

g) Dada la delicada situación económica de la empresa, «la única posibilidad de un fallo responsable y equitativo en términos sociales y económicos […] es negar todas las pretensiones desproporcionadas para el presente y futuro a corto y mediano plazo». Y agrega que solo así se garantiza la subsistencia de la fuente de empleo.

h) En su mayoría, las peticiones del pliego están por debajo del valor económico de beneficios similares acordados en la convención colectiva de trabajo vigente con Sintrathomas, y se debe tener en cuenta que los árbitros no pueden conceder beneficios no solicitados o por encima de lo pedido.

Por último, advirtió que los puntos concedidos se otorgaron, en su mayoría, «en forma máxima y en equidad», conforme a lo pedido por el sindicato y los beneficios ya existentes en la convención colectiva suscrita entre la empresa y Sintrathomas. Además, indicó que por regla general pretendía mantener las relaciones laborales en equidad y conforme al principio de igualdad entre los trabajadores sindicalizados de Sintrapulcar y de Sintrathomas, por tanto, aclaró que «si los valores insertados en este laudo arbitral superan o quedan por debajo de los beneficios incluidos en la convención colectiva de trabajo vigente entre la empresa y Sintrathomas sobre los puntos que regulen los mismos asuntos o si […] quedaron fijados en un valor menor […] se entiende que el Tribunal de arbitramento incurrió en un error matemático o de indexación».

Conforme lo anterior, resolvió conceder los siguientes beneficios a través de los artículos del numeral primero del laudo que se describen a continuación: 1 (petición 5) –jornada de trabajo–, 2 (petición 6) –porcentajes–, 3 (petición 8) –sede sindical–, 4 (peticiones, 8, 18 y 25) –auxilio sindical–, 5 (petición 9) –proceso disciplinario–, 6 (petición 10) –reemplazos–, 7 (petición 12) –permisos sindicales remunerados–, 8 (petición 13) –permisos remunerados–, 9 (petición14) –alimentación–, 10 (petición 15) –auxilio de transporte–, 11 (petición 16) –dotación–, 12 (petición 17) –varios–, 13 (petición 19) –salarios–, 14 (petición 20) –salario mínimo legal empresarial–, 15 (petición 22) –prima de antigüedad–, 16 (petición 23) –prima de matrimonio–, 17 (petición 24) –prima de vacaciones–, 18 (petición 26) –auxilio para la promoción y cuidado de la salud–, 19 (petición 27) –servicios asistenciales–, 20 (petición 28) –provisión para vivienda–, 21 (petición 29) –auxilio de escolaridad–, 22 (petición 30) –auxilios varios–, 23 (petición 31) –pensión–, 24 (petición 32) –bonificación por retiro voluntario– y 25 (petición 36) –vigencia–.

En el artículo segundo, negó «por falta de competencia y conforme lo expresado en este laudo, el contenido completo» de las siguientes peticiones: artículo transitorio –garantías para la negociación–, 1 –reconocimiento–, 2 –campo de aplicación–, 3 –contratación de personal–, 4 –procesos de producción–, 7 –nivelación de salarios–, 11 –vacantes y convocatorias–, 33 –festivos–, 35 –vigencia de beneficios y derechos adquiridos– , 38 –liquidación de vacaciones–, 39 –maternidad segura– y 40 –teletrabajo, trabajo en casa y demás formas de trabajo virtual–.

En el artículo tercero, «negó por falta de competencia y conforme a lo expresado en este laudo, parte del contenido de» las siguientes peticiones: 5 todo salvo el recargo nocturno –jornada de trabajo–, 16 literal d) –dotaciones–, 17 literal h) –varios–, 26 parte final –-auxilio para la promoción y cuidado de la salud–, 27 parágrafos 5 y 7 –servicios asistenciales– y 31 todo salvo el parágrafo –pensión–.

En el artículo cuarto, dispuso negar, conforme la parte motiva del laudo, las siguientes peticiones:  6 literales c) y e) –porcentajes–, 12 literales c), e) y f) –permisos sindicales remunerados–, 14 parte del parágrafo 4 –alimentación–, 17 literal i) –varios–, 21 –primas extralegales–, 25 –oficina sindical–, 35 –vigencia de beneficios y derechos adquiridos–, 30 literales e) y g) –auxilios varios–, 34 –indemnización por despido–, 37 –bonificación por firma de convención– y 41 –desarrollo integral de la familia–.  

En el artículo quinto declaró que «el presente laudo arbitral tiene el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo».

Y en el artículo sexto, estableció su vigencia, así: «El presente laudo tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su expedición, es decir, del 24 de junio de 2024».

Esta última decisión respecto de la vigencia fue aclarada en pronunciamiento complementario de 10 de julio de 2024, en el que se indicó que:

Respecto del artículo 6 sobre la vigencia, es claro que aun cuando la redacción indique que “El Tribunal de Arbitramento, por disposición del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, decide que el presente Laudo tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su expedición, es decir del 24 de junio de 2024”, el mismo sólo podrá hacerse exigible y aplicable desde su ejecutoria, con base a las reglas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y el Código General del Proceso.

Y se indicó que «la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la vigencia de los laudos arbitrales se da desde su expedición, y no desde su ejecutoria» (CSJ SL3976-2022).

RECURSO DE ANULACIÓN DE SINTRAPULCAR

La organización sindical Sintrapulcar interpuso recurso de anulación el 5 de julio de 2024, en el término de ley, el cual fue concedido por el Tribunal de Arbitramento mediante auto de 18 de julio de 2024 (f.os 22 a 23 cuaderno recurso de anulación 2).

La Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento del asunto y corrió traslado a la empresa, quien no presentó escrito de oposición (cuaderno de la Corte).

Sintrapulcar pretende la modulación de los artículos 4 –auxilio sindical–, 13 –salarios– y 14 –salario mínimo empresarial– del laudo arbitral (f.os 2 a 5 cuaderno recurso de anulación 2).

Igualmente pide que se «ordene la devolución al Tribunal […] para que se pronuncie debidamente bajo las facultades que son inherentes conforme al artículo 458 CST de manera congruente por cuanto la decisión no fue adoptada en equidad, dejando ausente un periodo de diez meses lo que es una proporción en desfavor de los trabajadores».

Para resolver este recurso, la Sala previamente (1) hará unas consideraciones preliminares, luego abordará los cuestionamientos concretos del laudo, así: (2) cláusula del laudo concedida acusada por configurar desmejora a los beneficios ya obtenidos y (3) cláusulas del laudo concedidas acusadas por falta de argumentación del trato diferencial en el incremento del salario para el año 2026.

Para el efecto, la Sala iniciará con la transcripción de la petición del pliego, verificará la decisión adoptada por el Tribunal, el reparo del recurrente y concluirá con la decisión que corresponda.

(1) CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Conforme a los artículos 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 458 del Código Sustantivo del Trabajo, el recurso de anulación que se interponga ante esta Corte tiene el fin de verificar la regularidad del laudo, esto es, si el Tribunal extralimitó el objeto para el que fue convocado o afectó los derechos fundamentales o facultades que les asisten a los interlocutores sociales.

En esa dirección, esta Sala ha afirmado que al resolver un recurso extraordinario de anulación solo puede adoptar algunas de estas resoluciones: (i) anular, (ii) no anular, (iii) devolver el expediente a los árbitros, o (iv) excepcionalmente modular la decisión arbitral (CSJ SL8157-2016, SL3491-2019 y SL5506-2021).   

La devolución solo es procedente cuando se verifica que los árbitros se abstuvieron de resolver de fondo una petición del pliego a pesar de ser competentes. En consecuencia, si emitieron una decisión de mérito respecto a un punto del pliego, bien sea negándolo o concediéndolo, total o parcialmente, no es admisible solicitar su anulación con el objetivo de devolver el expediente al Tribunal para que emita un nuevo pronunciamiento y menos aún pretender que esta Corte tome una decisión de reemplazo, pues ello sería tanto como usurpar las competencias asignadas a los árbitros (CSJ SL3491-2019, SL3116-2020 y SL5117-2020).

En ese mismo sentido, cuando la Corte anula una disposición del laudo, bien sea porque el Tribunal extralimitó su competencia o desconoció las facultades o derechos fundamentales que le asisten a las partes, hasta ese punto se extingue su competencia, sin que puedan adelantar gestiones posteriores.

(2) CLÁUSULA CONCEDIDA POR EL TRIBUNAL ACUSADA POR DESMEJORAR LOS BENEFICIOS YA EXISTENTES

2.1. AUXILIO SINDICAL  

2.1.1. Texto del pliego de peticiones

ARTÍCULO 18: La Empresa continuará reconociendo el auxilio al Sindicato por la suma de nueve millones quinientos noventa y dos mil setenta y seis pesos m/cte. ($9.592.076) anuales, pagadero dentro del mes de enero de cada año.  Este valor se incrementará en el IPC causado que decrete el gobierno más un punto para cada año respectivamente, para ayuda de gastos de sostenimiento de la oficina sindical.

2.1.2. Decisión del Tribunal

El Tribunal de Arbitramento decidió revisar conjuntamente los artículos 8, 18 y 25 del pliego de peticiones por referirse a asuntos relacionados (auxilios para el funcionamiento de la oficina del sindicato).

Artículo 4. Auxilio sindical:

Pagadero dentro de los 30 días calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente laudo arbitral, la Empresa reconocerá un auxilio al Sindicato equivalente a la suma de un millón trescientos mil pesos ($1.300.00). Y a más tardar el 31 de enero de 2025, la Empresa reconocerá un auxilio al Sindicato equivalente a la suma de un millón trescientos mil pesos ($1.300.00), incrementado, en el porcentaje del IPC nacional certificado por el DANE del año inmediatamente anterior.

Con ocasión de la solicitud de aclaración presentada por la organización sindical en cuanto a la periodicidad del pago de este auxilio, en decisión complementaria de 10 de julio de 2024 los árbitros explicaron que habían decidido analizar de manera conjunta tres de las peticiones del pliego, esto es, 8 –sede sindical–, 18 –auxilio sindical– y 25 –oficina sindical– otorgaron las dos primeras y negaron la tercera, con fundamento en los principios de equidad y proporcionalidad.

Además, agregaron que:

Menciona el apoderado del sindicato en su solicitud de aclaración que no se precisa la periodicidad de su pago, apreciación que no corresponde con la realidad de lo concedido por el Tribunal debido a que es claro de la redacción del laudo arbitral que la Compañía realizará un primer pago dentro de los 30 días calendario siguientes a la entrega en vigencia del presente laudo arbitral, y un segundo pago a más tardar el 31 de enero de 2025.

 

2.1.3. Argumentos de la recurrente

El sindicato expone que esta cláusula representa una desmejora del laudo arbitral denunciado. Así, señala que pasar de un auxilio de $4.064.439 otorgado en el laudo anterior a $1.300.000 para el primer pago, y de $8.128.878 a $1.300.000 para el segundo pago, desconoce los derechos ya reconocidos en convenciones o laudos, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala, la cual es de obligatorio acatamiento para los árbitros.

Indica que el Tribunal tiene la obligación de analizar los puntos de la convención colectiva o del laudo objeto de denuncia por la empresa, siempre que hubiesen sido objeto de debate en la etapa de arreglo directo; sin embargo, destaca que ello no implica que se puedan reducir los beneficios que regían al momento de iniciarse el conflicto colectivo, pues además de ser contradictorio con los fines de la negociación colectiva, conlleva el desconocimiento del mínimo de derechos adquiridos y de lo dispuesto en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo.

En consecuencia, solicita que se module el valor de los auxilios sindicales, ya sea actualizando con el IPC las cuantías establecidas en el laudo arbitral anterior de fecha 13 de julio de 2021, o bien no desmejorar dichos valores y acogerse a lo ya reconocido en dicho laudo.

2.1.4. Consideraciones de la Corte  

Lo primero que debe advertirse es que el planteamiento expuesto por el sindicato en cuanto al análisis de la denuncia del empleador es desenfocado y, por tanto, inane, dado que aunque a folios 80 a 102 del cuaderno de anulación n.° 1 obra constancia de la denuncia total del laudo arbitral presentada por la empresa el 1.º de diciembre de 2022 y remitida al sindicato, lo cierto es que de las actas de reunión de la etapa de arreglo directo no se advierte que la misma hubiese sido analizada o discutida por los interlocutores sociales. Y en todo caso, de los fundamentos y consideraciones expuestas por el Tribunal de Arbitramento en su decisión, no se deriva que la concesión del auxilio sindical en los términos dispuestos en el laudo que se revisa hubiese obedecido a una denuncia del empleador al respecto.

Siendo ello así, nada consigue el sindicato recurrente al discutir los efectos de la denuncia del empleador y la imposibilidad de que en virtud de ella se reduzcan los beneficios ya alcanzados, pues tal presupuesto fáctico no constituyó el fundamento de la decisión de los árbitros respecto de la cláusula 4 –auxilio sindical– que se acusa.

Ahora, en relación con la desmejora que alega Sintrapulcar respecto del monto del auxilio sindical, se advierte que en el laudo de fecha 13 de julio de 2021 –vigente hasta el 31 de diciembre de 2022– que definió el conflicto colectivo entre esta organización y Thomas Greg & Sons de Colombia S. A. se estableció lo siguiente:

ARTÍCULO 9°. AUXILIO SINDICAL (art. 18 del pliego de peticiones): Pagadero dentro de los 30 días calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente laudo arbitral, la empresa reconocerá un auxilio al sindicato por la suma de cuatro millones sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos m/cte ($ 4,064.439.oo). Y a más tardar el 31 de enero de 2022, la empresa reconocerá un auxilio al sindicato por la suma de ocho millones ciento veintiocho mil ochocientos setenta y ocho pesos m/cte ($8.128.878.oo)

En esa dirección, dados los términos en que fue pactado este beneficio en el laudo anterior, no es posible considerar que exista una desmejora de los derechos alcanzados por el sindicato como lo alega, puesto que en el artículo 9 antes referido se estableció una duración concreta del auxilio durante la vigencia del laudo, pagadero en momentos específicos, esto es, un pago a la «entrada en vigencia» de tal instrumento extralegal, y otro a más tardar el 31 de enero de 2022.

Siendo ello así, no es posible considerar que este auxilio sindical perdure más allá de la vigencia del laudo arbitral que lo concedió; razón por la cual no puede afirmarse que la organización sindical conservaba este derecho luego del 31 de diciembre de 2022 y que, por ende, debía respetarse en la negociación colectiva iniciada con el pliego de peticiones presentado el 15 de diciembre de 2022.

 De hecho, Sintrapulcar incluyó dicho beneficio en el mencionado pliego que dio inicio al conflicto colectivo resuelto por el Tribunal de Arbitramento a través del laudo que se revisa. Ello sin duda implicó que el auxilio a favor del sindicato fuese un aspecto objeto de negociación y posteriormente, al no lograrse acuerdo alguno, conllevó que fuese resuelto por los árbitros, quienes concedieron la petición en los términos dispuestos en el artículo 4 del laudo cuestionado.

Así entonces, aunque es evidente que un laudo arbitral no puede desmejorar o desconocer los derechos ya obtenidos por la organización sindical, lo cierto es que, en este caso, el derecho que alega la recurrente no persistía ni estaba vigente para cuando se surtió la negociación colectiva que finalizó con la expedición del laudo que se revisa de 24 de junio de 2024.

De ahí que no puede considerarse que los rubros otorgados en la cláusula cuestionada por concepto de auxilio sindical –$1.300.000 a la entrega en rigor del laudo y $1.300.000 a 31 de enero de 2025– constituyan una desmejora respecto del valor del auxilio otorgado en el laudo anterior de fecha 13 de julio de 2021 denunciado por el sindicato –$4.064.439 al momento en que entrara a regir y $8.128.878 a 31 de enero de 2022-, pues los árbitros estaban facultados para decidir sin tener como parámetro el auxilio concedido anteriormente, dado que ya no estaba vigente para el momento en que surgió el nuevo conflicto colectivo.

Por las razones anteriores, la Sala no accederá a lo solicitado.

(3) CLÁUSULAS DEL LAUDO CONCEDIDAS ACUSADAS POR FALTA DE ARGUMENTACIÓN DEL TRATO DIFERENCIAL EN EL INCREMENTO DEL SALARIO PARA EL AÑO 2026

3.1. SALARIOS

3.1.1. Texto del pliego de peticiones

Artículo 19: Salarios.

La Empresa THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A., realizará los siguientes aumentos salariales a todos sus trabajadores:

a) A partir del (1) de enero de 2023, la empresa hará un incremento a los salarios básicos de sus trabajadores, en un porcentaje mayor o igual a aquel en que se aumente el SMMLV para el año 2023 o el IPC decretado al 31 de diciembre del año 2022, más tres puntos porcentuales, lo que resulte más favorable para los trabajadores.

b) En todo caso, los incrementos salariales aquí pactados no podrán ser inferiores a los que la empresa pactare unilateral o por acuerdo con otras organizaciones sindicales reconocidas por la empresa en aras de no incurrir en discriminación, de darse el caso automáticamente dicho aumento se aplicara a este acuerdo.

3.1.2. Decisión del Tribunal

Artículo 13: Salarios

La Empresa THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A., se compromete a hacer los siguientes aumentos salariales:

A partir del primero (1) de enero de 2023, la Empresa hará un incremento a los salarios básicos/fijos de sus trabajadores, en un dieciséis por ciento (16%); para el año 2024, partir del primero (1) de enero, la Empresa hará un incremento a los salarios básicos/fijos de sus trabajadores, en un doce punto cero siete por ciento (12.07%); para el año 2025 se aplicará el IPC nacional certificado por el DANE del año 2024 más un punto, o el porcentaje del incremento del SMLMV para el año 2025 más un punto, según lo que resulte más favorable, y para el año 2026 se aplicará el IPC nacional certificado por el DANE del año 2025.

PARÁGRAFO 1: Es claro que cualquier ajuste y/o incremento salarial que la Empresa haya hecho a los trabajadores beneficiarios del presente laudo arbitral, aplicable desde el 1 de enero del año 2023, deberá imputarse y compensarse con lo aquí dispuesto, pues no hay lugar a duplicidad de beneficios ni ajuste o aumento salarial. De ser el caso, sólo habrá lugar al pago del valor diferencia.

PARÁGRAFO 2: Es claro que cualquier ajuste retrospectivo que, en virtud de este artículo, la Empresa deba hacer a los trabajadores beneficiarios del presente laudo arbitral, procede solo sobre su salario ordinario fijo mensual.

3.2. SALARIO MÍNIMO LEGAL EMPRESARIAL

3.2.1. Texto del pliego de peticiones

Artículo 20: Salario mínimo empresarial

A partir del 1 de enero del año 2023 para los nuevos empleados que entren a trabajar a THOMAS GREG SONS DE COLOMBIA S.A. el salario de contratación será de un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos m/cte. ($1.464.616) mensuales. En tal caso, si el salario decretado por el gobierno o el IPC fuese mayor al solicitado aquí automáticamente este valor se ajustará.

3.2.2. Decisión del Tribunal

Artículo 14. Salario mínimo legal empresarial:

A partir del 01 de enero del año 2023 para los nuevos empleados que entren a trabajar a la Empresa, el salario de contratación será el equivalente a un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos ($1.464.616).

Para los años 2024, 2025 y 2026, se aplicarán los incrementos al salario mínimo legal empresarial en las mismas proporciones establecidas en el texto del artículo inmediatamente anterior sobre "salarios” (artículo 19 del pliego de peticiones).

3.3. Argumentos del recurrente

El sindicato afirma que, aunque estas dos cláusulas se resolvieron de manera unánime por los árbitros, ni del laudo ni de las actas se deriva cuáles fueron las razones de fondo en que se fundamentó su decisión y, por tanto, no es posible determinar si los árbitros desconocieron o no su obligación de realizar un análisis de equidad, razonabilidad y proporcionalidad como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corte, entre otras, en sentencia CSJ SL4478-2020.

Agrega que de su lectura no es claro el trato diferencial en el incremento del salario para el año 2026, pues ni siquiera se argumentaron situaciones económicas de la empresa «con menoscabo del poder adquisitivo de los trabajadores al incrementar el salario para el año 2026 con el IPC nacional certificado por el DANE del año 2025».

Por tanto, solicita modular estas decisiones arbitrales en el sentido de llevar el incremento del salario y del salario mínimo legal empresarial para el año 2026 «a ser igual al incremento del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026».

3.4. Consideraciones de la Corte

La organización sindical fundamenta su solicitud de modulación de estas cláusulas, en que los árbitros no explicaron las razones por las cuales se efectuaba un «trato diferencial» respecto del incremento salarial establecido para el año 2026; planteamiento que es equivocado, toda vez que en las consideraciones generales del laudo arbitral se expusieron los argumentos y criterios que fundamentaban las decisiones adoptadas.

En efecto, el Tribunal señaló que respecto de las reclamaciones económicas tendría en cuenta la representatividad del sindicato, los trabajadores que serían potenciales beneficiarios del laudo, la situación financiera de la empresa para evitar cargas desproporcionadas y el sector en el que esta operaba.

También aludió a los principios de equidad e igualdad y explicó que las principales motivaciones para emitir el laudo se referían a la calidad de sindicato minoritario de Sintrapulcar, a la delicada situación financiera de la empresa porque había perdido el monopolio comercial en su área y la continuidad del negocio de pasaportes era incierta; además, destacó que Thomas Greg & Sons de Colombia SA ya otorgaba beneficios extralegales superiores al mercado laboral en el que se desempeñaba y ello le implicaba un sobrecosto alto y que los estados financieros de la Compañía evidenciaban datos objetivos respecto a la disminución de los activos, utilidades e ingresos operacionales.

De hecho, consideró que la única posibilidad de emitir una decisión responsable y equitativa era evitar otorgar pretensiones desproporcionadas, y así garantizar, además, la subsistencia de la fuente de empleo.

Siendo ello así, es evidente que los árbitros sí fundamentaron su decisión en torno a las peticiones otorgadas, entre ellas, los incrementos salariales como los discutidos por el sindicato. En efecto, contrario a lo indicado por esta organización, el Tribunal tuvo en cuenta la situación económica de la empresa como criterio para establecer, entre otros, el incremento conforme al IPC para el año 2026, dado que dieron cuenta de las implicaciones de tal circunstancia en su decisión; además, de su argumentación se deriva el análisis de equidad y proporcionalidad que echa de menos la organización recurrente.

Se recuerda que, conforme al criterio reiterado de esta Corporación, el deber de sustentar el laudo se da por cumplido cuando los árbitros exponen de manera breve y sucinta las razones de su decisión, pues respecto a este tipo de resoluciones, fundadas en la equidad, no se exige una argumentación rigurosamente jurídica, al modo de una sentencia judicial que desata un conflicto jurídico, sino una evaluación objetiva de las circunstancias fácticas, las posiciones de las partes y la naturaleza del conflicto, todo conforme a las reglas de la persuasión racional y un recto sentido de justicia (CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 24604, SL2283-2014, SL2893-2017 y SL4302-2022).

En todo caso, la Sala debe advertir que la finalidad de la modulación no implica desconocer el criterio de equidad expuesto por los árbitros y ajustarlo al pretendido por el sindicato recurrente al solicitar que se modulen los artículos 13 y 14 del laudo en el sentido de que el incremento salarial para el año 2026 sea en el equivalente al aumento del salario mínimo legal mensual vigente.

Así, esta Corporación ha dicho que la modulación tiene lugar cuando se requiere modificar, aclarar o interpretar determinados aspectos o frases de un precepto del laudo, con la finalidad de despojarlo de elementos distorsivos que afectan su legalidad e integridad. La modulación o condicionamiento del laudo debe ser respetuosa de la voluntad o intención de los árbitros y del contenido esencial de la norma (CSJ SL17703-2015, SL8157-2016, SL2809-2020 y SL416-2022). Al respecto, en sentencia CSJ SL3257-2024 se explicó lo siguiente:

[…] por principio general y reconocimiento de la esencia del arbitraje laboral en materia de conflictos colectivos de trabajo, la Corte no debe inmiscuirse en el criterio de equidad de los árbitros, so pretexto de una mejor consideración respecto a la medida de justicia o proporcionalidad que exige la resolución de un determinado punto del pliego de peticiones.

Bajo este mismo razonamiento, tampoco es admisible que el recurrente simplemente pretenda que se acoja el criterio que por su propia iniciativa considera como más equitativo o proporcional, pues ello sería tanto como desconocer las competencias asignadas por el legislador para resolver los conflictos sociales que surgen entre los ciudadanos.

Por tanto, el planteamiento y pretensión del sindicato lucen equivocados, por lo que no hay lugar a la modulación pretendida.

También se desestima la solicitud de ordenar la devolución tanto de los artículos 13 –salarios– y 14 –salario mínimo legal empresarial–, como de la cláusula 4 –auxilio sindical–, por cuanto esta solo opera cuando la Corte advierte que el Tribunal dejó de pronunciarse o decidir alguna petición respecto de la cual era competente, pero en este caso, aquel resolvió de fondo y concedió parcialmente estos puntos del pliego con fundamento en razones de equidad.

La Corte ha insistido y explicado la imposibilidad de anular o devolver una petición que ha sido resuelta de fondo por el Tribunal de Arbitramento, y así lo recordó en sentencia CSJ SL1794-2022:

Tal como puede apreciarse, las mentadas peticiones fueron negadas por el Tribunal, sin que tal determinación comporte una inhibición y, como se explicó al principio del acápite de considerandos, la devolución sólo procede cuando el colegiado arbitral se inhibió de tomar una decisión, estando obligado a ello por ser el tema de estudio objeto de su competencia.

En el presente caso, el Tribunal se consideró competente y tomó una decisión de fondo, denegando las solicitudes elevadas por la organización sindical en el pliego de peticiones, por cuanto las consideró inequitativas e inconvenientes, sin que pueda la Corte ahora adentrarse en examinar esos motivos, pues basta el rechazo adoptado en los términos en que se efectuó para que la devolución resulte improcedente.

Conforme las razones anteriores, no se accederá a lo pretendido por la organización sindical.

Sin costas, por cuanto no se presentó oposición.

III. RECURSO DE ANULACIÓN DE LA EMPRESA THOMAS GREG & SONS SA

La empresa Thomas Greg & Sons SA interpuso recurso de anulación el 3 de julio de 2024, en el término de ley, el cual fue concedido por el Tribunal el 18 de julio de 2024 (f.º 22 cuaderno recurso anulación 2).

La Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento del asunto y corrió traslado al sindicato, quien que no presentó escrito de oposición.

La empresa solicita que se «estudie, analice, modifique y decida sobre los artículos» del laudo que fueron «reconocidos desconociendo la competencia que les asiste», así: 1 –jornada laboral–, 5 –proceso disciplinario– y12 literal c) –varios, suministro de lista de salarios–.

De igual forma, pretende la anulación de los siguientes artículos del laudo, que concedieron las peticiones del pliego del sindicato: 3 –sede sindical–, 8 literales b) y h) –permisos remunerados–, 21 –auxilio de escolaridad–, 22 literal d) –auxilios varios, auxilio de deportes–, 24 –bonificación por retiro voluntario– y 25 –vigencia–.

Por tanto, la Sala abordará los cuestionamientos concretos del laudo, así: (1) cuestión previa; (2) cláusulas del laudo concedidas acusadas por falta de competencia; (3) cláusulas del laudo concedidas acusadas por desconocer los principios de igualdad y equidad, y (4) cláusula concedida que definió la vigencia del laudo.   

Para ello, la Sala iniciará con la transcripción de la petición del pliego, verificará la decisión adoptada por el Tribunal, el reparo de la recurrente, y concluirá con la decisión que corresponda.

(1) CUESTIÓN PREVIA

Aunque la empresa no formula una petición individualizada sobre la devolución, anulación o modulación de las cláusulas 1 –jornada de trabajo–, 5 –proceso disciplinario– y 12 literal c) –suministro de lista actualizada de sueldos–, y se limita a solicitar que se «estudie, analice, modifique y decida», la Sala advierte que el fundamento del reparo planteado por la recurrente es la ausencia de competencia de los árbitros para decidir al respecto, lo que permite colegir que lo perseguido es la anulación de estos beneficios precisamente por haber sido concedidos con extralimitación de las facultades asignadas al Tribunal. Y en ese entendido se pronunciará la Corte.   

(2) CLÁUSULAS DEL LAUDO CONCEDIDAS ACUSADAS POR FALTA DE COMPETENCIA

2.1. JORNADA LABORAL  

2.1.1. Texto del pliego de peticiones

ARTÍCULO 5: JORNADA DE TRABAJO:

La semana laboral será de 45 horas en jornada continua con turnos de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 1:00 a.m., queda entendido que estas jornadas son de lunes a viernes.

A excepción del día sábado santo que no será laborable.

Queda entendido que la empresa pagará el recargo nocturno del 35%.

PARÁGRAFO 1: Si la normatividad laboral colombiana disminuyera la jornada laboral establecida a la fecha, de igual manera se disminuirá la jornada laboral aquí pactada sin perjuicio al salario.

2.1.2 Decisión del Tribunal   

Artículo 1. Jornada de trabajo:

La Empresa continuará reconociendo los recargos nocturnos en los términos de la ley vigente y aplicable en cada momento.

2.1.3. Argumentos de la recurrente

La empresa afirma que la mayoría de los árbitros decidió incluir la disposición de pagar recargos nocturnos conforme lo establece la ley, aspecto que efectivamente está regulado y se escapa de su competencia.

2.1.4. Consideraciones de la Corte

Debe precisarse, como se recordó en sentencia CSJ SL1950-2021, que el Tribunal de arbitramento, en principio, tiene competencia para pronunciarse sobre reivindicaciones en los campos individual, colectivo y de seguridad social, al margen de si determinados derechos se encuentran en la ley, pues lo fundamental es que lo reclamado contribuya objetivamente a mejorar la situación de los trabajadores (CSJ SL4478-2020).

En efecto, la función por antonomasia de los árbitros es la de hacer efectivas las reivindicaciones y reclamos de los trabajadores, en un clima de justicia social, a través de la creación de un derecho ex novo o la complementación de lo que ya existe (CSJ SL5887-2016); luego, el argumento relativo a que un asunto «está en la ley» y, por tanto, no puede ser materia de decisión por parte del juez arbitral, por sí solo, es inane, debido a que precisamente el ánimo de superar los pisos legales mínimos y avanzar es lo que impulsa la negociación colectiva (CSJ SL1950-2021).

En ese sentido, si el sindicato pretende el fortalecimiento, mejora o complementación de los derechos, garantías o acciones tuitivas reconocidas en la ley, los árbitros deben verificar inicialmente si esa complementación o modificación del piso mínimo de la ley afecta o no los derechos y facultades de las partes en conflicto; y definido ello, determinar si lo pretendido es acorde con las realidades económica, financiera y laboral de la empresa, las condiciones sociales, tecnológicas o culturales que rijan en la época, analizar la pertinencia, utilidad o conveniencia de la petición, entre otros condicionamientos o parámetros que influyen en el conflicto y por ende en su decisión conforme al principio de equidad.

Teniendo en cuenta la finalidad de la actividad de los árbitros, no es viable anular una cláusula bajo el único fundamento de que está contenida en la ley, dado que el límite sustancial del Tribunal de Arbitramento no deriva de que el derecho o la obligación estén regulados en la ley, sino de si su decisión lesiona derechos o facultades reconocidas a las partes (CSJ SL4478-2020).

Por tanto, dado que el artículo primero del laudo tan solo se remite a la ley vigente y aplicable para efectos de efectuar el reconocimiento de los recargos nocturnos, su incorporación en el laudo no configura una extralimitación de la competencia del Tribunal.

Por las razones anteriores, la Sala no anulará la cláusula primera del laudo.

2.2. PROCESO DISCIPLINARIO    

2.2.1. Texto del pliego de peticiones

ARTÍCULO 9: PROCESO DISCIPLINARIO:

Cuando un trabajador que se beneficie de este acuerdo incurra en una conducta que pueda constituirse en una falta disciplinaria, o de lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa, la Empresa le garantizará el debido proceso contemplado en el código sustantivo de trabajo y la sentencia C-593 del año 2014, aplicando el siguiente procedimiento:

a) La Empresa notificará al trabajador por escrito dentro de los 2 días de cometida la presunta falta, con copia al Sindicato que pertenezca, en el que le informará los hechos sobre los que versarán sus descargos y el derecho que tiene de ser oído y la posibilidad de presentar pruebas en su defensa; señalando el lugar, día y hora en que deberá presentarse la misma, anexando las pruebas que obren en su contra. En todo caso la presentación del trabajador a la audiencia de descargos no podrá ser antes de 5 días hábiles de notificada su citación.

b) Quien adelante el proceso disciplinario será el Jefe de Recursos Humanos, que en su ausencia podrá ser reemplazado por quien designe por escrito el Gerente General, oirá en descargos al trabajador en presencia de dos (2) representantes del Sindicato al que pertenezca, a menos que el trabajador renuncie a estar asistido, por escrito, quienes podrán acompañarlo y asesorarlo en la diligencia.

c) Esta diligencia de descargos se efectuará dentro de los días (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presunta falta, teniendo en cuenta la razonabilidad de inmediatez.

d) Si hubiere lugar a sanción alguna, está decisión se tomará conjuntamente dentro de la respectiva audiencia de descargos. En caso de que el trabajador no estuviere de acuerdo con la decisión, podrá presentar recurso de apelación por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación, el que deberá ser decidido conjuntamente por el Gerente General y los representantes del sindicato al cual pertenece el imputado, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, garantizando que la persona que atiende la primera instancia por parte de La Empresa, no sea la misma que resuelve la apelación.

e) Las sanciones que impliquen suspensión en el trabajo no se harán efectivas hasta tanto haya sido resuelto el recurso de apelación.

f) La sanción se aplicará a partir del segundo día de haber sido resuelto el recurso de apelación y serán en días calendario.

g) Ninguna sanción disciplinaria o terminación unilateral del contrato de trabajo por parte de la empresa tendrá validez sin el lleno de estos requisitos contemplados en el presente Artículo.

PARÁGRAFO 1: Las actas de las diligencias de descargos serán firmadas y entregadas al término de la diligencia correspondiente, al trabajador y al Sindicato al que pertenezca.

PARÁGRAFO 2: La inasistencia del trabajador a la diligencia de descargos sin justa causa, dejará en libertad a la empresa de tomar la decisión que en derecho corresponda. En caso de que la Empresa incumpla este procedimiento la sanción impuesta quedara sin efecto.

PARÁGRAFO 3: Antes de hacer efectivo el despido de un trabajador por las faltas contempladas en el artículo 7 del decreto 2351 de 1965 se empleará el procedimiento previsto en el presente artículo.

2.2.2 Decisión del Tribunal

Artículo 5. Proceso disciplinario:

PROCESO DISCIPLINARIO: Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, la Empresa dará la oportunidad al trabajador inculpado de rendir sus descargos directamente; si lo desea, el trabajador podrá estar asistido hasta por dos representantes de la organización sindical a la que esté afiliado. El trabajador podrá rendir sus descargos por escrito mediante comunicación dirigida al empleador en forma física, o vía correo electrónico.

El proceso disciplinario deberá constar de:

1. La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se le imputan las conductas posiblemente sancionables.

En la citación a descargos se deberá notificar al trabajador la apertura del proceso, indicándole los hechos o conductas que lo motivaron y las presuntas faltas, incumplimientos u omisiones a los deberes u obligaciones. La citación a la diligencia de descargos debe efectuarse a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento de la falta por parte del empleador.

2. Traslado al imputado de todas las pruebas que fundamentan los cargos formulados.

Se le pondrán de presente al trabajador las pruebas en las que se basa la Empresa para la imputación, con el fin de que el trabajador pueda ejercer su derecho de defensa. Tanto la citación a descargos como la diligencia de descargos son las oportunidades para aportar los medios probatorios que correspondan.

3. Diligencia de descargos. Se adelantará a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del vencimiento del término establecido en el numeral 1 del presente artículo.

4. El pronunciamiento definitivo del empleador mediante un acto motivado. Realizada la diligencia de descargos, el empleador tomará una decisión basada en el análisis de los hechos, las pruebas y la defensa del trabajador, la cual informará indicando las normas legales, del Reglamento interno o del contrato de trabajo en las cuales ha basado su decisión. La decisión deberá ser notificada al trabajador a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del vencimiento del término establecido en el numeral 3 del presente artículo.

5. Recurso. El trabajador podrá solicitar la revisión de la decisión adoptada ante el superior jerárquico de la persona que hubiese decidido sobre la imposición de la medida disciplinaria, para lo cual tendrá un plazo de tres (3) días hábiles contados desde la notificación de la medida. El recurso será resuelto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su sustentación.

No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación al trámite señalado en el presente artículo, y todas las etapas acá expuestas deberán ceñirse al cumplimiento de los principios de inmediatez, oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad.

PARAGRAFO: De la citación, así como de la decisión que se adopte, deberá remitirse copia a la organización sindical a través del correo electrónico registrado ante la Empresa.

2.2.3. Argumentos de la recurrente

Thomas Greg & Sons de Colombia SA asegura que a través de esta cláusula los árbitros regularon un procedimiento que es de competencia del empleador; por tanto, considera que tal determinación escapaba de la competencia de los árbitros y, por tanto, se extralimitaron, tal como lo advirtió la presidente del Tribunal en su salvamento de voto, al cual se remite la recurrente.

2.2.4. Consideraciones de la Corte

En relación con el puntual reparo de la empresa recurrente, debe recordarse, tal como se indicó en la decisión CSJ SL2008-2021, que la Corte ha destacado la facultad de los árbitros de establecer un procedimiento disciplinario previo a la imposición de sanciones, sin que existan razones que conduzcan a colegir que esta clase de decisiones constituyan una extralimitación en su competencia al tenor del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo; antes bien, ello responde a la protección del debido proceso tendiente a garantizar a la persona trabajadora la estabilidad en el empleo y que, previo a la imposición de una sanción de esta naturaleza, tenga la oportunidad de presentar sus descargos y sea la misma empresa la que adopte la decisión pertinente (CSJ SL12506-2016, SL2034-2016 y SL1971-2019).

Asimismo, la construcción de un régimen disciplinario completo en la empresa, que incluya un procedimiento, una tipología de sanciones y un periodo para su aplicación, no suprime la facultad disciplinaria del empleador; al contrario, la reafirma y busca racionalizarla (CSJ SL4478-2020).

Ahora, aunque la recurrente se remite a las razones expuestas en el salvamento de voto de la presidente del Tribunal de Arbitramento, lo cierto es que, en él, aquella no se apartó de la competencia asumida para establecer un procedimiento disciplinario, sino únicamente manifestó que disentía de la estipulación relativa a que el trabajador podía «rendir los descargos por escrito mediante comunicación dirigida al empleador en forma física o vía correo electrónico».

En todo caso, debe recordarse que la simple mención o remisión a las razones expuestas en el salvamento de voto de uno de los árbitros no permite establecer la debida argumentación que le incumbe a la parte recurrente. Así lo consideró la Corte en la decisión CSJ SL2841-2022:

Por otra parte, no se cumple con el deber de sustentación del recurso, con la simple cita de los argumentos de un salvamento de voto del laudo, al margen de si corresponde o no al árbitro que fue designado por la parte que interpone el recurso. Los argumentos expuestos por un árbitro que se aparta de la decisión mayoritaria del tribunal tienen como fin justificar su disidencia de cara a la decisión mayoritaria, y el impugnante no cumple con el deber de motivación del recurso que tiene a su cargo con simplemente decir que se allana a ellos y hacer su trascripción.

Por las razones anteriores, la Sala no anulará esta cláusula.

2.3. VARIOS –SUMINISTRO DE LISTA DE SALARIOS–

2.3.1. Texto del pliego de peticiones

Artículo 17: Varios […]

c) La Empresa suministrará previa solicitud de la organización sindical el listado de los trabajadores con el salario que devenguen a su fecha de solicitud.

2.3.2 Decisión del Tribunal

Artículo 12: Varios […]

c) La Empresa se compromete a suministrar cada mes, al tesorero del Sindicato, la lista actualizada de los sueldos de sus trabajadores que se beneficien del presente laudo arbitral.

2.3.3. Argumentos de la recurrente

La empresa indica que el aspecto regulado por el literal c) del artículo 12 del laudo ha sido debatido no solo por las partes sino en general por el «sector laboral», por cuanto el suministro de información como la allí contemplada implica una abierta violación de los datos sensibles de los trabajadores. Así, explica que una disposición impuesta por un tercero diferente a quien es el titular de los datos podría «generar graves consecuencias de violación al derecho a la información personal y tratamiento de datos sensibles».

2.3.4. Consideraciones de la Corte

En cuanto a la obligación de la empresa de suministrar información al sindicato, la jurisprudencia de la Corte ha tenido una evolución progresiva al definir los parámetros de competencia de los tribunales arbitrales en este aspecto, al punto que hoy se reconoce como una garantía fundamental sobre la cual, bajo ciertas circunstancias, deben pronunciarse a fin de promover, reconocer y garantizar el cabal ejercicio de las libertades sindicales, bajo la premisa de que el flujo de datos que son de interés para el sindicato, sin que se menoscabe la reserva empresarial, permite la participación efectiva de las organizaciones de personas trabajadoras y la eficaz ejecución de las actividades sindicales que contribuyan al progreso social y empresarial (CSJ SL2008-2021).

En esta última decisión también se explicó que la relación empresa-sindicato no puede estar al margen de la información que este último requiere para desplegar adecuadamente su acción sindical. Una organización sindical desinformada no contribuye al objetivo primario de lograr relaciones laborales armónicas a través de la negociación colectiva; por el contrario, podría generar conflictos en la interlocución laboral que bien podrían evitarse si el sindicato está bien informado. Así, garantizar el acceso a una determinada y necesaria información puede impedir que se estructure la concertación con bases especulativas o ficticias.

Precisamente, la Recomendación 163 de 1981 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– sobre el fomento de la negociación colectiva establece que uno de los medios para procurar este derecho fundamental es adoptar «medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que las partes dispongan de las informaciones necesarias para poder negociar con conocimiento de causa». Así se expuso en la decisión CSJ SL2008-2021, en la que se concluyó:

Así, se tiene que: (i) por regla general, los árbitros pueden pronunciarse sobre las informaciones relativas a la situación económica y social de la empresa, siempre que sean necesarias para negociar con conocimiento de causa; (ii) sin embargo, deben analizar y ponderar si la divulgación de una información determinada tiene reserva y puede perjudicar objetivamente a la empresa al punto de afectar el núcleo esencial de su libertad empresarial, como cuando se pretende acceder a los libros de comercio o contabilidad, caso en el cual podría limitarse su acceso o, bien, eventualmente condicionarlo a que la organización sindical se comprometa a mantenerla con carácter confidencial y prevenir que de incumplirse esta reserva puede acarrear responsabilidades jurídicas.

Ahora, estos límites no pueden sobrepasar las esferas constitucionales y esenciales de derechos fundamentales como el habeas data. Téngase presente que según el artículo 15 de la Constitución Nacional, «Todas las personas (...) tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas» (artículo 15 de la Constitución Nacional), con las precisas excepciones legales pues en la recolección, tratamiento y circulación de datos se deben respetar las libertades y demás garantías previstas en la Constitución, tal y como lo prevé dicha disposición superior.

En la cláusula que se examina, la Sala advierte que su finalidad es la de garantizar el diálogo social y el intercambio de ciertos datos que propenden porque el sindicato desarrolle su labor y cumpla su misión con sustento en la realidad de la empresa, lo que le permitirá en últimas promover y formular peticiones de una manera más razonada, con el fin de mejorar las condiciones laborales. Pero no se evidencia una intromisión indebida en la libertad y autonomía empresarial. […]

En cuanto a la orden que la entidad entregue «mensualmente, copia del listado de descuentos sindicales efectuados, detallando nombre del trabajador, cédula de ciudadanía, salario básico y descuentos efectuados», tampoco se advierte lesiva para la empresa y por el contrario es una información de interés para el sindicato, con el fin de verificar si efectivamente se están realizando los respectivos descuentos a los trabajadores sindicalizados.

Esta decisión fue reiterada en la sentencia CSJ SL2655-2024, en la que se determinó que los árbitros tenían competencia para pronunciarse respecto de una petición de suministro de información al sindicato relativa al listado de personal operativo vinculado a la empresa, en el que se incluyeran aspectos laborales como fecha de contratación y salario devengado por cada trabajador.

La facultad de disponer el suministro de información de carácter laboral también fue explicada en la decisión CSJ SL 3062-2024, reiterada en la providencia CSJ SL2296-2025, precisamente para concluir que el Tribunal de Arbitramento sí es competente para resolver la petición de suministro de datos concernientes a las condiciones de contratación, retribución, salario y funciones, entre otros. Así, en la primera de las decisiones mencionadas, se explicó lo siguiente:

Es esencial memorar que la información que se suministre sea suficiente para que los representantes sindicales puedan cumplir con la finalidad que justifica su entrega, bien sea desde su orden económico o laboral. […]

La especialidad de la información también puede ser de índole social y laboral, enfocada al suministro de datos concernientes a las condiciones generales de la planta de personal, las formas de contratación y de retribución, los salarios, la descripción de tareas o funciones, entre otros tantos; contribuye necesariamente a un clima de dialogo más objetivo y con pleno conocimiento de causa sobre la capacidad económica del empleador respecto de las reivindicaciones  laborales,  evitando  así  que  se  hagan peticiones exorbitantes, irrazonables o totalmente desajustadas de la realidad económica y financiera de la empresa.

Todo ello, con miras a que cumpla con la finalidad de lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, en tanto ese es el objeto de la regulación laboral en Colombia.

Siendo ello así, la información que los árbitros ordenaron suministrar en la cláusula acusada relativa a la «lista actualizada de los sueldos de sus trabajadores que se beneficien del presente laudo arbitral» hace parte de los aspectos de índole laboral de interés para la organización sindical a efectos de cumplir en debida forma su finalidad, y obtener el conocimiento necesario sobre el desarrollo de las relaciones laborales que propicie un diálogo y negociación más objetivos, sin que ello implique un menoscabo a la libertad o autonomía empresarial o una extralimitación de competencias por parte de los árbitros.  

Por lo expuesto, la Sala no anulará esta cláusula.

(3) CLÁUSULAS DEL LAUDO CONCEDIDAS ACUSADAS POR DESCONOCER LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y EQUIDAD

3.1. SEDE SINDICAL  

3.1.1. Texto del pliego de peticiones

ARTÍCULO 8: SEDE SINDICAL:

La Empresa auxiliará a la organización sindical con un monto de dos salarios mínimos legales vigentes mensuales como ayudas para sufragar gastos de arrendamiento y servicios de una oficina.

3.1.2 Decisión del Tribunal

Artículo 3. Sede Sindical:

La Empresa auxiliará mensualmente a la organización sindical con un monto equivalente a un millón trescientos mil pesos ($1.300.000), como ayuda para sufragar gastos de arrendamiento y servicios de una oficina.

Este valor se aumentará anualmente, desde el mes de enero de cada año calendario, en el porcentaje del IPC nacional certificado por el DANE del año inmediatamente anterior.

3.1.3. Argumentos de la recurrente

La empresa asegura que esta cláusula deja al arbitrio del sindicato el manejo del auxilio sin entregar los soportes de la destinación de las sumas de dinero que se le otorgan.

 

3.2. PERMISOS REMUNERADOS  

3.2.1. Texto del pliego de peticiones

ARTÍCULO 13: PERMISOS REMUNERADOS:

La Empresa THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. continuará concediendo los siguientes permisos remunerados: […]

b) De cinco (5) días hábiles adicionales a los de ley en caso de nacimiento de cada hijo de sus trabajadores.

Se entiende que para las trabajadoras estos cinco (5) días hábiles serán fuera de la incapacidad por maternidad de la E.P.S. correspondiente.

h) La Empresa se compromete a dar cumplimiento al artículo 238 del C.S.T. en lo referente a descansos remunerados durante la lactancia, así mismo dará permisos a los trabajadores que tengan que llevar a sus hijos menores de 18 años al médico, también este permiso se hará extensivo cuando el trabajador tenga que llevar a sus hijos mayores de 18 años, esposo o esposa y padres que estén debidamente registrados en el departamento del personal.

3.2.2 Decisión del Tribunal

Artículo 8. Permisos remunerados:

La Empresa THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. continuará concediendo los siguientes permisos remunerados: […]

b) De cinco (5) días hábiles adicionales a los de ley en caso de nacimiento de cada hijo de sus trabajadores. Se entiende que para las trabajadoras estos cinco (5) días hábiles serán fuera de la incapacidad o licencia por maternidad de la E.P.S. correspondiente.

[…]

h) La Empresa se compromete a dar cumplimiento del artículo 238 del C.S.T. en lo referente a descansos remunerados durante la lactancia, así mismo dará los permisos justificados a los trabajadores que tengan que llevar a sus hijos menores de 18 años al médico. Este permiso se hará extensivo cuando el trabajador tenga que llevar a sus hijos mayores de 18 años y a su esposa o esposo que estén debidamente registrados en el departamento de personal, que no puedan movilizarse al médico por sus propios medios físicos según certificación médica.

3.2.3. Argumentos de la recurrente

La empresa advierte que los árbitros otorgaron cinco días de permiso por el nacimiento de hijos sin argumentos o justificación alguna, pese a que la convención colectiva de trabajo pactada con el sindicato mayoritario (Sintrathomas) tan solo establece cuatro días de permiso por este motivo.

También refiere que se elevó de 15 años a 18 años la edad del familiar al que se puede acompañar a atención médica, sin justificación objetiva, ni criterios de igualdad y equidad.

3.3. AUXILIO DE ESCOLARIDAD  

3.3.1. Texto del pliego de peticiones

Artículo 29: auxilio de escolaridad:

La empresa continuará reconociendo a sus trabajadores los siguientes auxilios económicos para sufragar matrículas y otros gastos que demande el ingreso al año escolar de sus hijos:

a) Para los hijos de los trabajadores en etapa de preescolar: trescientos catorce mil novecientos veintisiete pesos m/cte. ($314.927).

b) Para los hijos de los trabajadores en etapa de primaria: trescientos setenta y dos mil ciento ochenta y ocho pesos m/cte. ($372.188).

c) Para los hijos de los trabajadores en etapa de bachillerato: cuatrocientos quince mil ciento treinta y dos pesos m/cte. ($415.132).

d) Para los hijos de los trabajadores en etapa de carreras técnicas: setecientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos m/cte. ($744.375) semestrales.

e) Para los hijos de los trabajadores en etapa de carreras profesionales: ochocientos setenta y tres mil doscientos diez pesos m/cte. ($873.210) semestrales.

Los valores de estos montos se incrementarán anualmente en el IPC certificado por el gobierno acumulado al año inmediatamente anterior, más 2 puntos porcentuales.

Se entiende que para las carreras técnicas y profesionales estos valores se pagarán en la primera quincena de abril y en la primera quincena de septiembre respectivamente. Para los casos restantes, se pagará la totalidad a más tardar en la primera quincena de febrero.

Para beneficiarse de este auxilio el trabajador se compromete a allegar a la empresa la respectiva certificación de matrícula y/o estudio de sus hijos.

PARÁGRAFO 1: AUXILIO PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES. La empresa auxiliará mensualmente y durante el año lectivo, por un valor de sesenta y siete mil ciento cincuenta y cuatro pesos m/cte. ($67.154) a cada uno de los hijos de los trabajadores que se encuentren estudiando.

Estas sumas las entregará la empresa al trabajador los días (15) de cada mes, a partir del (15) de enero hasta el quince (15) de octubre de cada año.

Este valor se incrementará anualmente en el IPC certificado por el gobierno acumulado al año inmediatamente anterior, más 2 puntos porcentuales.

PARÁGRAFO 2: AUXILIO PARA TRABAJADORES. La suma de un millón setenta y un mil sesenta y cuatro pesos m/cte. ($1.071.064). Queda entendido que estas cantidades son pagaderas mensualmente y por cada año lectivo para ayudar al estudio que puedan realizar los trabajadores, sujeto a la reglamentación que haga el sindicato. Este auxilio lo pagará la empresa al sindicato el quince (15) de enero y el quince (15) de junio de cada año.

Este valor se incrementará anualmente en el IPC certificado por el gobierno acumulado al año inmediatamente anterior, más 2 puntos porcentuales.

PARÁGRAFO 3: La empresa distribuirá los cupos que el SENA le asigne entre los hijos de los trabajadores previamente inscritos y dará a sus trabajadores facilidades para adelantar estudios técnicos y tecnológicos en el SENA o en otras instituciones educativas.

PARÁGRAFO 4: AUXILIO DE EDUCACION ESPECIAL. La empresa continuará pagando a trabajador que tenga un hijos o hijas (sic) en situación de discapacidad la suma de trescientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte. ($354.000) dos veces al año. Sin perjuicio de la aplicación de los otros beneficios contenidos en este Artículo.

Este valor se incrementará anualmente en el IPC certificado por el gobierno acumulado al año inmediatamente anterior, más 2 puntos porcentuales.

3.3.2 Decisión del Tribunal  

Articulo 21: Auxilio de escolaridad:

a) La Empresa continuará reconociendo a sus trabajadores los siguientes auxilios económicos para sufragar matrículas y otros gastos que demande el ingreso al año escolar de sus hijos.

-a) Para los hijos de los trabajadores en etapa de preescolar: trescientos catorce mil novecientos veintisiete pesos ($314.927) anuales, por hijo.

-b) Para los hijos de los trabajadores en etapa de primaria: trescientos setenta y dos mil ciento ochenta y ocho pesos ($372.188) anuales, por hijo.

-c) Para los hijos de los trabajadores en etapa de bachillerato: cuatrocientos quince mil ciento treinta y dos pesos ($415.132) anuales, por hijo.

-d) Para los hijos de los trabajadores en etapa de carreras técnicas: setecientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos ($744.375) anuales por hijo.

-e) Para los hijos de los trabajadores en etapa de carreras profesionales: ochocientos setenta y tres mil doscientos diez pesos ($873.210) anuales, por hijo.

Estos montos serán ajustados, para el primer año de vigencia del laudo arbitral, con base en el índice de precios al consumidor (IPC) nacional acumulado del año calendario inmediatamente anterior certificado por el DANE. Para el segundo año de vigencia del laudo arbitral, los montos serán ajustados con base en el porcentaje del IPC nacional certificado por el DANE del año inmediatamente anterior más un punto adicional.

Se entiende que para las carreras técnicas y profesionales estos valores se pagarán 50 % en la primera quincena de marzo, y 50 % restante en la primera quincena de agosto.

Para los casos restantes, se pagará en un solo contado a más tardar en la primera quincena de febrero. La Empresa establecerá la reglamentación a efectos de determinar la documentación necesaria para verificar la vinculación a la entidad educativa, así como los plazos de acreditación de requisitos para que el trabajador pueda acceder al beneficio.

Para beneficiarse de este auxilio el trabajador se compromete a allegar a la Empresa la respectiva certificación de matrícula y/o estudio de sus hijos.

b) Veinticinco (25) auxilios mensualmente durante el año lectivo, por un valor de sesenta y siete mil ciento cincuenta y cuatro pesos ($67.154) cada uno para el año 2024, este monto se incrementará a partir de enero de cada año, en el porcentaje del IPC nacional certificado por el DANE del año inmediatamente anterior, más un punto adicional.

Estos auxilios se destinarán para los hijos de los trabajadores que se beneficien del presente laudo arbitral, que hubieran cumplido los requisitos para ser beneficiarios de alguno de los auxilios del literal a. del presente artículo, y que por sorteo que efectúe el sindicato se hagan acreedores a los mismos. Estas sumas las entregará la Empresa al trabajador los días (15) de cada mes, a partir del (15) de enero hasta el quince (15) de octubre de cada año.

c) La suma de un millón setenta y un mil sesenta y cuatro pesos ($ 1.071.064) para el año 2024, este monto se incrementará a partir de enero de cada año, en el porcentaje del IPC nacional certificado por el DANE del año inmediatamente anterior.

Queda entendido que estas cantidades son pagaderas mensualmente y por cada año lectivo para ayudar al estudio que en horas distintas a las laborables puedan realizar los trabajadores, sujeto a la reglamentación que haga el Sindicato. Este auxilio lo pagará la Empresa al sindicato el quince (15) de enero y el quince (15) de junio de cada año.

PARÁGRAFO 1: El Sindicato se compromete a velar porque el alumno haya aprobado satisfactoriamente el curso.

PARÁGRAFO 2: El auxilio se pagará proporcionalmente de acuerdo con las materias que tome el alumno.

PARÁGRAFO 3: La Empresa distribuirá los cupos que el SENA le asigne entre los hijos de los trabajadores previamente inscritos y dará a sus trabajadores facilidades para adelantar estudios técnicos y tecnológicos en el SENA o en otras instituciones educativas, en horas distintas a las laborales.

PARÁGRAFO 4: AUXILIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL. A partir de la vigencia del presente laudo, la Empresa reconocerá y pagará al trabajador que tenga un hijo (a) con y/o en situación de discapacidad, entendida como aquella definida en la Ley 361 de 1997 y la Ley estatutaria 1618 de 2013, y que así conste en el respectivo certificado médico, tendrá derecho a un auxilio de educación especial por el valor de trescientos cincuenta y cuatro mil pesos ($354.000), dos veces al año, siempre que aquel o aquella esté inscrito en una entidad debidamente certificada y avalada por la autoridad competente, y sea menor de 25 años. Este monto será ajustado, para el primer año de vigencia del laudo arbitral, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional acumulado del año calendario inmediatamente anterior certificado por el DANE. Para el segundo año de vigencia del laudo arbitral, el monto será ajustado con base en el porcentaje del IPC nacional certificado por el DANE del año inmediatamente anterior más un punto adicional. Sin perjuicio de la aplicación de los beneficios contenidos en el literal a) del presente artículo.

3.3.3. Argumentos de la recurrente

Para la empresa, el Tribunal no estableció ninguna «regla sacramental» para su otorgamiento, es decir, no se contempló la necesidad de comprobar que se esté estudiando o la inversión efectuada, como sí lo previó la convención colectiva de trabajo suscrita con el sindicato mayoritario (Sintrathomas).

3.4. AUXILIOS VARIOS –AUXILIO DE DEPORTES–   

3.4.1. Texto del pliego de peticiones

ARTÍCULO 30: AUXILIOS VARIOS

La empresa continuará pagando y reconociendo los auxilios que a continuación se enumera:

d) AUXILIO DE DEPORTES: La empresa reconocerá y pagará al sindicato un auxilio para actividades y/o elementos deportivos por valor de veinte millones doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos quince pesos m/cte. ($20.255.415) anuales, los cuales se pagarán a más tardar en el mes de febrero de cada año.

3.4.2 Decisión del Tribunal  

Artículo 22. Auxilios varios:

La Empresa seguirá pagando y reconociendo los auxilios que a continuación se enumeran: […]

d) AUXILIO DE DEPORTES: La Empresa reconocerá y pagará al sindicato un auxilio para actividades y/o elementos deportivos por valor de cuatro millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos once pesos ($4.418.411), previa presentación del presupuesto y plan de destinación específica para las actividades por parte de la organización sindical. El presupuesto y plan de destinación deberán presentarse ante la Empresa a más tardar el 10 de enero de cada año, especificando las cotizaciones, actividades y medios que planea utilizar la organización sindical para la destinación de los recursos.

Luego de la comprobación del presupuesto y plan de destinación por parte de la Empresa, ésta deberá pagar a la organización sindical el monto requerido a más tardar el 30 de enero del respectivo año en el que el Sindicato presentó el presupuesto.

A más tardar el 31 de diciembre del año en el que el Sindicato realizó las activades deportivas con los recursos entregados por la Empresa, la organización sindical le presentará la relación de gastos a la Empresa.

Este monto será ajustado, para el primer año de vigencia del laudo arbitral, desde el mes de enero de cada año calendario, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional acumulado del año calendario inmediatamente anterior certificado por el DANE. Para el segundo año de vigencia del laudo arbitral, el monto será ajustado con base en el porcentaje del IPC nacional certificado por el DANE del año inmediatamente anterior, más un punto adicional.

3.4.3. Argumentos de la recurrente

Indica que esta cláusula desdibuja la propia filosofía o concepción del auxilio al incluir la expresión «artículos deportivos».

3.5. BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO   

3.5.1. Texto del pliego de peticiones

ARTÍCULO 32: BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO

A quienes, por razones de tipo personal, deban retirarse de la empresa y hayan cumplido cinco (5) años de servicio o más a ésta, la empresa les dará una bonificación de un millón de pesos m/cte. ($1.000.000) por una sola vez y adicional a sus prestaciones. Este valor se incrementará anualmente en el IPC certificado por el gobierno acumulado al año inmediatamente anterior, más 2 puntos porcentuales.

3.5.2 Decisión del Tribunal   

Artículo 24. Bonificación por retiro voluntario:

A quienes, por razones de tipo personal deban retirarse de la Empresa, y hayan cumplido diez (10) años de servicio continuos e ininterrumpidos a ésta, la Empresa les dará una bonificación de trescientos quince mil novecientos quince pesos ($315.915), por una sola vez, adicional a lo que legalmente les corresponda de su liquidación final de acreencias laborales.

Este monto se incrementará anualmente en el en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional acumulado del año calendario inmediatamente anterior certificado por el DANE.

3.5.3. Argumentos de la recurrente

Thomas Greg & Sons de Colombia S. A. cuestiona que el Tribunal hubiese establecido un valor casi tres veces mayor al existente en la convención colectiva vigente con el sindicato mayoritario (Sintrathomas).

Adicionalmente, para fundamentar su cuestionamiento por violación de los principios de igualdad y equidad respecto de las cláusulas anteriores, plantea los siguientes argumentos comunes:

Explica que la jurisprudencia laboral ha hecho énfasis en la obligación del Estado y de los empleadores respecto a la protección del trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas. Por tanto, aduce que la legislación autoriza la suscripción de reglas que incidan en el desarrollo del vínculo entre los trabajadores no sindicalizados y la empresa –pactos colectivos–, y entre los servidores sindicalizados y su empleador –convención colectiva–, sin que tal circunstancia pueda configurar una herramienta de discriminación entre trabajadores.

Agrega que la protección especial al derecho de asociación no puede convertirse en un amparo ilimitado a favor de los trabajadores vinculados a una organización sindical, «en contraposición» con quienes voluntariamente deciden no agremiarse. Lo anterior, afirma, por cuanto es deber del empleador resguardar las garantías de los trabajadores con independencia de que ejerzan el derecho de asociación de manera positiva o negativa.   

Así, advierte que un mismo servidor «puede decidir libremente que dentro de un tiempo definido le sea aplicado el pacto colectivo y en otro periodo la convención colectiva»; de ahí la importancia de que los referidos convenios guarden correspondencia y equidad no solo en la cantidad de beneficios que contemplan, sino adicionalmente en los valores en que son reconocidos. Apoya esta consideración en lo expuesto en la decisión CC SU-342-1995.

Insiste en la obligación de mantener la equidad entre los «documentos colectivos» a través de los cuales se rigen las relaciones laborales de «empleados sindicalizados y que pertenecen a otro sindicato» y advierte que ello fue omitido por los árbitros al conceder varios beneficios más allá de lo que la mayoría de los trabajadores de la empresa ya tiene.

También indica que es evidente la desproporción en los beneficios otorgados en las cláusulas recurridas, lo cual vulnera principios constitucionales y legales, en especial, el de igualdad, al establecer una mayor prerrogativa a favor de los trabajadores sindicalizados. Y reitera que, para garantizar este principio, el laudo arbitral y la convención colectiva deben regular objetivamente las relaciones de trabajo de la empresa de forma que las condiciones de trabajo sean iguales, y así se evite que, respecto de unas mismas situaciones de hecho objetivas en materia de relaciones laborales, se otorgue un trato diferencial sin fundamento objetivo ni razonable.

Refiere que, en todo caso, el laudo tendría cobertura para los trabajadores afiliados a la organización sindical y que Sintrapulcar agrupa 41 de los 233 trabajadores de la empresa. Por tanto, cuestiona si amerita tener una amplia distinción de beneficios cuando el trato discriminatorio afectaría alrededor de 192 trabajadores que decidieron no vincularse al sindicato y en algunos casos no acogerse a ninguno de los textos extralegales, esto es, convención colectiva de trabajo o el eventual laudo.  

En esa dirección, enfatiza en que las peticiones presentadas por un ínfimo grupo de trabajadores no pueden ser concedidas por cuanto superan sustancialmente los beneficios reconocidos en la convención colectiva de trabajo, y ello conllevaría un trato discriminatorio que atenta contra los principios constitucionales fundantes del Estado Social de Derecho.

Por último, destaca que la convención colectiva de trabajo pactada con Sintrathomas tiene una trayectoria importante y los beneficios que otorga son generosos y favorables para los trabajadores, además que se ajustan a la realidad económica de la empresa.

3.6. Consideraciones de la Corte

De manera general, la empresa recurrente fundamenta la solicitud de anulación de las cláusulas antes descritas: 3 –sede sindical–, 8 literales b) y h) –permisos remunerados–, 21 –auxilio de escolaridad–, 22 literal d) –auxilios varios, auxilio de deportes–, 24 –bonificación por retiro voluntario–, en que los beneficios allí concedidos transgreden los principios de igualdad y equidad. Sin embargo, se advierte que el verdadero soporte argumentativo de tal petición se hace consistir únicamente en la transgresión al primero de los principios mencionados y el trato discriminatorio respecto de los trabajadores que voluntariamente decidieron no sindicalizarse o aquellos vinculados a otra organización sindical. Por tanto, ese es el alcance que se le dará al recurso.  

En relación con el desconocimiento del derecho a la igualdad, la empresa aduce que se otorgaron beneficios adicionales y superiores a los que la mayoría de los trabajadores ya tienen, y que las peticiones de un grupo ínfimo de trabajadores no pueden otorgarse porque superan sustancialmente los beneficios ya reconocidos en la convención colectiva de trabajo pactada con el sindicato mayoritario (Sintrathomas).

Pues bien, la Sala advierte que entre los documentos analizados por el Tribunal se hizo alusión a la convención colectiva existente entre la empresa y Sintrathomas; de hecho, adujo que su propósito era mantener las relaciones laborales en equidad y conforme al principio de igualdad entre los trabajadores sindicalizados de Sintrapulcar y Sintrathomas.

Ahora, al revisar el mencionado instrumento extralegal de fecha 23 de diciembre de 2023, se establece que la empresa y Sintrathomas acordaron beneficios relativos a la contratación de personal, proceso de producción, jornada de trabajo, porcentajes, sede vacacional, nivelación de salarios, comité obrero patronal, reemplazos, ascensos, permisos sindicales; permisos remunerados –entre ellos un permiso cuando el trabajador tenga que llevar a sus hijos menores de 15 años al médico y cuatro días de permiso por nacimiento de hijos–; alimentación, fondo de transporte, dotaciones, varios, auxilio sindical, salarios, primas extralegales, prima de antigüedad, prima de matrimonio, prima de vacaciones, sede sindical, fondo de servicio médico asistencial, servicios asistenciales, fondo rotatorio de vivienda, fondo de escolaridad, auxilios varios –entre ellos un auxilio para el Comité de Deportes–, pensión, bonificación por retiro voluntario en cuantía de $241.960 por una sola vez, festivos, indemnización por despido sin justa causa, vigencia de los puntos de la convención, vigencia de la convención, bonificación por firma de la convención, liquidación de vacaciones, protección a la maternidad y teletrabajo (f.os 289 a 320 cuaderno recurso anulación 2).

Siendo ello así, es cierto que a través de los artículos que discute la recurrente, los árbitros concedieron algunos beneficios superiores a los contemplados en la convención colectiva de trabajo existente en la empresa, como cinco días de permiso por nacimiento de hijos, permiso para llevar a los hijos menores de 18 años al médico, o la cuantía de la bonificación por retiro; sin embargo, ello no conlleva un trato discriminatorio como se alega en el recurso.

En efecto, tal como se explicó en la sentencia CSJ SL2979-2023, la Corte ha señalado que los instrumentos extralegales vigentes en una entidad pueden servir de referente o parámetro, bien sea para acoger su contenido total o parcialmente, adoptarlo con modificaciones o incluso prescindir totalmente de ellos (CSJ SL3491-2019 y SL4478-2020), sin que esto implique un tratamiento discriminatorio en relación con los demás trabajadores sindicalizados o beneficiarios de un pacto colectivo de trabajo.

De modo que, aunque pueden ilustrar a los árbitros, dichos instrumentos no los obliga a resolver en idéntico sentido y, por tanto, no pueden admitirse los argumentos de la recurrente dirigidos a anquilosar los beneficios extralegales existentes, pues esas reflexiones son contrarias a elementales objetivos de la negociación colectiva de trabajo, como mejorar los mínimos legales y extralegales existentes y fomentar la sindicalización.

En esta misma perspectiva, la Sala en la sentencia SL13026-2017 señaló que «negar la posibilidad de las organizaciones sindicales de obtener mejoras y conquistas mediante la negociación colectiva so pretexto de que en el ámbito empresarial existen otros instrumentos colectivos que funcionan como máximos o techos, implica privar de sustancia este derecho, así como cualquier posibilidad de avanzar progresivamente en la consecución de mejores condiciones laborales y sociales».  

Por lo demás, es oportuno destacar que el Estado colombiano y sus autoridades tienen el deber de promover y fomentar los derechos de sindicalización y negociación colectiva que resultan del ejercicio del principio fundamental de libertad sindical. Dicha obligación está contemplada en diversos instrumentos internaciones de derechos humanos que, además, tienen jerarquía constitucional por virtud del artículo 93 de la Constitución Política.

Así, el artículo 11 del Convenio 87 de la OIT refiere que todo miembro «se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación»; el Convenio 98 impone el deber estatal de «estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria». Y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, recordó que todos los miembros, aún sin ratificar los convenios aludidos, se comprometen «a respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales», entre ellos, la «libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva».

Se colige entonces que la libertad sindical y los derechos que resultan de su ejercicio, como los de asociación sindical y negociación colectiva, son derechos humanos y fundamentales de promoción y aplicación universal por parte de todos los miembros de la OIT, constituyen la piedra angular del derecho laboral colectivo y han sido pieza fundamental en el desarrollo normativo del derecho sustantivo individual (CSJ SL4348-2022).

Es precisamente en virtud de lo anterior, que los árbitros tienen la posibilidad de emitir laudos que contemplen prerrogativas adicionales o mejores a las establecidas en los demás instrumentos extralegales existentes en la empresa.

Así que en manera alguna puede considerarse que el establecimiento por parte de los árbitros de beneficios nuevos genere un trato discriminatorio respecto de los demás trabajadores como lo alega la recurrente; simplemente es el resultado del ejercicio de las garantías de libertad sindical.

Por tanto, no le asiste razón a la empresa recurrente en su reparo relativo a la transgresión del principio de igualdad.

Ahora, en relación con algunos reparos puntuales efectuados por la empresa, la Sala se pronuncia de la siguiente manera:

-No es acertado el cuestionamiento respecto a la falta de justificación para conceder los permisos remunerados contemplados en los literales b) y h) del artículo 8, por cuanto en sus consideraciones iniciales y generales el Tribunal explicó los criterios y fundamentos de su decisión.

En efecto, los árbitros precisaron los parámetros a tener en cuenta para resolver en equidad, entre ellos, la representatividad del sindicato, los potenciales beneficiarios, la situación financiera de la empresa y la proporcionalidad de las cargas impuestas al empleador; y agregaron que también partiría del número de trabajadores directos de la empresa, los afiliados a Sintrapulcar y a Sintrathomas.

También mencionaron que su decisión obedecía a un análisis equitativo del pliego de peticiones respecto de la convención colectiva de trabajo con Sintrathomas, y a la valoración, entre otros, de los estados financieros de la empresa e invocó los principios de igualdad y equidad por tratarse de un conflicto económico entre las partes.

Por tanto, contrario a lo afirmado por la recurrente, el Tribunal sí sustentó su decisión y expuso una justificación en la que aludió a criterios de igualdad, equidad y proporcionalidad.

-Del texto mismo del artículo 21 del laudo arbitral que prevé el auxilio de escolaridad, se advierte que los árbitros previeron que la empresa establecería la reglamentación y documentación necesaria para verificar la vinculación a la entidad educativa, así como los plazos para acreditar los requisitos para acceder a este beneficio.

Además, se le impuso al trabajador la obligación de allegar la respectiva certificación de matrícula y estudios de sus hijos, y al sindicato, el deber de velar porque el alumno apruebe satisfactoriamente el curso. De ahí que, contrario a lo alegado en el recurso, en esta cláusula sí se previeron parámetros o reglas para comprobar la destinación o inversión del auxilio para estudios. Razón por la cual, el planteamiento de la recurrente es desacertado.

-En relación con el reparo respecto de la expresión «artículos deportivos» contenida en el literal d) del artículo 22 del laudo, debe recordarse, como se indicó en las consideraciones preliminares, que el recurso de anulación exige una carga argumentativa mínima que le permita a la Sala identificar el cuestionamiento a lo decidido en el laudo arbitral y los argumentos en los que se sustenta la inconformidad, para que de este modo pueda delimitarse la problemática a resolver, esto es, si el Tribunal extralimitó su competencia, afectó alguna facultad o derecho de las partes o erró al no decidir un punto del pliego, debiendo hacerlo al tener facultad para ello.

Sin embargo, esa carga mínima no la cumple la recurrente en relación con el auxilio de deportes, pues no explica las razones o fundamentos para afirmar que la expresión «artículos deportivos» –que en realidad es «elementos deportivos» según el texto de la cláusula acusada– es contraria a la finalidad o a la concepción del auxilio de deportes que se otorga en el laudo. Nada expone en relación con el motivo por el cual estima que los elementos deportivos no deberían incluirse como parte del subsidio o auxilio de deportes, lo que le impide a la Sala definir si el Tribunal se extralimitó.

-Por último, es cierto que en la cláusula 3 –sede sindical–no se estableció ningún requerimiento al sindicato para que acreditara o soportara la destinación de los recursos que se le ordenan entregar; sin embargo, la Sala advierte que ello obedeció a que el Tribunal concedió el auxilio pedido para gastos de arrendamiento y servicios de la oficina sindical en los términos solicitados en el pliego –con una disminución de la cuantía pedida–, en el que no se incluyó ningún tipo de reglamentación sobre el manejo de los referidos dineros.

Adicionalmente, debe destacarse que la circunstancia alegada por la empresa recurrente no conlleva una transgresión al derecho a la igualdad, pues obedece al ejercicio del derecho a la negociación colectiva. Así, la falta de un requerimiento para justificar la destinación o manejo de los recursos dispuestos en la cláusula 3 del laudo, no conlleva su anulación como se pretende, dado que ello no implica una extralimitación de los árbitros, sino una decisión conforme lo pedido.

(4) CLÁUSULA CONCEDIDA QUE DEFINIÓ LA VIGENCIA DEL LAUDO

4.1.1. Texto del pliego de peticiones

Artículo 36: vigencia

El presente acuerdo será transcrito como Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre empresa y sindicato y tendrá vigencia por 1 año, contado a partir del 1 de enero del año 2023 al 31 de diciembre del año 2023.

4.1.2 Decisión del Tribunal  

Artículo 25: vigencia.

El Tribunal de Arbitramento, por disposición del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, decide que el presente laudo arbitral tendrá vigencia por dos (2) años, contados a partir de su expedición, es decir, del 24 de junio de 2024.

La empresa solicitó la aclaración y/o adición de esta cláusula, en el sentido de que se establezca que la vigencia del presente laudo empezará a regir desde la ejecutoria, pues de lo contrario no tendrá utilidad formular el recurso de anulación si se ordena que el laudo se aplique de manera inmediata.

En virtud de esta solicitud, esta cláusula fue adicionada por el Tribunal de arbitramento de la siguiente manera:

COMPLEMENTACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024.

Respecto de la solicitud de aclaración y/o adición al laudo arbitral presentada por la Compañía el pasado 3 de julio de 2024, el Tribunal de Arbitramento obligatorio se pronuncia en el siguiente sentido:

[…]

TERCERO: Respecto del artículo 6 sobre la vigencia, es claro que aun cuando la redacción indique que “El Tribunal de Arbitramento, por disposición del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, decide que el presente Laudo tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su expedición, es decir del 24 de junio de 2024”, el mismo sólo podrá hacerse exigible y aplicable desde su ejecutoria, con base a las reglas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y el Código General del Proceso.

Reiteradamente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la vigencia de los laudos arbitrales se da desde su expedición, y no desde su ejecutoria, y en tal sentido la citada Sala en la sentencia SL3976-2022 indicó:

“… Que el término de vigencia del laudo asimilado a la Convención Colectiva de Trabajo, pueden fijarlo los componedores en uno distinto al propuesto por las partes, sin exceder el límite temporal establecido por la Ley, es decir, dos años contados a partir de su firma, o lo que es lo mismo, desde su expedición; luego no es viable condicionar la regulación de las relaciones laborales mediante este instrumento, a partir de su ejecutoria, asimilándolo a una decisión judicial, o introducir un parámetro diferente…”.

4.1.3. Argumentos de la recurrente

 La empresa solicita la anulación de esta cláusula, con fundamento en que la vigencia del laudo debe ser desde la ejecutoria, «toda vez que no da lugar a presentar el recurso de anulación y una posible variación en la decisión del Tribunal».

4.1.4. Consideraciones de la Corte

En relación con la materia que discute la recurrente, la jurisprudencia de esta Corte ha sido consistente en señalar que el laudo se asemeja a una convención colectiva de trabajo –numeral 1.° del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo–, en la medida que son fuentes formales del derecho de las cuales emanan normas jurídicas que por regla general regulan las condiciones laborales a futuro y, por tal razón, rigen a partir de su expedición (CSJ SL3349-2020 y SL583-2021, reiterada en SL316-2022). Precisamente, en la primera providencia la Corte puntualizó:

Asiste la razón al recurrente en el sentido de que la vigencia del Laudo no debió condicionarse a su ejecutoria, pues la Sala ha determinado en numerosas ocasiones, que por regla general rige a futuro desde el momento de su expedición, en la medida en que por disposición del numeral 1 del artículo 461 del CST éste tiene el talante de convención colectiva. Así lo asentó la Corte en sentencia CSJ SL1980-2020, 03 jun. 2020, rad. 85770:

Ha sido criterio reiterado de la Sala, que el término de vigencia del laudo asimilado a la Convención Colectiva de Trabajo, pueden fijarlo los componedores en uno distinto al propuesto por las partes, sin exceder el límite temporal establecido por la Ley, es decir, dos años contados a partir de su firma, o lo que es lo mismo, desde su expedición; luego no es viable condicionar la regulación de las relaciones laborales mediante este instrumento, a partir de su ejecutoria, asimilándolo a una decisión judicial, o introducir un parámetro diferente, como sería el caso de la fecha de presentación del pliego de peticiones.

En este caso, la decisión de los árbitros se ajustó a la ley y al criterio expuesto por la Sala en esta materia, pues la cláusula del laudo que se cuestiona dispuso, en efecto, que el laudo arbitral tendría vigencia por dos años «contados desde su expedición», esto es, desde el 24 de junio de 2024, por tanto, no hay lugar a su anulación como lo pretende la empresa recurrente.

Ahora, cosa distinta es que, con ocasión de la solicitud de aclaración y/o adición solicitada por Thomas Greg & Sons de Colombia, los árbitros hubiesen precisado que el laudo solo sería exigible desde su ejecutoria, lo cual también es acertado y no modifica su decisión en torno al momento de la vigencia del laudo.

Se afirma lo anterior, por cuanto debe tenerse presente que la decisión del Tribunal de Arbitramento cobra vigencia desde el momento en que es expedida, tal como lo ha explicado esta Corporación; sin embargo, sus beneficiarios únicamente pueden reclamar su aplicación y exigir el cumplimiento de las garantías extralegales dispuestas en este instrumento, una vez esté en firme y ejecutoriado, tal como lo entendieron los árbitros en este caso.

Así, un primer momento corresponde a la vigencia del laudo arbitral que da lugar al surgimiento o causación de los derechos y auxilios allí reconocidos, que lo es a partir de la fecha de expedición o firma de tal decisión; y una oportunidad posterior es la exigibilidad de tales garantías extralegales, pues su reconocimiento y pago solo será posible una vez quede ejecutoriado el instrumento que las establece.

Por las razones anteriores, la Sala no anulará esta cláusula.

No se impondrá condena en costas, dado que no hubo oposición.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NO MODULAR NI DEVOLVER los artículos 4 –auxilio sindical–, 13 –salarios– y 14 –salario mínimo empresarial– del laudo arbitral.

SEGUNDO: NO ANULAR los artículos 1 –jornada laboral–, 5 –proceso disciplinario–, 12 literal c) –varios, suministro de lista de salarios–, 3 –sede sindical–, 8 literales b) y h) –permisos remunerados–, 21 –auxilio de escolaridad–, 22 literal d) –auxilios varios, auxilio de deportes–, 24 –bonificación por retiro voluntario– y 25 –vigencia–.

TERCERO: ABSOLVER de condena en costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese el expediente al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.

VÍCTOR JULIO USME PEREA

Presidente de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

Aclaro voto

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

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