Magistrado ponente
SL1051-2026
Radicación n.° 52001-31-05-001-2020-00022-01
Acta 18
Bogotá D. C. veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
ANTECEDENTES
María Alejandra Carmona solicitó que se declare que entre ella y la entidad Comfamiliar de Nariño existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 18 de junio de 2010 hasta el 30 de junio de 2018, vínculo que, a su juicio, finalizó unilateralmente por parte del empleador y sin justa causa comprobada.
Asimismo indicó que al momento del despido, se encontraba amparada por la cláusula de estabilidad prevista en la CCT 95-96, al igual que dicha convención le era aplicable en todo su articulado; y como consecuencia de ello, solicitó que se condenara a la demandada al reintegro al mismo cargo o a otro de igual o superior categoría y al pago de los salarios, primas y demás prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo que duró el despido hasta que se haga efectivo, indexación, costas y agencias en derecho.
La demandante afirmó que prestó de manera personal, continua y subordinada sus servicios a favor de Comfamiliar de Nariño, desde el 18 de junio de 2010 hasta el 30 de junio de 2018.
Indicó que su vinculación se inició mediante intermediación laboral, a través de la empresa Sertempo SA, desde el 18 de junio de 2010 hasta el mes de febrero de 2013, y que posteriormente continuó prestando servicios directamente para Comfamiliar de Nariño mediante contratos que, aunque fueron formalmente denominados a término fijo, respondieron en realidad a una relación laboral de carácter indefinido, sin solución de continuidad.
Señaló que las labores desarrolladas correspondieron a actividades de mercadeo y locución, desempeñadas inicialmente en un supermercado de la entidad, y en la droguería de esta, cumpliendo una jornada ordinaria de trabajo de cuarenta y cinco horas semanales, y que, al momento de la terminación del vínculo, devengaba un salario mensual de ochocientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta pesos ($857.760).
Adujo que el 30 de junio de 2018 la demandada dio por terminada la relación laboral de manera unilateral, sin invocar ni acreditar la existencia de una justa causa, razón por la cual consideró vulnerados sus derechos laborales.
Añadió que durante su vinculación se encontraba amparada por la CCT 1995-1996, suscrita entre Comfamiliar y el sindicato de trabajadores de la entidad, la cual, en sus cláusulas de aplicación y estabilidad, prohibía los despidos sin justa causa comprobada y consagraba el derecho al reintegro y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir en caso de una desvinculación injustificada.
Finalmente, sostuvo que, pese a ello, Comfamiliar desconoció la aplicación de la cláusula convencional de estabilidad laboral, al negarle el reintegro y el reconocimiento de los emolumentos salariales y prestacionales causados durante el tiempo de la desvinculación, lo que motivó la presentación de la demanda ordinaria laboral en procura del restablecimiento de sus derechos. (f.os 2 a 22 del c. del Juzgado).
Al contestar la demanda, Comfamiliar de Nariño se opuso a la viabilidad de las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos, admitió lo referente a la suscripción del contrato, pero puso reparos a sus extremos, aceptó la subordinación, las labores desempeñadas, el salario devengado, el horario laboral, negando los demás. En su defensa, propuso las excepciones de: inexistencia de contrato de trabajo entre la demandante y Comfamiliar de Nariño antes del 24 de enero de 2013; solución de continuidad entre las diferentes relaciones laborales; exclusión de la convención colectiva por parte de la demandante; no existencia de despido o terminación unilateral del contrato de trabajo sino terminación por vencimiento de un plazo pactado; y, prescripción (f.os 139 a 146 del c. del Juzgado).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto, mediante decisión de 23 de septiembre de 2022 (f.os 274 a 278 del c. del Juzgado), resolvió:
PRIMERO: DECLARAR que entre la señora MARIA ALEJANDRA CARMONA SALAZAR de notas civiles conocidas en autos, en su calidad de trabajadora y la parte demandada COMFAMILIAR DE NARIÑO, en calidad de empleador existieron sendos contratos de trabajo realidad vigentes en los siguientes periodos:
Entre el 16 de junio de 2010 a 30 de julio de 2012.
Entre el 01 de septiembre de 2012 a 31 de diciembre de 2013.
Entre el 04 de febrero de 2014 a 30 de junio de 2018.
SEGUNDO: DECLARAR probadas las excepciones de SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE DIFERENTES RELACIONES LABORALES, NO EXISTIÓ DESPIDO O TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO SINO TERMINACIÓN POR VENCIMIENTO DE UN PLAZO PACTADO, EXCLUSIÓN DE LA CONVENCION COLECTIVA POR PARTE DE LA DEMANDANTE, por las consideraciones vertidas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: DECLARAR NO DEMOSTRADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, alegada por la parte demandada, conforme a los considerandos que anteceden.
CUARTO: ABSOLVER a la parte demandada COMFAMILIAR DE NARIÑO de las demás pretensiones incoadas en el líbelo demandatorio, conforme las consideraciones que anteceden.
QUINTO: CONDENAR a la parte accionada a pagar las costas de este proceso y agencias en derecho equivalentes a un 3% del monto total pretendido en la demanda, en favor de la demandante
[…]
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, al resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada, mediante sentencia del 6 de mayo de 2024 (f.os 23 a 42 del c. del Tribunal), resolvió:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto, en audiencia pública llevada a cabo el 23 de septiembre de 2022, objeto de apelación por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído el cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR que entre la señora MARÍA ALEJANDRA CARMONA SALAZAR, de notas civiles conocidas en autos, en su calidad de trabajadora y la parte demandada COMFAMILIAR DE NARIÑO, en su calidad de empleador existieron los siguientes contratos de trabajo:
Del 18 de junio de 2010 al 30 de julio de 2012 a término indefinido.
Del 1° de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013 a término indefinido.
Del 4 de febrero de 2014 al 30 de junio de 2016 a término fijo.
Del 1° de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2017 a término fijo.
Del 9 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018 a término fijo.”.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral QUINTO de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto en audiencia pública llevada a cabo el 23 de septiembre de 2022, objeto de apelación por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: CONFIRMAR en lo restante la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2022, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto.
[…]
El Tribunal enmarcó el estudio de la apelación a los estrictos puntos de inconformidad planteados por las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 66A del CPTSS. En ese contexto, identificó como problemas jurídicos a resolver la determinación de la existencia de una única relación laboral regida por un contrato a término indefinido entre el 18 de junio de 2010 y el 30 de junio de 2018; la procedencia de la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo a la demandante; la viabilidad de la excepción de prescripción; y la legalidad de la condena en costas impuesta en primera instancia.
En relación con la existencia del vínculo laboral, el Tribunal partió de reconocer, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, que la actora prestó sus servicios personales en beneficio de la demandada desde el año 2010, inicialmente como trabajadora en misión a través de EST y posteriormente mediante contratos de trabajo celebrados directamente con la demandada.
Indicó que, a partir del acervo probatorio, en especial la certificación expedida por Sertempo SA, los contratos laborales aportados, el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la demandada y los testimonios practicados, la Sala concluyó que la demandante desempeñó de manera permanente labores de carácter comercial y de mercadeo en el supermercado, droguería y demás dependencias de Comfamiliar, funciones que no correspondían a actividades ocasionales, accidentales o transitorias.
Añadió que, con fundamento en la normativa que regula la contratación a través de EST, en particular el Decreto 4369 de 2006, dicho mecanismo fue utilizado de forma indebida en el caso concreto, pues la demandante prestó servicios en misión durante lapsos que excedieron ampliamente los términos máximos legales, sin que la entidad demandada acreditara la existencia de causas objetivas que habilitaran esa modalidad de vinculación; en consecuencia, determinó que, durante dichos períodos, la empresa usuaria adquirió la condición de verdadero empleador y que la empresa temporal actuó como simple intermediaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo.
Además de lo anterior, indicó que la Sala efectuó un análisis detallado de los tiempos de vinculación y de las interrupciones existentes, a la luz de la jurisprudencia en materia de unidad contractual y solución de continuidad, tales como CSJ SL1478-2022 y SL3032-2023. En ese sentido, precisó que únicamente las interrupciones breves, generalmente inferiores a un mes, pueden considerarse aparentes o formales, mientras que aquellas iguales o superiores a treinta días comportan una ruptura real del vínculo laboral.
Señaló que al aplicar dicho criterio al caso concreto, el Tribunal concluyó que entre algunos de los lapsos existieron interrupciones superiores a treinta días, aceptadas incluso por la propia demandante en su interrogatorio de parte, lo cual impedía afirmar la existencia de un único contrato ininterrumpido desde 2010 hasta 2018, y, a partir de ello, redefinió los tiempos contractuales conforme a la parte resolutiva.
Con base en esa delimitación, la Sala analizó la pretensión de aplicación de la CCT y, en particular, la solicitud de reintegro. Para tal efecto, constató la validez, autenticidad y vigencia de la convención colectiva allegada al proceso, así como su prórroga automática al no existir prueba de denuncia.
Sin embargo, al interpretar las cláusulas tercera y octava del convenio, concluyó que este solo beneficiaba a los trabajadores vinculados mediante contrato a término indefinido que cumplieran la jornada máxima completa, excluyendo expresamente a quienes tuvieran contratos a término fijo, y dado que el último vínculo laboral de la demandante, vigente al momento de su desvinculación el 30 de junio de 2018, correspondía a esa modalidad, negó la procedencia del reintegro y de las acreencias reclamadas con fundamento convencional.
En lo referente a la excepción de prescripción, la Sala indicó que, si bien la parte demandada cuestionó la decisión del juez de primera instancia que la declaró no probada, en el caso concreto no se impusieron condenas de carácter económico, puesto que las pretensiones principales fueron desestimadas al no resultar aplicable la convención colectiva. En tal escenario, estimó que no había derechos exigibles cuya prescripción debiera declararse, lo que tornaba inane el estudio de dicha excepción, razón por la cual confirmó la decisión del a quo en este punto.
Finalmente, al examinar la condena en costas impuesta a la demandada, a partir de las resultas del litigio, observó que no se profirieron condenas en su contra y que prosperaron la mayoría de las excepciones de mérito propuestas, por lo que esta no podía considerarse vencida. En consecuencia, concluyó que la condena en costas carecía de fundamento legal y procedió a revocar ese extremo de la sentencia.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala modificó parcialmente la decisión de primera instancia en lo relativo a la determinación de los periodos y modalidades contractuales, revocó la condena en costas y confirmó en todo lo demás la sentencia apelada, sin imponer costas en la segunda instancia.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
El recurrente pretende que la Corte:
CASE TOTALMENTE la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pasto de fecha 6 de mayo de 2024, dentro del proceso ordinario laboral No. 520013105001-2020-00022-01, formulado por la Sra. MARÍA ALEJANDRA CARMONA SALAZAR contra COMFAMILIAR DE NARIÑO, y que una vez constituida en sede de instancia REVOQUE INTEGRALMENTE la decisión de primera instancia, y en su lugar, conceda la totalidad de las pretensiones de la demanda, y adicionalmente, se condene en costas en instancia (sic) de casación.
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, el cual no fue objeto de réplica.
Acusa la sentencia impugnada con base en la causal primera de casación por:
[...] haber violado la ley por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los Artículos 1, 9, 13, 14, 23, 43, 45, 46, 47, 55, 61, 62, 140, 467 y 471 del C. S. del Trabajo; el canon 77 de la ley 50 de 1990; el artículo 25 de CN y los principios constitucionales de i) primacía de la realidad sobre formalidades, ii) estabilidad en el empleo, y iii) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales contenidos en el artículo 53 ibídem.
Señala que la violación se produjo como resultado de evidentes errores de hecho en que incurrió el juzgador de segunda instancia por la apreciación equivocada de algunos medios de prueba y la no apreciación de otros documentos que obran en el plenario.
Señaló como manifiestos errores de hecho los siguientes:
a. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante tuvo una sola relación laboral con la demandada sin solución de continuidad entre el 18 de junio de 2010 hasta el 30 de junio de 2018.
b. No dar por demostrado, estándolo, que la relación laboral de la demandante con la demandada estuvo regida por contrato de trabajo a término indefinido desde el 18 de junio de 2010 hasta el 30 de junio de 2018.
c. No dar por demostrado, estándolo, que la relación laboral entre demandante y la demandada terminó de manera unilateral y sin justa causa por parte de la empleadora.
d. Dar por cierto sin serlo, que entre el contrato a término indefinido entre la demandante y la demandada del día 18 de junio de 2010 al 30 de julio de 2012 y el contrato a término indefinido del día 1 de septiembre de 2012 a 31 de diciembre de 2013, se rompió la unicidad contractual por haber transcurrido 32 días entre uno y otro.
e. Dar por cierto sin serlo, que entre el contrato a término indefinido entre la demandante y la demandada del día 1 de septiembre de 2012 a 31 de diciembre de 2013 y el contrato denominado a término fijo del 4 de febrero de 2014 al 30 de junio de 2016, se rompió la unicidad contractual por haber transcurrido 34 días entre uno y otro.
f. Dar por establecido sin estarlo, que se analizó las particularidades de la relación laboral entre la demandante y el demandando para verificar el rompimiento de la continuidad laboral.
g. No dar por probado estándolo, que durante la relación laboral existió contrato de trabajo a término indefinido y que por ende le era aplicable a la trabajadora la convención colectiva de trabajo vigente suscrita entre Comfamiliar y el Sindicato de Trabajadores de Comfamiliar de Nariño “SINTRACOMFAMILIAR NARIÑO” suscrita el 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1996, que consagra la cláusula de estabilidad laboral.
h. Dar por cierto sin serlo, que la trabajadora cambio voluntariamente su modalidad de contratación, de término indefinido a término fijo.
i. No dar por probado estándolo, que el empleador actuó de mala fe y dirigido a defraudar los derechos de la trabajadora al intencionalmente buscar romper la unicidad contractual.
Pruebas documentales apreciadas de manera equivocada:
Certificado expedido por SERTEMPO (f.o 26 c. del Juzgado).
Contratos de trabajo entre la demandante y la demandada (f.os 27 a 48 c. del Juzgado).
Convención colectiva de trabajo y acta de depósito (f.os 68 a 123 c. del Juzgado).
Pruebas documentales no apreciadas:
- Documento titulado “REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO” (f.os 49 a 67 c. del Juzgado).
En desarrollo del cargo, expuso que el Tribunal incurrió en error al concluir que entre las partes existieron varios vínculos contractuales independientes, con solución de continuidad, cuando del acervo probatorio se desprendía la existencia de una única relación laboral ininterrumpida desde el dieciocho de junio de dos mil diez hasta el treinta de junio de dos mil dieciocho, regida por un contrato de trabajo a término indefinido.
Afirma que el Tribunal otorgó un valor decisivo y automático al número de días de interrupción entre uno y otro contrato, aplicando como regla rígida que un lapso igual o superior a treinta días rompe la continuidad laboral, sin adelantar el análisis cualitativo de las particularidades del caso concreto que exige la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Laboral.
A juicio de la recurrente, el fallador de segunda instancia se limitó a realizar una operación aritmética sobre los periodos de interrupción, sin ponderar elementos relevantes como la duración total del vínculo laboral superior a ocho años, la identidad de las funciones desempeñadas, el carácter permanente y misional de las actividades desarrolladas por la trabajadora, la inexistencia de una voluntad real y consciente de la demandante para modificar la modalidad contractual, y la utilización sistemática de mecanismos contractuales con finalidad defraudatoria.
La censura enfatiza que las interrupciones entre contratos no obedecieron a razones objetivas, técnicas o propias de una necesidad empresarial transitoria, sino a una estrategia deliberada del empleador orientada a romper ficticiamente la continuidad del vínculo laboral y a evadir las consecuencias derivadas de la estabilidad laboral y de la aplicación de la convención colectiva de trabajo.
En apoyo de esta afirmación, señala que el Tribunal dejó de valorar un documento interno de COMFAMILIAR de Nariño, denominado «Reorganización Administrativa Caja de Compensación Familiar de Nariño», en el cual la propia entidad reconocía la desnaturalización de la intermediación laboral a través de outsourcing y proponía la introducción de interrupciones superiores a quince días entre contratos como estrategia preventiva frente a eventuales reclamaciones judiciales.
Desde esa perspectiva, la recurrente sostiene que la alzada incurrió en error al no reconocer que las EST que vincularon a la demandante actuaron como simples intermediarias y que, por virtud del principio de primacía de la realidad, el verdadero empleador siempre fue Comfamiliar de Nariño, sin que las interrupciones artificiales diseñadas por la empleadora pudieran fragmentar la unicidad del vínculo laboral.
Añade que el análisis correcto de la prueba habría conducido necesariamente a la conclusión de que no existió solución de continuidad y que, por tanto, el vínculo laboral se mantuvo vigente de manera indefinida durante todo el periodo reclamado.
En relación con la convención colectiva de trabajo, la censura reprocha que el Tribunal haya restringido su análisis al último tramo de la relación laboral, formalmente rotulado como contrato a término fijo, ignorando que al declararse la existencia de contratos a término indefinido en etapas previas del vínculo, la trabajadora quedó cobijada por la cláusula de extensión a terceros y por la cláusula de estabilidad convencional.
Sostiene que, acreditado el contrato indefinido y el cumplimiento de la jornada laboral de cuarenta y cinco horas semanales, la demandante era beneficiaria plena del convenio colectivo, lo que impedía su desvinculación sin justa causa comprobada y hacía procedente el reintegro con el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir.
La recurrente concluye que los errores de hecho señalados condujeron al Tribunal a una decisión contraria a la realidad probatoria del proceso, al validar esquemas contractuales orientados a la defraudación de derechos laborales y al desconocer precedentes jurisprudenciales que imponen al juez el deber de analizar con especial rigor los supuestos de sucesión de contratos y de interrupciones en la prestación del servicio.
El Tribunal fundamentó su decisión absolutoria frente a las pretensiones de reintegro, bajo la premisa de que entre las partes no existió un único vínculo laboral de carácter indefinido. Concluyó que la relación estuvo fragmentada por cinco contratos distintos (declarando los primeros a término indefinido por aplicación del principio de la primacía de la realidad frente a la intermediación ilegal, y los tres últimos a término fijo). Para ello, argumentó que operó una solución de continuidad producto de interrupciones superiores a treinta días, específicamente destacando dos lapsos inactivos de 32 y 34 días.
Bajo este raciocinio, coligió que la última vinculación laboral estuvo regida por un contrato de trabajo a término fijo, cuyo extremo final acaeció el 30 de junio de 2018 como producto del vencimiento del plazo pactado y la remisión del respectivo preaviso por parte de la empleadora. Así, determinó que la accionante se encontraba expresamente excluida del campo de aplicación de la CCT 1995-1996, a la luz de su cláusula tercera, literal g), la cual exceptúa de sus beneficios al «Personal de contrato a término fijo».
Por su parte, la demandante interpuso el recurso extraordinario de casación, formulando un único cargo por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 23, 24, 45, 46, 47, 55, 61 y 64 del CST y el artículo 53 de la CN, entre otros, debido a manifiestos errores de hecho, consistentes en no dar por demostrada la existencia de una sola relación laboral a término indefinido y dar por acreditado, sin estarlo, que existió solución de continuidad mediante la apreciación errónea de los contratos y la falta de apreciación del documento «Reorganización Administrativa Caja de Compensación Familiar de Nariño».
De acuerdo con lo dicho, el problema jurídico que concita la atención de esta corporación se contrae a determinar si el Tribunal incurrió en los errores fácticos que se le endilgan, al concluir que entre la señora María Alejandra Carmona Salazar y Comfamiliar de Nariño no existió una única relación laboral a término indefinido, sino una pluralidad de vínculos escindidos con solución de continuidad, siendo el último de ellos un contrato a término fijo, circunstancia que, a la postre, excluyó a la trabajadora de los beneficios consagrados en la Convención Colectiva de Trabajo.
Lo anterior, a fin de dilucidar si dicho entendimiento y valoración probatoria soslayó una maniobra fraudulenta orientada a desconocer la unidad contractual de una relación de tracto sucesivo.
Con ese propósito, es imperativo señalar las siguientes conclusiones fácticas del Tribunal, que quedaron indiscutidas y que sirven como linderos para el escrutinio de esta sala:
- La señora María Alejandra Carmona Salazar a través de varios contratos laborales (como trabajadora en misión por obra o labor y a término fijo posteriormente) prestó sus servicios personales y subordinados desde el 18 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2018, en favor de la Caja de Comfamiliar de Nariño, ejecutando en éstos, esencialmente, las mismas actividades o funciones correspondientes al área comercial, de locución y mercadeo, en supermercados, farmacias y eventos del empleador.
- La vinculación de la actora mutó en su modalidad jurídica, iniciándose a través de la figura de trabajadora en misión por contrato de obra, mediante la empresa de servicios temporales Sertempo SA, y decantándose posteriormente en una contratación directa, a partir de febrero de 2013, bajo la modalidad de contratos a término fijo sucesivos.
- Los períodos trabajados como «trabajadora en misión», excedieron con creces los topes perentorios instituidos por la ley. Las labores desempeñadas correspondían al área comercial y de mercadeo, por lo que Sertempo SA fungió como una simple intermediaria, siendo Comfamiliar de Nariño el verdadero y único empleador desde el inicio de la relación.
- Desde el plano estrictamente cronológico, existieron lapsos durante los cuales la trabajadora cesó la prestación del servicio, destacándose interrupciones de 32 días (entre el 30 de julio y el 1° de septiembre de 2012) y de 34 días (entre el 31 de diciembre de 2013 y el 4 de febrero de 2014).
v) La Convención Colectiva de Trabajo 95-96, suscrita entre el Sindicato de Trabajadores y Comfamiliar de Nariño, preceptúa de forma expresa en su cláusula tercera que el instrumento beneficia a los trabajadores con excepción, entre otros, del «g. Personal de contrato a término fijo», exigiendo en su cláusula octava ostentar un contrato a término indefinido para acceder a sus garantías.
Entrando en materia, frente al desarrollo lineal y a la unidad del contrato de trabajo, esta corporación ha considerado, en principio, que las pausas breves no desvirtúan la unidad del vínculo, pero no así, cuando las interrupciones superen el mes. Así, en las sentencias CSJ SL1614-2023, SL981-2019 y SL3616-2020, verbigracia en la primera, esta sala ha señalado:
[...] esta Sala de la Corte ha expresado que las interrupciones que no sean amplias, relevantes o de gran envergadura, no desvirtúan la unidad contractual, ello ha sido bajo otros supuestos, en los que se ha estimado que "las interrupciones por 1, 2 o 3 días, e incluso la mayor de apenas 6 días, no conducen a inferir una solución de continuidad del contrato de trabajo real [...]". Sin embargo, ese análisis no puede hacerse extensivo a este caso en donde lo que está probado es que la relación tuvo rupturas por interregnos superiores a un mes, que, lejos de ser aparentes o formales se aduce, son reales, en tanto que ponen en evidencia que durante esos periodos no hubo una prestación del servicio; sin que, además, exista prueba eficiente de la intención de la demandada desde o con el demandante en esos periodos.
Dicho lo anterior, también es menester recordar que esta sala ha referido frente a la unidad contractual y el uso de modalidades a término fijo, que, si bien es cierto que el ordenamiento dota a los empleadores de libertad para escoger la modalidad de contratación, también lo es que dicha facultad no es absoluta ni puede ser utilizada como patente de corso para defraudar los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores.
Sobre el particular, en las sentencias CSJ SL814-2018 y SL1614-2023, la Sala expuso que los jueces deben ser muy cautelosos en el examen de las pruebas a la hora de verificar una posible unidad contractual, real y material, ya que es bien conocido que algunos empleadores han adoptado estas prácticas con el ánimo de restar antigüedad en el servicio del trabajador, bien para favorecerse en la liquidación de la cesantía o bien para beneficiarse al momento de ejercer la potestad de dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo. Así, la sentencia CSJ SL1614-2023, consideró que:
Por lo mismo, la jurisprudencia de esta Sala de la Corte siempre se ha orientado a determinar que el contrato de trabajo a término fijo es una de esas modalidades contractuales autorizadas por el legislador, que no ha perdido legitimidad y que puede ser utilizada libremente por el empleador de acuerdo a sus necesidades, dentro de los precisos límites establecidos legalmente (CSJ SL3535-2015).
Por ello, en principio, resulta plenamente legítimo que el empleador ofrezca a un trabajador la modalidad de vinculación que más convenga a sus necesidades, como el contrato determinado por un plazo fijo, o que los dos en cierto punto de su relación laboral decidan, libre y voluntariamente, terminarla para empezar otra diferente o modificar algunos de sus puntos trascendentales, en ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad, tal como la opositora lo refirió en la réplica.
Con todo, la Corte no ha desconocido que, frente a supuestos de suscripción de varios contratos de trabajo, como sucede en el asunto, las formas jurídicas previstas por el legislador no pueden ser indebidamente utilizadas por el empleador para propósitos, como el de eludir las garantías mínimas legales establecidas a favor de los trabajadores.
En ese sentido, ha precisado que, a pesar de las convenciones expresamente suscritas por las partes, es deber del juez examinar si, en la materialidad, existió unicidad en el contrato de trabajo, para de allí extraer todas sus consecuencias.
Así, en sentencia CSJ SL814-2018 señaló que:
[…] ante supuestos de suscripción de varios contratos de trabajo […] los jueces deben ser muy cautelosos en el examen de las pruebas y especialmente esmerados a la hora de verificar una posible unidad contractual, real y material, «...ya que es bien conocido que, algunos empleadores han adoptado estas prácticas con el ánimo de restar antigüedad en el servicio del trabajador, bien para favorecerse en la liquidación de la cesantía o bien para beneficiarse al momento de ejercer la potestad de dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo (CSJ SL15986-2014, CSJ SL806-2013, CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 37435 y CSJ SL, 1 dic. 2009, rad. 35902, entre otras).
De hecho, en la mencionada providencia la Corte explicó:
[…] Por ello, en conclusión, si bien las partes gozan de autonomía para suscribir contratos de trabajo a término fijo, así como para variar las condiciones de su vínculo laboral, en desarrollo del principio de la primacía de la realidad sobre las formas y de irrenunciabilidad de derechos laborales, esa novación de las condiciones del contrato de trabajo solo resulta válida si se corresponde con la realidad, es decir, si se identifica con un cambio real en el objeto del contrato o en sus condiciones y no se queda en el plano meramente formal, de manera que sirve como mera estratagema para eliminar garantías especiales para el trabajador (Negrilla fuera del texto).
En tales términos, la Corporación ha adoctrinado que:
[…] si hay diferencias de objeto entre el contrato que termina y el nuevo, como aquí sucede al tratarse de cargos distintos, es válido que se finiquite debidamente uno y se firme e inicie otro, sin que necesariamente el segundo deba acordarse en las mismas condiciones de duración o de remuneración en que se firmó el anterior, ya que precisamente en este campo prima la voluntad de las partes, salvo que se alegue y demuestra que esta fue afectada por vicios del consentimiento […] (CSJ SL, 30 oct. 2012, rad. 39432) (Negrilla fuera del texto).
Así pues, al tratarse de la alteración de la modalidad contractual o de la aparente finalización de un vínculo para suscribir otro, ha expuesto la Sala que la novación de las condiciones del contrato de trabajo solo resulta válida si se corresponde con la realidad, es decir, si se identifica con un cambio real en el objeto del contrato o en sus condiciones y no se queda en el plano meramente formal, de manera que no sirva como mera estratagema para eliminar garantías especiales para el trabajador, que fue lo que aconteció en este asunto, como explica a continuación.
Descendiendo al caso, el Tribunal dio por sentada una ruptura de la unidad contractual, basándose en pausas formales de 32 y 34 días entre las vinculaciones (específicamente la acaecida entre el 31 de diciembre de 2013 y el 4 de febrero de 2014).
No obstante, como aduce la censura, el fallador de alzada omitió por completo la valoración del documento denominado «REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO», el cual deja al descubierto que la contratación sucesiva por outsourcing, a través de contratos de obra durante varios años y luego la inmediata vinculación o novación a contratos a término fijo, no se sustentaba en «la realidad, es decir, no se identifica con un cambio real en el objeto del contrato o en sus condiciones, sino que operó con la intencionalidad de una estrategia definida previamente en búsqueda de la ruptura de la unidad contractual.
Del análisis de la prueba documental denunciada por la recurrente, en primer lugar, de la certificación de Sertempo SA y de los contratos de trabajo suscritos con sus respectivas prórrogas, se pueden inferir los siguientes hitos:
| Tipo de contrato o vinculación con sus prórrogas | Objeto del contrato o actividad a cargo del trabajador | Fecha de inicio y terminación | Diferencia de días |
| Contrato por ejecución de obra o labor (Trabajadora en misión mediante Sertempo SA) | Trabajadora en misión para Comfamiliar Nariño (La certificación no especifica las funciones exactas) | 18 de junio de 2010 a 15 de julio de 2011 | N/A (Inicio) |
| Contrato por ejecución de obra o labor (Trabajadora en misión mediante Sertempo SA) | Trabajadora en misión para Comfamiliar Nariño (La certificación no especifica las funciones exactas) | 18 de julio de 2011 a 30 de julio de 2012 | 2 días |
| Contrato por ejecución de obra o labor (Trabajadora en misión mediante Sertempo SA) | Trabajadora en misión para Comfamiliar Nariño (La certificación no especifica las funciones exactas) | 1 de septiembre de 2012 a 4 de febrero de 2013 | 32 días |
| Contrato de trabajo a término fijo Nro. 574/2013 (10 meses y 7 días) directo con Comfamiliar | Desempeño de funciones en el Centro de Distribución. Denominación: Administrativo Nivel V Grado 3 | 25 de febrero de 2013 a 31 de diciembre de 2013 | 20 días |
| Contrato de trabajo a término fijo Nro. 396/2014 (10 meses y 28 días) con tres (3) prórrogas sucesivas de 6 meses cada una | Coordinación de Comercialización. Denominación: Operativo, Nivel V, Grado 3 | 4 de febrero de 2014 a 30 de junio de 2016 | 34 días |
| Contrato de trabajo a término fijo Nro. 543/016 (6 meses) con tres (3) prórrogas sucesivas: dos de 3 meses y una de 6 meses | Coordinación de Comercialización y productos. Denominación: Operativo, Nivel V, Grado 2 | 1 de julio de 2016 a 31 de diciembre de 2017 | 0 días |
| Contrato de trabajo a término fijo Nro. 052/018 (5 meses y 22 días) | Coordinación de Comercialización y productos. Denominación: Operativo, Nivel V, Grado 2 | 9 de enero de 2018 a 30 de junio de 2018 | 8 días |
El cuadro revela la existencia de pausas cronológicas entre las vinculaciones, 2 días, 32 días, 20 días, 34 días, 0 días, 8 días. Cuatro de ellas, breves y cortas, y una de 32 días (entre el 30 de julio y el 1.º de septiembre de 2012) y otra de 34 días (entre el 31 de diciembre de 2013 y el 4 de febrero de 2014).
Ahora bien, la jurisprudencia de esta corte ha expuesto que las interrupciones superiores a un mes pueden configurar una solución de continuidad; sin embargo, ese entendimiento no puede ser en todos los casos, absoluto ni de aplicación simplemente mecanicista, menos aún dentro de lapsos que no superen ampliamente ese espacio de tiempo, cuando existan ciertas circunstancias que revelen una interrupción meramente formal y/o fraudulenta consentida, promovida o planificada por el empleador en contravía de la primacía de la realidad en materia del trabajo.
Al integrar la prueba relacionada en el cuadro precedente, frente al documento denominado «REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO», fechado el 16 de noviembre de 2010 suscrito por la Secretaria General y Jurídica de la entidad empleadora (en los albores de la vinculación como trabajodora en misión de la demandante) emerge con claridad que tales pausas obedecieron a un ardid prefabricado por la demandada.
Este documento contiene un análisis de la dirección jurídica de la entidad frente a la tercerización laboral en Comfamiliar, así, llaman el outsourcing a la relación que tenía esta entidad con Sertempo SA (empresa de servicios temporales) para la provisión de empleados en misión. Son dos escenarios correlativos a la vinculación entre Confamiliar y Sertempo SA para el suministro de trabajadores o trabajadoras como la aquí la demandante. Entonces cuando allí se habla de outsourcing se refiere al vínculo que existía para contratar y tercerizar la mano de obra a través de Sertempo.
En ese orden, al examinar el numeral 3.1 del documento en cuestión, esta corte constata que la propia entidad demandada conocía desde siempre y sin ambages la distorsión del modelo de tercerización, al develarse una verdadera relación de trabajo, plasmando textualmente que «Sin embargo, en el caso concreto de COMFAMILIAR DE NARIÑO, a simple vista puede observarse que la aplicación de la figura de outsourcing ha desnaturalizado su esencia y su verdadero objeto».
A renglón seguido de ese mismo instrumento, la demandada reconoce de forma palmaria que dicha práctica configura una verdadera relación de trabajo directa, al señalar: «En este contexto, la implementación de la figura de outsourcing para atender los requerimientos de personal no es jurídicamente la más adecuada, así lo ha reconocido igualmente la jurisdicción laboral cuyos pronunciamientos son coincidentes en manifestar que en realidad se trata de una intermediación laboral, por lo cual el verdadero empleador es COMFAMILIAR DE NARIÑO y como tal debe responder por las pretensiones de los demandantes».
Y centralmente, en lo atinente a la estrategia jurídica orientada a fragmentar el vínculo para configurar una aparente solución de continuidad, la Sala encuentra respaldo de la denuncia en el apartado sobre la liquidación del personal temporal durante las vacaciones colectivas. Allí, la entidad dejó sentada, de manera literal, su planificación para enervar futuras condenas:
Esta medida representa un ahorro de recursos para la Caja y de contera genera para la Corporación, en el evento de futuras demandas por intermediación laboral, una solución de continuidad en la prestación de los servicios de este personal, en la medida que media una interrupción de más de quince días entre un contrato y otro, además de que el motivo de la terminación del contrato será por carencia de objeto toda vez que la Corporación no requerirá de sus servicios durante este lapso.
Llama la atención de la Corte que la entidad conocía claramente las implicaciones de la sistemática vinculación de su personal laboral a través de tal intermediación irregular y con ese conocimiento fraudulentamente mantiene la relación de trabajo con la actora por casi tres años en la formalidad para evadir premeditadamente la protección laboral, al respecto la Corte ha señalado en reiteradas oportunidades, como en la sentencia CSJ SL467-2019, que:
Pues bien, en lo que concierne a este punto, la Corte debe recordar que las empresas de servicios temporales no pueden ser instrumentalizadas para cubrir necesidades permanentes de la usuaria o sustituir personal permanente, sino para cumplir las actividades excepcionales y temporales previstas en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, que pueden o no ser del giro habitual de sus negocios. Al respecto, en la sentencia CSJ SL3520-2018 la Sala adoctrinó:
[…] cabe recordar que conforme al artículo 77 de la Ley 50 de 1990, las empresas de servicios temporales (EST) “son aquellas que contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas (sic) el carácter de empleador”.
[...] Según el artículo 77 ibidem, el servicio a cargo de las EST solo puede ser prestado para: (1) la ejecución de las labores ocasionales, transitorias o accidentales de las que trata el artículo 6.º del Código Sustantivo del Trabajo; (2) para reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad, y (3) para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por un periodo igual.
Conforme a lo anterior, las EST tienen a su cargo la prestación de servicios transitorios en la empresa cliente, en actividades propias o ajenas al giro habitual de la misma por tiempo limitado. Suele pensarse que las usuarias pueden contratar con las EST cualquier actividad permanente siempre que no exceda el lapso de 1 año; sin embargo, esta visión es equivocada dado que solo puede acudirse a esta figura de intermediación laboral para el desarrollo de labores netamente temporales, sean o no del giro ordinario de la empresa, determinadas por circunstancias excepcionales tales como trabajos ocasionales, reemplazos de personal ausente o incrementos en la producción o en los servicios.
[...] Por estas razones, las empresas usuarias no pueden acudir fraudulentamente a esta contratación para suplir requerimientos permanentes. De allí que el artículo 6.º del Decreto 4369 de 2006, les prohíba “prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales”, cuando al finalizar el plazo de 6 meses, prorrogable por otros 6, aún subsistan incrementos en la producción o en los servicios.
Al respecto, esta Sala en sentencia CSJ SL17025-2016 adujo que las empresas usuarias no pueden “encubrir una necesidad indefinida en el desarrollo de sus actividades bajo la apariencia de una necesidad temporal, con el objeto de aprovecharse ilimitadamente de los servicios personales” de los trabajadores en misión, tal como ocurriría cuando la contratación no encuadra en ninguna de las causales del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 o cuando exceden el término máximo previsto en el numeral 3.º del precepto citado”».
Corolario de lo expuesto, surge manifiesto el error del Tribunal al omitir la valoración de este documento, pues evidencia que Comfamiliar de Nariño no solo era jurídicamente consciente de que utilizaba el ropaje del outsourcing para encubrir una verdadera subordinación jurídica e intermediación laboral, sino que ideó deliberadamente la interrupción de los contratos por lapsos superiores como una maniobra distractora, orientada exclusivamente a evadir la materialización del principio de primacía de la realidad sobre las formas y frustrar los derechos y reclamaciones de sus trabajadores.
Matiz este que debe arropar la unidad contractual de la relación laboral entre las partes, conforme a dicho principio de la primacía de la realidad. Además, que se encuentra indiscutido, y emerge de la documental relacionada, que las labores misionales de la demandante según su objeto contractual, siempre estuvieron ligadas de manera continua al área comercial y de mercadeo de la demandada, y que en aproximadamente ocho años de ejecución contractual, cuatro de las seis supuestas interrupciones fueron por lapsos breves, y las dos restantes superaron en pocos días el mes, sin que se extendieran a varios meses de diferencia.
Lo anterior pone de presente, además, que nunca hubo una modificación real y sustancial en el objeto contratado que justificara válidamente la mutación e imposición sucesiva de contratos a término fijo, los cuales se utilizaron exclusivamente como un ropaje formal, frente a una contratación inicial que se entiende a término indefinido (trabajadora en misión por contrato de obra), puesto que a la postre devino fraudulenta.
Recapitulando, el error del Tribunal, y la razón por la cual la sentencia debe ser casada, radicó en efectuar una lectura mecánica de los documentos contractuales, omitiendo que «los jueces deben ser muy cautelosos en el examen de las pruebas y especialmente esmerados a la hora de verificar una posible unidad contractual, real y material», a fin de evitar que los empleadores utilicen la potestad de suscribir sucesivos contratos como mecanismo para burlar la estabilidad; habiendo soslayado la valoración del documento «Reorganización Administrativa» (a pesar de haber concluido probada la continuidad material de las funciones).
En consecuencia, el cargo prospera y se casará la sentencia de segundo grado.
Sin costas, como quiera que se acoge el recurso.
SENTENCIA DE INSTANCIA
Como corolario de la prosperidad del cargo en sede extraordinaria, mediante el cual se quebró la presunción de legalidad y acierto de la sentencia proferida por el Tribunal de alzada, la Sala asume la competencia como juez de instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, por la demandada en este caso, en lo que se refiere a las costas, contra el fallo proferido el 23 de septiembre de 2022 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto.
La demandante, al fundamentar su recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, reprocha la decisión consistente en fragmentar la relación laboral y validarla bajo la apariencia de sucesivos contratos a término fijo. Arguye que la prueba recaudada devela que no existió solución de continuidad y que las empresas intermediarias fungieron como una simple fachada de Comfamiliar, verdadero empleador, imponiéndose, por mandato de la primacía de la realidad, la declaratoria de un único contrato a término indefinido ininterrumpido entre el 18 de junio de 2010 y el 30 de junio de 2018.
Asimismo, que la trabajadora es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo y no se subsume en las exclusiones normativas de la cláusula tercera, logrando satisfacer los rigurosos presupuestos de la cláusula octava convencional al ostentar una vinculación a término indefinido y cumplir con la «jornada máxima completa de 45 horas semanales» con base en ello, solicita se acceda a las pretensiones y conceda el reintegro aparejado a las prerrogativas extralegales deprecadas.
Y la demandada propuso que se le absolviera de las costas impuestas en la sentencia, ya que en esencia no fue condenada a ningún pago laboral.
Frente a lo anterior, es importante señalar que la demandada, al contestar la demanda, aceptó las labores desempeñadas por la trabajadora durante toda la relación, el último salario devengado ($857.760) y el horario semanal de trabajo.
Igualmente, como quedó suficientemente dilucidado en el marco casacional, cuyas consideraciones se dan aquí por reproducidas en estricta aplicación del principio de economía procesal, del escrutinio del acervo probatorio, particularmente el documento denominado «Reorganización Administrativa Caja de Compensación Familiar de Nariño», puso en evidencia que las aparentes soluciones de continuidad y la posterior suscripción de contratos a término fijo constituyeron una estratagema prefabricada por la entidad demandada. El verdadero propósito del empleador fue enmascarar una relación ininterrumpida para eludir sus responsabilidades y sustraer a la trabajadora de las garantías convencionales.
También, de lo evidenciado anteriormente sobre el cuadro con la relación de los contratos celebrados por la demandante, que deja al descubierto la prestación de la misma labor en el área comercial y de mercadeo. Por lo tanto, es claro que el objeto material del contrato de trabajo y las funciones desarrolladas por la trabajadora no sufrieron una novación, variación o alteración sustancial. Conclusión que se acompasa con las declaraciones en el proceso, como se expone a continuación.
Al auscultar la declaración de la señora Constanza Chamorro Chamorro, quien fungía como coordinadora del área comercial y jefa de la actora, a la pregunta de si: «¿las actividades que estaba desarrollando la demandante con Sertempo para confamiliar cuando inicia la vinculación directa con confamiliar fueron las mismas?». respondió: «si, eh las mismas prácticamente en el caso de Alejandra pues seguía con la publicidad seguía con los eventos [...], adscrita al área comercial».
Adicionalmente, la declarante precisó sobre la habitualidad del cargo que la trabajadora «era como la voz de la publicidad del supermercado», y que de manera continua asistía a las droguerías y eventos misionales de la caja de compensación.
Igualmente, al ser interrogado el representante legal de la demandada, emitió una manifestación espontánea de admitir que la demandante había ejecutado la misma labor durante los periodos bajo escrutinio, y a la pregunta: «¿sabe usted quién desarrolló las actividades de locución y mercadeo en el supermercado en la droguería desde el año 2010 al 2018?». "Respondió: «por supuesto María Alejandra [...] vinculada directamente con la caja a partir de del año 2013 [...] y por supuesto que ella hacía las temáticas de locución en algunas unidades de la organización doctor».
Así, en observancia del mandato constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, resulta inobjetable infirmar la apariencia de los contratos a término fijo sucesivos (n.° 574/2013, 396/2014, 543/016 y 052/018) y declarar la ineficacia de las pausas temporales artificiosas. En su lugar, se colige con claridad que los extremos temporales de la relación laboral iniciaron el 18 de junio de 2010 y culminaron el 30 de junio de 2018, cobijados por la existencia de un único contrato de trabajo a término indefinido, como consecuencia de la ilegalidad de la vinculación inicialmente tercerizada, en el cual la actora desempeñó de forma continua funciones misionales en el área de locución, comercialización y mercadeo dentro de un mismo objeto laboral en esencia.
Al derruirse lo anterior, advierte la Sala que la situación fáctica y jurídica de la demandante encuadra de manera lúcida en los presupuestos de aplicación de la CCT 1995-1996.
Al respecto, se aportó la Convención Colectiva de Trabajo vigente para el período comprendido entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1996 (f.os 70 a 110 del c. del Juzgado), que cuenta con acta de depósito del 1 de febrero de 1995 (f.o 69).
Igualmente, se colige que la CCT se encontraba vigente al momento de la desvinculación de la actora, ya que no obra prueba que demuestre que haya sido denunciada como lo prevé el artículo 479 del CST; por lo tanto, y en virtud de la prórroga automática dispuesta en el artículo 478 de la misma norma, se entiende vigente a esa fecha.
Una vez superados los presupuestos de validez y vigencia, se procede a subsumir la situación fáctica en la preceptiva convencional, trayendo a colación las siguientes cláusulas:
CLAUSULA TERCERA. CAMPO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA. La Convención Colectiva de Trabajo tendrá vigencia de dos (2) años, contados a partir del primero (1) de enero de 1995 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 1996 [...] y beneficia a los trabajadores filiales del Sindicato y quienes se acojan a dicha Convención con excepción de:
- Director administrativo.
- Subdirectores.
- Revisor fiscal.
- Auditor.
- Asesor jurídico.
- Jefe de personal.
- Personal de contrato a término fijo.
[...]
CLAUSULA OCTAVA. EXTENSIÓN A TERCEROS. La presente Convención de Trabajo se aplicará a todos los trabajadores de Comfamiliar de Nariño, sindicalizados o no, que tengan contrato a término indefinido y cumplan la jornada máxima completa de la entidad, es decir cuarenta y cinco (45) horas semanales.
[...]
CLÁUSULA DÉCIMA.- ESTABILIDAD. Con excepción de los Subdirectores, Jefe de Personal y Asesor Jurídico, Comfamiliar de Nariño se obliga a garantizar y respetar la estabilidad de sus trabajadores. En consecuencia, no habrá despidos sin justa causa comprobada. En caso de que el trabajador sea despedido o se le cancele el contrato de trabajo sin causa justa comprobada, tendrá derecho al reintegro y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo de la desvinculación.
En efecto, al examinar la literalidad del instrumento extralegal (1995-1996), se constata que la actora no se encuentra inmersa en la exclusión prevista en la Cláusula Tercera, literal g), que aparta de sus beneficios al «Personal de contrato a término fijo». Por el contrario, su estatus real de trabajadora a término indefinido activa la Cláusula Octava (Extensión a Terceros), al cumplir con la jornada de cuarenta y cinco (45) (jornada que fuera aceptada por la demandada al descorrerse el traslado de la demanda).
Bajo esta premisa, la supuesta finalización del vínculo acaecida el 30 de junio de 2018, con el argumento de la «expiración del plazo fijo pactado» y amparada en el preaviso remitido el 8 de mayo de dicha anualidad, carece de sustento legal. Al no existir un plazo válidamente pactado, la desvinculación se erige materialmente como un despido unilateral y sin justa causa imputable al empleador.
Consecuencia de lo anterior, se materializa la transgresión de la cláusula de estabilidad prevista en la Convención Colectiva, la cual preceptúa de forma categórica que «no habrá despidos sin justa causa comprobada», y consagra como remedio convencional la orden de reintegro al cargo, aparejada del pago integral de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación, teniendo en cuenta el último salario devengado por la actora. Por lo tanto, esta sala procederá a impartir tal condena, ordenando además que los valores reconocidos sean debidamente indexados, a fin de salvaguardar el poder adquisitivo de la moneda frente al fenómeno inflacionario.
Frente a la excepción de «Prescripción», invocada bajo el supuesto de que los derechos anteriores al 1 de enero de 2014 estaban extintos por la solución de continuidad, la misma resulta impróspera. Al declararse que el vínculo finalizó, de manera ininterrumpida, el 30 de junio de 2018, es a partir de esta data que inicia el cómputo del trienio extintivo contemplado en los artículos 151 del CPTSS, y 488 del CST. Siendo que la demanda fue presentada el 23 de enero de 2020 (f.o 22 del c. del Juzgado), y el auto admisorio notificado incluso en dicho año, resulta evidente que la acción impetrada para reclamar el reintegro y las acreencias derivadas de la finalización del único vínculo fue ejercida en oportunidad legal.
Por último, respecto de la argumentación de la demandada para que se le absolviese de las costas, ante el sentido de la decisión de esta sala, pierde objeto el sustento de la impugnación y es evidente que dichas costas deben ser cubiertas a su cargo por resultar vencida en el juicio, conforme al artículo 365 del CGP.
Corolario de todo lo expuesto, se impone revocar íntegramente la sentencia dictada por el juez de primer grado y, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda en los términos previamente decantados.
Sin costas en el recurso extraordinario de casación, dada la prosperidad del mismo.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, el 6 de mayo de 2024, en el proceso que adelanta MARÍA ALEJANDRA CARMONA SALAZAR contra la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO - COMFAMILIAR DE NARIÑO.
Sin costas en casación.
En sede de instancia, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR en su integridad la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2022 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARÍA ALEJANDRA CARMONA SALAZAR contra la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO - COMFAMILIAR DE NARIÑO.
SEGUNDO: DECLARAR que entre la señora María Alejandra Carmona Salazar y la Caja de Compensación Familiar de Nariño existió un único contrato de trabajo a término indefinido, ejecutado sin solución de continuidad desde el 18 de junio de 2010 hasta el 30 de junio de 2018, el cual finalizó por despido injusto de manera unilateral por parte del empleador.
TERCERO: DECLARAR que la demandante es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en la empresa demandada, al no encontrarse incursa en las excepciones de exclusión de su campo de aplicación.
CUARTO: CONDENAR a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO a REINTEGRAR de manera inmediata a la señora María Alejandra Carmona Salazar al mismo cargo que venía desempeñando al momento de su despido o a otro de igual o superior categoría y remuneración.
QUINTO: CONDENAR a la accionada a pagar a favor de la actora la totalidad de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el 30 de junio de 2018 hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro, declarando para todos los efectos legales que no ha existido solución de continuidad en el vínculo. Las sumas resultantes deberán ser debidamente indexadas al momento de su pago.
SEXTO: CONDENAR a la accionada a pagar a las entidades administradoras correspondientes, en favor de María Alejandra Carmona Salazar, los aportes a los subsistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, causados desde el momento del retiro hasta el reintegro efectivo.
SÉPTIMO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito formuladas por la parte demandada, incluida la de prescripción, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.
OCTAVO: Las costas en primera instancia serán a cargo de la parte demandada. Sin costas en la segunda instancia.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.