Buscar search
Índice developer_guide

 

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrados ponentes

SL1117-2026

Radicación n.° 76001-22-05-000-2024-00083-02

Acta 15

Bogotá D. C., seis (06) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

La Corte decide el recurso de anulación que la empresa CLARIOS ANDINA SAS interpone contra el laudo que el Tribunal de Arbitramento profirió el 6 de noviembre de 2024, con ocasión del conflicto colectivo que se suscitó entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MANUFACURERA, METAL-MECÁNICA, METÁLICA, METALÚRGICA, SIDERÚRGICA, ELECTRO METÁLICA, FERROVIARIA, COMERCIALIZADORAS, TRANSPORTADORAS, AFINES, DERIVADOS Y SIMILARES DEL SECTOR –SINTRAIME– y la recurrente.

ANTECEDENTES

El 10 de abril de 2023, la organización sindical presentó a consideración de la empresa empleadora el pliego de peticiones que dio origen al proceso de negociación colectiva (f.° 21 a 36 archivo PDF 1 CuadernoRecursoAnulación).

La etapa de arreglo directo tuvo lugar entre el 17 de mayo de 2023 y el 5 de junio del mismo año, sin que las partes llegaran a un acuerdo total (f.° 41 a 47); por tanto, sometieron el diferendo laboral a un Tribunal de Arbitramento, el cual se convocó e integró a través de Resolución n.º 0484 de 23 de febrero de 2024 del Ministerio de Trabajo (f.° 1 a 3 archivo), y se instaló e inició deliberaciones el 8 de marzo de 2024 (f.° 4 a 7).

Surtido el trámite correspondiente y autorizada por las partes la prórroga que el Tribunal de Arbitramento solicitó para emitir decisión (f.° 16 a 17 y 48), el 6 de noviembre de 2024 profirió el laudo que es objeto de recurso de anulación (f.° 1 a 54 Laudo, Archivo Drive, PDF 6 CuadernoRecursoAnulación); decisión que fue debidamente notificada a las partes.

En el término de ley, la empresa solicitó la aclaración y adición del laudo arbitral, aspiraciones que fueron negadas por medio de providencia de fecha 19 de noviembre de 2024 (f.° 140 a 144).

En su decisión, el Tribunal refirió que tendría en cuenta las intervenciones de las partes, los medios de prueba que aportaron, los criterios jurisprudenciales y los principios de equidad e igualdad.

Asimismo, al analizar cada una de las peticiones del pliego, plasmó algunas consideraciones que estimó necesarias para resolver el conflicto económico puesto a su consideración.

Conforme a lo anterior, en el artículo primero del laudo arbitral, el Tribunal adujo que la petición 2 del pliego –Permisos y viáticos para la comisión negociadora– se trataba de un «hecho superado», toda vez que las partes llegaron a un acuerdo en la etapa de arreglo directo.

En el artículo segundo de su decisión, los árbitros consideraron que no eran competentes para resolver los siguientes puntos del pliego de peticiones: literal b, artículo 4 –Extensión del fuero circunstancial para trabajadores–, artículos 6 –Modalidades de contratos de trabajo–, 7 –Restitución de contratos–, literales a, b, c, e y f, artículo 8 –Estabilidad–, parágrafo del literal g y literal h, artículo 9 –Hojas de vida–, literal e, artículo 12 –Permisos remunerados sindicales–, parágrafos de los artículos 16 –Descanso por trabajo en domingos o días feriados–, 17 –Medicina prepagada–, 22 –Tiempo para integración familiar, recreación, deporte, cultura y capacitación y derechos por costumbre– e inciso final del artículo 24 –Becas para esposas (os) o compañeras (os) y padres de trabajadores–.

En el artículo tercero del laudo, el Tribunal enlistó las peticiones del pliego que negó, así: artículo 3 –No represalias–, literal a, artículo 4 –Extensión del fuero circunstancial para trabajadores–, 5 –Retrospectividad–, literal d, artículo 8 –Estabilidad–, literal b, artículo 11 –Auxilio para el sindicato y la federación–, artículos 23 –Beneficio en la compra de productos–, 24 –Becas para esposas (os) o compañeras (os) y padres de trabajadores– y 25 –Actualización de valores y/o corrección monetaria– «en lo correspondiente a la corrección monetaria indicada en la parte inicial del artículo».

Por último, en el artículo cuarto enlistó las peticiones que concedió en el laudo, así: 1 –Alcances de los beneficios del laudo arbitral–, 2 –Traslados de sección–, 3 –Descuentos sindicales–, 4 –Auxilio para el sindicato–, 5 –Permisos remunerados sindicales–, 6 –Préstamos para trabajadores–, 7 – Cartelera interna para publicar comunicaciones de SINTRAIME–, 8 –Jornada nocturna–, 9 –Descanso por trabajo en domingo–, 10 –Medicina prepagada–, 11 –Auxilio para compra de medicamentos–, 12 –Bonificación por pensión de vejez–, 13 –Bono por producción–, 14 –Auxilio por deportes–, 15 –Tiempo para integración familiar, recreación, deporte, cultura y capacitación y derechos por costumbre–, 16 –Aumento de salario–, 17 –Derechos laborales y principio de favorabilidad– y 18 –Vigencia del laudo arbitral–.

RECURSO DE ANULACIÓN

En el término previsto en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la empresa interpuso y sustentó el recurso de anulación (f.° 111 a 128 archivo Archivo Drive, CuadernoRecursoAnulación), el Tribunal de arbitramento lo concedió (f.° 140 a 144 Laudo, Archivo Drive, CuadernoRecursoAnulación), la Corte avocó su conocimiento y corrió traslado a la organización sindical, quien presentó escrito de oposición.

La empresa recurrente solicita a la Sala la anulación de los artículos 2 –Traslados de sección–, 3 –Descuentos sindicales–, 8 –Jornada nocturna–, 9 –Descanso por trabajo en domingo–, 11 –Auxilio para compra de medicamentos–, 13 –Bono por producción, recreación, deporte, cultura y capacitación y derechos por costumbre– y 15 –Tiempo para integración familiar– del laudo arbitral.

Para el coherente desarrollo del recurso, la Corte (i) expondrá algunas consideraciones previas, (ii) referirá el texto de la petición del pliego, (iii) la cláusula del laudo que la definió y (iv) el criterio de la empresa recurrente y la oposición del sindicato. Por último, (v) adoptará la decisión que corresponda.

2.1. Consideraciones previas

De acuerdo a lo previsto en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, entre otras la sentencia CSJ SL17703-2015, la función de esta Corporación en sede del recurso extraordinario de anulación se restringe a: (i) verificar la regularidad del laudo arbitral proferido con ocasión de un conflicto colectivo de intereses; (ii) corroborar que el Tribunal de arbitramento no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado, y (iii) examinar que la decisión no haya vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes.

De igual modo, resulta pertinente recordar que esta Sala ha afirmado que al resolver un recurso extraordinario de anulación solo puede adoptar alguna(s) de estas resoluciones: (i) anular, (ii) no anular, (iii) devolver el expediente a los árbitros, o (iv) excepcionalmente modular la decisión arbitral (CSJ SL8157-2016, CSJ SL3491-2019 y CSJ SL5506-2021).   

Cuando la Corte anula una disposición del laudo porque advierte que se vulneraron los derechos o facultades de las partes, allí se extingue su competencia, sin que pueda adelantar gestiones posteriores. Por el contrario, cuando no evidencia ninguna de tales circunstancias y, en tal virtud, la decisión se dirige a no anular el beneficio arbitral, este queda en firme tal como lo determinara el Tribunal.

Por su parte, la devolución solo es procedente cuando se verifica que los árbitros, de forma explícita o implícita, se abstuvieron de resolver de fondo una petición del pliego a pesar de ser competentes.

En consecuencia, si emitieron una decisión de mérito respecto a un punto del pliego, bien sea negándolo o concediéndolo, total o parcialmente, no es admisible solicitar su anulación con el objetivo de devolver el expediente al Tribunal para que emita un nuevo pronunciamiento, menos aún pretender que esta Corte tome una decisión de reemplazo, pues ello sería tanto como usurpar las competencias asignadas a los árbitros, que son los únicos facultados para decidir en equidad (CSJ SL3491-2019, SL3116-2020 y SL5117-2020).

En cuanto a la modulación, esta Corporación ha establecido que tiene lugar cuando se precisa modificar, aclarar o interpretar determinados aspectos o frases de un precepto del laudo, con la finalidad de despojarlo de elementos distorsivos que afectan su legalidad e integridad. La modulación o condicionamiento del laudo debe ser respetuosa de la voluntad o intención de los árbitros y del contenido esencial de la norma (CSJ SL17703-2015, SL8157-2016, SL2809-2020, SL416-2022 y SL2789-2022).

Por otra parte, es oportuno destacar que este recurso es extraordinario, lo que implica que el impugnante tiene el deber de formular su impugnación de forma concreta, esto es, precisar si pretende que se anule, devuelva o module el laudo, y plantear argumentos convincentes y pertinentes para combatir las razones de los árbitros, pues la Corte no puede establecer de oficio esa carga argumentativa. Sobre este punto, en sentencia CSJ SL1689-2020 la Corte indicó:

Memórese que, en razón de la naturaleza jurídica del recurso de anulación, es deber del impugnante concretar y sustentar los puntos cuya anulación pretende, pues la Corte no puede actuar oficiosamente y suponer las objeciones concretas de la parte interesada a partir de afirmaciones abstractas, vagas e imprecisas (CSJ SL11979-2017).

Nada mejor que traer a colación lo expresado en sentencia CSJ SL8157-2016, en cuanto a que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 712 de 2001, el antes denominado «recurso de homologación» pasó a ser un recurso extraordinario orientado a la anulación de los laudos arbitrales, lo que significa que su nueva caracterización presupone dos cosas: (i) la necesidad de concretar los motivos de anulación; y (ii) el carácter dispositivo de su argumentación, en cuya virtud se deben aportar las razones de la solicitud de anulación y la Corte debe ceñirse a las causales invocadas (anulación del laudo arbitral; devolución del expediente al tribunal de arbitramento; modulación o condicionamiento del laudo arbitral).

CLÁUSULAS DEL LAUDO ACUSADAS POR FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

2.2.1. Descuentos sindicales

2.2.1.1. Texto del pliego

ARTÍCULO 10: DESCUENTOS SINDICALES. A partir de la entrada en vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo o Laudo Arbitral resultante del presente Pliego de Peticiones, en las fechas y medios previo acuerdo entre las partes, la empresa se obliga a descontar a cada uno de los trabajadores, los valores por concepto de cuotas sindicales relacionados por el Tesorero de la Organización Sindical. La empresa una vez realizados los descuentos pertinentes, entregará al Tesorero una relación que contenga los nombres de cada uno de los trabajadores con su respectivo descuento y una nota indicando las causas de los descuentos solicitados que no fue posible su ejecución.

2.2.1.2. Texto del Laudo Arbitral

ARTÍCULO 3. DESCUENTOS SINDICALES: A partir de la entrada en vigencia del Laudo Arbitral, la empresa se obliga a descontar las cuotas estatutarias ordinarias y extraordinarias establecidas por el Sindicato para sus afiliados y a quienes se adhieran a él. Una vez realizados estos descuentos, la empresa girará estos montos a la cuenta establecida o definida por la organización sindical SINTRAIME.

La empresa enviará al tesorero de SINTRAIME, una relación con los nombres de los trabajadores y sus respectivos descuentos.

2.2.1.3. Argumentos de la empresa recurrente

Manifiesta que el texto del beneficio que el Tribunal concedió impone a la empresa la obligación de: «(i) descontar cuotas estatutarias tanto ordinarias como extraordinarias, (ii) establecer que los sujetos de descuento, esto es afiliados al sindicato, como también a quienes se adhieran al Laudo»; (iii) girar dichos dineros al sindicato, y (iv) remitir al sindicato la relación de los trabajadores y sus respectivos descuentos.

Al respecto, afirma que los árbitros excedieron su competencia, pues su decisión modifica el artículo 68 de la Ley 50 de 1990 relativo al pago de cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias, toda vez que dicha norma dispone que los adherentes a una convención se obligan a pagar la primera, mas no «las extraordinarias que solo competen a los afiliados al sindicato».

En consecuencia, afirma, el laudo contraría lo dispuesto en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que los árbitros carecen de competencia para modificar derechos o facultades establecidas en la Constitución y ley.

Asimismo, refiere que el artículo cuestionado debe anularse, en tanto dispone que la empresa tiene el deber de suministrar una relación de nombres de sus trabajadores, pese a que la facultad de los sindicatos de exigir información únicamente recae respecto de sus afiliados o de los beneficiarios de los instrumentos colectivos.

2.2.1.4. Argumentos del sindicato opositor

Expone que el Tribunal no se extralimitó en sus funciones ni afectó derechos constitucionales o legales de las partes, pues lo que la cláusula refiere en relación con «las cuotas extraordinarias para los adherentes» reitera de manera implícita lo que establece la ley; esto es, que quienes se afilien al sindicato se obligan a pagar «todas las cuotas por estar beneficiándose de la lucha sindical».

CONSIDERACIONES

La empresa recurrente solicita la anulación de la cláusula por extralimitación de la competencia del Tribunal, toda vez que: (i) dispuso el descuento de cuotas ordinarias y extraordinarias tanto para trabajadores afiliados como para quienes se adhieran al instrumento colectivo, pese a que el artículo 68 de la Ley 50 de 1990 dispone que a estos últimos solo les corresponde asumir las primeras, y (ii) en tanto le impone la obligación de remitir  al sindicato una relación con los nombres de los trabajadores y no solo de sus afiliados.

Así, en cuanto al primer reparo, es de señalar que los artículos 400 del Código Sustantivo del Trabajo y 2.2.2.3.1 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, en desarrollo de los principios de autonomía y libertad sindical, permiten que los sindicatos fijen y aprueben las expensas ordinarias y extraordinarias con que deben contribuir sus afiliados para su funcionamiento; además, establecen la obligación del empleador de deducir de los salarios de los trabajadores afiliados el valor de aquellas y ponerlas a disposición de la organización sindical.

Por su parte, el artículo 68 de la Ley 50 de 1990 dispone que los trabajadores no sindicalizados que se beneficien de la convención colectiva deben pagar al sindicato una suma igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados.

Conforme al ordenamiento jurídico en cita, la Sala advierte que la cláusula arbitral cuestionada no altera el régimen legal de financiación sindical, pues (i) no redefine la calidad de los sujetos obligados al pago de las cuotas sindicales –afiliado/beneficiarios por extensión–, (ii) no crea una modalidad adicional de financiación distinta a la prevista en la ley –ordinarias/extraordinarias–, y (iii) no modifica los presupuestos legales de cada una de aquellas.

En esa medida, tampoco estableció un deber distinto al previsto en la ley a cargo del empleador, en tanto se limitó a consignar su obligación de descontar y girar las cuotas sindicales «establecidas por el sindicato», expresión que remite necesariamente al marco legal que regula su procedencia.

Ahora, si bien la cláusula alude de manera simultánea a «cuotas estatutarias ordinarias y extraordinarias», respecto de afiliados y de quienes se adhieran al sindicato, dicha redacción, por sí misma, no implica la modificación del régimen legal que determina la procedencia de cada tipo de cuota como lo entiende la empresa recurrente; ello por cuanto, se insiste, la disposición arbitral no redefine los eventos en que cada una procede, razón por la cual, su eficacia y aplicación continúa sujeta al ordenamiento jurídico que regula la exigibilidad de cada una.

De ahí que no se configura la imposición de una obligación nueva o diferente a cargo del empleador.

En cuanto al segundo reparo de la recurrente, basta señalar que la disposición arbitral no impone a la empresa la entrega indiscriminada de información de todos los trabajadores, sino únicamente de aquellos respecto de quienes se realicen descuentos sindicales, función que está vinculada de manera directa al deber de retención del empleador, previsto en los citados artículos 400 del Código Sustantivo del Trabajo y 2.2.2.3.1 del Decreto 1072 de 2015.

Y es que, en la práctica, dicho reporte constituye un mecanismo inherente a dicha obligación, toda vez que permite a la organización sindical verificar el recaudo de las cuotas sindicales y controlar el traslado de los recursos que le corresponden. Por tanto, la cláusula cuestionada no asigna al empleador una carga adicional, solo articula un medio que asegura la transparencia en la ejecución del descuento.

En consecuencia, el Tribunal no extralimitó su competencia y, por tanto, la disposición cuestionada no se anulará.

2.2.2. Recargos en jornada de trabajo

2.2.2.1. Texto del pliego

ARTÍCULO 15: RECARGOS EN JORNADA DE TRABAJO. A partir de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo o Laudo Arbitral, derivada del presente Pliego de Peticiones, la Empresa paga a todo su personal que labore en los diferentes turnos trabajo establecidos dentro de la compañía, los siguientes recargos:

a. Los trabajadores que laboren en jornada ordinaria nocturna. Un recargo del 80% sobre el valor de la jornada ordinaria.

b. Los trabajadores que laboren en jornada dominical o festiva diurna. Un recargo del 85% sobre el valor de la jornada ordinaria de Ley.

c. Los trabajadores que laboren en jornada dominical o festiva nocturna. Un recargo del 100% sobre el valor de la jornada ordinaria de Ley.

Para efectos del presente Artículo se da por entendido que la jornada nocturna inicia a partir de las 6:00 P.M. y termina a las 6:00 A.M.

2.2.2.2. Texto del Laudo Arbitral

ARTÍCULO 3. JORNADA NOCTURNA: La jornada nocturna inicia a partir de las 6:00 P.M. y termina a las 6:00 A.M.

2.2.2.3. Argumentos de la empresa recurrente

Manifiesta que el Tribunal desconoció que la definición de trabajo nocturno es de reserva legal y está establecida en el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, con una regla distinta a aquella que se estableció en el laudo.

Afirma que los árbitros «cercenaron» la facultad legal del empleador de «programar trabajos» entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., sin que ello le implique una erogación adicional por concepto de recargo nocturno.

Asimismo, refiere que pasar por alto lo anterior, implicaría que los árbitros pudieran cambiar la noción de «trabajo dominical ampliándola a ciertas horas del sábado o del lunes siguiente, o que modificaran a su antojo la noción de jornada máxima», pese a que la jurisprudencia ha considerado que los tribunales de arbitramento no tienen competencia para pronunciarse acerca de la jornada de trabajo. En apoyo, cita las sentencias CSJ SL2517-2024, SL1062-2023, SL1932-2023, SL4315-2022 y SL5117-2020.

2.2.2.4. Argumentos del sindicato opositor

El sindicato refiere que lo decidido por el Tribunal se circunscribe a la naturaleza jurídica del conflicto de trabajo, que no es otra que la de obtener mejores condiciones laborales. De ahí que, afirma, establecer la jornada nocturna en los términos del laudo arbitral, solo implica una consecuencia económica relacionada con el «valor del trabajo», sin que ello conlleve limitar la facultad del empleador de programar turnos en dicho horario, «la cual permanece intacta».

2.2.3. Descanso por trabajo en domingos

2.2.3.1. Texto del pliego

ARTÍCULO 16: DESCANSO POR TRABAJO EN DOMINGOS O DÍAS FERIADOS. A partir de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo o Laudo Arbitral, derivada del presente Pliego de Peticiones, los trabajadores que sean programados para trabajar días domingos y/o festivos legales de obligatorio descanso establecidos en los artículos 172, 177 y 178 del Código Sustantivo de Trabajo y demás normas que sobre el particular rigen, la Empresa durante la misma semana calendario por cada día trabajado un domingo y/o festivo legal, les dará un descanso compensatorio remunerado en día ordinario con los porcentajes establecidos en el artículo inmediatamente anterior, en consecuencia, cuando el trabajador labore en la misma semana un domingo y un festivo, también se le deben programar dos días ordinarios de descanso remunerados.

PARÁGRAFO: La Empresa reconocerá los días Sábados Santo, Veinticuatro (24) y Treinta y Uno (31) de diciembre de cada año como descanso remunerado con el salario básico para todos sus trabajadores. Queda entendido que dichos permisos mantienen

todos los derechos laborales de Ley, sin perjuicio de interrupción del contrato laboral.

2.2.3.2. Texto del Laudo Arbitral

ARTÍCULO 9. DESCANSO POR TRABAJO EN DOMINGO: A partir de la expedición del Laudo Arbitral, los trabajadores afiliados a SINTRAIME a quienes se les programe para trabajar un domingo no habitual, se les remunerará bajo los mismos términos y condiciones de remuneración de un domingo habitual.

2.2.3.3. Argumentos de la empresa recurrente

Expone que los árbitros eliminaron la diferencia legalmente establecida entre un trabajo en domingo ocasional y uno habitual, toda vez que equipararon las consecuencias de laborar en uno u otro. Así, afirma que el Tribunal excedió su competencia, en tanto:

(...) borró la facultad legamente establecida de un empleador de programar trabajo en domingos, de manera ocasional y remunerarlo con el recargo legalmente establecido o con un día de descanso compensatorio, a elección del trabajador y la remplazó por la consecuencia, al trabajar un domingo ocasionalmente, de tener que pagar tanto recargo como compensatorio, simultáneamente al igualarlo, sin competencia, para ello, al trabajo habitual en domingo.

Manifiesta que de acuerdo con el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, los árbitros carecen de competencia para modificar las facultades legales de las partes, razón por la cual la cláusula debe anularse. En apoyo, cita las sentencias CSJ SL2517-2024, SL1062-2023, SL1932-2023, SL4315-2022 y SL5117-2020.

2.2.3.4. Argumentos del sindicato opositor

Refiere que lo decidido cumple el fin esencial del conflicto, pues mejora las condiciones de los trabajadores al establecer una remuneración superior a la mínima legal, en relación con el trabajo no habitual en domingo.

Señala que lo anterior no modifica la facultad del empleador de programar trabajo dominical, pues lo que implica es una remuneración superior que, además, no resulta inequitativa.

CONSIDERACIONES

La empresa recurrente afirma que el Tribunal de Arbitramento modificó de manera indebida las normas que establecen el régimen de trabajo en horario nocturno y en domingos –ocasional/habitual–, con lo cual limitó la facultad que como empleadora tiene de programar labores en dichos lapsos, sin que ello le implique erogaciones adicionales a las dispuestas en la ley.

Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal amplió la remuneración de la jornada que legalmente se considera como nocturna, para tener como tal la que se realiza a partir de las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. e incrementó el valor de la retribución del trabajo realizado en domingo ocasional.

De manera que, en rigor, con esta disposición se logra el fin último del conflicto colectivo económico, cual es la superación o mejora de los derechos mínimos legales, materia que sí es susceptible de regulación en el marco de la heterocomposición.

En efecto, de manera reiterada, esta Corporación ha considerado que la función por antonomasia de los árbitros es la de hacer efectivas las reivindicaciones y reclamos de los trabajadores, en un clima de justicia social, a través de la creación de un derecho ex novo o la complementación de lo que ya existe (CSJ SL5887-2016, reiterada recientemente, entre otras, en la SL2194-2025).

En ese sentido, los árbitros están investidos de la facultad de crear beneficios extralegales en aras de superar los pisos mínimos legales y mejorar la situación de los trabajadores. Ello lleva inmersa la posibilidad de establecer garantías que contribuyan a elevar los niveles de calidad de vida de los trabajadores, tal como ocurre con la extensión de la jornada nocturna y del incremento de la remuneración del trabajo desempeñado ocasionalmente en domingos, respecto de la que establece la ley.

Así, el Tribunal no excedió sus facultades, pues lo dispuesto en los artículos 3 –Descuentos sindicales–, 8 –Jornada nocturna– y 9 –Descanso por trabajo en domingo– del laudo, corresponde a regulaciones dirigidas a mejorar una base económica prevista por el legislador. Por tanto, sí tenía competencia para regular dichos puntos y, por ello, se negará la petición de anulación.  

2.2.4. Auxilio para compra de medicamentos

2.2.4.1. Texto del pliego

ARTÍCULO 18: AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,

HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA. A partir de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo o Laudo Arbitral, derivada del presente Pliego de Peticiones, la Empres previa comprobación de los eventos aquí citados, concede un auxilio al trabajador y/o familiares debidamente inscritos ante la empresa por un monto anual máximo de Cuatro Millones ($4.000.000) de pesos.

2.2.4.2. Texto del Laudo Arbitral

ARTÍCULO11. AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS: La Compañía concederá un auxilio del 80% del valor de los medicamentos, hasta agotar el monto de dos puntos cinco (2.5) salarios mínimos mensuales legales vigentes por año fiscal, para los familiares acreditados bajo prueba del vínculo familiar, previa presentación de la fórmula médica y factura. El mínimo valor de solicitud debe ser del tres (3)% del SMLMV.

2.2.4.3. Argumentos de la empresa recurrente

La recurrente señala que el Tribunal excedió su competencia, pues le trasladó obligaciones que son propias del sistema de seguridad social en salud, con lo cual desconoció que las cotizaciones que sufraga en favor de sus trabajadores garantizan la cobertura del derecho a la entrega de medicamentos, incluso de los familiares beneficiarios del trabajador. En apoyo, cita apartes de la sentencia CSJ SL8157-2016.

Insiste que la obligación impuesta en el laudo implica remplazar la cobertura del sistema integral de seguridad social en salud, pues este cubre los medicamentos «al 100% en los términos del anexo 1 de la resolución 2802 de 2022».  

2.2.4.4. Argumentos del sindicato opositor

Aduce que si bien el beneficio económico que impuso el Tribunal «tiene relación» con la seguridad social en salud, aquel no está establecido en la ley, pues consiste en un auxilio equivalente al 80 % del valor de los medicamentos, «y no los medicamentos en sí, que sí deben ser reconocidos y pagados parcialmente» por dicho sistema.

En esa línea, considera que la prerrogativa concedida por el Tribunal se encaminó a lograr una mejora en los derechos de los trabajadores. Además, aduce que la jurisprudencia ha señalado que existen límites en la concesión de beneficios relacionados con el sistema de protección social, pero que aquellos están relacionados con el respeto al orden público y están ligados a la no alteración de la estructura, organización y funcionamiento del sistema, lo cual, afirma, no se causa con el beneficio cuestionado por la empresa. Al respecto, cita apartes de las sentencias CSJ SL8157-2016 y SL3269-2016.

CONSIDERACIONES

La empresa recurrente considera que el Tribunal excedió su competencia, pues le trasladó obligaciones propias del sistema de seguridad social en salud, pese a que este garantiza la cobertura de medicamentos para los trabajadores y sus beneficiarios.

Al respecto, esta Sala ha considerado que los jueces arbitrales no están facultados para sustituir o desplazar de manera íntegra las obligaciones estructurales del sistema de seguridad social en salud. No obstante, ha reconocido que sí pueden establecer auxilios o ayudas complementarias en materia de medicamentos, aun cuando el empleador tenga la obligación de sufragar las cotizaciones que garantizan su cobertura.

En efecto, en la sentencia CSJ SL1573-2021, esta Sala señaló:

Ahora bien, los árbitros sí pueden disponer de un auxilio o ayuda en lo atinente al costo de los medicamentos y, en ese contexto, no hay un desplazamiento total de las obligaciones de los organismos del sistema de seguridad social, pese a la contribución que el empleador, por Ley debe realizar mensualmente en su nómina, para que sus colaboradores y grupo familiar reciban las diferentes prestaciones que ofrece el sistema.

En dicha decisión la Corte anuló la cláusula, no por tratarse de un auxilio para medicamentos sino porque el beneficio se otorgó de manera abierta e indeterminada, comoquiera que no establecía límites o topes al valor de aquellos.

Dicho criterio fue reiterado en la sentencia CSJ SL2467-2023, oportunidad en la cual la Sala analizó una cláusula arbitral similar, y no accedió a su anulación al advertir que el beneficio no configuraba una sustitución del sistema de salud y estaba delimitado en debida manera.

Ahora, en el caso concreto, se tiene que la cláusula cuestionada: (i) fija un porcentaje determinado equivalente al 80 % del valor de los medicamentos; (ii) establece un tope anual claro de hasta 2.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes «por año fiscal»; (iii) exige la acreditación del vínculo familiar con el trabajador; (iv)condiciona el reconocimiento del beneficio a la presentación de la fórmula médica y de la factura, y (v) establece un valor mínimo por solicitud equivalente al 3 % el salario mínimo legal mensual vigente.

En tal perspectiva, para la Sala el beneficio dispuesto por los árbitros no es abierto e ilimitado, por el contrario, su cuantía, periodicidad, destinatarios y exigibilidad están condicionados, por tanto, su alcance es determinado.

Además, se advierte que el auxilio concedido no sustituye la cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud, tampoco modifica su estructura, organización o financiación contributiva, ni altera el Plan de Beneficios en Salud, pues se trata de una prerrogativa económica complementaria que, como se expuso en precedencia, contribuye a mejorar las garantías de los trabajadores como objetivo principal del conflicto colectivo del trabajo.

Por tanto, no se configura la alegada extralimitación de competencia del Tribunal, razón por la cual no se accederá a la anulación del artículo 11 del laudo arbitral.

2.2.5. Tiempo para integración familiar, recreación, deporte, cultura y capacitación y derechos por costumbre

2.2.5.1. Texto del pliego

ARTÍCULO 22: TIEMPO PARA INTEGRACIÓN FAMILIAR, RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y CAPACITACIÓN Y DERECHOS POR COSTUMBRE. A partir de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo o Laudo Arbitral, derivado de la presentación del presente Pliego de Peticiones, en concordancia al Artículo 21 de la Ley 50 de 1990, Ley 1857 (día de la familia) y a las normas en seguridad y salud en el trabajo, la Empresa dará a todos los trabajadores las dos horas dentro de la jornada laboral para realizar las actividades citadas, al igual que un día semestral remunerado para1a integración familiar (Ley 1857 del 2017). Así mismo, seguirá otorgando todos los beneficios que hasta ahora ha venido reconociendo por costumbre, tales como auxilio para la compra de baterías y mantenimiento vehicular, bonificación por producción y auxilio por ahorros.

Parágrafo: La Empresa no hará uso y en consecuencia quedará sin vigencia el artículo 6° de la Ley 2101 del 15 de julio de 2021.

2.2.5.2. Texto del Laudo Arbitral

ARTÍCULO 15. TIEMPO PARA INTEGRACIÓN FAMILIAR, RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y CAPACITACIÓN Y DERECHOS POR COSTUMBRE: A partir de la expedición del Laudo Arbitral, en concordancia al artículo 21 de la Ley 50 de 1990, Ley 1857 (día de la familia) y a las normas en seguridad y salud en el trabajo, la Empresa dará a todos los trabajadores afiliados a SINTRAIME las dos horas dentro de la jornada laboral para realizar las actividades citadas, al igual que un día semestral remunerado para la integración familiar (Ley 1857 de 2017). Así mismo, seguirá otorgando todos los beneficios que hasta ahora ha venido reconociendo por costumbre, tales como auxilio para la compra de baterías y mantenimiento vehicular, bonificación por producción y auxilio por ahorros.

2.2.5.3. Argumentos de la empresa recurrente

Refiere que el artículo 6.° de la Ley 2101 de 2021 exoneró al empleador de otorgar el día de la familia y la jornada de dos horas semanales de capacitación; ello como «contraprestación» de la reducción de la jornada que se dispuso en dicha normativa.

Así, señala que el Tribunal excedió sus competencias al conceder la prerrogativa cuestionada, pues desconoció que, por ministerio de la ley, el empleador está facultado para aplicar la mencionada exoneración. Además, afirma que los árbitros no están habilitados para modificar aspectos relacionados con la jornada laboral ni con la distribución y destinación de esta.

En lo que respecta a los beneficios que la empresa reconoce «por costumbre», señala que los árbitros carecen de competencia para determinar «qué es y qué no es costumbre», pues ello comporta un conflicto jurídico dirigido a determinar si, en los términos del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, existe o no una costumbre en una empresa.

Por último, señala que en el trámite del conflicto ante el Tribunal no se debatió la existencia o no de costumbre, y que las relacionadas en el laudo no existen en la empresa.

2.2.5.4. Argumentos del sindicato opositor

Aduce que el hecho de que una norma desaparezca del ordenamiento jurídico no implica que ello mismo ocurra con la norma extralegal, o que un derecho eliminado, modificado o derogado no pueda incorporarse en un instrumento colectivo, pues, para dirimir el conflicto colectivo de trabajo, el juez arbitral puede tener en cuenta e invocar como parámetro «una fuente formal de derecho, sea la ley o la costumbre».

CONSIDERACIONES

La Sala procede a analizar los reparos que la recurrente plantea, así:

(i) Dos horas de la jornada laboral para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación

  La recurrente refiere que el artículo 6.° de la Ley 2102 de 2021 exoneró al empleador de otorgar dichos espacios como consecuencia de la reducción de la jornada laboral que dicha norma dispuso; en consecuencia, considera que el Tribunal excedió sus facultades.

Al respecto, es de señalar que como bien lo plantea la empleadora, la citada norma eliminó la obligación legal de conceder las horas previstas en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, como consecuencia de la reducción progresiva de la jornada máxima legal.

No obstante, si bien tal exoneración implica la supresión de un deber legal, lo cierto es que ello no puede asimilarse a una prohibición para que, en el marco de la negociación colectiva o del arbitraje, pueda establecerse una prerrogativa extralegal similar.

Ahora, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que los árbitros tienen competencia para resolver acerca de la realización de actividades de ese tipo en la jornada de trabajo. Precisamente, en sentencia CSJ SL2856-2023, se consideró:

Ahora, respecto de la devolución frente al artículo 39° del pliego, relacionado con la jornada de descanso destinado a las actividades de bienestar y recreación de los trabajadores, de que trata el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, en tanto el Tribunal declaró no tener competencia por ser un asunto regulado por la Ley, cabe precisar que, acorde con lo estipulado por la norma en cita, ciertos empleadores tienen la obligación de ofrecer a sus trabajadores capacitación, cultura, recreación y deporte, lo cual tiene como finalidad contribuir con su bienestar físico y mental. 

 

Así las cosas, para la Sala, resulta contradictorio lo determinado por los árbitros, como lo afirma la censura, pues nada impide que aquellos puedan resolver sobre la realización dentro de la jornada de trabajo, de actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas para los trabajadores. Es de recordar que, además de aplicar la garantía laboral regulada por el legislador, los árbitros sí tienen competencia para ampliarla con el fin de magnificar el objeto plasmado en la referida disposición legal, como lo es, lograr el bienestar del trabajador, el cual a su vez se revierte en otras áreas diversas a la productividad, sin que aquella estipulación afecte la esfera propia de autodeterminación y autogestión de la empresa, reservadas al dominio del empleador (CSJ SL5688-2018 y CSJ SL495-2019, entre otras).  

 

En consecuencia, se considera por la Corte que, este tipo de decisiones no constituyen una extralimitación en la competencia del Tribunal, pues así lo ha permitido la Sala en diversos pronunciamientos, entre otros, en sentencias CSJ SL817-2022, CSJ SL2615-2020, CSJ SL3047-2019, CSJ SL5688-2018, en la medida que no contravienen el marco legal del artículo 21 de la Ley 50 de 1990, y el Decreto 1127 de 1991, por el contrario, magnifica éstos últimos. 

Incluso, en sentencia CSJ SL1989-2025, que reiteró la anterior, esta Corporación consideró oportuno que, ante la promulgación del mencionado artículo 6.° de la Ley 2101 de 2021, el juez arbitral se pronuncie en tal sentido, razón por la que en esa oportunidad dispuso la devolución del laudo al Tribunal para que resolviera lo pertinente. Así lo precisó la Sala:

En efecto, debe resaltarse que la cláusula del pliego de peticiones en realidad comprende cuatro puntos de discusión: (…) y iv) el sostenimiento de los beneficios del artículo 21 de la Ley 50 de 1990, «horas recreativas».

En relación con el segmento de la misma cláusula 28 sobre el cual el Tribunal declaró su incompetencia, se aprecia que contrario a lo afirmado en el laudo, los árbitros son competentes, aun cuando se trate de temáticas ya regladas por el legislador, pues están facultados para mejorar las condiciones mínimas dispuestas.

De manera concreta, en lo tocante a la competencia para decidir acerca del señalamiento de actividades lúdicas y de bienestar, en decisión CSJ SL2856-2023 se razonó (…).

Lo expuesto por la Corte, cobra relevancia cuando quiera que el artículo 6.° de la Ley 2101 de 2021, exonera expresamente a los empleadores de la obligación de que trata el precepto 21 de la Ley 50 de 1990, razón por la cual, urge el pronunciamiento de los árbitros a efectos de señalar si se acoge o no la petición del sindicato que busca crear un marco más favorable en cuanto preserva las horas recreativas aun cuando se disminuya la jornada máxima de acuerdo con el legislador.

En ese entendido, se dispondrá la devolución del laudo, para que el Tribunal se pronuncie frente a la petición cuestionada en su parágrafo (resaltado fuera del texto original).

Lo anterior cobra sentido en la medida que cláusulas como la cuestionada persiguen, de manera inequívoca, una mejora en las condiciones de trabajo al destinar un espacio orientado al bienestar integral del trabajo mediante actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, lo cual, sin duda, impacta de manera positiva en el clima organizacional y repercute en la productividad y sostenibilidad de la empresa.

Por último, la Sala no desconoce que en la sentencia CSJ SL1208-2025 se refirió que «las actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, son ajenos al laudo arbitral»; no obstante, de la lectura completa del apartado pertinente se advierte que la Sala no anuló la cláusula que entonces se cuestionaba por falta de competencia, pues consideró que el Tribunal se limitó a reproducir lo que ya disponía la ley.

No obstante, para la Sala dicha afirmación no puede interpretarse como una regla absoluta de falta de competencia, pues, como se expuso en precedencia, la línea jurisprudencial consistente e imperante hasta entonces (CSJ SL2856-2023) y la posterior a dicha decisión (CSJ SL1989-2025), ha reconocido de manera expresa la facultad del juez arbitral para decidir acerca de la realización de dichas actividades.

Lo anterior máxime si, como en este caso, se tratan de mejoras que no alteran la estructura esencial de la jornada laboral ni ponen límites a la facultad organizativa del empleador, pues simplemente destina un espacio limitado en el tiempo a actividades de bienestar.

Por tanto, pese a la existencia de una decisión aislada con un enfoque más restrictivo, la Sala reitera su criterio en cuanto a que el Tribunal sí tiene competencia para decidir acerca de la mejora cuestionada.

(ii) Día de la familia

En relación con el reparo dirigido a cuestionar lo laudado en punto al «día de la familia», es de señalar que esta Sala, por mayoría, ha considerado que no es viable que en el laudo se fije o modifique la jornada laboral, pues, al tratarse de una facultad del empleador, en ejercicio del «ius variandi», esta solo puede regularse a través de convenio o pacto, pero, en manera alguna, puede establecerse por conducto de los árbitros, luego, carecen de facultad para decidir al respecto.

 Así lo ha señalado esta Sala de la Corte, entre otras, en sentencias CSJ SL5693-2021, SL2593-2023, SL3510-2024, SL1889-2025 y SL2310-2025. Precisamente, en esta última, se precisó:

Con relación al permiso remunerado denominado día de la familia, otorgado en el literal d) del artículo cuarto del ordinal «TERCERO» del laudo, conviene recordar que, en principio, los arbitradores tienen competencia para resolver en equidad sobre todos y cada uno de los aspectos que integran el decreto de su convocatoria, los que, a su vez, se identifican con todas aquellas exigencias económicas y profesionales del pliego de peticiones que no hubieran sido materia de autocomposición, durante la etapa de arreglo directo. (CSJ SL3116-2020 y SL3349-2020, entre otras)

Asimismo, existen algunas materias ajenas al dominio arbitral, bien sea porque interfieren en debates jurídicos, extraños por completo al conflicto económico, o en la medida que comportan derechos y facultades reconocidos exclusivamente a las partes. Ahora, se tiene sentado que la decisión del colegiado no puede significar una afectación de disposiciones de orden público imperativas, no sometidas a la negociación o que, cuanto menos, deberían ser materia de autocomposición. (CSJ SL4785-2020)

La regla general, en torno a prebendas como la aquí analizada es que el establecimiento de descansos remunerados en días especiales adicionales a los contemplados en la Ley es un punto del resorte exclusivo de las partes. Concretamente, en cuanto a la posibilidad de otorgar el llamado «día de la familia», esta Sala en sentencia CSJ SL2593-2023, estimó:

[…]

Como excepción a la regla citada, la Corte ha señalado que los árbitros sí tienen competencia para establecer días de permiso remunerado a favor de los trabajadores, por causas como la enfermedad de padres, cónyuge e hijos y la muerte de familiares hasta del tercer grado de consanguinidad, citas médicas, capacitaciones, en tanto se trata de beneficios y garantías económicas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, atender sus contingencias y generar ambientes laborales de bienestar y tranquilidad, todo lo cual se integra perfectamente dentro de la naturaleza y finalidades de la negociación colectiva. (CSJ SL1791-2024, SL2514-2024, SL3510-2024, entre otras)

En atención a los argumentos de la empresa, la Sala debe señalar que, efectivamente el artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, que adicionó «un artículo nuevo a la Ley 1361 de 2009», dispuso:

[…]

Igualmente, la citada ley implementó el «día nacional de la familia» el que también denominó el «Día sin redes» e impuso a la Autoridad Nacional de Televisión que destine espacios institucionales para desarrollar campañas pedagógicas que realcen el valor de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la importancia del diálogo presencial e intergeneracional entre los miembros de la familia. Esos espacios serán durante los 15 días antes a la celebración de este día.

Ahora bien, tal como se alega, la anterior preceptiva debe ser armonizada con el artículo 6 de la Ley 2101 de 2021, que prevé la exoneración para el «empleador de dar aplicación al parágrafo del artículo 3° de la Ley 1857 de 2017, así como a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990», como consecuencia de la disminución de la jornada laboral de que trata dicha ley.

No obstante, la disposición arbitral cuestionada no prevé una extensión pura y simple de la Ley, en la medida en que esta contempla un día de conmemoración colectivo, mientras que el laudo dispone la regulación de la jornada y de un día laborable individualmente considerado ya que dictamina que dicho espacio sería «previamente acordado entre el trabajador y la Empresa».

La Corte advierte que, si bien el Tribunal, por razones de equidad, pudo tener la intención de mantener la vigencia de lo preceptuado en el art. 3 de la Ley 1857 de 2017, interpretando que era un día para que el trabajador estuviera en familia, y no, un espacio de tiempo o jornada colectiva con ese fin, en el sentido de establecer un día para el disfrute de cada trabajador con su familia, lo cierto es que excedió los límites de su competencia, dado que, en la práctica dispuso de un día laborable para actividad distinta a la prestación del servicio, esto es, le impuso al empleador obligaciones en menoscabo de su autonomía administrativa, para lo cual, se itera, no tiene competencia, competencia que no se adquiere por el solo hecho de haber establecido que las partes acordaran el día del permiso, pues, bastaría a los árbitros incorporar en aquellos aspectos para los cuales no tienen competencia una regla de dialogo social para asumir la resolución de temas que exclusivamente las partes deben ponerse de acuerdo en los escenarios que la negociación colectiva prevé para tales efectos.

  Conforme a lo expuesto, el Tribunal no tenía competencia para pronunciarse respecto del beneficio denominado «día de la familia»; por tanto, se anularán los apartes pertinentes de la cláusula cuestionada.

(iii) Derechos por costumbre

La recurrente refiere que los árbitros excedieron su competencia al definir qué es costumbre, pues ello se relaciona con un conflicto jurídico; además, afirma que el tema no fue materia de discusión en el trámite arbitral, y que los derechos que se relacionan como tal no existen en la empresa.

Sea lo primero señalar que, para la Sala, el aparte de la cláusula cuestionada no constituye una declaración acerca de la configuración de la costumbre en los términos del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no realizó un análisis dirigido a establecer los elementos que la estructuran, ni llevó a cabo un juicio jurídico para declarar la existencia de aquella con efectos generales.

En efecto, lo que el Tribunal dispuso fue la conservación de determinados beneficios que, en el marco del conflicto colectivo, tuvo por existentes en la empresa –auxilio para la compra de baterías y mantenimiento vehicular, bonificación por producción y auxilio por ahorros–, mas no definió la costumbre como fuente normativa autónoma ni como institución jurídica.

Ahora, nótese que el mencionado eje temático fue propuesto desde el inicio del conflicto colectivo, tal como se advierte de la transcripción de la aspiración que el sindicato elevó en el pliego de peticiones y, por tanto, hizo parte del debate sometido a decisión por parte del Tribunal.

Además, al pronunciarse respecto de dicha cláusula, en su escrito de 30 de septiembre de 2024, la empresa recurrente no alegó que tales beneficios no existían en la práctica, pues fundamentó su oposición así: «que el Tribunal de Arbitramento se abstenga de pronunciarse sobre esta peticion por falta de competencia e inequidad manifiesta» (f.° 171 archivo PDF 5 CuadernoRecursoAnulación).

Asimismo, el Tribunal en la sesión n.° 9 de 22 de octubre de 2024, al analizar la petición verificó el texto integral de la misma tal como fue formulada en el pliego, y fijó los parámetros en los cuales finalmente la adoptaría.

En tal perspectiva, no resulta admisible que, en sede del recurso extraordinario de anulación, la recurrente argumente que lo resuelto por el Tribunal no fue materia de discusión o que dichos beneficios existen en la empresa, pues si consideraba que, en la práctica, no los otorga o que no reunían los presupuestos para ser concedidos, esa era una cuestión que debía plantearla y debatirla en el escenario arbitral.

 Así, los árbitros no se ocuparon de definir un asunto estrictamente jurídico ni se alejaron del marco de lo pedido por el sindicato; por tanto, no extralimitaron su competencia en punto a esta temática.

En conclusión, el Tribunal de Arbitramento no excedió su competencia al disponer dos horas de la jornada laboral destinadas a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, ni al establecer la conservación de los beneficios que venía reconociendo la empresa, pues tales determinaciones se enmarcan el ámbito propio del conflicto económico y no implican la definición de uno jurídico. Por tanto, no se anularán.

No obstante, el aparte relacionado con el otorgamiento de un día semestral remunerado para la integración familiar será anulado conforme a lo expuesto en el aparte correspondiente.

2.3. CLÁUSULA DEL LAUDO ACUSADA POR EXCEDER LAS FACULTADES ULTRA Y EXTRA PETITA

Traslados de sección

2.3.1. Texto del pliego

ARTÍCULO 8: ESTABILIDAD.

La Empresa no hará uso y en consecuencia quedarán sin vigencia el numeral 9° del Artículo 7° del Decreto 2351 de 1965 y el contenido del Artículo 8° del ya mencionado Decreto 2351 de 1.965.

La Empresa acepta que no hará uso de lo estipulado en el Decreto 2352 de1.965.

Con relación al numeral 4° del Artículo Sesenta (60) del Código Sustantivo del Trabajo, se aclara que el trabajador podrá faltar hasta por tres (3) días.

Serán causales de despido, la detención preventiva o el arresto correccional del trabajador por más de Ciento Ochenta (180) días, a menos que posteriormente sea absuelto. En el caso de que la detención recaiga en cualquier Directivo Sindical, Comisión de Reclamos, afiliado o dignatario de representación sindical por razones de detención o el arresto correccional o de orden Político o Sindicales, se amplía el tope a Trecientos Sesentaicinco (365) días. Los Noventa (90) primeros días de la detención de trabajador, serán pagados por la Empresa al familiar que autorice el trabajador.

Los trabajadores de bolsas de empleo, agencias de empleo, cooperativas asociativas de trabajo, contrato sindical, agencias temporales, empresas de servicios temporales, empresas de prestación de servicios, trabajadores en misión, trabajadores de empresas usuarias y en general cualquier tipo de intermediación laboral y los vinculados a la Empresa con contrato a término fijo que laboren por Seis (6) meses continuos o discontinuos en las dependencias de la Empresa, entrarán a laborar a CLARIOS ANDINA S.A.S.", con NIT 900.388.600-1, con contrato a término indefinido y sin período de prueba.

La Empresa no podrá despedir ni desmejorar a ningún trabajador por la instalación de nueva maquinaria, tecnificación de sus líneas de producción e implementación de nuevas tecnologías digitales, Si por efectos de la productividad de las nuevas máquinas instaladas y por lo anterior llegase a sobrar personal, la Empresa los reinstalará en otras secciones de la Planta sin desmejora de su categoría o de su salario.

Traslados de sección. Si la Empresa traslada una sección fuera de sus instalaciones, estos trabajadores continuarán amparados por la Convención Colectiva de Trabajo o Laudo Arbitral Vigente y por consiguiente les serán reconocidos todos los derechos sindicales legales y contractuales por la Empresa.

PARÁGRAFO: Estos traslados de sección no los podrá realizar la Empresa sin previo acuerdo con la organización sindical.

Vacante por muerte del trabajador. Cuando por alguna circunstancia fallezca un trabajador o trabajadora al servicio de la Empresa, ésta contratará a un familiar para llenar la vacante. Así mismo, cuando se pensione o jubile un trabajador.

2.3.2. Texto del Laudo Arbitral

ARTÍCULO 2. TRASLADOS DE SECCIÓN: Si la Empresa traslada una sección por fuera de sus instalaciones, estos trabajadores continuarán amparados por la Convención Colectiva de Trabajo o Laudo Arbitral Vigente y por consiguiente les serán reconocidos todos los derechos sindicales legales y contractuales por la Empresa, con los mismos beneficios de que gozan en la sede principal.

2.3.3. Argumentos de la empresa recurrente

Manifiesta que, al resolver el conflicto colectivo, el juez arbitral no puede otorgar beneficios no contenidos en el pliego de peticiones, ni más allá de lo solicitado en él.

Con fundamento en dicha premisa, la empresa señala que el Tribunal concedió varias peticiones que, si bien hacen parte del pliego de peticiones, las otorgó más allá de lo pedido. Cita una sentencia que identifica únicamente con la fecha de su emisión –19 de julio de 1982– y la providencia CSJ SL7078-2016, para señalar que la postura de esta Sala es pacífica en cuanto a que las cláusulas así concedidas deben anularse.

En tal perspectiva, manifiesta que al cotejar lo decidido en el laudo con lo solicitado en el pliego, advierte que los árbitros se extralimitaron en su decisión, toda vez que en dicho acto «JAMÁS se refirió a la extensión de beneficios de la sede principal como indebidamente lo hizo el tribunal», en la frase de cierre del beneficio cuestionado –«con los mismos beneficios de que gozan en la sede principal»–.

2.3.4. Argumentos del sindicato opositor

Manifiesta que el Tribunal no extralimitó su competencia y que su determinación se ajustó al contenido material del artículo 53 de la Constitución Política, pues en aplicación de los principios de favorabilidad y condición más beneficiosa, determinó que, en caso de traslado fuera de las instalaciones de la empresa, los trabajadores continuarán amparados por los acuerdos colectivos.

Afirma que el Tribunal buscó garantizar los derechos laborales y salvaguardar los principios de progresividad y no regresividad consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, «que al tenor del artículo 93 de la Constitución, prevalece en el orden interno».

CONSIDERACIONES

La empresa recurrente expone que el Tribunal incurrió en extralimitación ultra y extra petita al incluir en la cláusula la expresión «con los mismos beneficios de que gozan en la sede principal», pues afirma que dicho alcance no se solicitó en el pliego de peticiones y que, por tanto, se concedió más allá de lo pedido.

Sea lo primero destacar que los árbitros no están obligados a conceder las peticiones tal como fueron solicitadas por el sindicato.

Así, el hecho de que el Tribunal establezca un beneficio de manera distinta a lo requerido no implica por sí mismo que extralimite su competencia, que es lo que censura la empresa, pues los árbitros están habilitados para condicionar, ajustar, modular o atemperar las peticiones a la justa razón y la equidad, siempre que guarden correspondencia material con lo solicitado (CSJ SL14879-2016, SL5124-2020 y SL2008-2021).

En este asunto, nótese que aunque al acoger el beneficio el Tribunal señaló que sería «con los mismos beneficios de que gozan en la sede principal», aspecto que no se advierte de la literalidad del pliego de peticiones, esto, a juicio de la Sala, no significa que los árbitros concedieran más allá de lo pedido como lo entiende la empresa.

Lo anterior, porque al analizar de manera integral el contenido de la petición, se advierte que, en esencia, la organización sindical pretendía que, en caso de traslado de sección fuera de las instalaciones del espacio físico en el que se centraliza la infraestructura y actividad productiva de la empresa, los trabajadores continuaran amparados por los beneficios de la convención colectiva o el laudo, y que, en esa medida, les fueran reconocidos todos los derechos extralegales.

Dicha formulación, en esencia, pretendía la garantía de preservar de manera íntegra las condiciones laborales que previamente disfrutaban los trabajadores. Y, justamente, fue en tal perspectiva que el Tribunal adoptó su decisión, solo que bajo un juicio de equidad decidió ajustar el alcance de la garantía a la situación particular del presente conflicto colectivo, sin que ello, se insiste, constituya una extralimitación en los términos descritos.

De ahí que la adición que el Tribunal dispuso no amplía el contenido material del beneficio reclamado, sino que lo precisa al dejar claro que el traslado físico de sección no puede repercutir en una desmejora o limitación de los derechos reconocidos en la sede principal.

La Sala ha insistido de manera reiterada que la extralimitación no se verifica por medio de un cotejo puramente literal entre el pliego de peticiones y el laudo arbitral, sino con la verificación de que la decisión adoptada guarde correspondencia sustancial con la materia sometida a consideración del Tribunal.

En este caso, como se advirtió, la cláusula arbitral se enmarca en la petición propuesta en el pliego y, por tanto, no se accederá a la solicitud de anulación.

CLÁUSULA DEL LAUDO ACUSADA POR INEQUIDAD MANIFIESTA

Bono por producción

2.4.1. Texto del pliego

ARTÍCULO 20: PRIMA POR PRODUCCIÓN. A partir de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo o Laudo Arbitral, derivada del presente Pliego de Peticiones, la Empresa paga a todos sus trabajadores los primeros 15 días del mes de septiembre de cada año, una prima por producción equivalente al 150% del salario promedio que tenga cada uno de estos al momento de liquidarse.

2.4.2. Texto del Laudo Arbitral

ARTÍCULO 13. BONO POR PRODUCCIÓN: La Compañía garantizará un bono anual del 100% del salario promedio mensual de los afiliados a SINTRAIME. Adicionalmente, el afiliado a SINTRAIME podrá recibir hasta un 25% adicional del salario promedio mensual condicionado por el cumplimiento del cuadro de indicadores, y de acuerdo con los parámetros definidos anualmente por la Gerencia de Planta. La bonificación se pagará entre los 60 días calendario después del cierre del año fiscal de la Compañía y máximo al 30 de septiembre de cada año. Esta bonificación la podrán causar los trabajadores que lleven laborando doce (12) meses continuos o más en la Compañía. El pago será proporcional al tiempo de servicios para quienes llevan

laborando menos de un año y más de seis (6) meses.

En caso de terminación del contrato de trabajo por renuncia, mutuo acuerdo o terminación unilateral y sin justa causa, esta bonificación será reconocida en forma proporcional al tiempo trabajado.

2.4.3. Argumentos de la empresa recurrente

Señala que esta Sala ha considerado que una disposición arbitral es inequitativa no solo cuando implica una carga económica demasiado gravosa para la empresa, sino también cuando se otorga un beneficio en abstracto, sin concretar o limitar de manera racional su aplicación en la práctica.

Para el caso, refiere que la cláusula cuestionada es inequitativa, toda vez que impone un beneficio de imposible cumplimiento, en la medida que: (i) es indeterminada «en los aspectos de la productividad a la que ata la causación del bono que, sin embargo, debe “garantizar la empresa”», e (ii) implica una imposibilidad para la empresa «(y la lógica jurídica reposa en varios principios axiológicos, dentro de ellos el que “nadie está obligado a lo imposible”)».

Al respecto, refiere que el Tribunal no estableció ningún parámetro para cuantificar la productividad a la que está supeditado el beneficio, lo que significa que «sería un imposible» reconocerlo, lo cual tiene repercusión, principalmente, en la determinación de reconocer un 25 % adicional del salario promedio mensual. Además, afirma que la cláusula la obliga a garantizar el pago de la prebenda con independencia de que, en la práctica, se consiga su finalidad, esto es, una productividad determinada.

Asimismo, expone que su cierre contable se realiza los 30 de septiembre de cada anualidad; por tanto, que a esa fecha no conoce el salario promedio anual de los trabajadores para, de ahí, establecer el mensual, pues en el primero debe incluirse el salario que se cancela en esa fecha; luego, de manera previa a dicha calenda no conocería el segundo, ni tampoco los resultados del cumplimiento de la empresa para determinar su productividad.

Además, señala:

De otra parte, téngase presente que el cierre del mes de septiembre de cada anualidad se lleva a cabo en conjunto y paralelo al cierre contable anual, por lo que no hay cifras contables definitivas, ni hay información de nómina cerrada, a 30 de septiembre y tales cálculos precisos solo son factibles con posterioridad al 30 de septiembre cuando se podrán generar cifras contables definitivas y cálculos de nómina fidedignos. Por último, al no conocer el salario promedio mensual, ni el cumplimiento o no de indicadores, la empresa no podrá pagar la bonificación el 30 de septiembre de cada anualidad porque le faltan de (sic) cifras para su cálculo, forzándolo al incumplimiento.

2.4.4. Argumentos del sindicato opositor

Afirma que la empresa no demuestra la inequidad manifiesta que alega, pues no indica ni cuantifica el agravio económico que el beneficio impacta en el capital, activos y utilidades de la empresa.

Además, considera que el beneficio no se otorgó en abstracto, pues se concretaron los parámetros para su concesión e, incluso, se fijó su proporcionalidad. Y que lo mismo ocurre en cuanto al 25 % adicional, toda vez que se condicionó al cumplimiento del cuadro de indicadores y a los parámetros definidos anualmente por la Gerencia de Planta.

Por último, señala que el argumento relacionado con el cierre contable a 30 de septiembre de cada anualidad no es atendible, pues la norma dispone que su causación se da por trabajar en el año anterior; en consecuencia, ello no debe confundirse con el periodo en el que debe hacerse el pago, que puede ser hasta, máximo, el 30 de septiembre; por tanto, refiere, a esta fecha la empresa ya conoce con suficiencia el salario promedio del trabajador y cualquier otro aspecto que se precise para tal efecto.

CONSIDERACIONES

La empresa recurrente cuestiona la inequidad de la cláusula con fundamento en: (i) la supuesta indefinición de los parámetros de productividad para la liquidación del beneficio; (ii) el pago de una erogación con independencia de que se logre la pretendida producción, y (iii) que a la fecha máxima prevista para su pago no contará con los resultados definitivos de aquella ni conocerá el salario promedio anual o mensual de los trabajadores beneficiarios, información necesaria para liquidar y pagar la bonificación dispuesta por el Tribunal.

Sea lo primero advertir que, dado el carácter rogado del recurso extraordinario de anulación, le corresponde a la Sala verificar si la cláusula es indeterminada de manera tal que, en la práctica, no es posible su aplicación.

Al respecto, nótese que la disposición hace una distinción clara ente un bono anual equivalente al 100 % del salario promedio mensual y un 25 % adicional, este último, condicionado al cumplimiento del cuadro de indicadores y a los parámetros definidos anualmente por la Gerencia de Planta. Así, se tiene que la cláusula no somete la totalidad del beneficio a una productividad indeterminada, sino únicamente el porcentaje adicional, cuya definición recae sobre el empleador.

En efecto, el bono equivalente al 100 % del salario promedio mensual no se supeditó a ningún parámetro adicional al tiempo de servicios que el beneficiario lleve en la empresa –12 meses continuos en la empresa o proporcional después de los primeros 6 meses–, en cambio el porcentaje adicional del 25 % depende de la definición de la empresa. Lo anterior descarta la alegada indeterminación y, en el eventual caso de que, en la práctica, aquella se presentara, no provendría de la cláusula sino del ejercicio de la facultad organizativa del empleador.

Por otra parte, la referencia a un periodo anual como marco temporal permite establecer tanto el lapso de causación del derecho, como la base para el cálculo del salario promedio mensual con el que aquel se liquidará. Se trata pues de información que hace parte del giro normal de una empresa y que, además, está bajo su manejo directo.

Ahora, la dificultad asociada al cierre contable o consolidación de información financiera a 30 de septiembre que plantea la recurrente, no demuestra, por sí sola, la inviabilidad de la cláusula, pues el pago del beneficio es anual y puede realizarse en un plazo que se extiende desde los 60 días calendario posteriores al cierre fiscal y máximo hasta el 30 de septiembre de cada año, lapso durante el que la empresa debe consolidar la información necesaria –por demás de su propiedad– para su liquidación

Por último, respecto del reparo relativo a que el pago del beneficio se otorga con independencia de que se alcance o no la productividad pretendida, basta señalar que no se relaciona con la alegada «inequidad por abstracción», sino que se centra en la inequidad como parámetro económico; no obstante, un cuestionamiento así encausado exige fundamentarse en criterios ciertos, claros, específicos y demostrados y no simplemente en conjeturas y especulaciones (CSJ SL2517-2024 y SL1222-2025).

En consecuencia, no se accederá a la anulación pretendida.

Sin costas a cargo de la empresa recurrente, dado que el recurso prosperó parcialmente.

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ANULAR las expresiones «Tiempo para integración familiar», «Ley 1857 (día de la familia)» y «al igual que un día semestral remunerado para la integración familiar (Ley 1857 de 2017)», del artículo 15 –Recreación, deporte, cultura y capacitación y derechos por costumbre– del laudo que el Tribunal de Arbitramento profirió el 6 de noviembre de 2024, con ocasión del conflicto colectivo que se suscitó entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MANUFACURERA, METAL-MECÁNICA, METÁLICA, METALÚRGICA, SIDERÚRGICA, ELECTRO METÁLICA, FERROVIARIA, COMERCIALIZADORAS, TRANSPORTADORAS, AFINES, DERIVADOS Y SIMILARES DEL SECTOR –SINTRAIME– y la empresa CLARIOS ANDINA SAS.

SEGUNDO: NO ACCEDER a las demás solicitudes de anulación de las cláusulas del laudo cuestionadas por la empresa recurrente.

TERCERO: Absolver de las costas a la empresa recurrente.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese el expediente al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia.

VÍCTOR JULIO USME PEREA

Presidente de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Salvo voto Parcial

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

Aclaro voto

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Salvo voto

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

×
Volver arriba