CONCEPTO 155 DE 2002
(febrero 1)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá D.C.,
Señor
Eduardo Torres Corredor
etorres@epb.multi.net.co
Calle 50 No. 3-185
Torre 1 Apto. 501
Urbanización Santa Coloma
Sector Lagos II
Bucaramanga – Santander
REFERENCIA: 2002000155-0
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39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado señor:
De manera atenta me refiero a su comunicación remitida al Banco de la República y radicada bajo el número citado al rubro, mediante la cual plantea algunas inquietudes en relación con un crédito de vivienda otorgado por una constructora, las cuales se transcriben y absuelven en el mismo orden en que se plantearon.
1. “Tiene la obligación la Constructora Cañaveral de reliquidar el crédito y fijar la nueva liquidación de acuerdo a la ley de vivienda?”
Sobre el particular, conviene precisar que la Ley 546 de 1999 y en especial el régimen de transición previsto en el Capítulo VIII de la misma, consagró la reliquidación de los créditos de vivienda individual como un alivio en beneficio de los deudores de obligaciones de vivienda que cumplan con las siguientes condiciones:
1. Que se tratara de créditos individuales a largo plazo para vivienda, esto es los otorgados a personas naturales.
2. Que se encontraran vigentes al 31 de diciembre de 1999, al día o en mora.
3. Que hubieren sido otorgados por un establecimiento de crédito, y
4. Que se hubieren destinado a la financiación de vivienda.
En este orden de ideas, es claro que las reliquidaciones y abonos de que tratan los artículos 41 y 42 de la mencionada reglamentación fueron previstos únicamente para los créditos individuales de vivienda otorgados por establecimientos de crédito, de manera que en tratándose de créditos como el mencionado por usted, es decir otorgado por una sociedad constructora, no resulta legalmente viable la aplicación de los alivios allí consagrados.
En consecuencia, la sociedad constructora a la que se refiere en su consulta, no está obligada a efectuar la reliquidación prevista por la Ley de Vivienda, toda vez que, como ya se expresó, dicho procedimiento solamente lo debían adelantar los establecimientos de crédito.
No obstante lo anterior, de conformidad con el parágrafo del artículo primero de la Ley 546 de 1999: “cualesquiera otra entidad diferente de los establecimientos de crédito”, puede otorgar créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o en Unidades de Valor Real, UVR, con las características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos de dirección, siempre que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses, ni se impongan sanciones por prepagos totales o parciales.
En consecuencia, las sociedades constructoras, como la señalada en su comunicación, pueden financiar directamente la adquisición de la vivienda como quiera que ello constituye una operación permitida a cualquier persona o entidad en el supuesto examinado, y las condiciones de dicho financiamiento deberán ser acordadas entre las partes en cuanto hace a plazo, monto y garantías, sin perjuicio de que atendiendo los principios y fines del nuevo sistema de financiación de vivienda a largo plazo consagrado en la Ley 546 de 1999, deban ajustarse a los lineamientos antes señalados, así como a la tasa máxima fijada para estas obligaciones por la Junta Directiva del Banco de la República.
2. “Para otorgar créditos la constructora debe estar inscrita en la Superintendencia Bancaria?”
Al respecto, cabe precisar que la Superintendencia Bancaria de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), modificado por la Ley 510 de 1999, es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al que corresponde ejercer las funciones expresamente determinadas en la ley, en su condición de máxima autoridad de vigilancia y control sobre las entidades que integran los sistemas financiero, previsional y asegurador del país.
Así mismo, de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política las autoridades solo tienen competencia en relación con las materias a su cargo y con sujeción a las funciones a ella asignadas que en el caso de la Superintendencia Bancaria, se encuentran referidas únicamente a las entidades bajo su vigilancia, instituciones que son determinadas en el numeral 2 del artículo 325 del citado estatuto, con sus modificaciones y adiciones, dentro de las cuales no se encuentran las constructoras ni entes diferentes a los establecimientos de crédito que tengan por objeto otorgar créditos para la adquisición de vivienda, pues no existe una reglamentación que le asigne expresamente esta función.
3. “Si no se encuentra cuál es el proceso a seguir para que se otorgue crédito por intermedio de una entidad financiera?”
Al respecto, debemos aclarar que corresponde a usted como interesado en obtener un crédito de vivienda dirigirse a la entidad financiera de su elección y adelantar el procedimiento previsto por la entidad con miras a obtener la financiación deseada.
No obstante, cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto en el subnumeral 2.1.2. Capítulo Cuarto, Título Tercero de la Circular Básica Jurídica, “Los establecimientos de crédito deberán obtener y analizar la información referente al respectivo deudor y a la garantía, con base en una metodología técnicamente idónea que permita proyectar la evolución previsible tanto del precio del inmueble como de los ingresos del deudor, de manera que razonablemente pueda concluirse que el crédito durante toda su vida, podría ser puntualmente atendido y estaría suficientemente garantizado”.
En consecuencia, como desarrollo de las políticas de evaluación de riesgo, corresponde a tales entidades adelantar un estudio serio y fundado del crédito, con el fin de determinar la capacidad de pago del deudor, el valor de las garantía, etc., y en el evento de que una vez adelantado dicho estudio no se obtenga una conclusión favorable del deudor y de la garantía, la entidad puede abstenerse de otorgar el crédito solicitado en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad y de las políticas de prevención de riesgo.
4. “Cuál es la tasa máxima que debe cobrar la Constructora Cañaveral?”.
Sobre el punto, dispone el parágrafo del artículo 17 de la Ley 546 de 1999 que entidades distintas a los establecimientos de crédito pueden conceder “(...) créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana, siempre que tales operaciones de crédito se otorguen con una tasa fija de interés durante todo el plazo del préstamo, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna” (subrayado extratextual).
Bajo tal perspectiva, se considera que los créditos otorgados por entidades diferentes a los establecimientos de crédito, a pesar de no encontrarse sometidas a la vigilancia de esta Entidad, deben adecuar las condiciones y características de los mismos a lo que autoricen sus órganos de dirección, cumpliendo en todo caso con los requisitos establecidos en la norma transcrita.
Adicionalmente, dichas sociedades han debido adecuar la tasa de interés remuneratoria de los créditos otorgados para financiar vivienda a las tasas señaladas por la ley y por la Junta Directiva del Banco de la República, de acuerdo con las disposiciones que a continuación se comentan:
Al respecto, entratándose de créditos de vivienda individual a largo plazo y los destinados a financiar proyectos de construcción de vivienda pactados en UVR, conforme lo dispuso la Junta Directiva del Banco de la República mediante Resolución Externa No. 014 del 3 de septiembre de 2000, la tasa máxima de interés remuneratoria no podrá exceder de 13.1 puntos porcentuales nominales anuales adicionales a la UVR, pagaderos mes vencido; así mismo, para los créditos denominados en pesos a tasa nominal fija otorgados a partir de la vigencia de la resolución en comento, la tasa máxima de interés remuneratoria será equivalente a 13.1 puntos porcentuales nominales anuales adicionados con la variación de la UVR de los últimos doce (12) meses vigente al perfeccionamiento del contrato, pagaderos mes vencido, y para los créditos perfeccionados antes de la vigencia de la citada resolución, la tasa máxima de interés remuneratoria será equivalente a 13.1 puntos porcentuales nominales anuales, pagaderos mes vencido, adicionados con la variación de la UVR de los últimos doce meses contados a partir del 3 de septiembre de 2000.
Ahora bien, en materia de las tasas máximas remuneratorias en el caso de créditos otorgados para financiar vivienda de interés social, el parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999 dispuso: “Para toda la vivienda de interés social la tasa de interés remuneratoria no podrá exceder de once (11%) puntos durante el año siguiente a la vigencia de la presente ley” (se subraya).
De acuerdo con el citado artículo(1), por mandato del legislador todos los créditos otorgados para financiar vivienda de interés social sin excepción alguna, debían ajustarse a dicha tasa, esto es al once por ciento 11% sobre la UVR, durante el período comprendido entre el 23 de diciembre de 1999 y el 23 de diciembre de 2000. Vencido el término de un año, la Junta Directiva del Banco de la República en desarrollo de la Sentencia C-955 de 2000 proferida por la Corte Constitucional, expidió la Resolución Externa No. 20 de 2000, la cual en su artículo primero señaló que la tasa máxima de interés remuneratoria para los créditos denominados en pesos a tasa nominal fija destinados a financiar vivienda de interés social “será equivalente a once (11) puntos porcentuales, adicionados con la variación de la UVR de los últimos 12 meses vigente al perfeccionamiento del contrato”.
En consecuencia, a partir del 23 de diciembre de 1999 en tratándose de créditos destinados a financiar vivienda de interés social, ninguna persona o entidad se encuentra legalmente facultada para pactar o cobrar a título de interés remuneratorio más de once (11) puntos porcentuales adicionados sobre la variación de la UVR de los últimos doce meses; es de anotar que dicha tasa es fija y aplica durante toda la vigencia del crédito.
En los anteriores términos dejamos atendida su consulta, con el alcance establecido para esta clase de pronunciamientos por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
PILAR CABRERA PORTILLA
Coordinadora Grupo de Consultas Dos
1. La Corte Constitucional en Sentencia C-955 de 2000 se pronunció respecto de la exequibilidad de dicha norma en los siguientes términos: “Será declarado exequible el parágrafo que se examina, aunque, como establece un límite temporal -un año que pronto culminará-, la exequibilidad debe condicionarse para dejar en claro que de la tasa prevista (11%) deberá deducirse la inflación y que, en lo sucesivo, cuando ya el tope señalado pierda vigencia, será la Junta Directiva del Banco de la República, de conformidad con sus facultades constitucionales y legales, la autoridad competente para los efectos de fijar las condiciones de financiación de créditos de vivienda de interés social, las cuales deben ser las más adecuadas y favorables, a fin de que consulten la capacidad de pago de los deudores y protejan su patrimonio familiar, también bajo el entendido de que a tasa real de interés remuneratorio no comprenderá la inflación y será inferior a la vigente para los demás créditos de vivienda”.