CONCEPTO 240 DE 2003
(febrero 18)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D. C.,
Señor
Gustavo Torres F.
Calle 30 No. 87 A- Apto. 326
Ciudad
Referencia: 2003000240-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Con anexos
Apreciado señor:
De manera atenta me refiero a su comunicación radicada bajo el número citado al rubro, mediante la cual consulta acerca de la normatividad existente y referente a la capacidad de endeudamiento de las personas naturales para obtención de créditos hipotecarios a partir del año 1995 y hasta la fecha. Así mismo, solícita se informe acerca de la vigencia de tales normas.
Sobre el particular, conviene aclarar en primer lugar que en la actualidad las normas que rigen el otorgamiento de créditos de vivienda a personas naturales por parte de entidades vigiladas por esta Entidad no se refieren en manera alguna al concepto de capacidad de endeudamiento. En efecto, revisada la normativa que rige la materia, esto es la Ley 546 de 1999, sus decretos reglamentarios e instructivos proferidos por este Organismo de Control no se encuentra norma alguna que se refiera a dicho concepto.
Precisado lo anterior, esta Entidad interpreta que el tema de su interés tiene que ver con el monto máximo de los créditos de vivienda individual a largo plazo y con la determinación de la capacidad de endeudamiento del deudor, aspectos a los que nos referimos a continuación:
La Ley 546 del 23 de diciembre de 1999 -mediante la cual se dictaron normas para regular el sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo- estableció en el numeral 5º del artículo 17 como una de las condiciones de los citados créditos la siguiente:
“5. Tener un monto máximo que no exceda el porcentaje, que de manera general establezca el Gobierno Nacional, sobre el valor de la respectiva unidad habitacional, sin perjuicio de las normas previstas para la financiación de vivienda de interés social subsidiable“.
“(….)
“9. Para su otorgamiento, el establecimiento de crédito deberá obtener y analizar la información referente al respectivo deudor y a la garantía, con base en una metodología técnicamente idónea que permita proyectar la evolución previsible tanto del precio del inmueble, como de los ingresos del deudor, de manera que razonablemente pueda concluirse que el crédito durante toda su vida, podría ser puntualmente atendido y estaría suficientemente garantizado”.
Con base en la anterior disposición, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 145 de 2000 mediante el cual estableció:
“ARTICULO 1o. Condiciones de los créditos. Para los efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 17 y demás normas concordantes de la Ley 546 de 1999, los créditos de vivienda individual a largo plazo que otorguen los establecimientos de crédito deberán ajustarse a las siguientes condiciones:
“a. Monto del Crédito: Podrá financiarse hasta el setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. Dicho valor será el precio de compra o el de un avalúo practicado dentro de los seis (6) meses anteriores al otorgamiento del crédito.
“En los créditos destinados a la financiación de vivienda de interés social podrá financiarse hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble (...).
“b. Límite para la primera cuota: La primera cuota del crédito no podrá representar más del treinta por ciento de los ingresos familiares.
“Los ingresos familiares están constituidos por los recursos que puedan acreditar los solicitantes del crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco o se trate de cónyuges o compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo hasta el segundo grado de consaguinidad, primero de afinidad y único civil”. (se subraya).
En este mismo sentido, la Superintendencia Bancaria impartió instrucciones a sus vigiladas en el Capítulo Cuarto, Título Tercero de la Circular Externa 007 de 1996 (Circular Básica Jurídica) reiterando lo dispuesto en las normas en estudio, así:
“2.1.2 Condiciones limitantes
Por disposición de la Ley 546 de 1999, los contratos de créditos o pagarés que se suscriban con el objeto de financiar la adquisición, construcción de vivienda o mejoramiento tratándose de vivienda de interés social, así como las reestructuraciones sobre los mismos, se encuentran sujetos a las siguientes condiciones:
“a. Capacidad de pago por parte del deudor. Los establecimientos de crédito deberán obtener y analizar la información referente al respectivo deudor y a la garantía con base en una metodología técnicamente idónea que permita proyectar la evolución previsible tanto del precio del inmueble, como de los ingresos del deudor, de manera quo razonablemente pueda concluirse que el crédito durante toda su vida, podría ser puntualmente atendido y estaría suficientemente garantizado.
En este orden de ideas y de acuerdo con el Decreto 145 de 2000, la primera cuota no deberá representar más del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares. Se entiende por éstos la totalidad de los recursos que puedan acreditar los solicitantes del crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco se trate de cónyuges o compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo hasta el segundo grado de consanguinidad y único civil.
“b. Monto del crédito. No podrá exceder el setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. Tratándose de vivienda de interés social el monto del crédito no podrá exceder el ochenta por ciento (80%). En cualquier caso, el valor del inmueble será el precio de compra o el de un avalúo practicado dentro de los 6 meses anteriores al otorgamiento del crédito (se subraya).
Igualmente, mediante la Circular Externa 011 de 2002 esta Entidad modificó el Capítulo II de Circular Básica Financiera y Contable –Circular Externa 100 de 1995- referente a la “Gestión de Riesgo de Crédito” en cuyo subnumeral 1.4 estableció los criterios a los cuales deben ceñirse las entidades vigiladas para llevar a cabo la evaluación del riesgo de crédito y la medición de las pérdidas esperadas, instructivo que modificó la Circular Externa 070 de 2000 que regulaba el tema en el numeral 1º. Se adjunta copia de los apartes respectivos.
En tal sentido, las anteriores son las disposiciones actualmente vigentes sobre los temas objeto de su consulta. Ahora bien, si desea obtener información sobre las normas no vigentes, le sugiero consultarlas en la Biblioteca de esta Entidad cuyo horario de atención al público es de lunes a viernes de 9:00 am. a 4:00 pm., ubicada en la oficina 119 Zona C del primer piso.
En los anteriores términos hemos dado curso a su petición, con los precisos alcances que a esta clase de pronunciamientos otorga el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROBERTO HIGUERA RODRIGUEZ
Coordinador Grupo do Consultas Dos (E)