CONCEPTO 586 DE 2002
(marzo 22)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8201
Bogotá, D. C.,
Señor
YESID SOLER B.
Calle 32 No. 13-32 Torre 1 Apto. 206
Ciudad
Referencia: 2002000586-0
115 Consulta
39 Respuesta final
Sin anexos
Apreciado señor:
Damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número indicado al rubro, mediante la cual formula algunos interrogantes que serán absueltos según el orden planteado, así:
“1. Si las Corporaciones de Ahorro y Vivienda pueden condicionar a las empresas constructoras en los modelos de minutas de compraventa que realizan con los compradores de vivienda. En caso contrario, a qué recursos puede acudir el comprador, si la constructora se sostiene en lo anterior?”.
En primer lugar, cabe manifestar que en virtud de la expedición de la Ley 546 de 1999 el Congreso de la República dictó las normas generales y señaló los objetivos y criterios que debe observar la regulación en materia de financiación de vivienda a largo plazo a cargo del Gobierno Nacional. El artículo 17 ibídem establece las condiciones aplicables a ese tipo de préstamos.
De acuerdo con los términos de la disposición mencionada se entiende como crédito de vivienda individual a largo plazo el otorgado a personas naturales y orientado a financiar la compra de vivienda nueva o usada o la construcción de una unidad habitacional. Tratándose de Vivienda de Interés Social, VIS, tales operaciones también podrán destinarse al mejoramiento de dicha unidad.
En cuanto hace con los créditos encauzados a proyectos de construcción de vivienda, el artículo 25 de la precitada ley señala que “les será aplicable lo dispuesto en el artículo 17, numerales 2, 4, y el artículo 18” y radica en cabeza del Gobierno Nacional el cometido de determinar “las demás condiciones para el otorgamiento y los desembolsos de estos créditos, así como los sistemas de subrogación en la medida en que se vendan las viviendas construidas”, sin que hasta la fecha se haya expedido la regulación correspondiente.
Por su parte, esta Superintendencia, a través de la expedición de la Circular Externa 085 de 2000, incorporada en el Título II Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica, impartió instrucciones a las instituciones financieras en relación con el adecuado cumplimiento de las normas que se ocupan del tema en cuestión. Con respecto a la subrogación de obligaciones a cargo de constructores la directiva de marras precisa:
“El crédito otorgado al constructor de vivienda para financiar la fase de construcción debe ser subrogado al adquirente de la unidad, de tal manera que en una sola operación formalice el mutuo debidamente aprobado al subrogatario, cuando sea del caso, la hipoteca sobre el bien financiado en forma individual y el levantamiento de la hipoteca de mayor extensión a favor de la entidad vigilada.
“Adicionalmente, el contrato de crédito suscrito entre la entidad financiera y el constructor deberá contener una cláusula especial en la cual se precise que la hipoteca en mayor extensión que afecta el inmueble se cancelará proporcionalmente a medida que se vayan enajenando las unidades de vivienda y se haya recibido el pago de la prorrata correspondiente”.
Teniendo en cuenta lo expuesto, podría estimarse entonces que, en cierta medida y para efectos de la subrogación del crédito correspondiente, en los contratos de compraventa que celebren las empresas constructoras de vivienda con sus compradores se hace necesaria la inclusión de ciertas condiciones, las cuales, como puede observarse, tienen el objeto de proteger los intereses de tanto el beneficiario final del crédito como de la entidad financiera y de los terceros que resulten vinculados de alguna manera con la transacción o con los bienes involucrados en ella.
“2. Si en las promesas de compraventa de las empresas constructoras o los compradores, que incluyen crédito hipotecario, es permitido que solo se paguen arras en caso de incumplimiento por parte del comprador y no del vendedor de vivienda, contrario a lo establecido en el artículo 866 del Código de Comercio”.
Con respecto al anterior interrogante, cabe advertir que se trata de un asunto que excede la órbita de competencias asignadas por el legislador a este organismo de control, puesto que se refiere al ejercicio de la autonomía de la voluntad privada de los contratantes, la cual, como fuente suprema de los actos jurídicos que es, solamente se encuentra limitada por las prescripciones de orden legal. De esta manera, la determinación de los efectos, alcance y validez de tales estipulaciones es de la cuerda exclusiva de las autoridades judiciales, ante quienes debe ventilarse cualquier controversia que se suscite sobre el particular.
Ahora bien, valga aclarar que en punto específico al tema de financiación de vivienda y conforme al mandato del artículo 20 de la ley 546 de 1999 sí existen algunas limitantes que, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 2.1.2 de la directriz ya anotada de este organismo, las entidades vigiladas deben acatar en el desarrollo de sus operaciones de crédito. En ese sentido, en los documentos contentivos del crédito de vivienda individual a largo plazo se han de incorporar las siguientes condiciones mínimas:
a. Capacidad de pago por parte del deudor. Los establecimientos de crédito deberán obtener y analizar la información referente al respectivo deudor y a la garantía, con base en una metodología técnicamente idónea que permita proyectar la evolución previsible tanto del precio del inmueble, como de los ingresos del deudor, de manera que razonablemente pueda concluirse que el crédito durante toda su vida, podría ser puntualmente atendido y estaría suficientemente garantizado.
En este orden de ideas y de acuerdo con el Decreto 145 de 2000, la primera cuota no deberá representar más del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares. Se entiende por éstos la totalidad de los recursos que puedan acreditar los solicitantes del crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco o se trate de cónyuges o compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo hasta el segundo grado de consanguinidad y único civil.
b. Monto del crédito. No podrá exceder el setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. Tratándose de vivienda de interés social el monto del crédito no podrá exceder el ochenta por ciento (80%). En cualquier caso, el valor del inmueble será el precio de compra o el de un avalúo practicado dentro de los 6 meses anteriores al otorgamiento del crédito.
c. Valor del inmueble. Se podrá establecer mediante avalúo técnico realizado por profesionales, personas naturales o jurídicas, inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores conformado y actualizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con Decreto 422 de 2000.
d. Interés de mora. En caso de que se pacten, pues no se presumen, éstos no podrán exceder una y media veces el interés remuneratorio pactado y solamente se podrán cobrar sobre las cuotas vencidas.
Cláusulas prohibidas. En ningún caso se podrán incluir cláusulas o estipulaciones que establezcan o permitan inferir cualquiera de las siguientes circunstancias:
a. Impedir, restringir, obstaculizar o imponer sanciones o penalidades por el prepago total o parcial de las obligaciones.
b. Constituir para el deudor la obligación de asumir los gastos correspondientes a labores de cobranza, mientras no se haya presentado demanda judicial.
c. Contemplar intereses por encima de los topes máximos legales.
d. Facultar a los establecimientos de crédito para realizar modificaciones unilaterales a las condiciones del contrato.
e. Utilizar sistemas de amortización no aprobados por la Superintendencia Bancaria.
f. Indicar que las obligaciones derivadas de estos contratos son indivisibles por razón de la deuda sumida.
g. Permitir la capitalización de intereses.
h. Restringir o no hacer efectiva la cesión del crédito hipotecario para vivienda individual contemplada en el artículo 24 de la Ley 546 de 1999.
Contrato de hipoteca. Además de las condiciones ya definidas, los documentos constitutivos de gravamen hipotecario deberán contener por lo menos:
a. Identificación plena del bien hipotecado. Esto es, la descripción del inmueble, sus linderos, la dirección y cédula catastral que le corresponde así como el número de matrícula inmobiliaria asignado.
b. La causa que da origen a la hipoteca
c. El monto por el cual se otorga la hipoteca. Se debe indicar la cantidad de unidades de valor real, UVR, y su equivalencia en pesos, o el monto adeudado cuando se trate de obligaciones denominadas en moneda legal.
d. Garantía con hipoteca de primer grado. El contrato accesorio de hipoteca se debe constituir sobre el bien inmueble financiado y se debe indicar expresamente que tal hipoteca se contrata para garantizar el préstamo otorgado por la entidad vigilada.
e. La cesión de la hipoteca. Las condiciones para efectuar la cesión de la hipoteca deberán atender lo ordenado en el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 546 de 1999.
3. “Si es posible que la Superintendencia Bancaria oficie a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, para que suministren a los compradores por intermedio de las Constructoras información completa antes de iniciar negocio y aportar algún dinero”.
En torno a este aspecto, debe recordarse que la Circular 85 de 2000 de esta Autoridad reza lo siguiente:
“6.1 Información previa a la formalización del crédito.
“6.1.1 Folleto Informativo.
“Los establecimientos de crédito que otorguen financiación de vivienda individual a largo plazo, deberán tener a disposición y entregar a sus clientes un folleto gratuito que contenga en forma clara y comprensible la información relativa a los créditos hipotecarios ofrecidos por tal concepto, cuyo modelo deberá remitirse a esta Superintendencia con no menos de quince (15) días hábiles de antelación a su utilización y difusión.
“Para los efectos relativos al cumplimiento de esta obligación los establecimientos de crédito tendrán en cuenta como mínimo los siguientes parámetros:
“a. Características de los préstamos otorgados bajo el sistema de UVR o en moneda legal (tasa de interés, sistemas de amortización, plazo, etc.).
“b. Requisitos exigidos para su otorgamiento, indicando con precisión los aspectos relativos a seguros, avalúos, estudio de títulos, garantías, etc.
“6.1.2. Proyección del crédito.
“Adicionalmente, en cada caso particular, deberá entregarse una proyección del crédito discriminando los abonos a capital (en UVR y en pesos), los intereses a pagar, los valores a aplicar por concepto de seguros (incendio, terremoto, vida, etc.). Igualmente, se deberá indicar el saldo de la obligación (en UVR y en pesos), aclarando que los valores en pesos se registran a título informativo pues los reales variarán de acuerdo con la inflación efectiva que se presente durante cada uno de los meses del año”.
De esta manera dejamos atendido el objeto de su petición, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA
Coordinadora Grupo de Consultas Uno