CONCEPTO 804 DE 2003
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá, D. C.,
Señor
David Guillermo Rodríguez G.
Calle 42 No. 8 A – 80 Oficina 703
Ciudad
Referencia: 2003000804-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Con anexos
Apreciado señor:
De manera atenta me refiero a su comunicación radicada bajo el número citado al rubro, mediante la cual solicita a esta Entidad expedir “copias auténticas y certificadas de las instrucciones y reglamentaciones emitidas por esta superintendencia, aplicables a los CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (Tipo capitalización), representados en unidades de poder adquisitivo de valor constante UPAC, que se encontraban vigentes entre Diciembre de 1994 y Septiembre de 1995 (constitución, valores de capital representados en UPAC, traspasos, condiciones de redención, pagos de intereses y corrección monetaria, etc)”.
Sobre el particular, le informo que en torno al tema objeto de consulta el artículo 21 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero(1) –Decreto 663 de 1993- mediante el cual se reglamentaron las operaciones pasivas de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda(2) señalaba lo siguiente:
“1. Instrumentos de captación. Adóptanse dos instrumentos para la captación del ahorro de valor constante, así:
“(….)
“b) El certificado de ahorro de valor constante, el cual no podrá ser expedido al portador.
“(….).
“3. Certificados de valor constante. Las corporaciones de ahorro y vivienda están autorizadas para emitir certificados de ahorro de valor constante por cualquier cuantía y con plazos entre uno (1) y tres (3) meses, tres (3) y seis (6) meses o plazos superiores. Si no se cancelaren al vencimiento pactado, se entenderá que quedan prorrogados por períodos sucesivos iguales al inicia/mente acordado. Estos certificados serán irredimibles antes de su vencimiento” (se adjunta copia).
De lo anterior se deduce que las condiciones imperativas dispuestas por el legislador en la celebración de los mencionados contratos, se limitaron a establecer que el certificado de ahorro de valor constante no podría expedirse al portador y sería irredimible antes de su vencimiento. En cuanto a las demás cláusulas a ley dejó en completa libertad a los contratantes, razón por la cual en los aspectos señalados en su comunicación V Gr. valores de capital representados en UPAC, condiciones de redención, pago de intereses etc. debe estarse a lo que las partes libremente hayan estipulado conforme al correspondiente reglamento de certificado de ahorro adoptado por la corporación respectiva, el cual deberá en todo caso ajustarse a la ley.
Sobre este punto, debe señalarse que la Superintendencia Bancaria de Colombia dentro de su marco de actuación carece de facultades para intervenir en los contratos que celebran las instituciones financieras y los particulares, pues tal como lo ha señalado esta Entidad en reiteradas oportunidades las condiciones de los contratos responden al mutuo acuerdo de las partes como desarrollo del principio de autonomía de la voluntad privada (art. 1524 Código Civil), según el cual los contratantes son libres para fijar los términos y condiciones a que se sujetan, siempre y cuando éstos al celebrarlos acaten las prescripciones legales, se respete el orden público y las buenas costumbres.
Adicionalmente, le informo que de acuerdo con la norma que les dio origen (Decreto 644 de 1979) los mencionados certificados son títulos valores, tal como fue señalado por esta Entidad en comunicación No. 91045583-1 del 16 de diciembre de 1991; en dicho oficio fueron igualmente plasmadas algunas consideraciones que aunque se refieren a disposiciones anteriores a la contenida en el citado artículo 21 del Estatuto Financiero resultan plenamente aplicables frente al tema que se consulta, ya que dicha normativa no fue sustancialmente modificada. Por o anterior, adjunto copia del citado concepto.
De otra parte y en materia de tasa de interés, la cual como ya se expresó era libremente establecida entre la corporación y el ahorrador, le manifiesto que el cálculo y divulgación de la corrección monetaria(3) era una función ejercida por la Junta Directiva del Banco de la República hasta el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de las funciones atribuidas por los artículos 16, literal f) y 20 de a Ley 31 de 1992. Con base en dicha cifra, se calculaba mensualmente para cada uno de los días del mes siguiente y se informaba con la misma periodicidad a las corporaciones de ahorro y vivienda el valor en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante –UPAC-, de acuerdo con lo dispuesto en a Resolución Externa No. 10 de 1999 proferida por la citada Junta. Por ende, debe usted dirigirse a la citada entidad con el fin de obtener a información de su interés.
Por último, conviene indicar que las normas contenidas en leyes y decretos no son objeto de certificación, pues respecto de las mismas resulta aplicable el principio de publicación en el Diario Oficial consagrado en el Parágrafo del artículo 119 de la Ley 489 de 1999, según el cual las disposiciones legales y los decretos con fuerza de ley, entre otros, “Únicamente con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para los efectos de su vigencia y oponibilidad”.
En los anteriores términos hemos dado curso a su petición, con los precisos alcances que a esta clase de pronunciamientos otorga el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROBERTO HIGUERA RODRIGUEZ
Coordinador Grupo de Consultas Dos (E)
1. Dicha norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-700 del 16 de septiembre de 1999, no obstante, mediante el citado fallo del Alto Tribunal prolongó los efectos jurídicos de las normas declaradas inconstitucionales hasta el 20 de junio de 2000.
2. El artículo 5º de la Ley 546 de 1999 señala que a partir de la vigencia de la ley, las Corporaciones de Ahorro y Vivienda tendrán la naturaleza de bancos comerciales; para tal efecto, se les otorgó un plazo de 36 meses para realizar los ajustes necesarios.
3. Señala el artículo 1 de la Resolución Externa 10 de 1999 proferida por la Junta Directiva del Banco de la República que la “corrección monetaria será equivalente al promedio aritmético de las tasas anuales de inflación, medidas con base en el índice de Precios al Consumidor –IPC-, de los doce (12) meses anteriores a aquel en el cual se hace el cálculo”.