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CONCEPTO 1529 DE 2003

(febrero 26)

Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogotá D. C.,

Señor

Gustavo Adolfo Giraldo Valencia

gtavadol@yahoo.com

Referencia: 2003001529-0

115 Consultas.

39 Respuesta Final

Sin anexos

Apreciado señor:

De manera atenta doy respuesta a su comunicación remitida vía internet y radicada en esta Entidad con el número de la referencia, mediante la cual solicita información “sobre la obligatoriedad que tienen los bancos y/o corporaciones de ahorro y vivienda para refinanciar los créditos otorgados para la compra de inmuebles”.

Al respecto, conviene indicar que a partir de la expedición de la Ley 546 de 1999, el artículo 20 impuso a os establecimientos de crédito, dentro del primer mes de cada año calendario, la obligación de enviar a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda una información clara y comprensible en la cual se incluya, como mínimo, una proyecció

 de los intereses del crédito a pagar en el próximo año y los que se cobrarán con las cuotas mensuales en dicho período, de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Adicionalmente, señaló la norma en mención que con base en la anterior información y durante los dos primeros meses de cada año, los deudores podrán solicitar a la institución financiera respectiva la reestructuración del crédito para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago, pudiendo ampliar el plazo inicialmente previsto para el pago total de la obligación hasta 30 años.

Ahora bien, en desarrollo de la facultad de instrucción esta Superintendencia estableció, en el numeral 12 del Capítulo Cuarto, Título Tercero de la Circular Básica Jurídica –Circular Externa 007 de 1996-, los requisitos que deben verificar las entidades para efectos de evaluar las solicitudes de reestructuración que les sean presentadas, de acuerdo con el siguiente tenor:

“12. SUPUESTOS PARA SOLICITAR REESTRUCTURACIÓN DEL CREDITO.

“La reestructuración de un crédito de conformidad con el numeral 12 del Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, se define como el “negocio jurídico de cualquier clase, que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas en beneficio del deudor”.

“Para el ejercicio por parte de los deudores de la prerrogativa prevista en el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, norma cuya exequibilidad fue condicionada por la Sentencia No. C-955/2000 proferida por la H. Corte Constitucional, la entidad acreedora al momento de hacer la evaluación de la solicitud de reestructuración de una obligación de este tipo, deberá verificar que se cumplan los siguientes requisitos para que resulte viable la reestructuración:

a) Que la primera cuota del crédito una vez reestructurado, que esté dispuesto a pagar el deudor, en ningún caso represente más del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares, de conformidad con el Decreto 145 de 2000.

b) Que el saldo de la obligación a la fecha de solicitud de la reestructuración no exceda el setenta por ciento (70%) del valor del inmueble o el ochenta por ciento (80%) tratándose de vivienda de interés social.

El valor del inmueble se establecerá mediante avalúo técnico realizado por profesionales, personas naturales o jurídicas, inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores conformado por la lista de las entidades autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el Decreto 422 de 2000.

c) Que el plazo contemplado para reestructurar la obligación no supere treinta (30) años, contados a partir de la fecha del desembolso del crédito.

d) Que el reporte de endeudamiento con el sector financiero permita concluir que el deudor está en capacidad de cumplir con la obligación hipotecaria de vivienda.

e) (Que la entidad no haya presentado demanda ejecutiva en contra del deudor por la obligación respecto de la cual se solicita la reestructuración).

f) Que no existan embargos sobre la garantía a la fecha de solicitud de la reestructuració

.

g) Que el deudor no se encuentre tramitando un proceso concursal.

h) Que la solicitud de reestructuración del crédito sea presentada dentro de los dos primeros meses de cada año calendario y sea suscrita por todos los obligados, así como los documentos a través de los cuales se instrumente la obligación.

“Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad acreedora de acordar con sus deudores reestructuraciones de un crédito en cualquier momento, de acuerdo con la percepción de riesgo que en cada caso se tenga”.

Como se deduce del anterior entorno legal, si bien los deudores de los créditos de vivienda se encuentran facultados para solicitar la reestructuración de sus acreencias dentro del plazo fijado en la norma, también es claro que solamente en el evento en que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por la circular transcrita las entidades deberán proceder a reestructurar el crédito. En tal virtud, se observa que no es obligatorio para las entidades financieras aceptar las solicitudes de reestructuración que les sean presentadas por sus deudores, pues sólo en la medida en que cumplan los requisitos señalados en el instructivo, deben ellas acceder a la modificación de los términos de contrato de mutuo celebrado.

En tal sentido se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-955 de 2000 al declarar la constitucionalidad del artículo 20 citado, al señalar:

“El precepto debe ser entendido y aplicado en armonía con la parte final del artículo 20 de la Ley 546 de 1999, y con el condicionamiento que a él introduce esta Corporación. Allí se indica que, con base en la información clara y comprensible que deberán recibir los deudores de créditos individuales hipotecarios, en la cual está comprendido el tema de los intereses a pagar anualmente, los que se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo período, podrán solicitar a los establecimientos de crédito acreedores, durante los dos primeros meses de cada año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago pudiéndose, de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelación total. Lo cual condicionará esta Corte, en punto de su exequibilidad, en el sentido de que las entidades financieras no pueden negarse a la reestructuración solicitada si se dan las condiciones objetivas para ello” (se subraya).

Por último, le informo que el instructivo transcrito puede consultarlo en nuestra página web www.superbancaria.gov.co icono: “normatividad”.

De esta forma hemos dado curso a su solicitud, con el alcance a que se refiere el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ROBERTO HIGUERA RODRIGUEZ

Coordinador Grupo de Consultas Dos (E)

1. De acuerdo con el artículo 20 en mención, dicha proyección se debe acompañar de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla y en ella se debe indicar expresamente que los cambios en tales supuestos implican necesariamente modificaciones en los montos proyectados.

2. El texto entre paréntesis fue declarado nulo por el Consejo de Estado mediante Sentencia del 27 de noviembre de 2002.

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