CONCEPTO 1650 DE 2003
(marzo 11)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
6400
Bogotá, D.C.,
Doctor
Fernando Ternera Silva
Jefe Oficina Jurídica
Caja Nacional de Previsión Social
Carrera 60, Calle 26 (CAN)
Ciudad
Referencia: 2003001650-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado doctor:
De manera atenta damos respuesta a su comunicación radicada bajo el número de la referencia, mediante la cual solicita concepto sobre el alcance que se le debe dar a la aplicación del artículo 4º de la Ley 700 de 2001, frente al silencio administrativo de que trata el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo.
Sobre el particular conviene precisar en primer término que en consideración de este Despacho el artículo 4(1) de la Ley 700 de 2001, fue parcialmente modificado por el artículo 2º de a Ley 797 del 29 de enero de 2003(2) (Reforma Pensional), disposición que modifica a su vez el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, al señalar que el plazo para el reconocimiento del derecho pensional una vez se haya radicado la solicitud por parte del peticionario, no puede exceder de cuatro (4) meses.
Es así como el texto del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, señala:
“Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a los cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte”.
“Parágrafo. El funcionario que sin justa causa por acción u omisión incumpla lo dispuesto en el presente artículo incurrirá con arreglo a la ley en causal da mala conducta y será solidariamente responsable en el pago de la indemnización moratoria a que haya lugar si el afiliado ha debido recurrir a los tribunales para el reconocimiento de su pensión o cesantía, el pago de costas judiciales, será a cargo del funcionario responsable de la irregularidad.
De otra parte, conviene precisar que a figura del “silencio administrativo” surge de la jurisprudencia francesa –figura adoptada por nuestro derecho público- como un mecanismo que permite presumir una respuesta negativa o positiva por parte de las entidades estatales frente a las peticiones de los particulares cuando la ley no ha establecido un plazo diferente para ello.
Visto lo anterior, puede concluirse que en efecto la Ley 797 de 2003 es una norma especial que estipula un plazo diferente según la cual el reconocimiento del derecho pensional debe tramitarse en un término no superior a cuatro (4) meses, razón por la que en concepto de esta Entidad no aplicaría el término de tres (3) meses previsto por el artículo 40(3) del Código Contencioso Administrativo para que se configure el silencio administrativo negativo.
Lo anterior, más aún si tenemos en cuenta que el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo, al establecer el ámbito de aplicación de las disposiciones en él contenidas, expresamente indica que “Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas, en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles”, por lo que la aplicación del referido artículo 40 del Código Contencioso Administrativo no sería procedente (resaltado fuera de texto).
En los anteriores términos hemos dado curso a su solicitud, pronunciamiento que tiene el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
MARIA TERESA BALEN VALENZUELA
Superintendente Delegado para la Seguridad
Social y Otros Servicios Financieros
1. Ley 700 de 2001, artículo 4º: “A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados del Sistema General de Pensiones y Cesantías que tengan a su cargo el reconocimiento de derecho pensional, tendrán un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes.
Parágrafo. El funcionario que sin justa causa por acción u omisión incumple lo dispuesto en el presente artículo incurrirá con arreglo a la ley en causa de mala conducta y será solidariamente responsable en el pago de la indemnización moratoria que haya lugar si el afiliado ha debido recurrir los tribunales para el reconocimiento de su pensión o cesantía, el pago de costas judiciales, será a cargo del funcionario responsable de la irregularidad. (Se subraya).
2. Ley 797 de 2003, artículo 9º: “(...) Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte”.
3. Código Contencioso Administrativo, artículo 40.- Silencio negativo. “Transcurrido un plazo de tres meses a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negativa”.