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CONCEPTO 1660 DE 2003

(enero 29)

Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8202

Bogotá, D. C.,

Señor

Juan Guillermo García Hurtado

jgarcia@showcard.com

Transversal 33 A Sur No. 31 E-47 Apto. 106

Medellín – Antioquia

REFERENCIA: 2003001660-0

115 Consultas

39 Respuesta Final

Sin Anexos

Apreciado señor:

Me refiero a su comunicación remitida por correo electrónico, radicada en esta Superintendencia bajo el número indicado al rubro, mediante la cual consulta “Dónde puedo encontrar la circular informativa de reestructuración de créditos de vivienda”.

Al respecto, para hacer mayor claridad en relación con el asunto expuesto proceden los siguientes comentarios:

El artículo 20 de la Ley 546 de 1999 estableció la posibilidad de que los deudores, de conformidad con la información que les sea remitida por el establecimiento de crédito acreedor sobre el comportamiento de su obligación, soliciten ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago, atendiendo las condiciones particulares de cada uno, en los siguientes términos:

“…. Durante e primer mes de cada año calendario, los establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda una información clara y comprensible, que incluya como mínimo una proyección de lo que sellan los intereses a pagar en el próximo año y los que se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo período, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria. Dicha proyección se acompañará de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla y en ella se indicará de manera expresa, que los cambios en tales supuestos, implicarán necesariamente modificaciones en los montos proyectados. Con base en dicha información los deudores podrán solicitar a los establecimientos de crédito acreedores, durante los dos primeros meses de cada año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago, pudiéndose de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelación total”.

En desarrollo de esta disposición, la Superintendencia Bancaria expidió la Circular Externa No. 085 del 29 de diciembre del 2000, modificada por la Circular Externa No. 002 del 11 de enero del 2001, cuyo texto fue incorporado al Capítulo IV del Título III de la Circular Básica Jurídica, numeral 12, con el fin de instruir respecto de las condiciones que deberán ser objeto de verificación por parte de la institución financiera al momento de estudiar la solicitud de reestructuración antes comentada, las cuales se relacionan a continuación para mayor información:

“a) Que la primera cuota del crédito una vez reestructurado, que esté dispuesto a pagar el deudor, en ningún caso represente más del treinta por ciento (30%) de los ingresos familiares, de conformidad con el Decreto 145 de 2000.

“b) Que el saldo de la obligación a la fecha de solicitud de la reestructuración no exceda el setenta por ciento (70%) del valor del inmueble o el ochenta por ciento (80%) tratándose de vivienda de interés social.

El valor del inmueble se establecerá mediante avalúo técnico realizado por profesionales, personas naturales o jurídicas, inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores conformado por la lista de las entidades autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con Decreto 422 de 2000.

“c) Que el plazo contemplado para reestructurar la obligación no supere treinta (30) años, contados a partir de la fecha del desembolso del crédito.

“d Que el reporte de endeudamiento con el sector financiero permita concluir que el deudor está en capacidad de cumplir con la obligación hipotecaria de vivienda.

“e) Que la entidad no haya presentado demanda ejecutiva en contra del deudor por la obligación respecto de la cual se solicita la reestructuración.

“f) Que no existan embargos sobre la garantía a la fecha de solicitud de la reestructuración.

“g) Que el deudor no se encuentre tramitando un proceso concursal.

“h) Que la solicitud de reestructuración del crédito sea presentada dentro de los dos primeros meses de cada año calendario y sea suscrita por todos los obligados, así como los documentos a través de los cuales se instrumente la obligación.

“Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad acreedora de acordar con sus deudores reestructuraciones de un crédito en cualquier momento, de acuerdo con la percepción de riesgo que en cada caso se tenga”.

En consecuencia, es la entidad financiera la que debe analizar as condiciones individuales de cada deudor (disminución de la capacidad de pago, divorcio, retiro de trabajo, etc.), bajo las instrucciones señaladas en la mencionada circular, y en caso de suscitarse controversia entre el deudor y el acreedor esta Superintendencia se encuentra facultada para establecer si se presentan condiciones objetivas que hagan necesaria la reestructuración del crédito, según lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-955 del 2000, así:

“Es justamente ese último propósito el que aparece claramente complementado por la posibilidad, destacada en el artículo, de que, debidamente informados, los deudores puedan solicitar y obtener la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real capacidad de pago.

Eso significa, por una parte, que los planes de amortización no son inmodificables durante la vida del crédito, y, por la otra, que la oportunidad de reestructuración, llamada a hacer posible y efectivo el pago de la obligación, se tendrá periódicamente -dentro de los dos primeros meses de cada año calendario-, evitando situaciones insalvables e irreversibles desde el punto de vista financiero, que conduzcan a las circunstancias de incumplimiento forzado, que constituyeron una de las causas primordiales de la crisis que mediante la Ley 546 de 1999 se ha pretendido conjurar.

La Corte encuentra también exequible el aludido aparte del artículo, aunque considera necesario condicionar su exequibilidad a que, conocidas por la institución financiera las condiciones objetivas, acepte y efectúe la reestructuración solicitada. Desde luego -como ya se dijo-, la controversia en torno a si existen o no esas situaciones objetivas debe ser solución por la Superintendencia Bancaria, en ejercicio de sus funciones”.

En conclusión, la figura de la reestructuración puede solicitarse y acordarse en cualquier momento durante la vida del crédito, pero resulta obligatoria para la entidad acreedora si se acude a ella en virtud del artículo 20 de la Ley 546 de 1999, siempre y cuando se verifiquen los parámetros contenidos en el Capítulo IV, Título III de la Circular Básica Jurídica y se pida con el propósito de ajustar el sistema de amortización acordado a la actual capacidad de pago del deudor, con la posibilidad de ampliar el plazo de la obligación, el cual en todo caso no será mayor de 30 años.

Finalmente, cabe agregar que el instructivo citado puede ser consultado en nuestra página web, www.superbancaria.gov.co siguiendo la ruta Normativa/Normas y Reglamentaciones/Circular Jurídica (C E. 007 de 1996).

En los anteriores términos dejamos atendida su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ROY GONZALO RÍOS CHACON

Subdirector de Consultas

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