CONCEPTO 2067 DE 2003
(enero 31)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8201
Bogotá, D. C.,
Doctora
Yolanda Moreno Rodríguez
Asistente Judicial I
Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Otros
Fiscalía 76 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito
Fiscalía General de la Nación
Carrera 29 No. 18-45, Piso A Bloque II
Ciudad
Referencia: 2003002067-0
454 Solicitud de Información Esp.
39 - Respuesta Final
Sin anexos
Previas 627025
Apreciada doctora:
De manera atenta damos respuesta a su oficio No. 9128, expedido dentro de las diligencias previas indicadas en la referencia, radicado en esta Superintendencia con el número citado, mediante el cual solicita información acerca de si “el señor DIEGO GABRIEL VELEZ MONTES, identificado con la c.c. 10.217.963 de Manizales, y/o CASA LUKER S.A. se encuentra autorizada por su despacho para captar dineros u otorgar créditos o efectuar descuentos a sus trabajadores, contratistas laborales y otros, conforme a las disposiciones legales”.
Antes de dar respuesta al punto de la consulta se considera oportuno efectuar algunos comentarios sobre el tema de la intermediación financiera, la captación masiva y habitual de dineros del público, el otorgamiento de créditos y el descuento de títulos con el propósito de determinar si la actividad que están desarrollando particulares es irregular por no contar con la debida autorización del Estado.
Sobre el tema de la intermediación financiera esta Superintendencia en reiteradas ocasiones, ha manifestado lo siguiente:
“…. es una industria objeto de estricta regulación en nuestro ordenamiento jurídico, a tal punto que no hay plena liberación para crear sociedades destinadas al ejercicio de esta actividad, como tampoco la conducción de sus negocios, por cuanto estos aspectos están sometidos al principio de la autorización administrativa, por ser la intermediación un servicio público, sujeto a concesión y a un régimen de derecho público. Por tal motivo esta actividad solo puede ser ejercida por entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria, en los términos que señalan los artículos 90 y 92 de la Ley 45 de 1990.
“Con fundamento en lo anterior, la actividad de captar dinero del público y prestarlo, solo puede ser llevada a cabo por una institución financiera debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria, so pena de incurrir en el delito de captación masiva y habitual, conducta predicable tanto de personas naturales como jurídicas, sancionado por el artículo 208(1), numeral 3, del Decreto 663 de 1993, con pena de prisión de dos a seis años, en concordancia con el artículo 1 del Decreto 1981 de 1988 (...)(2) (se resalta).
Así mismo, manifestó que:
“La intermediación financiera, es una actividad sometida al control de este Organismo, ya que es propia de las instituciones vigiladas, y se entiende como la captación profesional de recursos del público mediante operaciones pasivas (recepción de depósitos), y a su vez la transferencia de dichos recursos mediante la realización de operaciones activas (otorgamiento de créditos), gestión que por su naturaleza requiere previa autorización administrativa”(3).
Como puede apreciarse, una de las características de la intermediación financiera es la relación íntima o nexo causal existente entre la captación de recursos del público y la colocación de los mismos a terceros, actividad que sólo puede ser desarrollada por entidades sometidas al control y vigilancia del Estado (Superintendencia Bancaria, Superintendencia de la Economía Solidaria).
Igualmente, la sola captación de dineros del público se enmarca como actividad irregular cuando se configuran los elementos señalados en el artículo 1º del Decreto 1981 de 1988, el cual es del siguiente tenor:
“Artículo 1º. Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se entiende que una persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual en cualquiera de los siguientes casos:
“1. Cuando su pasivo para con el público esté compuesto por obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona.
“Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se provea como contraprestación el suministro de bienes o servicios.
“2. Cuando, conjunta o separadamente, haya celebrado en un período de tres (3) meses consecutivos mas de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y contra reembolso de un precio.
“Para determinar el periodo de los tres (3) meses a que se refiere el inciso anterior, podrá tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o de las operaciones de venta.“ (Resaltado es nuestro).
Como requisito para la adecuación del comportamiento al evento descrito es necesario que en cualquiera de los casos señalados concurra una de las siguientes condiciones:
“a. Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona, o
“b. Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares.
“Parágrafo 2: No quedarán comprendidos dentro de los cómputos a que se refiere el presente artículo las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y único civil, o con los socios o asociados que, teniendo previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociación durante un periodo de seis (6) meses consecutivos, posean individualmente una participación en el capital de la misma sociedad o asociación superior al cinco por ciento (5%) de dicho capital.
“Tampoco se computaran las operaciones realizadas con las instituciones financieras definidas por el artículo 24 del Decreto 2920 de 1982.”
De otra parte, sobre el otorgamiento de créditos o préstamos de dinero con recursos propios esta Superintendencia lo ha considerado viable. En tal sentido, esta Agencia Gubernamental ha expresado que “….. el crédito, individualmente considerado como operación aislada de carácter mercantil puede llevarse a cabo por las instituciones financieras autorizadas o por personas que no tengan dicha calidad, quienes de hecho pueden efectuar operaciones de crédito sin el permiso de esta Superintendencia, siempre y cuando lo hagan disponiendo de sus propios recursos y no de recursos recogidos del publico.
(….)
No es, pues, ilícito colocar dineros propios (no del público) sin autorización de la Superintendencia Bancaria.
“(....) para efectuar únicamente colocación de recursos así se haga en forma masiva y profesional, no es necesaria la autorización de esta Superintendencia si no están disponiendo de dineros provenientes del público o ahorro privado.
“Puede, entonces, una compañía que tenga como objeto social principal efectuar operaciones de mutuo en forma habitual, desarrollar dicha actividad sin obtener el permiso de esta Superintendencia, siempre y cuando que en la ejecución de su objeto social no realice operaciones de captación(4)
Sobre esta posición se insistió al expresar que “(...) el otorgamiento de préstamos con recursos propios no exige autorización previa de esta Superintendencia. Pese a ello, se debe resaltar que el desarrollo de la actividad realizada a través del establecimiento denominado…. no puede suponer el ejercicio de operaciones propias de las instituciones vigiladas por este Organismo, por ejemplo la captación masiva y habitual de dineros del público para de colocarlos o prestarlos….(5)
En este orden de ideas, para que exista entonces una actividad irregular se requiere la captación de dineros del público conforme a los lineamientos atrás señalados.
De otra parte, respecto del descuento a los trabajadores de la sociedad y contratistas laborales, valga señalar que si dicho descuento esta referido al de títulos(6), dada que dicha operación obedece a un crédito, es viable que entidades no financieras la realicen con sus propios recursos.
Ahora, en caso de que el descuento haga relación a las deducciones o retenciones en el salario u honorarios deberá estarse a las normas laborales, conforme a lo señalado en los artículos 149 y 150 del Régimen Laboral Colombiano.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y en aras de dar respuesta al punto de la consulta, le informo que revisados los registros de este organismo se observa que el señor Gabriel Vélez Montes ha desempeñado diferentes cargos de administrador en entidades vigiladas, pero no se encuentra autorizado para captar recursos del público a título personal, como tampoco la sociedad Casa Luker S.A. quien no se está sometida al control, inspección y vigilancia de esta Superintendencia.
Por lo demás, atentos estaremos a cualquier aclaración.
Cordialmente,
JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA
Coordinadora Grupo de Consultas Uno
1. En la actualidad el delito de captación de dineros del público se encuentra consagrado en el artículo 316 del Código Penal que establece “Quien capte dineros del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”
2. Superintendencia Bancaria de Colombia, concepto número 9705193-62 del 27 de enero de 1998.
3. Superintendencia Bancaria de Colombia, Concepto 1999058792-6 del 5 de octubre de 1999.
4. Superintendencia Bancaria de Colombia, Concepto No. 91061961-1 del 19 de diciembre de 1991, reiterado en el oficio No. 97037138-1 del 22 de octubre de 1997.
5. Superintendencia Bancaria de Colombia, concepto número 1999058792-6 del 5 de octubre de 1999.
6. Este contrato consiste en “(….) la entrega de una suma de dinero por parte del banco a su cliente, mediante la transferencia como contraprestación de un crédito no vencido a cargo de tercero. El monto de la entrega realizada por el banco está determinado por el valor del crédito transferido menos el interés equivalente al plazo pendiente entre la fecha del descuento y la del vencimiento del título.
“De la anterior definición resulta que el banco concede un préstamo cobrando anticipadamente los intereses y que el deudor le transfiere un crédito a cargo de tercero que habilita al banco descontante para recuperar directamente la suma entregada, siempre bajo la garantía del deudor en el sentido de que devolverá la suma recibida, de no ser oportunamente pagada por el deudor del crédito cedido (….)”. (Rodríguez Azuero Sergio. Contratos Bancarios, Cuarta Edición, Biblioteca Felaban, Bogotá, 1990, pags. 351 y 352).