CONCEPTO 2923 DE 2002
(marzo 5)
Fuente: Archivo Interno Supeintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8201
Bogotá, D. C.,
Señora
Nelly Magally Gamboa Carrero
Carrera 72B No. No.-10A-25
Tel: 292261 8-4119566
Ciudad
Referencia: 2002002923-0
454 Solicitud de Información Esporádica
39 Respuesta Final
Sin Anexos
Apreciada señora:
Damos respuesta a la comunicación dirigida por usted al señor Presidente de la República y trasladada a esta Entidad con el número de radicación citado en la referencia, en la cual solicita se excluya de las bases de datos a todos los colombianos que adeuden sumas de pequeño valor al sector financiero, que impide el acceso al crédito de vivienda o en su defecto no tengan en cuenta dicha información para la aprobación de créditos.
Sobre el particular, proceden los siguientes comentarios:
1. La Constitución Política de Colombia expedida en el año de 1991 estableció en su artículo 15 que “Todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas” (se subraya).
2. En relación con estas centrales de información, importa destacar que:
“(...) Son sociedades especializadas en el manejo de información sistematizada, que de manera centralizada y de acuerdo a criterios únicos y preestablecidos proporcionan a las entidades vigiladas los datos sobre el comportamiento crediticio de los clientes del sector financiero.
“La fuente de la información de estas sociedades la constituye de una parte, sus entidades afiliadas, y de otra, el reporte de endeudamiento que las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria le remiten a ésta, la cual es presentada en el producto 'Endeudamiento Global (…)' (1).
En tal sentido, es pertinente aclarar que dentro de las facultades de este Organismo no se encuentra la de manejar el reporte a las centrales de riesgos de los usuarios del sistema financiero ni las instituciones que las administran se encuentran bajo la vigilancia del mismo. No obstante, existe la facultad de este ente gubernamental para tramitar las quejas que se deriven de la omisión por parte de las instituciones financieras en el envío oportuno de la información de los clientes a los bancos de datos.
3. Ahora bien, en lo referente al término de permanencia del reporte negativo en las centrales de información, es preciso advertir que si bien el tema había sido regulado expresamente por los artículos 110 y 114 de la Ley 510 de 1999, los mismos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional a través de las sentencias C-729 y C-384 de junio y abril de 2000, respectivamente, ambas con ponencia del Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, por lo que en la actualidad no tienen aplicación legal.
Sin embargo fue recientemente expedida la Ley 716 de diciembre 24 de 2001(2) que en el artículo 19 estableció una amnistía de carácter temporal en punto a la caducidad del dato negativo reportado en centrales de información en los siguientes términos:
“ARTICULO 19. Las personas que dentro del año siguiente a la vigencia de la presente Ley se pongan al día en obligaciones por cuya causa hubieren sido reportadas a los bancos de datos de que trata este artículo tendrán un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información negativa histórica, sin importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se produce judicial o extrajudicialmente.
“La Defensoría del Pueblo velará por el cumplimiento de esta norma” (subrayamos).
A su turno, el Decreto 181 de 31 de enero de 2002 expedido por la Presidencia de la República reglamentó la anterior disposición en los siguientes términos:
“Artículo 1o. Para acceder al alivio previsto en el artículo 19 de la Ley 716 de 2001, las personas deberán poner al día mediante pago, dentro del año siguiente a la vigencia de la ley, todas las obligaciones por las cuales hayan sido reportados a los bancos de datos.
“Artículo 2o. El alivio previsto en el artículo 19 de la Ley 716 de 2001, consistente en la caducidad inmediata de la información negativa histórica, implica que dicha información no tendrá ningún efecto, por lo cual no podrá utilizarse para negar un crédito.
PARÁGRAFO. No obstante lo previsto en el presente artículo, los bancos de datos podrán conservar en sus archivos la información sujeta al alivio de que trata el artículo 19 de la Ley 716 de 2001.
'Artículo 3. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación” (subrayamos).
Así pues, es claro que en la actualidad existe un alivio en materia de caducidad de datos negativos para aquellas personas que dentro del término de vigencia de la Ley 716 de 2001 se pongan al día en la totalidad de las obligaciones por las cuales hayan sido reportadas a las bases de datos, alivio que consiste en básicamente en no tener en cuenta dicha información negativa para el estudio y aprobación o negación de un crédito.
4. Dado lo expuesto deberá establecerse la hipótesis en la cual podría enmarcarse la situación a la que usted está expuesta a efectos de proceder, si es del caso, a solicitar a la respectiva entidad financiera dada la cancelación (pago) de la deuda su inmediato reporte a la correspondiente central de información (central de riesgo) en procura de la actualización de su historial crediticio(3).
Así mismo es preciso determinar si Usted, en su momento, pudo ser beneficiada de un anterior alivio consagrado por la citada ley en materia de la caducidad de datos negativos reportados a centrales de información financiera. En efecto, el parágrafo del artículo 114(4) de dicha ley establecía de manera temporal la caducidad del dato negativo para aquellas personas usuarias del sistema financiero que dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la misma (inicialmente hasta el 4 de febrero del año 2000(5) término que fue ampliado a 10 meses por la Ley 550 de diciembre 30 de 1999) se hayan puesto al día en obligaciones por cuya causa hubieren sido reportados a los mencionados bancos de datos sin importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se produce judicial o extrajudicialmente. En caso de que usted hubiere cumplido con los requisitos indicados para haber sido beneficiaria, en su momento, del aludido alivio deberá proceder a efectuar las diligencias pertinentes ante la institución crediticia reportante y así como en la respectiva central de información en donde repose la información negativa.
5. De otro lado es pertinente señalar que si la deuda por la cual usted fue reportada se encuadra dentro de los créditos de vivienda individual a largo plazo y en tanto haya sido objeto de reestructuración en los términos del artículo 42 de la Ley 546 de 1999(6), podrá tener derecho a exigir que su nombre se retire como deudor moroso de cualquier central de riesgo una vez haya cumplido puntualmente con el pago de las tres primeras cuotas de la obligación reestructurada, tal como lo indica el artículo 52 ibídem en los siguientes términos:
“Artículo 52. Registro en centrales de riesgo. Los deudores de los créditos de vivienda individual a largo plazo que reestructuren sus créditos hipotecarios en los términos previstos en el artículo 42 de la presente ley, tendrán derecho a exigir que sus nombres se retiren como deudores morosos de las centrales de riesgo, una vez hayan cumplido puntualmente con el pago de las tres primeras cuotas de la obligación reestructurada. Los deudores hipotecarios de viviendas entregadas en dación en pago con posterioridad al 1 de enero de 1997, tendrán derecho a que las entidades financieras los declaren a paz salvo por el crédito respectivo y retiren sus nombres de las centrales de riesgo. Igualmente podrán beneficiarse de la opción de readquisición de vivienda establecida en el articulo 46 de la presente ley”.
6. También, cabe recordar que la información negativa suministrada por los bancos de datos (Ej. Data Crédito, la Central de Riesgos de la Asobancaria etc) no puede constituir per-se en un impedimento para que otra institución crediticia, sin desconocer sus obligaciones respecto de la evaluación y calificación de su cartera de créditos, se abstenga de conceder el crédito a ella solicitado por el usuario que se encuentre en dicha situación, toda vez que la entidad puede servirse de todos aquellos elementos que le permitan determinar su verdadera capacidad de pago, la idoneidad, cobertura y liquidez de las garantías ofrecidas y demás condiciones que a su juicio considere pertinentes en aras de establecer razonablemente el riesgo crediticio de ese potencial deudor.
En este sentido, recientemente esta Agencia Gubernamental en la Circular Externa 004 de Enero 14 de 2002, recordó cuál es el uso que las entidades vigiladas deben dar a los reportes provenientes de las bases de datos para hacer análisis de riesgo crediticio. En efecto, el citado instructivo señala textualmente:
“La Superintendencia Bancaria considera conveniente y oportuno hacer las siguientes aclaraciones sobre el uso que las entidades vigiladas deben dar a los reportes de información proveniente de las bases de datos para hacer análisis de riesgo crediticio:
“Tal como se establece en el Capitulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, las entidades deben considerar la información proveniente de las centrales de riesgo al momento de hacer la evaluación de riesgo crediticio de sus deudores presentes y futuros.
“Tales reportes no son, y en ningún caso pueden llegar a serlo, los únicos elementos de juicio que las entidades vigiladas deben considerar para tomar decisiones sobre otorgamiento de crédito. Los reportes originados en tales centrales de riesgo son un instrumento adicional que, junto con la información financiera reportada por los solicitantes, por las calificadoras de riesgo cuando existan calificaciones o por cualquier otra fuente que resulte pertinente, le permitan a las entidades hacer una adecuada evaluación de la capacidad de pago esperada del deudor y por lo tanto, a partir del respectivo análisis, asumir o no riesgos con el otorgamiento de crédito.
“De otra parte, dado que todas las personas tienen el derecho constitucional a conocer, actualizar y rectificar la información que se hayan recogido sobre ellas en las bases de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, derecho de cuyo alcance y contenido se ha ocupado en diferentes oportunidades la Honorable Corte Constitucional en pronunciamientos que tienen efectos generales, la Superintendencia Bancaria considera que las instituciones vigiladas tienen el deber de diseñar e implementar los mecanismos operativos que resulten necesarios para que se garanticen de manera eficaz los mencionados derechos constitucionales en favor de los usuarios del sistema financiero.
“Este Despacho insta a las entidades para que adopten o actualicen los mecanismos internos que resulten necesarios para la efectiva materialización de los derechos constitucionales mencionados”.
En los anteriores términos hemos dado respuesta a su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA
Coordinadora Grupo de Consultas Uno
1. SUPERINTENDENCIA BANCARIA, concepto número 1999040763-0 del 30 de Junio de 1999.
2. La Ley 716 de 2001 (“por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones”) fue publicada en el Diario Oficial No. 44.661 del 29 de diciembre de 2001; por tanto, su texto rige hasta el 29 de diciembre de 2002.
3. Para este efecto deberá solicitar que se le expida el correspondiente paz y salvo con miras a adelantar el trámite de actualización ante la respectiva entidad vigilada, o solicitar la corrección de antecedentes ante esta última solicitud que incluso puede adelantar por los medios legales pertinentes (Ej, acción de tutela) en forma independiente y/o concomitante a la petición de queja que decida formular usted ante esta Superintendencia.
4. Tal como se indicó, el articulo 114 de la Ley 510 de 1999 (modificado en su parágrafo por el artículo 76 de la Ley 550 de 1999 ampliando el término de este alivio de 6 a 10 meses) que regulaba el tema de los Bancos de Datos Financieros o de Solvencia Crediticia y la caducidad de la información negativa, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, en Sentencia C-384 de fecha abril 5 de 2000, expediente D-2559, magistrado ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa.
5. El artículo 123 de la Ley 510 de 1999 dispuso que la misma entraba a regir a partir de su publicación. Esta Ley fue publicada en Diario Oficial 43654 del 4 de agosto de 1999. A su turno la Ley 550 de 1999 fue publicada en c Diario Oficial 43836 de diciembre 30 del mismo año.
6. Ley por medio de la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinados a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones. Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial No. 43827 del 23 de diciembre de 1999.