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CONCEPTO 4172 DE 2002

(marzo 18)

Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8201

Bogotá, D. C.,

Doctor

IVÁN DARÍO BOTERO RODRÍGUEZ

Calle 42 No. 73-12, Int.105

Medellín, Antioquia

Referencia: 2002004172-0

115 - Consultas

39 - Respuesta Final

Sin anexos

Apreciado doctor:

Me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia con el número citado al rubro, mediante la cual efectúa una consulta relacionada con el contrato de leasing financiero.

Al respecto, se procede a dar respuesta a los aspectos consultados en el mismo orden en que fueron propuestos:

“1)

“a) Es posible si o no, que una entidad financiera, suscriba un contrato de ARRENDAMIENTO FINANCIERO (Leasing), sin ser propietaria del bien objeto del contrato, ni al momento de la celebración del mismo, ni al final cuando de parte del Locatario se han cumplido las prestaciones que le son inherentes en virtud del mismo y se ha decidido hacer uso de la opción de compra”.

Sobre el particular, es necesario recordar que el contrato de leasing financiero se encuentra definido como:

“(...) aquel en virtud del cual una compañía de financiamiento comercial denominada la leasing, entrega a una persona natural o jurídica, denominada el locatario, la tenencia de un activo productivo que ha adquirido para el efecto y que éste último ha seleccionado para su uso y goce, a cambio del pago periódico de una suma de dinero (CANON) durante un plazo pactado y a cuyo vencimiento, el locatario tendrá derecho a adquirir el activo por el valor de la opción de adquisición(1) (se resalta).

Por su parte, el Decreto 913 de 1993, en su artículo 2º señala lo siguiente:

“Se entiende por operación de arrendamiento financiero la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto, financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una opción de compra.

En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora, derecho de dominio que se conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra (...)” (resaltado no pertenece al texto).

Así mismo, la Circular Básica Jurídica en el Título III, Capítulo Tercero, numeral 1 señala:

“Con el fin de asegurar el estricto cumplimiento por parte de las Compañías a los requisitos previstos en los artículos 2º y 3º del Decreto 913 de 1993, con ocasión de a celebración de los contratos de arrendamiento financiero, cualquiera sea la modalidad, este Despacho se permite impartir las siguientes instrucciones:

“1.1. Adquisición de bienes

“Atendiendo que el artículo 2º del Decreto en mención determina que el negocio jurídico consiste en la '(...) entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto, (...)' y que, además, la capacidad jurídica de las compañías en la celebración de esta clase de operaciones tiene como finalidad financiar el uso y el goce de los bienes y no su comercialización, debe entenderse que la adquisición de estos activos debe realizarse exclusivamente con causa en la celebración de los contratos.

“En este sentido no se ajusta a la norma la práctica consistente en adquirir bienes para entregar en arrendamiento financiero sin que medie el contrato de respectivo” (se resalta).

De los lineamientos transcritos, se deduce que para que se perfeccione el contrato de leasing financiero es indispensable la entrega de un bien para su uso y goce que ha sido adquirido por la compañía de financiamiento para tal propósito, a fin de que al final del contrato se ejerza por parte del locatario la opción de compra.

En ese orden de ideas, y en aras de responder el punto consultado, se estima que no es posible que la institución financiera celebre un contrato de leasing financiero sin ser la propietaria del bien objeto del contrato.

“b) Atendiendo a lo anterior, que consecuencias de tipo jurídico (y en qué áreas específicas) tendría la celebración de contratos con las falencias a das; adicionando que el bien en comento NUNCA por causas imputables a la entidad financiera podrá llegar a ser parte de su patrimonio y por tal circunstancia el objeto central y fundamento del contrato no se cumpliera“.

Sobre el particular, sea lo primero precisar que de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al que corresponde fundamentalmente supervisar la actividad de las entidades sometidas a su control y vigilancia con el fin de velar por el cumplimiento de las normas que las regulan, asegurando la confianza en el sistema financiero, asegurador y previsional y que su operación se realice en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia.

Es así como dentro de las funciones asignadas a este Órgano de control en el literal i) del numeral 5) del artículo 326 ibídem se encuentra la de “Imponer a las instituciones vigiladas, directores, revisor fiscal o empleados de la misma, previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las medidas o sanciones que sean pertinentes, por infracción a la leyes, a los estatutos o a cualquier otra norma legal a que deban sujetarse, así como por inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia Bancaria”.

En igual sentido, los artículos 209 y 211 del Estatuto anotado establecen la facultad del Superintendente Bancario para imponer multas de carácter personal e institucional, en su orden, cuando se cerciore de que los administradores, revisores fiscales y funcionarios de las entidades vigiladas han violado una norma de su estatuto o reglamento, o cualquier otra norma legal a que el establecimiento deba sujetarse.

Como se observa, la violación a las normas que rigen el sistema financiero dependiendo de su gravedad trae como consecuencia, la imposición de sanciones administrativas de carácter pecuniario o, en su defecto, llamados de atención en los casos en que no exista mayor materialidad a fin de que dichas situaciones no vuelvan a tener ocurrencia en la prestación del servicio.

Para tales propósitos, será necesario obtener mayores elementos de juicio que permitan conocer en forma clara las circunstancias que rodearon la actuación de la entidad vigilada, para lo cual deberá iniciarse la correspondiente actuación administrativa adjuntando todos los documentos que sirvan de soporte a las afirmaciones.

De otra parte, no sobra manifestar que el desconocimiento de los preceptos puede generar responsabilidad de carácter civil en caso de haberse ocasionado algún perjuicio y de índole Penal si con dicho proceder se ha cometido algún acto tipificado por la ley como delito; situaciones que deberán ser dirimidas ante la jurisdicción ordinaria.

“2

“a) En desarrollo del contrato Leasing se cumplió en su integridad con el pago de los cánones y al no poder cumplir con la cláusula de Restitución en nuestro sentir viola el contrato, muy en especial el Decreto 663 de 1993, artículo 48 numeral 4º”.

Cabe señalar que la referencia normativa que se menciona en el presente ítem se relaciona con los instrumentos de intervención que posee el Gobierno Nacional en relación con las entidades sujetas al nuestro control y vigilancia, por tal razón, se considera que al precepto al que se hace mención corresponde al numeral 4º del artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que regula el tema de la debida prestación del servicio por parte de las instituciones vigiladas con sus clientes y el de la protección al consumidor.

Ahora bien, a efectos de determinar si desconoció no sólo la norma anotada sino otras a las que debía sujetarse la vigilada, será necesario, tal como se indicó, iniciar la correspondiente actuación administrativa ante la Subdirección de Resolución de Conflictos, Quejas y Atención al Usuario de esta Superintendencia, caso en el cual en el evento de observarse alguna irregularidad se procederá a adoptar las medidas pertinentes frente a la sociedad.

Por otro lado, como quiera que no le corresponde a este Ente calificar o determinar eventuales responsabilidades derivadas del incumplimiento de obligaciones contractuales, deberá acudirse a la justicia ordinaria o al trámite arbitral en caso de que este último mecanismo se haya contemplado en el contrato, a fin de que ante tal jurisdicción se dé solución al conflicto originado en esta clase de relaciones jurídicas.

“b) Qué consecuencias de tipo legal tiene para la entidad financiera el haber incurrido en dicha trasgresión jurídica.

“c) Qué consecuencias adicionales o complementarias, tanto desde el punto de vista patrimonial y administrativa genera el hecho.

“f) Qué consecuencias doctor RÍOS le cabe a la entidad financiera cuando falsea la verdad, y ésta al inducir en error se constituye en la causa o motivo sine-quanón (sic) para la celebración del contrato? 'PROPIEDAD DEL EQUIPO. Los bienes entregados a título de arrendamiento financiero (leasing) son propiedad de la leasing,...' y resulta que ni lo eran, ni lo son, ni lo serán. Qué pasa al efecto?”.

Tal como ha quedado expresado líneas atrás, en caso de establecerse por este órgano de control el incumplimiento de normas que regulan la actividad financiera, puede derivarse no sólo las sanciones de carácter administrativos que impondría este Ente de control dentro de sus facultades, sino las de carácter civil o penal que deberán ser instauradas ante las autoridades competentes.

“d) Qué pasaría si la entidad de marras (...) se encuentra en proceso de FUSION con otra. ¿acaso este hecho haría nugatorio en (sic) proceso?.

En este punto importa destacar que a efectos de llevarse a cabo un proceso de fusión las sociedades interesadas, previo al aviso a esta Superintendencia, han realizado los trámites tendientes a determinar la situación financiera de las mismas, efectuando los estudios pertinentes sobre aspectos, tales como el estado de los activos, pasivos, provisiones, procesos judiciales en contra y en general todos aquellos eventos que puedan afectar patrimonialmente a la entidad a fin de tomar la decisión de perfeccionarla.

Una vez se efectúa dicho estudio e iniciado el correspondiente trámite dando aviso a esta Autoridad, en virtud de lo señalado en el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Superintendente Bancario sólo podrá objetar la fusión por las causales en él señalados, pero una vez formalizada dicha operación la entidad absorbente o la nueva adquiere de pleno derecho la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones de las entidades disueltas, sin necesidad de trámite alguno.

Las precisiones efectuadas en precedencia son indispensables para concluir que una situación como la comentada en su consulta debe ser conocida previamente por las entidades que participan en el proceso de fusión quienes determinan si es causal para no perfeccionarla, que la misma no hace nugatorio el proceso pues no constituye una causal para su objeción, y que dados los efectos de la figura la entidad adquirente asumiría las obligaciones de la entidad disuelta, debiendo entonces responder por las cargas adquiridas con antelación a la fusión.

“e) Podría llegarse a pensar que la conducta asumida por los funcionarios de la entidad financiera los haría quedar incursos en acciones penales y de ser esto posible, en cuales”.

Dado que, según lo señalado en el artículo 121 de la Constitución Política, las autoridades sólo tienen competencia en relación con las materias a su cargo y con sujeción a las funciones a ellas asignadas, cabe destacar que en el caso de la Superintendencia Bancaria teniendo en cuenta las facultades otorgadas en el articulo 326 del citado Estatuto, no le corresponde efectuar pronunciamientos de este tipo sino que los mismos son del resorte de los jueces penales.

“g) Hasta donde llega doctor RIOS la regulación y vigilancia de la SUPERBANCARIA en aras de las protección del consumidor final, parte débil de la relación contractual, teniendo en cuenta para ello que este tipo de contratos son conocidos como de ADHESION? O lo que es lo mismo tienen la posición DOMINANTE y de ella abusan.

En este punto se considera oportuno traer a colación lo expuesto por la Superintendencia Bancaria, en relación con a regulación de protección al consumidor:

“1. Contexto Normativo sobre protección del consumidor de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria.

“Como se sabe, por mandato del artículo 335 de la Constitución Política las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias.

'En esa medida, se ha ocupado la ley de reglamentar todos los aspectos vinculados al desarrollo de tales actividades, incluyendo así mismo una serie de normas que protegen los derechos del consumidor financiero, asegurador y previsional, consignadas básicamente en el Capítulo XIV de la Parte Tercera del Decreto 663 de 1993 o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero bajo el rótulo de Reglas relativas a la competencia y a la protección del consumidor, en concordancia con lo previsto en el Capítulo Sexto del Título I de la Circular Básica Jurídica de esta Superintendencia.

- “Así, el artículo 72, letra f), de dicha reglamentación dispone que tos administradores de las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria deben obrar no sólo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio a los intereses sociales, absteniéndose de las siguientes conductas (...) Abstenerse de dar la información que a juicio del superintendente bancario, deba obtener el público para conocer en forma clara la posibilidad que la institución tiene de atender sus compromisos'.

- “El artículo 97 se ocupa de regular lo relacionado con la información que las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, “para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado'.

- “El artículo 98, numerales 1º a 3º, consagra reglas generales sobre competencia y prohíbe 'todos los acuerdos o convenios entre empresarios, las decisiones de asociaciones empresariales y las prácticas concertadas que, directa o indirectamente, tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del sistema financiero y asegurador', facultando a la Superintendencia Bancaria para ordenar, de oficio o a petición de parte, 'como medida cautelar o definitivamente, que los empresarios de abstengan de realizar tales conductas, sin perjuicio de las sanciones que con arreglo a sus atribuciones generales pueda imponer'.

- “El numeral 4º del mismo artículo alude específicamente a la debida prestación del servicio y protección al consumidor, y ordena que “Las instituciones sometidas al control de la Superintendencia Bancaria, en cuanto desarrollan actividades de interés público, deberán emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios a sus clientes a fin de que éstos reciban la atención debida en el desarrollo de las relaciones contractuales que se establezcan con aquéllas y, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones.

“Igualmente, en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convenir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante.

- “El artículo 99 contiene disposiciones relativas a la publicidad y promoción comercial mediante incentivos, precisando que 'Los programas publicitarios de las entidades vigiladas deberán contar con la autorización general o individual de la Superintendencia Bancaria, con el fin de que se ajusten a las normas vigentes, a la realidad jurídica y económica del servicio promovido y para prevenir la propaganda comercial que tienda a establecer competencia desleal'.

“Así mismo el numeral 2º del mencionado artículo faculta a las entidades financieras y aseguradoras para ofrecer directa o indirectamente y mediante su responsabilidad premios por sorteo, establecer planes de seguros de vida a cargo de compañías de seguros debidamente autorizadas para el efecto u otros incentivos con el fin de promover su imagen, sus productos o servicios, de manera gratuita y exclusivamente entre sus clientes.

- “El Decreto 2204 de 1998 reguló integralmente el numeral 2º del artículo 99 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el sentido de que los costos de las promociones mediante incentivos ofrecidas por las entidades financieras y aseguradoras no podrán traducirse en mayores cargas ni en menores rendimientos para los clientes o usuarios del producto o servicio promocionado.

- “Los artículos 58 y 106 de la Ley 100 de 1993 consagran previsiones similares en relación con la publicidad de las sociedades administradoras del régimen solidario de pensiones de prestación definida y las sociedades administradoras de fondos de pensiones.

- “El Decreto 720 de 1994 regula las condiciones y términos para el desarrollo de la actividad de promoción y distribución de los productos de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones, incluidos los planes complementarios, alternativos y los planes de pensiones. Además y entre otros aspectos, precisa que cualquier infracción, error u omisión -en especial aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en ejercicio de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora.

- “El Título I, Capítulo Sexto, num. 1.6. de la Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996 de esta Superintendencia, por su parte, disciplina lo atinente a los programas publicitarios adelantados por las sociedades fiduciarias, todo ello en concordancia con el artículo 326, numeral 2º, letra c) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, a cuyas voces es función de esta Superintendencia, entre otras, “Autorizar, con carácter general o individual, los programas publicitarios de las instituciones vigiladas, con el fin de que se ajusten a las normas vigentes, a la realidad jurídica y económica del servicio promovido y para prevenir la propaganda comercial que tienda a establecer competencia desleal”, y con los numerales 2º del Capítulo Sexto del Título I y 1º, letra h), del Título II de la Circular Básica Jurídica.

- “El artículo 100 del mismo estatuto se ocupa del régimen de protección a tomadores de seguros y asegurados, fijando reglas sobre condiciones de las pólizas y tarifas y protección de la libertad de contratación, en armonía con el Título I, Capítulo VI, num. 2.1. de la Circular Básica Jurídica que contiene instrucciones relativas a la protección a la libre contratación de pólizas de seguros en instituciones financieras por cuenta de sus deudores.

- “El artículo 121 trata de los sistemas de pago e intereses, contemplando al efecto previsiones alusivas a capitalización de intereses en operaciones de largo plazo, las cuales hoy se encuentran expresamente prohibidas en tratándose de créditos destinados a financiar vivienda individual a largo plazo, sistemas de pago alternativos para créditos de mediano y largo plazo y normas sobre límites al cobro de réditos, aspecto este último sobre el que se consagran también instrucciones en los términos del Título II, Capítulo Primero, lit. f), de la Circular Básica Jurídica, así como la Circular Externa 051 de 2000 expedida con fundamento en el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el día 5 de julio del mismo año.

- “El literal h) del mismo aparte de dicha directiva reglamenta lo relacionado con la publicidad sobre costos y rendimientos de operaciones activas y pasivas.

- “El numeral 4.6 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Básica Jurídica hace referencia concreta al régimen sancionatorio aplicable, indicando: 'Las entidades vigiladas que, con desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 97, numeral 1., 98, numeral 4. y 100, numeral 2. del estatuto orgánico del sistema financiero, realicen conductas o prácticas que menoscaben la debida transparencia en sus operaciones o la diligencia en la prestación de los servicios a sus clientes, o que se deriven en la exigencia o estipulación de cláusulas exorbitantes o atenten contra la libertad de tomadores y asegurados para decidir la contratación de los seguros y escoger sin limitaciones la aseguradora o el intermediario, estarán sujetas a las sanciones que señala el artículo 211 del mismo estatuto; los funcionarios de dichas entidades que autoricen o ejecuten las infracciones indicadas se harán acreedores a las sanciones que consagra el artículo 209 de la misma disposición'.

- “El numeral 3º del Capítulo Décimo del Título I de la Circular Básica Jurídica, en concordancia con el Código Contencioso Administrativo, contempla el procedimiento que debe surtirse para efectos de actuaciones ante la Superintendencia Bancaria, aplicable igualmente tratándose de reclamaciones y denuncias formuladas por los usuarios de los servicios financiero, asegurador y previsional.

- “La Ley 546 de 1999 mediante la cual se consagra un nuevo sistema de financiación de vivienda individual a largo plazo ligado exclusivamente al índice de precios al consumidor, consagra una serie de disposiciones de protección al deudor de estas obligaciones, dentro de las cuales vale la pena resaltar, entre otros, el artículo 17 que fija las condiciones de los créditos de vivienda individual señalando expresamente la posibilidad de que se efectúen de manera permanente prepagos parciales o totales sin penalidad alguna; el artículo 19 relativo al cobro de intereses de mora en créditos hipotecarios, así como a la prohibición expresa de que en estos contratos se pacten cláusulas aceleratorias que declaren de plazo vencido el total de la deuda hasta no se presente la correspondiente demanda judicial y a que en los mismos se presuma el interés de mora, cuando no se ha pactado; el artículo 20 mediante el cual se ordena a la Superintendencia Bancaria a establecer condiciones uniformes para los documentos contentivos de los contratos de esta especie; el artículo 21 con el cual se consagra el deber de información por parte de los establecimientos de crédito frente al público y los deudores respecto de las condiciones de sus créditos; y el artículo 24 de conformidad con el cual en cualquier momento los créditos hipotecarios para vivienda individual podrán ser cedidos, a petición del deudor, a favor de otra entidad financiera.

- “Al respecto, la Superintendencia Bancaria impartió instrucciones a las entidades vigiladas, mediante Circulares Externas 085 de 2000 y 002 de 2001, incorporadas como Capítulo IV del Título III de la Circular Básica Jurídica.

“Puede observarse entonces que en tales términos se consagran en la legislación financiera y normas complementarias mecanismos especiales de protección de los derechos de los usuarios de este tipo de servicios, disposiciones cuya preservación y prevalencia se consideran esenciales dada la naturaleza y particularidades de la actividad que desarrollan las entidades bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, siendo así mismo del resorte exclusivo de este organismo velar por su cumplimiento(2).

Por otra parte, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada las partes que intervienen en una relación contractual disponen de la libertad para fijar el alcance y contenido de los acuerdos que celebren, encontrándose limitados por la ley, el orden público y las buenas costumbres.

En ese sentido, dichos convenios no pueden desconocer normas como la consagrada en el numeral 4º del artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que proscribe claramente la estipulación de cláusulas que favorezcan de manera exorbitante a una parte en detrimento de la otra, afectando el equilibrio contractual, máxime cuando tales pactos surgen con ocasión de la contratación masiva de los productos ofrecidos por las entidades financieras, sin que el cliente tenga opción diferente a la de celebrar el correspondiente contrato.

En relación con tal situación y en aras de dar cumplimiento a lo señalado al artículo citado, esta autoridad de control con base en las facultades señaladas en el literal a) del numeral 3 y en el literal a) del numeral 5 del artículo 326 ibídem, puede instruir a sus vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad, así como ordenarles la suspensión de las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras, respectivamente.

Para tales propósitos, será necesario agotar un procedimiento diferente al de la consulta, toda vez que el pronunciamiento efectuado a través de este mecanismo sólo produce los efectos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, es decir, que no son de obligatorio cumplimiento o ejecución; por lo tanto, deberá iniciarse la correspondiente actuación administrativa dentro de la cual se allegará la información pertinente y se dará la oportunidad a las partes de expresar sus opiniones con el fin de adoptar una decisión.

En los anteriores términos hemos dado curso a su solicitud, con el alcance que a esta clase de pronunciamientos otorga el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA

Coordinadora Grupo de Consultas Uno

1. Manual Jurídico de Leasing, El leasing en 100 respuestas, Federación Colombiana de Compañías de Leasing, Fedelising

2. Oficio No. 2001032407-0 del 8 de mayo de 2001.

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