CONCEPTO 4345 DE 2003
(febrero 14)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8202
Bogotá D. C.,
Señora
Gloria Inés Gaviria T.
E-mail: qgavirit@epm.net.co
Radicación: 2003004345-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciada señora:
Damos respuesta a su comunicación, remitida por correo electrónico, radicada en esta Superintendencia con el número citado al rubro, mediante la cual solicita información relacionada con los intereses de un crédito otorgado por una cooperativa financiera.
Sobre el particular, sea de caso precisar que la “La utilidad o ganancia periódica que produce un capital se conoce con el nombre de intereses o frutos civiles los cuales se clasifican según su origen en interés bancario corriente, legal y convencional; de acuerdo con su oportunidad en remuneratorio y moratorio, y según la forma de liquidarse en interés simple y compuesto.
Al respecto, cabe resaltar que el interés convencional es aquel que fijan las partes libremente, en la medida que gozan de plena autonomía para determinarlo, siempre y cuando, se sujeten a los límites legales previstos para el delito de usura. Así es que, el interés remuneratorio y de mora variará de un negocio a otro dependiendo de lo que acuerden los intervinientes en la relación negocial.
En punto al interés bancario corriente, importa destacar que el artículo 884 del Estatuto Mercantil, modificado por el artículo 111 de Ley 510 de 1999, dispone en su inciso primero que 'Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990”.
Ahora bien, en tratándose del límite de usura, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 305 del Código Penal (Ley 599 de julio 24 de 2000) que tipifica este delito en los siguientes términos:
''Art. 305. Usura. El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los barcos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (se resalta).
Así las cosas si bien las partes son libres para fijar las tasas de interés, éstas no pueden superar los límites legales permitidos, por cuanto además de que el acreedor queda incurso en el delito de usura, también se expone a la aplicación de las consecuencias legales previstas en el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, así como en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, esto es a perder todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto igual, para lo cual es necesario que el afectado interponga la correspondiente acción ante la jurisdicción ordinaria.
Con base en el anterior entorno normativo, corresponde a la Superintendencia Bancaria certificar el interés bancario corriente (Artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), tanto para los efectos previstos en el artículo 884 del Código de Comercio como para lo preceptuado en el citado artículo 305, a partir del cual se determina el interés máximo legal permitido al que deben sujetarse todas las personas en esta materia.
Sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes, dado que se trata de una cooperativa financiera, puede formular la respectiva reclamación ante la Subdirección de Quejas de esta Superintendencia, anexando los correspondientes soportes, con el fin de adelantar la investigación administrativa del caso.
En los anteriores términos dejamos atendida su consulta con el alcance establecido por esta clase de pronunciamiento por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente
ROBERTO HIGUERA RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo de Consultas Dos (E)
1. Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 28 de junio de 1979.