CONCEPTO 4449 DE 2000
(marzo 22)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8200
Señor
JOSE FERNANDO GARCES G.
Calle 21 No. 22-30 Oficina 303
Edificio Colpatria
Manizales – Caldas
Referencia: 2000004449-0
115 Consultas
39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciado Señor:
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad bajo el número citado al rubro, mediante la cual plantea un interrogante relativo al cruce de aportes con el saldo de un crédito contraído con la Cooperativa COOMEVA y sobre la posibilidad de” (...) obligar a un deudor a refinanciar, si éste no lo considera conveniente. Y además, está ofreciendo diversas alternativas de pago, no obstante las serias dificultades por las que atravesamos los colombianos”.
Sobre el particular, es pertinente realizar el análisis correspondiente a la situación planteada, a la luz de la normatividad vigente en la materia.
En primer lugar cabe precisar que conforme al artículo 46 de la Ley 79 de 1988 “El patrimonio de las cooperativas está constituido por los aportes sociales individuales y los amortizados (...)“.
Por su parte el artículo 49 de la misma ley indica que los aportes sociales de los asociados quedan afectados directamente desde su origen en favor de la cooperativa como garantía de las obligaciones que contraigan con ella.
Ahora bien, en el parágrafo segundo de artículo 42 de la Ley 454 de 1998 se consagró la prohibición de devolver aportes cuando ellos sean necesarios para el cumplimiento de los límites de capital mínimo previsto en la misma norma, así como de los establecidos sobre margen de solvencia.
Con relación al mismo tema la Ley 510 de 1999 estableció en el numeral 8 del artículo 19 la facultad para la Superintendencia Bancaria de ordenar en cualquier momento a las entidades cooperativas que realizan actividad financiera que se suspenda la compensación de los saldos de los créditos otorgados a asociados contra los aportes sociales, con el fin de prevenir que las mismas sean objeto de medidas de tomas de posesión.
Todas estas normas tienen su justificación en el hecho de que al integrarse el aporte individual al patrimonio de la entidad se integra igualmente la prenda general de los acreedores, es decir que en el patrimonio descansa la garantía de las obligaciones contraídas por la persona jurídica para con terceros, en desarrollo de su objeto, de tal forma que los aportes se encuentran afectos a la comunidad de riesgos y beneficios derivados del cumplimiento de las operaciones autorizadas a la entidad cooperativa.
De las disposiciones reseñadas, se infiere que las entidades cooperativas, siempre que no se encuentren incursas en los presupuestos legales atrás mencionados, se sujetan a las reglas establecidas en los estatutos y en los reglamentos internos en materia de cruce de cuentas y de devolución de los aportes sociales.
Ahora bien, como quiera que esta Superintendencia no ha ordenando hasta la fecha la suspensión de la devolución de los aportes de COOMEVA, puede solicitar directamente a dicha entidad el trámite de su petición a fin que sea atendida conforme al régimen estatutario de la cooperativa.
En relación con el segundo interrogante, relativo a la posibilidad de “obligar a refinanciar el crédito” por parte de la entidad acreedora, es claro que cualquier acuerdo modificatorio del pacto contractual inicial requiere del mutuo consentimiento de las partes intervinientes en el mismo, por cuanto no es posible que un contrato válidamente celebrado sea modificado por la imposición unilateral de las condiciones de una de las partes. Así las cosas, será necesario que concurran las voluntades de los contratantes para introducir modificaciones al crédito suscrito en un primer momento.
Ahora bien, de su escrito se infiere que la Cooperativa COOMEVA ya atendió la solicitud que Usted le formuló en ese sentido, proponiéndole una formula de acuerdo la cual usted es libre de aceptar o no, caso en el cual se mantendrían incólumes las condiciones iniciales del contrato, lo que implica que ante un eventual incumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato de mutuo suscrito con la entidad cooperativa por uno de los extremos contratantes, el otro estaría legitimado para exigir incluso por vía judicial el cumplimiento coactivo de las obligaciones que surgen del acuerdo de voluntades plasmado en la convención respectiva; lo anterior es un fiel reflejo del principio general del derecho según el cual un contrato válidamente celebrado es ley para las partes.
En los anteriores términos, absolvemos la consulta formulada, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordialmente,
ROY GONZALO RÍOS CHACÓN
Subdirector de Regulación y Consulta ( E).