CONCEPTO 5053 DE 2000
(mayo 4)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8200
Señora
BETY MARTINEZ CARDENAS
BQM@wildesapte.com
Referencia: 2000005053-0
454 Solicitud de Información Esporádica
39 Respuesta Final
Sin anexos
Apreciada señora:
Damos respuesta a su comunicación radicada con el número de la referencia, mediante la cual solicita información en relación con la regulación vigente sobre competencia y competencia desleal aplicable a compañías de seguros e intermediarios de seguros.
Sobre el particular, resultan procedentes las siguientes consideraciones:
1. Marco Constitucional:
1.1 El artículo 58 de la Constitución Política de 1991 dispone que “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ellos reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
“La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
“El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad...”
1.2 A su vez, el artículo 333 del mismo ordenamiento superior establece que “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
“La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
“La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
“El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
“La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación”.
Tales normas constituyen la base fundamental de un sistema de libre competencia donde, en principio, la interacción de las fuerzas de la oferta y la demanda determina en la forma más eficiente posible, la cantidad, calidad y precio de los bienes así como la de los servicios disponibles en el mercado.
1.3. El inciso segundo del artículo 334 de la Carta Magna establece que “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos...”. Esta norma asigna al Estado la función de promover la productividad y la competitividad de la industria nacional.
2. Marco Legal:
2.1. Las disposiciones iniciales en punto de prácticas comerciales restrictivas se encuentran contenidas en la Ley 155 de 1959, que en su artículo 1 modificado por el artículo 1 del Decreto 3307 de 1963 prohíbe los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros y, en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.
2.2. El marco normativo general está establecido en la Ley 256 de 1996, cuyo objetivo se encuentra contemplado en el artículo 1 de la misma norma según el cual “Sin perjuicio de otras formas de protección, la presente ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1 del articulo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994”.
2.3. Así mismo, los artículos 143, 144, 147 y 148 de la Ley 446 de 1998 establecen las funciones y facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el tema de la competencia desleal.
2.4. El Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), establece las reglas relativas a la competencia y a la protección al consumidor dentro del sistema financiero y asegurador.
Concretamente a la altura del artículo 98 de esta norma se establecen las siguientes directrices:
“1. Reglas sobre la competencia. Están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre empresarios, las decisiones de asociaciones empresariales y las prácticas concertadas que, directa o indirectamente, tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del sistema financiero y asegurador.
“La Superintendencia Bancaria, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar, como medida cautelar o definitivamente, que los empresarios se abstengan de realizar tales conductas, sin perjuicio de las sanciones que con arreglo a sus atribuciones generales pueda imponer.
“2. Competencia desleal. La Superintendencia Bancaria, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar que se suspendan las prácticas que tiendan a establecer competencia desleal, sin perjuicio de las sanciones que con arreglo a sus atribuciones generales pueda imponer.
“3. Acciones de clase. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 45 de 1990, las personas perjudicadas por la ejecución de las prácticas a que se refieren los numerales anteriores del presente artículo podrán intentar la correspondiente acción de responsabilidad civil para la indemnización del daño causado, que se tramitará por el procedimiento ordinario, pero con observancia de las reglas previstas por los numerales 3º a 7º y 9º a 15 del artículo 36 del Decreto 3466 de 1982. Para estos efectos, las personas que no comparezcan serán representadas por la Superintendencia Bancaria, tratándose de conductas imputables a entidades sometidas a su vigilancia. La publicación de la sentencia se hará por la Superintendencia Bancaria, en estos casos, y la notificación del auto que dé traslado de las liquidaciones presentadas, a que se refiere el numeral 13 del mencionado artículo 36, se efectuará por estado.
“4. Debida prestación del servicio y protección al consumidor. Las instituciones sometidas al control de la Superintendencia Bancaria, en cuanto desarrollan actividades de interés público, deberán emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios a sus clientes a fin de que éstos reciban la atención debida en el desarrollo de las relaciones contractuales que se establezcan con aquellas y, en general, en et desenvolvimiento normal de sus operaciones.
Igualmente, en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convenir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante.
A su vez, el artículo 99 del mismo Estatuto dispone: “1. Programas publicitarios. Los programas publicitarios de las entidades vigiladas deberán contar con la autorización general o individual de la Superintendencia Bancaria, con el fin de que se ajusten a las normas vigentes, a la realidad jurídica y económica del servicio promovido y para prevenir la propaganda comercial que tienda a establecer competencia desleal.
“2. Promoción de servicios mediante incentivos. Todas las instituciones financieras y aseguradoras podrán ofrecer directa o indirectamente y mediante su responsabilidad premios por sorteo, establecer planes de seguros de vida a cargo de compañías de seguros debidamente autorizadas para el efecto u otros incentivos, con el fin de promover su imagen, sus productos o servicios, de manera gratuita y exclusivamente entre sus clientes, en las condiciones que señale el Gobierno Nacional. Este deberá dictar normas con el fin de evitar que el costo de los premios o seguros se traduzca en mayores cargas o en menores rendimientos o retribuciones al ahorrador o usuario del producto o servicio promocionado.”
Finalmente, el artículo 100 del mismo ordenamiento establece: “1. Reglas sobre condiciones de las pólizas y tarifas. La determinación de las condiciones de las pólizas y las tarifas responderá al régimen de libertad de competencia en el mercado de seguros, y respetará siempre las reglas previstas en los numerales 2º y 3º del artículo 184 del presente Estatuto.
“No tendrá carácter de práctica restrictiva de la competencia la utilización de tasas puras de riesgo basadas en estadísticas comunes.
“Tampoco constituirá práctica restrictiva de la competencia la celebración de convenios entre entidades aseguradoras o sociedades de capitalización mediante los cuales una de ellas permita el reconocimiento y pago de comisiones en favor de aquellos intermediarios de seguros para quienes solicitó su inscripción o dispuso su capacitación, sin perjuicio de lo previsto para los agentes independientes.
“2. Protección de la libertad de contratación. Cuando las instituciones financieras actúen como tomadoras de seguros, cualquiera que sea su clase, por cuenta de sus deudores, deberán adoptar procedimientos de contratación que garanticen la libre concurrencia de oferentes.
“La Superintendencia Bancaria protegerá la libertad de tomadores y asegurados para decidir la contratación de los seguros y escoger sin limitaciones la aseguradora y, en su caso, el intermediario y aplicará las sanciones correspondientes cuando verifique conductas o prácticas que contraríen lo dispuesto en este Estatuto.
“3. Prácticas prohibidas. El ofrecimiento reiterado de pólizas o tarifas desconociendo los requisitos del artículo 184 numerales 2º y 3º de este Estatuto, la exigencia de formalidades no previstas legalmente para acceder al pago de las indemnizaciones y toda práctica que de manera sistemática tenga como propósito evitar o dilatar injustificadamente el cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato de seguro, puede dar lugar a la revocación del certificado de autorización para el ramo o los ramos en los cuales se advierta dicha conducta”.
3. Marco Reglamentario:
3.1. Decretos
3.1.1. El Decreto 1302 de 1964, por medio del cual se reglamenta la Ley 155 de 1959, en su artículo 5 dispone para los efectos del parágrafo 1 del artículo 4º de la citada Ley, que se presume que una concentración jurídico-económica tiende a producir indebida restricción de la libre competencia cuando:
“a)...ha sido precedida de convenios ligados entre las empresas con el fin de unificar e imponer los precios a los productores de materias primas o a los consumidores, o para distribuirse entre sí los mercados, o para limitar la producción, distribución o prestación del servicio;
“b)...las condiciones de los correspondientes productos o servicios en el mercado sean tales que la fusión, consolidación o integración de las empresas que los producen o distribuyen pueda determinar precios inequitativos en perjuicio de los competidores.”
3.2. Resoluciones:
3.2 La Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores, en el parágrafo 2 del artículo 1.2.5.7., establece que “El oferente antes de presentar a la Superintendencia de Valores la documentación de que trata el presente artículo, deberá poner la oferta en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, si estima que la adquisición que proyecta realizar se encuentra dentro de los casos que de conformidad con las normas sobre prácticas restrictivas deben ser informados a dicha entidad.”
3.3. Circulares:
33.1. Circular Externa 025 del 15 de Diciembre de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y comercio sobre las funciones de esa Entidad referentes a la Promoción de la Competencia y Prácticas Comerciales Restrictivas.
3.3.2. Circular Básica Jurídica 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria, en el Título I Capítulo Sexto Numeral 1 establece los lineamientos sobre la libre competencia, prácticas restrictivas y competencia desleal para las entidades vigiladas, como es el caso de las compañías de seguros y los intermediarios de seguros.
Finalmente, si se encuentra interesada en profundizar aún más sobre el tema le recomendamos consultar los libros “Evolución del Derecho Comercial” del Colegio de Abogados de Medellín y “Hacia un Nuevo Régimen de la Promoción de la Competencia” publicado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Queda en estos términos atendida su petición, en el entendido de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo las respuestas que emiten las autoridades administrativas a las consultas que les sean presentadas no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atiendan, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.
Atentamente,
ROY GONZALO RIOS CHACON
Subdirector de Regulación y Consulta (E)