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CONCEPTO 5633 DE 2002

(marzo 19)

Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8201

Bogotá, D. C.,

Señor

HIRAM ABIFF GIRALDO LÓPEZ

Carrera 4 No. 5-41

Facatativá, Cundinamarca

Referencia: 2002005633-0

115 - Consultas

39 - Respuesta Final

Sin anexos

Apreciado señor:

Me refiero a su comunicación radicada en esta Superintendencia con el número citado, mediante la cual consulta si una sociedad comercial que tiene por objeto principal dar o tomar dinero en mutuo civil con intereses a particulares, préstamos hipotecarios y pignoración de automóviles, adquirir bienes muebles e inmuebles enajenarlos, permutarlos o gravarlos con hipotecas, hacer inversiones en sociedades, hipotecar los bienes y dar en prenda muebles y servicios, y en particular desarrollar contratos de mutuo civil, etc.”, requiere de la autorización de esta Superintendencia.

Así mismo, solicita se indique si la actividad que pretende desarrollar es considerada como captación masiva y habitual.

Al respecto, proceden los siguientes comentarios:

Sobre el particular, valga manifestar que de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al que corresponde fundamentalmente supervisar de manera integral la actividad de las entidades sometidas a su control y vigilancia(1) con el fin de velar por el cumplimiento de las normas que las regulan, asegurando la confianza en el sistema y que su operación se realice en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia.

Bajo este contexto y toda vez que la actividad de la Superintendencia Bancaria se encuentra estrictamente limitada a las facultades que le han sido expresamente atribuidas, no le corresponde determinar la licitud del objeto social de una empresa o si las actividades en él estipuladas se encuentran legalmente prohibidas.

No obstante lo anterior, se considera oportuno a manera ilustrativa efectuar los siguientes comentarios sobre el tema de la intermediación financiera y la captación masiva y habitual de dineros del público, con el propósito de que los interesados tengan especial cuidado en no incurrir en dichas actividades sin la debida autorización del Estado y, por ende, determinen, la procedencia del negocio que pretenden ejercer.

Sobre el tema de la intermediación financiera esta Superintendencia en reiteradas ocasiones, se ha pronunciado de la siguiente manera:

“…es una industria objeto de estricta regulación en nuestro ordenamiento jurídico, a tal punto que no hay plena liberación para crear sociedades destinadas al ejercicio de esta actividad, como tampoco la conducción de sus negocios, por cuanto estos aspectos están sometidos al principio de la autorización administrativa, por ser la intermediación un servicio público, sujeto a concesión y a un régimen de derecho público. Por tal motivo esta actividad solo puede ser ejercida por entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria, en los términos que señalan los artículos 90 y 92 de la Ley 45 de 1990.

“Con fundamento en lo anterior, la actividad de captar dinero del público y prestarlo, solo puede ser llevada a cabo por una institución financiera debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria, so pena de incurrir en el delito de captación masiva y habitual, conducta predicable tanto de personas naturales como jurídicas, sancionado por el artículo 208(2), numeral 3, del Decreto 663 de 1993, con pena de prisión de dos a seis años, en concordancia con el artículo 1 del Decreto 1981 de 1988(...)(3) (se resalta).

Así mismo, en concepto reciente manifestó que:

“La intermediación financiera, es una actividad sometida al control de este Organismo, ya que es propia de las instituciones vigiladas, y se entiende como la captación profesional de recursos del público mediante operaciones pasivas (recepción de depósitos), y a su vez la transferencia de dichos recursos mediante la realización de operaciones activas (otorgamiento de créditos), gestión que por su naturaleza requiere previa autorización administrativa(4).

Como puede apreciarse, una de las características de la intermediación financiera es la relación íntima o nexo causal existente entre la captación de recursos del público y la colocación de los mismos a terceros, actividad que sólo puede ser desarrollada por entidades sometidas al control y vigilancia del Estado (Superintendencia Bancaria, Superintendencia de la Economía Solidaria).

Sin embargo, es factible desarrollar la sola colocación de recursos si dicha operación no lleva implícita la captación de dineros del público, toda vez que ésta se encuentra enmarcada como actividad irregular cuando se configuran los elementos señalados en el artículo 1º del Decreto 1981 de 1988, el cual es del siguiente tenor:

“Artículo 1o. Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se entiende que una persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual en cualquiera de los siguientes casos:

“1. Cuando su pasivo para con el público esté compuesto por obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona.

“Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios.

“2. Cuando, conjunta o separadamente, haya celebrado en un período de tres (3) meses consecutivos mas de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y contra reembolso de un precio.

“Para determinar el período de los tres (3) meses a que se refiere el inciso anterior, podrá tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o de las operaciones de venta.” (Resaltado es nuestro).

Como requisito para la adecuación del comportamiento al evento descrito es necesario que en cualquiera de los casos señalados concurra una de las siguientes condiciones:

“a. Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona, o

“b. Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares.

“Parágrafo 2: No quedarán comprendidos dentro de los cómputos a que se refiere el presente artículo las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes hasta el 4o. grado de consanguinidad, 2o de afinidad y único civil, o con los socios o asociados que, teniendo previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociación durante un período de seis (6) meses consecutivos, posean individualmente una participación en el capital de la misma sociedad o asociación superior al cinco por ciento (5%) de dicho capital.

“Tampoco se computarán las operaciones realizadas con las instituciones financieras definidas por el artículo 24 del Decreto 2920 de 1982.”

Ahora bien, en el caso bajo estudio se observa que una de las operaciones del objeto social de la sociedad que pretende constituirse es la de “dar o tomar dinero en mutuo civil con intereses a particulares”. Es así como si la colocación de dineros mediante la celebración de contratos de mutuo se realiza con recursos propios no requiere autorización de esta Superintendencia; de lo contrario podría incurrir en la captación irregular de recursos del público cuyas consecuencias serían las atrás anotadas, debiendo entonces tener especial cuidado en no incurrir en tal actividad.

De esta manera hemos dado curso a su petición, con el alcance que a este tipo de pronunciamientos se atribuye en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA

Coordinadora Grupo de Consultas Uno

1. De acuerdo con lo señalado en el numeral 2º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero corresponde a la Superintendencia Bancaria la vigilancia e inspección de las siguientes instituciones:

“a) Modificado por el Decreto 1284 de 1994, Artículo 2o.- Establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, sociedades administradoras de fondos de pensiones, cajas, fondos o entidades de seguridad social administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida, entidades descentralizadas de los entes territoriales cuyo objeto sea la financiación de las actividades previstas en el numeral 2º del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero autorizadas específicamente por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., -Findeter-, compañías de seguros, cooperativas de seguros, sociedades de reaseguro, sociedades de capitalización, sociedades sin ánimo de lucro que puedan asumir los riesgos derivados de la enfermedad profesional y del accidente de trabajo, corredores de seguro y de reaseguros y agencias colocadoras de seguro cuando a ello hubiere lugar.

2. En la actualidad el delito de captación de dineros del público se encuentra consagrado en el articulo 316 del Código Penal que establece “Quien capte dineros del público, en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta de cincuenta mil (50000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

3. Superintendencia Bancaria, Concepto número 97051936-2 del 27 de enero de 1998.

4. Superintendencia Bancaria, Concepto número 1999058792-6 del 5 de octubre de 1999.

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