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CONCEPTO 5649 DE 2000

(febrero 23)

Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8200

Santafé de Bogotá D. C.,

Señor

JESUS DANIEL TOBAR PLAZA

Calle 44N No 6-16 Barrio la Ximena

Fax No 8243020

Popayán

Referencia: 2000005649-0

115 Consultas

39 Respuesta final

Sin anexos

Apreciado señor:

De manera atenta doy respuesta a su consulta radicada con el número de la referencia, relacionada con la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999 mediante la cual se reglamentó el nuevo sistema de financiación de vivienda individual a largo plazo, en el mismo orden en que se formulan las respectivas inquietudes.

“1. Exactamente hasta que (sic) fecha encontrándose una persona en mora con el pago de algunas cuotas de un crédito hipotecario para adquisición de vivienda tiene para solicitar la RELIQUIDACIÓN de un crédito.”

En el evento planteado, tal como lo señala el artículo 42 de la ley 546 de 1999 y lo reitera la Circular Externa 007 de 2000 proferida por esta Superintendencia para los casos de créditos en mora al 31 de diciembre de 1999, el deudor deberá solicitar por escrito la reliquidación del crédito a más tardar dentro de los noventa días siguientes a la vigencia de la citada ley, es decir hasta el 3 de mayo del año en curso.

“2. Cuantos (sic) sistemas hasta el momento se han aprobado y cuales (sic) son, para que un deudor pueda acogerse para el pago oportuno de su crédito hipotecario y si aún falta (sic) algunos por aprobar.”

Sobre el particular, le informo que en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 17 de la citada ley, hasta el momento esta Superintendencia ha aprobado cuatro sistemas de amortización para créditos de vivienda individual a largo plazo, los cuales fueron presentados por el Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda –ICAV-.

Los dos primeros se describen en el texto de la Circular Externa No. 007 de 2000, en los siguientes términos:

PRIMER SISTEMA: “Sistema de Cuota Constante en UVR (o de amortización gradual en UVR).

Este sistema establece cuotas mensuales fijas en UVR durante toda la vida del crédito. Sin embargo, por efecto del ajuste por inflación del valor de la unidad, la cuota mensual es creciente en pesos. En este sistema hay amortización a capital desde el inicio del crédito y en esa medida el saldo en UVR disminuye mes a mes. No obstante, el saldo en pesos aumenta durante aproximadamente las dos terceras partes del plazo, pues en la última etapa de la vida del crédito, el pago de la cuota cubre además de los intereses, el ajuste por inflación”.

SEGUNDO SISTEMA: “Sistema de Amortización Constante a Capital en UVR.

Este sistema consiste en amortizar desde el principio y en forma permanente una cuota constante a capital, que se obtiene dividiendo el valor total del préstamo expresado en UVR por el número de meses previsto para el plazo del crédito. A esta cuota se adicionan los intereses remuneratorios causados sobre el saldo de la deuda para cada período. Dado que la cuota amortiza capital desde el inicio del crédito, la cuota mensual es decreciente en UVR, pero creciente en pesos por efecto de la inflación, a una tasa ligeramente inferior al índice de precios al consumidor. El saldo en pesos aumenta durante aproximadamente la mitad del plazo, por efecto de la inflación”.

Los dos últimos sistemas, los cuales se describen a continuación, fueron aprobados por esta Superintendencia mediante comunicación dirigida al Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda -ICAV-, radicada bajo el número 2000009424-1 del 16 de febrero de 2000.

TERCER SISTEMA: Sistema de Cuota Predeterminada en UVR durante el Plazo del Crédito:

El tercero de los mecanismos aprobados se aplicará para los créditos otorgados en Unidades de Valor Real, UVR y consiste en que las cuotas en UVR disminuyen mensualmente y vuelven a subir al cabo de 12 meses; en este sistema la tasa de decremento mensual de las cuotas en UVR es equivalente a la tasa de inflación anual proyectada. Por ejemplo, si el cliente comienza en marzo a pagar una cuota de 200 UVR, en abril bajará a 198, en mayo a 196 y así sucesivamente; en marzo del año siguiente se vuelven a pagar las 200 UVR del principio y el ciclo de la baja mensual se repite. Esto significa que en el mes de marzo de todos los años, el cliente pagará la misma cantidad de Unidades de Valor Real, aunque en pesos las cuotas sí variarán.

CUARTO SISTEMA: Sistema de Amortización en Pesos con Tasa Fija y Cuotas Fijas Escalonadas.

El cuarto sistema aprobado, a diferencia de los anteriores, se aplicará para los créditos en pesos. Las entidades financieras, inicialmente, utilizarán este sistema exclusivamente en los créditos destinados a financiar la readquisición de inmuebles otorgados en dación de pago. Con este mecanismo el cliente tendrá cuota mensual creciente en pesos y tasa de interés fija de 19,88 por ciento efectivo anual, de acuerdo con las pretensiones de las entidades financieras. El usuario podrá saber desde el principio el valor de las siguientes cuotas, incluida la última. Vale la pena aclarar que las cuotas no variarán a menos que el cliente entre en mora. Las primeras cuotas serán bajas y lo que se deje de pagar en intereses va a una cuenta aparte pero no variarán para evitar su capitalización. De todas maneras, esos intereses terminarán de pagarse alrededor de la cuota 101, de las 156 que tendrá el plazo total del crédito. La primera cuota será de 10.000 pesos por millón y la última de 14.040,27 pesos por millón.

“3. Si un deudor puede o no aceptar el tribunal de arbitramento consagrado en dicha ley.”

Sobre el particular cabe anotar que, tal como lo señala el artículo 35 de la Ley 546 de 1999, el procedimiento arbitral previsto en la normativa citada aplica en el evento en que las “...entidades financieras que otorguen créditos para la construcción o adquisición de vivienda, (...) pacten con los deudores de dichos créditos cláusulas compromisoria (sic) o compromiso, con el objeto de deferir a un tribunal lo relacionado con el cumplimiento y la ejecución forzada de las obligaciones derivadas de dichos créditos” (subrayado extratextual).

Respecto a esta misma materia, la norma transcrita señala que la cláusula compromisoria o compromiso correspondiente debe constar por escrito.

En consecuencia, solamente en el caso de que en el contrato suscrito entre el deudor y la entidad financiera respectiva conste por escrito el compromiso o la cláusula compromisoria correspondiente, se encuentran obligadas las partes a someter los conflictos derivados del contrato a las decisiones de un tribunal de arbitramento. Adicionalmente, cabe destacar que el parágrafo 2º del artículo en comento señala que “Solamente por solicitud expresa del deudor podrá pactarse el procedimiento de arbitramento”, de lo cual se infiere que, por disposición legal, es facultativo del deudor determinar si en el contrato se pacta o no el compromiso o la cláusula compromisoria en comento, con las consecuencias que de la misma se derivan.

“4. Que (sic) recursos se pueden interponer contra dicha reliquidación, si al momento que de (sic) un deudor hipotecario al hacerla revisar se da cuenta de que hay algún error y qué término existe para tal fin.”

Al respecto, le informo que en el evento en que una vez efectuada la reliquidación del crédito por parte del respectivo establecimiento de crédito de acuerdo con las condiciones específicas del contrato, el titular del mismo no quede conforme con dicha reliquidación, puede dirigir una comunicación en tal sentido a esta Superintendencia para efectos de la respectiva revisión.

“5. Si en un momento dado el deudor hipotecario se dé (sic) cuenta que de acuerdo a su capacidad económica actual no puede seguir cancelando dicha obligación, puede o no ofrecer en DACION en pago el inmueble, previa reliquidación del crédito y avalúo del inmueble, y si el Banco hipotecario está o no en la obligación de aceptar dicha propuesta de acuerdo a las normas legales vigentes.”

“6. Que (sic) pasaría si reliquidado el crédito y efectuado el avalúo del inmueble este supera el monto de la deuda?”

Para responder estas inquietudes, vale la pena aclarar que la Ley 546 de 1999 contempla dos situaciones, a saber:

La primera consagrada en el artículo 57, mediante el cual se amplió el plazo consagrado en el artículo 14 del Decreto 2331 de 1998 hasta el 31 de enero de 2000, para que los deudores que lo desearan y previo el cumplimiento de los requisitos legales, solicitaran la recepción de un bien inmueble en pago de la totalidad de una obligación hipotecaria contraída con un establecimiento de crédito para financiación de vivienda.

En consecuencia, la oferta de dación en pago presentada en el término antes señalado era obligatoria para la entidad financiera, la cual no podía rechazarla ni exigir al deudor pagos adicionales por ningún otro concepto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 908 de 1998 y la Circular Externa Número 063 del mismo año proferida por esta Superintendencia.

Vale la pena aclarar que la oferta de dación en pago antes anotada no se encuentra vigente en la actualidad.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 los deudores hipotecarios que al 31 de diciembre de 1999 se encontraran en mora, podrán beneficiarse de los abonos respectivos, siempre que manifiesten por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación, dentro del término dispuesto en la Ley. Las consecuencias que el ejercicio de tal facultad conlleva son: la condonación de los intereses y la reestructuración del crédito, si hay lugar a ello; así mismo, señala el inciso 3º de la norma en comento que el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, de conformidad con los parámetros legales.

Mediante la Circular Externa No. 007 de 2000 esta Superintendencia reglamentó la aplicación de los alivios para créditos en mora en los siguientes términos:

“Aplicación del alivio a los créditos en mora

El valor del alivio se destinará a cancelar las cuotas pendientes de pago en orden de antigüedad y por el valor exacto que aparezca en la facturación excluidos los intereses moratorios, dado que tales intereses deben ser condonados y por tanto, se entenderá que las cuotas nunca estuvieron en mora, lo cual significa adicionalmente, que los intereses corrientes no pagados no podrán capitalizarse. Canceladas dichas cuotas, el remanente se abonará al capital.

En caso de que el valor del abono no alcanzare para cubrir la totalidad de las cuotas pendientes la entidad acreedora podrá convenir con el deudor una reestructuración del crédito en los términos y condiciones que la capacidad de pago del deudor aconseje.

Desde luego, el deudor debe acreditar la capacidad de pago para atender su obligación reestructurada, tal como lo indica la ley, dado que de no ser este el caso, el deudor estaría abocado a un proceso judicial o a entregar el bien en pago y en ambos casos, la entidad deberá reintegrar al Estado el valor del alivio” (subrayado extratextual).

No obstante, en caso de que el deudor que se acoja a la reliquidación en el evento descrito en el párrafo anterior, incurra en mora de más de doce meses, el mismo artículo prevé la sanción a tal incumplimiento cuando señala que: “Si los beneficiarios de los abonos previstos (…) incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en el valor del abono recibido”. Es decir, por disposición legal la consecuencia de tal conducta es la pérdida del abono recibido y, por ende, el incremento del valor de la obligación(1).

Efectuada la anterior precisión en cuanto a la procedencia de la reliquidación de los créditos hipotecarios, cabe aclarar que el artículo 46 de la citada Ley otorga una alternativa para aquellos deudores de créditos hipotecarios que durante el año siguiente a su entrada en vigencia entreguen o hayan entregado en dación en pago su vivienda, los cuales tendrán opción para readquirirla siempre que no haya sido enajenada por el establecimiento de crédito respectivo. Ahora bien, en el caso de que el establecimiento haya enajenado el inmueble, podrá ofrecer otro inmueble de su propiedad en las mismas condiciones, siempre que sobre el mismo no se haya ejercido por parte de su anterior propietario la opción de readquisición de vivienda.

Debe anotarse que en esta eventualidad la dación en pago constituye un negocio jurídico sujeto a la voluntad de las partes, lo cual supone que las condiciones que lo rigen son establecidas previo acuerdo de las mismas, aspectos en cuyos desarrollos no le es dable intervenir a esta Superintendencia.

En los anteriores términos hemos dado curso a su petición con los precisos alcances que a esta clase de pronunciamientos le otorga el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ROY GONZALO RIOS CHACON

Subdirector de Regulación y Consulta (E)

1. La misma sanción señala el parágrafo 3º del artículo 41 de la Ley 546 de 1999 para los deudores de créditos hipotecarios que se encuentren al día y como consecuencia de la reliquidación obtengan abonos, cuando los beneficiarios de los mismos incurran en mora de más de doce (12) meses.

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