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CONCEPTO 6028 DE 2003

(Abril 24)

<Archivo: Superintendencia Bancaria>

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

8201

Bogotá, D. C.,

Doctor

LUIS CARLOS VILLEGAS

Gerente General

Compañía Industrial de Occidente S.A.

Autopista Cali – Yumbo km. 4 A.A. 1277

Cali – Valle

Referencia: 2003006028-0

758 Estudios especiales

39 Respuesta final

Sin anexos

Apreciado doctor Villegas:

  

En atención a su comunicación enviada al señor presidente de la República y remitida a este organismo por conducto del Ministerio de Desarrollo Económico y radicada con el número de la referencia, mediante la cual señala las dificultades de esa sociedad para acceder al crédito que ofrece el sistema financiero, efectuamos los siguientes comentarios:

1. La Ley 590 de 2000: su finalidad

El 10 de julio de 2000 se expidió la Ley 590, mediante la cual el Congreso de la República dictó disposiciones orientadas a promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el progreso regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y con el propósito de crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Del cuerpo legal indicado y para los efectos del tema en consulta, el artículo 34 ibidem señala que “cuando el Gobierno Nacional verifique que existen fallas del mercado u obstáculos para la democratización del crédito, que afecten a las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República podrá determinar temporalmente la cuantía o proporción mínima de los recursos del sistema financiero que, en la forma de préstamos o inversiones, deberán destinar los establecimientos de crédito al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas”, crédito al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas”, y el artículo 35 de esta ley asigna al Gobierno Nacional, con relación a tales empresas, “las funciones de formular políticas de democratización del crédito y financiamiento para el establecimiento de nuevas empresas, promover la competencia entre los intermediarios financieros, determinar la presencia de fallas de mercado que obstaculicen el acceso de estas empresas al mercado financiero institucional y adoptar los correctivos pertinentes, dentro del marco de sus competencias. Parágrafo. Para tal fin el gobierno Nacional reglamentará la incorporación de estímulos e incentivos para que el sistema financiero coloque recursos importantes de crédito en apoyo de las Mipymes”.


Ahora bien, fuerza anotar que con el objeto de cumplir con los anteriores cometidos el Ministerio de Desarrollo Económico ha liderado diferentes estrategias con el sector financiero, lo cual se hace evidente en la oferta de crédito y líneas de financiación que existe en la actualidad para ese nicho de mercado.

2. Criterios que deben atender las entidades vigiladas para la evaluación del riesgo y el otorgamiento de crédito.

En conexión con los comentarios precedentes, interesa ahora señalar que el servicio que presta la banca para satisfacer los requerimientos de capital en la economía supone también el deber de asegurar el reintegro de los recursos colocados, máxime si se tiene en cuenta que esos fondos provienen del ahorro privado. De esta suerte, frente al beneficio económico implícito en el negocio de la intermediación financiera las entidades que ejercen esta actividad están llamadas a asumir también la más amplia responsabilidad en su desarrollo.


En ese escenario, a las instituciones financieras les corresponde evaluar los factores de exposición al riesgo inherentes a sus operaciones activas e implementar mecanismos para asegurar la restitución de los recursos colocados y minimizar el impacto que podría provocar el advenimiento de una situación de insolvencia del deudor. Por tal razón, esta Superintendencia ha instado a los establecimientos de crédito a que sean cuidadosos y diligentes en el manejo de su cartera a fin de evitar situaciones que los puedan afectar patrimonialmente.


De hecho, a nivel de regulación prudencial se ha concebido un conjunto de reglas cuya finalidad primordial está encaminada a dar cobertura eficiente a los operadores financieros frente a un riesgo de contraparte, contemplando factores mínimos que deben tenerse en cuenta tanto en el momento de otorgar créditos como a lo largo de la vida de los mismos y cuando se produzcan reestructuraciones en los respectivos contratos. Estos aspectos también han sido objeto de instrucción por parte de este organismo de control. Sobre el particular, en el Capítulo Segundo de la Circular Básica Contable y Financiera[1 se indica que deben efectuarse evaluaciones y estimaciones de la probabilidad de deterioro de los créditos y de las pérdidas esperadas, ponderando adecuadamente distintos criterios objetivos y subjetivos.


En desarrollo de lo anterior, cada entidad debe establecer sus propios métodos y criterios para llevar a cabo dichas estimaciones, dentro de los cuales ha de tener en cuenta el “número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la(s) respectiva(s) reestructuración(es). Se entiende que entre más operaciones reestructuradas se hayan otorgado a un mismo deudor, mayor será el riesgo de no pago de la obligación” (num. 1.4.1.4. ib.).


Igualmente, es importante resaltar que el establecimiento de crédito está llamado a realizar un análisis de “Los posibles efectos de los riesgos financieros a los que está expuesto el flujo de caja del deudor y/o del proyecto a financiar, incorporando para el efecto distintos escenarios en función de variables económicas (tasas de interés, crecimiento de los mercados, etc.) que puedan afectar el negocio o la capacidad de pago del deudor, según el caso. Igualmente se debe considerar la calidad de los flujos de caja considerando para ello la volatilidad de los mismos” (num. 1.4.1.6. ib.).


3. La libertad contractual de la banca y el derecho de los particulares para acceder al crédito.


En conexidad con la responsabilidad social de los profesionales del crédito a que se hizo referencia, queda por indicar que estos entes, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada que les asiste y dentro de los márgenes legales impuestos a la especial actividad que desarrollan, gozan de libertad para escoger sus clientes y decidir si celebran o no determinado negocio. De esta manera, sin perjuicio del cumplimiento de las normas que regulan sus operaciones, cada institución financiera se encuentra facultada para establecer en sus reglamentos internos el procedimiento, criterios y requisitos que deben observarse para vincular a los destinatarios de sus servicios en una relación contractual (en adición a los establecidos en la Circular Externa 46 de 2002 de esta Entidad).

Sobre el punto señaló esta Superintendencia mediante documento anexo al oficio No. 95041897-2 del 12 de diciembre de 1995: “Ante la ausencia de norma positiva que regule lo relacionado con el acceso a la contratación con las entidades financieras, concretamente en cuanto a la obligatoriedad de contratar con los particulares, la libertad contractual cobra pleno vigor y, en consecuencia, es factible que los establecimientos de crédito se puedan abstener válidamente de contratar con los particulares la prestación de los servicios propios de la actividad bancaria”.

Además, no puede perderse de vista que la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional se ha ocupado de estudiar el alcance del principio de la autonomía privada y, en especial, de la libertad contractual de las entidades financieras cuando el público pretende acceder al crédito que aquellas ofrecen. De manera particular, son representativos los siguientes apartes del pronunciamiento[2 que a continuación se transcribe:

“(...) la autonomía de la voluntad negocial de las entidades financieras, euchos (sic) aspectos, está más restringida que la del resto de particulares, pues se encuentra especialmente limitada en razón a la función que desempeñan, a la especialidad de la actividad que prestan y a su condición de instrumento para garantizar derechos individuales, como quiera que la libertad negocial también se limita por la prohibición de afectar desproporcionadamente derechos fundamentales y por el impedimento del abuso del derecho propio. Sin embargo, esto no quiere decir que el Estado propicie el desequilibrio económico de las actividades financieras, bursátil y aquellas que captan dinero del público, ni quiere decir que la Constitución exija la aprobación instantánea de créditos, pues resulta evidente que esas entidades deben procurar disminuir el grado de riesgo que resulta consustancial al otorgamiento de un préstamo, a través del conocimiento del cliente. Precisamente, para estimular la democratización, la seguridad y transparencia del crédito es importante la intervención del Estado” (subraya nuestra).

 
4. Límites a las tasas de interés y sumas que se reputan como tales.

 En lo tocante a este aspecto, se debe mencionar que este organismo, en los términos de la Circular Externa 051 de 2000, efectuó algunas precisiones a las entidades vigiladas con motivo del concepto rendido el 5 de julio del mismo año por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en torno al tema de los límites a las tasas de interés, indicando:

 “1. En Colombia las tasas de interés son libres, es decir, que las partes pueden acordarlas en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, con sujeción a los limites legales.

 
“2. De acuerdo con lo indicado por dicha Corporación, por virtud de lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, sustituido por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, el interés moratorio no podrá sobrepasar el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por esta Superintendencia.

 “3. Las tasas máximas del interés remuneratorio que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela sobre todas las operaciones activas y pasivas, únicamente puede señalarlas la Junta Directiva del Banco de la República, por ser una función exclusiva y permanente que le está asignada por el literal e) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, en el texto que quedó vigente después de la declaratoria de inexequibilidad parcial contenida en la Sentencia C-208 del 1° de marzo del 2000, proferida por la Corte Constitucional.

 
“4. En tanto la autoridad monetaria no señale tales tasas máximas remuneratorias, las mismas responderán a los requerimientos del mercado, teniendo en cuenta en todo caso que, como precisó el Consejo de Estado, 'No se pueden cobrar o recibir intereses que excedan la tasa constitutiva del delito de usura”.

“5. Las modificaciones que presenten las tasas de interés durante la vida de préstamos pactados con instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deben traducirse en la correspondiente reducción de los montos convenidos al tiempo de la celebración de los contratos, cuando quiera que al momento de la causación de los réditos aquellos sobrepasen los límites establecidos en normas que, dado su carácter de disposiciones de orden público, priman sobre cualquier acuerdo de voluntades. En este sentido destacó el máximo Tribunal de lo contencioso administrativo que no puede predicarse la existencia de derechos adquiridos en relación con intereses pactados en contratos de mutuo que contravengan tales preceptos (...).

“(…)


“8. Dentro de las funciones ordinarias de vigilancia que corresponden a la Superintendencia Bancaria no se encuentra la de ordenar la reducción de la prestación debida cuando las tasas de interés cobradas por una institución financiera sobrepasen los límites legales, como sí la de velar por que se haga efectiva la entrega de las sumas que la entidad acreedora esté obligada a devolver por mandato judicial (...).

“(…)

“En consecuencia, y como quiera que el percibir intereses remuneratorios y moratorios en exceso del límite previsto en el artículo 235 del Código Penal expone a las entidades vigiladas a las sanciones contempladas por el artículo 884 del Código de Comercio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, de conformidad con lo previsto en el artículo 326, numeral 5º, letra a), del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se califica como práctica no autorizada e insegura la causación o el cobro de réditos que sobrepasen la tasa máxima prevista para el delito de usura”).


De otra parte, precisó dicha Corporación en el texto del concepto en comento:


”…frente a la reclamación formulada por el deudor, la entidad vigilada puede aceptar voluntariamente que está obligada a devolver y en tal caso la función de la Superintendencia Bancaria es vigilar que la entrega de las sumas objeto de devolución efectivamente se haga. Es posible que la entidad vigilada guarde silencio, y en este caso la función de la Superintendencia es simplemente instar a la entidad para que responda la reclamación del deudor, o también puede ocurrir que el deudor demande a la entidad financiera vigilada ante la jurisdicción competente para que ella sea condenada a la devolución de las sumas cobradas en exceso, más la suma igual al exceso, a título de sanción. En este último caso, si una vez definida la controversia judicial hay lugar a devolver dichas sumas, la Superintendencia velará porque se cumpla con la entrega de las mismas”.


Adicionalmente, en punto a las sumas que se reputan como intereses, debe anotarse que esta Superintendencia se pronunció a través del oficio 91058052-2 del 19 de junio de 1992, en los siguientes términos:


“El artículo 68 de la Ley 45 de 1990 dispone que '...para todos los efectos legales se reputarán intereses las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento' (Destacamos).


“Para los fines de esta disposición debe entenderse incluido dentro de los intereses
'...tanto lo que se cobra por ceder el beneficio de hacer uso del dinero, como por asumir el riesgo que ello representa y, en general, todas las cargas de tipo accesorio que se derivan por el acreedor respectivo, con excepción de los impuestos directos que se causen, como podrían ser los estudios de crédito y los costos de su contabilización, control y cobranza normal y ordinaria, resultando así remunerada con tales créditos, y en su integridad, la operación financiera.

En estos términos, …..ineludiblemente tendrá que entenderse dentro del concepto de interés todas las sumas que se carguen o reciban directamente o por interpuesta persona, teniendo como causa la entrega del dinero, a título de depósito o de mutuo, así se intente disfrazar tal remuneración o parte de ella bajo denominaciones, cualquiera que ellas sean, tales como las de 'honorarios' 'comisiones', 'reembolsos de gastos', etc. Tales conceptos se integran al de los intereses, propiamente así denominados, para luego deducir su equivalencia en términos reales efectivos' (Superintendencia Bancaria, Circular Externa OJ-078 de 1984). (Destacamos)”.


5. Las mesas de dinero.

 Con respecto a la inquietud expresada por usted sobre la figura de las llamadas “mesas de dinero”, cabe manifestar que las mismas “no son instituciones constituidas como tales sino que obedecen a un concepto de carácter genérico que en la práctica es utilizado para nominar el ejercicio de ciertas actividades relacionadas con la inversión de recursos y la intermediación. Sin embargo, no existe ninguna referencia normativa que las regule ni existe un procedimiento especial para su creación.

 “Por tal razón, es factible que al interior de las entidades vigiladas existan junto a las tesorerías mesas de dinero diseñadas especialmente para el manejo de su liquidez e inversión. Así mismo, existen personas dedicadas al desarrollo de operaciones habituales de adquisición o enajenación de valores por cuenta propia o ajena que también pueden catalogarse como mesas de dinero, pero que realmente desarrollan operaciones de intermediación de valores, actividad que se encuentra reglamentada por los artículos 1.5.1.1 y siguientes de la Resolución 400 de 1995, expedida por la Superintendencia de Valores”[3

Finalmente, en cuanto hace con los interrogantes planteados en torno a la legalidad de la actuación de este tipo de entes y los organismos a los que puede dirigirse para que se adelanten las investigaciones administrativas correspondientes, es necesario conocer de manera concreta el objeto, razón social y naturaleza jurídica de la empresa o empresas a que hace alusión en su escrito, así como la conducta desempeñada por aquella(s) y las posibles irregularidades cometidas, indicando de manera clara las circunstancias que rodean cada caso en particular, a fin de establecer si se encuentran bajo el control y vigilancia de alguna entidad estatal o si están ejerciendo una actividad que requiere previa autorización por parte de esta autoridad.

 
Todo ello, claro está, sin perjuicio de las actuaciones que el interesado pueda iniciar ante la justicia ordinaria para que se reconozcan derechos y se señalen responsabilidades a cargo de las partes involucradas en la relación negocial.

En los anteriores términos dejamos atendido el objeto de su solicitud, con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

 
Cordialmente,

JEANNETTE SANTACRUZ DE LA ROSA

Coordinadora Grupo de Consultas Uno

1 Modificado por a Circular Externa 011 de marzo de 2002. Puede obtener el texto de las normas a que se hace alusión accediendo nuestra página web: , en el icono normatividad.

2 Sentencia SU-157/99. Referencia: Expedientes T153.327 y T-152.413 (acumulados), Magistrado ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.

3 Oficio No. 2000015807-1 del 23 de marzo de 2000 de esta Entidad.

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