CONCEPTO 6148 DE 2000
(abril 3)
Fuente: Archivo Interno Superintendencia Bancaria
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
8200
Señor
CARLOS ARTURO TORRADO CLAVIJO
Calle 11 No. 34-108
Ocaña- Norte de Santander
Referencia: 2000006148-0
410 Quejas
39 Respuesta Final
Apreciado Señor:
De manera atenta me refiero a su comunicación citada al rubro, mediante la cual consulta si es posible aplicar la opción de readquisición de vivienda de que trata el artículo 46 de la Ley 546 de 1999 a un inmueble adjudicado por un juez al acreedor hipotecario en desarrollo del respectivo proceso ejecutivo.
Sobre el particular me permito manifestar lo siguiente:
En materia contractual lo primero que es preciso tener en cuenta es el principio según el cual “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” (artículo 1602 del Código Civil). Así las cosas, los contratos se celebran para cumplirse y en consecuencia las partes deben estar dispuestas a ejecutarlos íntegra, efectiva y oportunamente.
Para el caso del mutuo, la obligación principal del deudor es efectuar el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada en la forma inicialmente prevista en el contrato. Ahora bien, si por alguna circunstancia el deudor no puede cumplir total o parcialmente con dicha prestación, queda expuesto a las consecuencias derivadas del incumplimiento.
En el caso de los préstamos hipotecarios para vivienda, como su nombre lo indica, la garantía del crédito a favor de la entidad prestamista es la hipoteca que se constituye sobre el bien objeto del contrato, la cual ante el incumplimiento del deudor se hace efectiva por parte del acreedor mediante los mecanismos procedimentales estatuidos en la ley con el fin de que se proceda al remate del bien para con el producto del mismo pagarse la deuda o, en último caso, lograr su adjudicación igualmente para que se cancele la obligación.
Por otro lado, la dación en pago se constituye en un mecanismo excepcional de solución de las obligaciones en el que se determina una prestación sustitutiva de la inicialmente debida, razón por la cual es indispensable la voluntad del acreedor para que produzca el efecto liberatorio querido por el deudor. Lo anterior, sin perjuicio de las daciones en pago previstas en el artículo 14 del Decreto 2331 de 1998 (emergencia económica), las cuales eran obligatorias para las entidades financieras siempre que el deudor se encontrara en la situación prevista en dicha norma.
Así las cosas, se tiene que la dación en pago es un mecanismo para la extinción de obligaciones, mientras que la tradición que se hace mediante la adjudicación es un modo de adquirir el dominio; en efecto al tenor de lo dispuesto en el artículo 741 del Código Civil “En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo domino se transfiere es el tradente, y el juez su representante legal”.
A pesar de encontrarnos frente a figuras jurídicas diferentes, no se puede perder de vista que en la práctica ambas (dación en pago y adjudicación) se constituyen en mecanismos de pago alternativos para las entidades financieras frente a los cuales, con el propósito de definir el alcance del artículo 46 de la Ley 546 de 1999, es preciso tener en cuenta lo siguiente:
a. En la exposición de motivos de la Ley de Vivienda, el legislador expresa: “Con el fin de permitir que los deudores que perdieron su vivienda puedan recuperarla, consideramos que le corresponde directamente a la ley regular para ellos un beneficio concreto. Para ello hemos elaborado una propuesta, que ofrece a estos deudores una clara opción de readquirirlas mediante un esquema que les permita continuar habitando el inmueble, a tiempo que irían ahorrando para que, al cabo de tres años, puedan volver a ser propietarios de su vivienda”, y se concluye que “El lineamiento utilizado para diseñar el presente proyecto de ley, basado en el derecho a la vivienda digna, consiste en que los recursos del Estado se pueden destinar a favor de personas que perdieron su vivienda o se encuentran a punto de perderla (...)“ (Gaceta del Congreso Nos. 482 del 29 de noviembre de 1999 y 533 del 10 de diciembre de 1999; subrayamos).
Como se observa, con los beneficios establecidos en la mencionada Ley, específicamente con el del artículo 46, se busca que aquellos deudores que de algún modo perdieron su vivienda puedan recuperarla ejerciendo la opción de readquisición dentro del año siguiente a la vigencia de la misma.
b. De otra parte, la comercialización de dichas viviendas por parte de las entidades financieras a través del mecanismo dispuesto en el artículo 47, resulta provechosa no sólo para los deudores hipotecarios sino también para las propias entidades, toda vez que se vuelve productivo mediante el contrato de arrendamiento y posterior venta, un activo improductivo que genera gastos de mantenimiento y provisiones.
Por lo anteriormente expuesto, podría considerarse viable, en aras de que se haga efectivo el derecho constitucional a la vivienda, que respecto de las unidades adjudicadas a las entidades financieras en virtud de un proceso ejecutivo hipotecario se pueda ejercer por parte del deudor la opción de readquisición dentro del año siguiente a la vigencia de la ley en comento. Así mismo, que las entidades en ejercicio de la autorización concedida en el artículo 47 de la misma promuevan la comercialización de dichos inmuebles.
De esta forma hemos dado curso a su solicitud, aclarando que de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo “Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”.
Cordialmente,
ROY GONZALO RIOS CHACON
Subdirector de Regulación y Consulta (E)